Buscan reducir en Neuquén la formación de guardavidas

La Selección Argentina de Lionel Scaloni se prepara para disputar su último amistoso del año este viernes ante Angola en Luanda. El entrenador campeón del mundo planea utilizar este partido para realizar varias pruebas, buscando darles minutos a todos los convocados y mantener viva la competitividad del plantel.

El equipo inicial contará con la presencia estelar de Lionel Messi liderando el ataque junto a Lautaro Martínez y Thiago Almada. En el arco estará Gerónimo Rulli, mientras que en defensa la línea estaría conformada por Juan Foyth, Cristian Romero (o Marcos Senesi si el «Cuti» no está al 100%), Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. El mediocampo mantendrá a los fijos Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister, con Giovani Lo Celso o Nicolás Paz como tercera opción.

La planificación de Scaloni incluye darle rodaje a varias figuras que buscan afianzarse. Está confirmado que habrá minutos para Kevin Mac Allister, quien reemplazará a Foyth en el lateral derecho, y para el «Colo» Valentín Barco en el segundo tiempo. Además, hay gran expectativa por el posible debut en la Selección Mayor del juvenil de 18 años, Gianluca Prestianni, considerado una de las mayores promesas del fútbol argentino.

Este compromiso es clave para el cuerpo técnico, ya que será el último amistoso antes del sorteo del Mundial 2026. Scaloni busca seguir ampliando las opciones de recambio. Además de Prestianni, el delantero José Manuel López también tendrá participación, asegurando que la idea del entrenador de que todos los convocados cierren el año con minutos se concrete.

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Foto: archivo Fede Imas / @ojoobrerofotografia

Sin precisar horarios ni lugares, más de 30 organizaciones sociales y barriales nucleadas en la Unión de Trabajadores/as de la Economía Popular (UTEP), el Frente de Lucha Piquetero, Territorios en Lucha y el Frente Barrial de la CTA realizarán este martes 10 de junio una Jornada Nacional de Lucha unitaria con movilizaciones, cortes y concentraciones en 17 provincias. Puntualmente, reclaman por aumento del Salario Social Complementario al nivel del Salario Mínimo, Vital y Móvil; ampliación del programa, continuidad del Monotributo Social y la devolución inmediata de los alimentos a los comedores populares. También, señalan que «migrar no es delito» y reclaman «basta de persecución a los que luchan». «A casi 17 de meses de la asunción del gobierno de Javier Milei, los datos sociales son alarmantes: crece el hambre, aumentan los despidos y la desocupación, se derrumban los salarios y las jubilaciones. El trabajo informal, autogestionado y las changas están al borde del colapso por la caída del consumo y el freno total de la economía», denuncian. Por ANRed.

Sin precisar horarios ni lugares, para mantener el factor sorpresa dado la agudización de las políticas represivas del gobierno nacional, más de 30 organizaciones sociales y barriales nucleadas en la Unión de Trabajadores/as de la Economía Popular (UTEP), el Frente de Lucha Piquetero, Territorios en Lucha y el Frente Barrial de la CTA realizarán este martes 10 de junio una Jornada Nacional de Lucha unitaria con movilizaciones, cortes y concentraciones conjuntas en 17 provincias.

Los reclamos principales de la jornada de lucha serán:

Aumento del Salario Social Complementario al nivel del Salario Mínimo.

Ampliación del programa.

Continuidad del Monotributo Social.

Devolución inmediata de los alimentos a los comedores populares.

Migrar no es delito.

Basta de persecusión a los que luchan.

También, reclamarán, una vez más, a las centrales sindicales «una huelga general que una todas las luchas qué se están llevando a cabo contra el ajuste de Milei y la represión de Patricia Bullrrich».

En un comunicado conjunto, expresaron: «los trabajadores no aguantamos más las políticas de hambre, falta de trabajo, salarios y jubilaciones de miseria, represión, criminalización y persecución política La situación no puede ser peor en los barrios populares: a casi 17 de meses de la asunción del gobierno de Milei, los datos sociales son alarmantes: crece el hambre, aumentan los despidos y la desocupación, se derrumban los salarios y las jubilaciones», señalan.

En la misma línea, agregan: «el trabajo informal, autogestionado y las changas están al borde del colapso por la caída del consumo y el freno total de la economía. Necesitamos una gran acción unitaria de los trabajadores para frenar a Milei y su política criminal», finaliza el comunicado.

Una investigación de Hugo Alconada Mon develó que desde la SIDE se había librado una orden para “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” que pudieran capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia”. Según el periodista de la Nación, la disposición fue dictada por el director general de Operaciones de la SIDE, Diego Kravetz, alguien que conoce bien a los “sectores vulnerables” de cuando oficiaba de abogado de las fábricas recuperadas a principio del 2000. No es la primera ni la última vez en la que el Estado, a través de sus organismos de inteligencia, se entromete en la vida de las organizaciones populares que desarrollan sus actividades en los barrios populares, asentamientos y villas. Por Nicolás Salas, para ANRed.

Si bien el escenario difiere en varios aspectos culturales, políticos y económicos, la asociación con lo ocurrido durante el gobierno de Duhalde es pertinente si se tiene en cuenta que en la actualidad se desarrolla, al igual que en 2002, una de las ofensivas más importante en la búsqueda de desarticular a los movimientos sociales.

