Autor: Invitad@ Especial

  • Renunció el jefe del flamante Ente Regulador de la Energía porque las empresas le manejaban el área

    PorInvitad@ Especial

     

    La renuncia de Néstor Lamboglia a la presidencia del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad expuso el problema de fondo del organismo: fue creado para controlar a las empresas, pero nació sin poder real para hacerlo. A menos de un mes de haber asumido, Lamboglia dejó el cargo y será reemplazado por su vice, Vicente Serra, en medio de una interna por la puesta en marcha del ente que fusionó al Enre y el Enargas.

    La salida se conoció este lunes y tomó por sorpresa al sector energético. Lamboglia había sido designado al frente del nuevo organismo el 12 de mayo. En el directorio quedaron Vicente Serra como vicepresidente y Marcelo Nachón, Griselda Lambertini y Héctor Falzone como vocales. Menos de tres semanas después, el presidente ya estaba afuera.

    La explicación formal habla de una interna dentro del directorio. Según publicó el sitio especializado EconoJournal, Lamboglia mantenía una fuerte disputa con Marcelo Nachón, ex interventor del Enargas, por contratos, asesores, oficinas y el armado administrativo del nuevo organismo. La pelea venía desde antes de que el ente terminara de constituirse y se agravó con la convivencia de las dos estructuras.

    El secretario legal de Caputo renunció por diferencias con el Súper RIGI

    El punto más sensible fue salarial. El Post Energético reveló que en el organismo se discutía una recomposición de hasta el 30 por ciento para parte del personal, sobre todo para achicar la diferencia entre trabajadores provenientes del ex ENRE y del ex Enargas. La propuesta incluía un concepto «puente» en los recibos de sueldo, remunerativo y bonificable.

    Pero en el sector creen que esa pelea no alcanza para explicar la renuncia. «No tenía margen de movimiento», dijo a LPO una fuente que conoce la interna del organismo. La frase resume el problema. El ente debía regular gas y electricidad, pero las decisiones centrales ya estaban tomadas en otro lado. Lamboglia quedó sentado en una oficina con responsabilidad formal y escaso poder político.

    La renuncia de Lamboglia deja al descubierto esa contradicción. El Gobierno dice que quiere ordenar el sistema energético, pero al mismo tiempo avanza con condonaciones, recortes de subsidios, cambios tarifarios y reacomodamientos empresarios sin darle al regulador un lugar real en la mesa. El ente queda para firmar, no para decidir.

    La muestra más clara fue el proyecto que el Gobierno mandó al Congreso para condonar deudas de Edenor, Edesur y otras distribuidoras con Cammesa. LPO reveló que el monto alcanza los 1.842 millones de dólares. La iniciativa permite que las empresas descuenten de sus deudas los ingresos que dicen haber dejado de percibir por atrasos tarifarios. Diputados le dio media sanción al proyecto junto con el recorte del régimen de Zona Fría.

    Según fuentes del sector, Lamboglia se enteró por los medios de los detalles de esa iniciativa. El presidente del organismo encargado de controlar a las distribuidoras eléctricas no participó de la letra fina de una norma que impacta de lleno sobre esas mismas empresas que debe regular. El mensaje interno fue evidente: el ente miraba desde afuera una decisión que debía tenerlo como actor central.

    El mecanismo es simple. El Estado reconoce a las distribuidoras un crédito por ingresos supuestamente no percibidos. Luego, ese crédito se usa para compensar deudas con Cammesa. A cambio, las empresas deberían desistir de reclamos judiciales. En los papeles, el Gobierno lo presenta como una normalización del sistema. En los hechos, limpia balances privados con una decisión pública.

    Esa discusión dejó a Lamboglia en una posición muy débil. El nuevo ente todavía no había terminado de ordenar oficinas, contratos y escalas salariales, pero el Gobierno ya avanzaba con una medida de alto impacto para las empresas reguladas. El organismo nació para poner reglas, pero el Ejecutivo ya negociaba las reglas por arriba del organismo.

