El puerto de Chancay es la inversión portuaria más fuerte de China fuera de sus fronteras. Se inauguró en noviembre de 2024 con la presencia de Xi Jinping en el marco de un Foro de Asia-Pacífico que se realizó en Lima.
El puente cuenta con una infraestructura capaz de atraer a los buques contenedores más grandes del mundo y la obra portuaria requirió una inversión cercana a los 1.300 millones de dólares en la primera de cuatro etapas.
La terminal busca convertirse en la salida de los productos de Latinoamérica hacia Asia y ya provocó un sismo geopolítico. Chancay es para China una parada clave en la nueva Ruta de la Seda, la mega iniciativa de infraestructura y comercio que la potencia diseñó para afianzar su supremacía global.
Por ese motivo es que Estados Unidos puso los ojos sobre esa obra estratégica. La oficina de Latinoamérica del Departamento de Estado de EEUU advirtió que Perú podría quedar «imposibilitado» de supervisar el puerto bajo propietarios chinos «depredadores» y señalara que «el dinero barato chino cuesta soberanía».
La respuesta de China fue contundente y a través de un comunicado expresó su «fuerte insatisfacción» por las declaraciones de Estados Unidos y acusó a Washington de una «fabricación y difamación flagrantes» en relación con el proyecto desarrollado por la naviera estatal china Cosco.
La oficina de Latinoamérica del Departamento de Estado de EEUU advirtió que Perú podría quedar «imposibilitado» de supervisar el puerto bajo propietarios chinos «depredadores» y señalara que «el dinero barato chino cuesta soberanía
El portavoz del Ministerio de Exteriores Lin Jian afirmó este jueves, en rueda de prensa, que China «se opone firmemente» a las declaraciones de la parte estadounidense.
Esta tensión coincide el fallo de un juez peruano, que excluyó al puerto de ser regulado y fiscalizado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) de Perú, más allá de las tarifas de los servicios que brinda.
Mega puerto de Chancay en Perú
El Gobierno peruano anunció que apelará la sentencia, mientras que Washington criticó la decisión judicial al considerar que limita la capacidad de supervisión estatal sobre una infraestructura estratégica.
Las críticas de Washington llegaron tanto de la Oficina para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU, como del embajador estadounidense en Perú, Bernie Navarro, enfocado en contrarrestar la influencia de China.
En esa tarea, el presidente interino, José Jerí se mostró con Navarro y el diplomático trumpista posteó: «Cambiando el menú. Compartiendo una hamburguesa americana con el presidente del Perú».
Ese tuit pareció un mensaje encriptado relacionado a la polémica por reuniones semiclandestinas del mandatario con empresarios chinos en un restaurante de comida peruano-china. Justamente, el duelo de ese restaurante es Zhihua Yang, que este jueves se negó a presentarse ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.
Esta situación tiene al Jerí muy cerca de sufrir un juicio político que lo saque del cargo, un práctica habitual en la última década en Perú.
El puerto, que tiene una capacidad de un millón de contenedores al año, se ubica a 80 kilómetros al norte de Lima y pertenece, en un 60 %, a la empresa estatal china Cosco Shiping y, en un 40 %, a la minera peruana Volcan Compañía Minera, la cuarta productora de plata y zinc a nivel mundial. Su objetivo es convertirse en el principal ‘hub’ (centro de conexiones) del comercio marítimo de China con Suramérica.
Un dato relevante es que en abril se realizarán elecciones presidenciales y tanto Estados Unidos como China están mirando con atención a quienes se presentan como candidatos en un mapa electoral donde quienes lideran las encuestas no superan el 10 por ciento de la intención de voto.
Luis «Toto» Caputo analizar pagarle a la Ciudad con un bono para saldar la deuda de 530 mil millones de pesos que tiene la Nación en concepto de coparticipación.
La Nación acumuló esa deuda por no pagar semanalmente el coeficiente del 1,55 de la Coparticipación que impuso una medida cautelar dictada por la Corte en 2022. Caputo dejóde pagar en agosto de 2025 y al cierre del 2025 la suma llegó 429 mil millones de pesos.
