Bronca en el radicalismo con el coeficiente que distribuye los recursos de la provincia a los municipios

Bronca en el radicalismo con el coeficiente que distribuye los recursos de la provincia a los municipios

 

El gobierno de Axel Kicillof publicó el índice con el cual distribuye los recursos coparticipables a los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Como suele suceder en los primeros días de un nuevo año, el temido Coeficiente Único de Distribución (CUD) dispara la bronca de los distritos que se ven perjudicados.

Mar del Plata y General Madariaga fueron dos distritos que expresaron disconformidad con el nuevo coeficiente. En el caso de la ciudad balnearia fue el senador Maximiliano Abad quien cuestionó los números.

«En los últimos diez años, General Pueyrredón perdió casi el 5% de su participación en la coparticipación provincial», dijo y explicó que el golpe más fuerte llegó en estos días: entre 2023 y 2025 se perdió, en solo dos años, lo mismo que en toda la década anterior. Aunque Mar del Plata es gobernada por Guillermo Montenegro (PRO), el radicalismo cogobierna esa ciudad con varios funcionarios en el gabinete y sintonía en el Concejo Deliberante.

Abad dijo que Mar del Plata es el principal destino turístico de la provincia. «Recibe millones de visitantes, genera empleo y sostiene una economía regional clave. Pero el gobierno provincial no reconoce esa realidad», dijo en un largo posteo en el que evitó mencionar a Kicillof.

Este sistema (CUD) también necesita una modificación hace años, al igual que la coparticipación federal. Es un deuda institucional para trabajar entre todos. https://t.co/Uu6JAC48Ly

— Sebastian Galmarini (@SebasGalmarini) January 8, 2026

Desde Madariaga también lanzaron críticas. «Recibiremos 800 millones menos que en 2025», dijeron desde el municipio que gobierna Carlos Santoro (UCR). «Si observamos los últimos diez años, el CUD bajó para nuestra ciudad un 25% que, si lo vemos con valores actuales, para este año hubiesen significado 4.000 millones de pesos», dijo y agregó que eso supone los salarios de cuatro meses de la planta de trabajadores municipales.

Las críticas no apuntan tanto al gobierno de Kicillof sino a un mecanismo que muchos consideran obsoleto. Por caso, el diputado nacional Sebastian Galmarini (Unión por la Patria) planteó que el sistema, al igual que la coparticipación federal, una modificación hace años. «Es un deuda institucional para trabajar entre todos», planteó.

Los libertarios directamente quieren anularlo y que los impuestos patrimoniales pasen a ser administrados por los intendentes. El senador provincial Matías de Urraza plantea que sean los intendentes los que manejen directamente los recursos y puedan competir entre ellos para fortalecer a sus distritos. «Lo que quiero es que los intendentes compitan a ver quién es el mejor en lo suyo, el que lleva más inversiones a su municipio», dijo el legislador que responde a Sebastián Pareja a Buenos Aires/12.

Matías de Urraza.

El actual régimen de coparticipación de Impuestos de la provincia rige desde 1988 y establece que las municipalidades recibirán en concepto de coparticipación el 16,14 % de los montos que la provincia perciba en concepto del impuesto sobre los Ingresos Brutos no descentralizado, Inmobiliario Urbano, Automotores, Sellos, Tasas Retributivas de Servicios y de la Coparticipación Federal de Impuestos.

El importe que surge de ese porcentaje se distribuye luego entre los 135 municipios de acuerdo con el cuestionado CUD, un índice que determina por resolución todos los años el ministerio de Economía. Ese índice surge de una serie de variables como la población de cada municipio, su capacidad tributaria (inversa), la superficie, la cantidad de camas en hospitales, el número de pacientes, las consultas médicas,

En 2022 se estableció un mecanismo de protección para los municipios frente a caídas abruptas en el CUD. Desde entonces rige un tope general por el cual ningún municipio puede sufrir una reducción superior al 5%.

Conformación del Coeficiente Único de Distribución. Fuente: Consultora PPA.

Un informe de la consultora PPA destaca que nueve municipios vieron limitada la reducción de su CUD al tope máximo del 5%: Ezeiza, Florentino Ameghino, General Madariaga, Leandro N. Alem, Maipú, Pila, Pinamar, San Isidro y Tordillo. Cabe destacar que, en el caso de Florentino Ameghino, San Isidro y Tordillo es el segundo periodo consecutivo que se ven beneficiados por el tope a la caída máxima, por lo que tendrán una caída máxima de 2,5% en 2027.

En tanto, en diciembre se modificó ese artículo para introducir un esquema que suavice aún más las pérdidas. En la ley de endeudamiento se acordó que cuando un municipio registra una caída del 5% durante dos ejercicios consecutivos, la disminución máxima permitida para el tercer y cuarto ejercicio se reduce al 2,5% anual.

Así, este año fueron nueve los municipios que vieron limitada la reducción de su CUD al tope máximo del 5%: Ezeiza, Florentino Ameghino, General Madariaga, Leandro N. Alem, Maipú, Pila, Pinamar, San Isidro y Tordillo. En el caso de Florentino Ameghino, San Isidro y Tordillo es el segundo período consecutivo que se ven beneficiados por el tope a la caída máxima, por lo que tendrán una caída máxima de 2,5% en 2027.

En tanto, cuatro municipios fueron beneficiados por el tope máximo de caída del 2,5% luego de dos caídas consecutivas del 5%: Lezama, Lujan, Moron y Saavedra.

