“Las declaraciones de Gallardo están en línea con lo que queremos hacer nosotros. Estamos definiendo los protocolos necesarios para que vuelvan los entrenamientos” dijo el funcionario en Radio La Red (AM 910).
Durante la semana, en declaraciones radiales, el entrenador ‘millonario’ había manifestado la urgente necesidad de reactivar el regreso de los jugadores a las prácticas, luego de la interrupción producida en marzo pasado, a causa del coronavirus.
“Se está trabajando con el Ministerio de Salud en ello para poder avanzar”, agregó el funcionario.
Cafiero también consideró que uno de los ítems puntuales a cumplimentar sería que los futbolistas “no compartan el vestuario, que vayan cambiados y que se duchen en sus casas”, enumeró.
“Quizás puedan agruparse por sectores, en núcleos reducidos”, sostuvo el Jefe de Gabinete.
Cafiero, quien eludió la chance de “citar plazos y nombrar una fecha”, también dijo que “todos los deportes tendrán la posibilidad de reanudar sus entrenamientos”.
“En el caso del fútbol volverán el masculino, el femenino también y el resto de las actividades deportivas”, precisó.
El cambio climático, el crecimiento de la población y el aumento de la demanda industrial están transformando al agua dulce en uno de los recursos estratégicos más importantes del siglo XXI. Organismos internacionales advierten que la disputa ya no pasa solamente por el petróleo o los minerales: garantizar el acceso al agua será uno de los grandes desafíos económicos, ambientales y políticos del futuro.
Por Redacción de NLI
Durante gran parte del siglo XX, la energía fue considerada el principal recurso estratégico para el desarrollo de los países. Petróleo, gas y, más recientemente, litio y tierras raras dominaron buena parte de las discusiones geopolíticas. Sin embargo, en los últimos años comenzó a consolidarse otro diagnóstico entre científicos, economistas y organismos internacionales: el agua dulce podría convertirse en uno de los bienes más disputados de las próximas décadas.
Aunque el planeta está cubierto en un 70% por agua, apenas una pequeña fracción es apta para el consumo humano. A esa limitación natural se suman el cambio climático, la contaminación de ríos y acuíferos, el crecimiento demográfico y una demanda cada vez mayor por parte de la agricultura, la industria y las ciudades.
El resultado es un escenario donde el acceso al agua dejó de ser una cuestión exclusivamente ambiental para convertirse también en un asunto de seguridad, desarrollo económico y soberanía.
Un recurso que parecía infinito
Durante mucho tiempo predominó la idea de que el agua era un bien prácticamente inagotable.
Sin embargo, las sucesivas sequías registradas en distintas regiones del mundo, la reducción de glaciares, el descenso del caudal de grandes ríos y la sobreexplotación de acuíferos comenzaron a modificar esa percepción.
La agricultura consume cerca del 70% del agua dulce utilizada por la humanidad, seguida por la industria y el consumo doméstico. A medida que aumenta la población mundial y crece la producción de alimentos, la presión sobre ese recurso también se incrementa.
En paralelo, los fenómenos climáticos extremos alteran los ciclos hidrológicos y vuelven más frecuentes tanto las inundaciones como los períodos prolongados de escasez.
América del Sur, una región estratégica
En ese contexto, América del Sur ocupa un lugar privilegiado.
La región concentra algunas de las mayores reservas de agua dulce del planeta, entre ellas el Acuífero Guaraní, compartido por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, además de grandes cuencas hidrográficas y extensos sistemas de humedales.
Argentina posee, además, importantes reservas glaciares en la Cordillera de los Andes y una vasta red de ríos que forman parte de su patrimonio natural.
Para especialistas en recursos hídricos, esa riqueza implica una enorme oportunidad, pero también una responsabilidad creciente en materia de preservación y planificación.
El desafío de administrar un recurso estratégico
El agua no solo resulta indispensable para el consumo humano.
También condiciona la generación de energía, la producción agropecuaria, la minería, la industria alimentaria y prácticamente todas las actividades económicas.
Por eso, numerosos países comenzaron a incorporar la seguridad hídrica como un componente central de sus estrategias de desarrollo.
