“Las declaraciones de Gallardo están en línea con lo que queremos hacer nosotros. Estamos definiendo los protocolos necesarios para que vuelvan los entrenamientos” dijo el funcionario en Radio La Red (AM 910).
Durante la semana, en declaraciones radiales, el entrenador ‘millonario’ había manifestado la urgente necesidad de reactivar el regreso de los jugadores a las prácticas, luego de la interrupción producida en marzo pasado, a causa del coronavirus.
“Se está trabajando con el Ministerio de Salud en ello para poder avanzar”, agregó el funcionario.
Cafiero también consideró que uno de los ítems puntuales a cumplimentar sería que los futbolistas “no compartan el vestuario, que vayan cambiados y que se duchen en sus casas”, enumeró.
“Quizás puedan agruparse por sectores, en núcleos reducidos”, sostuvo el Jefe de Gabinete.
Cafiero, quien eludió la chance de “citar plazos y nombrar una fecha”, también dijo que “todos los deportes tendrán la posibilidad de reanudar sus entrenamientos”.
“En el caso del fútbol volverán el masculino, el femenino también y el resto de las actividades deportivas”, precisó.
La libertaria Juliana Santillán anunció este martes, durante el plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria, que el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT, por su sigla en inglés) alcanzaba 57 firmas y se convertía en dictamen de mayoría para ser tratado en recinto en la próxima sesión. Con este trámite, Federico Sturzenegger avanzó un paso más en su pelea contra Hugo Sigman y los laboratorios locales.
La Libertad Avanza obtuvo los apoyos de la UCR, Provincias Unidas, los tucumanos de Independencia, el santacruceño José Garrido, Karina Banfi e Innovación Federal, representado en la reunión por el misionero Alberto Arrúa. Los integrantes de las comisiones por el PRO, Emmanuel Bianchetti, Martín Yeza, Florencia de Sensi, Daiana Fernández Molero y Antonela Giampieri, respaldaron pero en disidencia, acaso influidos por la directiva de Mauricio Macri quien mandó a su bloque a votar contra Manuel Adorni si llega la ocasión de removerlo de su cargo.
LPO informó el mes pasado que el gobierno no llegaría a darle sanción al PCT antes del 30 de abril, tal como se había comprometido con Estados Unidos. Incluso, los laboratorios llevaron de viaje a un evento del MIT a los legisladores que integran la RAP, una excursión que las empresas, los funcionarios del gobierno y los diputados aprovecharon para ponerse de acuerdo en la reserva -o apartamiento- del título II del proyecto para mitigar la resistencia de la industria farmacéutica local.
En efecto, esa parte del articulado regula «el examen de patentabilidad» a nivel internacional antes de habilitar la producción en el plano nacional, algo que conspiraría contra la producción de genéricos en el ámbito local.
El secretario de Modernización y ex diputado radical, Alejandro Cacace, uno de los que viajó con la RAP y los laboratorios el mes pasado, dijo en pleno debate que la iniciativa «implica cooperación y no resigna la soberanía en patentes». «Le estamos dando (la oportunidad) a los inventores argentinos que no tengan que andar peregrinando y hagan una sola solicitud», argumentó.
El diputado Maximiliano Ferraro le salió al cruce en seguida. «Le diría que estamos frente al episodio de los desreguladores más locos del mundo, que se brindan a los pies del lobby de la industria farmacéutica con nombre y apellido», expresó en referencia a los laboratorios argentinos.
Aunque el legislador lilito admitió que comparte con el oficialismo la intención de «bajar el precio de los laboratorios de la Argentina», objetó «la reserva del título II» e impugnó que se la comparase con la decisión que tomó el parlamento uruguayo en 2024. «No es comparable en la escala con respecto a Uruguay, la adhesión parcial representaría una señal totalmente negativa», sostuvo Ferraro al fundamentar la presentación de su propio dictamen, sin tachar el título II.
Alejandro Cacace, secretario de Modernización.
El ex canciller Santiago Cafiero y el ex jefe de Gabinete Agustín Rossi, actualmente diputados de UP, fueron los encargados de informar sobre el dictamen de rechazo del peronismo. Cafiero consideró que el gobierno se movía con «urgencia» para sostener el acuerdo de Javier Milei con Scott Bessent: «para nosotros es un acuerdo que ya se cayó porque la Corte Suprema de Estados Unidos le dijo a Donald Trump que no podía negociar sobre las bases que había negociado con Argentina», indicó.
