El inoxidable Agustín Rossi sorteó el enojo de Cristina por haberse hecho albertista y el de Sergio Massa, que lo tuvo que llevar con fastidio en la fórmula para la presidencia cuando prefería de candidata a vice a Natalia de la Sota.
Sin embargo, “El Chivo” logró sortear esos resquemores y es el candidato más fuerte para encabezar la lista de diputados nacionales del peronismo santafesino. Rossi le ganó la pulseada interna a Eduardo Toniolli del Movimiento Evita y asociado a Juan Monteverde, el dirigente de Ciudad Futura que ganó la elección de Rosario, después de medio siglo.
Con los senadores e intendentes apuntalando la lista del PJ, Rossi será secundado por una candidata de La Campora y el tercer lugar reservado para el Frente Renovador, dijo a LPO una fuente del peronismo provincial.
“No vamos a desarmar lo que construimos, incluso cediendo el primer lugar en la lista de convencionales. En Santa Fe vamos con Fuerza Patria y los nombres se pondrán el 17 de agosto”, confirmó a LPO un dirigente del espacio de Massa.
El que puso el grito en el cielo fue el espacio del ex gobernador Omar Perotti que dijeron a LPO que no fueron convocados al cierre de alianzas a pesar de haber aclarado a LPO que no pensaba romper con el PJ.
El ex gobernador le reclamó a las autoridades partidarias que garanticen las internas para elegir candidatos y presentó un recurso en la justicia electoral federal que fue aceptada por el magistrado subrogante en la materia, Cuello Murua, quien intimó al Partido Justicialista a que informe en las próximas 24 horas “la modalidad que adoptarán para elegir los candidatos”, señala la resolución a la que accedió este medio.
“Todos los que nos rompen los huevos con que vamos a romper, Omar (Perotti) fue el único que siempre, siempre, jugó por adentro mientras todos los que lo señalan fueron y volvieron según la conveniencia”, recordó en diálogo con este portal un dirigente cercano al ex gobernador.
En un nuevo revés para el Gobierno, Diputados aprobó este miércoles el proyecto de financiamiento universitario que, entre otras cosas, busca subir el presupuesto al 1% del PBI y actualización automática por inflación.
Más allá de este proyecto en sí, en el Gobierno se dispararon las alertas porque la oposición alcanzó un número que lo pone a solo un voto de los dos tercios necesarios para desafiar los vetos de Javier Milei a iniciativas como ésta, que el libertario considera que golpean su meta de déficit cero.
En concreto, la iniciativa que pasa al Senado otorga y actualiza fondos a las universidades nacionales se aprobó por 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones.
El proyecto redactado por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) también busca otorgar una suma especial para la creación de carreras estratégicas y la convocatoria a paritarias a docentes y no docentes.
Además establece una recomposición presupuestaria de mayo a diciembre del 2024 y, a partir de enero de este año, una actualización bimestral de acuerdo a la inflación.
Como contó LPO, el Gobierno no pudo frenar el quórum en Diputados para que se trate, tanto el aumento del presupuesto universitario como el financiamiento del hospital Garrahan, aunque sí logró el tratamiento del veto de Javier Milei a la emergencia en Bahía Blanca.
A pesar de que la Casa Rosada presionó a fondo a los gobernadores y el radicalismo para hacer caer la sesión, la oposición juntó 133 diputados y pudo abrir el debate.
El Gobierno de Neuquén avanza con un plan integral de desarrollo económico, combinando programas de financiamiento productivo, eficiencia energética y apoyo a la fruticultura. Este miércoles, el gobernador Rolando Figueroa encabezó la presentación del Programa Provincial de Incentivo al Uso Racional y Eficiente de la Energía, que se suma a líneas de crédito y aportes directos para el sector frutícola.
