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Cambio de horario en el servicio de recolección de residuos

La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina informa que el camión que realiza la recolección de residuos domiciliarios los días martes, jueves y domingos por los barrios Albino Cánova, Piana, Puerto Argentino, Mitre, Los Ángeles, Malvinas y Belgrano comenzará su recorrido a las 23 horas.

Mientras tanto, el recorrido que se realiza los lunes, miércoles y viernes en Los Fresnos, Businelli, Antártida, 25 de Mayo, Belgrano, Provincial y Matadero también se iniciará a las 23.

El cambio en el horario se mantendrá hasta nuevo aviso.

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    GRAVE: El Gobierno vacía al INTI y entrega el control de las mediciones al negocio privado

     

    Con la Resolución 213/2025, el Estado se retira de una de sus funciones más sensibles: controlar balanzas, surtidores, medidores y radares. Bajo el discurso de la “desburocratización”, Milei profundiza un modelo donde el mercado se audita a sí mismo.

    Por Tomás Palazzo para NLI

    El Consejo Directivo del INTI oficializó, a días de terminar el año, una decisión que marca un antes y un después en la política de control estatal: el organismo deja de prestar los servicios de metrología legal y certificación obligatoria en buena parte de los instrumentos que se usan todos los días en el comercio, la industria y el control público.

    No se trata de un cambio técnico ni administrativo. Es un retiro deliberado del Estado de una función estratégica: garantizar que lo que se mide, se cobra, se multa o se factura sea correcto. Balanzas, surtidores de nafta, medidores de agua y electricidad, etilómetros, taxímetros y radares de velocidad ya no serán controlados directamente por un organismo público, sino por laboratorios y certificadoras privadas.

    Un Estado que deja de controlar

    La Resolución 213/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial dispone que el INTI abandona la aprobación de modelos, las verificaciones primitivas y los controles periódicos de instrumentos clave para la vida cotidiana. Estas tareas quedan en manos de entidades privadas acreditadas por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA), en un esquema donde el propio mercado pasa a auditarse.

    El cronograma es progresivo, pero el sentido es claro: desde enero de 2026 el INTI empieza a correrse, primero en el AMBA y luego en el resto del país. Lo que durante décadas fue una función pública indelegable se transforma en un servicio tercerizado, pago y orientado por la lógica comercial.

    La privatización que no se nombra

    El texto habla de “simplificación”, “eliminación de trabas” y “reducción de costos”. Pero lo que no dice es que se vacía una capacidad estatal construida durante décadas. El INTI no era un actor más: era el garante público de que las reglas se cumplieran sin conflictos de interés.

    Ahora, el mismo actor que fabrica, importa o comercializa un instrumento elige y paga al organismo que lo certifica. El riesgo es evidente: menos control independiente, más margen para el fraude, menos protección para consumidores y usuarios.

    Este esquema no es nuevo. Es el mismo libreto que se aplicó en otras áreas del Estado bajo la consigna de achicar, delegar y confiar en el “autocontrol” del mercado. El resultado, históricamente, siempre fue el mismo: beneficios privados, costos socializados.

    Milei y el Estado mínimo en acción

    La Resolución del INTI no es un hecho aislado. Se inscribe en una política más amplia del Gobierno de Milei: retirar al Estado de las funciones de regulación y control, incluso en áreas donde está en juego el bolsillo de la gente, la seguridad vial y la salud pública.

    Mientras se habla de eficiencia, el Estado renuncia a saber, medir y verificar. El INTI queda reducido a un rol casi académico, enfocado en metrología científica e industrial, pero sin capacidad real de control masivo. La soberanía técnica se diluye y el interés público queda subordinado a la rentabilidad privada.

    En nombre de la “libertad”, el Gobierno habilita un sistema donde el control deja de ser una política pública y pasa a ser un negocio. Y cuando el Estado deja de controlar, nunca es el mercado el que pierde: pierde la sociedad.

     

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  • Detectaron desvíos de más de 40 millones de dólares a sociedades fantasmas desde una cuenta vinculada a la AFA

     

     A fines de 2021, un año antes de que la Selección Argentina de Fútbol se coronase campeón mundial en Qatar, la AFA designó a la empresa TourProdEnter LLC como agente comercial de la Asociación del Fútbol Argentino.

