Bronca en el radicalismo con el coeficiente que distribuye los recursos de la provincia a los municipios

Bronca en el radicalismo con el coeficiente que distribuye los recursos de la provincia a los municipios

 

El gobierno de Axel Kicillof publicó el índice con el cual distribuye los recursos coparticipables a los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Como suele suceder en los primeros días de un nuevo año, el temido Coeficiente Único de Distribución (CUD) dispara la bronca de los distritos que se ven perjudicados.

Mar del Plata y General Madariaga fueron dos distritos que expresaron disconformidad con el nuevo coeficiente. En el caso de la ciudad balnearia fue el senador Maximiliano Abad quien cuestionó los números.

«En los últimos diez años, General Pueyrredón perdió casi el 5% de su participación en la coparticipación provincial», dijo y explicó que el golpe más fuerte llegó en estos días: entre 2023 y 2025 se perdió, en solo dos años, lo mismo que en toda la década anterior. Aunque Mar del Plata es gobernada por Guillermo Montenegro (PRO), el radicalismo cogobierna esa ciudad con varios funcionarios en el gabinete y sintonía en el Concejo Deliberante.

Abad dijo que Mar del Plata es el principal destino turístico de la provincia. «Recibe millones de visitantes, genera empleo y sostiene una economía regional clave. Pero el gobierno provincial no reconoce esa realidad», dijo en un largo posteo en el que evitó mencionar a Kicillof.

Este sistema (CUD) también necesita una modificación hace años, al igual que la coparticipación federal. Es un deuda institucional para trabajar entre todos. https://t.co/Uu6JAC48Ly

— Sebastian Galmarini (@SebasGalmarini) January 8, 2026

Desde Madariaga también lanzaron críticas. «Recibiremos 800 millones menos que en 2025», dijeron desde el municipio que gobierna Carlos Santoro (UCR). «Si observamos los últimos diez años, el CUD bajó para nuestra ciudad un 25% que, si lo vemos con valores actuales, para este año hubiesen significado 4.000 millones de pesos», dijo y agregó que eso supone los salarios de cuatro meses de la planta de trabajadores municipales.

Las críticas no apuntan tanto al gobierno de Kicillof sino a un mecanismo que muchos consideran obsoleto. Por caso, el diputado nacional Sebastian Galmarini (Unión por la Patria) planteó que el sistema, al igual que la coparticipación federal, una modificación hace años. «Es un deuda institucional para trabajar entre todos», planteó.

Los libertarios directamente quieren anularlo y que los impuestos patrimoniales pasen a ser administrados por los intendentes. El senador provincial Matías de Urraza plantea que sean los intendentes los que manejen directamente los recursos y puedan competir entre ellos para fortalecer a sus distritos. «Lo que quiero es que los intendentes compitan a ver quién es el mejor en lo suyo, el que lleva más inversiones a su municipio», dijo el legislador que responde a Sebastián Pareja a Buenos Aires/12.

Matías de Urraza.

El actual régimen de coparticipación de Impuestos de la provincia rige desde 1988 y establece que las municipalidades recibirán en concepto de coparticipación el 16,14 % de los montos que la provincia perciba en concepto del impuesto sobre los Ingresos Brutos no descentralizado, Inmobiliario Urbano, Automotores, Sellos, Tasas Retributivas de Servicios y de la Coparticipación Federal de Impuestos.

El importe que surge de ese porcentaje se distribuye luego entre los 135 municipios de acuerdo con el cuestionado CUD, un índice que determina por resolución todos los años el ministerio de Economía. Ese índice surge de una serie de variables como la población de cada municipio, su capacidad tributaria (inversa), la superficie, la cantidad de camas en hospitales, el número de pacientes, las consultas médicas,

En 2022 se estableció un mecanismo de protección para los municipios frente a caídas abruptas en el CUD. Desde entonces rige un tope general por el cual ningún municipio puede sufrir una reducción superior al 5%.

Conformación del Coeficiente Único de Distribución. Fuente: Consultora PPA.

Un informe de la consultora PPA destaca que nueve municipios vieron limitada la reducción de su CUD al tope máximo del 5%: Ezeiza, Florentino Ameghino, General Madariaga, Leandro N. Alem, Maipú, Pila, Pinamar, San Isidro y Tordillo. Cabe destacar que, en el caso de Florentino Ameghino, San Isidro y Tordillo es el segundo periodo consecutivo que se ven beneficiados por el tope a la caída máxima, por lo que tendrán una caída máxima de 2,5% en 2027.

En tanto, en diciembre se modificó ese artículo para introducir un esquema que suavice aún más las pérdidas. En la ley de endeudamiento se acordó que cuando un municipio registra una caída del 5% durante dos ejercicios consecutivos, la disminución máxima permitida para el tercer y cuarto ejercicio se reduce al 2,5% anual.

Así, este año fueron nueve los municipios que vieron limitada la reducción de su CUD al tope máximo del 5%: Ezeiza, Florentino Ameghino, General Madariaga, Leandro N. Alem, Maipú, Pila, Pinamar, San Isidro y Tordillo. En el caso de Florentino Ameghino, San Isidro y Tordillo es el segundo período consecutivo que se ven beneficiados por el tope a la caída máxima, por lo que tendrán una caída máxima de 2,5% en 2027.

