Hoy jueves 04 de junio a las 11:30 hs la Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa Regina realizará un toque de sirena durante un minuto, así como otros cuarteles en todo el país en memoria de los camaradas bomberos de la Policía Federal, caídos en acto de servicio el pasado 02 de junio cuando combatían el incendio en una perfumería del barrio porteño de Villa Crespo.
Con motivo de acompañar el sepelio del Comandante Director Ariel Gastón Vázquez, de la Compañía de Planeamiento Desarrollo; y del Subcomisario Maximiliano Firma Paz, de la Estación VI Villa Crespo; el presidente del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, Carlos Alfonso, convocó al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios sumarse al toque de sirena que realizarán todas las Fuerzas de Seguridad del país.
“Lamentablemente, la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19 no nos permite estar presentes de otra manera, acompañando a nuestros camaradas y sus familias en este momento de despedida”, señaló Carlos Alfonso, “nuestras sirenas sonarán, y con ellas honraremos la memoria, el profesionalismo y la vocación de estos bomberos que dejaron su vida para salvar la de los demás”
Guardia Bomberos Voluntarios Villa Regina Central Alarma TE:100 TE: 2984461477- 2984461999 Fray Luis Beltrán 322 V.R. (R.N)
«El que la usa, la paga» podría ser el eslogan del gobierno de Pullaro para crear un fideicomiso que financie el mantenimiento de las rutas que conectan con los puertos del Gran Rosario por donde sale la mayor parte de las exportaciones agroindustriales del país. El esquema lo están diseñando junto a la Bolsa de Comercio de Rosario y los intendentes de localidades portuarias.
Fuentes al tanto de las negociaciones explicaron a LPO que el gobierno busca trasladar el costo del desgaste de la infraestructura al dador de carga, es decir, los productores, acopiadores y exportadores, mediante una tasa que se calculará en función del peso transportado.
Hasta ahora, cada localidad portuaria le cobraba una tasa vial para hacer frente a los servicios de mantenimiento. Para los intendentes significó una fuente de recursos que en muchos casos superaba lo recibido por coparticipación. Ahora, la idea es unificar los criterios de cobro en toda la región y terminar con la dispersión de esas tasas.
La idea no es la del peaje tradicional, sino una tarifa variable de acuerdo al peso transportado por camión. El tránsito pesado genera un desgaste sobre la infraestructura vial extraordinario que requiere acondicionamiento permanente.
La idea no es la del peaje tradicional, sino una tarifa variable de acuerdo al peso transportado por camión. El tránsito pesado genera un desgaste sobre la infraestructura vial extraordinario que requiere acondicionamiento permanente.
Solo en épocas de cosecha ingresan alrededor de dos millones de camiones a los puertos santafesinos, lo que acelera el deterioro de rutas y accesos y obliga a un mantenimiento mucho más intensivo que el de una red vial convencional.
En ese contexto, en el gobierno advierten que la inversión de 400 millones de dólares en los caminos portuarios necesitará nuevas obras accesorias y requerirá fondos para su mantenimiento que quieren sostener con este nuevo fideicomiso.
Lisandro Enrico, ministro de Obras Públicas Santa Fe
En el plan de inversión que sostiene Pullaro se incluye la ampliación de trazas, construcción del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe, intervención en cruces críticos y refuerzo de banquinas.
«El sistema vial no resiste más este nivel de tránsito sin un esquema de financiamiento estable», admitió un funcionario que sigue de cerca las obras, y agregó que la discusión técnica gira en torno a cómo modelizar la tasa en función del peso transportado y del nivel de inversión requerido para sostener la red.La idea no es la del peaje tradicional, sino una tarifa variable de acuerdo al peso transportado por camión. El tránsito pesado genera un desgaste sobre la infraestructura vial extraordinario que requiere acondicionamiento permanente..
El acuerdo incluye a los intendentes de las localidades portuarias, «son parte de la solución», dijo un funcionario provincial y aseguran que buscan garantizarle esos ingresos y que el nuevo esquema contemplará mecanismos de compensación.
El acuerdo incluye a los intendentes de las localidades portuarias, «son parte de la solución», dijo un funcionario provincial y aseguran que buscan garantizarle esos ingresos y que el nuevo esquema contemplará mecanismos de compensación
El proyecto tiene que pasar por la Legislatura provincial, donde el oficialismo cuenta con mayoría cómoda hasta el próximo año. Por eso en la Casa Gris apuran las negociaciones para enviar la iniciativa en los próximos meses.
