“Las declaraciones de Gallardo están en línea con lo que queremos hacer nosotros. Estamos definiendo los protocolos necesarios para que vuelvan los entrenamientos” dijo el funcionario en Radio La Red (AM 910).
Durante la semana, en declaraciones radiales, el entrenador ‘millonario’ había manifestado la urgente necesidad de reactivar el regreso de los jugadores a las prácticas, luego de la interrupción producida en marzo pasado, a causa del coronavirus.
“Se está trabajando con el Ministerio de Salud en ello para poder avanzar”, agregó el funcionario.
Cafiero también consideró que uno de los ítems puntuales a cumplimentar sería que los futbolistas “no compartan el vestuario, que vayan cambiados y que se duchen en sus casas”, enumeró.
“Quizás puedan agruparse por sectores, en núcleos reducidos”, sostuvo el Jefe de Gabinete.
Cafiero, quien eludió la chance de “citar plazos y nombrar una fecha”, también dijo que “todos los deportes tendrán la posibilidad de reanudar sus entrenamientos”.
“En el caso del fútbol volverán el masculino, el femenino también y el resto de las actividades deportivas”, precisó.
La actriz cuestionó con dureza el proyecto oficial para modificar la ley de discapacidad y denunció un “retroceso histórico” que, según advirtió, pone en riesgo la vida de miles de personas.
Por Lola Santacreta para NLI
La actriz Lola Berthet lanzó una de las críticas más contundentes contra el Gobierno tras conocerse el avance de una nueva iniciativa sobre discapacidad. En declaraciones públicas, sostuvo que “el objetivo es que la gente se muera”, en referencia a lo que considera un recorte sistemático de derechos y prestaciones esenciales para el sector.
El planteo no fue aislado ni improvisado. Berthet, que además es madre de un niño con autismo, viene siguiendo de cerca las políticas oficiales y alertó que el proyecto implica dejar afuera a muchas personas del sistema, profundizando una situación ya crítica. En ese sentido, advirtió que las modificaciones impulsadas por el oficialismo representan un “retroceso histórico” en materia de inclusión.
Un sistema bajo presión
El eje del conflicto gira en torno a la reforma del sistema de discapacidad, que regula prestaciones médicas, terapéuticas y asistenciales. En la Argentina, ese entramado se sostiene sobre leyes como la 24.901, que establece la cobertura integral para personas con discapacidad, incluyendo tratamientos, educación y asistencia social.
Sin embargo, distintos sectores denuncian que el Gobierno busca redefinir criterios de acceso y financiamiento, lo que en la práctica implicaría menos cobertura y más exclusión. Para Berthet, esto no es una discusión técnica sino política: “Hay un corrimiento deliberado del Estado”, viene señalando en sus intervenciones públicas.
La actriz también apuntó contra el clima social que rodea estas medidas. Según sostuvo, desde el oficialismo se instaló un discurso que estigmatiza a las personas con discapacidad, generando un contexto de mayor vulnerabilidad.
“Hay que parar esto”
El rechazo al proyecto no se limita al ámbito artístico. Organizaciones, familias y profesionales del sector vienen manifestándose contra los cambios, denunciando recortes en prestaciones, demoras en pagos y pérdida de derechos adquiridos.
En ese marco, Berthet se sumó activamente a los reclamos y llamó a frenar el avance de la iniciativa. Su frase más dura —“el objetivo es que la gente se muera”— sintetiza el nivel de alarma que atraviesa al colectivo.
Detrás de esa expresión hay una acusación de fondo: que el ajuste impulsado por el Gobierno no es neutro, sino que impacta directamente sobre los sectores más vulnerables. En un país donde millones de personas dependen del sistema de discapacidad, la discusión dejó de ser técnica para convertirse en un debate urgente sobre el rol del Estado.
Con los subsidios congelados y el fuerte aumento de los combustibles, las empresas de colectivos ya están operando con menos unidades en el AMBA y La Plata, lo que genera reducción de las frecuencias y largas esperas de los usuarios.
Ese caos se espiraliza en los grandes centros urbanos del interior de la provincia de Buenos Aires, donde las empresas de transporte están reclamando fuertes subas en el boleto. Por eso, en las cámaras del sector no descartan la posibilidad de una parálisis total de los servicios.
«Es inviable», dijo Marcelo Pasciuto, director de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba) y del Grupo Dota, que concentra el 35% del servicio en el AMBA.
Pasciuto sostuvo que, a la par del fuerte aumento del combustible, el Gobierno aún no giró el 60% del subsidio, por lo que las empresas no cuentan con el dinero para pagar los sueldos. De persistir el panorama, el empresario no descartó un paro total.
«Que mañana (miércoles) funcione el transporte depende de que entreguen gasoil, que los bancos den descubierto y que colabore el sindicato, sino mañana no se qué empresa va a trabajar», dijo a Futurock.
En La Plata, el recorte del servicio provocó largas esperas de los usuarios en las paradas, bajo la lluvia.
Que mañana (miércoles) funcione el transporte depende de que entreguen gasoil, que los bancos den descubierto y que colabore el sindicato, sino mañana no se qué empresa va a trabajar.
En la gestión de Julio Alak adelantaron a LPO que el municipio les va a aplicar sanciones a las empresas, al advertir que no pueden decidir unilateralmente la reducción de frecuencias. Por esta crisis, está previsto una reunión en lo inmediato entre las partes.
En las empresas transportistas se quejan de una desactualización del subsidio nacional que ya venía altergando la renovación del parque automotor. Ahora, la disparada del precio de la nafta a partir de la guerra en medio oriente complicó más el panorama.
En Mar del Plata, la cámara empresaria que opera el servicio de colectivos en la ciudad balnearia pidió al municipio que les habilite un incremento del 65% en la tarifa, lo que se traduce en un impacto de más de mil pesos, llevando el boleto plano de 1.550 a 2.569 pesos.
En Bahía Blanca, hay quejas por el fuerte incremento registrado en el boleto del colectivo que une esa ciudad con Punta Alta. La empresa a cargo de ese servicio aplicó una suba del 127%, llevando el pasaje de 1.846 a 4.190 pesos.
Por ser una línea interjurisdiccional, ese aumento fue avalado por la Provincia. Ante eso, en Punta Alta le reclamaron al gobierno de Kicillof que dé a conocer el estudio de costos en el que se basó para aprobar semejante incremento. «Entra en la discusión el tema de los subsidios que recibe el transporte del interior», dijo a Radio Altos el concejal de Punta Alta Daniel Medina.
En Junín, en tanto, la crisis del sector desató despidos. Los trabajadores de la empresa 8 de octubre desarrollan desde el lunes un paro total en las cuatro líneas que recorren esta ciudad del noroeste bonaerense, ante la desvinculación intempestiva de un chofer.
Frente a las advertencias de parálisis del servicio por parte de las cámaras, en el gobierno nacional convocaron a las empresas a una reunión, prevista para este jueves a la mañana en la Secretaría de Transporte. Ahí, la discusión en torno a la actualización del subsidio, será central para saber si se descompromirá el conflicto y si avanzará a un paro total.
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