Autor: Invitad@ Especial

 

El diputado Guillermo Michel alertó este sábado sobre un tajo de USD 3000 millones que la reforma laboral produciría en los recursos de Anses, a través de la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que el gobierno busca crear para el pago de indemnizaciones por despidos. El recorte agudizaría la crisis del sistema previsional argentino, producto del crecimiento de la informalidad laboral y el peso de la relación desequilibrada entre la cantidad de jubilados con cobertura previsional y el total de la población económicamente activa que realiza aportes en el sistema solidario de reparto.

La gentileza de los impulsores del proyecto con las empresas recorta un 3 por ciento sobre las contribuciones patronales y las obliga a colocar esa suma de dinero en agencias habilitadas por la CNV, dando lugar al surgimiento de minis AFJP.

PLos empleadores con más de 100 empleados registrados pagan 20 por ciento de la masa salarial por aportes, mientras que las firmas con menos de 100 trabajadores tributan un 18 por ciento. Como la iniciativa parlamentaria de Javier Milei y Federico Sturzenegger propone una poda «plana» sobre todos los rubros, sin distinción por magnitud del empleador, el legislador entrerriano estimó que Ansés perdería USD 3000 millones.

En efecto, entre los artículos 58, 59 y 60 se establece el modo en que se constituye el fondo, al tiempo que el artículo 76 deja en claro que el invento no supone un incremento en las contribuciones patronales. «Los empleadores tendrán una reducción de TRES (3) puntos porcentuales en la contribución patronal con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Nº 27.541 y sus modificatorias», dice la ley.

¿Quién paga la baja de impuesto a las ganancias de las grandes empresas? 

Por eso, Michel plantea que «para financiar el FAL, se desfinancia el Sistema de la Seguridad Social».

El diputado peronista consigna que, según datos de Seguridad Social, hasta agosto de este año había «437.587 empleadores -el 84% del total- que tienen registrados hasta 10 empleados». Ese conjunto totaliza 1.197.094 trabajadores formalizados, el 18% de los registrados.

Además, «hay 9.516 empleadores (el 1,82% del total) que registran más de 100 empleados pero que concentran el 50% del empleo registrado, es decir 3.290.182 trabajadores», apunta Michel. «El 1,8 por ciento de las empresas concentra el 63 por ciento de los empleados», agrega.

Para financiar el FAL, se desfinancia el Sistema de la Seguridad Social. Hay 9.516 empleadores (el 1,82% del total) que registran más de 100 empleados pero que concentran el 50% del empleo registrado, es decir 3.290.182 trabajadores.

Esa discriminación habilita la inquietud acerca de qué sector se beneficia más con la ley que cuyo tratamiento el gobierno debió postergar por el fracaso legislativo del miércoles pasado en la Cámara de Diputados, con el presupuesto. «El sueldo promedio de los trabajadores que trabajan en empresas chicas, es decir de hasta 10 empleados, es de $ 1 millón. En cambio, en las empresas que emplean 100 o más empleados el sueldo promedio mensual es de $ 2,2 millones», señaló Michel en un documento de trabajo al que accedió LPO.

Pero el sueldo promedio es más alto a medida que se escala en la pirámide empresarial por cantidad de empleados. En las empresas con más de 1500 empleados, y hasta 2500, el salario promedio es de $2,4 millones pero en las que acreditan entre 2500 y 5000 es de $2,5 millones y en las de más de 5000 es de $3,3 millones.

Por eso, la información pública disponible en el registro de Seguridad Social indica que el 37% de la masa salarial lo aportan empresas con hasta 100 empleados y que el 63% restante, empresas con más de 100 empleados. «Estos empleadores son los que más aprovechan la reducción de 3 puntos porcentuales de las contribuciones para financiar sus futuras indemnizaciones», asegura el diputado.

Empleadores son los que más aprovechan la reducción de 3 puntos porcentuales de las contribuciones para financiar sus futuras indemnizaciones.

Si bien el proyecto de presupuesto 2026 prevé una recaudación de 55 billones de pesos por contribuciones patronales, la reforma laboral desfinanciaría al Sistema de la Seguridad Social en $4,8 billones. «Es el 0,46 por ciento del PBI y el equivalente a USD 3.000 millones considerando la evolución del dólar con el esquema de bandas actuales», dice Michel.

