Buscan reducir en Neuquén la formación de guardavidas

Buscan reducir en Neuquén la formación de guardavidas

 

La diputada provincial Brenda Buchiniz (Cumplir) presentó un proyecto para modificar la Ley 2.941 de guardavidas, que hoy impide habilitar natatorios en varias localidades de Neuquén. La iniciativa busca reducir las horas de formación y crear un registro provincial, en medio de la preocupación por el cierre de piletas en plena previa del verano.

La falta de guardavidas habilitados se ha convertido en un obstáculo para que cientos de neuquinos accedan a las actividades acuáticas. En municipios como Piedra del Águila, Loncopué y San Patricio del Chañar, las piletas permanecen cerradas porque no logran contratar profesionales que cumplan los requisitos de la actual ley sancionada en 2014.

“Encontramos errores en la ley gracias al contacto con los vecinos de Piedra del Águila”, explicó la legisladora en diálogo con AM Cumbre 1400, donde detalló los puntos más críticos del sistema actual.

El principal problema radica en la exigencia de 1.100 horas de formación para los guardavidas, una carga que supera ampliamente los estándares nacionales e internacionales. “La Federación Internacional de Salvamento Acuático establece entre 730 y 750 horas, y en Río Negro, que incluso tiene costa marítima, solo se piden 740 horas”, señaló Buchiniz.

Esa diferencia, explicó, dificulta la contratación de profesionales y deja sin funcionamiento a espacios deportivos claves. Un ejemplo es la pileta semiolímpica del CEF 17 en Piedra del Águila, que no puede operar, afectando a más de 300 niños y adultos mayores que participaban en clases de natación y aquagym.

La problemática se extiende a todo el interior provincial: “Hay chicos que no pueden hacer natación y abuelos que no pueden practicar aquagym porque no logramos contratar guardavidas”, lamentó la diputada.

Creación de un registro provincial y actualización institucional

Otro de los puntos que Buchiniz propone modificar es la ausencia de un registro provincial de guardavidas. Aunque la ley vigente exige estar inscripto en uno, ese registro nunca fue creado. “Propongo crearlo para saber cuántas personas están habilitadas y si rinden las reválidas anuales, porque está en juego la vida de los bañistas”, subrayó.

Además, el proyecto plantea actualizar la autoridad de aplicación, ya que el organismo original —el Ministerio de Coordinación, Gabinete, Seguridad y Trabajodejó de existir tras la reestructuración del gobierno provincial.
“Necesitamos una autoridad que reglamente y fomente estas políticas para habilitar los natatorios”, sostuvo la legisladora.

Impacto social y económico del cierre de natatorios

La falta de guardavidas habilitados afecta directamente la vida cotidiana de los vecinos, especialmente en las zonas del interior, donde las piletas públicas son uno de los pocos espacios recreativos disponibles. “Se invirtieron millones en piletas semiolímpicas que están cerradas porque no hay profesionales que cumplan los requisitos”, explicó Buchiniz.

En Piedra del Águila, incluso las colonias de verano se vieron suspendidas por la imposibilidad de contratar guardavidas. La diputada mencionó el caso de un aspirante de Mendoza que no pudo trabajar en la localidad porque su formación no alcanzaba las 1.100 horas exigidas por la ley neuquina.

Hipótesis sobre la rigidez de la norma

Buchiniz también señaló que la redacción original de la ley podría haber sido influenciada por el sindicato de guardavidas, aunque aclaró que se trata solo de una hipótesis. “Quizás se hizo un acuerdo con el sindicato para controlar la matrícula de profesionales”, expresó, advirtiendo que esa rigidez perjudica a los municipios del interior.

De todos modos, la diputada enfatizó que su tarea es proponer soluciones legislativas, no negociar con sectores particulares: “Mi rol es mejorar las normas para que beneficien a los neuquinos”, afirmó.

Reforma en marcha antes del verano

El proyecto, que incluye además dos pedidos de informe a Defensa Civil y al Consejo Provincial de Educación, busca determinar el alcance real del problema. Buchiniz espera que la iniciativa tome estado parlamentario la próxima semana, una vez que la Legislatura retome su actividad tras la pausa electoral.

“Espero que se trate rápido en comisiones”, señaló, destacando la urgencia de aprobar la reforma antes del verano, cuando aumentan las actividades acuáticas en toda la provincia.

