Buscan reducir en Neuquén la formación de guardavidas

 

La diputada provincial Brenda Buchiniz (Cumplir) presentó un proyecto para modificar la Ley 2.941 de guardavidas, que hoy impide habilitar natatorios en varias localidades de Neuquén. La iniciativa busca reducir las horas de formación y crear un registro provincial, en medio de la preocupación por el cierre de piletas en plena previa del verano.

La falta de guardavidas habilitados se ha convertido en un obstáculo para que cientos de neuquinos accedan a las actividades acuáticas. En municipios como Piedra del Águila, Loncopué y San Patricio del Chañar, las piletas permanecen cerradas porque no logran contratar profesionales que cumplan los requisitos de la actual ley sancionada en 2014.

“Encontramos errores en la ley gracias al contacto con los vecinos de Piedra del Águila”, explicó la legisladora en diálogo con AM Cumbre 1400, donde detalló los puntos más críticos del sistema actual.

El principal problema radica en la exigencia de 1.100 horas de formación para los guardavidas, una carga que supera ampliamente los estándares nacionales e internacionales. “La Federación Internacional de Salvamento Acuático establece entre 730 y 750 horas, y en Río Negro, que incluso tiene costa marítima, solo se piden 740 horas”, señaló Buchiniz.

Esa diferencia, explicó, dificulta la contratación de profesionales y deja sin funcionamiento a espacios deportivos claves. Un ejemplo es la pileta semiolímpica del CEF 17 en Piedra del Águila, que no puede operar, afectando a más de 300 niños y adultos mayores que participaban en clases de natación y aquagym.

La problemática se extiende a todo el interior provincial: “Hay chicos que no pueden hacer natación y abuelos que no pueden practicar aquagym porque no logramos contratar guardavidas”, lamentó la diputada.

Creación de un registro provincial y actualización institucional

Otro de los puntos que Buchiniz propone modificar es la ausencia de un registro provincial de guardavidas. Aunque la ley vigente exige estar inscripto en uno, ese registro nunca fue creado. “Propongo crearlo para saber cuántas personas están habilitadas y si rinden las reválidas anuales, porque está en juego la vida de los bañistas”, subrayó.

Además, el proyecto plantea actualizar la autoridad de aplicación, ya que el organismo original —el Ministerio de Coordinación, Gabinete, Seguridad y Trabajo— dejó de existir tras la reestructuración del gobierno provincial.
“Necesitamos una autoridad que reglamente y fomente estas políticas para habilitar los natatorios”, sostuvo la legisladora.

Impacto social y económico del cierre de natatorios

La falta de guardavidas habilitados afecta directamente la vida cotidiana de los vecinos, especialmente en las zonas del interior, donde las piletas públicas son uno de los pocos espacios recreativos disponibles. “Se invirtieron millones en piletas semiolímpicas que están cerradas porque no hay profesionales que cumplan los requisitos”, explicó Buchiniz.

En Piedra del Águila, incluso las colonias de verano se vieron suspendidas por la imposibilidad de contratar guardavidas. La diputada mencionó el caso de un aspirante de Mendoza que no pudo trabajar en la localidad porque su formación no alcanzaba las 1.100 horas exigidas por la ley neuquina.

Hipótesis sobre la rigidez de la norma

Buchiniz también señaló que la redacción original de la ley podría haber sido influenciada por el sindicato de guardavidas, aunque aclaró que se trata solo de una hipótesis. “Quizás se hizo un acuerdo con el sindicato para controlar la matrícula de profesionales”, expresó, advirtiendo que esa rigidez perjudica a los municipios del interior.

De todos modos, la diputada enfatizó que su tarea es proponer soluciones legislativas, no negociar con sectores particulares: “Mi rol es mejorar las normas para que beneficien a los neuquinos”, afirmó.

Reforma en marcha antes del verano

El proyecto, que incluye además dos pedidos de informe a Defensa Civil y al Consejo Provincial de Educación, busca determinar el alcance real del problema. Buchiniz espera que la iniciativa tome estado parlamentario la próxima semana, una vez que la Legislatura retome su actividad tras la pausa electoral.

“Espero que se trate rápido en comisiones”, señaló, destacando la urgencia de aprobar la reforma antes del verano, cuando aumentan las actividades acuáticas en toda la provincia.

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    “Estoy muy emocionada, después de una campaña donde hemos trabajado tanto y recibimos mucho amor de la gente. Esperemos que sea un día que transcurra en paz”, expresó Corroza luego de sufragar.

    La candidata, que encabeza la lista del espacio que conduce el gobernador Rolando Figueroa, subrayó la relevancia del proceso electoral:

    “Estas elecciones son muy importantes para el país. Hay que participar, indistintamente de a quién se elija, porque hoy tiene que ser un día de celebración”, señaló.

