En el marco de la campaña de forestación impulsada por la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina, se comenzó con la distribución de las estacas de sauce llorón y de podos de rosas a juntas vecinales e instituciones de la ciudad.
En la mañana de este jueves, el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros junto al Director del área Hugo Curzel procedieron a la entrega de los mismos en loteo de la Asociación Civil ‘Hogar’, ARA San Juan, El Frutillar, La Unión, Antártida, Tierra del Fuego, Businelli, Nuevo, Melipal, Don Bosco, 86 Viviendas.
En total se distribuyen más de 1000 plantas, entre sauce llorón y rosas.
El Gobierno porteño adjudicó una licitación para incorporar una plataforma de inteligencia artificial conversacional capaz de hablar con los vecinos mediante voces sintéticas de alta fidelidad. El sistema estará destinado a los canales digitales de la Ciudad y podrá mantener conversaciones, procesar información de los trámites, analizar las interacciones y medir cuántos problemas resuelve sin intervención humana. La contratación abre una discusión que va mucho más allá de la tecnología: qué sucede cuando el Estado empieza a reemplazar la conversación entre personas por máquinas diseñadas para sonar como personas.
Por Roque Pérez para NLI
Hasta ahora, cuando un vecino tenía un problema con el Estado porteño, la relación podía ser incómoda, burocrática, lenta o frustrante, pero existía —al menos en principio— una dimensión humana detrás del mostrador, del teléfono o de la pantalla. Había alguien a quien explicarle una situación, alguien que podía escuchar una excepción, interpretar un problema que no encajaba exactamente en un formulario y, eventualmente, hacerse cargo de una respuesta. Esa relación está empezando a cambiar en la Ciudad de Buenos Aires: el Gobierno porteño acaba de adjudicar una licitación para incorporar una plataforma de inteligencia artificial conversacional y síntesis de voz de alta fidelidad que permitirá atender interacciones mediante agentes capaces de hablar con los ciudadanos utilizando voces artificiales cada vez más parecidas a las humanas.
La contratación fue adjudicada el pasado viernes 7 de agosto de 2026 mediante la Resolución 130/SECITD/26. El expediente corresponde a la Licitación Pública 2051-0661-LPU26 y tiene como destino la Dirección General Canales Digitales, dependiente de la Subsecretaría Ciudad Inteligente de la Secretaría de Innovación y Transformación Digital. El propio objeto de la licitación resulta revelador: “Plataforma de IA Conversacional y Síntesis de Voz de Alta Fidelidad Modalidad SaaS”. No se trata, entonces, de comprar simplemente un sistema que convierta textos en audios, sino de incorporar una infraestructura tecnológica pensada para establecer conversaciones entre los ciudadanos y agentes artificiales.
Incorporar una infraestructura tecnológica pensada para establecer conversaciones entre los ciudadanos y agentes artificiales.
Cuando el Estado empieza a hablar con voz de máquina
La tecnología contratada tiene una característica que modifica radicalmente la experiencia: la inteligencia artificial no se limitará a responder por escrito. La plataforma elegida es ElevenLabs, una herramienta especializada en generación y síntesis de voz, y la contratación contempla además servicios de contingencia y consultoría, soporte y mantenimiento evolutivo del denominado “ecosistema de voz”. El contrato fue adjudicado a Solar Insights S.A. por $3.020.928.204,80, de los cuales $950.366.524,80 corresponden a la suscripción de ElevenLabs, $1.198.050.000 a servicios de contingencia (una bolsa equivalente a 4,2 millones de minutos, cuyo uso dependerá de las necesidades y consumo del sistema) y $872.511.680 a consultoría, soporte y mantenimiento.
La cifra, por supuesto, merece ser observada, pero reducir la historia a cuánto dinero se gastó sería perder lo más importante. La verdadera transformación está en el vínculo que el Estado pretende establecer con quien necesita de sus servicios. La pregunta ya no es solamente cuánto cuesta la herramienta, sino qué clase de administración pública empieza a construirse cuando una máquina puede recibir una queja, reconocer el lenguaje utilizado, contestar con una voz natural y continuar la conversación sin que necesariamente aparezca un trabajador estatal del otro lado.