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  • En Los Ángeles irrumpe la agresión policial-militar de la administración Trump

     

    Tropas de la Guardia Nacional de California y agentes de Policía montan guardia mientras la gente asiste a una manifestación contra las redadas federales de inmigración, en Los Ángeles, California, EE. UU., el 9 de junio de 2025. © Reuters – David Ryder

    Hoy, cuando han transcurridos días de la ofensiva policial-militar del gobierno fascistoide de Trump, trabajadores migrantes se debaten entre salir de sus casas para buscar el sustento diario de los suyos corriendo el riesgo de ser arrestados y deportados o aumentar la situación de miseria en la que viven. Mientras tanto, las luces de neón de Hollywood le siguen mostrando al mundo un sueño de país y economía que dista mucho de la tragedia en la que viven los humildes que con esperanzas llegan a los Estados Unidos. Pero no todo está perdido: cada hora se eleva el número de nacionales norteamericanos, de la clase trabajadora de ese país, que se unen a las protestas y rechazan el fascismo trumpista. En lo inmediato, las manifestaciones – locales e internacionales – del 14 de junio deberán, como mínimo, demostrar la capacidad que tiene el pueblo estadounidense en lucha de movilizarse, y, de esa manera, aguarle no solo el cumpleaños a Donald Trump sino también su inhumana política migratoria. Por Luis Bonilla-Molina (1) y Jorge Lefevre Tavárez (2)*.


    Introducción

    José es un conductor hondureño, trabajador precario de la plataforma de Uber, quien ha tomado un servicio para buscar a Olivia en el distrito de Hollywood, de los Ángeles. Aunque hace más de una década obtuvo la ciudadanía norteamericana, no puede evitar sentir temor al percatarse que su pasajera es latina, así que enmudece para no asumir el riesgo de tener que hablar en el idioma prohibido del español.

    La ruta solicitada no pertenece a una de las zonas de acción del Servicio de Control de Inmigración de Aduanas (Immigration and Customs Enforecement, llamados en todos lados por sus siglas en inglés, ICE), ni las fuerzas policiales anti migrantes, pero prefiere tomar un par de desvíos por calles que acaba de comprobar que están exentas de operaciones policiales y protestas. El temor del conductor y la pasajera se expresan en las miradas que se cruzan en el retrovisor, como si ambos supieran que estaban en riesgo, como los centenares de migrantes detenidos los últimos días. Prende la radio y las noticias hablan de incidentes callejeros y el incremento de detenciones a la población trabajadora del Estado de California.

    Manifestantes se enfrentan con las autoridades en el centro de Los Ángeles, el domingo 8 de junio de 2025, tras las protestas contra las redadas migratorias de la noche anterior. (AP Foto/Jae Hong, Archivo)

    Miles de niños quedan atrapados en sus casas por temor a ser separados de sus padres, mientras la juventud latina prefiere perder el semestre en la universidad antes que ser tratados como delincuentes, por el único delito de ser hijos de trabajadores pobres que fueron tras el sueño americano. En estos días, enfermarse y tener que acudir al médico, puede convertirse en el boleto a una celda. La indignación recorre las calles de Los Ángeles y las ciudades de California.

    Antecedentes

    En su campaña electoral de 2024, Donald Trump prometió liderar la ¨mayor operación de deportación¨ en la historia de los Estados Unidos. Esto, como parte de su discurso reaccionario, nacionalista y xenofóbico, que culpa a la población migrante de robar empleos, y criminaliza esta población llamándoles ilegales y criminales. Esta promesa de campaña no impidió que, según Prensa Asociada, un 43% del voto latino haya sido emitido a favor de Trump en los comicios de noviembre. Esto en parte se debe a que la política del Partido Demócrata hacia los migrantes está lejos de ser un trato humano; Joseph Biden, como presidente, llegó a deportar a un número mayor de migrantes que Trump en su primera presidencia, y Barack Obama, más que George Bush, hijo. Pero la política de terror que ha implementado Trump en su segundo mandato no tiene precedente reciente.

    Luego de las elecciones, y habiendo triunfado, el proyecto racista de Trump arrancó desde el inicio de su mandato el 20 de enero de 2025, cuando aprobó la Ley Ejecutiva anti migrantes. Esta moviliza las fuerzas del estado, particularmente a ICE, para hacer redadas y prácticamente secuestrar a personas para procesarlas y deportarlas de Estados Unidos. Al ser política del gobierno federal, requiere la complicidad de los gobiernos estatales. Se ha dicho que en ocasiones se les ha puesto una cuota de deportaciones a las agentes federales. Ha habido, igual, detenciones de personas que cuentan con documentos para permanecer en territorio estadounidense, y son igualmente desplazados. Son verdaderas campañas de terror, que tienen a la población migrante en una situación de extrema vulnerabilidad, y que ha llevado a grandes ausentismos en los trabajos y en las escuelas por miedo al acecho.

    David Ryder / REUTERS.

