El radical disidente Pablo Juliano, presidente del bloque Democracia para Siempre y mano derecha de Facundo Manes, niega con las manos y se mueve incómodo en su banca.
–No podés decir una cosa hace media hora y darte vuelta. No hay llamado del gobierno nacional, no hay llamado del gobernador de tu provincia, no hay llamado de nadie que te tenga que dar vuelta el voto.
En la Cámara de Diputados se está por votar el rechazo o la confirmación del veto presidencial al aumento de las jubilaciones. La oposición más férrea a los libertarios teme lo peor.
Sabe que las llamadas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fueron quirúrgicas. La línea de larga distancia de Francos llegó este miércoles al entrerriano Rogelio Frigerio, al mendocino Alfredo Cornejo, al santacruceño Claudio Vidal, al chaqueño Leandro Zdero y al misionero Carlos Rovira: líderes provinciales del macrismo, el radicalismo y fuerzas locales camaleónicas que otras veces le salvaron la ropa a Javier Milei y están dispuestos a volver a hacerlo. Pero el Gobierno también tendrá su caballo de Troya en el peronismo de Unión por la Patria: la ausencia a último momento de una diputada que cada vez responde más al neuquino Rolo Figueroa y de un legislador alfil del catamarqueño Raúl Jalil.
Minutos después de las ocho de la noche el tablero de la Cámara baja marca el resultado de la votación y Francos se da por satisfecho: la ayuda de los mandatarios provinciales le permitió al oficialismo sostener el veto presidencial. El jefe de Gabinete lo celebrará esta mañana: “Ayer hice uso del teléfono y sacamos un empate”.
Pese al enojo explícito, en la oposición más dura sabían de antemano que esta votación estaba destinada a la derrota. “Los gobernadores juegan a las escondidas, no sé… —se quejaba al teléfono un diputado el día anterior— El Gobierno habla con cada uno cosas distintas. Y nosotros ya no le hacemos el jueguito. Antes los llamábamos para saber si sumábamos sus porotos y ahora no más. Los compran con mucha plata y los quiebran”. Ese martes se habían reunido en un zoom las espadas opositoras: Paula Penacca por el kirchnerismo; Christian Castillo por la izquierda; Carla Carrizo por el espacio de Manes, y Oscar Agost Carreño por la fuerza de Miguel Pichetto.
Aunque cada miércoles se repiten –y se reprimen– las marchas de los jubilados, los gobernadores aliados al Gobierno aceptaron la narrativa libertaria de que el costo fiscal del aumento previsional para las cuentas públicas (0,78 punto del PBI) es mayor que el costo social. Pero la historia fue otra en el recinto cuando una abrumadora mayoría aprobó, al inicio de la megasesión, el proyecto de ley de emergencia en discapacidad, que además parece tener el camino allanado en el Senado.
Y también fue otra la historia cuando, al borde de las once de la noche, se convirtió en ley una de las iniciativas que realmente le interesaba a los gobernadores aunque sus votos fueron divididos: la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). A la 1 de la madrugada de este jueves la iniciativa del impuesto a los combustibles líquidos se pospuso por falta de quórum.
Detrás de estos ítems que importan a las provincias hay plata, y mucha.
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–Andá vos, que sos de una provincia chica y no molesta.
El pampeano Sergio Ziliotto está sentado en la cabecera de la mesa vidriada de unos cinco metros de largo. No duda y dice que sí. Tiene enfrente a 15 gobernadores de los cuatro puntos cardinales del país y de todo el arco político. Por las ventanas del piso 21 de la sede provisoria del Consejo Federal de Inversiones (CFI) –en Azopardo al 700– se ve un cielo nublado sobre Puerto Madero. El pronóstico anuncia lluvia para más tarde.
Es el 23 de junio, casi dos meses antes de la última sesión en diputados. Acaba de terminar una reunión de los gobernadores con funcionarios de segundas líneas del gobierno de Milei –Carlos Guberman, secretario de Hacienda, y Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Interior– y, aunque el trato fue bueno, el resultado fue amargo: el Presidente está dispuesto a abrir la billetera de la Nación, pero de manera acotada y con condiciones inaceptables para las provincias. Los mandatarios quieren dar un golpe de efecto. Es vehemente, en ese sentido, el santiagueño Gerardo Zamora. Además, urge algo más humano: ya pasado el mediodía, entre los protagonistas apura el hambre.
El “Ruso” Ziliotto redacta un comunicado que saldrá en los medios con la firma transversal del resto de los gobernadores: desde el bonaerense Axel Kicillof (peronismo-kirchnerismo) al mendocino Cornejo (UCR); desde el fueguino Gustavo Melella (PJ) al jujeño Carlos Sadir (radicalismo); desde el misionero Hugo Passalacqua (alfil de Rovira) al jefe de Gobierno porteño Jorge Macri (PRO). El troyano-catamarqueño aporta algunos conceptos.