La propia estructura de la contratación revela esa orientación. La Dirección General Canales Digitales tiene entre sus responsabilidades coordinar las interfaces entre plataformas digitales y canales conversacionales, además de establecer estándares de experiencia conversacional para los bots utilizados por el Gobierno porteño. La nueva plataforma se incorpora, por lo tanto, dentro de una estrategia más amplia de digitalización de la relación entre la administración y sus ciudadanos.
Y hay una palabra particularmente significativa en esta transformación: “conversacional”. Una pantalla que devuelve información es una cosa. Una voz que responde “entiendo su problema”, hace una pausa, formula una pregunta y continúa la conversación es otra completamente distinta. La segunda construye una apariencia de vínculo interpersonal. La máquina no solamente transmite información: simula una presencia humana.
La máquina no solamente transmite información: simula una presencia humana.
Ese detalle tiene consecuencias sociológicas que suelen quedar ocultas detrás de palabras como innovación, eficiencia o modernización. Durante décadas, la burocracia estatal fue criticada por su despersonalización: formularios, números de expediente, ventanillas, sellos y turnos convertían a las personas en números administrativos. La paradoja de la nueva revolución digital es que ahora puede ocurrir algo diferente: el Estado puede despersonalizar todavía más la atención mientras utiliza máquinas diseñadas para parecer personales.
La burocracia del futuro podría no tener una ventanilla fría ni un empleado que responde mecánicamente. Podría tener una voz amable, cálida y perfectamente modulada que haga exactamente lo mismo.
La máquina que escucha, interpreta y mide al ciudadano
El salto tecnológico no está solamente en que la IA pueda hablar. También está en lo que ocurre alrededor de esa conversación. La documentación técnica de la contratación contempla una infraestructura capaz de trabajar con agentes conversacionales, integrar información y evaluar las interacciones. Entre los objetivos aparece la medición de la resolución autónoma de las conversaciones, es decir, cuánto puede resolver el sistema sin intervención de un operador humano.
Esto cambia el criterio con el que se evalúa la atención pública. Durante décadas, la calidad de un servicio podía medirse por la capacidad de una persona para resolver un problema, orientar a un vecino o comprender una situación particular. En el nuevo esquema aparece otra variable: qué porcentaje de ciudadanos puede ser atendido completamente por una máquina.
No es un detalle menor. Significa que la automatización deja de ser solamente una herramienta auxiliar y comienza a convertirse en un objetivo de gestión. Cuanto mayor sea la proporción de conversaciones que el sistema resuelva sin derivarlas a una persona, más eficiente será considerado el mecanismo.
La tecnología también permite trabajar con voz, transcripciones y análisis de las conversaciones, lo que introduce otra dimensión delicada: el ciudadano no solamente habla con el Estado, sino que esa interacción puede convertirse en información susceptible de ser procesada algorítmicamente. La Agencia de Acceso a la Información Pública viene advirtiendo precisamente sobre la necesidad de incorporar transparencia y protección de datos personales durante todo el ciclo de vida de los sistemas de IA. Su guía para entidades públicas y privadas señala que la transparencia y la protección de datos son dimensiones centrales de una IA responsable.
El ciudadano no solamente habla con el Estado, sino que esa interacción puede convertirse en información susceptible de ser procesada algorítmicamente
La propia AAIP creó en 2023 un programa específico sobre transparencia y protección de datos personales en el uso de inteligencia artificial, con el objetivo de fortalecer las capacidades estatales frente a los riesgos asociados a estos sistemas. El organismo remarcó que la privacidad y la protección de los datos deben ser consideradas desde la recopilación hasta la utilización, almacenamiento y supresión de la información.
Por eso, en este nuevo escenario aparece una pregunta inevitable: ¿qué sabe exactamente la máquina de la persona con la que está hablando? Y otra todavía más importante: ¿qué sabe esa persona acerca de la máquina con la que está hablando?
¿El vecino sabrá que del otro lado no hay una persona?
Aquí aparece uno de los puntos más sensibles de la contratación.
