La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina informa que el camión que realiza la recolección de residuos domiciliarios los días martes, jueves y domingos por los barrios Albino Cánova, Piana, Puerto Argentino, Mitre, Los Ángeles, Malvinas y Belgrano comenzará su recorrido a las 23 horas.
Mientras tanto, el recorrido que se realiza los lunes, miércoles y viernes en Los Fresnos, Businelli, Antártida, 25 de Mayo, Belgrano, Provincial y Matadero también se iniciará a las 23.
El cambio en el horario se mantendrá hasta nuevo aviso.
Si de algo sirve un hecho movilizador es saber que a partir de ahí la identificación de los comunes es el resultado más esperanzador de una civilización. Platicar, debatir y decidir de espalda a los comunes es un acto muy lejano a la democracia. Peor aún, si quienes están ahí fueron definidos en su representación…
El laboratorio Richmond informó que concluyó la producción de sus primeras 448.625 dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, a través de su cuenta de la red social Twitter. El laboratorio Richmond informó que concluyó la producción de sus primeras 448.625 dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, a través de…
El copresidente de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana (Eurolat), Jorge Pizarro, dijo este lunes ante la delegación europea de este organismo que América Latina «no será la misma» después de la pandemia de coronavirus, que dejó al continente en una «delicada» situación, y alertó sobre el riesgo de que resurjan «nacionalismos y voces que busquen cerrar…
El DNU 941/2025 no moderniza la inteligencia argentina: la redefine en clave autoritaria. Bajo un lenguaje técnico y eufemístico, el decreto amplía facultades, diluye controles y habilita un esquema de vigilancia política interna incompatible con el Estado de Derecho. No es una hipótesis alarmista: está escrito, negro sobre blanco.
Por Tomás Palazzo para NLI
El gobierno de Milei volvió a recurrir al atajo institucional del Decreto de Necesidad y Urgencia para reformular de manera integral el sistema de inteligencia nacional. Lo hizo sin debate parlamentario, sin consensos mínimos y sin explicaciones públicas serias. El resultado es un texto extenso, ambiguo y peligrosamente abierto a interpretaciones expansivas, que concentra poder en la SIDE, debilita los controles democráticos y habilita prácticas históricamente asociadas al espionaje interno y al disciplinamiento político.
No se trata de una discusión técnica. Se trata de qué tipo de Estado se está construyendo y contra quiénes se orientan sus herramientas más opacas.
De la inteligencia estratégica al control político interno
El DNU 941/2025 redefine los objetivos de la SIDE ampliando de manera sustancial el concepto de “seguridad estratégica”. Bajo esa categoría difusa se incorporan amenazas que ya no se limitan a riesgos externos, sino que incluyen fenómenos internos vinculados a la “influencia”, la “injerencia”, la “desestabilización” o la “afectación del orden institucional”.
El problema no es semántico: es político. En la historia argentina, cada vez que el Estado amplió de forma ambigua estas nociones, el resultado fue el mismo: espionaje sobre partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales, periodistas y referentes opositores. El decreto no prohíbe de manera explícita esas prácticas; por el contrario, las deja implícitamente habilitadas.
La supuesta prohibición del espionaje interno queda vaciada de contenido cuando el propio texto permite acciones “encubiertas” y de “obtención de información” frente a amenazas que no están claramente definidas ni tipificadas. En otras palabras, la SIDE pasa a tener margen para decidir por sí misma qué constituye una amenaza interna, sin control previo efectivo.
Ambigüedad deliberada y concentración de poder
Uno de los rasgos más preocupantes del DNU es su redacción. Conceptos como “operaciones encubiertas”, “acciones preventivas”, “seguridad estratégica” o “riesgos híbridos” aparecen reiteradamente sin definiciones precisas. Esta ambigüedad no es un error técnico: es una decisión política.
El decreto refuerza la autonomía operativa de la SIDE, reduce instancias de supervisión externa y consolida un esquema de concentración de poder en el Ejecutivo, con una cadena de mando corta y opaca. El Congreso queda relegado a un rol casi decorativo, sin herramientas reales para auditar en tiempo real las actividades de inteligencia.
Además, se amplían las capacidades del personal de inteligencia, incluyendo facultades operativas que rozan funciones de seguridad interior. Aunque no se lo diga de forma explícita, el texto habilita una zona gris donde inteligencia y coerción comienzan a superponerse, un terreno históricamente fértil para abusos.