    En los meses transcurridos desde que asumió su segundo mandato, Trump ha intensificado las acciones contra la población migrante, especialmente la latina. Una de las poblaciones más afectadas es la venezolana, que tiene una diáspora de cerca de 8 millones de ciudadanos, muchos de los cuales se encuentran en los Estados Unidos. A pesar de que Nicolás Maduro se ha convertido en el gran aliado energético de los Estados Unidos, entregando en condiciones coloniales el petróleo venezolano a los gringos, Trump usa el fantasma del enemigo ideológico para expulsar y devolver a Venezuela la población del país dirigido por su aliado seudo izquierdista.

    Ningún rincón del territorio estadounidense queda a salvo de esta política. Puerto Rico, colonia caribeña de Estados Unidos desde el 1898, con una población latina, también es víctima de esta política, en este caso, en particular la comunidad migrante de República Dominicana y de Haití. Esto, lamentablemente, con la complicidad del actual gobierno trumpista del Partido Nuevo Progresista y la gobernadora Jenniffer González. El Departamento de Transportación y Obras Públicas le entregó a ICE la dirección de 6,000 personas indocumentadas que contaban con licencias de conducir, desvirtuando una ley aprobada originalmente con la intención de incorporar a personas indocumentadas a la vida social del país. A esta fecha, ya ICE ha arrestado a 568 inmigrantes en Puerto Rico, de los cuales 421 son dominicanos.

    Después de eliminar, restringir y someter a evaluación los estatus de toda la población migrante, ahora ha lanzado una ofensiva policial-militar sobre California, el Estado con mayor población extranjera, quienes juegan un papel esencial en la economía regional; en 2022, California aportó 692 millones de dólares en impuestos federales, equivalente al 15% el total de los ingresos federales de los Estados Unidos, mientras que se estima que en 2023 California envió 78 millones de dólares más de lo que recibió de fondos federales.

    Narrativa de los hechos de junio 2025

    Las redadas masivas de captura de migrantes iniciadas el 6 de junio mostró que se estaba entrando en un escalamiento de las políticas anti migración. Las operaciones de ICE se ejecutaron con especial brutalidad y violación de los derechos de la población migrante. El despliegue de la Guardia Nacional de California, el 7 de junio, generó respuestas y resistencias sociales en Paramount, Compton y el propio centro de Los Ángeles. No es para menos: la Guardia Nacional, un cuerpo militar que cada estado tiene y que responde simultáneamente a cada estado y al gobierno federal, en los Estados Unidos no suele movilizarse para acciones como esta (la propia propaganda de reclutamiento indica que se espera que un miembro de la Guarda Nacional sea movilizado “una vez cada dos o tres años”). Esto ha llevado a una pugna entre el gobierno estatal de California, que repudia la movilización de la Guardia Nacional en estas protestas, y el gobierno federal que los movilizada. Esto explica, también, la razón por la que grandes sectores de la Guardia Nacional han ignorado el llamado de Trump y no se han dejado movilizar (se estima que de los 2000 efectivos de la Guardia Nacional que se pretendía movilizar, solo han podido hacerlo con 300).

    El 6 de junio, entre 8 y 10 de la mañana, agentes del ICE junto con agentes el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS), el Buró Federal de Investigación (Federal Bureau of Investigation, FBI) y la Administración de Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA) realizaron redadas en un almacén textil arrestando a unos 44 trabajadores que fueron trasladados al Centro de Detención Edward R. Roybal, lo cual provocó protestas frente a este centro de confinamiento. Esto generó las primeras contradicciones en el establishment gringo.

    La policía de Los Angeles se enfrenta con manifestantes. Imagen: EFE / EPA / Caroline Brehman.

    En paralelo, ICE había tomado la Tienda Home Depot, en Paramount CA, deteniendo a latinos, a lo cual respondieron con protestas unos 400 manifestantes.  Surgieron las primeras denuncias respecto a la imposibilidad que tenían los prisioneros de acceder a un abogado, poniéndose de manifiesto la violación de los derechos humanos y las garantías mínimas procesales a quienes eran calificados como ilegales y sujetos a deportación.

    El 7 de junio, continuaron las operaciones anti migrantes en el Atlantic Boulevard, incrementando las detenciones, pero también las protestas que culminaron en la quema de un vehículo. Los protestantes marchaban con banderas nacionales de los países de la región. Algo similar ocurrió en Compton.

    Mientras la policía disparaba balas plásticas y gases lacrimógenos para dispersar las protestas, el funcionario de la administración Trump, Tom Homan, anunciaba el despliegue de 2.000 efectivos de la Guaria Nacional, lo cual generó que los concejales de Los Ángeles aprobaran 500 millones de dólares para fondos legales de protección a migrantes. Esa noche, centenares de manifestantes se concentraron frente al Edward R. Roybal Federal Building, vociferando la consigna de “¡ICE fuera de los Ángeles!”, a lo que Trump respondió en la red social Truth Social defendiendo las redadas.

