Luego de aclarar que en el gobierno de Javier Milei no están «en guerra con nadie», Luis «Toto» Caputo alimentó la pelea con Techint y expuso que el grupo liderado por Paolo Rocca cobró los tubos del gasoducto Néstor Kirchner con un sobreprecio del 180% en comparación con la última oferta ganadora para el gasoducto a Río Negro.
Al exponer un ejemplo de lo que definió como un «cambio de modelo», Caputo sostuvo que el gobierno de Alberto Fernández «salió a armar a las apuradas» un gasoducto y que, en esa licitación, Techint cobró 4.000 dólares la tonelada de tubos.
«»Primer error: se lo cargaron a la gente en vez del sector privado. Y esa licitación salió a 4.000 dólares la tonelada de tubos. En la última licitación, en cambio, salió a 1.400 dólares. Fijate la diferencia de modelo. Y lo paga el sector privado», destacó Caputo en Radio Mitre, en alusión a la oferta ganadora para el gasoducto a Río Negro y que hizo la empresa hindú Welspun por USD 203 millones para 480 kilómetros de ducto y enardeció a Rocca, que había pasado un presupuesto un 40 por ciento por encima de su competidora.
Caputo expuso así que Techint pasó un presupuesto más de 180% superior al de la última licitación donde, a pesar de sucesivas maniobras, del lobby de su ex empleado Horacio Marín y de reformulaciones de su oferta original, Rocca no logró hacerse de una obra estratégica en su rubro ícono.
Esa licitación salió a 4.000 dólares la tonelada de tubos. En la última licitación, en cambio, salió a 1.400 dólares. Fijate la diferencia de modelo. Y lo paga el sector privado.
Un ex funcionario que participó de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, rebautizado Perito Moreno por el gobierno libertario, explicó a LPO durante el gobierno de Alberto, una serie de factores como el Compre Argentino, la Ley de obra pública, el cepo y la obligación de pesificar los dólares, hacían que no se presenten competidores afuera.
«No lo ganó una empresa argentina. Es una cuestión de incentivos. Nosotros trabajamos para los argentinos, y los argentinos quieren mejores productos a mejores precios», dijo Caputo al contrastar con el gobierno anterior.
En ese sentido, el ministro habló de «un proceso de aprendizaje» y vaticinó que para la próxima licitación de tubos para una obra cinco veces más grande que la recientemente licitada, «seguramente Rocca baje los precios».
La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina invitan a participar del ‘Taller virtual de instrucción canina’ que organiza la agrupación ‘Soñar está bueno’. El mismo será dictado por la instructora canina Samanta Lipnik vía zoom el sábado 24 de abril a las 19 horas….
José Jerí fue destituido a solo cuatro meses y una semana de haber jurado como presidente de Perú. El motivo que el Congreso encontró para preservar una verdadera tradición peruana, fue las reuniones no registradas que tuvo con el empresario chino Zhihua Yang, dueño del salón Xin Yan (San Borja) y de Market Capón y proveedor del Estado.
Según detalla el diario El Comercio de Perú, las siete mociones de censura contra Jerí fueron presentadas en su calidad de titular del Congreso, cargo para el que fue elegido el 26 de julio del 2025 y que le permitió jurar como mandatario -por sucesión constitucional- tras la salida de Dina Boluarte, el 10 de octubre de ese mismo año.
La censura a Jerí fue aprobada con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones. Jerí y sus aliados argumentaban que debía enfrentarse a un juicio político y no a una censura, aunque de todas maneras aclaró que iba a respetar el resultado de la votación de censura.
«Yo no he cometido ningún delito. Tengo la plena suficiencia moral para poder ejercer la presidencia de la República», declaró el depuesto presidente en una entrevista por televisión la noche del domingo.
«Si desde el primer momento, en lo más complicado que fue la denuncia, me allané a colaborar y a participar, resultaría ilógico e incongruente no aceptar otra recomendación, siempre que hubiera sido debidamente notificado. No puede ser que para una cosa sí colabores y para otra no colabores. Es inconsistente, e inconsistente no soy. Si hubiera llegado válidamente, habría cumplido lo que se me hubiera recomendado», dijo.