Sólo en lo que va del 2026, la deuda aumentó 100 mil millones más, por lo que el ministro busca una alternativa antes de que provocar un problema financiero severo.
En la última reunión de la mesa técnica que integran Nación y Ciudad, Caputo deslizó la idea de pagar con un bono que sea atractivo y Jorge Macri se mostró de acuerdo. Lo que entendieron en ambas administraciones es que la Corte no resolverá el conflicto, puesto que pidió que se solucionara por la vía política.
Aún no hay definiciones sobre qué tipo de bono ni de qué duración, pero el pedido de la administración porteña fue que tuviera posibilidad de reventa. No quieren repetir la experiencia del bono TX33 que les ofreció Alberto Fernández porque consideraban que no tenía liquidez en el mercado.
En el gobierno nacional aseguran que el tema podría resolverse en la próxima reunión de la mesa técnica, aunque todavía no tiene fecha.
Javier Milei avaló la postura de Luis «Toto» Caputo contra Federico Sturzenegger y aceptó que se quite la habilitación a las billeteras virtuales para efectuar pagos de salarios, contemplada en la versión original del proyecto de reforma laboral que se votó este miércoles en el Senado.
La modificación que barrió con los intereses de Mercado Libre se introdujo durante las negociaciones entre Patricia Bullrich y Diego Santilli con los senadores aliados y los gobernadores, respectivamente. Pero, además, ese cambio atendió a la bronca de los bancos, que cuando detectaron el capítulo 35 y el beneficio para esas plataformas manifestaron su rechazo.
Tal como informó LPO, las entidades bancarias le hicieron llegar su reclamo a Bullrich ya durante el debate en la comisión de Trabajo, en diciembre pasado. «Es un artículo con nombre y apellido: Marcos Galperin», decían en la city.
En ese contexto, el desplazamiento de las billeteras virtuales no es otra cosa que la traducción de la victoria parcial de Caputo contra Galperín. Se trata de una definición de Estado, en el marco de un gobierno que apuesta a una reactivación económica que aún no se concreta y necesita imperiosamente del crédito para dinamizar el mercado.
De hecho, los enviados de Galperín habrían abordado a Patricia Bullrich antes del debate en recinto y la jefa de bloque libertario tuvo dos respuestas tajantes. «No vamos a aceptar modificaciones», dijo en primer término. Y luego, acaso para tranquilizar a esos interlocutores, deslizó: «lo vamos a incorporar en la reglamentación».
El apetito de Mercado Libre por la habilitación para pagar sueldos motivó un comunicado del PRO de Mauricio Macri, quien abandonó este martes por un instante su reposo para ordenar el pronunciamiento a favor de las billeteras virtuales. «Desde el PRO creemos que cada trabajador tiene que poder elegir cómo cobrar su sueldo. No es el Estado el que tiene que decidir eso», expresó el partido amarillo en su texto.
Marcos Galperin.
Además, planteó que «el Congreso, por su propia naturaleza, suele ir más lento que la realidad social y tecnológica. Pero cuando finalmente aborda estos temas, no puede hacerlo negando cómo viven, trabajan y cobran hoy millones de argentinos».
Es cuanto menos curioso que la única crítica que haya tenido el macrismo para una ley de más de 200 artículos haya sido sobre un artículo en particular y que justo exprese el interés de Galperín.
Desde el PRO creemos que cada trabajador tiene que poder elegir cómo cobrar su sueldo. No es el Estado el que tiene que decidir eso.
LPO reveló en 2024 que dentro del PRO observaban al empresario como un «presidenciable». Además, Galperín tiene una estrecha vinculación con Macri y fue beneficiado con exenciones impositivas millonarias durante el gobierno de Cambiemos.
Por eso, no llama la atención que los diputados del PRO, liderados por Cristian Ritondo, hayan anunciado que insistirán cuando la reforma laboral llegue a la Cámara Baja para incorporar la habilitación a las billeteras virtuales como «proveedores de servicios de pago».
Como sea, fuentes al tanto de la situación comentaron a LPO que Galperín ya habría iniciado los trámites para presentar los papeles y convertir Mercado Pago en un banco, lo mismo que tuvo que hacer en México para participar del negocio del manejo de la masa dineraria de los sueldos.