Las comunidades CIFN y CITN: redes de captura masiva de información
El decreto formaliza y potencia el rol de las llamadas comunidades CIFN (Comunidad de Inteligencia Federal Nacional) y CITN (Comunidad de Inteligencia Territorial Nacional), estructuras destinadas a articular información entre distintos organismos del Estado y actores privados. En los hechos, se trata de redes de intercambio de datos a gran escala, con escasos límites normativos y controles difusos.
Este esquema plantea un riesgo evidente para la privacidad y las garantías constitucionales. La circulación de información sensible sin reglas claras de protección, almacenamiento y uso abre la puerta a bases de datos políticas, sociales y sindicales, algo expresamente prohibido por la legislación vigente y por estándares internacionales en derechos humanos.
La experiencia histórica demuestra que cuando estos sistemas se expanden sin control, terminan siendo utilizados para el seguimiento de opositores y la anticipación de conflictos sociales, no para la defensa nacional.
Elusión del Congreso y degradación democrática
Que una reforma de esta magnitud se haya hecho por DNU no es un detalle menor. El sistema de inteligencia es, por definición, uno de los ámbitos que más control democrático requiere. Milei eligió exactamente lo contrario: evitar el debate parlamentario y avanzar por decreto.
Esta forma de legislar no solo vulnera el espíritu de la Constitución, sino que consolida una lógica de Estado de excepción permanente, donde el Ejecutivo se arroga facultades extraordinarias sin justificación real de necesidad y urgencia.
La inteligencia, en este esquema, deja de ser una herramienta al servicio de la soberanía nacional para convertirse en un instrumento de gobierno, orientado a garantizar gobernabilidad mediante la vigilancia y la disuasión.
Herencias oscuras y un futuro inquietante
Argentina conoce bien este camino. La SIDE de la democracia tutelada, la AFI del espionaje político, los archivos ilegales, las escuchas, las carpetas y los servicios como factor de poder autónomo. Nada de eso empezó con declaraciones explícitas: empezó siempre con decretos ambiguos y promesas de modernización.
El DNU 941/2025 no crea un monstruo nuevo: reactualiza viejas prácticas, ahora bajo el ropaje del liberalismo autoritario y la retórica de la seguridad.
La pregunta no es si estas herramientas pueden usarse mal. La pregunta es cuándo y contra quiénes. La historia argentina ofrece una respuesta incómoda pero clara.
El gobierno de Axel Kicillof inició la licitación de las obras de ensanche y profundización del cauce del río Salado. Se trata de las etapas 1 y 2 del tramo V del Plan Maestro Integral, que todavía no se habían intervenido.
Esas etapas atraviesan distritos del noroeste de la provincia, puntualmente Alberti, Bragado y Chacabuco, y permitirá recuperar unas 400 mil hectáreas productivas.
Las obras suponen una inversión de unos USD 138 millones y recibirán financiamiento mixto, a través de un préstamo internacional del Banco Europeo de Inversión (BEI) por USD 110 millones, y del Tesoro Provincial. El viernes se realizó el llamado a licitación y la fecha de apertura de sobres se efectuará el 26 de febrero.
Los trabajos en las etapas 1 y 2 se extienden desde Bragado hasta aguas debajo de la laguna Rocha, sobre una longitud total de 60 kilómetros.
Además de la obra sobre el río, incluye la intervención en infraestructura complementaria, como la reconstrucción de siete puentes (cinco viales y dos de ferrocarril).
El Tramo V es el segmento final con el que se completará el Plan Maestro, y que se extiende sobre 95 kilómetros desde el distrito de Lezama, sobre la Autovía 2, hasta Junín, en el noroeste de la provincia.
El Plan Maestro de la cuenca del Salado es la obra de movimiento de suelo más importante del país y una vez finalizada permitirá mitigar los efectos de las sequías e inundaciones en una superficie que abarca 170.000 kilómetros cuadrados y posee 17 millones de hectáreas (que equivalen a toda la provincia de Córdoba).
Las obras consisten en la adecuación, ensanche y profundización del cauce del río, a través de tareas de dragado y relleno que permitirán el escurrimiento encauzado ante crecidas, teniendo en cuenta los caudales máximos estimados.
