En el marco de la campaña de forestación impulsada por la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina, se comenzó con la distribución de las estacas de sauce llorón y de podos de rosas a juntas vecinales e instituciones de la ciudad.
En la mañana de este jueves, el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros junto al Director del área Hugo Curzel procedieron a la entrega de los mismos en loteo de la Asociación Civil ‘Hogar’, ARA San Juan, El Frutillar, La Unión, Antártida, Tierra del Fuego, Businelli, Nuevo, Melipal, Don Bosco, 86 Viviendas.
En total se distribuyen más de 1000 plantas, entre sauce llorón y rosas.
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Mientras el oficialismo construyó buena parte de su identidad política alrededor de la idea de combatir los privilegios de la “casta”, la situación patrimonial de Manuel Adorni se convirtió en uno de los episodios más incómodos para la administración de Milei. La demora en la presentación de su declaración jurada, las explicaciones cambiantes y las prórrogas administrativas terminaron transformando un trámite formal en una crisis política de credibilidad.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
Durante meses, el Gobierno hizo de la transparencia una bandera discursiva. Funcionarios, voceros y dirigentes libertarios cuestionaron a gobiernos anteriores por presuntas irregularidades patrimoniales y reclamaron estándares más altos de rendición de cuentas. Sin embargo, cuando el foco comenzó a apuntar hacia el entonces vocero presidencial y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la reacción oficial fue cualquier cosa menos contundente.
El problema dejó de ser únicamente la declaración jurada. Lo que comenzó como una demora administrativa terminó convirtiéndose en una prueba política. Cada día sin presentación alimentó nuevas preguntas. ¿Por qué un funcionario que prometía transparencia absoluta no mostraba rápidamente su patrimonio? ¿Por qué el Gobierno parecía más preocupado por administrar los tiempos que por despejar las dudas?
La prórroga que agravó las sospechas
La situación se volvió todavía más delicada cuando la Oficina Anticorrupción resolvió extender los plazos para la presentación de declaraciones juradas de los funcionarios nacionales hasta el 31 de julio. Formalmente, la medida fue justificada por cuestiones técnicas vinculadas a vencimientos fiscales. Sin embargo, la decisión coincidió con el momento de mayor presión política sobre Adorni y fue interpretada por amplios sectores como un alivio a medida para el funcionario.
Lejos de cerrar la discusión, la prórroga la amplificó. La oposición comenzó a cuestionar si el organismo encargado de controlar a los funcionarios estaba actuando con independencia o si se había convertido en un instrumento para ganar tiempo político.
La paradoja fue evidente. El mismo gobierno que prometía terminar con los privilegios aparecía beneficiado por una resolución que reducía la presión sobre uno de sus principales dirigentes.
Un funcionario bajo la lupa
En las últimas semanas trascendió que Adorni continuaba trabajando con asesores y contadores para completar la documentación patrimonial y fijó como horizonte el 15 de junio para realizar una presentación pública de su situación económica.
La explicación oficial sostiene que se trata de un proceso complejo y que toda la información será presentada en tiempo y forma. Pero políticamente el daño ya está hecho. Cuando un gobierno construye su legitimidad sobre la idea de que es distinto a los demás, los estándares que se le aplican son más altos.
Ese es el verdadero problema para la Casa Rosada. La discusión dejó de girar alrededor de balances, inmuebles o formularios. Lo que está en juego es la coherencia entre el discurso y la práctica.
El costo de predicar una cosa y hacer otra
La administración de Milei suele responder a los cuestionamientos apelando a la confrontación. Sin embargo, el caso Adorni no es un conflicto externo ni una disputa con gobernadores, sindicalistas o dirigentes opositores. Es una controversia nacida dentro del propio oficialismo.
Por eso genera tanta incomodidad. Resulta difícil acusar de “operación” a quienes simplemente preguntan por qué un funcionario central del Gobierno aún no exhibió plenamente la información patrimonial que se espera de cualquier alto cargo del Estado.
Incluso dirigentes aliados comenzaron a marcar distancia. Algunos referentes libertarios y oficialistas reclamaron que la situación se resolviera cuanto antes para evitar que la polémica siguiera creciendo.
La preocupación es lógica: cuanto más se extiende el tema, más se instala la percepción de que existe algo que ocultar, aun cuando eso no esté probado.