La candidatura de Michelle Bachelet para la secretaría general de las Naciones Unidas se volvió un tema de estado en casi todos los partidos políticos de Chile.
Desde el Partido Socialista al Partido Comunista , pasando por el PPD, Frente Amplio y la Democracia Cristiana (DC) apoyan a la ex presidenta y, según publica La Tercera, alertaron que si el presidente electo José Antonio Kast no apoya oficialmente podría tensionar fuertemente la relación entre la oposición y el próximo gobierno.
La candidatura de Bachelet la hizo Gabriel Boric pero esperan que no sea una asunto de partidos sino una causa nacional. Sin embargo, el presidente electo ha evitado pronunciarse oficialmente antes de asumir, señalando que dará su opinión una vez en el cargo.
En la derecha también hay debate. Los partidos de la futura coalición de gobierno están en contra de la candidatura porque la consideran un manotazo de Boric para mantener una cuota de poder luego de dejar La Moneda y condicionar a Kast.
El equilibrio es fino porque la candidatura de Bachelet está apoyada por Brasil y México, dos países que están ubicados en la vereda contraria a Donald Trump pero en el entorno de Kast afirmaron a LPO que «no será trumpista, defenderá los intereses de Chile
En ese juego, Kast solo se limitó a decir que hay problemas más importantes en el país y pateó la definición para adelante.
El equilibrio es fino porque la candidatura de Bachelet está apoyada por Brasil y México, dos países que están ubicados en la vereda contraria a Donald Trump pero en el entorno de Kast afirmaron a LPO que «no será trumpista, defenderá los intereses de Chile».
No apoyar a Bachelet es una mala señal política que dificultaría los acuerdos. Dificultar las relaciones legislativas entre oposición y La Moneda en un Congreso es complicado, por eso será clave el diálogo
En este marco, la oposición advierte que puede haber tensiones que se expresen en el apretado Congreso chileno donde Kast no tendrá mayoría ni en Diputados ni en el Senado.
Un importante dirigente de la derecha chilena reconoció a LPO que «no apoyar a Bachelet es una mala señal política que dificultaría los acuerdos. Dificultar las relaciones legislativas entre oposición y La Moneda en un Congreso es complicado, por eso será clave el diálogo».
«El tema podría tener impacto sobre la política exterior y la imagen internacional del país. Incluso dentro del mismo espectro de la derecha hay opiniones diversas. El senador Felipe Kast manifestó que no hay razones para no apoyarla, promoviendo un enfoque más institucional», afirmó a LPO un importante dirigente de la derecha chilena.
Al costado de la autopista Ricchieri, durante la madrugada de un día de semana cualquiera, un cardumen de conductores espera sigiloso arriba de sus autos que las aplicaciones de sus teléfonos suenen como una señal de largada y les notifiquen el próximo viaje. Están agazapados en una zona estratégica para agarrar pasajeros casi en cualquier horario del día y la noche, a minutos del aeropuerto internacional de Ezeiza. Uno de ellos, además de chofer de aplicación, está calzado. Lleva en la cintura una pistola Bersa Thunder TPR calibre 9mm con el cartucho en la recámara y el martillo bajo. Está en su derecho de portar el arma porque es policía. Faltan cuatro horas para que entre en servicio y cambie el volante por el uniforme. De cuatro a ocho de la mañana conduce su Toyota Etios para una app de viajes. No quiere decir su nombre ni para qué fuerza trabaja (por eso algunos detalles de su historia fueron modificados). Hace poco le devolvieron su arma reglamentaria. Fue después de un “enfrentamiento” en Villa Constructora, San Justo, al oeste del conurbano. La secuencia típica del guion de robo de autos a conductores de aplicación: un viaje que era fake, una emboscada en busca de la recaudación, su celular o el auto. El pasajero se subió y una vez en el asiento de atrás, encañonó al conductor. Lo que el ladrón no sabía era que el chofer, además de manejar un auto de aplicación, también estaba armado. Los dos terminaron heridos en el forcejeo.
