Autor: Invitad@ Especial

 

En la AFA preocupa el vínculo estrecho entre el juez que investiga por lavado a Pablo Toviggino y la senadora Patricia Bullrich, que encabeza la embestida del gobierno contra Claudio «Chiqui» Tapia.

Marcelo Aguinsky, titular del juzgado nacional n°6 en lo penal y económico, tiene la causa por presunto lavado de dinero por la compra de una mansión en Pilar, atribuida a Toviggino, tesorero de la AFA. La mansión, ubicada en la localidad de Villa Rosa, tiene hasta un helipuerto.

Aguinsky investiga un presunto lavado en la compra de la propiedad que en 2024 por parte de «Real Central S.R.L», una empresa a nombre de Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte. Pantano y su madre son los dueños de 54 vehículos de lujo que se secuestraron en la casa, adonde también encontraron pertenencias de Toviggino, como plaquetas de Barracas Central y cédulas azules de los vehículos con nombres de sus familiares.

Lejos de pausar la causa por las fiestas, el juez dictó el secreto de sumario en las últimas horas y podría levantar la feria judicial para continuar con la investigación durante enero.

En la AFA aseguran que Aguinsky es un juez a tomar en serio por su trayectoria y creen que irá llevando la causa de lavado de la misma manera. Es decir que no esperan que la causa se archive.

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Aguinsky es uno de los jueces de primera instancia más antiguos y fue propuesto por Carlos Menem en 1993. Entre las causas de renombre que tiene a cargo está la de la mafia de los contenedores de la Aduana por las que mandó a juicio oral y público a 97 personas y a 11 empresas. Lo hizo el año pasado tras ocho años de investigación.

El kirchnerismo denunció que cuando era ministra de Segurdad de Macri, Bullrich mantuvo reuniones secretas con los fiscales Guillermo Marijuan, Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, impulsores de causas contra Cristina Kirchner, y que también participaba de esas reuniones el propio Aguinsky.

En el PRO también recuerdan que Aguinsky participaba de las reuniones del equipo político de Bullrich que se juntaba cada 15 días en la casa de la actual senadora. 

 

 

La denuncia narco contra el ex gobernador y actual senador Gerardo Zamora y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, tiene su origen en la bronca del desarrollador inmobiliario Guillermo Masoni, dueño de «Los Mimbres SA», viejo amigo de Mauricio Macri y acusado de usurpar tierras a familias de campesinos en Santiago del Estero.

Más allá de los sabidos vínculos entre Zamora y Toviggino, Masoni recibió un duro revés judicial en su reclamo por la propiedad de 4000 hectáreas en el departamento santiagueño de General Taboada, contra un grupo de campesinos. La causa había recaído en el juzgado de Darío Alarcón, un magistrado al que se le atribuye «buena relación» con el líder del Frente Cívico, pero el empresario apeló y también perdió en segunda instancia.

Por ese motivo, un oscuro operador político habría visitado meses atrás al ex intendente de Termas de Río Hondo y actual diputado Jorge Mukdice con un mensaje amenazante: «Vamos por tu jefe», le dijo en referencia a Zamora.

A Zamora y Toviggino les imputan haberse quedado con campos que habían sido apropiados por un ocupante desde los tiempos de la última dictadura. Esas tierras, sin embargo, están ubicadas en el departamento de Alberdi y el paraje se llama Ahí Veremos.

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Sobre ese conflicto se abrió una causa en el Juzgado Federal de Campana, en 2017, y una serie de testigos protegidos declararon que había pistas de aterrizaje para aviones narco. «Mezclan peras con manzanas, no son pistas clandestinas, sino que son de tierra porque son para las avionetas que se usan para fumigar», respondieron cerca del ex gobernador ante la consulta de LPO, y agregaron: «se fumiga con aviones chicos, no va a venir un Boing».

Un legislador santiagueño apuntó, en cambio, contra Masoni y Macri por la agitación de denuncias contra Zamora.

Mauricio Macri, en el búnker PRO.

La disputa de Masoni, de hecho, es contra el Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero (Mocase), una organización que lucha contra empresarios que avanzan en acuerdo con juzgados amigables sobre el tierras fiscales ocupadas por familias de escasos recursos. Desde hace más de 30 años, han tenido que enfrentar desalojos forzosos, perpetrados por figuras como Masoni pero apoyados por grupos armados de paramilitares.

Según fuentes provinciales, «agarraban a las familias con un ranchito en algunas zonas de Santiago, sobre tierras fiscales en las que ocupaban una hectárea y media, con una acequia y cuatro chanchos, y venían a extender la posesión hasta 2 mil hectáreas para sacar a las familias después». «Hubo maniobras con gente de afuera y abogados con acceso al fuero local, les hacían vender la posesión y desalojaban a los campesinos», comentaron.

Masoni contactó a la DEA para hacer pasar este conflicto como un asunto narco.

«Eso se cortó cuando empezó a gobernar Zamora», dijo una fuente provincial a LPO. En rigor, la historia fue más compleja, con tensiones e idas y vueltas, pero Masoni llegó a participar de una mesa de negociación a la que también se sentaban representantes del Mocase, con la mediación de funcionarios de los gobiernos de Claudia Ledesma Abdala y el propio Zamora. El ex jefe de gabinete y actual gobernador, Elías Suárez, habría llegado a participar de alguna de esas tertulias.

Los santiagueños recuerdan a Masoni por el avance de las topadoras para tirar postes, alambrada y árboles, en los parajes La Simona y Los Juríes, en General Taboada. La cruzada llevaba el sello de Los Mimbres SA, la firma del desarrollador inmobiliario.