En el gobierno de Pullaro no descartan las críticas de La Libertad Avanza y defienden el esquema: «es el mismo principio que plantea el propio Milei, que el que usa, paga. Para las rutas nacionales proponen un peaje cada 100 kilómetros».
La diferencia es que en Santa Fe se plantea una tasa específica sobre la carga que permita sostener la infraestructura clave para el principal complejo exportador del país.
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El escándalo de los créditos hipotecarios del Banco Nación sigue creciendo y la lupa está especialmente puesta en el que recibió el secretario de Finanzas, Federico Furiase, que lo habría utilizado para comprar una tercera propiedad pese a que la entidad establece que los préstamos son para primera y segunda vivienda.
El periodista Alejandro Bercovich reveló en C5N que Furiase utilizó el crédito del BNA para comprarse una casa de 300 mil dólares en el country Los Pilares, en la localidad de Pilar. La vivienda, de 200 metros cubiertos, está edificada sobre un terreno de 880 metros cuadrados y tiene una amplia pileta.
«Esta línea de crédito habilitaba no solo primeras viviendas sino también segundas viviendas. Hay gente que cree que es ético que un funcionario político se compre una casa en un country si la línea de crédito lo permite. Pero en este caso, Furiase no sólo tenía una vivienda a su nombre en Ramos Mejía, que está en su declaración jurada, sino que tenía dos casas. O sea que este préstamo fue para la tercera vivienda», denunció Bercovich.
De ser así, Furiase no podría haber conseguido un crédito para otra casa y acaso por eso en los últimos días había trascendido que no era un préstamo hipotecario. Pero no hay ninguna línea personal del BNA por semejantes montos. El caso confirmaría la injerencia política detrás de la ola de créditos a funcionarios y diputados libertarios.
En agosto de 2025, cuando era director del Banco Central, Furiase obtuvo
un crédito hipotecario por unos 280 mil dólares, equivalentes a cerca de 367 millones de pesos. El BCRA es el encargado de regular la actividad de todos los bancos, incluido el Nación, por lo que una de las denuncias que hay en Comodoro Py apunta al rol de esa entidad, como contó LPO.
La posibilidad de un conflicto de intereses además está dada porque la tramitación del crédito habría comenzado entre junio y julio de 2025, justo cuando el BCRA liberó las LEFI, una medida que desató un proceso de fuerte volatilidad financiera y un descalabro en las tasas de interés. Tras eso, el BCRA el endurecimiento monetario con una suba de encajes y las tasas hipotecarias se dispararon.
Además de que el sueldo de funcionario está lejos de ser suficiente para un crédito de ese monto, Furiase ya había tomado un crédito hipotecario en 2017, en el Banco Ciudad, por un equivalente a unos 106 mil dólares. Es decir que tiene espalda para pagar los dos préstamos al mismo tiempo.
Esta línea de crédito habilitaba la compra de primeras y segundas viviendas. Furiase no sólo tenía una vivienda a su nombre en Ramos Mejía, que está en su declaración jurada, sino que tenía dos casas. O sea que este préstamo fue para la tercera vivienda
Aunque el escándalo sigue creciendo, Javier Milei salió a defender a los tomadores de créditos con un argumento insólito: no mataron a nadie.
«Si un funcionario toma un crédito en el Banco Nación, la pregunta es ¿haber tomado ese crédito mató gente? O sea, ¿violenta el derecho a la vida? ¿mató gente?», preguntó el presidente en una entrevista con el albertista Antonio Aracre. «Primer punto de nuestros valores morales que definen la moral como política de Estado, no está vulnerado», argumentó Milei.
«Vamos al segundo punto: la libertad. ¿Alguien perdió la libertad por eso? Es decir, vos te podés seguir expresando, podés seguir caminando por tu calle, podés seguir haciendo negocios», continuó Milei, que agregó que tampoco se afectó «la propiedad» porque los créditos fueron con tasas a precios del mercado.
Los defensores de un rugbier implicado en varias causas de corrupción pidieron que se cite a declarar como testigo a Héctor Daniel Marchi, que durante años manejó los millonarios recursos que administra la Corte Suprema de la Nación. El motivo es que un arrepentido en este juicio, que era un funcionario de máxima jerarquía de la ex AFIP, sostuvo que Marchi fue el impulsor de una extorsión contra dos agentes bursátiles de Rosario.