—Acá saco 15 mil pesos por hora más o menos. Más que las horas extra, que me las pagan 10 mil. El año pasado sacaba más pero ahora hay mucha oferta, cada vez somos más y los viajes están baratos —dice el Poli-Uber de 38 años. Su sueldo en las fuerzas de seguridad no llega a un millón de pesos y, aunque no alquila, con lo que gana como agente no le alcanza para mantener a sus familias que se ramifica en los tres hijos que tuvo con tres mujeres distintas. Los días que está al volante y tiene que vestir el uniforme duerme apenas cuatro horas.
El pluriempleo armado es una estampa de las formas de supervivencia nacionales y populares de hoy: el chofer de Uber, Didi o el remisero que te lleva de acá para allá también puede estar calzado. Este no es el único caso. Entre 2020 y noviembre del 2025, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) registró 37 hechos de violencia policial en los que el funcionario involucrado trabajaba como remisero y/o conductor de aplicación en el área metropolitana. 43 personas terminaron muertas después de esos enfrentamientos que tuvieron como protagonistas a Poli-Choferes de Uber, Didi y remiseros.
El aumento de este tipo de muertes es exponencial: creció un 700% en los últimos 5 años. Si para 2020 se contaban dos casos, para el año pasado ya eran 16, más de uno por mes.
Estas historias son apenas la punta del iceberg porque se trata de casos que tienen cobertura mediática por el final letal y que suceden en el AMBA, pero ¿qué pasa con aquellos enfrentamientos en los que las personas terminan heridas? ¿cuántos más serán?
Los últimos dos casos de gatillo fácil en la era de las apps y el capitalismo de plataformas en 2025 fueron en el partido de La Matanza. El pasado lunes 8 de diciembre, en el cruce de las calles Pekín y Rucci, en Isidro Casanova, cerca de la villa conocida como San Petersburgo, un suboficial de la Federal fuera de servicio mató a un joven de 15 años con su arma reglamentaria mientras trabajaba como chofer de plataformas. Según el relato policial, un grupo de ladrones rodeó el Chevrolet Corsa que conducía el cabo, que había llegado al lugar porque un supuesto pasajero había pedido un viaje. El cliente fake abordó el vehículo y se sentó en el asiento trasero. Ahí fue cuando tomó del cuello al conductor y le exigió que le entregara el celular mientras un grupo de entre siete y ocho personas rodeaban el auto. Uno de los asaltantes intentó abrir la puerta pero no llegó ni a subirse al auto, un disparo de la pistola Bersa TPR9 lo dejó tirado en la calle. El chico murió en el Hospital Paroissien. La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en Homicidios a cargo del fiscal Claudio Fornaro le tomó declaración al policía y después de escucharlo, decidió que continuara el proceso judicial en libertad.
El último 21 de diciembre un oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires de 25 años mató a balazos, en un tiroteo, a una de las dos personas que intentaron asaltarlo mientras trabajaba como remisero en Sudamérica y Víctor Martínez. Los asaltantes se presentaron como supuestos clientes. Uno de ellos, de 17 años, terminó herido y más tarde muerto por la bala policial que le cruzó la panza.
Los expedientes judiciales que investigan estas muertes se diluyen porque la versión policial de la legítima defensa protege a los policías devenidos choferes. No hay nombres propios en flyers ni pancartas pidiendo justicia por nadie.
En la mayoría de las situaciones registradas por el CELS, la institución responsable fue la Policía de la Provincia de Buenos Aires (63%), seguido por las Fuerzas Federales (23%, repartido entre la Polícia Federal [14%], Gendarmería [7%] y Prefectura [2%]) y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires (14%). Todos se encontraban fuera de servicio: 84% de franco, 11% retirado y 5% exonerado. El 98% de los hechos ocurrió en el conurbano bonaerense. Todas las víctimas fueron varones: el género atraviesa la violencia estatal y a las muertes que suceden en el asfalto.
En 2024, el pluriempleo fue récord en Argentina: 12,4%. La tendencia se consolida como una estrategia de supervivencia estructural: según el Centro de Investigación y Formación (Cifra) de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), esta modalidad creció un 40% en los últimos ocho años. El dato siempre lleva a lo que pasa en el asfalto: 7 de cada 10 trabajadores de aplicaciones lo hacen para complementar ingresos que no alcanzan.
