“Las declaraciones de Gallardo están en línea con lo que queremos hacer nosotros. Estamos definiendo los protocolos necesarios para que vuelvan los entrenamientos” dijo el funcionario en Radio La Red (AM 910).
Durante la semana, en declaraciones radiales, el entrenador ‘millonario’ había manifestado la urgente necesidad de reactivar el regreso de los jugadores a las prácticas, luego de la interrupción producida en marzo pasado, a causa del coronavirus.
“Se está trabajando con el Ministerio de Salud en ello para poder avanzar”, agregó el funcionario.
Cafiero también consideró que uno de los ítems puntuales a cumplimentar sería que los futbolistas “no compartan el vestuario, que vayan cambiados y que se duchen en sus casas”, enumeró.
“Quizás puedan agruparse por sectores, en núcleos reducidos”, sostuvo el Jefe de Gabinete.
Cafiero, quien eludió la chance de “citar plazos y nombrar una fecha”, también dijo que “todos los deportes tendrán la posibilidad de reanudar sus entrenamientos”.
“En el caso del fútbol volverán el masculino, el femenino también y el resto de las actividades deportivas”, precisó.
La apertura de documentos de la Secretaría de Inteligencia del Estado vuelve a exponer el funcionamiento interno de uno de los organismos más oscuros del país. Infiltración, persecución ideológica y burocracia del espionaje: claves para entender el rol de la SIDE en la historia reciente.
Por Alcides Blanco para NLI
El origen de un aparato pensado para vigilar
La reciente desclasificación de archivos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), difundida a través del portal oficial del Estado argentino, reabre una discusión de fondo sobre el papel que jugó —y en muchos sentidos aún proyecta— el sistema de inteligencia en la vida política del país. Lejos de ser un simple organismo técnico, la SIDE fue, desde su consolidación en la segunda mitad del siglo XX, una herramienta central en la construcción de poder estatal, con capacidad para observar, registrar y clasificar a amplios sectores de la sociedad.
En sus orígenes, la inteligencia estatal se estructuró bajo la influencia de la llamada doctrina de la seguridad nacional, que redefinió el concepto de amenaza. El enemigo dejó de ser exclusivamente externo para convertirse en interno, una categoría amplia y difusa que incluía no solo a organizaciones armadas sino también a militantes políticos, sindicalistas, estudiantes, periodistas e incluso actores culturales. Este cambio no fue menor: implicó que el espionaje dejara de estar orientado a la defensa frente a potencias extranjeras para centrarse en el control de la propia población.
La lógica del enemigo interno y la obsesión anticomunista
Los documentos recientemente publicados confirman con crudeza una característica ya señalada por múltiples investigaciones: la obsesión anticomunista como motor del aparato de inteligencia. La SIDE construyó durante años un mapa ideológico del país en el que prácticamente cualquier actor con capacidad de incidencia podía ser catalogado como sospechoso.
Lo que emerge de estos archivos no es solo la vigilancia sobre organizaciones específicas, sino una lógica mucho más amplia de control social sistemático, donde universidades, sindicatos, medios de comunicación y espacios culturales eran objeto de seguimiento permanente. En ese esquema, la producción de inteligencia no se limitaba a recolectar información, sino que implicaba clasificar, jerarquizar y construir perfiles ideológicos, en una dinámica que preparaba el terreno para la represión.
La amplitud del concepto de “subversión” resulta clave para comprender la magnitud del fenómeno: no se trataba únicamente de combatir a grupos armados, sino de disciplinar a toda una sociedad a partir de la sospecha.
La SIDE durante la dictadura: engranaje del terrorismo de Estado
Durante la última dictadura cívico-militar iniciada en 1976, la SIDE se consolidó como un actor central dentro del aparato represivo. Su función no fue secundaria ni meramente administrativa, sino estratégica: producir la información que permitía identificar objetivos, planificar operativos y coordinar acciones entre distintas fuerzas.
Antes del golpe del 24 de marzo de 1976, el organismo empezó a adecuarse a las tareas clandestinas que se extenderían a gran escala. El 30 de diciembre de 1975, el vicealmirante Aldo Alberto Peyronel –al frente de la SIDE– firmó la resolución secreta 835. Allí disponía que el 1 de febrero de 1976 comenzaría el encubrimiento del personal: toda autoridad debía firmar con nombre de encubrimiento y todos los agentes civiles debían ser mencionados por su nombre de encubrimiento. Quedaba excluido el personal en actividad de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad.
