Campaña de los 1000 árboles: comenzó su entrega

 El ministro de Agricultura bonaerense, Javier Rodríguez, planteó la necesidad de avanzar hacia un esquema de retenciones segmentadas para pequeños y medianos productores, el viejo esquema que proponía la Federación Agraria en 2008 durante el conflicto con el campo. 

En su paso por Rosario, el funcionario de Axel Kicillof consideró que las políticas para el campo deben analizarse de forma integral y no únicamente a partir de los derechos de exportación y planteó que los productores de menor escala deberían afrontar una carga tributaria más baja que los grandes establecimientos.

«Las retenciones tiene que estar bien diferenciadas, segmentadas. Un productor más chico tiene que terminar pagando proporcionalmente menos que uno grande», señaló el ministro como mecanismo para evitar equiparar la carga impositiva a todo el sector.

 Las retenciones tiene que estar bien diferenciadas, segmentadas. Un productor más chico tiene que terminar pagando proporcionalmente menos que uno grande 

En ese sentido, Rodríguez explicó que la rentabilidad agropecuaria depende de múltiples variables y cuestionó que el debate público se concentre exclusivamente en las retenciones. Entre los factores que inciden en la ecuación económica mencionó los precios internacionales de los granos, el costo de los insumos, el tipo de cambio, las tasas de interés, el combustible y la estructura tributaria.

Como ejemplo, sostuvo que mientras el gobierno nacional redujo dos puntos los derechos de exportación para el trigo, el combustible aumentó más de un 25 por ciento. «Si sólo se mira el porcentaje de retenciones se corre el riesgo de quedar entrampados», afirmó.

El ministro recordó que la sequía de 2023 provocó pérdidas estimadas en más de 20 mil millones de dólares, mientras que la mejora de las condiciones climáticas durante 2024 y 2025 permitió una fuerte recuperación de los rindes y de los volúmenes de producción.

En ese contexto, Rodríguez rechazó que el sector agropecuario tenga una mirada homogénea: existen realidades muy diferentes según la región, la actividad y la escala de cada productor. «Cuando uno habla del campo hay distintos productores, distintas escalas, distintas producciones y distintas regiones», dijo y destacó que las políticas públicas también deben contemplar esas diferencias.

El funcionario participó esta semana en Rosario de la asamblea anual de Agricultores Federados Argentinos, donde expuso sobre cooperativismo y desarrollo agrario. Allí defendió el rol de las cooperativas para impulsar la producción, generar empleo y fortalecer el arraigo en las localidades del interior.

En cuanto a la relación turbulenta entre el peronismo y el empresariado, Rodríguez sostuvo que en los últimos años el gobierno bonaerense logró reducir parte de la desconfianza que existía entre algunos productores a partir de medidas concretas vinculadas a la producción y la sanidad animal.

«Muchos productores pueden tener diferencias políticas, pero valoran determinadas políticas de gestión orientadas al desarrollo productivo», señaló.

En cuanto a la eliminación de las retenciones como proponen los gobernadores de la Región Centro, cerca de Kicillof aclararon a LPO que el gobernador bonaerense no es candidato, «ahora estamos construyendo un proyecto», dijeron.

En el gobierno apuntan a Martín Menem por la dura derrota política que significó el fallo de la Corte Suprema a favor de las universidades y creen que le sobrevendió a Javier Milei un acuerdo con los jueces que no pudo garantizar.

En diciembre de 2025, un sector del gobierno buscó un acuerdo con los rectores luego de que el Congreso insistiera por primera vez en la historia contra un veto presidencial. Milei ya había vetado la ley de financiamiento universitario en 2024 y había logrado que 85 «héroes» le sostuvieran el veto en octubre de ese año.

Un año después y tras una serie de marchas multitudinarias, el Congreso votó una ley mejorada, que Milei volvió a vetar. Tras voltear el veto en ambas cámaras, el gobierno puso condiciones para cumplir la ley, por lo que los universitarios elevaron una demanda que llegó a la Corte.

En ese escenario, Santiago Caputo y Diego Santilli iniciaron negociaciones con Emiliano Yacobbitti, el hombre fuerte de la UBA, para llevar al Congreso una ley que dejara satisfechos tanto al sector universitario como al ministro de Economía, cuyo argumento es que financiar universidades atenta contra el superávit fiscal.

Emiliano Yacobitti, el hombre fuerte de la UBA.

La negociación consistía en que en febrero de 2026, en las sesiones extraordinarias, se votaría una ley nueva para acercar las partes con un financiamiento superior al que ofrecía el Ejecutivo en el Presupuesto 2026 pero que no comprometiera el superávit de Toto Caputo.

Pero Martin Menem pisó ese proyecto convencido de que tenía un acuerdo con la Corte, mecanizado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para planchar el fallo ad eternum. El presidente de la Cámara de Diputados le vendió al propio Milei que, gracias a sus vínculos con Horacio Rosatti, la Corte no fallaría en contra si les pagaban a los universitarios un aumento salarial este año y se comprometían a resolver las partidas en disputa en el Presupuesto 2027 que se trata a fin de este año.

La suma que proponía Menem era de 850 mil millones de pesos y el gobierno finalmente llegó a un acuerdo con los universitarios para pagar un aumento del 21% en julio y otra cuota de 3% en octubre. Pero los rectores se reservaron un detalle que ahora cobra mucha mayor relevancia: no desistieron de la demanda en la Corte pese a las presiones del subsecretario de Política Universitaria, Alejandro «Galleguito» Álvarez.

El gobierno aceptó cerrar esa paritaria pese a ese asterisco peligroso porque creía que, como vendía Menem, la Corte no fallaría en el corto plazo o quizás nunca.

Pero, como explicó LPO, la decisión de la Corte terminó de dejar en ridículo a Menem y Mahiques y es un mazazo para el programa económico de Milei y Toto Caputo. Rompe con un acuerdo no escrito que había entre el máximo tribunal y la administración libertaria de no fallar en cuestiones que pudieran afectar la planificación económica.