    La electricidad tiene además su propia interna. El área quedó bajo la influencia de Damián Sanfilippo, subsecretario de Energía Eléctrica. LPO viene contando su cercanía con los hermanos Neuss, que aceleraron su expansión en el sistema eléctrico desde la llegada de Milei al poder y fueron por activos clave como Transener y Transnoa.

    Ese vínculo es decisivo para entender la renuncia. Si el área eléctrica está políticamente intervenida por Sanfilippo y por empresarios con intereses directos en generación transporte y distribución, el margen del regulador queda reducido. No se trata sólo de una interna administrativa. Se trata de quién manda sobre los negocios que el ente debería controlar.

    En gas ocurre algo parecido, donde los empresarios del sector tienen fuerte incidencia en las políticas del gobierno.

    La fusión del ENRE y el Enargas fue presentada como una reforma de eficiencia. Menos organismos, menos burocracia, más coordinación. Pero el resultado, por ahora, muestra otra cosa: un regulador más grande en el organigrama y más chico en la práctica. 

    La renuncia de Lamboglia deja al descubierto esa contradicción. El Gobierno dice que quiere ordenar el sistema energético, pero al mismo tiempo avanza con condonaciones, recortes de subsidios, cambios tarifarios y reacomodamientos empresarios sin darle al regulador un lugar real en la mesa. El ente queda para firmar, no para decidir.

    Serra asumirá con el mismo problema. Si las decisiones de fondo pasan por los grupos que operan en electricidad y gas, el nuevo ente tendrá una función limitada. Un poder condicionado que se extiende a la Secretaria de Energía, que también perdió capacidad de regulación. No define precios, no ordena inversiones y no arbitra entre jugadores. 

    «En definitiva, esa es la idea del gobierno de Milei, que el mercado funcione solo», resumió a LPO una fuente del sector. 

     

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    BANCO NACIÓN: 1120 créditos hipotecarios para funcionarios de Milei, ajuste para el resto

    PorInvitad@ Especial

     

    Mientras millones de argentinos quedaron afuera del crédito, atrapados entre salarios pulverizados, alquileres impagables y tasas imposibles, el Banco Nación otorgó al menos 1.120 créditos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP) desde el inicio de la gestión de Milei. La cifra surge de información oficial obtenida mediante un pedido de acceso a la información pública y vuelve a colocar bajo la lupa la relación entre el poder político libertario y los recursos de la banca estatal.

    Por Roque Pérez para NLI

    La revelación expone una dimensión mucho más amplia que los casos individuales que habían comenzado a trascender durante los últimos meses. Hasta ahora, el debate público se concentraba en algunos nombres puntuales de funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo que habían accedido a préstamos multimillonarios. Sin embargo, los datos difundidos muestran que no se trató de episodios aislados sino de una política que alcanzó a más de un millar de personas incluidas dentro de las categorías de control especial definidas por la Unidad de Información Financiera (UIF).

    Entre enero de 2024 y marzo de 2026, el Banco Nación otorgó 25.391 créditos hipotecarios. De ese total, 1.120 fueron para personas consideradas políticamente expuestas. Dicho de otro modo, aproximadamente uno de cada 23 préstamos terminó en manos de integrantes de la estructura política o de personas alcanzadas por ese régimen especial de control financiero.

    Una modificación que despertó sospechas

    La controversia adquirió una dimensión aún mayor cuando trascendió que durante la gestión libertaria se modificó la normativa de la línea hipotecaria «+ Hogares». Según la documentación citada en la investigación periodística, en septiembre de 2024 se incorporó explícitamente a los «cargos políticos designados por resolución o electivos» dentro de los potenciales beneficiarios de la operatoria.

    Ese cambio se produjo en medio de un contexto donde Milei sostenía un discurso centrado en el ajuste, la reducción del gasto público y la supuesta eliminación de privilegios de la denominada «casta». Sin embargo, la aparición sistemática de funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo entre los beneficiarios de créditos de enorme magnitud comenzó a generar un fuerte ruido político.

