Hoy jueves 04 de junio a las 11:30 hs la Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa Regina realizará un toque de sirena durante un minuto, así como otros cuarteles en todo el país en memoria de los camaradas bomberos de la Policía Federal, caídos en acto de servicio el pasado 02 de junio cuando combatían el incendio en una perfumería del barrio porteño de Villa Crespo.
Con motivo de acompañar el sepelio del Comandante Director Ariel Gastón Vázquez, de la Compañía de Planeamiento Desarrollo; y del Subcomisario Maximiliano Firma Paz, de la Estación VI Villa Crespo; el presidente del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, Carlos Alfonso, convocó al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios sumarse al toque de sirena que realizarán todas las Fuerzas de Seguridad del país.
“Lamentablemente, la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19 no nos permite estar presentes de otra manera, acompañando a nuestros camaradas y sus familias en este momento de despedida”, señaló Carlos Alfonso, “nuestras sirenas sonarán, y con ellas honraremos la memoria, el profesionalismo y la vocación de estos bomberos que dejaron su vida para salvar la de los demás”
Guardia Bomberos Voluntarios Villa Regina Central Alarma TE:100 TE: 2984461477- 2984461999 Fray Luis Beltrán 322 V.R. (R.N)
La temporada 20/21 de Facundo Aldrighetti fue excepcional por donde se lo mire, volvió a competir en el Top Race Series y sin dudas fue protagonista de la competencia, por cuestiones reglamentarias al piloto regiense no le alcanzó y Franco Morillo se coronó campeón en la última carrera. Facu volvió a competir en el Top…
“Aquí no volverá a haber elecciones, para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder”. Así fue como Daniel Ortega anuló los comicios programados para noviembre de este año. Para ello, contó el presidente de Nicaragua, va a trabajar con la Asamblea Nacional con el objetivo de aprobar leyes que sirvan de “muro” para que la oposición no llegue al poder. Estas palabras se pronunciaron en el acto de conmemoración del 47° aniversario de la Revolución Sandinista. En la lengua de Daniel Ortega, la palabra revolución hace convivir dos estrategias prácticas: mantener y conservar el poder para sí (a cualquier precio) y perpetuar una dinastía política y económica.
Ante la novedad, se impone una pregunta: ¿por qué el sandinismo —que cuenta con el apoyo de partidos que legitiman su proyecto, con empresarios que intentan adecuarse con recelo y temor a la dinámica económica, y con un marco donde los disidentes están presos o exiliados— decide clausurar las elecciones?
Para responder esta pregunta es necesario revisar lo ocurrido durante las últimas décadas. En primer lugar, este experimento político no es novedoso. Ya lo hizo Anastasio Somoza García, quien construyó un sistema de poder autoritario que le permitió a su familia controlar Nicaragua desde 1933 a 1979. Daniel Ortega se le parece a “Tacho” Somoza en dos aspectos: ambos provienen del mundo de las armas (uno del Frente Sandinista de Liberación Nacional; el otro de la Guardia Nacional) y comparten una mirada sobre la centralización autoritaria para mantenerse en el poder.
En la lengua de Daniel Ortega, la palabra revolución hace convivir dos estrategias prácticas: mantener y conservar el poder para sí (a cualquier precio) y perpetuar una dinastía política y económica.
El sandinismo —que había tomado el poder en 1979— perdió las elecciones de 1990 y comenzó el tiempo de su reconfiguración en un proceso cruento en el que Ortega desplazó a los disidentes sandinistas y fortaleció su jefatura. Entre 1994 y 1995 se afianzó el punto cero de su liderazgo y empezó la carrera por llegar al poder. En 2006 ganó las elecciones y asumió la presidencia acordando con partidos tradicionales, con la Iglesia católica y con empresarios para construir un gobierno estable hasta 2018. En esos doce años consolidó su poder, lo amplificó con el apoyo de las fuerzas armadas y policiales, y logró expandirse hacia territorios electorales que ocupaban otros partidos. También se vio beneficiado por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, un acuerdo con la Venezuela chavista a partir del cual Nicaragua obtuvo petróleo barato y subsidios para los sectores populares.
