“Las declaraciones de Gallardo están en línea con lo que queremos hacer nosotros. Estamos definiendo los protocolos necesarios para que vuelvan los entrenamientos” dijo el funcionario en Radio La Red (AM 910).
Durante la semana, en declaraciones radiales, el entrenador ‘millonario’ había manifestado la urgente necesidad de reactivar el regreso de los jugadores a las prácticas, luego de la interrupción producida en marzo pasado, a causa del coronavirus.
“Se está trabajando con el Ministerio de Salud en ello para poder avanzar”, agregó el funcionario.
Cafiero también consideró que uno de los ítems puntuales a cumplimentar sería que los futbolistas “no compartan el vestuario, que vayan cambiados y que se duchen en sus casas”, enumeró.
“Quizás puedan agruparse por sectores, en núcleos reducidos”, sostuvo el Jefe de Gabinete.
Cafiero, quien eludió la chance de “citar plazos y nombrar una fecha”, también dijo que “todos los deportes tendrán la posibilidad de reanudar sus entrenamientos”.
“En el caso del fútbol volverán el masculino, el femenino también y el resto de las actividades deportivas”, precisó.
La preocupación por el empezó a calar hondo en el gobierno luego de la serie de pasos en falsos que dio Javier Milei para defender a los Menem y Manuel Adorni, los protegidos de su hermana Karina.
El presidente dijo dos semanas atrás que Adorni presentaría su declaración jurada patrimonial para aclarar el escándalo que sacude al gobierno desde hace dos meses y medio. En ese momento ya se leyó como una señal de debilidad que Milei saliera a hacer esa aclaración luego de que Patricia Bullrich le diera un ultimátum al jefe de gabinete para que aclare su situación patrimonial.
Pero dos semanas después la declaración de Adorni no apareció, lo que dejó desautorizando al propio presidente. Desde el propio oficialismo, como fue el caso del senador Francisco Paoltroni, dijeron que la dilatación de Adorni «es una falta de respeto al presidente».
Fuentes del gobierno dijeron a LPO que mientras Milei anunciaba que Adorni ya tenía lista su declaración, su celular vibraba con mensajes que le sugerían que esperara hasta junio. Nadie se encargó de salvaguardar la palabra presidencial para exigirle a Adorni que presentara los papeles luego del anuncio del propio presidente. La única que podía hacerlo era Karina, la jefa política del contador de la UADE.
El fantasma que recorre el gabinete es si Karina usa de fusible al propio hermano para salvarse a sí misma y a protegidos suyos como Adorni, los Menem y Sebastián Pareja
Casi en simultáneo, Milei quiso salir a frenar la interna entre Santiago Caputo y los Menem, pero la terminó agravando. Milei salió en la tarde del martes a defender a Menem y dijo que la cuenta Periodista Rufus estaba «prefabricada» para perjudicar al riojano. Para justificar la teoría de la «operación», Milei dijo que vio «un video que armó Oría que explica lo que le hicieron a Martín Menem».
Santiago Oría es otro de los delfines de Karina que, como reveló la Wayback Machine, como mínimo le mintió al presidente ya que el trackeo digital confirmó que la cuenta Rufus pertenecía a Menem.
En otros tiempos de mayor devoción por el liderazgo de Milei, los chicos de Las Fuerzas del Cielo se hubieran tragado el orgullo tras la aclaración del presidente. Pero esta vez salieron a decir que le mentían a Milei, poniendo en tela de juicio su capacidad para conducir. Y al pelotón junto a Menem sumaron tanto a Oría, que había sido ensalzado por el propio Milei, como a la diputada Lilia Lemoine, cercana a los hermanos.
En el streaming del Gordo Dan incluso se permitieron una burla directa contra Milei cuando se refirieron al caso Espert. Como anticipó LPO, el presidente le busca un cargo al ex diputado para redimirlo por el derrumbe de su carrera política que significó la vinculación con el supuesto narco Fred Machado. Milei salió el domingo a festejar un fallo ilusorio de la Justicia de EEUU que según él había declarado inocente a Machado, por lo que por decantación eso lo hacía inocente a Espert.