    El capítulo de la American Civil Liberties Union (ACLU, una organización sin fines de lucro que vela por los derechos de la población) del Sur de California expresó su intención de retar las medidas represivas en los Tribunales, y calificó la jornada como un operativo militar.

    El 8 de junio, 300 guardias nacionales, armados hasta los dientes, con rifles largos y escudos anti motines, se apostaron frente al Metropolitan Detention Center en el propio centro de Los Ángeles. Mientras esto ocurría, al grito de “¡Paren las deportaciones!”, miles de manifestantes se reunían en la Mariachi Plaza con banderas de México, Honduras y El Salvador. La Policía de Los Ángeles (LAPD) y la Patrulla de Caminos de California (CHP) dispersaron con gases lacrimógenos a los manifestantes.

    Imagen: Daniel Cole.

    El gobernador de California, Kevin Newson, y el sheriff, Robert Luna, exigieron por la red social X que la Guardia Nacional debía retirarse. Esa noche, comenzaron los llamados a taxis autónomos (sin conductores) que al llegar al sitio eran quemados por pobladores indignados, como señal de protesta.

    El 9 de junio, las protestas continuaron frente a los centros de detención, con un saldo de 27 manifestantes detenidos. Mientras el gobernador Newson anunciaba que demandaría a Trump por movilizar a la Guardia Nacional del estado de manera ilegítima, la congresista Nanette Barragán por un distrito de California develaba que el gobierno federal intencionaba que las redadas en Los Ángeles continuarían por 60 días, apareciendo Nueva York como el próximo territorio a ser ocupado por las fuerzas anti migrantes.

    El 10 de junio el Pentágono confirmaba que desplegaría en Los Ángeles 700 marines, fuerzas militares con alta capacidad destructiva y aniquiladora de vidas humanas. Esto sería una nueva escala de las políticas migratorias que coloca a la clase trabajadora latina como enemigo ideológico de los Estados Unidos, no obstante, al parecer este contingente no ha podido ser movilizado por resistencias internas de efectivos de esta fuerza élite. Ante este anuncio el gobernador de California solicitó públicamente revertir la medida, lo que muestra la agudización de las contradicciones entre sectores del capital norteamericano, cuya evolución y correlación de fuerzas será determinante en los acontecimientos de los próximos días.

    Si bien los datos oficiales son escasos, es un hecho que las protestas ciudadanas y las contradicciones entre la administración federal de Trump y el liderazgo local, especialmente del Gobernador de California y la alcaldesa de la ciudad de Los Ángeles, han hecho disminuir el número de arrestos los días 10 y 11 de junio.

    Mientras tanto, se eleva el número de manifestantes que protestan las medidas, con pancartas que señalan Fuck ICE; ciudadanos norteamericanos salen de sus casas a evitar la deportación de vecinos, mostrando que el verde oliva y las armas de la Guardia Nacional no son suficientes para detenerlos

    Las resistencias antifascistas

    Las manifestaciones y choques de la población migrante contra el aparato policial-militar y ICE, si bien son un reflejo de sobrevivencia, son también signos de maduración política contra las políticas reaccionarias del gobierno federal, incluyendo sectores que incluso votaron a Trump. El alto apoyo de la población latina con voto hacia Trump, por ejemplo, que se mencionó al inicio de este artículo, ha decaído estrepitosamente, según encuestas recientes. Una parte importante de las movilizaciones en Los Ángeles ha sido de la comunidad latina, a la vez de las más vulnerables y de las más militantes. Se dice que las actuales movilizaciones pueden ser un presagio de un movimiento similar al “Black Lives Matter” de hace algunos años. Además, estas resistencias comienzan a ser expresión de enfrentamiento a las políticas fascistoides de la administración norteamericana.

    Si bien los sectores liberales se oponen a las políticas de Trump, ha habido una oposición igualmente insistente a la manera en que estas manifestaciones se han desarrollado. La alcaldesa de Los Ángeles se ha expresado en contra de las manifestaciones violentas. La policía de Los Ángeles declaró que las concentraciones en el centro de la ciudad, eran asambleas ilegales y los participantes serían castigados con el peso de la Ley. Bernie Sanders, incluso, ha manifestado simpatía con la resistencia no-violenta que promovía Marthin Luther King, en oposición a lo que se ha visto en Los Ángeles. Ante eso, conviene recordar las propias palabras de Marthin Luther King:

    “Y debo decir esta noche que un motín es el lenguaje de los que no son escuchados. ¿Y qué es lo que Estados Unidos no ha escuchado? … No ha escuchado que las promesas de libertad y justicia no se han cumplido. Y no ha escuchado que grandes segmentos de la sociedad blanca están más preocupados por la tranquilidad y el statu quo que por la justicia y la humanidad”.

    Imagen: Univisión.