Las investigaciones del Centro de Estudios Legales y Sociales han demostrado que la inteligencia estatal fue un componente estructural del terrorismo de Estado. La SIDE operaba como un nodo que concentraba datos provenientes de distintas agencias y los redistribuía en función de las necesidades represivas, en un circuito donde la información podía convertirse rápidamente en persecución, secuestro o desaparición.
En ese contexto, la inteligencia no era un paso previo aislado, sino una parte constitutiva del sistema represivo. Sin esa producción sistemática de información, el despliegue de la maquinaria clandestina hubiera sido, en términos operativos, mucho más limitado.
La burocracia del espionaje: cómo funcionaba el control cotidiano
Uno de los aspectos más reveladores de los documentos desclasificados es la dimensión burocrática del espionaje. Lejos de las imágenes espectaculares asociadas al mundo de la inteligencia, lo que aparece es una trama de informes, fichas, seguimientos y registros que dan cuenta de una práctica sostenida en el tiempo.
La SIDE funcionaba a partir de una lógica de acumulación constante de información, alimentada por redes de informantes y por la infiltración en distintos ámbitos sociales. Cada dato, por mínimo que fuera, podía integrarse en un sistema mayor de clasificación, donde las personas eran evaluadas en función de sus vínculos, ideas y actividades.
Este carácter burocrático no le quitaba peligrosidad al sistema; por el contrario, lo hacía más eficaz. La repetición, la sistematicidad y la persistencia en el registro permitían construir perfiles detallados que luego podían ser utilizados por las fuerzas represivas. La inteligencia, en ese sentido, era tanto un archivo como una herramienta activa de persecución.
La larga lucha por abrir los archivos
La publicación de estos documentos es también el resultado de una disputa histórica. Desde el retorno de la democracia, los organismos de derechos humanos reclamaron insistentemente el acceso a los archivos de inteligencia, entendiendo que allí se encontraba una parte esencial de la verdad sobre lo ocurrido durante la dictadura.
Durante décadas, ese acceso fue parcial o directamente negado. Si bien hubo avances, como la desclasificación de documentos militares o la incorporación de archivos provenientes del exterior, los archivos de la SIDE permanecieron como uno de los núcleos más cerrados del Estado.
La apertura actual, aunque significativa, llega entonces como parte de un proceso largo y todavía incompleto. La ausencia de nombres propios en los documentos difundidos y la publicación fragmentaria plantean interrogantes sobre la profundidad real de la desclasificación y sobre cuánto material continúa sin ver la luz.
Memoria, verdad y los límites de la desclasificación
La importancia de estos archivos excede el interés histórico. Su apertura tiene implicancias directas en el proceso de memoria, verdad y justicia, ya que pueden aportar elementos para reconstruir el funcionamiento del aparato represivo y, eventualmente, contribuir a causas judiciales.
Sin embargo, la desclasificación por sí sola no garantiza esos resultados. Los documentos requieren un trabajo de análisis, contextualización y cruce con otras fuentes para transformarse en evidencia útil. De lo contrario, corren el riesgo de quedar atrapados en su propio lenguaje técnico, inaccesibles para la sociedad y limitados en su impacto.
En ese sentido, la discusión no es solo qué se publica, sino cómo se publica y para qué.
Un pasado que sigue interpelando al presente
A casi cincuenta años del golpe de Estado, la apertura de los archivos de la SIDE vuelve a mostrar que el pasado no está cerrado. La historia del espionaje en la Argentina no es simplemente un capítulo archivado, sino una dimensión activa en la comprensión del presente.
La SIDE, como institución, encarna esa continuidad entre secreto, poder y política. Sus archivos, aún incompletos, permiten vislumbrar apenas una parte de su funcionamiento, pero alcanzan para confirmar algo fundamental: que el espionaje interno y la persecución ideológica no fueron desviaciones aisladas, sino prácticas estructurales del Estado.
Lo que queda por delante es, quizás, lo más importante. Porque en esos documentos que todavía no se conocen, en esos nombres que aún no aparecen y en esas historias que siguen sin reconstruirse, se juega una parte decisiva de la memoria colectiva argentina.
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Escala la polémica frente a la presentación simultánea que concejales de La Libertad Avanza realizaron en más de un centenar de municipios de la provincia para reducir o eliminar tasas locales.
Los libertarios denunciaron que Buenos Aires es la provincia que registra el promedio de tasas más alto del país y acusaron que «una parte significativa de esas tasas no presenta una contraprestación clara en servicios».
