“Las declaraciones de Gallardo están en línea con lo que queremos hacer nosotros. Estamos definiendo los protocolos necesarios para que vuelvan los entrenamientos” dijo el funcionario en Radio La Red (AM 910).
Durante la semana, en declaraciones radiales, el entrenador ‘millonario’ había manifestado la urgente necesidad de reactivar el regreso de los jugadores a las prácticas, luego de la interrupción producida en marzo pasado, a causa del coronavirus.
“Se está trabajando con el Ministerio de Salud en ello para poder avanzar”, agregó el funcionario.
Cafiero también consideró que uno de los ítems puntuales a cumplimentar sería que los futbolistas “no compartan el vestuario, que vayan cambiados y que se duchen en sus casas”, enumeró.
“Quizás puedan agruparse por sectores, en núcleos reducidos”, sostuvo el Jefe de Gabinete.
Cafiero, quien eludió la chance de “citar plazos y nombrar una fecha”, también dijo que “todos los deportes tendrán la posibilidad de reanudar sus entrenamientos”.
“En el caso del fútbol volverán el masculino, el femenino también y el resto de las actividades deportivas”, precisó.
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Germán Díaz, integrante del bloque de La Libertad Avanza en Bragado, fue detenido tras un allanamiento en su vivienda de O’Brien, donde la Policía Bonaerense secuestró restos de cocaína, una balanza de precisión y elementos de corte. La Justicia lo imputó por presunta comercialización de estupefacientes y deberá declarar ante la fiscalía.
Por Lola Santacreta para NLI
La noticia sacudió a Bragado y rápidamente trascendió las fronteras de la política local: Germán Díaz, concejal de La Libertad Avanza, fue detenido en el marco de una investigación judicial por presunta comercialización de estupefacientes. El procedimiento se realizó el sábado en una vivienda de la localidad de O’Brien, partido de Bragado, y terminó con el dirigente libertario a disposición de la Justicia. Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron restos de cocaína, una balanza de precisión y distintos elementos que, de acuerdo con la investigación, podrían haber sido utilizados para el corte y fraccionamiento de sustancias.
El caso tiene una particularidad que excede el expediente penal: Díaz no es un ciudadano cualquiera sino un funcionario elegido por el voto popular e integrante del bloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de Bragado. El dirigente, de 52 años, asumió su banca en diciembre de 2023, en el escenario político que acompañó el crecimiento nacional del espacio encabezado por Javier Milei. Ahora, su situación quedó atravesada por una causa que deberá determinar si los elementos encontrados durante el procedimiento tienen relación con una actividad de comercialización de drogas y cuál fue, eventualmente, el alcance de esa conducta.
Un allanamiento que terminó con un concejal detenido
La investigación está radicada en el Departamento Judicial de Mercedes, con intervención de la UFI N.º 7 y del Juzgado de Garantías N.º 3. La orden judicial permitió avanzar sobre el domicilio ubicado en Rivadavia al 400, en O’Brien, donde se desarrolló el operativo policial que terminó con la detención de Díaz. Según la información publicada a partir de fuentes judiciales y policiales, entre los elementos secuestrados aparecieron restos de cocaína, una balanza de precisión y materiales presuntamente vinculados con el corte de sustancias.
La diferencia entre una sospecha y una condena es fundamental y debe ser preservada: Díaz se encuentra imputado y detenido en el marco de una investigación, pero su responsabilidad penal todavía debe ser establecida por la Justicia. La acusación de presunta comercialización de estupefacientes no equivale jurídicamente a una sentencia y será el proceso judicial el que determine qué valor tienen las pruebas reunidas y si alcanzan para sostener la imputación. En ese sentido, la cobertura del caso requiere evitar tanto el encubrimiento político como la condena anticipada, dos deformaciones frecuentes cuando una investigación penal involucra a un dirigente partidario.
La situación procesal del concejal avanzó este lunes con su traslado a sede judicial en Mercedes, donde debía prestar declaración indagatoria ante la fiscal María Laura Cordiviola. Ese paso será relevante para conocer la versión del propio acusado y para que la fiscalía avance en la determinación de las circunstancias que rodearon el procedimiento.
La Libertad Avanza tomó distancia
El impacto político de la detención fue inmediato. El bloque de concejales de La Libertad Avanza de Bragado difundió un comunicado en el que buscó despegarse de la investigación y sostuvo que cualquier responsabilidad de Díaz deberá ser determinada exclusivamente por la Justicia. Al mismo tiempo, los concejales plantearon que la situación deberá ser analizada institucionalmente dentro del Concejo Deliberante, de acuerdo con el reglamento interno y la Ley Orgánica de las Municipalidades.
La reacción resulta significativa porque muestra hasta qué punto un episodio individual puede convertirse en un problema institucional cuando el acusado ocupa una banca legislativa. El bloque libertario no puede resolver una causa penal ni reemplazar a la Justicia, pero tampoco puede ignorar que uno de sus integrantes se encuentra detenido e imputado en una investigación por drogas. Por eso, además de remarcar las garantías procesales, el espacio expresó su disposición a discutir dentro del Concejo cuáles son los pasos institucionales que correspondan.
En el comunicado, el bloque también manifestó un “enérgico repudio” a cualquier hecho relacionado con la venta y comercialización de estupefacientes, al considerar que se trata de un flagelo con consecuencias sobre las familias y la comunidad. La posición busca establecer una frontera entre la organización política y la conducta que se investiga, aunque la dimensión institucional del episodio inevitablemente obliga a revisar cómo llegó Díaz a ocupar una banca y cuál será el tratamiento político de su situación mientras avance el expediente.