Figueroa destacó que “el Estado tiene que estar siempre igualando”, porque estas herramientas no serían posibles sin la presencia activa del gobierno provincial, incluso cuando se obtiene financiamiento internacional. Subrayó que Neuquén, pese a la riqueza de Vaca Muerta, recibe menos fondos por coparticipación que provincias con la mitad de habitantes, por lo que invertir en diversificación económica es clave para el futuro.
Durante el acto, el mandatario remarcó la importancia de preservar las tierras productivas frente al avance inmobiliario y planteó que la provincia necesita autodeterminación económica, con estrategias como cobrar regalías en especie para destinar la energía a la producción. Además, defendió la participación de empresas públicas como el EPEN en la gestión de los nuevos programas.
El ministro de Economía, Guillermo Koenig, explicó que la provincia invertirá más de 2,5 millones de dólares desde el Tesoro provincial para que el EPEN implemente los incentivos de eficiencia energética, con la condición de que las empresas contraten mano de obra neuquina. También confirmó que el programa tendrá carácter retroactivo al 1° de enero y beneficiará tanto a grandes como pequeños productores.
Las acciones productivas incluyen líneas de poda por 2.000 millones de pesos, créditos del Consejo Federal de Inversiones para maquinaria agrícola, y programas de calidad frutícola y erradicación de montes obsoletos. En paralelo, la provincia impulsa la compra de alimentos a productores neuquinos para comedores escolares, con más de 400.000 kilos de frutas y 8.000 kilos de miel distribuidos en 2024, y una proyección de 900.000 kilos de fruta para 2025.
La jornada incluyó la entrega de certificados a beneficiarios de créditos del CFI, el BID y líneas provinciales, orientadas a mujeres emprendedoras, cadenas de valor y proyectos productivos. Según Figueroa, estas políticas buscan sostener el arraigo, generar empleo local y ampliar la matriz económica neuquina, con una premisa clara: “A la Argentina le va a ir bien cuando a Neuquén le vaya bien, y a Neuquén le va a ir bien cuando a los neuquinos les vaya bien”.
El gobernador Rolando Figueroa brindará su discurso de apertura del 53º período de sesiones legislativas el viernes 1° de marzo a las 9. Lo hará en cumplimiento del artículo 180 de la Constitución Provincial….
El sistema de salud de Neuquén atraviesa una situación crítica debido a la falta de sangre 0 positivo (0+), un grupo vital en situaciones de emergencia; por eso msimo el hospital Castro Rendón lanzó un llamado urgente a la comunidad para reforzar las reservas y garantizar la atención de pacientes que dependen de este recurso esencial.
Actualmente, las donaciones pueden realizarse en dos puntos habilitados: Hospital Provincial Neuquén (Buenos Aires 450), los lunes, miércoles y viernes de 9 a 12; y el Centro Regional de Hemoterapia (Teodoro Planas 1915), de lunes a viernes de 8.30 a 14 y sábados de 8.30 a 13.
Desde ambas instituciones remarcaron que donar sangre es seguro, rápido y puede salvar hasta tres vidas por cada unidad extraída. Además, destacaron la necesidad de fomentar la donación voluntaria y habitual, para evitar que las emergencias dependan exclusivamente de llamados desesperados.
Requisitos para donar
Tener entre 16 y 65 años (los menores de edad con autorización de madre, padre o tutor).
Pesar más de 50 kg.
Estar en buen estado de salud.
Haber desayunado normalmente (no es necesario ir en ayunas).
Beber al menos 500 ml de agua 30 minutos antes de donar.
Presentar DNI u otro documento identificatorio.
Las autoridades sanitarias recordaron que el grupo 0+ es el más frecuente en la población, por lo que su demanda también es constante. Romina Barufaldi, referente del Centro Regional de Hemoterapia de Neuquén, señaló en diálogo con AM Cumbre 1400 que la sangre se destina, en primer lugar, a casos de urgencia como trasplantes, leucemias o accidentes de tránsito.
