La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, busca descomprimir la interna con Osvaldo Jaldo, en medio de variadas versiones sobre un distanciamiento. La jefa comunal lo visitó en la Casa de Gobierno y horas después echó a un funcionario ligado al diputado nacional Carlos Cisneros, enemigo del mandatario provincial.
El clima en el peronismo de Tucumán está más que caldeado desde hace tiempo, pero esta semana subió la tensión entre Jaldo y Chahla. Primero, con unas declaraciones picantes del gobernador que parecieron un tiro por elevación a la estrategia comunicacional de «la intendenta tiktoker».
«Todos aquellos que quieran llegar a un cargo institucional, no les va a alcanzar con el TikTok, no les va a alcanzar con las redes sociales. Hay que venir a poner la cara», dijo Jaldo en un acto. «TikTok a la China se van a ir a hacer», advirtió.
El libertario Lisandro Catalán, que se mueve como el candidato a gobernador de Milei, recogió el guante y le respondió rápido. Pero algún sector del peronismo quedó la idea de que el dardo de Jaldo no tenía como destinatario al exministro. En el entorno de Chahla le restaron importancia a
«las interpretaciones» ante la consulta de LPO. «No tenemos nada de qué preocuparnos», agregaron.
En la semana también algunos jaldistas salieron a marcar la ausencia de Chahla en una cumbre del gobernador con todo aparato territorial del PJ. Cerca del intendenta responden que estaba de viaje y que la reunión fue con dirigentes del interior.
En el medio de estos chispazos circularon rumores de una ruptura de cara a las elecciones del año que viene, donde Jaldo buscará la reelección. Algunos sectores del peronismo tucumano ubican a Chahla por un camino separado e incluso compitiendo por un cargo provincial.
No les va a alcanzar con el TikTok, no les va a alcanzar con las redes sociales. Hay que venir a poner la cara
Una fuente tucumana que mira la disputa desde afuera dijo a LPO que de uno y otro lado hay dirigentes a los que les conviene una ruptura y por eso alimentan esas versiones. Y recuerda que el año pasado el peronismo tucumano parecía más dividido y terminó yendo unido a las elecciones, aunque la armonía duró casi nada.
En el medio de ese ruido, Chahla se dirigió el jueves por la mañana a la Casa de Gobierno provincial y mantuvo una larga reunión con Jaldo. «Tenemos diálogo con el gobernador, nos hablamos a la noche, a la tarde o en algún momento de la semana. Todo está viento en popa», dijo la intendenta al salir.
El ministro Monteros, Jaldo y Chahla
La reunión fue la calma que antecedió al huracán. Horas después el subsecretario de Gobierno de la Municipalidad, Alejandro Sangenis, salió a fulminar al ministro del Interior, Darío Monteros, mano derecha de Jaldo. «Monteros ha hecho todo lo posible para ponerle palos en la rueda a la gestión de Chahla», disparó Sangenis, que también vinculó al ministro con una denuncia del alfarismo contra funcionarios de la intendenta.
Chahla, que horas antes había posteado una foto con Jaldo y Monteros, evitó que la crisis escalara y este viernes a primera hora echó de su gabinete a Sangenis, algo que no había hecho con críticas anteriores del mismo funcionario.
El trasfondo de todo esto es que Sangenis es un funcionario del riñón del diputado nacional Carlos Cisneros, que está peleado a muerte con Jaldo desde que le sacó el control de la Caja Popular de Ahorros (CPA), una entidad que maneja los fondos del juego provincial. El despido del funcionario fue leído como un gesto de la intendenta para correrse de la guerra entre Jaldo y Cisneros.
Una encuesta de Carlos Sicchar, uno de los consultores que suele trabajar para el oficialismo cordobés, encendió luces amarillas en El Panal: Martín Llaryora conserva un núcleo duro, pero una eventual unificación opositora pondría a la reelección del gobernador en un escenario de máxima tensión política.
El trabajo, realizado entre el 16 y el 18 de mayo sobre 1.000 casos en toda la provincia, muestra un dato que inquieta al Gobierno: aunque Llaryora sigue siendo el dirigente con mayor intención de voto individual, la fragmentación opositora es hoy su principal aliada.