En el Congreso apuntan que el empresario es el dueño de las oficinas de Olivos que utiliza Macri para reunirse con su entorno más cercano pero, además, señalan que Masoni «contactó a la DEA para hacer pasar este conflicto como un asunto narco». «Quieren ensuciar o vincular a Zamora pero acá hay un tipo que está en litigio por unos campos grandes y amenaza con la DEA», agregó una fuente al tanto de la situación.

 

 

El Consejo Nacional Electoral de Honduras proclamó a Nasry Asfura como presidente electo para el periodo 2026-2030, tras un conteo de votos que se extendió por más de tres semanas y mantuvo al país centroamericano en una situación de incertidumbre política.

La autoridad electoral confirmó la victoria del candidato del Partido Nacional, quien obtuvo el 40,27 % de los sufragios, superando por poco a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, quien alcanzó el 39,39 %.

«Honduras: estoy preparado para gobernar. No les voy a fallar», escribió Asfura en sus redes sociales tras conocerse el anuncio del CNE. El mensaje fue difundido mientras simpatizantes celebraban en su sede de campaña, en contraste con el clima de tensión que persistía entre sectores opositores.

En este marco, el expresidente y coordinador general del  Libre, Manuel Zelaya, denunció «un golpe de Estado electoral». En un mensaje en X, Zelaya aseguró que «se está violentando de manera flagrante la Constitución, la ley electoral y el principio democrático».

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«El CNE pretende dar por aprobado de facto un informe administrativo de la Secretaría General para cancelar el escrutinio especial presidencial, sepultando la verdad electoral y usurpando funciones que no le corresponden», planteó.

Según el esposo de la actual presidenta Xiomara Castro, quien previamente también llamó a manifestaciones, «este acto nulo criminaliza arbitrariamente las impugnaciones legítimas presentadas por alcaldes y diputados» y «es una burda maniobra para allanar el camino hacia una declaratoria ilegítima y fraudulenta de la Presidencia de la República». 

Honduras: estoy preparado para gobernar. No les voy a fallar

Entre los consejeros del CNE, las opiniones divergen. Si bien la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, y la segunda consejera, Cossette López, apoyaron el llamado a definir resultados, el consejero Marlon Ochoa se opuso a esta propuesta.

«No puedo ni debo participar en la comisión de un acto que viola las leyes de la República y el debido proceso y, por tanto, constituye delito. Hacerlo me convertiría en cómplice por acción u omisión. Aquí se consumará un golpe de Estado electoral que lesiona y ofende gravemente la integridad del sufragio, la soberanía popular como base del orden democrático», aseguró Ochea en la previa. 

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Xiomara Castro denuncia desde hace semanas injerencia por parte de Donald Trump, quien apoya abiertamente a Nasry Asfura, así como «un proceso marcado por amenazas, coacción, manipulación del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y adulteración de la voluntad popular». Sin embargo, la semana pasada, dijo que reconocería los resultados y permitiría una transición pacífica del poder.

Tras la confirmación, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana emitieron un comunicado conjunto para reconocer al nuevo presidente en una muestra de los aliados de derecha que Honduras tendrá en esta nueva etapa bajo el liderazgo de Donald Trump.

 

 

Daniel Scioli ubicó en el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) de Mar del Plata a su ex secretario privado, Diego Juárez, que llega a ese cargo en medio de un fuerte desplome de las reservas, del orden del 15%, de cara a la temporada 2026.

El desembarco se enmarca en los cambios de gabinete hechos con la salida de Guillermo Montenegro del municipio, donde dejó como interino a Agustín Neme, momento en el que –como contó LPO– el intendente en uso de licencia sumó a los libertarios a su acuerdo preexistente con radicales y lilitos.

Hombre de extrema confianza de Scioli, Juárez venia manejando el complejo turístico de Chapadamal, predio que el gobierno libertario proyecta rematar.

Ahora, el funcionario sciolista asume en una de las áreas más fuertes del municipio marplatense a partir de un acuerdo que, además de Montenegro y Scioli, incluyó a la mano derecha de Sebastián Pareja y referente local de los libertarios, Alejandro Carrancio, que, previo a asumir en el Congreso, articuló con Juárez en Turismo.

Para ese nombramiento, Montenegro, a través de Neme, impulsó la salida del lilito Bernardo Martín, que comandó el Emtur durante los últimos cuatro años.

El reemplazante de Montenegro en Mar del Plata mantuvo el acuerdo con los radicales

Para no romper el acuerdo que mantiene con la Coalición Cívica a nivel local, Montenegro acordó con Carrancio y Scioli la designación de Martín en un cargo de segunda línea dentro del área de Turismo nacional.

El dato llamó la atención en algunos sectores dele Gobierno, ya que Martín es el armador en la Quinta sección de Lilita Carrió, quien no solo se para como opositora al gobierno de Milei, sino que, además supo mantener en Mar del Plata fuertes choques con uno de los empresarios más cercanos a Scioli, Florencio Aldrey Iglesias, a quien Lilita intentó quitarle el control del Paseo Hermitage.

Por sus vínculos con Scioli, Carrió arremete contra Aldrey para quitarle el Paseo Hermitage

En Mar del Plata aseguran que la salida de un lilito para que ingrese un sciolista fue muy celebrada por Aldrey.

Como fuere, lo concreto es que la llegada de Juárez al Emturyc se da en un contexto de alarma de la Asociación de Hoteleros de Mar del Plata que, según expuso la titular de Turismo de la Provincia, Soledad Martínez, habla de un derrumbe del 15% en las reservas con respecto al año pasado.

Eso, en medio de un panorama sombrío a escala nacional. Un informe reciente del INDEC marcó que en noviembre ingresaron 2,7% de turistas menos que el año pasado y salieron 763 mil, un 15,3% más que en 2024.