«Si no tenemos el stock necesario, lamentablemente hay que empezar a suspender cirugías programadas, que también son muy importantes», advirtió.
La referente del Centro Regional de Hemoterapia de Neuquén, Romina Barufaldi, advirtió en AM Cumbre 1400 sobre la baja en los niveles de donación voluntaria de sangre en la provincia y llamó a la comunidad a colaborar: “Hoy en el banco no estamos con los niveles óptimos, el número de donantes diarios cayó significativamente en los últimos años”….
El 20 de mayo de 2025, un derrumbe en plena excavación en avenida Congreso 3742 expuso restos óseos humanos. Los trabajadores detuvieron la obra de inmediato. Días más tarde, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó la identidad: se trataba de Diego, que en aquel entonces tenía apenas 16 años. La última vez que lo vieron fue cuando salió rumbo a la ENET N.º 36, vestido con su uniforme escolar. Nunca regresó.
La familia, que durante años mantuvo intacto su cuarto, enfrentó la indiferencia policial y la burocracia judicial. Desde el primer momento, el caso fue archivado como una simple “fuga de hogar”. Para la justicia, Diego se había ido por voluntad propia. Pero su padre, Juan Benigno Olmos, siempre lo negó. En 1986, ante un periodista, relató con dolor: “Desde el primer momento lo caratularon como fuga de hogar. ¿Qué quiere que investiguen si ya dan por sentado que él se fue?”.
Un reloj y ropa de la época fueron determinantes para identificar los restos.
Durante 40 años, la familia no dejó de buscar. Fue su sobrino quien, al ver las noticias del hallazgo, reconoció una serie de objetos hallados junto al cuerpo: un reloj Casio ochentoso, un corbatín escolar, un llavero y una moneda japonesa que Diego llevaba como amuleto. Todo coincidía.
El análisis forense no dejó dudas sobre la brutalidad del crimen: un puntazo entre las costillas y marcas de cortes fallidos en extremidades, posiblemente hechos con un serrucho. El cuerpo había sido enterrado con apuro, a apenas 60 centímetros bajo tierra. La escena del hallazgo reabrió viejas heridas, pero también una causa judicial dormida.
Cómo murió aquel adolescente de 16 años que iba camino a la escuela
El fiscal Martín López Perrando encabeza ahora la investigación para reconstruir lo ocurrido. Aunque el crimen podría estar prescripto, hay una decisión firme de llegar al fondo: ¿cómo murió Diego? ¿Por qué su cuerpo fue ocultado de esa forma? ¿Quién lo hizo?
Entre las líneas de investigación, se apunta a los antiguos moradores de la propiedad en 1984: una mujer mayor y sus dos hijos, de apellido Graf, que vivían allí en ese momento. La justicia intentará ubicarlos e interrogarlos.
La casa, devenida en leyenda urbana, guarda su propio recorrido. Allí vivió Gustavo Cerati entre 2001 y 2003, cuando alquiló la propiedad a Marina Olmi, hermana del actor Boy Olmi. El lugar, que también fue geriátrico, capilla y establo en el siglo XIX, se convirtió durante esos años en un punto de encuentro artístico, visitado por músicos como Charly García, Fito Páez y Hilda Lizarazu.
Hoy, demolida y en proceso de convertirse en un edificio moderno, ese terreno volvió a hablar. Y en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires, un adolescente olvidado por el sistema encontró, por fin, su voz.