Mientras en el Congreso se discute una reforma laboral, la clase trabajadora argentina responde todos los días a la crisis económica con sobreocupación. Comerciantes, docentes, médicos, empleados judiciales, varones, mujeres, jóvenes: hace tiempo que muchas personas encuentran en las aplicaciones de viajes una forma de juntar un mango más.
En el caso de los policías es sabido que históricamente hicieron otras changas, con distintos grados de formalidad y legalidad, para llegar a fin de mes. Un tejido y movimiento de dinero que es mucho más complejo que las sospechas fundadas de corrupción. El libro Deudas, consumos y salarios. Usos y sentidos del dinero en las fuerzas de seguridad, compilado en 2019 por la ex ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic y la ex subsecretaria de Derechos, Bienestar y Género Sabrina Caladrón, ya retrataba muy bien ese circuito de acceso al consumo, financiarización de la vida cotidiana y endeudamiento en el que orbita cualquier trabajador en este país con el foco puesto en las características específicas de este sector.
Ahora bien, hoy las horas extras y adicionales, que solían completar sus salarios magros, pierden la pulseada ante las plataformas digitales de trabajo. Por eso se registran en las apps de autos y también ofrecen su servicio vía estados de Whatsapp, donde late el rebusque de la patria trabajadora argentina. Un paseo de scroll por los estados de un bonaerense promedio es un viaje ecléctico que va desde fotos familiares en eventos escolares, un policía que ofrece servicios de viaje, una vecina que vende paquetes de turismo, otra que promociona Essen y muchas cajeras de casinos online que invitan a jugar, apostar y ganar.
El malestar policial frente a sus precarias condiciones laborales y sus sueldos que no alcanzan siempre queda encorsetado ante la prohibición reglamentaria de hacer reclamos por fuera de la línea de mando y la imposibilidad legal de la
sindicalización. En la provincia de Santa Fe esa malla de contención se desprendió los primeros días de febrero en un conflicto que escaló a sirenazos, acuartelamientos, patrulleros cortando calles y familiares de policías quemando neumáticos. El conflicto se destrabó solo cuando el gobierno provincial prometió un aumento salarial.
El detonante de la protesta fue cuando el suboficial Oscar Valdez, de 32 años, se suicidó en la puerta de la Jefatura de la Unidad Regional II. Muchos otros se sintieron identificados con su historia, que tiene que ver con agentes que se trasladan más de 500 kilómetros para trabajar en Rosario, con un régimen de 12 horas de trabajo y 36 de descanso.
El “estado policial” es parte del problema que atenta contra el bienestar. Un agente de seguridad puede llevar un arma reglamentaria la disposición legal que habilita a quienes integran o integraron las fuerzas a portar una pistola 24×7. En muchas policías no es una obligación llevar el arma, como en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), pero los y las agentes de casi todas las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales se la llevan una vez que termina su horario de trabajo. Además, hay dependencias que ni siquiera tienen lugares específicos y protegidos para guardarlas. De alguna manera, sigue vigente la idea que asocia la esencia del “ser policía” con portar el arma de fuego. Una especie de mística de sacrificio permanente y disponibilidad 24×7 que atenta contra la vida de las personas que los rodean, cotidiana u ocasionalmente, y contra ellos mismos.
En 2025, según el CELS, el 75% de las muertes que involucran a policías son de efectivos que dispararon sus armas reglamentarias estando fuera de servicio. En los últimos 10 años hubo 769 crímenes ejecutados por policías fuera de su horario laboral. Además de la precarización, ese es el nudo a desatar: hace tiempo que desde los organismos de derechos humanos exigen que se revisen las políticas de portación de armas de los y las policías cuando no están trabajando.
