Hoy jueves 04 de junio a las 11:30 hs la Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa Regina realizará un toque de sirena durante un minuto, así como otros cuarteles en todo el país en memoria de los camaradas bomberos de la Policía Federal, caídos en acto de servicio el pasado 02 de junio cuando combatían el incendio en una perfumería del barrio porteño de Villa Crespo.
Con motivo de acompañar el sepelio del Comandante Director Ariel Gastón Vázquez, de la Compañía de Planeamiento Desarrollo; y del Subcomisario Maximiliano Firma Paz, de la Estación VI Villa Crespo; el presidente del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, Carlos Alfonso, convocó al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios sumarse al toque de sirena que realizarán todas las Fuerzas de Seguridad del país.
“Lamentablemente, la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19 no nos permite estar presentes de otra manera, acompañando a nuestros camaradas y sus familias en este momento de despedida”, señaló Carlos Alfonso, “nuestras sirenas sonarán, y con ellas honraremos la memoria, el profesionalismo y la vocación de estos bomberos que dejaron su vida para salvar la de los demás”
Guardia Bomberos Voluntarios Villa Regina Central Alarma TE:100 TE: 2984461477- 2984461999 Fray Luis Beltrán 322 V.R. (R.N)
El gobierno libertario pone cada vez más restricciones.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El paquete de resoluciones publicado este miércoles por el Ministerio de Seguridad Nacional en el Boletín Oficial volvió a dejar expuesta una orientación política cada vez más definida del gobierno de Javier Milei: ampliar mecanismos de vigilancia, reforzar restricciones administrativas y consolidar herramientas de control preventivo sobre la vida social. Detrás de medidas que en apariencia aparecen fragmentadas —estadios, bases de datos, restricciones de concurrencia y sistemas federales de información— se perfila una arquitectura estatal donde el concepto de “seguridad” empieza a extenderse mucho más allá del delito consumado.
La resolución más significativa del día fue la ampliación del programa Tribuna Segura, un sistema que originalmente había sido presentado para controlar el ingreso de barras bravas y personas con antecedentes violentos en espectáculos deportivos. La nueva normativa incorpora ahora la posibilidad de aplicar restricciones vinculadas a incumplimientos civiles, como los registros de deudores alimentarios, y profundiza el uso de mecanismos administrativos para impedir accesos sin necesidad de condenas penales firmes.
Detrás de la narrativa oficial sobre “orden” y “protección”, lo que aparece es otra cosa: el avance de un esquema de prevención estatal basado en el monitoreo permanente y la ampliación de facultades discrecionales del Ejecutivo. El cambio no es solamente operativo. Es político.
De la protesta social al control de conductas
Desde la implementación del protocolo antipiquetes, el Gobierno viene construyendo una lógica donde la protesta social dejó de ser tratada como un fenómeno político para pasar a encuadrarse dentro de la órbita de la seguridad interior. El corrimiento conceptual fue gradual, pero constante.
Las resoluciones publicadas este 13 de mayo profundizan ese camino. En los fundamentos administrativos del nuevo esquema de Tribuna Segura aparecen referencias a controles preventivos sobre manifestaciones y concentraciones públicas, consolidando la idea de que el Estado debe intervenir antes de que exista delito alguno.
No se trata solamente de impedir hechos violentos en una cancha. Se trata de construir herramientas permanentes de identificación, seguimiento y restricción de circulación aplicables a distintos ámbitos de la vida pública.
Ese punto es central porque modifica el paradigma histórico de actuación estatal. El foco ya no está únicamente en castigar delitos comprobados, sino en administrar riesgos potenciales mediante bases de datos, controles cruzados y sanciones preventivas.
Bases de datos, vigilancia y centralización
Otra de las resoluciones relevantes del día fue la vinculada al SIFCOP, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales. Aunque presentada como una actualización técnica y administrativa, la medida refuerza la centralización de información criminal, pedidos de captura, secuestros y alertas judiciales entre fuerzas federales y provinciales.
En términos prácticos, el Ministerio sigue avanzando en la integración nacional de sistemas de vigilancia e identificación. La interoperabilidad de datos permite acelerar operativos y controles, pero también incrementa el poder estatal sobre la circulación de información sensible de millones de personas.
El argumento oficial es la eficiencia. La discusión política, en cambio, pasa por otro lado: qué controles institucionales existen sobre estas herramientas y hasta dónde puede expandirse su utilización.
La preocupación no es abstracta. En los últimos meses el Gobierno ya había endurecido políticas sobre protestas, operativos callejeros y control de movilizaciones, en un contexto social marcado por despidos, ajuste económico y creciente conflictividad.