    La diputada nacional Mónica Frade presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue si existieron irregularidades en el otorgamiento de esos préstamos. La causa quedó radicada en el juzgado federal a cargo de María Eugenia Capuchetti.

    Los nombres que complican al relato libertario

    Los casos que se conocieron durante los últimos meses resultan difíciles de conciliar con la narrativa oficial contra los privilegios estatales. Entre ellos aparecen funcionarios de primera línea vinculados directamente al equipo económico.

    Según la información difundida, el director del Banco Central Pedro Juan Inchauspe obtuvo un crédito por alrededor de $510 millones. También figura Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía, con un préstamo de $373 millones, mientras que el secretario de Finanzas Federico Furiase recibió otro por $367 millones. A ellos se sumó Leandro Massaccesi, ex jefe de Gabinete de Capital Humano, quien accedió a un crédito por $420 millones.

    La lista alimentó una pregunta incómoda para el Gobierno: ¿cómo hicieron funcionarios con salarios públicos para acceder a operaciones de semejante magnitud mientras gran parte de la población enfrenta enormes dificultades para calificar siquiera para un crédito hipotecario tradicional?

    El oficialismo intentó relativizar la polémica argumentando que los préstamos cuestionados representaban una porción mínima del total otorgado por el Banco Nación. Sin embargo, la nueva información conocida modifica sustancialmente la escala del fenómeno. Ya no se trata de unos pocos nombres que aparecieron en redes sociales o bases de datos públicas: se trata de más de mil beneficiarios incluidos dentro de una categoría financiera especialmente monitoreada por el propio sistema bancario.

    El choque entre discurso y realidad

    La contradicción política aparece con claridad. Mientras Milei exige sacrificios permanentes a trabajadores, jubilados y sectores medios, la principal entidad financiera pública del país terminó financiando a una cantidad significativa de integrantes de la estructura política bajo condiciones que hoy resultan inaccesibles para buena parte de la sociedad.

    La investigación judicial deberá determinar si existieron delitos o irregularidades administrativas. Pero aun si cada operación hubiese cumplido formalmente con todos los requisitos, el problema político permanece intacto: el relato de la lucha contra los privilegios empieza a mostrar grietas cuando quienes acceden a créditos millonarios aparecen vinculados a los mismos sectores que administran el Estado.

    Y es justamente ahí donde el caso deja de ser una discusión bancaria para convertirse en una discusión de poder. Porque mientras el Gobierno repite que «no hay plata», los números revelan que sí hubo recursos disponibles para cientos de personas que forman parte del universo político que Milei prometió combatir cuando llegó a la Casa Rosada.

     

  • Nos siguen matando

    PorInvitad@ Especial

     

    Hace 11 años —cuando X era Twitter y no una red social tan hostil, expulsiva y aleccionadora como ahora— escribí desde las tripas: «No vamos a levantar la voz?. NOS ESTÁN MATANDO». Estaba envuelta en enojo, pena y furia. La violencia extrema hacia las mujeres, y en ese momento puntual contra las adolescentes, tuvo uno de sus picos máximos cuando Chiara Páez fue asesinada por su novio, Manuel Mansilla, en Rufino, Santa Fe. Chiara tenía 14 años y estaba embarazada de tres meses. Mansilla la mató a golpes y la enterró en la casa de sus abuelos. 

    Este tuit está escrito. Sucedió. Pero fue azaroso que me haya interpelado a mi de esa forma. Cualquiera podría haber sido la autora de ese posteo: vos, aquella, la otra, la de más allá, la del otro lado. Fue una circunstancia. En menos de un mes, entre ese tuit del 11 de mayo y el miércoles 3 de junio de 2015, organizamos la primera marcha de Ni Una Menos. Ahora, once años después, nos enteramos del femicidio de otra adolescente de 14 años. Entre aquel Ni Una Menos inaugural y hoy contamos 3424 mujeres asesinadas, según La Casa del Encuentro. De esos asesinatos, 3073 fueron femicidios y femicidios vinculados (cuando un hombre mata a una o varias personas con el propósito de causarle sufrimiento, castigar o destruir psíquicamente a una mujer). En estos once años, una mujer fue asesinada cada 30 horas. 

