“Las declaraciones de Gallardo están en línea con lo que queremos hacer nosotros. Estamos definiendo los protocolos necesarios para que vuelvan los entrenamientos” dijo el funcionario en Radio La Red (AM 910).
Durante la semana, en declaraciones radiales, el entrenador ‘millonario’ había manifestado la urgente necesidad de reactivar el regreso de los jugadores a las prácticas, luego de la interrupción producida en marzo pasado, a causa del coronavirus.
“Se está trabajando con el Ministerio de Salud en ello para poder avanzar”, agregó el funcionario.
Cafiero también consideró que uno de los ítems puntuales a cumplimentar sería que los futbolistas “no compartan el vestuario, que vayan cambiados y que se duchen en sus casas”, enumeró.
“Quizás puedan agruparse por sectores, en núcleos reducidos”, sostuvo el Jefe de Gabinete.
Cafiero, quien eludió la chance de “citar plazos y nombrar una fecha”, también dijo que “todos los deportes tendrán la posibilidad de reanudar sus entrenamientos”.
“En el caso del fútbol volverán el masculino, el femenino también y el resto de las actividades deportivas”, precisó.
La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina pone en conocimiento de los vecinos algunas consideraciones relacionadas con la turbidez que el agua ha presentado en los últimos días. En principio, y como se informó anteriormente, esto se debe a las recientes precipitaciones que se dieron en la región del Alto…
La Justicia federal de Córdoba está en estado de shock. Fiscales ordenaron investigar a Abel Sánchez Torres y su pareja, Graciela Montesi, ambos camaristas sospechados de manipular la conformación de las salas para intervenir en dos expedientes por evasión tributaria que involucran a ejecutivos de la cerealera Bunge.
El planteo promovido por los fiscales Nicolás Turano y Maximiliano Hairabedián incluye delitos como abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción.
El juez Alejandro Sánchez Freytes, a cargo del caso, ya decretó el secreto de sumario y deberá definir si avanza con las indagatorias. El punto neurálgico del caso remite a una práctica tan técnica como decisiva: quiénes integran el tribunal que juzga.
En la estructura de la Justicia Federal, las cámaras de apelaciones se dividen en salas que deben conformarse con sorteos y subrogancias reguladas por ley. Ese mecanismo busca garantizar imparcialidad y evitar que los jueces elijan -o sean elegidos- para fallar en determinados expedientes.
Según los fiscales, Montesi y Sánchez Torres habrían retenido o hecho circular expedientes hasta que la rotación de subrogancias les permitiera coincidir en la misma sala y votar en los casos «Padilla» y «Humanes», que tenían en común su conexión con la causa Bunge .
Sin embargo, la denuncia sostiene que esas reglas habrían sido alteradas en 2023 aprovechando vacantes en la Cámara. Según los fiscales, Montesi y Sánchez Torres habrían retenido o hecho circular expedientes hasta que la rotación de subrogancias les permitiera coincidir en la misma sala y votar en los casos «Padilla» y «Humanes».
Ambos expedientes, radicados en Río Cuarto y Villa María respectivamente, tenían en común su conexión con la causa Bunge y su alto contenido económico.
En una de las causas, Sánchez Torres habría emitido su voto en apenas un minuto, en coincidencia plena con el criterio de Montesi, lo que derivó en una falta de mérito para el imputado.
El dato que más ruido genera en Tribunales es la velocidad con la que se resolvió uno de esos expedientes.
En la causa «Padilla», Sánchez Torres habría emitido su voto en apenas un minuto, en coincidencia plena con el criterio de Montesi, lo que derivó en una falta de mérito para el imputado.
Para los investigadores, ese nivel de sincronización refuerza la sospecha de que la integración del tribunal no fue azarosa. La gravedad institucional del caso radica en las consecuencias de una eventual manipulación.
En la cabecera, Abel Sánchez Torres y, a su derecha, su pareja y también camarista Graciela Montesi. Ambos, están sospechados de ejecutar maniobras para favorecer a la cerealera Bunge.
Si se altera la composición de una sala, se rompe el principio del juez natural. En un expediente como el de Bunge, esa distorsión puede traducirse en beneficios concretos para los imputados, desde demoras hasta resoluciones favorables.
La existencia de vocalías sin cubrir en la Cámara Federal de Córdoba habría facilitado -según los fiscales- una concentración de poder interno a la pareja Sánchez Torres-Montesi que permitió estas maniobras.
La denuncia original fue presentada por la secretaria de Cámara Celina Laje Anaya, quien se habría negado a convalidar la integración de salas que consideraba irregular. A partir de allí, según el relato fiscal, comenzó una escalada de hostigamiento atribuida a Sánchez Torres.
En los últimos meses, Sánchez Torres hizo un fuerte lobby para meterse en la lista corta de candidatos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación
El expediente describe un cuadro de presión sistemática que incluyó gritos, humillaciones y decisiones administrativas que afectaron la carrera de la funcionaria.
Incluso se detalla que fue forzada a aceptar un cambio de cargo que implicó una degradación salarial y profesional. Los fiscales encuadraron estos hechos como lesiones graves en un contexto de violencia de género.
En paralelo, la investigación sumó a otros actores del tribunal. El secretario penal Mario Olmedo fue señalado por su presunta participación necesaria en las maniobras, mientras que el secretario de superintendencia Gustavo Flores fue imputado por falso testimonio, ante inconsistencias detectadas en su declaración.