Pero la Justicia de EEUU declaró todo lo contrario. Machado se asumió culpable de lavado de dinero para conseguir un acuerdo con la justicia de Texas. «La versión Manaos fue Fred absuelto, viva la libertad carajo», se mofaron en el programa del líder de los tuiteros que responden a Santiago Caputo.
El fantasma que recorre el gabinete es si Karina usa de fusible al propio hermano para salvarse a sí misma y a protegidos suyos como Adorni, los Menem y Sebastián Pareja. «Es una conversación común entre el entorno de los Milei, porque no puede ser que le haga tanto daño», dijo a LPO una fuente que conoce a ambos desde hace años.
Una nueva reforma penal que presenta Maximiliano Pullaro para acrecentar atribuciones en la lucha contra el delito puso en estado de alarma a organizaciones de abogados y a magistrados santafesinos. Para los críticos las enmiendas propuestas son graves porque prescinden de la figura del juez, le da facultades ampliadas a la policía para interrogatorios sin comunicación a un fiscal ni a defensor, avanzan sobre garantías en casos de allanamientos o intervención en comunicaciones privadas,
Pullaro parte de la idea de que hay que avanzar con medidas de restricción de garantías frente a la vigencia de un contexto de amenazas provenientes de actores criminales complejos. Por eso postula un segundo paquete de cambios al Código Procesal Penal que su gestión ya impulsó, con aval legislativo mayoritario, al asumir. Solamente que esta vez los cambios son tan duros en algunos casos que provocan una conmoción clara en ámbitos académicos del Derecho, en el campo de los jueces, de defensores penales y hasta de fiscalías.
La reforma busca reponer la figura de la declaración informativa y el interrogatorio policial inicial, algo que no existe desde el cambio al sistema acusatorio en 2014 en Santa Fe, y elimina la presencia del defensor como condición ineludible para la declaración del imputado.
Esto es una práctica que hace 40 años, en 1985, penalistas de Rosario como Héctor Superti, que fue ministro de Justicia de Hermes Binner, Daniel Erbetta, hoy miembro de la Corte Suprema de Santa Fe, o Ramón Ríos, docente de ambos y ex camarista penal, cuestionaban abiertamente a dos años de la recuperación democrática, por considerar metodologías distintivas de la dictadura.
El cambio propuesto también incluye el allanamiento automático por secuestro de armas en vía pública, sin orden judicial, bajo la idea de que la espera de una autorización de juez implica demoras que dan lugar a ocultamientos y posible pérdida de la evidencia.
Otro planteo buscado por el equipo jurídico de Pullaro es que se incorpore un procedimiento por decreto, sin participación del juez, para dictar resoluciones por contravenciones o delitos de bajo impacto, donde un magistrado sí puede revisar a pedido del condenado la sentencia.
Los puntos aludidos provocan una reacción todavía muy inicial pero ya muy expresiva. «Espantoso», «cruel», «inconstitucional», «regresión premoderna», son las referencias más reiteradas ya en el seno de entidades que agrupan jueces, abogados penalistas y docentes de Derecho Penal. Los objetores indican que es además una reforma que abre puertas a la corrupción policial.
El Ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni.
«Es fácil imaginarse lo que puede pasar si un policía encuentra o planta un arma, y luego queda facultado para allanar un domicilio a 40 cuadras de ahí. ¿Qué juez puede validar eso?», le dijo a LPO un magistrado de Rosario que se declara perplejo por la temeridad que atribuye a la reforma. «Un retroceso de treinta años. Esto va más atrás del sistema de jueces de instrucción porque con sistema escrito ya no regía», añadió otro juez a este medio.
