“Las declaraciones de Gallardo están en línea con lo que queremos hacer nosotros. Estamos definiendo los protocolos necesarios para que vuelvan los entrenamientos” dijo el funcionario en Radio La Red (AM 910).
Durante la semana, en declaraciones radiales, el entrenador ‘millonario’ había manifestado la urgente necesidad de reactivar el regreso de los jugadores a las prácticas, luego de la interrupción producida en marzo pasado, a causa del coronavirus.
“Se está trabajando con el Ministerio de Salud en ello para poder avanzar”, agregó el funcionario.
Cafiero también consideró que uno de los ítems puntuales a cumplimentar sería que los futbolistas “no compartan el vestuario, que vayan cambiados y que se duchen en sus casas”, enumeró.
“Quizás puedan agruparse por sectores, en núcleos reducidos”, sostuvo el Jefe de Gabinete.
Cafiero, quien eludió la chance de “citar plazos y nombrar una fecha”, también dijo que “todos los deportes tendrán la posibilidad de reanudar sus entrenamientos”.
“En el caso del fútbol volverán el masculino, el femenino también y el resto de las actividades deportivas”, precisó.
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Con los subsidios congelados y el fuerte aumento de los combustibles, las empresas de colectivos ya están operando con menos unidades en el AMBA y La Plata, lo que genera reducción de las frecuencias y largas esperas de los usuarios.
Ese caos se espiraliza en los grandes centros urbanos del interior de la provincia de Buenos Aires, donde las empresas de transporte están reclamando fuertes subas en el boleto. Por eso, en las cámaras del sector no descartan la posibilidad de una parálisis total de los servicios.
«Es inviable», dijo Marcelo Pasciuto, director de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba) y del Grupo Dota, que concentra el 35% del servicio en el AMBA.
Pasciuto sostuvo que, a la par del fuerte aumento del combustible, el Gobierno aún no giró el 60% del subsidio, por lo que las empresas no cuentan con el dinero para pagar los sueldos. De persistir el panorama, el empresario no descartó un paro total.
«Que mañana (miércoles) funcione el transporte depende de que entreguen gasoil, que los bancos den descubierto y que colabore el sindicato, sino mañana no se qué empresa va a trabajar», dijo a Futurock.
En La Plata, el recorte del servicio provocó largas esperas de los usuarios en las paradas, bajo la lluvia.
Que mañana (miércoles) funcione el transporte depende de que entreguen gasoil, que los bancos den descubierto y que colabore el sindicato, sino mañana no se qué empresa va a trabajar.
En la gestión de Julio Alak adelantaron a LPO que el municipio les va a aplicar sanciones a las empresas, al advertir que no pueden decidir unilateralmente la reducción de frecuencias. Por esta crisis, está previsto una reunión en lo inmediato entre las partes.
En las empresas transportistas se quejan de una desactualización del subsidio nacional que ya venía altergando la renovación del parque automotor. Ahora, la disparada del precio de la nafta a partir de la guerra en medio oriente complicó más el panorama.
En Mar del Plata, la cámara empresaria que opera el servicio de colectivos en la ciudad balnearia pidió al municipio que les habilite un incremento del 65% en la tarifa, lo que se traduce en un impacto de más de mil pesos, llevando el boleto plano de 1.550 a 2.569 pesos.
En Bahía Blanca, hay quejas por el fuerte incremento registrado en el boleto del colectivo que une esa ciudad con Punta Alta. La empresa a cargo de ese servicio aplicó una suba del 127%, llevando el pasaje de 1.846 a 4.190 pesos.
Por ser una línea interjurisdiccional, ese aumento fue avalado por la Provincia. Ante eso, en Punta Alta le reclamaron al gobierno de Kicillof que dé a conocer el estudio de costos en el que se basó para aprobar semejante incremento. «Entra en la discusión el tema de los subsidios que recibe el transporte del interior», dijo a Radio Altos el concejal de Punta Alta Daniel Medina.
En Junín, en tanto, la crisis del sector desató despidos. Los trabajadores de la empresa 8 de octubre desarrollan desde el lunes un paro total en las cuatro líneas que recorren esta ciudad del noroeste bonaerense, ante la desvinculación intempestiva de un chofer.