    Ya hay una convocatoria para manifestaciones a nivel nacional para el 14 de junio, en el que los sectores en lucha han llamado a una protesta “No Kings”, o “sin reyes”. Si bien esta se había convocado con anterioridad a los motines en Los Ángeles, estos hechos han aumentado el interés y la participación en ella.

    El mismo 14 de junio, Trump pretende simultáneamente conmemorar su nacimiento – cumple 79 años – y celebrar los 250 años del ejército estadounidense, con un despliegue militar en Washington, D.C que se indica que costará unos $45 millones. Los sectores en lucha, para denunciar el autoritarismo de Trump, favoreciendo el llamado a un gobierno sin “rey” y la vuelta a la “democracia”, convocan a manifestaciones en cada uno de los 50 estados de los Estados Unidos para ese día. Sin embargo, las manifestaciones no se limitan a 50 ciudades, sino que ya superan en número a las 2,000, y también se celebran fuera del territorio estadounidense: en las Islas Vírgenes, en México, en Canadá, en países en Europa y en África y en Puerto Rico (donde el llamado es doble: contra Trump, contra la gobernadora Jenniffer González). A estas manifestaciones se han unido importantes sectores sindicales. Se acrecienta el entusiasmo y la militancia de camino a la manifestación.

    La amenaza de guerra civil para consolidar el poder

    Gaby Hinsliff advierte en una columna en The Guardian que el despliegue militar en Los Ángeles tendrá un impacto directo en la democracia norteamericana. En efecto, la intervención del gobierno federal en los estados, y el despliegue militar de estas semanas, demuestra la tendencia creciente del gobierno de Trump hacia el autoritarismo, impulsando el poder ejecutivo por encima del estatal e incluso de la rama judicial.

    El 9 de junio de 2025, Sunny Hostin señalaba en el programa de televisión The View que el caos fascistoide que genera esta situación está abriendo la posibilidad de una guerra civil en los Estados Unidos. Sin embargo, un escenario de guerra civil no pareciera estar planteado -al menos en el corto plazo- porque aún no se ha afectado de manera decisiva las cadenas productivas y los círculos de inversión en ese país. Solo una quiebra del modelo de acumulación de capital, en el cual los migrantes participan como mano de obra, podría plantear un riesgo de este tipo, pero en realidad no ha sido rota aún la proporción entre necesidades de absorber empleo y el ejército de reserva que sigue siendo aún muy numeroso.

    Ciudades y condados de California con políticas ‘santuario’ protegen inmigrantes al limitar la cooperación con ICE. | Composición: La República.

    Lo que es evidente, es que el caos le favorece a la consolidación del modo autoritario unipersonal que quiere implementar Trump. Este caos programado, le permitiría gobernar con poderes especiales, disminuyendo el margen de acción del Congreso y el poder judicial, especialmente con este último con el cuál se incrementan las tensiones a partir del desarrollo de la política anti migratoria.

    La urgencia de la solidaridad internacional

    Las políticas de ataque a la población migrante están en el corazón de las políticas de la nueva derecha mundial y los expresiones fascistas cada vez más comunes en gobiernos dirigidos por la ola neoconservadora mundial que encarna Trump. En ese sentido, la solidaridad hacia el pueblo estadounidense y hacia la comunidad de indocumentados debería incluir, no solo actividades y manifestaciones a favor de esta, sino también acciones y manifestaciones en contra de las expresiones reaccionarias y autoritarias en cada país. Todas las fuerzas progresistas, democráticas, defensoras de los derechos humanos y de izquierdas tienen que conformar un amplio frente mundial que enfrente con la movilización y las ideas este ataque a la clase trabajadora migrante.

    Esta alianza mundial alternativa no puede ocultar los acuerdos a los que han llegado muchos gobiernos de la región para servir de anillo de contención y apoyo a las políticas trumpistas, deteniendo y criminalizando a quienes se mueven por necesidades, hacia el norte imperialista. Tampoco se pueden ocultar las políticas anti clase trabajadora de gobiernos nacionales, aliados a sus burguesías de sus países, quienes sostienen niveles de precarización salarial que expulsan a los migrantes; muchos de estos gobernantes quieren pescar en río revuelto, criticando a Trump a la par que destruyen el salario de la clase trabajadora de sus connacionales. Por tanto, una expresión internacional alternativa tiene también que poner los puntos sobre las íes, y promover una visión democrática de la sociedad, lejos del irracionalismo reaccionario, pero también de las políticas anti obreras del establishment liberal. Esta alianza alternativa mundial tiene que ser construida, además, dialogando con la población migrante, organizando junto a ellos acciones internacionales de enuncia y protesta, que tengan en la movilización su estrategia central.

