En el marco de la campaña de forestación impulsada por la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina, se comenzó con la distribución de las estacas de sauce llorón y de podos de rosas a juntas vecinales e instituciones de la ciudad.
En la mañana de este jueves, el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros junto al Director del área Hugo Curzel procedieron a la entrega de los mismos en loteo de la Asociación Civil ‘Hogar’, ARA San Juan, El Frutillar, La Unión, Antártida, Tierra del Fuego, Businelli, Nuevo, Melipal, Don Bosco, 86 Viviendas.
En total se distribuyen más de 1000 plantas, entre sauce llorón y rosas.
Mientras crecen las preguntas sobre la declaración jurada de Manuel Adorni y avanzan expedientes sensibles para el oficialismo, el juez Ariel Lijo compartirá una misión oficial con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Ambos integrarán la delegación argentina que defenderá ante el GAFI las políticas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La coincidencia genera ruido político y vuelve a poner bajo la lupa la relación entre el poder político y los tribunales federales.
Por Roque Pérez para NLI
La política argentina suele regalar imágenes difíciles de explicar. Y una de ellas comenzará a tomar forma la próxima semana, cuando el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el juez federal Ariel Lijo compartan una misión oficial en París para exponer ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) los avances de la Argentina en materia de prevención del lavado de dinero.
En términos formales, se trata de una actividad institucional vinculada a una política de Estado. Sin embargo, la presencia de Lijo en la misma comitiva que el principal funcionario judicial del Gobierno adquiere otra dimensión política porque el magistrado tiene bajo su órbita algunas de las investigaciones más sensibles para la administración de Milei, entre ellas el expediente vinculado a la situación patrimonial de Manuel Adorni.
La delegación viajará entre el 15 y el 19 de junio y también estará integrada por el juez Sebastián Casanello, autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), funcionarios del Banco Central, ARCA y especialistas en materia antilavado. El objetivo será presentar ante el organismo internacional los avances realizados por la Argentina dentro del régimen de seguimiento intensificado que enfrenta desde la evaluación de 2024.
Un viaje técnico en medio de una tormenta política
El problema para el Gobierno no es el viaje en sí, sino el contexto. La noticia se conoce en momentos en que la administración libertaria atraviesa semanas incómodas por los cuestionamientos sobre las declaraciones juradas de funcionarios, las investigaciones judiciales abiertas y las disputas internas entre distintos sectores de poder que orbitan alrededor de la Casa Rosada.
Según trascendió, dentro del propio universo político y judicial la coincidencia despertó suspicacias. No sólo porque Lijo conserva una enorme influencia dentro de Comodoro Py, sino porque el magistrado quedó asociado en los últimos años a distintos sectores de poder que mantienen tensiones con figuras centrales del oficialismo.
Desde el entorno de la misión oficial rechazaron cualquier lectura política y sostuvieron que se trata de una actividad habitual en la que jueces y funcionarios presentan información técnica sobre investigaciones vinculadas al lavado de activos. También remarcaron que este tipo de exposiciones ya se realizaron en años anteriores con otros magistrados y fiscales.
El GAFI, las inversiones y la necesidad de mostrar resultados
Más allá de las controversias locales, el viaje tiene importancia estratégica para el Gobierno. El GAFI es el organismo internacional encargado de evaluar las políticas de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La posición de la Argentina dentro de ese sistema influye directamente en su reputación financiera internacional y en la capacidad para atraer inversiones.
La administración de Milei necesita exhibir avances concretos luego de que el país quedara sometido a un esquema de seguimiento reforzado. Durante los próximos años deberá demostrar mejoras sustanciales en los mecanismos de control, investigación y sanción de delitos económicos complejos.
Por esa razón, el Gobierno busca presentar una imagen de coordinación entre organismos judiciales, financieros y administrativos. El problema es que la foto que pretende transmitir fortaleza institucional puede terminar generando exactamente el efecto contrario cuando uno de los protagonistas del viaje es el juez que investiga asuntos delicados para el propio oficialismo.
La escena resume una de las contradicciones más persistentes de la política argentina: mientras el discurso oficial reivindica la independencia de los poderes del Estado, las coincidencias entre funcionarios y magistrados siguen alimentando sospechas. Y cuando esas coincidencias involucran a un juez que tiene expedientes sensibles sobre la mesa, la discusión deja de ser únicamente técnica para convertirse inevitablemente en un problema político.
Alberto Weretilneck perdió dos legisladores y podría ser el inicio de una sangría en el oficialismo que incluya a otros legisladores, a concejales e intendentes en todo Río Negro.
La partida de Marcela González Abdala y Daniel Sanguinetti es algo inédito en los 15 años de gobierno de Juntos Somos Río Negro. Ambos abandonaron el bloque oficialista en la legislatura provincial el mismo día que Weretilneck lanzaba la renovación del partido.
El elegido para liderar Juntos Somos Río Negro fue Rodrigo Buteler, el intendente de Cipolletti que Weretilneck ve como su sucesor en 2027 si las encuestas no lo favorecen. En caso de pasar el filtro, el gobernador tiene decidido «abrir la fórmula» al PRO, como le confesó hace poco a Horacio Massaccesi.
El problema de Weretilneck es que son pocos los que imaginan al oficialismo gobernando la provincia otros cuatro años. «Después de 15 años, hay un desgaste muy grande y una crisis de representación», explicó un funcionario que abandonó el espacio.
El gobernador delega las cuestiones energéticas en su esposa, Andrea Confini y no abre el juego a otros actores. Ese manejo hizo que Weretilneck se ganara varios enemigos, como su vice gobernador Pedro Pesatti, que terminó rompiendo como antes lo había hecho Arabela Carreras, ex gobernadora.
Gennuso tiene muy mala relación con Weretilneck. Los libertarios lo saben y por eso lo nombraron. Van a venir por la provincia en 2027.
El ex intendente de Bariloche Gustavo Genusso también se distanció de Weretilneck y logró que el gobierno nacional lo designara al frente de la prestigiosa Fundación Intecnus. A los pocos días la Justicia reactivó una causa contra él que estaba dormida.
El ex intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso.
«Gennuso tiene muy mala relación con Weretilneck. Los libertarios lo saben y por eso lo nombraron. Van a venir por la provincia en 2027», dijo a LPO un legislador provincial.
María Emilia Soria, del peronismo, y Aníbal Tortoriello, ahora cercano a LLA, aparecen como los principales contendientes.
Sin pertenencia partidaria marcada y con orientación socialcristiana, Tortoriello perteneció al PRO y luego desembarcó en LLA. Años antes había estado en conversaciones para ser candidato a intendente de Cipolleti por el peronismo, pero terminó ganado con la lista del PRO.
Soria, intendenta de General Roca, también será candidata el año próximo. El apellido tiene peso en la provincia: su hermano Martín se impuso en 2025 en la boleta de senadores, mientras que Tortoriello ganó en diputados.
«Hay otros intendentes, legisladores y concejales de Juntos Somos Río Negro que están esperando una señal de Tortoriello para irse. Hay clima de fin de ciclo», le dijo a LPO un ex funcionario que se alejó del oficialismo.
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