Frente a las advertencias de parálisis del servicio por parte de las cámaras, en el gobierno nacional convocaron a las empresas a una reunión, prevista para este jueves a la mañana en la Secretaría de Transporte. Ahí, la discusión en torno a la actualización del subsidio, será central para saber si se descompromirá el conflicto y si avanzará a un paro total.
El desplazamiento de Carlos Frugoni, funcionario del Ministerio de Economía, por ocultar propiedades en Estados Unidos abre una pregunta incómoda que el oficialismo evita responder: ¿por qué a algunos los echan y a otros, con situaciones similares, los sostienen?
Por Roque Pérez para NLI
La salida de Frugoni se produjo luego de que se confirmara que tenía al menos siete u ocho inmuebles en Florida sin declarar ante los organismos argentinos, además de sociedades en el exterior utilizadas para adquirirlos. El caso no fue menor: se trata de un funcionario clave en el área de infraestructura, bajo la órbita directa del ministro Luis Caputo.
El escándalo que terminó en despido
La investigación periodística reveló que Frugoni omitió incluir en sus declaraciones juradas propiedades valuadas entre 140.000 y 310.000 dólares cada una, muchas de ellas adquiridas a través de firmas registradas en Delaware, una jurisdicción conocida por su opacidad.
El propio funcionario terminó admitiendo la irregularidad. Reconoció que no había declarado esos bienes y aseguró que se trataba de un “error” que estaba intentando corregir.
Pero el daño ya estaba hecho. La normativa argentina es clara: todo funcionario debe declarar la totalidad de su patrimonio, tanto en el país como en el exterior, y la omisión puede configurar delitos como enriquecimiento ilícito u omisión maliciosa.
En ese contexto, el Gobierno decidió avanzar con su salida. Una decisión que, en apariencia, busca mostrar firmeza frente a la corrupción.
La incómoda comparación con Adorni
Sin embargo, el caso abre una contradicción evidente. Porque mientras Frugoni fue eyectado, Manuel Adorni sigue en su cargo pese a estar bajo cuestionamientos patrimoniales y judiciales similares, tal como ya trascendió en distintas investigaciones públicas.
La comparación no es menor: ambos casos giran en torno a inconsistencias en declaraciones juradas, patrimonio no declarado o bajo sospecha, y posibles irregularidades en el manejo de bienes.
Entonces, la pregunta es inevitable: ¿por qué a Frugoni sí y a Adorni no?
Discrecionalidad, relato y costo político
La respuesta parece menos jurídica que política. Frugoni era un funcionario técnico, prescindible dentro del esquema de poder. Adorni, en cambio, es una figura central en la comunicación del gobierno de Milei, con exposición mediática diaria y rol estratégico en la construcción del relato oficial.
En otras palabras, no todos los funcionarios valen lo mismo dentro del dispositivo político.
El gobierno intenta instalar una narrativa de “tolerancia cero” frente a irregularidades, pero los hechos muestran otra cosa: la vara cambia según el peso político del implicado.
Un problema más profundo
El caso Frugoni no es un hecho aislado. Se inscribe en una serie de episodios que golpean el discurso de transparencia de la actual gestión, especialmente en áreas sensibles como la obra pública y la administración de recursos.
La utilización de sociedades en el exterior, la omisión de bienes y las inconsistencias patrimoniales no son meros tecnicismos: son señales de posibles circuitos de opacidad que contradicen el discurso anticasta.
Y cuando la reacción del Estado es selectiva, el problema se agrava.
La pregunta que queda abierta
El desplazamiento de Frugoni podría haber sido un gesto de institucionalidad. Pero pierde fuerza cuando no se aplica el mismo criterio a todos.
Porque en política, tan importante como sancionar es hacerlo sin discrecionalidad. Y hoy, la sensación que queda es otra: no hay una política anticorrupción, sino una administración del costo político de cada escándalo.
La minera Livent S.A volcó ácido clorhídrico en Catamarca y todavía se desconoce si hubo sanciones para la empresa, o las consecuencias a largo plazo de la contaminación. Tras el derrame en el Salar del Hombre Muerto, en el departamento Antofagasta de la Sierra, Catamarca/12 accedió a un informe que detalla que se derramaron 1032…