El pedido lo formulan los abogados que defienden a Santiago Busaniche, un lobbysta de la Justicia Federal, conectado con jueces y funcionarios de Comodoro Py y con el mundo de los servicios de inteligencia, sospechado de haber gestionado pagos indebidos para diversos magistrados.
Los defensores de Busaniche solicitaron que a Marchi se lo exima del juramento de decir la verdad, que es obligatorio para quien declara como testigo. Esto se hace en los casos en que se presume algún tipo de compromiso ilícito, ya que una persona en esas condiciones queda liberado del peso de declarar algo que la perjudique. También solicitaron que le secuestren el teléfono.
Héctor Daniel Marchi es un contador oriundo de Rafaela, que fue funcionario del gobierno de Jorge Obeid, y que en 2003 llegó a administrador general de la Corte Suprema mediante el impulso del ministro Ricardo Lorenzetti, que es de la misma ciudad. Desde ese cargo durante 15 años Marchi manejó los fondos multimillonarios del Poder Judicial de la Nación hasta que fue desplazado en 2023 frente al estallido de una interna. Quien resistió su relevo, así lo reflejó la prensa por entonces, fue justamente Lorenzetti.
Según analizaron abogados en el ámbito de la Justicia Federal de Rosario que hablaron con LPO, estas medidas de citación a Marchi y otras personas como testigos puede favorecer la estrategia defensiva, que busca que sectores de mayor poder que Busaniche se movilicen para defenderlo.
En estos días se conocerá además el fallo de la sala de la Cámara de Casación que hace tres semanas recibió un pedido de la defensa de Busaniche para recusar a los fiscales que participan de la investigación al escribano y de invalidar la causa. Los tres jueces que recibieron el planteo son los camaristas Mariano Borinsky, José Luis Gemignani y Carlos Mahiques.
Héctor Daniel Marchi es un contador oriundo de Rafaela, que fue funcionario del gobierno de Jorge Obeid, y que en 2003 llegó a administrador general de la Corte Suprema mediante el impulso del ministro Ricardo Lorenzetti, que es de la misma ciudad. Desde ese cargo durante 15 años Marchi manejó los fondos multimillonarios del Poder Judicial.
El caso en el que está implicado Busaniche tiene al ex juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque y al financista Fernando Whpei en prisión preventiva y procesados por cohecho. La trama empezó a develarse cuando el ex director regional de la AFIP en Rosario y Santa Fe, Carlos Vaudagna, admitió que en 2019 entre ellos tres armaron una causa judicial contra los agentes bursátiles Claudio Iglesias y Jorge Oneto en un asado en la casa del ex magistrado. En su declaración ampliatoria como arrepentido, en octubre pasado, Vaudagna declaró que Marchi impulsaba desde Buenos Aires ese chantaje, presionando a Busaniche para que a su vez empujara el armado de la causa penal.
En una de sus declaraciones como imputado colaborador, Vaudagna afirmó que Marchi estuvo en la gestión de esa extorsión, presionando para que se concretara. El financista Fernando Whpei, que está procesado y también actúa como arrepentido, admitió haber cobrado de parte de Iglesias 160 mil dólares en cinco pagos para que paralizaran la causa en su contra. Dos años después de iniciada esa causa, Bailaque le dictó la falta de mérito a Iglesias.
Busaniche está registrado en el teléfono de Vaudagna pidiendo en varias ocasiones que agilice desde la AFIP el informe que permitiría implicar a los empresarios que serían objeto de la extorsión y que fue el documento con el que se abrió la causa judicial para, según los fiscales, chantajear a los damnificados. Esta conversación ocurrió el 29 de noviembre de 2019. Dos días después el juez Bailaque mandó allanar a Iglesias
Los abogados de Busaniche, Diego Pirotta y Débora Lichtmann, dicen desde el inicio que a su cliente lo introducen de manera falaz en el caso. Sin embargo, Busaniche quedó formalmente acusado de instigar los delitos de allanamiento ilegal, falsificación de documento e incumplimiento de deberes de funcionario público, ya que con esas maniobras se consumó la extorsión. No se probó que haya cobrado pero sí que fue partícipe para que la maniobra se concretara.
Estas medidas de citación a Marchi y otras personas como testigos puede favorecer la estrategia defensiva, que busca que sectores de mayor poder que Busaniche se movilicen para defenderlo.