    Agostina Vega, cordobesa, estuvo desaparecida una semana. Su mamá hizo la denuncia policial horas después de la desaparición. Como suele suceder en estos casos, la fiscalía primero se centró en el círculo más cercano y en la hipótesis de que Agostina podría estar con un noviecito. Recién tres días después se activó la Alerta Sofía.  Al cuerpo de Agostina lo encontró la Policía este domingo en un descampado cerca del barrio Ampliación Ferreyra. 

    Claudio Barrelier, el hasta ahora único acusado por el femicidio, está detenido. El hombre de 33 años había sido denunciado el año pasado por privación ilegítima de la libertad por una mujer que salió corriendo de su casa desnuda y pidiendo ayuda. En mayo de 2025 estuvo detenido solamente 20 días. El fiscal Iván Rodriguez lo dejó libre, fianza de por medio. 

    Cuando el impacto mediático trasciende los límites de la provincia, la voracidad por el “vivo y directo”, el vértigo, le gana a la información veraz. La audiencia muestra interés por el “caso”, se abren puñados de teorías, análisis, especialistas y opinólogos que desfilan sin parar.

    Lo sabemos: casi todas esas teorías se centran en la víctima. Que para su corta edad esto o  aquello, que sí hacía videos para TikTok, que las fotos que se tomaba. Hasta se escuchó con tono fuerte y certero a un cronista mencionar detalles de la intimidad de Agostina. 

    También vale mencionar aquí a esos cronistas de exteriores que, valiéndose de lo que ven, escuchan, preguntan e investigan, valoran la información en off de record y comprenden, como pocos, la prudencia de lo que se informa y cómo. 

    Pero la carroña mediática está a tiro cuando se trata de una mujer, adolescente, de apenas 14 años como Agostina. Lo mismo sucedió en 2017, por poner sólo un ejemplo,  con la joven bonaerense Melina Romero. Melina, la “ fanática de los boliches que abandonó la secundaria”, titulaba el diario de mayor alcance del país, y ampliaba: “Hija de padres separados, dejó de estudiar hace dos años y desde entonces nunca trabajó. Según sus amigos, suele pasarse la mayoría del tiempo en la calle con chicas de su edad o yendo a bailar, tanto al turno matiné como a la noche, con amigos más grandes. En su casa nadie controló jamás sus horarios y más de una vez se peleó con su mamá y desapareció unos días”.

    Dos años antes del femicidio de Melina, cuando escribí aquel tuit, las réplicas e intercambios fueron inmediatos. Colegas, compañeras, amigas y desconocidas sugerían ideas, adónde ir, qué hacer, a quiénes y cómo convocar para lograr, primero, el impacto mediático. Allí también se nos abrieron espacios amigables de colegas periodistas, compañeros de profesión y amigos del oficio. Después, hubo que profundizar en los contenidos, reclamos, exigencias, deudas y pendientes. Todo lo organizamos en menos de un mes.

    Que vayamos al Puente de la Mujer en Puerto Madero, que estemos vestidas de violeta o de negro, que el horario tenía que ser después de las 17, pero no tan tarde por el frio de junio. Finalmente, lo decidimos: iba a ser en el kilómetro cero del país, frente al Congreso de la Nación. 

    Desde el 11 de mayo a ese 3 de junio vivimos días frenéticos, intensos. Comenzó a tejerse una red potente, primero de periodistas y comunicadoras, que ya habían participado en un encuentro literario en el Museo de la Lengua, también bajo el lema “Ni Una Menos”, parte de un poema de Susana Chávez, activista mexicana asesinada en Ciudad Juárez. 

    Todas, una veintena, de diferentes medios, de diversas militancias, formaciones académicas, algunas presentadoras de noticias, escritoras, ensayistas, licenciadas en letras, abogadas, cronistas de exteriores, comenzamos a intercambiar ideas para bajarlas, literalmente, a la calle. 