    Los migrantes no son números sino vidas humanas

    Hoy, cuando han transcurridos días de la ofensiva policial-militar del gobierno fascistoide de Trump, trabajadores migrantes como José, Olivia, Marcos, Raúl, Luis o Pepe, se debaten entre salir de sus casas para buscar el sustento diario de los suyos corriendo el riesgo de ser arrestados y deportados o aumentar la situación de miseria en la que viven. Mientras tanto, las luces de neón de Hollywood le siguen mostrando al mundo un sueño de país y economía que dista mucho de la tragedia en la que viven los humildes que con esperanzas llegan a los Estados Unidos.

    Pero no todo está perdido, cada hora se eleva el número de nacionales norteamericanos, de la clase trabajadora de ese país, que se unen a las protestas y rechazan el fascismo trumpista. Solo un despertar el pueblo norteamericano puede salvar al pueblo migrante de este ataque del complejo policial-militar liderado por Trump. En lo inmediato, las manifestaciones – locales e internacionales – del 14 de junio deberán, como mínimo, demostrar la capacidad que tiene el pueblo estadounidense en lucha de movilizarse, y, de esa manera, aguarle no solo el cumpleaños a Donald Trump sino también su inhumana política migratoria.


    [1] Profesor e investigador venezolano. Actualmente profesor visitante em la Universidad Federal de Sergipe (UFS) de Brasil. Integrante del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) e integrante del movimiento del Congreso Mundial contra el Neoliberalismo educativo.

    [2] Profesor universitário. Vicepresidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) y militante del Movimiento Político Victoria Ciudadana.

    Fuente: https://luisbonillamolina.com/2025/06/11/en-los-angeles-irrumpe-la-agresion-policial-militar-de-la-administracion-trump/

     

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  • Marcharon desde Ensenada: más de mil trabajadores de Astillero Río Santiago llevaron sus reclamos a Kicillof

     

    Ni la lluvia ni el frío polar frenaron la imponente columna obrera que partió desde el Astillero Río Santiago y caminó hasta el centro de la ciudad de La Plata. La movilización se votó en una asamblea general y el principal reclamo al gobierno provincial es un aumento salarial de emergencia, la reapertura de paritarias para todos los estatales, y trabajo para el astillero. Por La Izquierda Diario.


    Este lunes el invierno polar se hizo sentir en la región, y también la masiva movilización obrera que partió desde Ensenada y caminó varios kilómetros hasta el centro de la ciudad de La Plata. Más de mil trabajadores y trabajadoras de Astillero Río Santiago (ARS) se reunieron en las puertas de la fábrica para cumplir el mandato que votaron en la última asamblea general: llevar al gobierno provincial el reclamo de un aumento salarial urgente.

    En una jornada que quedará grabada en la memoria combativa y de lucha de la fábrica, la masiva columna de trabajadores salió a la calle para exigir también la reapertura de paritarias para el conjunto de los trabajadores estatales, la reactivación y trabajo para el Astillero, y la renuncia del presidente del ARS, Pedro Wasiejko, entre otras demandas.

    Inicialmente el reclamo iba a ser llevado a Casa de Gobierno, pero a último momento el gremio ATE Ensenada cambió la convocatoria votada en asamblea por el Ministerio de Economía. Hasta allí llegó la movilización, y confluyó con trabajadores de diferentes dependencias estatales que se acercaron a brindar su apoyo, también trabajadores de Secco en lucha, estudiantes y organizaciones sociales.

    La respuesta del gobierno provincial

    Representantes del gobierno recibieron a una delegación de trabajadores, al salir del encuentro Juan Contrisciani, delegado de Cobrería y referente de la Agrupación Marrón expresó: “No recibimos ninguna respuesta concreta a nuestro reclamo central por salario. A cambio, nos convocan a una «mesa técnica» para evaluar demandas sectoriales. En Astillero se demostró que la voluntad es seguir peleando por nuestros reclamos y esta pelea, no es solo por el Astillero, es por todos los trabajadores estatales de la Provincia”.

    El próximo miércoles 25 nuevamente el Astillero Río Santiago se movilizará, en esta oportunidad a CABA para denunciar los ataques del gobierno nacional de Milei a la industria naval. “La movilización que pusimos en pie hoy es un primer paso muy importante. El miércoles junto al resto de los gremios navales, vamos a marchar para frenar los decretos 273 y 340 del gobierno nacional, y seguiremos organizados y en las calles para enfrentar el ajuste de los gobiernos”, remarcó Hernán García, delegado de Amolado y referente de la Agrupación Marrón.

    Estos decretos habilitan por un lado la importación de buques usados, lo cual desalienta cualquier construcción en el país, sea en astilleros privados o estatales, y además permiten que en el transporte de cabotaje (hidrovía) se utilicen banderas de conveniencia, haciendo que las empresas nacionales que recorren el río Paraná, cambien por banderas de países sin convenios ni derechos laborales.