El problema que trasciende a Germán Díaz
Más allá de las responsabilidades individuales que eventualmente determine la Justicia, la detención de un concejal por una causa vinculada con la presunta comercialización de drogas representa un golpe político para el espacio que integra, especialmente porque La Libertad Avanza construyó buena parte de su identidad pública alrededor de la denuncia de la corrupción, la inseguridad y la necesidad de aplicar con mayor dureza la ley. En este caso, la consigna política deberá enfrentarse con una realidad concreta: uno de sus representantes territoriales quedó involucrado en una investigación penal de extrema gravedad.
Esto no significa que la pertenencia partidaria determine culpabilidades ni que una acusación contra un dirigente permita atribuir responsabilidad automática a todo un espacio político. Sería tan arbitrario como sostener que cualquier delito cometido por un funcionario convierte al partido entero en una organización criminal. Pero tampoco resulta razonable pretender que la dimensión política desaparezca simplemente porque existe una causa judicial. Cuando un representante electo queda detenido, la política tiene necesariamente una responsabilidad institucional que no puede ser reemplazada por un comunicado de ocasión.
El episodio vuelve a poner sobre la mesa, además, una discusión que atraviesa a todos los partidos y no solamente a La Libertad Avanza: qué controles existen sobre quienes ocupan cargos públicos y cómo reaccionan las estructuras políticas cuando uno de sus representantes queda involucrado en una investigación penal. La respuesta no debería depender del color partidario del acusado. Las garantías judiciales deben ser iguales para todos, pero también debe ser igual la exigencia de explicaciones políticas cuando un funcionario público queda comprometido en un expediente de semejante gravedad.
Por ahora, el dato central es concreto: Germán Díaz, concejal de La Libertad Avanza en Bragado, fue detenido e imputado por presunta comercialización de estupefacientes luego de un allanamiento en su vivienda de O’Brien, donde se secuestraron restos de cocaína, una balanza de precisión y elementos de corte. La investigación continúa y será la Justicia la encargada de determinar qué ocurrió y cuál es la responsabilidad penal del dirigente. Mientras tanto, el Concejo Deliberante deberá afrontar una situación institucional incómoda y el espacio libertario tendrá que explicar, más allá de cualquier estrategia comunicacional, cómo piensa administrar políticamente la crisis provocada por uno de sus propios representantes.
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El vocero Adrián Ravier admitió que el Ministerio de Economía retiene
«para lograr el equilibrio fiscal»
una parte de lo recaudado por el impuesto a los combustibles, que por ley debe destinarse al arreglo de rutas, y hundió a Luis «Toto» Caputo, que ahora se enfrenta a una causa por malversación de fondos.
«No diría que nada del dinero de ese impuesto va al mantenimiento de las rutas», afirmó Ravier en una entrevista con El Diario de La Pampa. «Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos van», continuó el vocero, que aseguró que el resto la dispone el Ministerio de Economía como «parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja».
El problema es que lo recaudado por el impuesto a los combustibles tiene asignación específica para el Sistema Vial Integrado, un fideicomiso que debería destinarse únicamente a obras viales y al mantenimiento de rutas nacionales. Es decir que, según los dichos de Ravier, Caputo se está quedando con una porción de ese impuesto para lograr cubrir el déficit, pese a que por ley no puede hacerlo.
Los dichos del vocero no podrían haber llegado en peor momento para Caputo. Un día antes el diario La Nación reveló que el gobierno lleva recaudado más de 1,5 billón de pesos en el fideicomiso, pero hasta fines de mayo mantenía más de $1 billón en inversiones financieras como plazos fijos y títulos públicos.
Según el informe, desde que Milei llegó a la Casa Rosada, la tasa de subejecución del Sistema Vial Integrado asciende al 73,8%. De haberse utilizado el dinero para lo que establece la ley, se podrían haber intervenido entre 20.000 y 25.000 kilómetros de la red vial, que se encuentra en estado deplorable.
No es la primera vez que Ravier complica a Caputo con sus declaraciones, como cuando el mes pasado dijo que «es una posibilidad que el dólar llegue a $ 1.800 en los próximos meses» y provocó un temblor en el mercado
La retención de lo recaudado por el impuesto a los combustibles es un viejo reclamo de los gobernadores, que hasta amagaron con imponer una ley para cambiar la distribución. Pero a último momento negociaron con la Casa Rosada y dejaron caer el proyecto, mientras el desastre de las rutas se sigue profundizando.
Tras esa publicación, la diputada nacional Verónica Tolosa Paz hizo una denuncia penal por presunta malversación de caudales públicos, administración fraudulenta, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles.
La presentación apunta contra el ministro Caputo, el secretario legal y técnico Juan Ignacio Stampalija, el secretario de Hacienda Carlos Guberman, las autoridades de Vialidad Nacional, y los funcionarios del Banco Nación que hayan intervenido en su carácter de fiduciario.
La denuncia de Tolosa Paz es muy detallada, pero no llega a tomar en cuenta los dichos de Ravier que abiertamente admite que Caputo está cometiendo una irregularidad grave y podría ser juzgado por desvío de fondos. Seguramente la declaración de Ravier será incorporada a la causa.
No es la primera vez que Ravier complica a Caputo con sus declaraciones, como cuando el mes pasado dijo que «es una posibilidad que el dólar llegue a $ 1.800 en los próximos meses» y provocó un temblor en el mercado. En ese momento en Economía estallaron contra el vocero y algunos pidieron su salida.