En el escenario de «todos contra todos», el gobernador alcanza 31% de intención de voto, mientras que Luis Juez aparece con 14%, Rodrigo de Loredo con 9% y Gabriel Bornoroni con 4%. Más atrás quedan la izquierda y García Elorrio, ambos con 3%. Pero el dato central está en otro lado: el 13% todavía no sabe a quién votar y otro 9% asegura que votaría en blanco.
En otras palabras, si Juez, De Loredo y La Libertad Avanza lograran confluir en un armado común, la suma opositora quedaría prácticamente en línea con el gobernador y abriría una pelea completamente distinta hacia 2027.
Llaryora tiene piso, pero la gran duda es cuál es su techo. Sicchar lo plantea de manera explícita en las conclusiones preliminares del informe: «Martín Llaryora logra retener su núcleo duro, estableciendo un piso competitivo sólido».
Ese dato explica buena parte de la estrategia política que viene desplegando el gobernador desde comienzos de año. Mientras el Gobierno de Milei profundiza el ajuste, Llaryora aceleró las recorridas por el interior provincial, reforzó el vínculo con intendentes y volvió a poner el eje en la gestión territorial.
En El Panal, se baraja como principal hipótesis adelantar las elecciones provinciales para abril o mayo de 2027. Pese al poco tiempo, consideran que todavía hay tiempo para reconstruir una mayoría electoral más amplia. Pero admiten que el desafío ya no pasa solamente por conservar el aparato político que construyó el peronismo cordobés en más de dos décadas de poder. Ahora necesitan reconectar con sectores medios que comenzaron a tomar distancia.
La encuesta ofrece una pista precisa sobre dónde está ese problema.
El segmento de indecisos aparece concentrado principalmente en mujeres, menores de 30 años y hogares de ingresos medio-bajos. El 57% de los indecisos son mujeres y el 31% tiene entre 16 y 30 años. Además, la mayor parte pertenece a hogares que no logran superar cómodamente la línea de pobreza.
Ese universo es justamente el que más sufrió el deterioro económico de los últimos meses.
El informe también registra un cambio importante en el clima político general de Córdoba. Javier Milei, que había alcanzado niveles de aprobación cercanos al 61% a comienzos de año, cayó al 48%, mientras que la desaprobación subió al 46%.
En cambio, Llaryora logró sostener su evaluación positiva pese a las crisis con docentes, jubilados y las altas tarifas de luz y agua. Según el estudio, el gobernador tiene 49% de aprobación y 42% de desaprobación, mejorando incluso cuatro puntos su imagen negativa respecto de la medición anterior.
Ese diferencial es el principal activo político del cordobesismo: la percepción de gestión provincial todavía resiste mejor que la evaluación nacional.
Pero el problema para el oficialismo es que la oposición, aun desordenada, empieza a detectar que existe una oportunidad real de disputar el poder.
Luis Juez conserva volumen político después de haber quedado a apenas tres puntos de derrotar al PJ en 2023. Rodrigo de Loredo sigue siendo el radical con mejor instalación provincial y apuesta a un perfil menos confrontativo. Y Gabriel Bornoroni intenta capitalizar el peso electoral que todavía mantiene Milei en Córdoba y convertirse en el armador de una coalición libertaria-pro. La pelota está en esa cancha.
La encuesta de Sicchar deja otro mensaje para Llaryora: el gobernador deberá seducir a ese electorado independiente, joven y golpeado económicamente que hoy mira la política con distancia y todavía no decidió su voto.
La irrupción de Javier Milei en la política argentina no puede explicarse únicamente como un fenómeno electoral ni como el simple ascenso de una nueva derecha. Hay algo más profundo ocurriendo en el modo en que el poder se legitima, organiza el lenguaje público y redefine quién merece reconocimiento dentro de la comunidad política. Allí es donde una lectura atravesada por las categorías de Michel Foucault adquiere una potencia singular: no para reducir el mileísmo a una fórmula académica, sino para comprender cómo un discurso de ruptura moral puede transformarse en una tecnología eficaz de gobierno.
El núcleo de esa construcción no es económico. Tampoco estrictamente ideológico. Es moral.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Milei no llegó al poder solamente prometiendo bajar la inflación o destruir regulaciones estatales. Llegó construyendo un antagonismo ético absoluto entre “la casta” y “los argentinos de bien”. Ese lenguaje, repetido hasta el agotamiento mediático, terminó produciendo algo mucho más relevante que un slogan: fabricó una identidad social.
