Campaña de los 1000 árboles: comenzó su entrega

En el marco de la campaña de forestación impulsada por la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina, se comenzó con la distribución de las estacas de sauce llorón y de podos de rosas a juntas vecinales e instituciones de la ciudad.

En la mañana de este jueves, el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros junto al Director del área Hugo Curzel procedieron a la entrega de los mismos en loteo de la Asociación Civil ‘Hogar’, ARA San Juan, El Frutillar, La Unión, Antártida, Tierra del Fuego, Businelli, Nuevo, Melipal, Don Bosco, 86 Viviendas.

En total se distribuyen más de 1000 plantas, entre sauce llorón y rosas.

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    Prostitución Judicial: el juez de la causa Adorni viajará con el ministro de Justicia a París

     

    Mientras crecen las preguntas sobre la declaración jurada de Manuel Adorni y avanzan expedientes sensibles para el oficialismo, el juez Ariel Lijo compartirá una misión oficial con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Ambos integrarán la delegación argentina que defenderá ante el GAFI las políticas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La coincidencia genera ruido político y vuelve a poner bajo la lupa la relación entre el poder político y los tribunales federales.

    Por Roque Pérez para NLI

    La política argentina suele regalar imágenes difíciles de explicar. Y una de ellas comenzará a tomar forma la próxima semana, cuando el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el juez federal Ariel Lijo compartan una misión oficial en París para exponer ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) los avances de la Argentina en materia de prevención del lavado de dinero.

    En términos formales, se trata de una actividad institucional vinculada a una política de Estado. Sin embargo, la presencia de Lijo en la misma comitiva que el principal funcionario judicial del Gobierno adquiere otra dimensión política porque el magistrado tiene bajo su órbita algunas de las investigaciones más sensibles para la administración de Milei, entre ellas el expediente vinculado a la situación patrimonial de Manuel Adorni.

    La delegación viajará entre el 15 y el 19 de junio y también estará integrada por el juez Sebastián Casanello, autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), funcionarios del Banco Central, ARCA y especialistas en materia antilavado. El objetivo será presentar ante el organismo internacional los avances realizados por la Argentina dentro del régimen de seguimiento intensificado que enfrenta desde la evaluación de 2024.

    Un viaje técnico en medio de una tormenta política

    El problema para el Gobierno no es el viaje en sí, sino el contexto. La noticia se conoce en momentos en que la administración libertaria atraviesa semanas incómodas por los cuestionamientos sobre las declaraciones juradas de funcionarios, las investigaciones judiciales abiertas y las disputas internas entre distintos sectores de poder que orbitan alrededor de la Casa Rosada.

    Según trascendió, dentro del propio universo político y judicial la coincidencia despertó suspicacias. No sólo porque Lijo conserva una enorme influencia dentro de Comodoro Py, sino porque el magistrado quedó asociado en los últimos años a distintos sectores de poder que mantienen tensiones con figuras centrales del oficialismo.

    Desde el entorno de la misión oficial rechazaron cualquier lectura política y sostuvieron que se trata de una actividad habitual en la que jueces y funcionarios presentan información técnica sobre investigaciones vinculadas al lavado de activos. También remarcaron que este tipo de exposiciones ya se realizaron en años anteriores con otros magistrados y fiscales.

    El GAFI, las inversiones y la necesidad de mostrar resultados

    Más allá de las controversias locales, el viaje tiene importancia estratégica para el Gobierno. El GAFI es el organismo internacional encargado de evaluar las políticas de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La posición de la Argentina dentro de ese sistema influye directamente en su reputación financiera internacional y en la capacidad para atraer inversiones.

    La administración de Milei necesita exhibir avances concretos luego de que el país quedara sometido a un esquema de seguimiento reforzado. Durante los próximos años deberá demostrar mejoras sustanciales en los mecanismos de control, investigación y sanción de delitos económicos complejos.

    Por esa razón, el Gobierno busca presentar una imagen de coordinación entre organismos judiciales, financieros y administrativos. El problema es que la foto que pretende transmitir fortaleza institucional puede terminar generando exactamente el efecto contrario cuando uno de los protagonistas del viaje es el juez que investiga asuntos delicados para el propio oficialismo.

    La escena resume una de las contradicciones más persistentes de la política argentina: mientras el discurso oficial reivindica la independencia de los poderes del Estado, las coincidencias entre funcionarios y magistrados siguen alimentando sospechas. Y cuando esas coincidencias involucran a un juez que tiene expedientes sensibles sobre la mesa, la discusión deja de ser únicamente técnica para convertirse inevitablemente en un problema político.

     

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  • «Esto no es un modelo de consumo, es de inversión», explica uno de los ganadores de la era Milei

     

    Luis Galli dejó una serie de definiciones útiles para leer el momento empresario. El presidente, CEO y accionista de Newsan defendió el modelo de Javier Milei, explicó el crecimiento de Edison Energía junto a los Neuss y puso en palabras una idea que en el Gobierno prefieren decir en voz más baja: este no es un programa pensado para empujar el consumo, sino para ordenar condiciones de inversión.