En la documentación pública que pudimos revisar no encontramos una cláusula expresa que establezca que el ciudadano deba ser informado, al comenzar la conversación, de que está interactuando con una inteligencia artificial. Tampoco la resolución de adjudicación establece una obligación semejante. Esto no permite afirmar que la Ciudad vaya necesariamente a ocultarlo: puede existir una instrucción posterior de implementación, una política de privacidad o una advertencia incorporada al sistema que no forme parte de la resolución publicada. Pero, al menos en los documentos analizados, no aparece de manera explícita esa obligación de identificación frente al ciudadano.
Y la cuestión no es trivial. Cuanto más natural resulte una voz artificial, más importante se vuelve saber quién está hablando.
Una voz humana transmite mucho más que palabras: genera confianza, autoridad, cercanía y, en determinadas circunstancias, empatía. Si un ciudadano escucha una voz perfectamente natural diciéndole que su reclamo fue recibido, puede interpretar que detrás existe una persona que comprendió su situación. Pero una voz humana no significa que exista una persona. La diferencia entre ambas cosas puede volverse prácticamente invisible.
La Argentina, de hecho, ya reconoce institucionalmente que el uso de inteligencia artificial exige reglas de transparencia. La AAIP sostiene que el Estado debe garantizar que los sistemas sean comprensibles y responsables, y sus recomendaciones para el uso de IA señalan que los proyectos públicos deben contemplar la transparencia, la protección de los datos y los riesgos de los procesos automatizados.
El problema, entonces, no es estar a favor o en contra de la inteligencia artificial. El problema es quién controla la relación entre la máquina y el ciudadano y cuánto sabe el ciudadano acerca de esa relación. Porque una cosa es que el Estado diga: “Esta es nuestra inteligencia artificial; puede ayudarte a resolver este trámite y, si no puede hacerlo, te comunicará con una persona”. Y otra muy diferente es construir una experiencia en la que el usuario tenga la impresión de estar conversando con un empleado cuando en realidad está hablando con un sistema automatizado. La primera situación puede ser una herramienta tecnológica. La segunda plantea un problema de transparencia y autonomía.
La eficiencia como nueva forma de deshumanización
Hay una cuestión todavía más profunda. La incorporación de IA suele justificarse mediante una palabra que parece indiscutible: eficiencia. Una máquina puede atender miles de consultas simultáneamente, no se enferma, no tiene horarios, puede responder de manera uniforme y no necesita multiplicar la cantidad de trabajadores a medida que crece la demanda.
Todo eso puede ser cierto. Pero la eficiencia no es el único valor que debería organizar una administración pública.
Un Estado no existe solamente para procesar trámites. Existe para relacionarse con personas que, muchas veces, llegan a él precisamente porque tienen un problema. El ciudadano que reclama porque perdió un turno, porque no puede acceder a un beneficio, porque necesita resolver una infracción, porque tiene dificultades con un trámite o porque no comprende una decisión administrativa no siempre necesita únicamente una respuesta correcta. A veces necesita que alguien pueda comprender que su situación es excepcional.
La máquina trabaja extraordinariamente bien con aquello que puede ser convertido en datos. El problema comienza cuando la vida real no entra en el formulario.
La promesa de la IA es que esos límites podrán reducirse. Y probablemente sea así. Pero mientras más decisiones y respuestas se automaticen, mayor será la necesidad de preservar mecanismos de atención humana para los casos que no encajen en las categorías previstas por el algoritmo.
El riesgo no es que una computadora sea fría. El riesgo es más profundo: que el Estado termine considerando que una conversación está resuelta cuando el sistema logró cerrar el ticket, aunque la persona siga teniendo el problema.
La Ciudad acaba de dar un paso importante en esa dirección. La resolución del 7 de agosto formalizó la adjudicación de una herramienta que puede convertirse en una nueva puerta de entrada a la administración porteña. La licitación recibió cuatro ofertas y finalmente fue adjudicada a Solar Insights S.A., presidida por Matías Bedacarratz; las otras tres fueron desestimadas por no cumplir con las condiciones del pliego.
No estamos, entonces, ante una fantasía futurista. La transformación ya tiene expediente, licitación, empresa adjudicataria, presupuesto y una tecnología concreta. Lo que todavía está abierto es la discusión democrática sobre qué límites deberá tener esa transformación. Porque una ciudad inteligente no debería ser solamente aquella que responde más rápido. También debería ser aquella que sabe cuándo una persona necesita hablar con otra persona.