El espejo de la casta
El episodio encierra una ironía política difícil de ignorar. Durante años, Milei y sus dirigentes construyeron su narrativa denunciando privilegios, opacidad y falta de controles sobre la dirigencia tradicional. Ahora es uno de sus funcionarios más importantes quien debe explicar por qué la transparencia prometida tarda tanto en llegar.
El Gobierno todavía tiene margen para cerrar la controversia. Pero cada demora adicional profundiza una contradicción central: la de una administración que llegó prometiendo ser distinta y que, frente a un cuestionamiento sensible, parece recurrir a las mismas maniobras dilatorias que durante años criticó.
Porque al final del día, la discusión no pasa por una declaración jurada. Pasa por la credibilidad. Y en política, cuando la confianza empieza a erosionarse, ningún formulario alcanza para recuperarla.
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La provincia de Buenos Aires a cargo de Axel Kicillof y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires liderada por Jorge Macri no sólo «compiten» en términos fiscales, turísticos y políticos, sino que también lo hacen en el ámbito de las inversiones: ambas gestiones emitieron bonos en dólares que hoy se pueden operar a través del mercado de capitales.
Actualmente, PBA cuenta con cuatro bonos (BB37D, BA37D, BA7DD y BB7DD) con vencimiento en septiembre de 2037 que pagan cupón de forma semestral y ofrecen una tasa interna de retorno (TIR) de alrededor del 12% en dólares.
Por su parte, CABA acaba de cerrar una de las emisiones internacionales más exitosas del año: colocó deuda por USD 500 millones con vencimiento en 2036 a una tasa de aproximadamente el 7,4%.
Ante la situación, los inversores se preguntan qué deuda elegir, dado que la alternativa provincial brinda un retorno mucho mayor, pero la opción porteña se considera mucho más segura por la situación financiera de la ciudad.
«Las provincias en general vienen mostrando un deterioro marcado en sus cuentas: pasaron de superávit a déficit el año pasado, con fuerte suba del gasto, y este año arrancaron con caída importante de recursos automáticos, tanto que varias tuvieron que pedir adelantos de coparticipación a Nación. PBA está dentro de ese universo provincial. CABA, en cambio, mantuvo cuentas más ordenadas, con menor dependencia de transferencias nacionales, base tributaria propia robusta y no necesitó asistencia», comentó Justina Gedikian, estratega de bonos en Cohen Aliados Financieros.
Para un perfil conservador, para quien quiera dolarizarse durmiendo quizás más tranquilo, los títulos de CABA son la elección sensata. Un perfil más agresivo puede ir por PBA donde las tasas están por encima de los soberanos y los de ciudad. Un 12% de TIR es un premio muy interesante.
«CABA presenta ventajas concretas. Su historial de pago es sólido, comparable al de otras provincias con reputación crediticia probada como Córdoba, Neuquén y Chubut. PBA, en cambio, acumula antecedentes más complejos. A eso se suma un factor que el mercado pondera cada vez más abiertamente: la variable política. Hoy, CABA y PBA están gobernadas por fuerzas de signo opuesto, con discursos muy distintos frente al mercado de capitales. Cuando un gobernador muestra poca afinidad con los acreedores o señales negativas hacia la deuda, el mercado responde con castigo en precios. Es decir, exige tasas más altas para compensar ese riesgo percibido», sostuvo Pedro Moreyra, director de Guardian Capital.
Por este motivo, los especialistas del mercado consideran que la elección entre los bonos de CABA y los de PBA dependerá, como suele suceder en este tipo de cuestiones, del perfil de riesgo del inversor.
«Para un perfil conservador, para quien quiera dolarizarse durmiendo quizás más tranquilo, los títulos de CABA son la elección sensata, priorizando previsibilidad por sobre rendimiento», concluyó el operador y asesor financiero independiente Germán Marin. «Un perfil más agresivo puede ir por PBA donde las tasas están por encima de los soberanos y los de ciudad. Un 12% de TIR es un premio muy interesante, asumiendo el riesgo de crédito provincial», añadió.
En esta línea, Gedikian coincidió en que «CABA es la elección natural dentro del universo subsoberano argentino» para inversores conservadores. Moreyra, por su parte, agregó que «PBA conviene para un perfil más arriesgado que apueste a normalización de cuentas o respaldo de Nación».
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