    Galli no es un jugador menor. Es el número uno de Newsan, el grupo creado por la familia Cherñajovsky y liderado por Rubén Cherñajovsky. La empresa construyó su poder desde Tierra del Fuego y se consolidó como el mayor ensamblador de electrónica de consumo del país, pero desde que asumió Milei vive una agresiva expansión que metió al grupo en negocios de perfumería, alimentos y la gran apuesta: Energía. Un rubro donde pasaron en estos años libertarios de nada a ser grandes jugadores, asociados a los Neuss, lo que encendió sospechas de un capitalismo de amigos de perfume libertario.

    En poco tiempo, el flamante grupo Edison armó un mapa de generación, transporte y distribución eléctrica que lo puso en el centro del nuevo tablero energético.

    En una entrevista con Jairo Straccia en el stream de El Cronista, Galli fue consultado por la cercanía de los Neuss con Santiago Caputo y por la ventaja que puede dar ese vínculo a la hora de presentarse en una licitación.  El CEO de Newsan buscó llevar la explicación al terreno operativo. «Del lado nuestro también veníamos haciendo negocios con ellos y ellos tenían la experiencia de distribuidoras. Acá el negocio más difícil de manejar es la distribución. Ellos son dueños de Edersa, que es la distribuidora de Río Negro. Entonces, nos dio cierta tranquilidad que tenían la capacidad de haber operado distribuidoras», afirmó.

    El contraataque de Karina: mandó a investigar la Fundación Faro y va contra los Neuss 

    El crecimiento de Edison fue tan rápido que el propio Galli lo reconoció sin vueltas. «Edison en un año y medio se transformó en una de las tres o cuatro compañías de energía eléctrica más importantes de Argentina», dijo. Y agregó otro número fuerte: «Nosotros hemos invertido más de 700 millones de dólares en el último año y medio». 

    La entrevista también dejó una postal curiosa sobre Guillermo Moreno. Galli no quiso evaluarlo como funcionario, pero sí contó que a Newsan le resultó útil. «Fue una persona que a nosotros nos sirvió muchísimo», dijo. Según relató, en tiempos de restricción externa, Moreno les pedía a los importadores asociarse con exportadores para compensar las divisas que drenaban por las importaciones. En el caso de ellos les propuso incursionar en el negocio de la pesca, una idea que inicialmente les generó resistencias y terminó sindo un negocio fenomenal.

    Después de dos años y medio, el saldo del gobierno de Milei es sumamente positivo. Este no es un modelo de gobierno que favorezca el consumo o propicie el consumo, como el anetrior que tenía muchos anabólicos. Es un modelo que propicia la inversión. Y esa inversión tiene que decantar en una mejora de consumo que seguramente va a llevar mucho más tiempo.

    «Pasamos de ser compradores de kit o producto terminado para importar, a tener una mesa donde recibíamos exportadores», recordó. Y contó que cada tanto Moreno se lo recuerda con picardía: «Gracias a mí se transformaron en los primeros exportadores de pesca del país».

    Sobre el gobierno de Milei, Galli fue todavía más claro. «Después de dos años y medio, el saldo es sumamente positivo», definió. Dijo que la Argentina venía de una inestabilidad muy grande y que la estabilidad macroeconómica que defiende el Gobierno puede convertir un proceso vicioso en uno virtuoso. En su lectura, la baja de la inflación, el saldo comercial positivo y la reducción del riesgo país abren un horizonte para que vuelvan inversiones de grupos argentinos y extranjeros. «Más tarde o más temprano», aclaró.

    Pero el tramo más político apareció cuando habló de Tierra del Fuego. Galli reconoció que el régimen fueguino es similar al RIGI. «Es un régimen. Al final lo que dice es: hacé un montón de inversiones en un lugar donde queremos desarrollar, porque si no nadie hubiera invertido ahí. Invertí, generá laburo, te damos condiciones especiales desde el punto de vista impositivo», explicó.

    Luego dejó una advertencia que cruza a la industria electrónica con la minería, el petróleo y el gas. «Lo peor que le puede pasar a Argentina es que dentro de tres, cuatro, cinco años, cuando los RIGI estén en pleno funcionamiento, empecemos a cuestionar a la industria de oil and gas o a la industria minera porque decimos que pagan menos impuestos», sostuvo. Para Galli, detrás de esos beneficios hay grupos que asumieron riesgos bajo un marco normativo. Es la defensa de Tierra del Fuego con el idioma del mileísmo.

    Lo más crudo, sin embargo, fue su definición sobre el consumo. Galli dijo que la comparación con 2023 puede ser engañosa porque, según su mirada, aquel consumo estaba «muy apalancado» y «tenía muchos anabólicos». Después completó: «Este no es un modelo de gobierno que favorezca el consumo o propicie el consumo. Es un modelo que propicia la inversión. Y esa inversión tiene que decantar en una mejora de consumo que seguramente va a llevar mucho más tiempo», anticipó.

    La frase ordena mejor que muchos documentos oficiales la lógica económica libertaria. Primero inversión, después empleo, después salarios, después consumo. Una escalera larga para una sociedad que mira la góndola todos los días. El empresario no lo presentó como una critica, sino como una descripción. Pero en esa descripción se cuela el costo social del programa: la demanda interna no está en el asiento delantero.