Magistrados de muy diversas tendencias plantean una inquietud coincidente. «Nos preocupa este proyecto de reforma y esperamos un escenario de diálogo con los actores del campo político», le dijo a LPO el camarista penal Gustavo Salvador, presidente del Colegio de Jueces de Rosario.
José Nanni, presidente de la asociación de abogados penalistas de Rosario, dice que cuando recibió la declaración que el gobierno remitió este viernes a la Legislatura pensó que era una broma. «Lo que abre esta reforma es muy grave y autoritario. Tiene la lógica del discurso penal del enemigo y aniquila principios básicos de nuestro enjuiciamiento penal. Hay artículos muy peligrosos como los que habilitan inteligencia preventiva sin comunicación al juez. En general se piensa que es no importa si es contra Los Monos o Esteban Alvarado. Pero esta herramienta le abre la puerta a actos de espionaje que después van contra abogados, políticos, periodistas, empresarios. Todos sabemos bien cómo funciona», dijo a LPO.
Con esto último, el abogado alude a otro de los cambios solicitados por el gobierno a la Legislatura. Según el texto, consiste en incorporar expresamente las actividades de espionaje digital y electrónico al repertorio de fuentes del sistema de inteligencia. «La medida pretende fortalecer las capacidades estatales anticipatorias en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la seguridad colectiva, aplicando las herramientas tecnológicas disponibles y sujetándolas a las correspondientes autorizaciones judiciales», según la fundamentación del proyecto.
Lo que creen variados defensores e inclusos jueces es que esto habilitará la penetración sin garantías sobre correspondencia o intercambios de mensajes privados.
El mensaje legislativo del gobernador apunta a imponer el juicio penal en rebeldía, que implica en la idea de los impulsores en que no hay violación del derecho de defensa si la persona es notificada de la causa en su contra, y que si el implicado no comparece debe asumir las consecuencias de su decisión.
En el gobierno sostienen que la marcada baja en los índices de violencia que distinguían a Rosario hasta 2023 precisa ser resguardada con herramientas normativas que además implique no solamente contener el delito en la calle, sino con un régimen agravado para los reclusos que ordenan delitos desde la cárcel, para lo cual busca habilitar medidas de aislamiento extremo y suspender privilegios de visita física, garantizando el contacto familiar por medio de correspondencia por carta, sujeta a fiscalización.
Pullaro considera haber construido un activo en su política de seguridad, que tiene una fuerte apelación contra el delito, y procura reforzarla, lo que es un capital para la búsqueda de adhesiones. Al iniciar su mandato ya logró una reforma procesal penal. Ya entonces se habilitaron facultades policiales y de fiscales más plenas, se concedieron allanamientos excepcionales en casos de delitos flagrantes y se prolongaron hasta 30 días los plazos para presentar un detenido en una audiencia ante un juez.
En ese momento, en un marco crítico sobre todo en Rosario, con homicidios que habían rozado las 300 muertes en 2022, la aprobación legislativa de estas medidas excepcionales no encontró resistencia ni los planteos iniciales de reprobación que aparecen ahora. Por entonces miembros del gobierno provincial reconocieron a este medio: «Presentamos un proyecto tan ambicioso que imaginamos iba a costarnos mucha negociación y muchos cambios. Pero no hubo que suavizar nada. Nos aprobaron casi todo».
En la coalición oficialista, los socialistas insinuaron algún tipo de incomodidad ante el proyecto, aunque moderada. «Estamos recién en el análisis inicial del texto. Se va a trabajar seriamente, sin apuros y el proyecto va a tener modificaciones», dijo un portavoz de la bancada de ese partido. Entre los radicales y los miembros del PRO no surgió ninguna voz de objeción.
Desde el gobierno, cuestionan los planteos de antemano. «No hay garantía efectiva sin capacidad estatal para hacerla cumplir. Por tal motivo se introducen reformas para lograr un equilibrio entre las garantías individuales, la eficacia del sistema penal y la protección de la comunidad», indica la fundamentación de la reforma.
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