Por último, los diez distritos que registraron las mayores disminuciones en su CUD -exceptuando a los nueve municipios beneficiados por la aplicación del tope máximo de caída del 5%- son Vicente López, Tandil, Azul, Chascomús, General San Martín, Hipólito Yrigoyen, General Viamonte, San Antonio de Areco, Ayacucho y San Pedro. A diferencia del grupo anterior, estos municipios no se encuentran alcanzados por ningún tope máximo, por lo que las variaciones observadas reflejan plenamente el resultado del recálculo del CUD.

 

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    Venezuela no es un problema: es un botín. Con las mayores reservas de petróleo del planeta, valuadas en entre 17 y 18 billones de dólares, el país concentra un volumen de riqueza energética que explica décadas de presiones, sanciones, intentos de disciplinamiento y ahora, abiertamente, proyectos de recolonización. Detrás del discurso de la “democracia” y la “transición”, lo que está en juego es el control del petróleo.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    Las mayores reservas del planeta y un crudo incómodo para el imperio

    Venezuela posee alrededor de 303 mil millones de barriles de petróleo probados, lo que representa cerca del 17 % de todas las reservas mundiales. No existe otro país con semejante volumen bajo su subsuelo.

    La mayor parte de ese petróleo se encuentra en la Faja Petrolífera del Orinoco y corresponde a crudo extra-pesado, un tipo de petróleo más denso y costoso de procesar que el liviano. Su explotación requiere tecnología avanzada, inversiones constantes y capacidad de refinación específica, especialmente diseñada para este tipo de crudo.

    Ese dato técnico no es menor: explica por qué históricamente las grandes petroleras norteamericanas y europeas estuvieron tan interesadas en Venezuela, y también por qué las refinerías del Golfo de México fueron adaptadas durante décadas para procesar crudo venezolano. No es un petróleo cualquiera: es estratégico.

    A precios actuales del crudo, el valor bruto de esas reservas se calcula en unos 17 a 18 billones de dólares. Para dimensionarlo: equivale a entre el 76 y el 81 % de toda la masa monetaria M2 de Estados Unidos, o dicho de otro modo, a tres cuartas partes de todo el dinero que circula y se deposita en el sistema financiero estadounidense.


    Antes de la nacionalización: Venezuela producía, pero no mandaba

    Durante gran parte del siglo XX, el petróleo venezolano estuvo controlado por empresas extranjeras, principalmente estadounidenses. Desde las décadas de 1920 hasta los años 60, compañías como Exxon, Mobil y Gulf Oil dominaron la exploración, extracción y exportación del crudo.

    En ese período, Venezuela llegó a producir más de 3,7 millones de barriles diarios, ubicándose entre los principales productores del mundo. Sin embargo, el control real del negocio, las decisiones estratégicas y una porción sustancial de las ganancias quedaban fuera del país.

    El esquema era simple y conocido en América Latina: Venezuela ponía el recurso, las multinacionales se llevaban la renta.

    Ese modelo empezó a resquebrajarse cuando el petróleo dejó de ser visto solo como mercancía y pasó a ser comprendido como recurso estratégico y herramienta de soberanía.


    La nacionalización, PDVSA y el límite al saqueo

    En 1976, bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, Venezuela nacionalizó su industria petrolera y creó Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). A partir de ese momento, el Estado venezolano pasó a controlar la producción, refinación y comercialización del crudo.

    La nacionalización no fue una rareza: formó parte de una ola global de nacionalismo energético que recorrió el mundo en los años 70. Pero para Estados Unidos fue una señal clara de alerta: uno de sus principales proveedores de energía decidía no obedecer más.

    Décadas después, con Hugo Chávez, ese control estatal se profundizó. Desde 2007, las empresas extranjeras fueron obligadas a convertirse en socias minoritarias de PDVSA o retirarse. Algunas aceptaron —como Chevron—, otras se fueron denunciando “expropiaciones”.

    Lo que para Venezuela fue soberanía energética, para Washington fue y sigue siendo un “robo”. Desde entonces, el petróleo venezolano quedó en el centro de una guerra económica: sanciones, bloqueos, asfixia financiera y operaciones políticas.


    Un botín que explica todo: FMI, Argentina y el contraste brutal

    El valor de las reservas petroleras venezolanas permite entender la magnitud del conflicto.

    Con 17 a 18 billones de dólares (calculado ya extraído y en barriles), ese petróleo equivale a:

    • Entre 380 y 400 préstamos del FMI como el que sostiene Milei, de unos 45 mil millones de dólares.
    • Entre 26 y 28 PBI completos de la Argentina.
    • Siete u ocho veces todo el efectivo físico que circula en Estados Unidos.

    Mientras Argentina es disciplinada por el FMI por decenas de miles de millones, Venezuela es acosada por una riqueza que vale cientos de veces más. La diferencia no es moral ni ideológica: es material.

    Por eso Estados Unidos no negocia con Venezuela como con un país cualquiera. La discute, la sanciona, la amenaza o directamente intenta administrarla. No por su sistema político, sino por su subsuelo.


    El remate que incomoda

    Venezuela no es pobre: es demasiado rica para que la dejen en paz.
    Y la Argentina de Milei no es castigada por rebelde, sino por obediente y endeudable.

    Cuando se entiende que el petróleo venezolano equivale a décadas enteras de producción argentina, a cientos de acuerdos con el FMI y a una porción sustancial del dinero estadounidense, se cae el relato.

    No es democracia contra autoritarismo.
    Es saqueo contra soberanía.

     

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