Existe, por otra parte, una dificultad para mensurar el impacto: el gobierno asegura que la ley aplicará sobre los nuevos empleos que se generen pero en ninguno de sus artículos se aclara ese aspecto explícitamente. Ese detalle puso de manifiesto el senador Mariano Recalde ante el secretario de Trabajo, Julio Cordero, cuando asistió esta semana al Senado para defender el proyecto del oficialismo.

Por último, Michel advierte sobre el golpe a las provincias, algo que gobernadores como Martín Llaryora ya detectaron. En base al coeficiente general de la ley de coparticipación, las provincias podrían terminar resignando 1,45 puntos porcentuales del PBI de recursos.

 

 

Marcelo Orrego anunció esta semana la primera traza nacional iluminada totalmente con energía solar, en la Avenida Circunvalación de la ciudad de San Juan. La obra coloca a la provincia cuyana en el mismo plano que otras jurisdicciones pioneras en el rubro, a nivel internacional, según fuentes de su entorno.

En un comunicado de prensa, el gobierno de San Juan se comparó con el esplendor de países como Corea del Sur y Países Bajos. «San Juan puso en funcionamiento la primera ruta solar de la Argentina con un proyecto inédito que marca el rumbo de la energía sustentable del país y posiciona a la provincia cuyana en el mismo plano que regiones pioneras a nivel internacional, donde este tipo de energía ya forma parte de su diseño vial», informó a través de ese texto.

El gobernador Orrego consideró la apuesta como «una decisión estratégica que demuestra que se puede crecer cuidando el ambiente y usando inteligentemente los recursos». A través de su cuenta en X, precisó que «serán 36 megaestructuras y 360 paneles solares que generarán energía limpia para iluminar toda la avenida y sus accesos», y agregó que «este proyecto marca un antes y un después en nuestra infraestructura vial, integrando tecnología, eficiencia energética y compromiso ambiental».

La iniciativa fue impulsada por el Gobierno de San Juan, a través del Ente Provincial de Energía (EPSE), y ejecutada por la empresa Sergio Chiconi SRL. El sistema está compuesto por 36 generadores solares fotovoltaicos individuales de 5 kilovatios, montados sobre monopostes metálicos de siete metros de altura y orientados al norte, distribuidos en los sectores I, II, III y IV de la traza de la Ruta Nacional A014, conocida como Circunvalación.

Orrego destacó que la medida se inserta en la producción de «energía limpia» y la integra «a la infraestructura cotidiana, mejorando servicios y reduciendo costos». «Esta obra posiciona a San Juan en el mismo nivel que los lugares más avanzados del mundo en materia de energías limpias, y lo hacemos con recursos propios y trabajo sanjuanino», dijo.

El proyecto movilizó a más de 80 trabajadores especializados, además de proveedores locales, ingenieros civiles y eléctricos, soldadores y metalúrgicos. En el gobierno sanjuanino aseguran que «más del 50% de los parques solares del país están en territorio sanjuanino, reafirmando el liderazgo de la provincia en la transición hacia una matriz energética más limpia, sustentable y eficiente».

 

 

Con un escrito de la Fiscalía de Estado, el gobierno de Santa Fe recusó a última hora a cuatro ministros de la Corte Suprema provincial, que en forma inminente debe decidir sobre incidentes previsionales, iniciados luego de que Maximiliano Pullaro impulsara y lograra un cambio de la ley que fija retenciones sobre los haberes de pasivos del Poder Judicial. Los recusados son cuatro de los ministros con más edad del máximo tribunal.

El motivo esgrimido es que los recusados se encuentran en condiciones de recibir la jubilación, o ya la tramitaron. Según el planteo del Poder Ejecutivo, estaría comprometida su imparcialidad para resolver un caso que los tendrá en breve como beneficiarios.

Los apuntados son los ministros Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco y Rubén Weder. Los tres primeros, que anunciaron que se retiran el año que viene, tienen en curso el trámite jubilatorio desde hace tiempo. El último, que se incorporó este año al máximo tribunal, ya es jubilado y suspendió el beneficio al ser aprobado su pliego.