En tanto, cuatro municipios fueron beneficiados por el tope máximo de caída del 2,5% luego de dos caídas consecutivas del 5%: Lezama, Lujan, Moron y Saavedra.

Por último, los diez distritos que registraron las mayores disminuciones en su CUD -exceptuando a los nueve municipios beneficiados por la aplicación del tope máximo de caída del 5%- son Vicente López, Tandil, Azul, Chascomús, General San Martín, Hipólito Yrigoyen, General Viamonte, San Antonio de Areco, Ayacucho y San Pedro. A diferencia del grupo anterior, estos municipios no se encuentran alcanzados por ningún tope máximo, por lo que las variaciones observadas reflejan plenamente el resultado del recálculo del CUD.

 

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  • El empresario mileista Otero Monsegur, en crisis por el inminente default de citrícola San Miguel

     

    Martín Otero Monsegur es un empresario tucumano de apellido distinguido, que milita a Milei con la misma pasión que utiliza para atacar al peronismo. Hasta acá nada nuevo. Excepto, que la semana pasada su empresa insignia, Citrícola San Miguel, está en las puertas del default de su deuda en dólares.

    Como muchos empresarios grandes de la Argentina, Otero Monsegur aprovechó el dólar barato de Milei para salir a tomar deuda en moneda dura. Y en una historia ya conocida para la Argentina, ahora su empresa tuvo que reconocer que no puede pagarla. 

    San Miguel es la citrícola más grande del país y apenas en mayo de este año, Otero Monsegur celebraba que «con el cambio económico, pasamos de jugar a la defensiva a jugar a la ofensiva». 

    Apenas un mes después de esa entrevista, Otero Monsegur tuvo que explicarle al resto de los accionistas que iban a tener que aportar USD 15 millones para enfrentar un vencimiento, que la empresa no podía pagar. El salvataje, fue apenas un parche: Citrícola San Miguel tomó bajo la gestión de Otero Monsegur deuda por USD 250 millones. 

    Argentina tiene que pagar USD 57.000 millones de deuda en el próximo año y medio 

    Y el momento llegó. La semana pasada, Otero Monsegur tuvo que reconocer a sus acreedores que no iba a poder pagar la deuda. Ahora está enterrado en negociaciones poco elegantes con los acreedores a los que ofreció patear vencimientos por cuatro años y, al mismo tiempo, les pidió una baja de la tasa que acordó cuando les pidió la plata.

    En mayo de este año, Otero Monsegur afirmó que «con el cambio económico, pasamos de jugar a la defensiva a jugar a la ofensiva». Este mes, Cirtícola San Miguel tuvo que reconocer a sus acreedores que no va a poder pagar los USD 250 millones de deuda que tomó bajo el actual gobierno.

     La reestructuración de la deuda alcanza a las obligaciones negociables series X, XI y XII, por hasta 120 millones de dólares en total, que serán reemplazadas por la emisión de las ON series XIII, de clase A (en pesos) o B (en dólares). Ambas con una menor tasa de interés, del 8% contra el 9,5% anual, y con un vencimiento de 42 meses desde su fecha de emisión.  

     El caso de Otero Monsegur es un paradigma de una parte importante del empresariado nacional, donde prevalece la mirada ideológica por sobre la salud real de sus negocios, al revés de lo que suele ocurrir en buena parte del mundo. Basta mirar el silencio atronador de la UIA, mientras cierran miles de industrias por año.

    Pero encierra además una advertencia estructural al modelo de Milei y Caputo: El riesgo de una crisis de deuda sistémica, que se insinúa en la dificultad de Caputo para conseguir los dólares del próximo vencimiento.

    Es que la deuda privada pasó a ser una de las anclas silenciosas del esquema macro, dólares frescos que Caputo utiliza para pisar el valor de la divisa. El caso San Miguel no es una rareza aislada. Se inscribe en un fenómeno más amplio: el festival de deuda corporativa que se aceleró en los últimos meses. 

    Los números explican por qué el mercado mira a San Miguel como posible punta de un iceberg. La compañía controla cerca del 14% del procesamiento global de limón. 

    El caso de Citrícola San Miguel encierra además una advertencia estructural al modelo de Milei y Caputo: El riesgo de una crisis de deuda sistémica.

    Mientras ajusta cuentas en Argentina, San Miguel siguió expandiéndose fuera del país. En Paysandu, la companía inauguró una planta de procesamiento con una inversión estimada en USD 33 millones. La misma lógica se repitió en el puerto de Coega, uno de los nodos logísticos mas modernos del hemisferio sur, donde San Miguel montó una planta con tecnología de última generación. Tras expandirse en Sudáfrica y Uruguay, elevó su capacidad de molienda en un 60%, superando las 470.000 toneladas anuales. 

    «Se endeuda acá pero invierte afuera», comentó a LPO un empresario tucumano proveedor de San Miguel. 

    A las claras, el problema no está en el negocio.  De hecho, el resultado operativo muestra margen bruto positivo de mas de USD 18 millones. La grieta aparece en el frente financiero: para el ejercicio acumulado a 2025, la empresa registró un déficit financiero de USD 15,6 millones. 

     

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