    La empresa está registrada a nombre del productor de espectáculos Javier Faroni y su esposa Erica Gillette y su principal función es el cobro de los ingresos para AFA en el exterior. Todos los réditos económicos que genera la Selección Argentina a través de los sponsors, derechos de televisación y partidos amistosos eran administrados por Faroni y Gillette, un negocio monumental que según el diario La Nación en cuatro años llegó a cosechar más de 260 millones de dólares.

    La pareja y el titular de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, quedaron bajo la lupa sospechados de participar de un engranaje financiero que reportan al presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia y a su mano derecha Pablo Toviggino.

    En la investigación que firmaron los periodistas Nicolás Pizzi, Ignacio Grimaldi y Hugo Alconada Mon detectaron que Faroni a través de TourProdEnter LLC repartió fondos en cuatro bancos: más de USD146 millones en el Bank of America, otros USD72,4 millones en el Synovus, USD41 millones en el Citibank y el remanente en el JP Morgan, enumeran según surge del análisis de registros bancarios que cita La Nación que fueron remitidos por la justicia de Estados Unidos.

     Una investigación de La Nación detectaron que Faroni a través de TourProdEnter LLC repartió fondos en cuatro bancos: más de USD146 millones en el Bank of America, otros USD72,4 millones en el Synovus, USD41 millones en el Citibank y el remanente en el JP Morgan, enumeran según surge del análisis de registros bancarios que fueron remitidos por la justicia de Estados Unidos. 

    De esa ganancia millonaria, advirtieron que al menos 42 millones de dólares se desviaron a cuatro sociedades constituidas en el estado de Florida que no tienen empleados, ni actividad comercial declarada.

    Tapia y Toviggino

    Como titulares de esas empresas fantasmas figuran el nombre de argentinos que trabajan como empleados en relación de dependencia en Bariloche, son beneficiarios de viviendas sociales, afrontaron ejecuciones comerciales y fiscales y, en un caso, fue declarada en quiebra con presunción de fraude, según reconstruyó LA NACION.

    Además, hay otros USD109,9 millones de la AFA que se remitieron a un agente de valores con sede en Uruguay que recurrió a un vehículo regulado en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) para custodiar los fondos, en tanto que decenas de millones de dólares se destinaron a gastos de lujo alrededor del mundo: aviones privados, equitación, yates, peluquería, autos, residencias veraniegas y entradas de teatro VIP, entre otros consumos y actividades suntuarias.

    La investigación del diario La Nación admitió que en la documentación confidencial que analizaron no aparecen los nombres de «Chiqui» Tapia ni de Pablo Toviggino pero si por ejemplo el nombre de la esposa de Toviggino como receptora de fondos y una sociedad anónima en la que su hermano, Darío Toviggino, aparece como accionista. Además, muchos gastos fueron coincidentes con actividades oficiales de las autoridades de la AFA.

     Las sociedades a las que se le transfirieron fondos desde TourProdEnter LLC que no reportan movimientos ni empleados a cargo son Soagu Services LLC, que recibió USD10,8 millones; Marmasch LLC, con giros por USD13,4 millones; Velp LLC, con USD3 millones; y Velpasalt LLC, con USD14,7 millones 

    Según reconstruyó La Nación, las sociedades a las que se le transfirieron fondos desde TourProdEnter LLC que no reportan movimientos ni empleados a cargo son Soagu Services LLC, que recibió USD10,8 millones; Marmasch LLC, con giros por USD13,4 millones; Velp LLC, con USD3 millones; y Velpasalt LLC, con USD14,7 millones.

    Los titulares que figuran en los registros de esas sociedades tienen domicilios en Bariloche y son empleados, beneficiarios de planes sociales y en uno de los casos con una causa por fraude.

    Es el caso de la sociedad Velp LLC cuyo responsable es Verónica Inés López, una argentina de 52 años pareja de Roberto Salice que aparece como responsable de Velpasalt LLC. Salice fue declarado en quiebra en 2019 y con una causa por presunción de fraude.

    Los periodistas de La Nación hablaron con Salice quien negó tener algún contacto con TourProdEnter LLC aunque conocía el nombre de la sociedad Velpasalt LLC radicada en Estados Unidos. Según Salice estuvo anotado como manager pero la firma ya no existía.

    Según la investigación, Velpasalt LLC sigue activa y la que se cerró fue Velp LLC en la que aparece el nombre de su esposa, Verónica Inés López, que se disolvió el 22 de septiembre de 2023, según los registros. Sin embargo, siete días después de disuelta, recibió una transferencia desde el banco Synovus por 341.000 dólares, concluyó La Nación.

     

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