Porque “argentino de bien” no funciona como una descripción objetiva. No existe un criterio verificable que permita determinar quién pertenece realmente a esa categoría. Su eficacia reside precisamente en su ambigüedad. El concepto opera como una consagración moral difusa donde cada adherente puede reconocerse a sí mismo como parte de un grupo virtuoso amenazado por enemigos internos.
Allí aparece uno de los mecanismos centrales del poder contemporáneo: la administración de legitimidades.
La pureza como herramienta de poder
Foucault entendía que las sociedades modernas no se organizan únicamente mediante leyes o coerción física. El poder necesita producir discursos verdaderos, clasificar sujetos y establecer qué formas de vida son consideradas normales, productivas o deseables. Gobernar implica también ordenar moralmente la sociedad.
En la Argentina de Milei, esa lógica aparece de manera descarnada.
El “argentino de bien” es presentado como alguien que trabaja, paga impuestos, soporta sacrificios y rechaza cualquier forma de mediación colectiva asociada al Estado. Del otro lado emerge una masa difusa de sospechosos: sindicalistas, militantes, empleados públicos, movimientos sociales, periodistas críticos, universidades, artistas subvencionados, organismos de derechos humanos o cualquiera que cuestione el nuevo orden moral libertario.
No se trata simplemente de adversarios políticos. Se los construye discursivamente como sectores parasitarios, degenerados o moralmente inferiores.
Ese desplazamiento es decisivo. Porque cuando la política abandona el terreno del conflicto democrático y pasa a estructurarse sobre categorías morales absolutas, el opositor deja de ser alguien con quien se disputa el poder para convertirse en alguien cuya existencia misma aparece como ilegítima.
En otras palabras: ya no hay diferencias políticas; hay sujetos “sanos” enfrentados a elementos contaminantes.
La obsesión mileísta con palabras como “parásitos”, “zurdos de mierda”, “empobrecedores” o “casta” no responde solamente a un estilo agresivo. Constituye una forma de clasificación social. Una maquinaria simbólica destinada a dividir la población entre quienes merecen reconocimiento y quienes pueden ser humillados públicamente sin costo moral.
El outsider y la ficción de la excepción
La fuerza inicial de Milei provino de una promesa de exterioridad. Su legitimidad surgía de aparecer por fuera del sistema político tradicional, incluso cuando rápidamente comenzó a tejer alianzas con actores históricos del poder económico, mediático y judicial argentino.
Pero el outsider moderno no necesita estar realmente afuera del sistema. Le alcanza con conservar la narrativa de la excepción moral.
Ahí reside una de las grandes paradojas del mileísmo contemporáneo. Incluso frente a denuncias, escándalos, negociaciones opacas o evidencias de privilegios dentro del propio gobierno, parte importante de su electorado sigue interpretando esos hechos como secundarios frente a una supuesta batalla histórica contra enemigos mayores.
Ese fenómeno revela algo incómodo sobre el funcionamiento real de las democracias contemporáneas: los ciudadanos no adhieren solamente a programas racionales; adhieren a sistemas emocionales de interpretación del mundo.
Cuando un gobierno logra construir una identidad moral fuerte, la evidencia objetiva pierde centralidad. Los hechos dejan de evaluarse en sí mismos y pasan a interpretarse según quién los denuncia y desde qué lugar político se enuncian. Por eso la corrupción puede relativizarse. No porque deje de existir, sino porque el discurso oficial logra reorganizar su significado. Si el líder continúa siendo percibido como quien combate a “los verdaderos corruptos”, entonces las contradicciones internas pueden absorberse dentro del relato épico de transformación nacional.
La pregunta deja de ser “¿hubo corrupción?” y pasa a ser “¿quién está denunciando y con qué intención?”.
La batalla cultural como disciplina
Uno de los aspectos más sofisticados del fenómeno Milei es haber convertido la confrontación permanente en una forma estable de gobierno. La agresión constante no constituye una anomalía comunicacional ni una pérdida de control emocional. Funciona como una pedagogía política.
Cada ataque presidencial contra periodistas, economistas, artistas o dirigentes opositores produce un efecto disciplinador sobre el resto de la esfera pública. El mensaje implícito es transparente: cualquiera que cuestione el relato oficial puede ser expuesto, ridiculizado o transformado en enemigo colectivo.