En Argentina, el debate todavía aparece fragmentado entre distintas jurisdicciones y organismos, mientras especialistas plantean la necesidad de construir políticas de largo plazo que contemplen tanto la protección de las fuentes de agua como el uso eficiente del recurso.
La discusión ya no pasa únicamente por preservar el ambiente. También involucra la capacidad de un país para administrar uno de los activos estratégicos más importantes que tendrá durante el siglo XXI.
El cambio climático acelera todos los escenarios
Los informes científicos coinciden en que el calentamiento global intensificará muchos de los problemas existentes.
Sequías más prolongadas, lluvias más intensas y modificaciones en los patrones climáticos obligarán a adaptar la infraestructura, la producción agrícola y los sistemas de abastecimiento de agua.
Ciudades que durante décadas no enfrentaron problemas de suministro comenzaron a revisar sus redes de distribución, mientras regiones tradicionalmente agrícolas deben modificar cultivos y técnicas de riego para adaptarse a nuevas condiciones.
La gestión del agua dejó de ser un tema reservado a ingenieros hidráulicos para convertirse en una cuestión transversal que involucra economía, salud pública, energía y planificación territorial.
Un debate que trasciende al ambiente
Cada vez más analistas sostienen que el agua será uno de los recursos que definirá el equilibrio internacional durante las próximas décadas.
No se trata solamente de evitar la escasez, sino de garantizar que un recurso indispensable para la vida permanezca bajo criterios de sustentabilidad y acceso equitativo.
Para un país como Argentina, que cuenta con una de las mayores disponibilidades de agua dulce del mundo, el desafío consiste en comprender que ese patrimonio natural no representa únicamente una ventaja ambiental. También puede convertirse en un factor decisivo para su desarrollo, siempre que exista una estrategia capaz de protegerlo, administrarlo y aprovecharlo en beneficio del conjunto de la sociedad.
La fuerte caída del consumo profundiza la crisis de la ya castigada actividad industrial y se siente en los datos de la producción y el empleo a pesar de que el gobierno de Milei trata de maquillar el panorama con números de la macro.
Pero la crisis de consumo fue la principal conclusión a la que llegaron empresarios e intendentes del Gran Rosario que se reunieron en la localidad de Pérez para analizar el problema.
El vicepresidente de la Unión Industrial Región Rosario, Mariano Ferrazzini, advirtió a LPO que «hay una gran preocupación, no mejora el consumo, se pierden puestos de trabajo y los que se generan son de menor calidad, por lo tanto, pareciera un contrapunto pensar un cambio de tendencia». La preocupación de los industriales coincide con los datos del último informe de la entidad que muestran un deterioro generalizado de la industria y el comercio.
En una encuesta nacional elaborada por el Centro de Estudios de la UIA reveló que el 45,5% de las empresas registró una caída de las ventas internas, mientras que el 38% redujo su producción y el 22,4% achicó su plantilla de personal.
En una encuesta nacional elaborada por el Centro de Estudios de la UIA reveló que el 45,5% de las empresas registró una caída de las ventas internas, mientras que el 38% redujo su producción y el 22,4% achicó su plantilla de personal.
Además, casi la mitad de las firmas admitió haber tenido dificultades para afrontar alguno de sus pagos durante abril, ya sea impuestos, proveedores, salarios o compromisos financieros.
El informe también muestra que la caída de la demanda interna se consolidó como el principal problema para la industria: una de cada dos empresas la ubicó como su mayor preocupación, muy por encima del aumento de costos o de la competencia de los productos importados.
El Monitor de Desempeño Industrial (MDI), el indicador que anticipa la evolución de la actividad fabril, se ubicó en 43,5 puntos, por debajo del umbral que marca expansión, confirmando que el sector continúa en retroceso.
El encuentro se realizó en la planta de Sacchi Hnos., ubicada en el parque industrial de Pérez, y reunió además al secretario de Industria de Santa Fe, Guillermo Beccani; al intendente anfitrión, Pablo Corsalini; al intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci; al presidente comunal de Alvear, Carlos Pighin; y representantes de otras localidades del Gran Rosario. El objetivo fue comenzar a coordinar una agenda común para enfrentar el deterioro de la actividad y sostener el entramado productivo de la región.