La ley jubilatoria de Pullaro provocó una oleada de protestas en empleados y funcionarios judiciales, que tuvo una de sus manifestaciones más expresivas en la movilización en la puerta de los Tribunales provinciales de Rosario, con un centenar de jueces para demostrar su contrariedad.

Los jueces santafesinos se sublevan contra la ley jubilatoria de Pullaro con una protesta inédita 

En 2024, la Legislatura de Santa Fe sancionó una ley previsional que entre otras cosas implementó un aporte solidario para jubilados con haberes superiores a cierto umbral (unos 3 haberes mínimos, alrededor de 1.533.171 pesos en diciembre 2025), que van del 2% al 6% según el monto. También estableció un tope jubilatorio máximo, equivalente a 20 haberes mínimos (cerca de siete millones de pesos), buscando equilibrar el sistema.

Los apuntados son los ministros Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco y Rubén Weder. Los tres primeros, que anunciaron que se retiran el año que viene, tienen en curso el trámite jubilatorio desde hace tiempo. 

Estos dos planteos fueron objetados por muchos jubilados del Poder Judicial, por inconstitucionales. Jueces de primera instancia y camaristas de distintas jurisdicciones provinciales se pronunciaron de diferentes maneras y ahora muchos de los trámites los dirime la Corte de Santa Fe. Fue por esto que el gobierno provincial, a través de un dictamen del Fiscal de Estado de Santa Fe, Domingo Rondina, recusó este viernes a cuatro de los siete ministros de la Corte.

El presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérez.

El tema no es solamente un pleito jurídico sino que fue desde el inicio de la discusión legislativa de la ley de una altísima litigiosidad política en Santa Fe. Desde distintos sectores del Poder Judicial y de los patrocinantes de los recursos indican que el planteo del gobierno es pobre desde lo conceptual y lo muestran como una jugada política. Aducen que todos los jueces serán jubilados algún día, por tanto no hay ningún magistrado que al resolver no disponga algo que lo incumbe directamente. No solo les concierne, dicen, a los que se jubilan de modo más inminente, como pasa con los cuatro ministros que se busca desplazar.

Pero además aluden a otro motivo técnico, por lo que arguyen el caso debe ser rechazado in límine. Indican que las recusaciones no pueden ser planteadas cuando el caso termina. Los impulsores debieron hacerlas no cuando el tema llegó finalmente a la Corte, sino cuando se constituyó el tribunal. Ahora, dicen, el tribunal está consentido. 

Los planteos cuestionan, por un lado, el aporte previsional de emergencia y, por otro, los topes para haberes más altos, donde hay mucha jurisprudencia nacional sobre la intangibilidad de los haberes de magistrados, que corren tanto para los activos como para los pasivos.

«Un ministro de la Corte jubilado gana unos 14 millones de pesos. Con el tope pasa a ganar 7 millones. Eso no guarda racionalidad con los principios de la intangilibidad. Le baja el ingreso a la mitad», es el argumento.

En los despoblados tribunales rosarinos había furia. De los siete ministros de la Corte quedarán tres, que son Daniel Erbetta, Margarita Zabalza y Jorge Baclini, para resolver este diferendo. Se le deberán agregar cuatro conjueces. «Van a digitar todo para que salga un fallo para defender la ley del gobierno», masculló un juez que habló con LPO caliente como una estufa.

Un ministro de la Corte jubilado gana unos 14 millones de pesos. Con el tope pasa a ganar 7 millones. Eso no guarda racionalidad con los principios de la intangilibidad. Le baja el ingreso a la mitad.

Esto ocurre, además, cuando Pullaro presionó de manera manifiesta para desplazar a los tres ministros de la Corte que aún perduran y que ya cumplieron los 75 años de edad. Luego de una acción de fuerte exposición y desgaste, los ministros en cuestión -Spuler, Falistocco y Gutiérrez- anunciaron que se retiran entre septiembre y noviembre de 2026. El gobernador firmó hace dos días el decreto con los que postulará para reemplazarlos. Son tres ministros muy cercanos a su ideario político y el de su espacio de aliados.