Además, objetó el argumento de Cacace acerca de «la cantidad de investigadores y centros universitarios que solicitaron durante 20 años patentes bajo este paraguas del tratado internacional». «¿Saben dónde están hoy todas esos centros universitarios? No están presentando patentes, están reclamando en la plaza el presupuesto que ustedes les chorean», dijo.
Le diría que estamos frente al episodio de los desreguladores más locos del mundo, que se brindan a los pies del lobby de la industria farmacéutica con nombre y apellido.
Rossi, por su parte, recordó que la versión original del PCT se produjo en 1970, durante el apogeo de la dictadura de Juan Carlos Onganía, y recordó que su objetivo fue desmontar las regulaciones que diseñó Arturo Oñativia, el ministro de Salud de Arturo Illia entre 1963 y 1966. «La historia cuenta que las decisiones que tomó Illia en materia de medicamentos y laboratorios fueron una de las causantes del golpe de 1966. La ley trataba de no generar que las empresas multinacionales tuvieran posiciones dominantes y reconocía procesos de producción», expuso.
También apuntó que el 29 de diciembre de 1997 se terminó votando en el Senado, por unanimidad, la media sanción del PCT. El defensor del proyecto por el oficialismo fue en aquel momento Eduardo Menem, padre del actual presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, y el líder opositor era José Genoud, presidente de la UCR.
¿Van a bajar los precios de los medicamentos o no van a bajar? Porque ese es el debate central que hoy deberíamos tener. Este apuro corresponde a una exigencia para ver si alguna vez podrá el gobierno tener el acuerdo con Estados Unidos.
Sin embargo, Rossi repuso que en 2001 el PCT tuvo una adenda. «¿Qué es lo que estamos tratando? ¿El PCT de Menem y Genoud o el PCT con la adenda de 2001? Si estamos tratando la versión con la adenda, no estamos tratando la media sanción y esta sería la cámara de origen. Y si estamos tratando la media sanción, no estamos tratando el tratado vigente», explicó.
El santafecino consideró que se asistía a «una enorme irregularidad parlamentaria» pero señaló que lo más preocupante era que nadie aclaraba si los precios de los medicamentos bajarían. «¿Van a bajar los precios de los medicamentos o no van a bajar? Porque ese es el debate central que hoy deberíamos tener. Este apuro corresponde a una exigencia para ver si alguna vez podrá el gobierno tener el acuerdo con Estados Unidos», concluyó.
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Más de 15 chicos del barrio asistieron al ‘Coloreando mi Ciudad’ que en esta ocasión se realizó en la Plaza del Comahue de las 201 Viviendas. En un recorrido por ese espacio, la guía les contó sobre la historia de los primeros colonos y la construcción del Dique Ingeniero Ballester, entre otros temas. Al finalizar…
Fiscales de la Procuración de Lavado de Activos (Procelac) le informaron al ex administrador de la Corte Suprema Héctor Daniel Marchi que le iniciarán una investigación a raíz de indicios surgidos en una causa de corrupción, que incluye a un ex juez federal, por el armado de una causa para extorsionar a dos agentes bursátiles de Rosario.
Por el mismo caso también recibió una comunicación idéntica el ex ministro de Justicia de Santa Fe Ricardo Silberstein, quien al igual que Marchi presentó abogados para notificarse sobre los hechos investigados, la prueba reunida y las calificaciones legales que de manera provisoria se le atribuyen.
El caso que requiere la presentación de los dos ex funcionarios públicos es la causa por extorsión que tiene al ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque y al financista Fernando Whpei en prisión preventiva y procesados por extorsión, lavado de activos y otros delitos. El ex director regional de la AFIP en Rosario y Santa Fe Carlos Vaudagna admitió que en 2019 entre ellos tres armaron una causa judicial contra los agentes bursátiles Claudio Iglesias y Jorge Oneto en un asado en la casa del ex magistrado. En su declaración ampliatoria como arrepentido, en octubre pasado, Vaudagna declaró que Marchi impulsaba desde Buenos Aires ese chantaje, presionando al lobista judicial Santiago Busaniche para que a su vez empujara el armado de la causa penal.
Las víctimas de esta maniobra presunta son dos financistas rosarinos y uno de ellos, Claudio Iglesias, era al momento del delito en trámite directivo de la aseguradora San Cristóbal, con sede en Rosario.
En febrero pasado, los defensores de Busaniche requirieron que se llamara a declarar como testigos -aunque sin la obligación de juramento por si surgiera mérito penal y con pedido de secuestro de teléfonos-tanto a Marchi como a Silberstein.