“Los mismos riesgos de la portación fuera de servicio se observan en los policías que trabajan como choferes y portan el arma reglamentaria. Los policías usan el arma cuando son víctimas de delitos y es en estos escenarios cuando más violencia generan. En estas ocasiones los policías intervienen sin apoyo, sin planificación y por lo general usan el arma de fuego sin reparar en los estándares que guían cómo hacer uso de la violencia y se ponen en riesgo también a ellos mismos. Los policías no pueden usar el arma de fuego sin reparos. Sus intervenciones tienen que respetar los criterios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, gradualidad y rendición de cuentas del Código de Conducta”, dice Victoria Darraidou, coordinadora del equipo de Seguridad democrática y violencia institucional del CELS. Este área del organismo de derechos humanos fue el espacio que detectó el patrón de casos de Poli-Ubers. En 2025 contaron doce situaciones de este tipo, que representan un 13% de los casos de violencia policial que tienen relevados en el área metropolitana.En promedio, más de un Poli-Chofer por mes, dispara su arma reglamentaria fuera de su horario laboral formal.
El costo invisible del “estado policial” también se refleja en las altas de suicidio en las fuerzas federales, que en 2018 fue de 0,18 por cada mil habitantes, lo que representa el doble de la tasa de la población general ajustada por edad. El dato se desprende de un artículo que abarca el período 2016-2023 hecho por el sociólogo y doctor en Ciencias Sociales Santiago Galar.
En solo una de las situaciones registradas en 2025, el policía al volante falleció. Fue en febrero, en Moreno, al oeste de la provincia de Buenos Aires, cuando un joven intentó asaltar a un remisero que, a su vez, era sargento de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El Poli-chofer manejaba un Chevrolet Corsa y el asaltante simuló ser un pasajero más hasta que en el cruce de las calles Blandengues y Homero se tirotearon y terminaron los dos muertos.
En lo que va del 2026 ya hubo otro Poli-Chofer que terminó muerto al volante tras un forcejeo. El sábado 7 de febrero Daniel Alejandro Benítez, de 48 años, que se había retirado de la Policía de la Ciudad en 2022, circulaba a bordo de un Fiat Cronos rojo mientras realizaba viajes para una aplicación. Al llegar a la esquina de El Pensamiento y Soldado Folch, en José León Suárez, fue interceptado por un hombre armado que intentó robarle el auto. Terminó muerto. Los peritos encontraron dos vainas servidas calibre 9mm, una dentro del vehículo y otra cerca del auto.
En Facebook, el jurado popular virtual de comentaristas de esta noticia, compartida por un portal local, lo absolvió: la totalidad de los comentarios son celebratorios: “Ojala el policía no tenga demasiados problemas burocráticos por hacer lo que todos queremos hacer!! Todos somos el poli!!”; “Felicitaciones al policía”; “Me encantan los finales felices”.
Los asesinatos fuera de servicio son un tema de larga data cuando se piensa la violencia institucional. Los escenarios en los que se daban estas muertes eran los que habitualmente recorren los agentes cuando van o vuelven del trabajo: una parada de colectivo, la entrada de sus hogares, una esquina cualquiera en sus barrios o en el camino a sus jornadas laborales y también sus propios hogares. Como testigos o víctimas de una situación delictiva callejera, un conflicto de tránsito, una pelea vecinal o una discusión intrafamiliar, el gesto —en muchos casos— es abrir fuego. Ahora los coches se vuelven un nuevo territorio donde se anudan tramas de violencias: la policial y las características del robo de autos que, de por sí, en Argentina adquieren una modalidad siempre violenta.
El Sistema Nacional de Información Criminal recolecta la información estadística sobre delitos registrados por las fuerzas de seguridad federales y las policías provinciales. Todos los años se actualiza la información en el sitio Estadísticas Criminales de Argentina. Para el año 2024 no se encuentra desagregada la información sobre el robo de automotores. Sin embargo, un informe del Sistema de Alerta Temprana 2017-2023 muestra una tendencia en un aumento, la concentración de los casos en el conurbano y el uso de armas de fuego para perpetrar estos delitos.