El orden como narrativa de gobierno
Las medidas difundidas este miércoles también revelan otro aspecto central del modelo Milei: el uso político de la seguridad como construcción discursiva. Deudores alimentarios impedidos de ingresar a estadios, barrabravas bloqueados, presos sin celulares y sistemas federales de monitoreo son decisiones diseñadas para generar impacto mediático inmediato y construir una narrativa de autoridad estatal.
La lógica es clara: instalar la idea de un Gobierno que “pone orden” frente a una sociedad presentada como caótica o fuera de control.
Pero detrás de esa construcción comunicacional aparece una tendencia más profunda y persistente: la expansión de mecanismos administrativos que permiten restringir derechos y movimientos sin intervención judicial plena ni condena firme.
La discusión de fondo recién empieza. Porque mientras el Gobierno presenta estas herramientas como medidas de seguridad modernas y eficientes, crecen las advertencias sobre el riesgo de consolidar un modelo de vigilancia permanente donde cada vez más aspectos de la vida social quedan bajo monitoreo estatal.
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La convulsión social escala en Bolivia. Van tres semanas seguidas de protesta social. Se movilizan fabriles, mineros asalariados, choferes, magisterio y sectores campesinos. El gobierno, aunque mediáticamente se muestra predispuesto al diálogo, en los hechos difunde narrativas que amenazan con endurecer la represión. La Paz y El Alto están prácticamente cercadas. Según los reportes de la Administradora Boliviana de Carreteras, hay bloqueos activos en La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, principalmente impulsados por organizaciones campesinas y la Central Obrera Boliviana. Todos los sectores tienen demandas diferentes pero coinciden en una: piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, que lleva apenas seis meses en el poder. Es el mandatario de las nuevas derechas latinoamericanas que más rápido perdió legitimidad, y enfrenta un levantamiento popular cuyas causas hay que entender en las primeras medidas de gobierno, en su débil estructura política y en las características emancipatorias de los movimientos populares bolivianos.
La fragilidad del gobierno desde su origen
Hay que ir al momento de las elecciones. Paz no tenía probabilidades reales de acceder a la presidencia, pero jugó un inesperado as bajo la manga: sumar como candidato a la vicepresidencia a Edman Lara: excapitán de la Policía e influencer, se hizo conocido en 2023 por sus videos en TikTok denunciando corrupción en las fuerzas de seguridad. Es una figura mediática y viral que coquetea con las discursividades de mano dura de Nayib Bukele (el partido político que intentó fundar antes llevaba el mismo nombre que el del salvadoreño) y maneja una retórica “anticasta”, similar a la que impulsó en sus inicios Javier Milei en Argentina. Esta alianza capturó un voto popular que, de otra forma, Rodrigo Paz jamás habría obtenido. Pero Lara es torpe e inexperto en el campo de la política tradicional, una figura incómoda para cogobernar.
El presidente profundizó esta fractura con medidas muy concretas para neutralizar a su vice: dictó el Decreto Supremo 5515 que lo habilitó a gobernar de forma digital desde el extranjero, impidiendo que Lara asuma el mando temporal cuando Paz se ausenta del país. También le quitó presupuesto a la Vicepresidencia. Estas tensiones demuestran la fragilidad institucional que desencadenan los «taxipartidos»: siglas desgastadas, cáscaras vacías que se alquilan —como el Partido Demócrata Cristiano (PDC) que usó Paz— para postular a candidatos sin estructura política ni territorial.
Las “traiciones” de Paz
Una vez en el poder, Rodrigo Paz tomó una serie de medidas drásticas y antipopulares que desembocaron en su rapidísima pérdida de legitimidad. Aunque las clases populares aceptaron con resiliencia la quita de las subvenciones a los combustibles, que implicó un rápido encarecimiento del costo de vida, el gobierno comenzó a importar gasolina de pésima calidad con gestiones opacas, que dañaron miles de vehículos de trabajo sin que existieran resarcimientos efectivos. Después, impulsó ante el Legislativo la eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas y empezó a gobernar abiertamente a favor de las élites. Le dio la espalda a sus votantes y se alió con los grupos empresariales, e incluso con sectores de la política que lo acusaron de fraude —como Samuel Doria Medina, el multimillonario que perdió en primera vuelta pero terminó encajando varios hombres de su confianza al actual gabinete. El ministro más poderoso del Gobierno de Rodrigo Paz, José Luis Lupo, fue el candidato a vicepresidente de Doria Medina.