Y quizás esa sea la pregunta más importante que deja esta contratación: si el Estado puede construir una máquina capaz de sonar como nosotros, ¿quién se asegurará de que detrás de esa voz siga existiendo un Estado capaz de escucharnos como seres humanos?
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Como correlato del encuentro de este jueves en Casa Rosada, el PRO y La Libertad Avanza (LLA) preparan una mesa política provincial para comenzar a discutir la estrategia electoral a 2027 en la que también aparece la UCR en los planes.
Fuentes al tanto de la negociación señalaron a LPO que Karina Milei se muestra permeable a un acuerdo con los radicales, a los fines de no repetir el escenario de 2025, donde el juego de la UCR bajo el sello de Somos dividió el voto antiperonista y habilitó el triunfo de Fuerza Patria en secciones clave del interior bonaerense.
Dentro del gobierno libertario calculan que un acuerdo amplio implicaría que LLA llegue a las elecciones con cerca de 50 municipios aliados, número ambicioso para el que no solo suman a intendentes PRO y UCR, también a vecinalismos dentro de los que incluyen a San Miguel y , también, a Tigre.
Karina Milei se muestra permeable a un acuerdo con los radicales, a los fines de no repetir el escenario de 2025, donde el juego de la UCR bajo el sello de Somos dividió el voto antiperonista y habilitó el triunfo de Fuerza Patria en secciones clave del interior bonaerense.
En 2025, con un comité de contingencia que no apaciguó las diferencias en términos de esquemas de alianzas, la estructura radical conformó Somos con lilitos e, incluso, con dirigentes PRO que no cerraron bajo las condiciones de Karina.
Ahora, la UCR bonaerense tiene una nueva conducción ungida en unidad pero que ya expuso grietas en la convención provincial del último sábado, cuando el sector referenciado con el ex intendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, pegó el portazo en medio de la disputa por el control de la Junta Electoral partidaria y armó el espacio «Construir».
«Usaron la convención para hacer un posicionamiento, todo muy premeditado», señalaron fuentes cercanas a la conducción partidaria a cargo de Emiliano Balbín, alineado al senador Maximiliano Abad.
Desde ese sector, salieron al cruce de Fernández posteando fotos del ex candidato a vice de Grindetti junto a Gabriel Katopodis. «En el sector de Miguel siempre hay señales de entendimiento con Axel», dijo un encumbrado dirigente radical a LPO.
En esa línea, fuentes del Comité Provincia de la UCR aseguran: «No nos vemos en una alianza con el peronismo, nos vemos en un frente de cambio con todo lo que no sea peronismo». Es ahí donde se muestra receptivos a mantener conversaciones con los libertarios para explorar un acuerdo electoral a 2027.
Por lo pronto, no dudan en definir como «un error» el frente Somos en 2025. «Era mejor ir solos. Hay radicales que no nos votaron porque no sabían que estábamos ahí», agregan a la vez que sostienen que el objetivo a corto plazo es «tener un candidato radical en cada municipio» para, desde esa base, negociar arriba.
Como sea, lo concreto es que el sector de Fernández, que ya evidenció su rechazo a acordar con los libertarios en 2025, es integrado por alrededor de una docena de intendentes.
En medio de eso, en el PRO, el jorgemacrismo impulsa la incorporación de los radicales a un frente opositor amplio que compita contra el peronismo en la provincia pero que también le dé músculo a los intendentes amarillos para plantarse en la negociación frente a Karina.
«Hay que trabajar en el acuerdo para que en los municipios donde gobierna el PRO sean respetados y acompañados. Si no hay una instrucción ordenadora de arriba se complica, eso es un tema de negociación», dijo a LPO un intendente PRO
Es que, por lo pronto, el diálogo no arrancó y hasta los propios intendentes del PRO ven las negociaciones en estado embrionario y, antes de sentarse a discutir, lo primero que exigen es que los libertarios no desafíen sus liderazgos territoriales.
«Hay que trabajar en el acuerdo para que en los municipios donde gobierna el PRO sean respetados y acompañados. Si no hay una instrucción ordenadora de arriba se complica, eso es un tema de negociación», dijo a LPO un intendente PRO que detalló que, desde la semana próxima, comienzan las reuniones seccionales del partido para trabajar en el armado.