El texto gana rápido la tapa de los portales de noticias: habla de “crisis económica” en los territorios y busca golpear al gobierno libertario en temas sensibles. Afirma la intención de los mandatarios de las 24 jurisdicciones de enviar al Congreso dos proyectos de ley: uno para coparticipar los ATN, y otro para repartir también de manera proporcional y automática el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Dos cajas muy jugosas.
Los ATN se constituyen con el 1 por ciento del total de recursos que se distribuyen entre la Nación y las provincias. Históricamente son repartidos a discreción por el Ejecutivo nacional: según el último informe presentado por la Jefatura de Gabinete al Congreso, hasta julio de 2025 el Gobierno repartió a su gusto $84 mil millones a las provincias.
La coparticipación del ICL dispone la eliminación de los fondos fiduciarios de Infraestructura del Transporte y de Infraestructura Hídrica, que se financian con ese gravamen. La recaudado por ese impuesto este año ya alcanzó los $1,5 billones, mientras las provincias recibieron a discreción alrededor de $500.000 millones.
“Hubo hasta tres reuniones con el Gobierno y siempre fueron malas. Lo que pedimos es razonable, porque Milei se guarda los ATN y los computa en su resultado fiscal, y además no está haciendo ninguna de las obras a las que están destinados los fideicomisos de los impuestos”, explicaron en una provincia que tiene diálogo abierto con la Casa Rosada. “Es verdad que el costo fiscal es cero, pero hasta cierto punto. Supongamos que entregamos los ATN, ¿qué van a hacer los gobernadores cuando haya, por ejemplo, un terremoto en San Juan? ¿Van a ser solidarios y poner plata ahí para ayudar? No. Ellos quieren la guita para pagar sueldos y deudas, nada más”, devolvieron desde la trinchera de Francos.
El ida y vuelta entre la Nación y las provincias llegó a un punto de no retorno cuando el 10 de julio el Senado –guiado por el jefe de la bancada peronista, José Mayans– aprobó las propuestas de los gobernadores. Diez días después –este miércoles– aquella rebeldía que nació en la cumbre de junio en el CFI se coronó en Diputados: la Cámara baja sancionó la distribución automática de los ATN con 143 votos afirmativos, 90 negativos y 12 abstenciones. La coparticipación del ICL deberá esperar, ya que jugó fuerte la presión de la Rosada tras el golpe a los ATN.
Milei ya amenazó con vetar estas leyes. El repaso fino de la votación del proyecto por la coparticipación revela que, pese al compromiso que habían firmado los jefes de los 24 distritos, la sanción no logró una mayoría de dos tercios que blinde la ley a futuro. “Algunos gobernadores firmaron porque quieren ir a la guerra y otros porque quieren llamar la atención”, dijeron cerca de un mandatario peronista que votó siempre contra el libertario.
La negociación política permanente explicaría que –circunstancialmente– se hayan encontrado en el CFI figuras opuestas como Cornejo y Kicillof, pero que después en el Congreso los legisladores mendocinos radicales votaran diametralmente distinto al kirchnerismo. “El Gobierno siempre fue inteligente llevándolos con látigo y billetera –consideró un diputado nacional del PRO–. Estos se reúnen y se hacen los leones, pero después se vuelven herbívoros”.
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–Si yo quiero hacer un proyecto político para 2027, sí o sí tengo que ser el árbitro de las legislativas.
Juan Schiaretti busca sonar contundente ante quienes lo escuchan. Un día de junio, mientras las iniciativas de los gobernadores unidos contra la billetera de Milei comienzan su recorrido parlamentario, en las oficinas de un quinto piso de Diego Bossio –jefe de campaña del cordobés en la elección presidencial de 2023 y ex titular del Anses– se pasean mandatarios territoriales y dirigentes políticos.
A sus 76 años, el “Gringo” Schiaretti demuestra aún tener cierta ambición política. Y cree que hay un electorado agotado del kirchnerismo y ajeno a los insultos de Milei, el endurecimiento del ajuste y el avance de la motosierra a la agenda social.
Así fue como el 30 de julio por la tarde, en la Casa de la Provincia de Chubut en la Capital Federal, aparecieron sonrientes para una foto cinco gobernadores de latitudes distintas y un variopinto abanico político: el anfitrión Nacho Torres, del PRO; Martín Llaryora (Córdoba-PJ); Maximiliano Pullaro (Santa Fe-UCR); Carlos Sadir (Jujuy-UCR), y el ya mencionado Vidal (Santa Cruz-partido provincial). Estuvo cerca de sumarse el correntino radical Gustavo Valdés, pero finalmente no se adhirió: tiene un problema más urgente en su pago chico, porque la semana próxima se juega la gobernación.