Uno es el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde. Otro es Diego Maciel, que es el secretario legislativo del senador radical Felipe Michlig, el principal articulador del gobernador en la Cámara Alta. La restante es la abogada rosarina y jueza de faltas, Jorgelina Genghini, impulsada por Julián Galdeano, armador político del radicalismo y secretario de Vinculación Institucional del gobierno provincial, y por su hermano Lucas Galdeano, presidente del Colegio de Abogados de Rosario. 

 

 

Este viernes, juezas y jueces de distintos fueros participaron de una visita a la casa comunitaria Madre del Pueblo, un espacio territorial llevado adelante por el padre Damián, dedicado al acompañamiento de mujeres solas con sus hijos en un momento de profundo desgaste político judicial. 

De la actividad formaron parte las juezas Jimena Monsalve y Ángela Ledesma, el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Alejandro Slokar y el camarista laboral Gabriel de Vedia y la presidenta de la Fundación AS, Anita Sicilia, quien regaló libros para las mujeres y niños que están transitando su vida en la casa comunitaria, como hacen en todo el país. 

La visita tuvo una fuerte carga simbólica y política. En un momento de creciente cuestionamiento al Poder Judicial, el gesto puso en primer plano una de las deudas más profundas del sistema judicial argentino: la protección efectiva de las mujeres y las infancias, los sectores más expuestos cuando la Justicia se vuelve distante, selectiva o desconectada de la realidad social.

El nombre del espacio tampoco resultó casual. Madre del Pueblo volvió a interpelar una agenda de género y derechos que recobró centralidad tras la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, leída por amplios sectores como una decisión atravesada por sesgos políticos, con impactos que exceden lo individual y alcanzan a millones de mujeres que sienten que la justicia no las cuida ni las representa.

Desde ese marco, Slokar volvió a advertir sobre una «pandemia silenciosa» dentro del Poder Judicial: la desconexión social. Según planteó, existe hoy una fuerte expansión de la conectividad digital, pero un deterioro del contacto real con el sufrimiento concreto de la sociedad. 

En ese sentido, remarcó que la tecnología y la inteligencia artificial no pueden reemplazar la presencia territorial, la escucha directa ni el compromiso humano.

Durante la visita, se insistió en la necesidad de reconstruir el vínculo comunitario y recuperar una justicia cercana. Frente a un tejido social fragmentado, se planteó una prioridad ética clara: los niños y las mujeres primero.

La actividad se inscribe en una línea de trabajo que viene sosteniendo desde hace más de dos años un amplio grupo de funcionarios judiciales desde la Pastoral Judicial, donde participan jueces como Cassanello, Ledesma, Erbetta y Slokar, con énfasis en la inclusión, la fraternidad y la presencia en las periferias. Esa postura está en sintonía con la idea de una «Justicia madre», promovida por el Papa Francisco y orientada a cuidar, reparar y acompañar a los sectores más vulnerables, en lugar de profundizar las desigualdades.

 

 

Cristina Kirchner se quedó con lugares estratégicos en la AGN y el Consejo de la Magistratura, dos organismos de control institucional clave para la oposición, y se activaron las alarmas entre los gobernadores peronistas que se reunieron el martes pasado en la Casa de La Pampa. Por allí pasaron Axel Kicillof, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela, Elías Suárez, Gildo Insfrán y Gustavo Melella para coordinar «la agenda parlamentaria» con alrededor de 20 legisladores, un encuentro que ilusionó a los que aspiran a construir oposición con autonomía de La Cámpora.

Los movimientos de la ex Presidenta, tal como informó LPO, son producto de las conversaciones que sus emisarios mantienen con el entorno de Karina Milei para cubrir las vacantes en el Poder Judicial, que van desde los más de 200 cargos en los juzgados federales hasta la Procuración General y los dos lugares vacantes en la Corte Suprema.

En ese contexto, Máximo Kirchner fue uno de los negociadores que pactó con Martín Menem los nombres de los tres auditores que se votaron a las tres de la madrugada de este jueves, en una escandalosa sesión y juraron luego de esperar escondidos atrás de las cortinas.