    Galli también contó qué miran los inversores extranjeros antes de traer dólares. «La consulta recurrente de ellos es si este proceso es capaz de seguir más allá de un período presidencial», dijo. Y agregó que la pregunta de fondo es si la Argentina puede demostrar que, «venga quien venga», dará continuidad a las políticas, seguridad jurídica y no volverá a ser «la Argentina pendular». 

    Por eso Straccia le planteó un escenario incómodo: qué pasaría si el año que viene gana la oposición, por ejemplo Axel Kicillof. Galli no dramatizó. «Me reconvierto», contestó entre risas. Después lo envolvió en la cultura interna del círculo rojo: «Nos victimizamos poco y actuamos mucho». Dijo que, si cambian las condiciones, el grupo dedica poco tiempo a quejarse y mucho a buscar dónde pararse y dónde encontrar oportunidades.

    Ese cierre quizá sea el mejor retrato de la etapa. El empresariado que hoy celebra a Milei no necesariamente se ata al mástil. Pide reglas estables, usa los regímenes promocionales, compite por activos públicos, defiende la seguridad jurídica y, si cambia el viento, ajusta las velas. En el país pendular, los que más hablan de permanencia suelen ser también los que mejor aprendieron a moverse.

     

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  • Sánchez lideró una protesta en Perú e insiste con que hubo fraude

     

    Roberto Sánchez está aferrado a la estrategia de desconocer el resultado de las elecciones en Perú. Si bien Keiko Fujimori todavía no fue proclamada de manera oficial, la diferencia de votos es casi irreversible con casi la totalidad de las actas escrutadas. 

    En ese marco, el candidato de Juntos por Perú lideró una marcha en el centro de Lima en el profundizó sus denuncias sobre un presunto fraude electoral. 

    La movilización reunió a simpatizantes que se concentraron en distintos puntos de la capital, principalmente en el Cercado de Lima, mientras las autoridades dispusieron un amplio operativo de seguridad debido a la tensión política y la coincidencia con otras manifestaciones programadas el mismo día.

    «Nosotros exigimos transparencia electoral. El pueblo exige justicia», Sánchez quien también afirmó que esta actitud fue ordenada por «el pacto mafioso de la señora K y todos sus aliados».

    Crisis en Perú: el candidato de izquierda denuncia fraude y dijo que no reconocerá la victoria de Keiko

    «No le tenemos miedo a las denuncias de persecución política. Nuestra voluntad nos tiene liderando este movimiento para recuperar la institucionalidad», enfatizó.

    Sánchez denunció, sin aportar pruebas, que hay «un fraude en desarrollo» y anticipó que no reconocerá como presidenta del país a Fujimori.  

    No le tenemos miedo a las denuncias de persecución política. Nuestra voluntad nos tiene liderando este movimiento para recuperar la institucionalidad

    El líder de izquierda sostiene que se afectó «gravemente» el sufragio en el exterior al exonerar a los consulados de remitir digitalmente los resultados de esa votación y enviar físicamente las actas a Lima para que fueran escrutadas, a petición del Ministerio de Relaciones Exteriores, dirigido por el canciller Carlos Pareja, al que la izquierda considera cercano al fujimorismo.

    En el fujimorismo remarcan que ni Sánchez ni su partido se habían mostrado en contra de la disposición sobre el traslado físico de las actas del extranjero a la capital peruana cuando fue informada semanas antes del día de la elección, ni tampoco las misiones de observación electoral internacional han determinado que este cambio haya supuesto una sospecha de fraude. 

    El líder de izquierda sostiene que se afectó «gravemente» el sufragio en el exterior al exonerar a los consulados de remitir digitalmente los resultados de esa votación y enviar físicamente las actas a Lima para que fueran escrutadas, a petición del Ministerio de Relaciones Exteriores, dirigido por el canciller Carlos Pareja, cercano al fujimorismo

    El líder de izquierda sostiene que se afectó «gravemente» el sufragio en el exterior al exonerar a los consulados de remitir digitalmente los resultados de esa votación y enviar físicamente las actas a Lima para que fueran escrutadas, a petición del Ministerio de Relaciones Exteriores, dirigido por el canciller Carlos Pareja,  cercano al fujimorismo.

    Lo cierto es que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) indicó -en su más reciente reporte de este sábado- que, cuando ya se ha contado el 99.987 % de los sufragios, Fujimori recibe el 50,134 % de los votos, equivalente a 9.222.064 papeletas, mientras que Sánchez alcanza el 49,866 %, al sumar 9.172.820.

    Estas cifras ratifican la victoria de la líder del partido Fuerza Popular, ya que la ONPE informó que solo quedan por contar doce actas de votación, equivalentes a unos 2.400 votos, que han sido enviadas con observaciones o impugnaciones a los jurados electorales especiales (JEE) del país.

    En ese sentido, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que el próximo viernes promulgará los resultados de las elecciones presidenciales y el 15 de julio entregará las credenciales a la fórmula que ejercerá la jefatura del Estado peruano hasta 2031. 

     

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