El intendente de Pérez Pablo Corsalini
«Pérez es una ciudad con perfil industrial, hoy tiene 162 pymes que sostienen la actividad económica de la región», señaló Corsalini a LPO. El intendente sostuvo que «las pymes son el sostén del empleo en Santa Fe, el gobierno nacional está destruyéndolas y desde la provincia no se desarrollan políticas que las contengan».
En ese sentido, afirmó que son los gobiernos locales los que hoy acompañan a las empresas «en su reclamo para sostener uno de los sectores claves de nuestra provincia».
Como conclusión del encuentro, industriales e intendentes acordaron darle continuidad a la mesa de trabajo para monitorear la evolución de la actividad y coordinar acciones entre los municipios y el sector privado en un contexto que, según admiten los propios empresarios, sigue sin mostrar señales claras de recuperación.
A partir de hoy está disponible en toda la provincia, una propuesta destinada a adultos mayores de 60 años, quienes conforman el grupo con mayor vulnerabilidad ante la pandemia del COVID-19. El plan Río Negro +60 busca ayudar y acompañar a los mayores, hasta tanto se extienda el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Se proporcionará…
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El consumo de marihuana se ha expandido a lo largo del planeta en los últimos siglos. Una gran cantidad de países del “primer mundo” han legalizado su consumo, con distintas restricciones. Río Negro tiene todo para ser potencia en la materia. Nuestra provincia cuenta con innumerables riquezas, sin embargo, los problemas sociales persisten….
La Cámara Federal de Mar del Plata ordenó al gobierno de Javier Milei a adoptar medidas urgentes para mejorar las condiciones de seguridad en un tramo de la ruta nacional 3 que presenta un estado crítico tras la parálisis de la obra pública.
Los jueces hicieron lugar a una medida cautelar impulsada por el municipio de Azul ante el grave estado de la calzada donde se vienen registrando varios accidentes.
La resolución alcanza al tramo de la ruta que une la ciudad de Azul con la localidad de Cacharí y obliga tanto a Vialidad como a la empresa Corredores Viales S.A. a implementar acciones inmediatas para reducir los riesgos que enfrentan los automovilistas en esa ruta.
El fallo revocó una decisión previa del Juzgado Federal 2 de Azul, que había rechazado la cautelar. Al analizar el caso, los camaristas concluyeron que existe un riesgo actual y concreto para los usuarios de la ruta, respaldado por distintos elementos incorporados al expediente.
Entre ellos, destacaron que durante los últimos seis meses se registraron 11 siniestros viales en ese tramo y que informes elaborados por la Policía Federal Argentina constataron la presencia de baches, hundimientos, huellas producidas por el tránsito pesado y deficiencias en la señalización.
La Cámara intimó al gobierno libertario a presentar, en un plazo de 10 días hábiles, un plan de trabajo detallado ante el Juzgado Federal de Azul. El documento deberá especificar las obras previstas, el orden de prioridades, los responsables de su ejecución, el cronograma de tareas y las medidas de contingencia que se aplicarán durante el proceso.
Además, los jueces establecieron que los trabajos deberán completarse en un plazo máximo de 120 días corridos y quedar sujetos al control judicial, con la obligación de presentar informes mensuales sobre el avance de las obras.
Mientras se ejecutan las reparaciones definitivas, el fallo también ordena la adopción de medidas preventivas para disminuir el peligro en la circulación. Entre ellas, la colocación de carteles de advertencia y señalización preventiva, la implementación de reducciones de velocidad, balizamiento, dispositivos para mejorar la visibilidad nocturna y reparaciones provisorias en los sectores considerados más críticos.
Al fundamentar la decisión, los magistrados señalaron que la medida cautelar tiene como objetivo evitar que se produzcan nuevos daños frente a un riesgo comprobado, sin que resulte necesario esperar una definición sobre las responsabilidades de fondo.
Asimismo, recordaron la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establece que los organismos encargados de servicios vinculados con la seguridad de las personas tienen el deber de adoptar todas las medidas razonables para prevenir riesgos previsibles, y remarcaron que la resolución busca resguardar el derecho a la vida y la integridad de quienes circulan por la ruta 3.