«Mínimamente, van a tener que respetar los distritos gobernados por el PRO», dijo otro jefe comunal consultado, que reclama a los libertarios «un compromiso que se cumpla». La referencia no es sólo en términos electorales, también en lo relativo al acompañamiento de la gestión, donde varios intendentes amarillos acusan a los libertarios de pararse como opositores en el Concejo.
“Las declaraciones de Gallardo están en línea con lo que queremos hacer nosotros. Estamos definiendo los protocolos necesarios para que vuelvan los entrenamientos” dijo el funcionario en Radio La Red (AM 910). Durante la semana, en declaraciones radiales, el entrenador ‘millonario’ había manifestado la urgente necesidad de reactivar el regreso de los jugadores a las…
«Los trabajadores de #Salud somos muchos, ahora somos uno», bajo este lema se convoca a la protesta nacional simultanea y autoconvocada que se llevará a cabo #hoy sábado a las 17 hs en el marco de la pandemia de #Covid_19. En #VillaRegina partirán en auto desde el Hospital Publico de Villa Regina pasarán por la…
Rolando Figueroa abrió una pelea inesperada en Vaca Muerta. El gobernador de Neuquén acusó a una multinacional de encarecer el transporte del gas argentino hacia Chile para proteger su propio negocio de GNL en el país vecino. Aunque evitó nombrarla, el señalamiento apunta a Naturgy, el grupo que controla Gasoducto del Pacífico, la conexión que une Neuquén con la región chilena del Biobío.
«Tenemos ductos de gas a Chile que están subutilizados. Eso pasa porque quien es dueño del transporte, en el caso del gasoducto que está en la provincia de Neuquén, es la misma empresa que le vende GNL a Chile, con lo cual eleva el costo del transporte para que el GNL lo puedan colocar al vecino país», dijo Figueroa en el Council of the Américas.
La acusación subió de voltaje cuando el neuquino puso números sobre la mesa. «La semana que viene vamos a Chile, específicamente al Biobío. Están pagando el gas 15 dólares y lo pueden obtener a 6 con costo de transporte incluido», sostuvo.
Figueroa no dio el nombre de la compañía, pero la descripción conduce a Naturgy. El grupo tiene el 56,7% indirecto de Gasoducto del Pacífico Argentina. Del lado argentino el caño tiene 299 kilómetros y una planta compresora de 15.400 HP. En 2025 transportó 1.747 millones de metros cúbicos hacia el mercado argentino y apenas 260 millones hacia Chile.
La propia memoria de Naturgy reconoce que el ducto quedó adaptado para operar en forma bidireccional después de la crisis del gas argentino. La estructura societaria ayuda a entender el planteo del gobernador, aunque es más compleja que una empresa vendiéndose gas a sí misma.
Naturgy Chile participa del transporte a través de Gasoducto del Pacífico y también tiene negocios de distribución y comercialización del otro lado de la cordillera. Controla Metrogas y Gas Sur y participa en Innergy, que abastece a industrias, distribuidoras y generadoras del Biobío. A través de Aprovisionadora Global de Energía (AGESA), además, importa gas de distintos orígenes, principalmente GNL que llega desde Trinidad y Tobago y Estados Unidos a la terminal de Quintero, y también gas argentino. Es decir, el grupo tiene intereses a ambos lados de la tranquera: transporte por caño y comercialización de gas importado.
Tenemos ductos de gas a Chile que están subutilizados. Eso pasa porque quien es dueño del transporte, en el caso del gasoducto que está en la provincia de Neuquén, es la misma empresa que le vende GNL a Chile, con lo cual eleva el costo del transporte para que el GNL lo puedan colocar al vecino país.
Hay una precisión importante. AGESA no es GasAndes. Son sociedades diferentes dentro del universo de negocios gasíferos de Naturgy Chile. Y el ducto al que apunta Figueroa por su recorrido entre Neuquén y Biobío es Gasoducto del Pacífico. GasAndes constituye otra de las conexiones que permiten exportar gas argentino a Chile. Desde la cuenca neuquina existen ambas vías para cruzar la cordillera.
