En el marco de la campaña de forestación impulsada por la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina, se comenzó con la distribución de las estacas de sauce llorón y de podos de rosas a juntas vecinales e instituciones de la ciudad.
En la mañana de este jueves, el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros junto al Director del área Hugo Curzel procedieron a la entrega de los mismos en loteo de la Asociación Civil ‘Hogar’, ARA San Juan, El Frutillar, La Unión, Antártida, Tierra del Fuego, Businelli, Nuevo, Melipal, Don Bosco, 86 Viviendas.
En total se distribuyen más de 1000 plantas, entre sauce llorón y rosas.
La Municipalidad de Villa Regina informa que, a partir de la adhesión a la Resolución N° 4639 del Ministerio de Salud de Río Negro, hasta el 2 de julio inclusive tendrán vigencia las siguientes medidas sanitarias destinadas a contener los contagios de COVID-19. *La restricción a la circulación de las personas será entre las 22…
En la mañana de hoy, el Intendente, Marcelo Orazi, visitó la localidad de Cipolletti, para participar de la presentación y jornada de capacitación de herramientas de financiamiento e inversión de la Sepyme. Las mismas, son fundamentales para el acompañamiento y crecimiento de empresas y emprendedores en nuestra provincia. Difunde esta nota
El 1º de abril se celebra en nuestro país el Día Nacional del Donante de Médula Ósea, y también el 16º Aniversario de la creación del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) del INCUCAI. El Registro Nacional de CPH posibilitó que 919 pacientes que no tenían un donante compatible en su grupo familiar accedan…
La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina invita a la presentación de la Filarmónica de Río Negro este sábado 10 de julio a las 19 horas en el cine teatro Círculo Italiano. La Orquesta de la Secretaría de Estado de Cultura de Río Negro contará con la presencia de Clara Parodi como…
El gobierno de Axel Kicillof recurrió a la Corte Suprema reclamando anular un fallo que le ordena a la Provincia a pagar USD 3.895.000 a la Nación por una multa que, a la fecha de su liquidación, representa $ 5.511.425.000.
Es a raíz de un extenso proceso judicial derivado del incumplimiento de un contrato efectuado en agosto de 1999 por el que la Nación le cedía en préstamo por un año a la Provincia dos locomotoras General Motors de trocha media.
Al cumplirse el año, en agosto de 2000, el gobierno de Carlos Ruckauf no solo no abonó el canon mensual sino que tampoco devolvió las locomotoras. Por eso, comenzó a correr una multa de USD 1.000 por día.
En diciembre de 2017, cuando el gobierno de María Eugenia Vidal cerró Ferrobaires, esas locomotoras fueron devueltas a Nación. Pero en el reciente fallo de la Cámara, esa restitución no contó a la hora de aplicar el mecanismo de conversión monetaria.
Mientras, el gobierno de Javier Milei ya presentó la intimación para que la Provincia pague lo adeudado «bajo apercibimiento de ejecución».
La Provincia acusa una «contradicción» manifiesta del tribunal, ya que éste reconoció la restitución de las locomotoras en 2017 pero, simultáneamente, mantuvo un mecanismo de conversión monetaria de la multa bajo el supuesto de que nunca fueron restituídas
Es en ese marco que la Provincia se presentó ante la Corte pidiendo que se deje sin efecto lo que definió como una «escandalosa multa» impuesta en etapa liquidataria, en febrero último.
Los abogados del Estado bonaerense cuestionaron que, en el fallo de Cámara, el criterio de conversión monetaria de la multa se haya fijado sobre la base de que las locomotoras nunca se restituyeron, algo que sucedió en 2017.
En la presentación realizada días atrás a la que tuvo acceso LPO (ver abajo), el planteo de la Provincia habla de una «contradicción» manifiesta del tribunal, ya que éste reconoció la restitución de las locomotoras y fijó el corte temporal de la multa al 27 de diciembre de 2017.
«Pero, simultáneamente, mantuvo un mecanismo de conversión monetaria construido sobre el presupuesto fáctico contrario, o sea, la inexistencia de restitución hasta la fecha de liquidación». Es así que el tipo de cambio tomado no fue el de diciembre de 2017, sino el de febrero de 2026, con el dólar a $1.415.
«Tal escisión entre presupuesto fáctico y consecuencia jurídica configuró una solución arbitraria», acusaron los representantes del Estado bonaerense.
Así, la Provincia le pidió a la Corte que haga lugar a la cautelar solicitada, suspenda la ejecución y los plazos procesales ligados al cumplimiento de la sentencia. Además, solicitó que declaren la nulidad parcial de las resoluciones liquidatorias cuestionadas.
Los abogados del Estado bonaerense plantean que la sentencia «desconoce normas federales como la Ley 25.561, que dispuso la pesificación de obligaciones de contratos administrativos a la relación 1 peso = 1 dólar», por lo que advierten que se incurre «en arbitrariedad de sentencia».
En caso de no hacer lugar, pide la «morigeración judicial de la cláusula penal, por resultar manifiestamente exorbitante, irrazonable y contraria a la buena fe».
Desde la primera demanda en 2004, el proceso judicial por estas dos locomotoras tuvo un extenso derrotero.
En 2021, llegó la sentencia de primera instancia del Juzgado Contencioso Administrativo 11, que hizo lugar al planteo de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF) pero no fijó monto de condena.
En 2022, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso confirmó la sentencia de primera instancia y ordenó una nueva liquidación. En 2023, con la etapa de liquidación, la Provincia planteó la pesificación de las obligaciones pero el juez lo rechazó.
Es ahí donde los abogados del Estado bonaerense plantean que la sentencia «desconoce normas federales como la Ley 25.561, que dispuso la pesificación de obligaciones de contratos administrativos a la relación 1 peso = 1 dólar», por lo que advierten que se incurre «en arbitrariedad de sentencia».
«Se llega a una condena exorbitante que excede incluso el valor real de las locomotoras que fueron entregadas a la provincia originariamente en locación pero luego afectadas al régimen de concesión de Nación a Provincia», advirtieron.
En caso de no hacer lugar la Corte al planteo, la Provincia pide la «morigeración judicial de la cláusula penal, por resultar manifiestamente exorbitante, irrazonable y contraria a la buena fe».
En ese punto, agregaron: «Mientras la deuda principal e intereses reconocidos ascienden a poco más de 3.3 millones de pesos, la cláusula penal mediante el mecanismo cuestionado supera los 5.500 millones de pesos. La magnitud de la diferencia evidencia por sí sola la pérdida absoluta de razonabilidad».
En un informe de marzo pasado, la subsecretaría de Hacienda provincial advirtió que, en virtud de la magnitud de los montos reclamados en esta causa, «no se cuenta con disponibilidad de recursos en la partida presupuestaria específica para afrontar dicho gasto en lo inmediato».
La Municipalidad de Villa Regina informa que se encuentra vigente la ordenanza municipal de limpieza de terrenos baldíos. En este marco, a partir del jueves 25 de noviembre se otorgará un plazo de diez días consecutivos para que sus propietarios procedan a la limpieza de los mismos. En caso de incumplimiento, la Municipalidad realizará la…
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