Foucault estudió precisamente cómo el poder moderno ya no depende exclusivamente del castigo físico espectacular. El control más eficiente es aquel que induce autocensura, vigilancia mutua y adaptación preventiva. Las redes sociales radicalizaron ese mecanismo hasta niveles inéditos. El ecosistema digital mileísta opera muchas veces como una estructura de disciplinamiento distribuido donde miles de usuarios reproducen hostigamientos, campañas de señalamiento y persecuciones simbólicas contra figuras disidentes. El resultado es un clima político donde la violencia verbal deja de ser excepcional y pasa a constituir la atmósfera cotidiana del debate público.
En ese contexto, la idea de “argentinos de bien” cumple una función central: ofrece legitimidad moral anticipada para la agresión. Si el adversario es presentado como corrupto, degenerado o enemigo de la nación, entonces la violencia discursiva aparece justificada como una forma de defensa social.
El sacrificio como virtud
Otro rasgo distintivo del mileísmo es la moralización del sufrimiento económico. En condiciones normales, una caída abrupta del salario, el consumo o el empleo debería erosionar rápidamente la legitimidad gubernamental. Sin embargo, Milei logró transformar el ajuste en una prueba ética.
El sacrificio ya no aparece como consecuencia de una política económica concreta, sino como evidencia de madurez social. “Había que pasarla mal”. “No hay plata”. “Estamos pagando décadas de populismo”. El dolor se resignifica como purificación. Ese mecanismo conecta profundamente con la subjetividad neoliberal contemporánea: el individuo debe aceptar precariedad, pérdida de derechos y deterioro material como demostración de responsabilidad personal.
El ciudadano deja entonces de percibirse como sujeto de derechos colectivos y comienza a entenderse como emprendedor moral de sí mismo. Aguantar se vuelve una virtud. Resistir el ajuste se convierte en signo de pertenencia identitaria.
La política ya no promete bienestar inmediato. Promete redención futura a cambio de obediencia presente.
La nueva legitimidad autoritaria
Quizás el aspecto más inquietante de la experiencia argentina actual sea que gran parte de estas transformaciones ocurren dentro de procedimientos democráticos formales. No hace falta clausurar elecciones para producir dinámicas autoritarias. Basta con erosionar sistemáticamente la legitimidad de toda institución intermedia capaz de limitar el poder presidencial.
La demonización del periodismo, el desprecio por el Congreso, el ataque permanente a las universidades, la ridiculización de organismos científicos y la construcción de enemigos internos constantes forman parte de una lógica más amplia: vaciar de autoridad simbólica cualquier espacio que pueda disputar la producción de verdad oficial.
Allí aparece una intuición foucaultiana fundamental: el poder más eficaz no es necesariamente el que prohíbe, sino el que logra que una sociedad naturalice sus propias formas de sometimiento. Tal vez por eso el fenómeno Milei no pueda analizarse solamente como una anomalía argentina ni como una excentricidad mediática. Expresa una mutación más profunda de las democracias contemporáneas: la transición desde sistemas políticos organizados alrededor de consensos institucionales hacia regímenes de legitimidad emocional, identitaria y moral.
En ese nuevo escenario, la verdad importa menos que la pertenencia. La coherencia menos que la fidelidad. Y la corrupción menos que la capacidad de seguir convenciendo a millones de personas de que, pese a todo, continúan formando parte de “los buenos”.
Colombia se prepara para las elecciones presidenciales y en el progresismo reina el optimismo. A dos semanas de la primera vuelta, la última encuesta de la consultora Invamer antes de la veda a Iván Cepeda con 44,6 por ciento.
Es una cifra que, por primera vez, lo encamina a la idea de ganar en primera vuelta que ha planteado su campaña, algo que de todas formas parece complicado.
Por su parte, el outsider Abelardo De la Espriella deja aún más atrás a Paloma Valencia. Alcanza el 31,6 % y duplica a la candidata uribista, que registra 14 %,quebrando así su nueva estrategia de «voto útil».
En este marco, Cepeda resiste en los escenarios de segunda vuelta. En las otras encuestas, el candidato del Pacto Histórico aparece perdiendo fuerza en segunda vuelta frente a los candidatos de derecha.