Frente a eso, en el gobierno bonaerense salieron fuerte al cruce de esta avanzada y, en las últimas horas, surgieron vecinalistas, radicales e incluso dirigentes del PRO que defendieron el cobro de tasas, en un contexto donde la recaudación municipal toca pisos inéditos en décadas.
El 93,6% de la carga impositiva sobre la producción agropecuaria, tiene que ver con impuestos nacionales, que mayoritariamente son impuestos nacionales no coparticipables, es decir, que la recaudación se la queda Milei
«Lo que le pedimos a los concejales de La Libertad Avanza es que dejen de mentir, que dejen de llevar adelante operaciones de distracción y que se pongan a trabajar con proyectos de ordenanza», dijo el ministro de Gobierno de Kicillof, Carlos Bianco.
Al citar una serie de estudios, Bianco detalló que las tasas municipales explican sólo el 0,9% del valor agregado bruto a precios de mercado en el promedio de las cadenas productivas argentinas. Además, representan apenas el 0,7% de la carga tributaria sobre la producción agropecuaria.
En Florencio Varela, Andrés Watson lanzó un spot en redes donde señala que «el 70% de los vecinos no abona sus tasas municipales». Y destacó que, con la recaudación de esos tributos es «un aporte clave para sostener servicios y seguir impulsando obras en nuestros barrios».
«El 93,6% de la carga impositiva sobre la producción agropecuaria, tiene que ver con impuestos nacionales, que mayoritariamente son impuestos nacionales no coparticipables, es decir, que la recaudación se la queda Milei», agregó Bianco.
En paralelo a los cuestionamientos del axelismo, varios intendentes del peronismo salieron a defender las tasas en un contexto de derrumbe de la cobrabilidad.
En Florencio Varela, Andrés Watson lanzó un spot en redes donde señala que «el 70% de los vecinos no abona sus tasas municipales». Y destacó que, con la recaudación de esos tributos es «un aporte clave para sostener servicios y seguir impulsando obras en nuestros barrios».
Como contó LPO, en los discursos de apertura de sesiones legislativas locales, varios intendentes encendieron alarmas por el derrumbe de la coparticipación y la recaudación por tasas.
Por eso, la avanzada libertaria para eliminar tasas en medio del rojo en las cuentas municipales, desató malestar no solo en el peronismo, sino también en intendentes de distintas expresiones.
En el PRO, el intendente de Junín en uso de licencia y actual senador provincial, Pablo Petrecca definió el proyecto libertario como «una estrategia de marketing» que a un análisis profundo de la estructura impositiva, y advirtió que el debate no puede limitarse únicamente a los municipios.
Meten en la bolsa a todas las comunas generando en la sociedad un roce innecesario, porque parece que el problema son los municipios, pero son los que dan las respuestas
En declaraciones a Bragado TV, Petrecca explicó que «la tasa es un costo que uno paga por una contraprestación. Si el municipio brinda el servicio, lo que hay que discutir es si el valor es el correcto o no».
«Meten en la bolsa a todas las comunas generando en la sociedad un roce innecesario, porque parece que el problema son los municipios, pero son los que dan las respuestas, más que nada en el interior», dijo a Radio Provincia el radical Franco Flexas (Los Toldos), que habló de «un desconocimiento enorme de la provincia de Buenos Aires» por parte de los libertarios. «Son dirigentes que están en la Capital Federal y no saben lo que es un municipio».
Las tasas municipales no son el problema de nadie
«De una vez por todas dejen de decir que los municipios cobran impuestos. Los municipios cobramos tasas que tienen retribución en un servicio y contribuciones. Las tasas municipales no son el problema de nadie», dijo el vecinalista Guillermo Britos (Chivilcoy).
Mientras, en LLA atribuyeron a esta iniciativa la derogación del cobro de la tasa vial del 3% sobre los combustibles en Pinamar.
Curioso es que, la semana pasada, concejales libertarios apoyaron la continuidad de esa misma tasa vial en Mar del Plata, donde gobierna Agustín Neme, interino de Guillermo Montenegro, socio de Milei en la provincia. Eso, a pesar de existir proyectos para su derogación.
El Intendente Marcelo Orazi encabezó esta mañana el acto en conmemoración por los 205 años de la Declaración de la Independencia Argentina que se desarrolló en la Plaza de los Próceres. En la oportunidad estuvo acompañado por los legisladores Silvia Morales y Luis Albrieu, el presidente del Concejo Deliberante Edgardo Vega, los concejales Claudia Maidana,…