Escándalo en Diputados: Menem acordó con el kirchnerismo los lugares en la AGN y detonó la relación con el PRO

«Que el Gobierno haya aceptado pagar el costo de cerrar un acuerdo con el kirchnerismo por los lugares en la Auditoría sugiere que ahora se puede empezar a destrabar los pliegos de los jueces federales y la Corte», afirmó a LPO el jefe de uno de los estudios de abogados más importantes del país.

Ese acuerdo, que implicó sacarle un auditor al PRO, terminó con la designación de la polémica Rita Mónica Almada por LLA, Pamela Calletti por Gustavo Sáenz y los gobernadores del norte y Juan Ignacio Forlón por el cristinismo, lo que causó malestar entre los sectores del peronismo que discuten el liderazgo de Cristina.

Que el Gobierno haya aceptado pagar el costo de cerrar un acuerdo con el kirchnerismo por la Auditoría sugiere que ahora se puede empezar a destrabar los pliegos de los jueces federales y la Corte.

La irritación se monta, además, sobre la reciente designación de la senadora Anabel Fernández Sagasti, una de las embajadoras de San José 1111 en la Cámara Alta, como miembro del Consejo de la Magistratura. Esa designación produjo una concentración de dos cuatro sillas que le corresponden al PJ en manos de Cristina: además de la mendocina, ocupa un lugar en representación del Senado su colega Mariano Recalde, mientras que por Diputados asisten los legisladores Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley.

Por eso, los jefes provinciales del peronismo volcaron su bronca en el grupo de WhatsApp que comparten este viernes. «Los kirchneristas se reparten los lugares entre ellos, sin apertura de diálogo ni ningún tipo de consenso», afirmó a LPO el asesor de uno de los gobernadores.

En esa cuenta cargan la AGN, el Consejo de la Magistratura y hasta las autoridades del bloque de diputados. Al mismo tiempo, ven con preocupación el avance de Cristina en la negociación por el máximo tribunal y los jueces federales, un nicho de sumo interés para cualquier gobernador.

Uno de ellos fue terminante: «Con lo de la AGN, se saltearon todo y negociaron ellos directamente con el gobierno». «Cristina tensó hasta donde pudo, después mandó a Máximo a negociar y ahora hay mucha calentura», agregó.

Cerca del líder de La Cámpora explicaron que «Máximo fue parte de la negociación porque representa una parte importante del peronismo, fue consensuado, no se entiende que haya gente disgustada».

Cristina quiere ser la interlocutora del gobierno en la discusión por la reforma laboral

LPO informó sobre la voluntad de los gobernadores por acordar con el gobierno los cargos judiciales vacantes. Es verdad que en el enjuague que se cristalizó en la madrugada de este jueves, los gobernadores del norte se llevaron un auditor, pero la centralidad del acuerdo la tuvo Máximo Kirchner..

Cristina tensó hasta donde pudo, después mandó a Máximo a negociar y ahora hay mucha calentura.

En este marco, Cristina dejó trascender que hasta marzo no se discutirán las vacantes en el Poder Judicial, una afirmación lógica porque los pliegos se analizarían cuando el Senado retome sus sesiones ordinarias.

LPO reveló que Cristina quería convertirse en la interlocutora del gobierno en el debate por la reforma laboral y la CGT habría terminado de comprenderlo esta semana, cuando José Mayans comunicó que los peronistas no integrarían la comisión de Trabajo en el Senado ante la ilegalidad de la conformación diseñada por Patricia Bullrich para despojar a sus opositores. Fuentes legislativas comentaron a LPO que los dirigentes sindicales habrían planteado que el peronismo debía dar la discusión en cada instancia para introducir modificaciones, pero el formoseño habría seguido indicaciones de Cristina, con la amenaza de preparar el terreno para impugnar el desarrollo irregular del trámite en sede judicial.

Un senador y un diputado, por caso, admitieron que la jugada de la AGN habría circulado en la conversación con los gobernadores y luego habría llegado al bloque peronista, donde discutieron el asunto Máximo, Germán Martínez y Victoria Tolosa Paz. Esto acaso revela que la tensión entre Cristina y los gobernadores por quedarse con la interlocución del Gobierno, no necesariamente conduce a una ruptura.