Hasta ahora cada uno de los planteos de la defensa de Busaniche fue desestimado por los jueces federales a cargo de las audiencias, tanto Eduardo Rodrígues da Cruz como en otra causa Carlos Vera Barros. Pero ahora que el trámite por la extorsión entra en etapa de control probatorio, sus defensores piden que citen a declarar a Marchi como testigo. Según los defensores la fiscalía nunca lo convocó pese a que Vaudagna hizo esa declaración implicando al ex administrador de la Corte. Ellos aspiran a que Marchi como testigo desbarate la acusación y de ese modo despegue a Busaniche.
Para ello también propusieron a otros testigos con ese mismo fin. Entre ellos a la propia hermana de Marchi, ya que Vaudagna la mencionó. Y a todos los empleados que trabajaron con Marchi en el ámbito de la Corte.
Asimismo piden que comparezcan Vaudagna y Whpei, los dos acusados de la extorsión junto al juez Bailaque. En el caso de Whpei piden que analicen en su teléfono si tiene agendado a alguien que aparece bajo el contacto «hermanito» que, sugieren los defensores de Busaniche, podría ser Marchi.
El empresario Fernando Whpei.
Para entender otras citaciones propuestas por la defensa hay que analizar el contexto de la supuesta extorsión. Claudio Iglesias, el empresario chantajeado, era en esa época directivo de la empresa aseguradora San Cristóbal, y aspiraba a llegar a la presidencia. Si bien esa posibilidad era remota, la causa penal en su contra lo terminó de sacar de carrera.
Los defensores Pirotta y Lichtmann citaron como testigo al abogado Ricardo Silberstein, que fue decano de la Facultad de Derecho de la UNR y ministro de Justicia del ex gobernador de Santa Fe, el socialista Miguel Lifschitz. Adujeron que Silberstein integraba el directorio de San Cristóbal. Y que Vaudagna lo mencionó como «el interesado o beneficiado en perjudicar al señor Iglesias».
Silberstein nunca fue implicado en esta causa judicial. En una consulta con este medio a fines del año pasado dijo que era incomprensible que Vaudagna lo hubiera aludido. «No lo conozco, jamás tuve un encuentro con él, tampoco con Whpei o Busaniche. No entiendo por qué me involucran repentinamente en algo así en una causa que de repente se llenó de arrepentidos. Iglesias no fue nunca candidato a presidir San Cristóbal», dijo.
Busaniche también está procesado junto a otro juez federal de Rosario, Gastón Salmain, por la gestión de cobro de un soborno. Es el caso en donde Salmain obligó mediante un amparo al BCRA a venderle al fideicomiso Attila administrado por Fernando Whpei 10 millones de dólares para el pago de una deuda en el exterior durante la vigencia del cepo cambiario.
Es justamente por descargos como éste que los defensores quieren que declare Silberstein y también su secretario privado en la época de los hechos. Silberstein será en octubre próximo candidato a presidir San Cristóbal. Los defensores piden que al ex ministro santafesino se lo releve de la obligación de jurar como testigo y también que le secuestren su teléfono.
Respecto de la citación como testigo a Marchi la pretensión es la misma. Que el ex administrador de la Corte señale si tuvo intervención en la extorsión como indica Vaudagna y que manifieste si conoce a Bailaque y a Busaniche.
El ex juez federal, Marcelo Bailaque.
Busaniche tiene un perfil muy llamativo y reconocible en el campo de los lobbies al interior de la Justicia Federal. De 53 años, fue empleado de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, a donde ingresó por impulso del ex diputado provincial Julio Gutiérrez, de quien es su yerno. Hace 25 años reside en Buenos Aires, en el Palacio Paz, y se mueve entre funcionarios del mayor nivel del Poder Judicial de la Nación y de los servicios de inteligencia del Estado. Le atribuyen gravitación en las designaciones de personal en el ámbito de la Justicia Federal de Rosario, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires.
Busaniche también está procesado junto a otro juez federal de Rosario, Gastón Salmain, por la gestión de cobro de un soborno. Es el caso en donde Salmain obligó mediante un amparo al BCRA a venderle al fideicomiso Attila administrado por Fernando Whpei 10 millones de dólares para el pago de una deuda en el exterior durante la vigencia del cepo cambiario. Los procesó el juez federal Vera Barros y hace dos semanas la Cámara Federal de Rosario confirmó la medida por unanimidad.
El escrito de la defensa de Busaniche que pide la comparecencia de Marchi fue presentado en febrero y trasciende cuando promedia abril, en el contexto de recrudecimiento de internas dentro de la Corte Suprema, tras la presentación desde el tribunal máximo de un proyecto que cambia la reglamentación para la elección de jueces.
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