Si desde el primer momento, en lo más complicado que fue la denuncia, me allané a colaborar y a participar, resultaría ilógico e incongruente no aceptar otra recomendación, siempre que hubiera sido debidamente notificado. No puede ser que para una cosa sí colabores y para otra no colabores. Es inconsistente, e inconsistente no soy. Si hubiera llegado válidamente, habría cumplido lo que se me hubiera recomendado
El impeachment se argumenta en una supuesta inconducta funcional y la falta de idoneidad del presidente para el cargo por los presuntos actos irregulares que habrían ocurrido el 26 de diciembre de 2025 y el 6 de enero del 2026 protagonizados por el mandatario y el empresario chino Zhihua Yang en una reunión semi-clandestina.
Ni bien asumió la presidencia, los buenos números en las encuestas lo entusiasmaron con participar en las elecciones presidenciales de abril. Sin embargo, los números fueron cambiando y rápidamente de un 60 por ciento inicial, cayó bastante en 37.
La inestabilidad política es una constante de la realidad peruana. En la última década pasaron Pedro Pablo Kuczynski (renunció antes de ser destituido), Martín Vizcarra (destituido), Manuel Merino (destituido), Francisco Sagasti (completó el mandato de Kuczynski), Pedro Castillo (destituido y encarcelado), Dina Boluarte (destituida) y José Jerí. En efecto, el último presidente que completó el mandato en Perú fue Ollanta Humala que igualmente fue detenido tiempo después en el marco de la causa Odebretch.
La elección de abril es una verdadera caja de Pandora. Los candidatos a la presidencia serán 36 y ninguno llega a los dos dígitos de intención de voto. Uno de los nombres que aparece con fuerza es el intendente de Lima, Rafael López Aliaga, pero no se descarta que aparezca nu nuevo cisne negro como pasó con Castillo en 2021.
La historia exhibe la resistencia de las comunidades originarias al avance extractivista sobre las Salinas Grandes. Podrá verse de manera virtual y gratuita desde este domingo hasta el 9 de agosto. El documental «En el nombre del litio», en el que los cineastas Cristian Cartier y Martín Longo exhiben la resistencia de las comunidades originarias…
Con la organización de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Ingeniero Huergo y la participación de un importante número de ciclistas, este domingo se llevó adelante el Rally Aniversario «Desafío A las Salinas». La competencia de Mountain Bike que recorre una exigente distancia (48 kilómetros) por caminos en zona de bardas contó con…
En el mediodía de ayer se realizó el sorteo entre los contribuyentes que, el año pasado, tuvieron sus Tasas Retributivas Municipales al día. Se contó con la presencia de la Escribana Pública, Roxana Hernández, y del Secretario de Gobierno, Guillermo Carricavur. En el primer sorteo, el de la bicicleta mountain bike, y teniendo al día…
En 1929, durante la segunda presidencia de , el Congreso sancionó la Ley 11.544, que estableció por primera vez en todo el país la jornada máxima de 8 horas diarias o 48 semanales. El texto legal recogía una demanda histórica del movimiento obrero argentino y colocaba a la Argentina, al menos formalmente, dentro del mapa de las legislaciones laborales modernas.
Sin embargo, entre 1929 y 1945, la distancia entre la ley y la realidad fue abismal. La jornada de 8 horas existía en los códigos, pero no organizaba la vida cotidiana de la mayoría de los trabajadores.
La sanción de la ley no implicó automáticamente su cumplimiento. El Estado argentino carecía —y en muchos casos no tenía voluntad— de los mecanismos necesarios para garantizarla. Las inspecciones laborales eran escasas, las sanciones simbólicas y la justicia tendía a fallar en favor de los empleadores. En los hechos, el límite horario seguía siendo una decisión patronal.
En algunos sectores urbanos e industrializados la situación fue diferente. Grandes empresas, talleres visibles y actividades con fuerte organización sindical —gráficos, ferroviarios, portuarios— lograron imponer, no sin conflictos, la jornada legal. Aun allí, el cumplimiento era parcial: horas extras obligatorias no pagadas, jornadas partidas que extendían el tiempo total de trabajo y mecanismos de evasión salarial eran prácticas habituales.