Pero la Invamer muestra un escenario distinto. Ahí, Cepeda se impondría con más de siete puntos de ventaja sobre Abelardo de la Espriella y con ocho puntos sobre Paloma Valencia.
La encuesta confirma que no hay cupo para una tercera vía. En primera vuelta, Sergio Fajardo y Claudia López registran 2,4 % y 2,2 % de intención de voto, respectivamente. La cifra, aunque no cambia demasiado frente al mes anterior, sigue bajando.
Cepeda resiste en los escenarios de segunda vuelta. En las otras encuestas, el candidato del Pacto Histórico aparece perdiendo fuerza en segunda vuelta frente a los aspirantes de derecha.
En segunda vuelta, en un escenario hipotético entre Iván Cepeda y Sergio Fajardo, el candidato de izquierda tiene una ventaja de más de 28 puntos.
A su vez, el petrismo y antipetrismo divide en partes iguales al país. Ante la pregunta de si votarían por un candidato a favor o en oposición al gobierno, 47,9% dice que votaría por uno a favor de Petro y 48,4% por uno en oposición.
Además, la desaprobación del presidente subió un punto (50,4%), mientras que su aprobación bajó otro (45.8%). El mes pasado ambas habían coincidido casi que en el mismo lugar.
El orden público, el principal problema para los encuestados con el 40,8%, la cifra más alta desde 2017. En segundo lugar se encuentran las necesidades básicas, que incluye la calidad y el cubrimiento de la salud.
A propósito de orden público, hay un capítulo sobre seguridad y la política de paz total, el 62,1% de los encuestados considera que el proyecto de paz total va por mal camino. Asimismo, el 64,5% se siente más inseguro por esta política y el 73,8% cree que el Estado ha perdido control de territorio.
La belga Jan De Nul buscó este jueves, en la recta final de la licitación de la Hidrovía, darle punto final a la campaña en contra negando cualquier vínculo con empresas estatales chinas en una reunión con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas.
El encuentro se produjo luego de las denuncias que agitó la competidora DEME, que había puesto bajo sospecha la oferta de Jan De Nul al advertir supuestas relaciones comerciales con firmas chinas, aprovechando la tensión geopolítica alrededor de la privatización de la vía navegable.
Como reveló LPO en su momento, el gobierno nunca tomó en serio las acusaciones y desestimó las presentaciones llevando a la licitación a su etapa final.
La reunión entre los representantes de la empresa y el diplomático ocurrió horas después de una nota de una nota publicada por el diario La Nación que habló de una supuesta «influencia maligna» de China en la Hidrovía.
Según el artículo, el republicano Brian Mast, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, habría alertado al secretario de Estado Marco Rubio sobre presuntos vínculos chinos detrás de la licitación.
En consecuencia, para despejar cualquier duda, este mismo jueves representantes de la compañía se reunieron con Lamelas quien «escuchó de primera mano los planes del consorcio belga-argentino que Jan De Nul integra junto a ServiMagnus para una eventual nueva concesión de la Vía Navegable Troncal Paraná-Paraguay», señaló Jan de Nul a través de un comunicado.
Los directivos dieron detalles de las obras proyectadas, las características de las dragas y herramientas de balizamiento que utilizarían en caso de ganar la licitación y la tecnología prevista para reforzar la seguridad de la navegación, el control del contrabando y la lucha contra el narcotráfico.
La empresa ratificó ante la embajada estadounidense que todos los insumos y sistemas tecnológicos incluidos en su oferta «provienen de países occidentales» y particularmente de proveedores norteamericanos, como las cámaras VTS.
Pero el eje del encuentro pasó por el intento de despegarse de cualquier sospecha de influencia china. La empresa ratificó ante la embajada estadounidense que todos los insumos y sistemas tecnológicos incluidos en su oferta «provienen de países occidentales» y particularmente de proveedores norteamericanos, como las cámaras VTS.
En ese marco, Jan De Nul habló de «afirmaciones maliciosas» difundidas en medios de comunicación para adjudicarle relaciones comerciales o contractuales con empresas estatales chinas y sostuvo que esas operaciones «solo buscan entorpecer el desarrollo del proceso licitatorio».
La compañía interpretó esas acusaciones como una muestra de la «impotencia» de sus competidores para superar su propuesta técnica y económica, en una disputa que ya escaló mucho más allá de lo comercial.