    ¿Qué íbamos hacer? ¿Qué teníamos para decir? ¿Cuáles eran nuestros reclamos? ¿Qué respuestas tenía el poder político de turno? ¿Qué era aquello que comenzaba a replicarse como #NiunaMenos, basta de femicidios? La respuesta se manifestó la tarde del 3 de junio de 2015 en cada rincón del país.

    En todas las provincias, en cada ciudad, en pueblos que jamás habían salido a las calles, como Corral de Bustos, recuerdo; la implosión fue desde el Congreso hasta cada punto del país. O al revés. Lo siento por los porteños. 

    No pretendo traer una foto sepia de aquella fecha, pero sí recordar que fue un mojón en la historia de los movimientos de mujeres aquí, en la región y en el planeta. Se miraba a la Argentina, este país del fin del mundo. “Vengo del país del #NiUnaMenos” dije una vez ante colegas de otros países de la región. La Argentina era validada, también, por esta nueva ola feminista. Las Tesis llevaron su performance. “Un violador en tu camino”, desde Chile a cada rincón donde los ataques sexuales fueron tema de discusión. El #MeToo, que en 2017 sacudió al mundo cuando dos periodistas revelaron que Harvey Weinstein era, aparte de un exitoso productor de Hollywood, un depredador sexual. 

    Tuvimos en Argentina aquel Paro Internacional de Mujeres, y después arrasó el #MiraCómoNosPonemos” cuando supimos que Thelma Fardìn, en su adolescencia, había sido abusada sexualmente por el popular actor Juan Darthes.

    Y vinieron más marchas, otros paros, imposible recorrerlos todos en un sólo texto. 

    Pero en los últimos años, la búsqueda de la equidad quiere instalarse como el principal enemigo a vencer. Resulta que para propios y ajenos ese enemigo somos las feministas. Que dónde estamos, por qué reaccionamos, por qué los silencios. 

    Aquello de «no me siento representada por el feminismo del país» se cuela por la ventana, sin siquiera poder debatir cómo son los feminismos, cuál es el camino de los movimientos de mujeres en la Argentina. ¿Desde qué lugares se lanzan estas pretenciosas afirmaciones casi idénticas y de tan poca profundidad? Desde el poder político, claro. El mismo poder que hoy niega los femicidios y la violencia machista. Que se preocupa por las supuestas falsas denuncias y no dice nada cuando una piba como Agostina, como Chiara, como Melina, aparece asesinada. No hablo sólo del Gobierno. Hablo también de la Justicia. Para muestra, basta la conferencia de prensa que dio ayer el fiscal Raúl Garzón. ¿Nos piden explicaciones a las únicas que nos movilizamos y accionamos contra los femicidios, las violaciones y los abusos? ¿Nos tildan de exageradas? ¿Nos piden que nos calmemos? 

    Voy a defender mi derecho a estar viva, pero también a enojarme. Y, para eso, tampoco pido permiso ni perdón. El enojo también es una lucha política. Nos vemos, otra vez, el 3 de junio en las calles.

    La entrada Nos siguen matando se publicó primero en Revista Anfibia.

     

  • El secretario legal de Caputo renunció por diferencias con el Súper RIGI

    PorInvitad@ Especial

     

    La renuncia del secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, José García Hamilton, anunciada el domingo por la noche por Luis «Toto» Caputo, está vinculada a desacuerdos por el proyecto de Súper RIGI que el gobierno envió la semana pasada al Congreso.

    Caputo informó que la renuncia de García Hamilton se debe a «razones personales», un eufemismo clásico de la política para ocultar los verdaderos motivos de una salida. 

    El propio Caputo apeló a ese eufemismo (también con una foto sonriente) en febrero pasado ante la renuncia del secretario de Finanzas, Alejandro Lew, aunque luego LPO reveló que se debió a diferencias con la estrategia para enfrentar los pagos de la deuda en dólares, algo que más tarde fue confirmado por diversas fuentes. En enero también renunció por «motivos personales» el secretario de Transporte, Luis Pierrini, aunque la razón fue una denuncia por corrupción con los subsidios a los colectivos.