Los conductores y las conductoras de aplicaciones desarrollaron una serie de estrategias para estar alertas a emboscadas o viajes fake: prestan atención si el perfil del cliente es reciente, si la persona que pide el viaje elige pagar en efectivo y no tiene la aplicación asociada a una tarjeta de débito o crédito. “El problema no es el destino al que llevas al pasajero, que puede ser complicado. Aunque tomes recaudos, hay un momento en el que la persona se sienta exactamente atrás tuyo y que entras en un punto ciego. Lo mismo cuando llegas al destino y te encontrás que hay dos o tres personas cuando en realidad el que te pidió el viaje es uno solo. O cuando ponen paradas intermedias y no sabés a quién vas a levantar que puede ser un cómplice. Son todas derivas de la inseguridad que hay en la calle en general”, cuenta Roberto, chofer de Cabify desde hace dos años.
¿Es compatible velar por el orden y la seguridad y al mismo tiempo manejar un auto de aplicación? “Nosotros no discriminamos a la hora de que una persona se registre como conductor. Pedimos que sean mayores de edad, que tengan licencia y revisión de antecedentes penales. Ese es un tema de la policía”, dice una vocera de Didi.
Las normativas vigentes dejan un escenario abierto a la interpretación subjetiva porque no está expresamente prohibido. La Ley 5688, por ejemplo, que regula el sistema de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, indica que las policías tienen un régimen de dedicación exclusiva que imposibilita a realizar otras tareas que resulten en desmedro del rendimiento físico (así lo mencionan los artículos 103, 104, 110). En ese mismo sentido va la regulación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que no habilita a sus agentes a realizar tareas remuneradas incompatibles con la labor policial.
En algunos territorios, como Córdoba, donde el servicio de Uber es considerado ilegal, hubo casos de policías que fueron sancionados cuando los encontraron al volante haciendo unos mangos fuera de su horario de trabajo formal.
Ser chofer de aplicación es un trabajo desregulado y son los propios choferes quienes deciden cuántas horas le pueden sumar a una jornada de trabajo que se puede volver infinita. ¿Cuánto puede un cuerpo de un policía? ¿Cuánto puede un cuerpo de conductor de aplicación? ¿Cuánto pueden los cuerpos de la clase trabajadora argentina?
Victoria Villarruel organizó una cumbre de urgencia en el Senado para que el juez Andrés Basso, titular de la Asociación de Magistrados, pudiera convencer a los senadores aliados de rechazar el traspaso del fuero laboral a la Ciudad, pero fracasó.
La vicepresidenta cursó invitaciones a «todos los jefes de bloque», según fuentes parlamentarias, pero la Casa Rosada salió a cortar la jugada.
La intervención del gobierno rindió sus frutos porque, pasadas las 2 de la madrugada, los libertarios consiguieron aprobar en particular el título correspondiente al traspaso, con las modificaciones que buscan amortiguar eventuales declaraciones de inconstitucionalidad.
LPO conversó con dos senadores que fueron convocados a la cita, aunque uno de ellos no asistió. «No quieren que desaparezcan sus juzgados», sintetizó sin darle demasiadas vueltas al asunto.
Cuando se filtró el encuentro, en el Poder Ejecutivo lo consideraron «una traición manifiesta» por parte de la vicepresidenta. «Después pide que se respete su lugar institucional, pero arma un circo en contra nuestro entre gallos y medianoche, y se hace la patriota», se quejaban en Balcarce 50.
Desde el oficialismo comentaron que Patricia Bullrich se habría puesto del lado del gobierno. Sin embargo, LPO reveló que la exministra de Seguridad intentó por diversos medios trabar la aprobación del artículo 91, bajo la sospecha que el traspaso encierra un acuerdo político entre Karina Milei y Daniel Angelici que favorece al jefe de gabinete, Manuel Adorni, en la carrera por la jefatura de gobierno porteño.
Otra fuente al tanto de la jugada de la vicepresidenta cargó sin trepidaciones contra Bullrich. «Está embarrada hasta la cintura», resumió.
Martín Göerling
Después de la intervención de la Rosada para desactivar la maniobra de Villarruel, la titular del Senado se quedó sola con Bartolomé Abdala, acaso el único legislador que le responde, y el jefe del PRO, Martín Göerling.
La cita con Basso, de todas formas, no alcanzó. El oficialismo amplió la diferencia con la oposición al máximo cuando se votó el capítulo del traspaso del fuero laboral: juntó 44 votos a favor contra 28 de rechazo, pertenecientes a la bancada peronista en pleno.