    Corroza remarcó la necesidad de fortalecer el sistema democrático y celebró la implementación de la Boleta Única de Papel, que debutó en estos comicios a nivel nacional.

    “Es un sistema rápido, ágil y transparente. Se evita la boleta sábana donde solo se conocía a los candidatos que encabezaban la lista”, explicó.

    Además, anticipó que luego de votar acompañaría a sus padres a emitir su sufragio y recorrería escuelas de Plottier y de la ciudad de Neuquén, acompañando el desarrollo de la jornada.

    Solidaridad con Pablo Cervi tras el violento asalto

    Durante su contacto con la prensa, la candidata se refirió al asalto que sufrió el diputado nacional Pablo Cervi, también candidato en estas elecciones.
    “Fue terrible. Por supuesto lo repudio totalmente y le mandé un mensaje a Pablo. Sé que está en contacto con el gobernador y con el ministro de Seguridad desde anoche temprano. Mi total solidaridad con él y con toda su familia”, expresó.

    El hecho, ocurrido el sábado por la noche en Neuquén capital, provocó fuerte conmoción en la previa de los comicios. Corroza destacó la rápida comunicación entre las autoridades provinciales y el legislador, e insistió en que “la violencia no puede tener lugar en una democracia que está a punto de cumplir 42 años de continuidad”.

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  • Buscan desesperadamente a una joven en Neuquén

     

    Una joven de 30 años es buscada intensamente por familiares, allegados y la policía del Neuquén. Se trata de Carla Agustina Canale, de la que no se tienen noticias desde el pasado jueves aproximadamente a las 21.

    La policía neuquina emitió una orden de “ubicación y paradero”, tras la denuncia realizada por Carlos Canale en la Comisaría 41 del barrio Don Bosco de Neuquén capital.

    Se indicó que la joven es de tez morena, tiene cabellos largos rubios y ojos marrones, con una altura de 1,67 metros.

    Al momento de ausentarse vestía ropa deportiva, indicaron sus familiares al momento de realizar la presentación ante la dependencia policial.

    Para cualquier información, se pueden contactar los efectivos policiales en la vía pública, en los móviles o en el teléfono de la comisaría ubicada en el barrio Don Bosco: 0299 4431931. Interviene la fiscalía de Delitos contra las Personas.

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  • Denuncian a la SIDE por habilitar tareas de espionaje ilegal sobre opositores y grupos sociales

     

    Una denuncia penal presentada por el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) contra los jefes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) los acusa de abuso de autoridad por aprobar un Plan de Inteligencia Nacional que habilita tareas de espionaje sobre grupos vulnerables, actores sociales y voces críticas, en abierta violación a la Ley de Inteligencia Nacional. Desarticular la protesta social a partir de la agudización de la crisis ecónomica y particularmente aplacar la resistencia en las provincias es uno de los principales objetivos luego de la aprobación de la Ley de Bases. Por ANRed.


     

    Hace unos días se filtro parte del Plan de inteligencia para el 2025 (PIN). Las denuncias se hicieron concretas a partir de la públicación de la Revista Crisis. El PIN, elaborado por la SIDE bajo la administración de Javier Milei, instala un esquema de vigilancia y control que apunta directamente contra voces disidentes, opositores políticos, movimientos sociales, ambientalistas, pueblos originarios, periodistas, sindicalistas y referentes opositores. Lejos de tratarse de un plan técnico o preventivo, el PIN operará como una herramienta política de persecución, basada en definiciones vagas y arbitrarias que habilitan el espionaje interno y la criminalización de la protesta.

    Con el pretexto de proteger el “orden constitucional” o el “desarrollo de la infraestructura estratégica”, el gobierno utilizaría la inteligencia estatal para catalogar como amenazas a quienes cuestionen sus políticas.El plan incluso se atreve a identificar el “anarquismo” como forma de terrorismo, en un intento evidente de criminalizar. Detrás se guardan desafios que sabe el gobierno que enfrentará. Todavía están frescas las rebeliones del 2020 contra la instalación de la megaminería en Chubut y el Mendozazo en el 2019 a penas asumido Alberto. Incluso en Jujuy también una rebelión que duró varias semana hasta se realizó un acampe en el centro de CABA (El tercer malón de la paz) . También las jornadas de protesta en toda la costa bonaerense contra las petroleras offshore.

    Hoy organismos de derechos humanos y actores sociales presentaron una denuncia penal contra las máximas autoridades de la SIDE, Sergio Neiffert y Diego Kravetz, por abuso de autoridad. La acusación se centra en un Plan de Inteligencia Nacional y una orden secreta recientemente revelada, que habilitan a los servicios de inteligencia a vigilar y monitorear a grupos sociales, opositores, periodistas, académicos y ambientalistas bajo definiciones amplias y vagas. El plan amplía de forma riesgosa el concepto de terrorismo y legitima la persecución ideológica, incluyendo el espionaje sobre protestas y reclamos históricos. También apunta al seguimiento de conflictos socioambientales y a pueblos originarios. Todo esto contraviene la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, por lo que se exige una investigación judicial para determinar si ya se realizaron acciones ilegales y quiénes son los responsables.