    El Súper RIGI abre un conflicto con los gobernadores por la quita de recaudación a provincias

    Ahora, fuentes ligadas al Palacio de Hacienda dijeron a LPO que el verdadero motivo de la salida de García Hamilton es que tuvo diferencias con el proyecto de Súper RIGI e incluso no habría aceptado firmar un dictamen a su cargo para darle la validación jurídica.

    Según las fuentes, García Hamilton estaba en desacuerdo con el arbitraje internacional obligatorio que establece el texto. El Súper RIGI indica que

    ningún árbitro podrá ser argentino ni del país del accionista mayoritario del proyecto y las disputas pueden dirimirse ante la Corte Internacional de Arbitraje, la Cámara de Comercio Internacional o el CIADI.

    Esto ya había generado quejas de las oposición porque el texto establece la nulidad absoluta de cualquier norma local, provincial o municipal que colisione o limite los beneficios del régimen durante los 30 años de estabilidad prometidos. Para los opositores se trata de una «cesión inconstitucional de soberanía».

    Caputo informó que la renuncia de García Hamilton se debe a «razones personales», un eufemismo clásico de la política para ocultar los verdaderos motivos de una salida

    Caputo anunció que el reemplazante de García Hamilton será Juan Ignacio Stampalija, que se desempeñaba como subprocurador del Tesoro de la Nación y fue parte del equipo jurídico que trabajó en el juicio por la expropiación de YPF. Stampalija es parte del sector que lidera Santiago Caputo.

     

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    Milei reglamentó la reforma laboral y avanzó sobre indemnizaciones, sindicatos y convenios colectivos

    PorInvitad@ Especial

     

    Con una batería de decretos publicados este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno puso en marcha algunos de los capítulos más controvertidos de la reforma laboral. La medida alcanza a las indemnizaciones, la actividad sindical, los convenios colectivos y los mecanismos de registración laboral. Mientras se promociona como una modernización del mercado de trabajo, la oposición y los gremios denuncian un nuevo avance sobre derechos conquistados durante décadas.

    Por Ramiro C. Ferrante para NLI

    La publicación de los decretos reglamentarios de la reforma laboral marca un nuevo capítulo en la ofensiva de Milei contra el entramado de protección construido por el movimiento obrero argentino a lo largo de más de un siglo. Aunque el Gobierno intenta presentar los cambios como simples adecuaciones administrativas, la letra fina de las normas revela transformaciones profundas en la relación entre trabajadores, empleadores y organizaciones sindicales.

    Entre los puntos más sensibles aparece la creación del denominado Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo que permitirá a las empresas constituir fondos específicos para afrontar indemnizaciones futuras. La Casa Rosada sostiene que el sistema no elimina la indemnización por despido, pero en los hechos abre la puerta a un esquema que se asemeja al fondo de cese laboral que históricamente impulsaron los sectores empresariales para reducir el impacto económico de los despidos.

    La medida no es menor. Durante décadas, la indemnización funcionó como una herramienta de protección frente a despidos arbitrarios. Con la nueva reglamentación, el Gobierno introduce una lógica financiera en un terreno que hasta ahora estaba vinculado directamente a la responsabilidad patronal. Para los sindicatos, se trata de un cambio estructural que podría debilitar uno de los principales instrumentos de defensa de los trabajadores.

    La mira puesta sobre los sindicatos

    Si las indemnizaciones constituyen el frente económico de la reforma, la actividad sindical aparece como su principal objetivo político.

    La reglamentación incorpora mecanismos de control sobre la estructura de las organizaciones gremiales y habilita verificaciones permanentes respecto de la cantidad de dirigentes y afiliados. También introduce nuevas condiciones para el uso de las horas gremiales, una herramienta fundamental para el funcionamiento cotidiano de los sindicatos dentro de los lugares de trabajo.