Con ese fin, se amplía la sección primaria del río y se ejecutan nuevas secciones a cada lado, llamadas recintos, que son rellenadas con el material recuperado mediante el dragado para absorber las crecidas. Esto, a su vez, posibilitará que las áreas alrededor del Salado, que suelen quedar anegadas, puedan ser utilizadas para la producción.
En el marco de este Plan, ya se finalizó el estudio para la elaboración de un proyecto licitatorio de obras de infraestructura en el «Nodo de Bragado», que permitirá manejar de forma más eficiente las excedencias hídricas y la protección del territorio de este municipio. El proyecto contempla intervenciones en la Laguna del Parque y arroyo Saladillo; y el canal vinculación y defensa Bragado.
El Nodo Bragado permite el drenaje y tránsito de los excedentes hídricos de 2,8 millones de hectáreas y se ubica en una zona crítica de la Región Hídrica Área Pampeana Central, que involucra a los partidos de 9 de Julio, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Daireaux, Florentino Ameghino, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Irigoyen, Junín, Lincoln, Pehuajó, Trenque Lauquen, en el noroeste de la Provincia.
Javier Rodríguez y Gabriel Katopodis.
El Plan Maestro Integral de la Cuenca del río Salado surgió en 1997 como una forma de dar respuesta a las inundaciones en la provincia. Para planificar los trabajos, el curso del río fue dividido en cinco tramos: el I, II y III están finalizados; el IV se encuentra finalizado en sus etapas 1, 3 y 4 y paralizado en la etapa 2 por parte del actual Gobierno Nacional.
La paralización de las obras de la etapa 2 preocupa en el gobierno de Kicillof. Se trata de una extensión de 33 kilómetros que atraviesan los municipios Roque Pérez y Lobos.
Esta obra permite mitigar los efectos de las inundaciones, amplía la frontera agropecuaria de toda la cuenca y mejora la calidad de vida de más de 1,5 millones de bonaerenses.
«Logramos el financiamiento internacional del Tramo V a pesar de que el Gobierno Nacional paralizó el Tramo IV, una decisión que complicó y retrasó esta etapa clave», dijo el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis. «Esta obra permite mitigar los efectos de las inundaciones, amplía la frontera agropecuaria de toda la cuenca y mejora la calidad de vida de más de 1,5 millones de bonaerenses», agregó.
El financiamiento y la ejecución de ese tramo está a cargo del Gobierno Nacional, a excepción de la etapa 1B (que fue ejecutada y finalizada por la PBA a partir de un préstamo del Banco Mundial)
El Gobierno Nacional financia estas obras a través del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, conformado por un porcentaje de la recaudación del Impuesto a los Combustibles.
Katopoidis junto a intendentes de los municipios que pertenecen a la cuenca del Salado.
La Ley N° 23.966 establece que el 4,31% de lo recaudado debe destinarse específicamente al desarrollo de los proyectos de infraestructura de obras hídricas para la prevención y mitigación de los daños provocado por inundaciones, así como a la recuperación de tierras productivas, y la protección de la infraestructura vial y ferroviaria en zonas rurales y periurbanas.
Ese fideicomiso recibió $271.743 millones para destinar a obras de infraestructura hídrica. En conclusión, las obras de los subtramos A, B y C de la etapa 2 del tramo IV del Plan Maestro Integral de la cuenca del río Salado podrían ser ejecutadas y finalizadas a través ese fondo.
Desde La Plata sostienen que la paralización de los trabajos ya lleva casi dos años y produce consecuencias totalmente negativas para la provincia afectando aproximadamente 10.000 hectáreas del río que bordean la zona. De haberse mantenido el ritmo de ejecución previo, la obra del tramo 4 podría haberse finalizado durante 2024.
Katopodis estuvo acompañado durante la licitación por su par de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez. También estuvieron el representante de CARBAP en el Consejo Auditor del Salado, Alberto Larrañaga; Aníbal Chiramberro de la Federación Agraria Argentina; el secretario Mario Raiteri y la asesora Patricia Luke, ambos de CONINAGRO; y el presidente de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Francisco Farras.
El Director de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina Mario Figueroa se refirió a los controles que ha realizado el área a su cargo para evitar que se circule fuera del horario permitido a partir de las medidas vigentes desde el último lunes en la ciudad. “Junto con la Policía de…
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