Y aunque estuvo invisible en la imagen, Schiaretti fue testigo directo, como “guía, hombre sabio y quien instó a que esto se haga”, explicó un vocero cordobés. “El método no es la agresión, no es la descalificación. No hay ni que destruir el Estado ni el mercado”, conceptualizó un operador del ex gobernador.
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El “grito federal” inscribió el fin de semana pasado la marca electoral Provincias Unidas y tiene mucho de spin off electoral de aquella cumbre en el CFI. Se podría decir que la alianza debutó este miércoles en Diputados, aunque con una fisura: todos los legisladores de los gobernadores votaron las iniciativas contrarias a Milei, salvo los santacruceños de Vidal cuando apoyaron el veto al aumento jubilatorio.
El armado que apadrina Schiaretti busca quebrar la polarización entre los libertarios y el kirchnerismo y promete crear un bloque propio en el Congreso post 10 de diciembre. Pero su cierre electoral fue accidentado: una cláusula no escrita en el acuerdo de que no habría listas por fuera de los distritos de los socios tensionó el clima interno. Generó ruido la aparición de Florencio Randazzo como candidato en la provincia de Buenos Aires, y el neurólogo Facundo Manes finalmente se cortó solo en la fórmula que se había conversado con Martín Lousteau en CABA.
Si Schiaretti, Llaryora y Randazzo son las espadas del peronismo en el armado del “grito federal”, el eje radical lo conforman Pullaro, Lousteau y Emiliano Yacobitti, actual vicerrector de la UBA. Tercero en discordia aparece Nacho Torres que, aunque está alejado de Mauricio Macri, sigue siendo accionista amarillo.
Cerca del gobernador de Chubut lo entienden así: “La diferencia explícita es Schiaretti queriendo armar en todo el país y los gobernadores no queriendo comprar ese quilombo. Ellos querían esperar para ir armando de cara al 27 después de las elecciones, mientras que el Gringo siempre intentó que haya candidatos en todo el país, y armó lo de Randazzo y Lousteau por sus compromisos personales”. Remarcan la diferencia generacional: “El Gringo tiene poco tiempo, mientras Nacho y Pullaro, por ejemplo, son más jóvenes, nadie los corre”.
“Nacho Torres ya tiene pretensiones presidenciales. Pero de los cinco gobernadores que se juntaron, los líderes son los de Córdoba y Santa Fe, que son provincias hermanas y tienen el mismo peso electoral y económico”, explica un schiarettista.
Una tercera voz que se autopercibe conducida por Cristina Kirchner pero que tiene trato político y de negocios con gobernadores y armados electorales aportó: “El jefe de la banda es Schiaretti, pero por una cuestión lógica: para que se coma las piñas por ellos. Entre Pullaro y Llaryora están esperando que le pase su tiempo para avanzar ellos dos”.
Schiaretti también tiene un desafío en su terruño: lanzado como candidato a diputado nacional, deberá enfrentar en octubre a Natalia de la Sota, hija de su fallecido socio histórico José Manuel de la Sota, que armó una lista propia con el apoyo tácito de Sergio Massa.
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El martes por la tarde una reunión en una amplia oficina en un edificio sobre la avenida Rivadavia, al frente del Congreso, es escenario de la primera catarsis de la lista schiarettista bonaerense de Provincias Unidas. Randazzo, Margarita Stolbizer, Emilio Monzó y la radical Danya Tavela se encuentran con Bossio para comenzar a delinear la estrategia de campaña. Pero les es inevitable hablar de la antesala de la sesión por los vetos de Milei y las propuestas de los gobernadores.
“El gran desafío de este esquema de gobernadores es que no sea de táctica electoral sino de coherencia, de acción política-legislativa. El problema es que siempre se negocia cada uno por su lado y las urgencias de las provincias están por encima de los desafíos electorales”, comentó uno de los involucrados directos.
Más de un mes después de la rebeldía provincial en el CFI y tras la flamante aprobación en Diputados de la coparticipación de los ATN, Milei presionó vía Francos para que no se votara el reparto del CIL. Pasada la una de la madrugada fue Germán Martínez, jefe del bloque peronista, quien anunció que no había certezas para poder aprobar la coparticipación del impuesto, como tampoco de la moratoria previsional. “Las posiciones se hacen más tensas porque estamos en un momento electoral, eso hace que todos estén menos dispuestos a negociar”, entendió un funcionario cercano a Francos.
Un diputado que tiene diálogo constante con mandatarios rebeldes y no tanto resumió la nebulosa en la que hoy intenta resistir —o no— esa unidad: “Los gobernadores son una entelequia”. Mientras, ellos siguen su juego.
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