Una caracterización común se da en la visión de los poderes de turno de asumir que el deterioro de las condiciones de vida de grandes sectores de la población pueda llegar a canalizarse en fuerza organizada que se sume a la polarización contra el gobierno. En su momento fue la devaluación, ahora es la motosierra. Tanto el duhaldismo como Milei ahora buscan anticiparse a ese posible escenario, con el atenuante actual de que el Estado se corrió de gran parte de las políticas sociales, a diferencia del 2002, donde 2 millones de planes Jefes y Jefas de Hogar inundaban las zonas periféricas al poder. Es decir, le daban una “opción” de salida a las familias golpeadas por la pobreza y la indigencia.

Hace 23 años los infiltrados en “los grupos sociales vulnerables” fue confesado por el entonces Secretario General de la Presidencia, Aníbal Fernández, quien en su ataque a las organizaciones había blanqueado tener información de lo que se hablaba en las asambleas previas que fijaron el plan de lucha que terminó con la masacre del Puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002.

Dos décadas atrás, el espionaje era parte de un ataque planificado que -se proponía- concluir con el encarcelamiento de las direcciones de los movimientos sociales, posibilidad abortada tras la publicación de las fotos que daban cuenta de la masacre perpetrada por parte de la policía. No es de extrañar que en esta oportunidad sea parte de la estrategia de cuatro patas del gobierno libertario, que tiene como pilares el vaciamiento de la política social, la judicialización de la militancia, la difamación mediática y la represión abierta.

La desarticulación del Potenciar Trabajo y la FISU (entre otros), los allanamientos masivos a militantes, la agitación mediática contra las organizaciones y las sucesivas represiones de Bullrich son solo ejemplos de una estrategia que ya está en desarrollo.

Ningún plan de ajuste estructural, y mucho menos el actual, puede pasar sin la criminalización de quienes se propongan construir una resistencia amplia. El primer año de gobierno de Javier Milei pareciera no ser la excepción y los tiempos de este proceso de avanzada dependerá de lo que dure la luna de miel garantizada por los dólares del FMI que reposan en las arcas del Banco Central.

El exdocente José Gregorio Ruffa Saraspe, condenado a 13 años de prisión por abuso sexual de menores en una escuela de Balsa Las Perlas.

El docente de Cipolletti fue detenido anoche en la provincia de Catamarca. Ruffa se encontraba prófugo desde el 23 de octubre, luego de que la Corte Suprema desestimara la última apelación presentada por su defensa. Tras un operativo conjunto entre la policía catamarqueña y el Ministerio Público de Río Negro, se logró su captura y será trasladado en los próximos días a Cipolletti para comenzar a cumplir su condena.

Ruffa fue hallado en la localidad de Alberdi, Tucumán, donde residía tras haber recibido autorización judicial durante el proceso de apelaciones. Sin embargo, al quedar firme la sentencia, el exdocente debía presentarse ante la Justicia, lo cual no ocurrió, iniciándose su búsqueda a nivel nacional. Las investigaciones determinaron que no había salido del país, y que podría estar recibiendo ayuda para mantenerse oculto en la región.

El caso de abuso que protagonizó generó una profunda conmoción en Balsa Las Perlas, donde se desempeñaba como maestro entre 2017 y 2019. Durante el juicio, se acreditaron 12 hechos de abuso sexual simple cometidos contra siete alumnas menores de 13 años, a partir de testimonios tomados por cámara Gesell. El tribunal integrado por los jueces Baquero Lazcano, Gómez y González Vitale lo declaró culpable por delitos agravados por su rol como educador, cerrando así un proceso judicial que movilizó a toda la comunidad educativa.

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Loncopué atraviesa días marcados por la violencia. A menos de una semana del crimen de Franco Morel, la localidad neuquina volvió a estremecerse con otro episodio salvaje que dejó a un vecino gravemente herido y en terapia intensiva.

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el sábado por la noche, cerca de las 22, cuando la víctima fue interceptada en la vía pública por dos hombres que lo atacaron a golpes luego de una discusión verbal. Producto de la agresión, el vecino sufrió traumatismos severos, fractura de cráneo, hematomas y una hemorragia subaracnoidea. Permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Los agresores, identificados por sus iniciales como B.A.B. y R.S.B., fueron detenidos e imputados por el delito de lesiones gravísimas en calidad de coautores, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

De acuerdo con lo que reconstruyó la fiscalía, el ataque se produjo en dos momentos distintos: primero, tras un intercambio de insultos, uno de los acusados se enfrentó a la víctima hasta que otras personas intervinieron para separarlos. Minutos después, ambos imputados lo emboscaron nuevamente y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente en el suelo. Testigos del hecho aseguraron que uno de ellos le dio una patada en la cabeza cuando ya estaba caído.

La jueza de garantías Vanessa Macedo Font dio por formulados los cargos y fijó un plazo de tres meses para la investigación. Sin embargo, rechazó el pedido de prisión preventiva solicitado por la fiscalía, que había argumentado riesgo de entorpecimiento de la investigación. En cambio, dispuso la libertad inmediata de los imputados, aunque les prohibió mantener contacto con la víctima o los testigos.

El violento episodio se suma al crimen ocurrido el lunes 27 de octubre, cuando Franco Morel fue asesinado a puñaladas en plena calle. El autor fue detenido y enfrenta cargos por homicidio simple.

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