La denuncia original fue presentada por la secretaria de Cámara Celina Laje Anaya, quien se habría negado a convalidar la integración de salas que consideraba irregular. A partir de allí, según el relato fiscal, comenzó una escalada de hostigamiento atribuida a Sánchez Torres.
En los últimos meses, Sánchez Torres hizo un fuerte lobby para meterse en la lista corta de candidatos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según le contó a un importante empresario con el que se reunió en un bar de Nueva Córdoba, su plan A era que los gobernadores de Provincias Unidas lo propongan.
El resultado electoral tiró por tierra la estrategia. Entonces, «el Gordo Abel» recurrió a sus contactos con importantes empresarios para que hagan fuerza por él.
Compartimos el documento del Consejo Local de las Mujeres Villa Regina redactado para el paro internacional feminista #8M. Como Consejo Local de las Mujeres ¡¡¡queremos celebrar que hemos recuperado las calles!!!! Tras dos años muy difíciles de pandemia hemos sido muchas haciendo paro en nuestros trabajos, en nuestras casas y de las maneras que podemos…
El descalabro del Pami llegó a un punto límite este lunes con el paro por 72 horas que iniciaron los médicos que atienden por la obra social de los jubilados. Los profesionales denuncian fuertes recortes en sus ingresos (en algunos casos hasta más del 50%) a partir de lo dictado en una reciente resolución.
Además, crecen las protestas internas frente a reordenamientos que son leídos como políticas de vaciamiento de áreas clave y que ponen aún más en riesgo la correcta prestación de los servicios. Mientras, las farmacias siguen alertan por un latente colapso en la provisión de medicamentos de no regularizarse los pagos.
Todo eso, a la vez que proliferan las denuncias y sospechas de negociados a partir de licitaciones en las que son beneficiadas compañías comandadas por empresarios vinculados a la cúpula del poder libertario.
El detonante de la medida de fuerza de los médicos fue la resolución 1107 del Pami, que estableció la eliminación de la consulta presencial como fuente de ingreso, la incorporación de más prestaciones dentro de un pago fijo y la quita del incentivo económico por la formación de posgrado de los médicos de cabecera.
«Nos quieren pagar 2.100 pesos por paciente y por mes, no por consulta», denunciaron en Asociación de Profesionales de la Salud del Pami. Así, un médico con 400 pacientes que percibía alrededor de $1.600.000, pasaría a cobrar menos de $850 mil.
Los profesionales de la salud denunciaron que esos cambios fueron «inconsultos» y que representan un recorte sustancial de los ingresos de los médicos de cabecera que en algunos casos es superior al 50%.
«Nos quieren pagar 2.100 pesos por paciente y por mes, no por consulta», denunciaron en Asociación de Profesionales de la Salud del Pami, Appamia. Así, un médico con 400 pacientes que percibía alrededor de $1.600.000, pasaría a cobrar menos de $850 mil.
Semejante recorte es un golpe directo a la calidad de la prestación que ya viene fuertemente resentida. «Más trabajo, menos ingresos y menor reconocimiento al ejercicio médico, afecta de manera directa la sostenibilidad del consultorio», advierten en Appamia.
Al reclamar la derogación inmediata de la polémica resolución, sostienen que la medida «implica una reducción significativa del ingreso real de los profesionales, tornando inviable el sostenimiento de la actividad en condiciones dignas». Así, la agremiación médica está evaluando iniciar acciones legales contra la resolución.
En Appamia presentaron una propuesta concreta, basada en los costos reales del ejercicio profesional, que establece una cápita de $6.500 como piso necesario para sostener la atención médica.
Por otro lado, días atrás los trabajadores de la Gerencia de Auditoria Prestacional (GAP) de la sede central de Pami hicieron un ruidazo contra lo que denuncian como un «desguace» de esta área, lo que pone en riesgo el control a infraestructuras edilicias y sanitarias de la obra social.
El malestar de los empleados de esa gerencia quedó expuesto en los cánticos que se viralizaron en redes y en los que reclaman a las autoridades «que se vayan».
LPO contó que la tensión en el gobierno por la crisis en el Pami es total, al punto que Sandra Pettovello salió a aclarar que el Ministerio de Capital Humano no tiene nada que ver con la obra social de los jubilados. «Depende del Ministerio de Salud», dijo la ministra para despegarse y dirigir las responsabilidades a Mario Lugones.
Es que, además de la crisis de funcionamiento, en el Pami proliferan denuncias y sospechas de negociados a partir de licitaciones.
LPO reveló en exclusiva que el Pami le otorgó una licitación por miles de millones a Oxígeno y Tecnología, empresa que tiene como apoderado a Martín Voss, ex funcionario de Pami muy cercano a Toto Caputo.
Ahora, trascendió que la obra social de los jubilados hizo una contratación millonaria para la locación de inmuebles con Inversora Eslava, empresa cercana a los Menem a través de uno de sus ejecutivos, Kevin Pocovi, hijo del ex marido de Zulemita Menem.
El Intendente Marcelo Orazi firmó esta mañana el convenio con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro para la provisión de insumos para los establecimientos escolares que se encuentran dentro de la jurisdicción local. El monto es de más de $7 millones. El acto se desarrolló en Cipolletti y contó con la…
Hay palabras que se retraen, que se niegan, porque tienen demasiado significado para nuestros oídos cansados de palabras. José Saramago ¿Cuánto vale una palabra? El valor de una letra que se atreve a unirse a otra… Quizás se forme una palabra con dos letras, y entonces aparece un ah. Sí, el asombro…