    Detrás del lenguaje técnico se esconde una orientación política evidente. Desde su llegada al poder, Milei convirtió a las organizaciones sindicales en uno de los blancos predilectos de sus discursos. La nueva normativa busca limitar márgenes de acción y aumentar los controles estatales sobre estructuras que históricamente fueron actores centrales de la vida política y social argentina.

    La ofensiva se produce en un contexto de fuerte deterioro salarial, caída del empleo industrial y conflictos laborales en distintas regiones del país. En ese escenario, el intento de disciplinar a los sindicatos adquiere una dimensión que trasciende ampliamente la discusión administrativa.

    Convenios colectivos bajo presión

    Otro aspecto central de la reglamentación afecta a los convenios colectivos de trabajo.

    El Gobierno habilitó mecanismos para revisar acuerdos vigentes y avanzar en procesos de renegociación en actividades donde los convenios permanecieron estables durante años. Además, estableció nuevas condiciones para aportes y contribuciones incluidos en esos acuerdos.

    Para el oficialismo, estas modificaciones apuntan a reducir costos laborales y fomentar la contratación. Sin embargo, para especialistas en derecho laboral y referentes sindicales, el verdadero objetivo es avanzar sobre instrumentos que permitieron garantizar derechos específicos en cada actividad económica.

    La disputa no es solamente jurídica. Los convenios colectivos constituyen uno de los pilares históricos del modelo laboral argentino y representan una de las herramientas más importantes para equilibrar la relación de fuerzas entre trabajadores y empleadores. Cualquier modificación en ese terreno tiene consecuencias directas sobre millones de asalariados.

    Menos regulaciones para las empresas, más exigencias para los trabajadores

    La reglamentación también incluye beneficios para empleadores que regularicen personal no registrado. Bajo el argumento de combatir la informalidad, el Gobierno ofrece amplias condonaciones de deudas previsionales a empresas que blanqueen trabajadores.

    La paradoja es evidente. Mientras se endurecen controles sobre sindicatos y se flexibilizan mecanismos vinculados a despidos y convenios colectivos, se otorgan ventajas económicas a empresas que durante años incumplieron obligaciones laborales y previsionales.

    Al mismo tiempo, la normativa incorpora nuevos sistemas digitales de control, recibos de sueldo con información ampliada sobre costos patronales y mecanismos de registración electrónica que incrementan la capacidad de monitoreo estatal sobre la relación laboral.

    La combinación de todas estas medidas permite observar una dirección clara. La reforma no se limita a modificar aspectos técnicos del mercado de trabajo: redefine el equilibrio de poder entre empresarios, trabajadores y sindicatos. Por eso la publicación de los decretos de este lunes puede convertirse en uno de los movimientos políticos más trascendentes del Gobierno en materia laboral desde su llegada a la Casa Rosada.

    Detrás del discurso de la modernización y la eficiencia, Milei acaba de poner en marcha una transformación que impactará sobre indemnizaciones, negociación colectiva, organización sindical y empleo registrado. El verdadero alcance de esos cambios comenzará a medirse cuando las nuevas reglas lleguen a las fábricas, oficinas y lugares de trabajo de todo el país.

     

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    Milei exime de Ganancias a los alquileres y abre un millonario beneficio para los grandes propietarios

    PorInvitad@ Especial

     

    El Gobierno nacional reglamentó una nueva modificación en el Impuesto a las Ganancias que, bajo el argumento de incentivar la oferta de viviendas en alquiler, elimina la carga tributaria sobre los ingresos obtenidos por locaciones destinadas a vivienda. La medida fue oficializada este lunes mediante el Decreto 406/2026 y, aunque fue presentada como un estímulo para el mercado inmobiliario, abre un fuerte debate político y económico: la norma no establece límites de patrimonio, cantidad de inmuebles ni niveles de ingresos para acceder al beneficio, por lo que alcanza tanto a pequeños propietarios como a grandes rentistas con decenas de unidades alquiladas.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    La decisión aparece en un contexto particularmente sensible. Mientras Milei sostiene una política de ajuste sobre el gasto público, con recortes que impactan en universidades, investigación científica, programas sociales y jubilaciones, el Estado renuncia a una porción de la recaudación proveniente de quienes obtienen ingresos por alquileres de vivienda. La contradicción no pasó inadvertida para especialistas y referentes opositores, que ven en la medida una nueva señal de la orientación económica del Gobierno.