Este sistema —que gozaba de legitimidad, estabilidad y crecimiento sostenido (en promedio, un 4% anual desde 2006)— se quiebra en 2018 desatando una rebelión civil, a partir de un decreto que modificaba el sistema de pensiones, algo percibido por la ciudadanía como un gesto autoritario. Dos años antes, en las elecciones de 2016, hubo un punto de quiebre: la esposa de Ortega, Rosario Murillo, se convirtió en vicepresidenta y empezaron ciertas tensiones con un sistema de poder que la miraba de reojo.
A partir de ese entonces, no solo se alejan los empresarios del acuerdo con el gobierno sandinista, sino que se erosiona la sostenibilidad del Estado. Los subsidios y el petróleo barato venían cayendo desde 2014 (con el derrumbe del precio internacional del barril) y para 2018 se desplomó la cooperación financiera entre Venezuela y Nicaragua en un 73 por ciento. El desgaste presupuestario del Estado nicaragüense y la caída del crecimiento implicaron ajustes que empujaron a gran parte de la sociedad a la calle. La desigualdad social y la pobreza empezaron a crecer en 2017 en una sociedad que ya tenía entre el 78 y 82 por ciento de informalidad laboral. La protesta anti autoritaria de las calles se combinó con el agotamiento de un sistema de poder que tenía más de diez años.
¿Por qué el sandinismo —que cuenta con el apoyo de partidos que legitiman su proyecto, con empresarios que intentan adecuarse con recelo y temor a la dinámica económica, y con un marco donde los disidentes están presos o exiliados— decide clausurar las elecciones?
Como indica Elvira Cuadra, socióloga e investigadora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, el autoritarismo de Ortega y Murillo se radicalizó a partir de 2018. El camino para recuperar el control del liderazgo y acallar esas protestas —como ya había pasado entre 1994 y 1995— fue a partir de una fuerte y capilar represión: 355 personas asesinadas y la persecución de opositores provocaron el miedo social y un masivo exilio político. Entre 2019 y 2024, la pareja presidencial logró que la Asamblea Nacional vote una serie de leyes para aumentar la capacidad represiva, el control ideológico y la clausura del sistema democrático: más persecución, menos garantías. Se clausuró la libertad de expresión y se sometió a opositores al despojo de la nacionalidad y a ser considerados traidores a la patria.
En cuanto a la política social, el gobierno sandinista se alejó de la atención de los problemas sociales y descansó, paradojalmente, en las remesas que recibían las familias nicaragüenses de quienes habían emprendido el exilio provocado por las represiones del sandinismo y por su propio modelo económico. Hoy, entre el 25 y el 30 por ciento del PBI lo representan las remesas. La política social está en manos de exiliados que se han escapado del régimen sandinista.
La disputa al liderazgo de Ortega desde las protestas opositoras de 2018 tuvo como resultado el rediseño del sistema político: el sandinismo compitió en las elecciones de 2021 contra partidos que colaboraban con el gobierno. El FSLN ganó unos comicios controlados y obtuvo, con el 75,2 por ciento, el control mayoritario del parlamento.
La política social de Nicaragua está en manos de exiliados que se han escapado del régimen sandinista.
Ahora bien, volviendo a la pregunta sobre por qué clausurar las elecciones, modificar la constitución y la ley electoral, podríamos responder que Ortega busca asegurar el poder más allá de su propia biología y, como indica Cuadra, resolver el problema de la sucesión. La primera propuesta para definir al sucesor fue la reforma constitucional de 2024 que estableció la copresidencia, cargo asumido por Rosario Murillo. Esta nueva posición en el Ejecutivo le permitió acceder a todas las instituciones del Estado y poner en cuestión la división de poderes. A la radicalización del autoritarismo le siguió la aceleración de la concentración de poder. La segunda propuesta se pronunció el pasado 19 de julio: Ortega, en el proyecto que enviará a la Asamblea, desea extender el mandato presidencial a siete años y que la continuidad, en vez de ser decidida en las urnas, pueda renovarse por el mismo parlamento en el que tiene mayoría. De esta manera, intenta constitucionalizar el fin de la alternancia política, blindar a Rosario Murillo —quien no cuenta en el sandinismo con los apoyos que sí tiene su esposo— y perpetuar una dinastía que se piensa más allá de la actual dupla presidencial. Algunos de los hijos de Ortega ya han asumido roles políticos y económicos relevantes. Entre ellos, Laureano Ortega Murillo, a quien nombraron Asesor Presidencial para las Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional y hace las veces de canciller paralelo, tejiendo alianzas con China, Rusia y Bielorrusia mediante acuerdos de inversión en infraestructuras. Esto también lo posiciona, en caso de que las tensiones con Estados Unidos aumenten, en un lugar relevante para futuras negociaciones.