Por último, los directivos reivindicaron los 30 años de trabajo de la empresa en la Hidrovía y se comprometieron a desarrollar futuros proyectos junto a compañías estadounidenses vinculadas a la concesión.
Mayra Mendoza profundiza las gestiones tendientes a obtener financiamiento externo para la ejecución de un plan hídrico que contempla obras troncales sobre los arroyos San Francisco y Las Piedras, un proyecto considerado estratégico para mitigar el impacto de las fuertes lluvias en Quilmes y la región.
Durante su participación en el Foro Urbano Mundial de la ONU en Bakú, Azerbaijan, la diputada e intendenta de Quilmes en uso de licencia expuso la relevancia de esta obra que afecta a más de un millón de vecinos de Quilmes, Varela, Brown y Avellaneda.
En Quilmes calculan que, para la ejecución de este plan de obras, se necesita una inversión superior a los 400 millones de dólares, por lo que evalúan imprescindible el financiamiento de un organismo multilateral de crédito en un contexto de parálisis total de la obra pública por parte del gobierno de Javier Milei.
Meses atrás, la diputada provincial había explorado fuentes de financiamiento para ese mega plan de obras durante un encuentro de la Red Mercociudades y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en Brasil.
Sin recursos provenientes de Nación, el año pasado, durante un encuentro con intendentes de la cuenca, Mayra pidió que Axel Kicillof incluya en su pedido de endeudamiento «lo necesario para que podamos comenzar a hacer obras necesarias para mitigar las inundaciones».
Esa discusión también alimentó las tensiones dentro del peronismo en el marco del debate presupuestario de diciembre.
Elaborado en 2021 con participación de universidades, equipos municipales y especialistas en cuencas urbanas, el Plan Hídrico Social y Ambiental promovido por el Municipio de Quilmes cuenta con un cronograma de acción por etapas y obras a realizar.
El plan abarca obras hidráulicas estructurales, un manejo ambiental de los cursos de agua y la urbanización de barrios aledaños. «Por primera vez sabemos cuáles son las obras necesarias y posibles», destacan en Quilmes.
En una primera etapa, la gestión de Mayra Mendoza avanzó en la limpieza y readecuación del arroyo, apertura de canales, retiro de residuos y sedimentos y desobstrucción de puntos críticos. «Estas tareas ya mejoraron el escurrimiento en zonas clave pero aún falta mucho», señalaron en la comuna.
El área abarca 178 km2 y concentra amplias zonas inundables con alta densidad de población en situación económica vulnerable, con microbasurales a cielo abierto y déficit del ordenamiento territorial.
El plan abarca obras de gran escala como canalización, reservorios, estaciones de bombeo, nuevos puentes y senderos. Una de las medidas estructurales es la construcción de un túnel aliviador bajo la calle Florencio Varela, de 11 kilómetros de longitud y 6 metros de diámetro.
En cuanto a los aspectos ambientales, los estudios realizados advierten sobre la calidad del agua, vuelcos cloacales y efluentes industriales.
El plan abarca obras de gran escala como canalización, reservorios, estaciones de bombeo, nuevos puentes y senderos. Una de las medidas estructurales es la construcción de un túnel aliviador bajo la calle Florencio Varela, de 11 kilómetros de longitud y 6 metros de diámetro.
«Para avanzar, se necesita financiamiento sostenido y decisión política», señalaron en el municipio.
Es ahí donde focalizan en el antecedente reciente de una obra realizada en Quilmes con fondos internacionales. Se trata del Ecoparque, un complejo socioambiental de 15 hectáreas clave para la separación, clasificación y tratamiento de residuos que contó con el financiamiento del BID.
Esta semana, en su rol de vicepresidenta de la Red Mercociudades, Mayra Mendoza convocó en el Foro de la ONU a buscar soluciones «urgentes» ante las consecuencias del cambio climático.
Ahí, planteó la necesidad de financiamiento para el Plan Hídrico Social y Ambiental de la Cuenca de los Arroyos San Francisco y Las Piedras.
La diputada puso de relieve la existencia de un plan concreto para la zona: «El abandono y desfinanciamiento del gobierno nacional que preside Javier Milei desde 2024 ha impedido el avance del plan que incluye obras de gran escala», dijo.