    Un beneficio sin límites patrimoniales

    La reglamentación publicada en el Boletín Oficial establece que las rentas obtenidas por alquileres de inmuebles destinados a vivienda quedarán exentas del Impuesto a las Ganancias. Lo llamativo es que el texto no diferencia entre escalas patrimoniales ni introduce topes que permitan distinguir entre un pequeño ahorrista y un gran propietario inmobiliario.

    En términos prácticos, una persona que heredó un departamento y obtiene un ingreso complementario por su alquiler recibirá el mismo tratamiento fiscal que quien posee una cartera de decenas de inmuebles distribuidos en distintos puntos del país. La norma no fija un máximo de propiedades alcanzadas por la exención ni condiciona el beneficio al nivel de ingresos del contribuyente.

    Ese aspecto es precisamente el que alimenta las críticas. Si el objetivo oficial era favorecer a pequeños propietarios o ampliar la oferta de viviendas para alquiler permanente, el decreto podría haber establecido mecanismos de segmentación. Sin embargo, la reglamentación optó por una exención amplia que también alcanza a quienes concentran una importante cantidad de activos inmobiliarios.

    La promesa oficial y las dudas del mercado

    La explicación del Gobierno se apoya en una idea que Milei y sus funcionarios vienen repitiendo desde el inicio de la gestión: reducir impuestos para generar incentivos económicos. Según esa lógica, al disminuir la carga tributaria sobre los propietarios habría más viviendas disponibles en el mercado formal de alquileres.

    El problema es que esa relación está lejos de ser automática. Nada obliga a los propietarios a trasladar el beneficio fiscal a una reducción de los precios que pagan los inquilinos. Un dueño puede continuar cobrando exactamente el mismo alquiler y simplemente incrementar su rentabilidad gracias a la eliminación del impuesto.

    La experiencia reciente del mercado inmobiliario argentino muestra además que los valores de los alquileres responden principalmente a factores como la inflación, la evolución de los salarios, la escasez de crédito hipotecario y las expectativas económicas generales. Por eso, numerosos analistas consideran que el alivio tributario podría terminar mejorando los ingresos de los propietarios sin generar un impacto significativo sobre el acceso a la vivienda.

    Ajuste para unos, alivio para otros

    La discusión adquiere una dimensión política inevitable. Desde que asumió, Milei justificó buena parte de sus decisiones más controvertidas en la necesidad de alcanzar el equilibrio fiscal. Esa explicación fue utilizada para defender recortes presupuestarios, paralización de obras públicas, reducción de programas estatales y licuación de ingresos sociales.

    Sin embargo, el nuevo decreto avanza en sentido contrario para un sector específico de la economía. Mientras el Gobierno sostiene que no hay margen para aumentar partidas destinadas a educación, ciencia o asistencia social, sí encuentra espacio fiscal para eximir de Ganancias a quienes obtienen rentas inmobiliarias.

    La medida también incluye beneficios vinculados a determinadas operaciones de venta y transferencia de inmuebles, reforzando una orientación que distintos economistas identifican como favorable a los sectores patrimonialmente más consolidados.

    El debate recién comienza, pero el contenido de la norma deja pocas dudas sobre un aspecto central: lejos de tratarse exclusivamente de una ayuda para pequeños propietarios, la exención alcanza igualmente a quienes concentran una importante cantidad de viviendas y perciben ingresos millonarios por alquileres. En un país donde acceder a una vivienda propia resulta cada vez más difícil y donde millones de inquilinos destinan una porción creciente de sus ingresos al pago del alquiler, la decisión promete convertirse en uno de los nuevos focos de discusión sobre las prioridades económicas de la gestión de Milei.