A una semana que la Cámara Federal de Casación confirmara las investigaciones contra Busaniche y rechazara el pedido de apartar a todos los fiscales que impulsan estos casos de corrupción institucional, el fiscal federal Juan Argibay Molina comunicó tanto a Marchi como a Silberstein que se había dado inicio a un legajo de oficio para determinar si aparecían implicaciones en los ilícitos bajo pesquisa.
Contador, oriundo de Rafaela, Héctor Daniel Marchi fue funcionario del gobierno de Jorge Obeid, y en 2003 llegó a administrador general de la Corte Suprema con el impulso del ministro Ricardo Lorenzetti, que es de la misma ciudad. Desde ese cargo durante 15 años Marchi manejó los recursos multimillonarios del Poder Judicial de la Nación hasta que fue desplazado en 2023 por el estallido de una interna. Quien resistió su relevo, como lo reflejó la prensa por entonces, fue Lorenzetti.
Al dar testimonio como arrepentido, el ex director de la AFIP Vaudagna admitió que el lobista Busaniche había hablado con él para abrir una causa penal por lavado contra los agentes bursátiles en 2019. Estos declararon que les pidieron 200 mil dólares para paralizar ese expediente. Los pormenores de ese armado quedaron probados por una conversación entre Vaudagna y Busaniche. En una declaración ante fiscales, Vaudagna dijo que quien empujaba a Busaniche para que se concretara esa causa era Marchi.
Para que la fiscalía inicie una investigación contra Silberstein hay un eje en la compañía de seguros San Cristóbal. Silberstein es un abogado reconocido en Rosario, que fue decano de la Facultad de Derecho de la UNR y ministro de Justicia del ex gobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz.
Aducen que Silberstein integraba el directorio de San Cristóbal. Y que Vaudagna lo mencionó como «el interesado o beneficiado en perjudicar al señor Iglesias». Silberstein le dijo a LPO que es completamente ajeno a cualquier acto ilícito, que no conoce a Vaudagna y que le parece dañosa y desconcertante la pretensión de involucrarlo en una investigación. Este abogado tiene relación con la aseguradora San Cristóbal y aparecía como candidato a presidir la compañía, una de las mayores del país, en una elección que se realizará en octubre.
Este viernes Marchi se presentó espontáneamente con el abogado Hernán Folgueiro -del estudio del ex juez Gabriel Cavallo– que va a representarlo ante los fiscales de la Procelac, los que les explicaron los hechos investigados.
Un día antes en Rosario se había notificado el abogado designado por Silberstein, el penalista Walter Stramazzo, sobre el inicio de esta investigación preliminar que se desprende del caso 15287/2024, donde ya están procesados y con medidas cautelares el ex juez Bailaque -que afronta un pedido de pena de diez años de prisión por esta y otras causas-el financista Whpei y el ex funcionario de la AFIP Vaudagna.
Hace dos meses, los abogados Claudio Pirotta y Débora Lichtmann, que representan a Busaniche, propusieron el llamado de varios testigos, cuestionando que la fiscalía no los haya llamado luego que de Vaudagna apuntara al ex administrador de la Corte como instigador de la extorsión contra los agentes bursátiles de Rosario. Entre otros testigos propusieron a la propia hermana de Marchi, ya que Vaudagna la mencionó, y a todos los empleados que trabajaron con Marchi en el ámbito de la Corte.
En el caso de Whpei piden que analicen en su teléfono si tiene agendado a alguien que aparece bajo el contacto «hermanito» que, sugieren los defensores de Busaniche, podría ser Marchi.
Silberstein cuestiona con énfasis cualquier implicación con un caso «que de repente se llenó de arrepentidos». Al igual que con Marchi, los defensores de Busaniche piden que al ex ministro santafesino se lo releve de la obligación de jurar como testigo y también que le secuestren su teléfono.
Busaniche, que es el que promovía el armado de la causa por extorsión, está además procesado junto a otro juez federal de Rosario, Gastón Salmain, por la gestión de cobro de un soborno. Es el caso en donde Salmain impuso mediante un amparo al BCRA a venderle al fideicomiso Attila, administrado por Fernando Whpei , 10 millones de dólares en billetes para el pago de una deuda en el exterior durante la vigencia del cepo cambiario, a cambio de un soborno.
He llegado a lograr una concepción propia sobre la espiritualidad y conocer mejor qué poder o energía nos mueve. En algún punto pude hacer una simbiosis entre la ciencia y las diferentes religiones. Hoy puedo entender de mejor modo cuando el cristianismo invocaba frases como “dios es amor”, “dios está en ti”, y paralelamente, entender…
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