Esta propuesta de clausurar la alternancia política y de radicalizar la concentración de poder bicéfalo no llega en momentos de bienestar económico. Si bien las remesas ayudan a muchas familias y sostienen la demanda social, la informalidad superó al 80 por ciento, cayó el poder de compra y empeoró la situación de aquellos hogares que no reciben remesas. El deterioro de las prestaciones públicas y de los programas de transferencia directa van en aumento, al igual que los costos de la energía y el transporte. A esto se agrega el temor a que la política migratoria estadounidense afecte el envío de dinero a Nicaragua.
El sandinismo tendrá que gestionar los próximos años con una situación económica muy precaria, en la que se impone el refuerzo de los “comités sandinistas”, que persiguen el control y asistencia barrio por barrio.
La clausura de la alternancia política generó el rechazo del gobierno de Estados Unidos, de Costa Rica —que cobijó a una importante cantidad de exiliados y emigrantes—, de la Unión Europea, entre otros. Si bien Venezuela apeló al principio de autodeterminación de los pueblos, su apoyo es retórico. Desde el secuestro de Nicolás Maduro y de la presión sobre Cuba, Ortega sabe que está solo. Nicaragua no tiene petróleo y ha sido un aliado eficiente de Estados Unidos a la hora de contener los flujos migratorios y el surgimiento de pandillas. Entiende que puede tener una vía de negociación con la Casa Blanca y más si Donald Trump pierde las elecciones de medio término en noviembre.
En estos días, la Asamblea y Rosario Murillo abrieron el proceso de consultas para una nueva reforma constitucional. Convocaron a los funcionarios estatales, al ejército, a la policía, a los empresarios y grupos sociales cercanos al gobierno. La mayoría de los analistas entienden que se abre la posibilidad de constitucionalizar el partido único acompañado de medidas que profundicen aún más la clausura de la vida democrática y de derechos fundamentales.
Daniel Ortega busca asegurar el poder más allá de su propia biología y, como indica Cuadra, resolver el problema de la sucesión.
Daniel Ortega, desde su llegada al poder en 2006, tuvo como meta concentrar el poder y quedarse. Provocar una simbiosis entre el sandinismo, el Estado y su propia persona. Actualmente está en marcha un laboratorio político que lo perpetúa más allá de la biología. Ortega busca afianzar una dinastía bicéfala, combinando, desde su regreso al poder, juego democrático, prácticas autoritarias, negación de derechos y garantías, represión y asesinato, tortura a manifestantes y acceso al poder estatal de algunos de sus hijos. Ha esgrimido distintos fundamentos narrativos: un mandato providencial para gobernar Nicaragua y el influjo del “poder popular” que les permite diseñar una constitución a medida.
El cierre de la alternancia democrática es un momento más de una estrategia donde en el centro de la escena está la estructura de poder construida sobre su propia figura. Ese guerrillero que le arrebató el poder a los Somoza, que nunca tuvo el carisma de otros guerrilleros y que pervive con algo de mesianismo entendió que ese hilo rojo de la historia nicaragüense vinculado a la concentración del poder (autoritaria o democrática) era un legado a rescatar para mantenerse a flote, gobernando y mandando a una sociedad cada vez más atemorizada, precarizada y con poco entusiasmo por la política.
El poder aglutina. Es una máxima que sin dudas rige la realidad y la política. El poder define un lugar, todos y todas buscando un espacio. Estar cerca de lo que les permitiría el acceso a aquello que quieren (un empleo, dinero, privilegio, visibilidad). En general esto sucede con los oficialismos, se rodean de gente…
El mercado empezó a marcar una diferencia cada vez más pronunciada entre la capacidad de pago del gobierno de Javier Milei y la situación que podría enfrentar la próxima administración. Mientras el riesgo de default permanece contenido en el corto plazo, las probabilidades implícitas en los seguros contra incumplimiento aumentaron con fuerza para los vencimientos posteriores a 2027.