    Para coronar este ataque a lo poco que quedaba, de alguna manera protegido, después de la desregulación del sector en los años 90 (donde se desregular el transporte de gran porte), se declara el transporte naval como servicio esencial restringiendo el derecho a huelga.

    Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Mas-de-mil-trabajadores-de-Astillero-Rio-Santiago-llevaron-sus-reclamos-a-Kicillof

     

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  • Río Negro: ratifican condena contra cinco prefectos por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel

     

    La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco efectivos del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina acusados de haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años Rafael Nahuel cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017. La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa». Tras el fallo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal», en referencia a quien fuera en esos años la titular del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich. Por ANRed.


    El fallo de Sala III de la Cámara Federal de Casación confirmó la condena dictada en diciembre de 2023 por el Tribunal Oral Federal de General Roca contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco prefectos del Grupo Albatros acusados por haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017, en el marco de un operativo para desalojar un predio de Parques Nacionales recuperado por la comunidad mapuche.

    La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa«. La condena también implicó la inhabilitación de los cinco condenados para ejercer cargos públicos.

    Rafael Nahuel en una manifestación el jueves 23 de noviembre en Bariloche. Foto: Eugenia Neme, Colectivo al Margen.

     

    El asesinato de Rafael Nahuel había sido juzgado en debate oral y público a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca – con la integración de los magistrados Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava – durante los últimos meses de 2023.

    Según su grado de participación en el crimen, todos recibieron la máxima pena para el delito imputado, pero ninguno fue condenado a penas superiores a cinco años y ocho meses de prisión, ya que ese es el límite previsto para la autoría del homicidio agravado con exceso de legítima defensa.

    La causa estuvo plagada de irregularidades y manipulaciones de parte de los propios prefectos y los medios comerciales masivos, que intentaron plantar pruebas y culpar a los/as manifestantes, incluso a quienes asistieron a Rafael Nahuel cuando fue herido con las balas de plomo de los prefectos, como Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca.

    «La sentencia no alcanzó a las autoridades políticas»

    Tras la noticia, en un comunicado la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal«, en referencia a Patricia Bullrich, en ese momento también ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri.

    Foto: Roxana Sposaro.

    En la misma línea, señaló que el fallo de la Cámara «estableció inequívocamente el obrar delictivo de esa fuerza de seguridad al mando de Bullrich» y «desmiente las afirmaciones que al momento de los hechos formulasen Patricia Bullrich y Mauricio Macri para encubrir y justificar la brutal acción represiva del Grupo Albatros», que fue realizada el 25 de noviembre de 2017, le costó la vida a Rafael Nahuel y dejó heridas de gravedad a Johana Micaela Colhuan y Gonzalo Coña.

    «Bullrich sigue incitando a quienes integran las fuerzas a su mando a que mantengan conductas violentas, violatorias del orden jurídico vigente, a sabiendas de que son ellos los únicos que terminan respondiendo ante los jueces por hechos execrables, que parecen desconocer que delinque no sólo quien cumple órdenes inmorales e ilegales sino también quien las ordena», agregó la APDH.

    En tanto, en declaraciones a ANDAR, el abogado Guillermo Torremare, miembro de la CPM y vicepresidente de la APDH agregó: «hay que considerar el contexto histórico en el que se inició y desarrolló la causa por el asesinato de Rafael Nahuel, con Patricia Bullrich y Germán Garavano como ministros de Seguridad y de Justicia de la Nación, respectivamente, y con discursos políticos que diariamente planteaban la absoluta inocencia de los prefectos implicados».

    «Lo que ocurrió es una verdadera cacería en la que se efectuaron más de 150 disparos de armas de fuego reglamentarias mientras las personas intentaban alejarse. El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel, si bien no adoptó el criterio que pedíamos las querellas respecto a la calificación legal, es una crítica al accionar punitivo del Estado», consideró.

     

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  • Buscan desesperadamente a una joven en Neuquén

     

    Una joven de 30 años es buscada intensamente por familiares, allegados y la policía del Neuquén. Se trata de Carla Agustina Canale, de la que no se tienen noticias desde el pasado jueves aproximadamente a las 21.

    La policía neuquina emitió una orden de “ubicación y paradero”, tras la denuncia realizada por Carlos Canale en la Comisaría 41 del barrio Don Bosco de Neuquén capital.

    Se indicó que la joven es de tez morena, tiene cabellos largos rubios y ojos marrones, con una altura de 1,67 metros.

    Al momento de ausentarse vestía ropa deportiva, indicaron sus familiares al momento de realizar la presentación ante la dependencia policial.

    Para cualquier información, se pueden contactar los efectivos policiales en la vía pública, en los móviles o en el teléfono de la comisaría ubicada en el barrio Don Bosco: 0299 4431931. Interviene la fiscalía de Delitos contra las Personas.