En las últimas semanas, acorralado por los conflictos, Paz pactó una alianza con algunos actores del cooperativismo minero, uno de los grupos económicos más poderosos, ricos y violentos en el escenario político boliviano. Un sector denunciado por sus dinámicas extractivistas, depredadoras y explotadoras. Mediante el Decreto Supremo 5618, Paz eliminó las fiscalizaciones y deudas coactivas que dos cooperativas auríferas mantenían con la Caja Nacional de Salud desde 2016, dejando un grave hueco financiero en la seguridad social de corto plazo, que podría afectar a buena parte de la fuerza laboral boliviana.
Pero, poco antes, fue la Ley 1720 de Conversión de Pequeñas Propiedades Agrarias la que activó las primeras movilizaciones. Por Constitución, la pequeña propiedad es inembargable en Bolivia; la nueva ley pretendía convertirlas en medianas, forzándolas a ser usadas como activos financieros. Este proyecto responde a una histórica demanda de los sectores agroindustriales: fue reintroducido en el Legislativo por el senador Branko Marinkovic, político y empresario cruceño que se atribuye la propiedad de más de 33 mil hectáreas en su departamento.
Otro punto de quiebre simbólico se dio al nombrar como viceministro de Seguridad Ciudadana al excomandante policial Rodolfo Montero, investigado y detenido preventivamente por su rol en la cadena de mando durante las masacres de Sacaba y Senkata de 2019 —que después del golpe de Jeanine Añez dejaron al menos 20 muertos y cientos de heridos, según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH— algo que el pueblo leyó como una bofetada y una traición abierta al transitorio apoyo popular que tuvo Rodrigo Paz.
La narrativa del gobierno y sus limitaciones
Rodrigo Paz se planteó durante la campaña como una alternativa al MAS, pero también a los políticos de derecha. Cuando llegó al poder le dio la espalda al pueblo que lo llevó a la presidencia y optó por gobernar de la mano con los que estaban en contra de su candidatura. Ahora el gobierno apuesta a una narrativa donde Evo Morales, el MAS y el narcotráfico estarían detrás de las movilizaciones.
Pero lo cierto es que esto es un intento de deslegitimar una protesta masiva asociándola a grupos vinculados a figuras que han perdido legitimidad y están políticamente debilitadas. Uno de ellos es Evo Morales. El expresidente lleva meses atrincherado en el Chapare. Hace pocos días salió un mandamiento de aprehensión, lo declararon en rebeldía por el caso de trata y tráfico que tiene detrás. Sigue siendo un personaje público y gravitante, pero el suyo no es de los sectores protagónicos de las protestas contra el Gobierno de Paz. En realidad, la palestra que le ofrece el Gobierno es funcional al debilitamiento y la estigmatización de la revuelta popular y permite que las narrativas de estigmatización sean mucho más fácilmente digeribles: muchas personas se resisten a apoyar los bloqueos porque se los tilda de masistas, erróneamente.
Pero las protestas responden a una dinámica abigarrada, de múltiples protagonistas y no pueden atribuirse únicamente al evismo. Esa es, precisamente, una de las narrativas más porfiadas y obtusas de la derecha boliviana en los últimos años: no entender la complejidad del entramado social al que se enfrentan.
La tradición boliviana de negociar en la calle
El historiador Eric Hobsbawm desarrolló el concepto de «negociación colectiva mediante la revuelta”, una categoría sumamente pertinente para analizar el caso boliviano. Frente a un Estado que históricamente no escucha a los sectores populares, y ante un gobierno que llega al poder gracias al voto del pueblo para luego gobernar con los grupos de poder económico, se impone la idea de que la única vía posible para negociar es la presión en las calles.
Esto ya ocurrió durante el mandato de Evo Morales, aunque con otros actores y en otro escenario, luego de que el gobierno desconociera los resultados negativos del referéndum de 2016.
En Bolivia, la calle se erige como el espacio principal de negociación política, sustentada en una larga y consolidada tradición de articulación social, barrial y comunitaria en diversas regiones del país. Actualmente, el pedido de renuncia de Rodrigo Paz es la única demanda que ha logrado aglutinar a los diferentes sectores, aunque sin un horizonte concreto ni liderazgos visibles para el día después.
Aunque es poco probable que la renuncia se concrete (el canciller Fernando Aramayo fue tajante al descartarla), esta presión social si podría obligar a una profunda reestructuración estratégica del gobierno y una recomposición de su gabinete, cuando menos.
Las protestas representan una fuerte advertencia: en Bolivia no se puede gobernar dándole la espalda al pueblo. Por eso la insurrección popular no fue neutralizada y continúa expandiéndose. Y esta expansión también podría ser un llamado de reorganización del descontento social a nivel regional, poniendo la negociación colectiva a través de la revuelta como contrapeso al autoritarismo militarista de derecha.
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