Desde la compañía pusieron la pelota del otro lado de la cancha. Fuentes de Gasoducto del Pacífico explicaron a LPO que la capacidad de caño esta disponible para la productora que lo solicite. «Tengo un restaurant con diez mesas, pero ocupadas solo ocho. Bienvenidos los que se quieran sentar en las dos que tengo disponibles», ejemplificó.
Para Neuquén no es una discusión menor: cada millón de metros cúbicos que queda atrapado por falta de mercado es producción, regalías y dólares que no entran.
La discusión ya había aparecido con Brasil. Como reveló LPO, el CEO de TGN, Daniel Ridelener, cuestionó los peajes que se pretendían cobrar para llevar la molécula de Vaca Muerta hasta el corazón industrial de San Pablo.
«De nuestro lado lo que tenemos que lograr es llegar con un precio lo más competitivo posible, contra el precio doméstico y contra el precio internacional. Bolivia tiene una infraestructura y puede jugar con el precio todo lo que necesite. El arranque no fue bueno. Querer cobrar USD 1,9 dólares por millón de BTU para gas interrumpible no es bueno. Pero también está pasando algo parecido con actores locales, con lo cual hay que hacer una alineación de todos los actores de una larga cadena para que seamos competitivos en la exportación», dijo Reidelener.
La lógica es la misma: Vaca Muerta puede tener uno de los gases más competitivos de la región en boca de pozo y perder esa ventaja a medida que atraviesa sucesivos peajes hasta llegar al consumidor.
La ofensiva neuquina sobre Chile abre además una posibilidad mucho más ambiciosa. El gas podría cruzar la cordillera como molécula, aprovechar infraestructura chilena y eventualmente encontrar una salida al Pacífico. Es una alternativa que distintas compañías vienen mirando porque permitiría aprovechar activos existentes y reducir las enormes necesidades de capital que supone desarrollar desde cero una industria exportadora de GNL en la costa argentina.
Ahí aparece la segunda pelea que atraviesa a Vaca Muerta: caño o barco. Total Energies viene defendiendo la alternativa de exportar por gasoductos hacia los países vecinos y puso el foco especialmente en Brasil. CGC, la petrolera de la familia Eurnekian, estudia una salida hacia Chile utilizando el Gasoducto Trasandino. La idea es monetizar más rápido el gas disponible utilizando conexiones regionales antes que esperar megaproyectos que requieren decenas de miles de millones de dólares.
Del otro lado está Southern Energy LNG, que eligió el camino de la licuefacción. La compañía está integrada por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG y proyecta exportar desde Río Negro mediante buques de licuefacción. Apunta a una capacidad cercana a 6 millones de toneladas anuales en dos etapas. El proyecto busca sacar el gas argentino del tablero regional y colocarlo directamente en el mercado mundial.
La tensión quedó expuesta este jueves en el propio Council of the Americas. En el mismo panel en el que habló Figueroa participaron Hugo Eurnekian, presidente de CGC, y Rodolfo Freyre, CEO de Southern Energy LNG. No representaban solamente dos empresas. Encarnaban las dos rutas que hoy compiten por el gas incremental de Vaca Muerta: utilizar los caños existentes para vender molécula a los vecinos o invertir miles de millones para enfriarla, convertirla en GNL y subirla a un barco.
El problema argentino es que Vaca Muerta puede producir mucho más gas del que consume el país durante buena parte del año, pero necesita mercados e infraestructura para evacuarlo. La discusión dejó de ser solamente cuánto gas hay debajo de la tierra. Ahora es quién controla la puerta de salida, cuánto cobra por abrirla y hacia dónde conviene hacer correr la molécula. Por eso la acusación de Figueroa contra Naturgy toca un nervio sensible.
Desde la oposición apuntan que el planteo de Figueroa expone además una contradicción del nuevo esquema energético. «Apenas asumió Milei, el Gobierno habilitó una recomposición del 675% en las tarifas por el transporte de gas, a la que luego se sumaron nuevas actualizaciones. Pero cuando el mismo gas tiene que cruzar la frontera, la lógica se invierte: el transporte aparece como un costo que hay que bajar para que Vaca Muerta pueda competir. Tarifas altas hacia adentro y peajes baratos hacia afuera. El modelo exportador convierte así en negociable para venderle gas a Chile un costo que para el mercado interno fue presentado como inevitable», comentó a LPO un referente del peronismo.
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