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  • El Gobierno apuesta al diálogo federal para avanzar con su agenda de reformas

     

    Milei convocará a mandatarios provinciales en busca de un nuevo pacto político en noviembre.

    El Gobierno nacional prepara una convocatoria a gobernadores dialoguistas para el mes de noviembre, con el propósito de impulsar acuerdos estratégicos que allanen el camino hacia la aprobación de reformas laborales y tributarias en el Congreso. La iniciativa, promovida por el presidente Javier Milei, busca reconstruir un consenso político amplio en el marco de la nueva composición legislativa que surgirá tras las elecciones del 26 de octubre.

    La reunión se plantea como una suerte de renovación del “Pacto de Mayo”, en la que el Ejecutivo pretende delinear una hoja de ruta conjunta para los próximos dos años de gestión. Desde Casa Rosada destacan la necesidad de consolidar un bloque de apoyo interjurisdiccional que permita avanzar con las reformas estructurales pendientes y fortalecer la gobernabilidad. Según fuentes del entorno presidencial, el objetivo es “acordar con todos los que se pueda acordar”, priorizando el diálogo por encima de las diferencias partidarias.

    El plan incluye el acercamiento a mandatarios provinciales de Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Jujuy, Santa Cruz, Catamarca, Tucumán, Salta y Misiones, entre otros, con quienes se espera articular políticas en áreas clave como Energía, Obras Públicas, Minería y Agricultura. Paralelamente, el Ejecutivo analiza ajustes internos en el gabinete nacional, aunque se descarta cualquier modificación en los ministerios más sensibles —Seguridad, Defensa y Justicia—. En cambio, se prevé una reevaluación del Ministerio del Interior, especialmente si Guillermo Francos deja su rol en la Jefatura de Gabinete.

    Con este llamado al consenso federal, el Gobierno busca reposicionar su liderazgo político, ampliar su base de sustentación y avanzar en un acuerdo de gobernabilidad que le permita sostener sus reformas más ambiciosas.

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  • Reforma laboral: el Gobierno busca calmar a la CGT

     

    El Gobierno nacional avanza en una tensa negociación con la CGT y los empresarios por la reforma laboral, mientras intenta mantener la paz sindical mediante el pago de $20.000 millones a las obras sociales.

    Este primer giro es parte de tres desembolsos que totalizarán $60.000 millones antes de fin de año, y busca saldar parte de la deuda histórica que el Estado mantiene con las prestadoras médicas sindicales. La medida, interpretada como un gesto político, genera suspicacias sobre su influencia en el debate por los cambios en la legislación laboral.

    La gestión de los pagos fue impulsada desde el Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, un funcionario cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, quien mantiene un rol clave en el vínculo con los gremios. Aunque Caputo evitó convocar oficialmente a la CGT, reconoció el peso del nuevo triunvirato integrado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello. Desde la central obrera, sin embargo, reclaman que los interlocutores del Gobierno sean Caputo y el ministro del Interior, Diego Santilli, en lugar del secretario de Trabajo Julio Cordero, a quien acusan de falta de diálogo.

    El malestar sindical se profundizó tras la filtración de un borrador de reforma laboral que incluye puntos conflictivos, como la limitación del derecho a huelga y la eliminación de la cuota solidaria. La CGT atribuye estos intentos al ministro Federico Sturzenegger, a quien acusan de reactivar sin consenso artículos rechazados por la Justicia. En tanto, en la Unión Industrial Argentina (UIA) también expresaron preocupación por las propuestas que permitirían negociar convenios colectivos por empresa, una medida que podría fragmentar la representación sindical y generar conflictos internos.

    Frente a este escenario, los gremios adoptaron una estrategia de resistencia “blanda”: intentar suavizar el proyecto oficial preservando tres pilares fundamentales. Buscan mantener su rol en la negociación colectiva, evitar cambios en los aportes sindicales y la cuota solidaria, y sostener la ultraactividad de los convenios, que garantiza la continuidad de derechos laborales aunque no se renueven los acuerdos. Mientras tanto, el Gobierno prepara un texto basado en el proyecto de la diputada Romina Diez, que apunta a incentivar el empleo y la inversión, y podría presentarse en el Congreso en diciembre.

    La iniciativa incluye medidas como la fragmentación de las vacaciones, el banco de horas y facilidades para el pago de indemnizaciones, aunque el Ejecutivo asegura que no se eliminarán las compensaciones por despido. Además, el secretario de Trabajo evalúa incorporar un esquema de “salario dinámicovinculado a la productividad, mientras el diputado gremialista Sergio Palazzo propone que los trabajadores participen en las ganancias empresariales. Con la tensión entre los sectores todavía abierta, la reforma laboral podría transformarse en uno de los debates más duros del cierre de 2025.

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