    El texto fue publicado hoy por el CELS:

    «Denunciamos penalmente por abuso de autoridad a Sergio Neiffert, jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y a Diego Kravetz, director general de Operaciones de la SIDE. La denuncia apunta a sus responsabilidades en la aprobación de un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) y el dictado de una orden secreta que habilita a la SIDE a “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” de la Argentina y a actores que puedan capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia” en el electorado local.

    Una parte sustancial de las tareas de inteligencia, que son esencialmente secretas, estaría volcada a vigilar y caracterizar la conversación pública: lo que se dice y cómo se dice en medios y en redes sociales. Las opiniones comienzan a adquirir las características de una amenaza para el PIN cuando “promuevan la conflictividad” -una práctica de autoridades y grupos afines al gobierno, por otra parte- o cuando erosionen “la confianza” en las instituciones económicas o la reputación de empresas asentadas en el país.

    La extensión de las tareas de inteligencia es enorme y tiene definiciones vagas. Pueden vigilar, según su plan, a “actores de interés”, “actores estratégicos”, “actores no estatales”, actores que tengan la capacidad de “manipular la percepción” de las personas, que promocionen la fragmentación social, sin una explicación de qué significan esos adjetivos y si tienen límites. La definición concreta y operativa queda en manos de los funcionarios de la SIDE: son quienes van a definir quiénes encarnan una amenaza. El PIN habilita la vigilancia secreta de la expresión política opositora en el espacio público, pero también de referentes sociales, economistas, periodistas, académicxs, artistas y cualquier voz crítica.

    Todas estas actividades son abiertamente contrarias a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. Por eso en la denuncia pedimos, además de una serie de medidas de prueba para esclarecer estos hechos, que se determine si ya hubo acciones concretas basadas en la orden secreta y el PIN, para poder definir las responsabilidades penales.

    El PIN contiene “Lineamientos Estratégicos” y “Objetivos Generales de Inteligencia”, del que se desprenden “Objetivos Particulares de Inteligencia” y de ellos “Necesidades de Inteligencia”.

    Las Necesidades de Inteligencia del Objetivo Particular de Inteligencia 5 del Lineamiento Estratégico 3, por ejemplo, habilitan la vigilancia de actividades y expresiones políticas y sociales que consideren amenazas o en proceso de radicalización. Si nos remitimos a medidas o declaraciones de funcionarios para entender cuáles podrían ser esas amenazas podemos remontarnos al año pasado, cuando el gobierno usó ese tipo de calificativos para hablar de manera prejuiciosa y estigmatizante de manifestantes, de grupos anarquistas o antifascistas. El Objetivo Particular de Inteligencia 6 del mismo Lineamiento Estratégico apunta a los “potenciales impactos negativos en el desarrollo del sistema de Defensa Nacional” y allí los sospechosos podríamos ser los organismos de derechos humanos.

    El PIN amplía el concepto de terrorismo de una forma muy peligrosa. Podrían quedar bajo vigilancia actividades y personas por su orientación ideológica o por sus reclamos históricos. El paraguas es tan amplio que habilitaría la vigilancia de manifestaciones públicas y de protestas que pudieran ser “oportunidad” para acciones terroristas. El plan identifica al “terrorismo anarquista” como blanco principal, lo que puede derivar en persecución ideológica: expresar ideas anarquistas sería suficiente para entrar en una lista de vigilancia.

    El Plan de Inteligencia se enfoca también en seguir la conflictividad socioambiental y vigilar tanto al activismo ambientalista como a los pueblos indígenas –grupos que pretendan proteger patrimonios culturales y/o sagrados–. La mirada está puesta en situaciones y actores con capacidad de incidencia política o de obstruir proyectos extractivos, que puedan afectar la “extracción, transporte y/o comercialización” de recursos naturales estratégicos. También incorpora como objetivo el seguimiento de instancias internacionales –sistemas de protección de derechos, cooperación internacional pública y privada– que intervengan frente a “eventos climáticos extremos, la degradación del ecosistema y pérdida de biodiversidad”. Quienes promuevan acciones para evitar estas consecuencias de la matriz productiva extractivista son considerados actores “adversos al interés nacional”.

    Aunque el Estado Nacional lo haya negado en un comunicado breve, está habilitando a los organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional a desplegar tareas de identificación, seguimiento, monitoreo, búsqueda, producción y acopio de información sobre personas y grupos por razones políticas. Es ilegal y tiene que rendir cuentas.»

     

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