Pero fuera de esos núcleos organizados, la ley simplemente no existía en la práctica. En el campo, donde la relación laboral estaba atravesada por el aislamiento, la dependencia personal y la ausencia casi total de inspección estatal, las jornadas de sol a sol siguieron siendo la regla. En las economías regionales, la situación era aún más evidente. En los ingenios azucareros de Tucumán, la jornada se organizaba en torno al ritmo de la zafra: turnos extensos, calor extremo y trabajo continuo mientras durara la molienda, sin límites horarios reales. En los yerbatales de Misiones, los mensúes cobraban por cantidad de kilos transportados, lo que los obligaba a prolongar indefinidamente la jornada para alcanzar un ingreso mínimo. El tiempo de trabajo no se medía en horas, sino en desgaste físico.
En los viñedos cuyanos y los algodonales del norte, la lógica era similar: trabajo estacional, pago por rendimiento y jornadas que se extendían mientras hubiera luz natural. La ley de 8 horas era irrelevante frente a un sistema productivo que organizaba el trabajo por campaña y no por jornada.
En los pequeños talleres urbanos de ciudades como Buenos Aires o Rosario, especialmente en rubros como la confección, el calzado o la metalurgia liviana, eran habituales las jornadas de 10 a 12 horas, justificadas como “aprendizaje” o compensadas con salarios miserables. El trabajo a destajo permitía al empleador exigir una producción diaria fija que solo podía alcanzarse extendiendo el horario real de trabajo.
El comercio minorista reproducía una lógica similar. Empleados de almacenes, tiendas y casas de ramos generales abrían temprano y cerraban de noche, muchas veces con descanso parcial o inexistente, bajo la excusa de la atención al público. En el servicio doméstico, directamente excluido de toda protección efectiva, la jornada carecía de límites: vivir en la casa del empleador implicaba disponibilidad permanente, sin distinción clara entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso.
La ley estaba vigente, pero no tenía ejecutores. El Estado carecía de un cuerpo de inspectores con presencia territorial, las sanciones eran irrisorias y la justicia laboral —cuando intervenía— tendía a legitimar las prácticas patronales. En ese contexto, la jornada de 8 horas no era un derecho exigible sino una declaración abstracta, desconocida para amplios sectores del mundo del trabajo. Para millones de trabajadores, la jornada legal era una promesa distante, ajena a su vida cotidiana y subordinada a una realidad donde el poder de fijar el tiempo de trabajo seguía en manos del patrón.
La clave no estaba en el texto legal sino en la correlación de fuerzas. Donde había sindicatos fuertes, comisiones internas y capacidad de huelga, la jornada de 8 horas se defendía. Donde no, el trabajador quedaba librado a su patrón. Durante esos años, el cumplimiento de un derecho laboral dependía más de la organización colectiva que del Estado.
En los últimos años, sectores libertarios repiten como argumento que el peronismo “miente” porque la jornada de 8 horas no fue creada por Perón, sino sancionada en 1929. El señalamiento es formalmente correcto, pero históricamente falaz. Confunde deliberadamente legislar con garantizar. La Ley 11.544 existía desde hacía más de una década, pero fue incumplida de manera sistemática por amplios sectores del empresariado, con un Estado ausente o complaciente. Reducir la historia social a una fecha en el Boletín Oficial implica borrar la diferencia central entre un derecho escrito y un derecho vivido.
Ese divorcio entre la ley y la realidad empieza a romperse recién a partir de 1943–1945, cuando el Estado deja de mirar para otro lado y decide intervenir de manera directa en la relación entre capital y trabajo. No se trató de crear nuevos derechos, sino de hacerlos cumplir. Bajo la acción del Estado y el impulso político de , la jornada de 8 horas dejó de ser una recomendación abstracta y pasó a convertirse en una norma exigible. El límite al tiempo de trabajo ya no lo fijó el patrón, sino el Estado. Ese fue el verdadero punto de inflexión.
La experiencia deja una enseñanza incómoda pero fundamental: los derechos laborales no existen solo porque estén escritos. Existen cuando hay un Estado dispuesto a garantizarlos y una sociedad organizada para defenderlos. Entre 1929 y 1945, la jornada de 8 horas fue una conquista legal sin poder. Su historia demuestra que la legislación social, sin voluntad política, puede convertirse en una promesa vacía.
La jornada de 8 horas no nació plena. Fue primero una letra, después una pelea y recién más tarde una realidad. Y esa diferencia —entre ley y vida— explica buena parte de la historia social argentina.