La señal aparece en la curva de Credit Default Swaps (CDS), los contratos que funcionan como seguros frente a un incumplimiento de la deuda soberana. Según un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI), durante agosto prácticamente no cambió la percepción sobre la capacidad del Gobierno para afrontar sus compromisos inmediatos, pero sí empeoró sensiblemente la evaluación de los plazos más largos.
La probabilidad acumulada de default a un año aumentó apenas 30 puntos básicos desde comienzos de mes y se ubica en torno al 2,8%. El movimiento es reducido y muestra que los inversores todavía asignan una elevada probabilidad de pago a las obligaciones más próximas.
El panorama cambia por completo cuando la curva se extiende más allá del mandato de Milei. De acuerdo con PPI, las probabilidades acumuladas de default a cuatro y diez años aumentaron 400 y 510 puntos básicos desde comienzos de agosto, respectivamente.
Así, el mercado asigna actualmente una probabilidad de default del 30,3% en el horizonte de cuatro años y del 61,5% cuando se extiende el análisis hasta diez años. La brecha con el riesgo a un año es enorme y revela que el principal interrogante de los inversores dejó de estar concentrado en la disponibilidad inmediata de dólares.
«El mercado hoy no está discutiendo demasiado si Argentina puede pagar el próximo vencimiento. Lo que está poniendo precio es qué pasa después de 2027 y si el próximo gobierno puede sostener el esquema sin volver a tener problemas de financiamiento», explicó un operador consultado por LPO.
La lectura coincide con el diagnóstico de PPI. Para la sociedad de Bolsa, el deterioro de las últimas semanas «se concentró principalmente en horizontes más largos», donde aparece una incertidumbre creciente respecto de la posibilidad de sostener la historia crediticia argentina en el tiempo.
El mercado hoy no está discutiendo demasiado si Argentina puede pagar el próximo vencimiento. Lo que está poniendo precio es qué pasa después de 2027 y si el próximo gobierno puede sostener el esquema sin volver a tener problemas de financiamiento
El movimiento resulta particularmente relevante porque se produce mientras buena parte de la curva soberana volvió a operar con rendimientos de dos dígitos. La corrección de los bonos argentinos durante las últimas semanas volvió a dejar precios que, según PPI, empiezan a mostrar una relación algo más equilibrada entre riesgo y retorno.
La firma considera que los bonos podrían estar cerca de una pausa en la caída e incluso ensayar algún rebote. Sin embargo, todavía no aparece un catalizador suficientemente fuerte para sostener una recuperación más contundente.
En el mercado siguen con atención los indicadores políticos y económicos que puedan modificar ese escenario. Uno de ellos será el Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, después del deterioro que ya mostró el Índice de Confianza del Consumidor. En sentido contrario, una continuidad de buenos datos de actividad y comercio exterior podría aliviar parcialmente la presión vendedora.
Otro factor detrás de la debilidad reciente de los bonos fue el comportamiento de los inversores argentinos. Al cierre del primer trimestre, los residentes concentraban el 23,7% de la deuda soberana bajo legislación de Nueva York, una participación significativa dentro del mercado de Globales.
PPI estima que ese porcentaje podría haberse reducido durante el segundo trimestre, producto del desarme de posiciones locales. Esa salida ayuda a explicar parte de la presión que enfrentaron los títulos en las últimas semanas y agrega otro elemento de cautela sobre la dinámica de corto plazo.
Para el operador consultado por LPO, la pendiente de la curva de CDS también refleja un problema que excede a Milei. «Para bajar de manera permanente el riesgo país no alcanza con demostrar que hay dólares para pagar durante uno o dos años. El mercado necesita creer que el programa es sostenible políticamente y que puede sobrevivir a un cambio de gobierno. Hoy esa confianza todavía no está», afirmó.
El resultado es una paradoja para el Gobierno: el mercado parece reconocer una capacidad de pago relativamente sólida durante el horizonte inmediato, pero todavía no convalida que esa estabilidad pueda extenderse mucho más allá del actual mandato. El propio informe de PPI resume esa cautela al advertir que el camino hacia 2027 todavía será «largo» y probablemente «sinuoso».
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