La reciente confirmación de la Corte Suprema sobre la muerte del soldado Pablo Jesús Gabriel Córdoba en Zapala marcó un cambio en esta investigación. Este pronunciamiento, viene a consolidar las pruebas y teorías que se habían ido desvelando en los meses anteriores, estableciendo con autoridad judicial lo que muchos sospechaban: la muerte de Córdoba fue […]…
“Te metiste con mi gente, ahora vas a ver. ¡Fuera el veto, los discas están primero!”. En Córdoba, Emi Ozan no necesita presentación: militante y autoridad disca de la Mesa de Trabajo en Discapacidad y DD.HH., su voz arenga desde el micrófono frente a cientos de personas en la Plaza San Martín. Es una de las voces centrales en la jornada de paro y movilización, convocada por organizaciones de todo el país, para repudiar el veto del presidente Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Le siguen otros compañeros y compañeras que manifiestan el pedido de que los legisladores “se pongan las pilas”, comparten relatos personales, cantan y expresan emociones muy diversas. Se alternan con las voces de familiares, trabajadores y profesionales del campo de la discapacidad. La plaza principal de la capital de una provincia que hace casi dos años apoyó en un 74 por ciento la llegada al poder del gobierno libertario hoy está colmada de carteles que lo repudian.
Un día antes, el Gobierno había publicado en el Boletín Oficial el veto a la ley aprobada por el Congreso. Un grupo de organizaciones de todo el país le respondió con un comunicado colectivo: “Desoyendo las millones de voces no sólo del colectivo de personas con discapacidad, sino de toda la sociedad argentina, el gobierno plasma con su veto el sello de una política de la crueldad, maquillada con la falacia del equilibrio fiscal”. Es el capítulo más reciente de una vertiginosa agenda de reclamos que no es nueva, pero que adquirió una dimensión insólita a partir de la brutal avanzada libertaria.
Una respuesta a la política de la crueldad
La Ley de Emergencia surge como una respuesta de organizaciones de la sociedad civil —y luego acogida por la oposición en el Congreso— a la política de avasallamiento sobre los derechos de las personas con discapacidad y al ajuste inédito al sistema de prestaciones que impuso el Gobierno.
Uno de los primeros golpes de La Libertad Avanza fue la derogación del decreto que permitía la compatibilidad entre pensión por discapacidad y trabajo formal. Esta compatibilidad había sido celebrada como una conquista histórica de un colectivo de más de cuatro millones de personas que tiene a más del 75 por ciento de la población económicamente activa desocupada. Las oportunidades de empleo a las que acceden las personas con discapacidad suelen tener condiciones precarias: sueldos bajos e inestabilidad. El riesgo de la suspensión o pérdida de la pensión, que luego es muy difícil recuperar, ha sido siempre una barrera frente la lejana promesa de un empleo formal. En estas escenas sucede lo razonable: las personas con discapacidad y sus familias suelen optar por lo seguro. La compatibilidad, en cambio, funcionaba como un aspecto positivo. Sin el miedo a perder la pensión, las personas adquirían seguridad para transitar las oportunidades de empleo y proyectar el desarrollo laboral. Es decir, un apoyo en términos del modelo social de la discapacidad.
Esta temprana decisión fue parte de una serie de medidas que allanaron el camino para instalar la idea de hacer una auditoría, el eufemismo favorito del Gobierno. A una efectiva campaña mediática de desprestigio sobre la política de pensiones le siguió la modificación de la norma que reglamenta el acceso a las pensiones por discapacidad.Se reestablecieron los criterios que habían sido declarados inconstitucionales y sobre los cuales, en reiteradas oportunidades, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad había instado al Estado a modificarlos. Con esos nuevos (viejos) criterios inició la mentada auditoría. Organizaciones de todo el país han denunciado continuamente un mecanismo opaco y plagado de irregularidades: procedimientos inaccesibles, nulo respeto por el derecho a la información y a la defensa, confusiones y falacias al momento de publicar resultados. Las organizaciones manifestaron que el Estado debía controlar, pero mediante procedimientos transparentes y respetuosos de los derechos. Lo que llamaron auditoría fue en realidad un plan de recorte y una continua campaña de desprestigio hacia un Estado que garantiza derechos.
La Ley de Emergencia podría ponerle un freno a estos retrocesos. Las pensiones hoy llamadas “por invalidez laboral” tendrían un criterio de “Pensiones por Discapacidad para la protección social”. El cambio es sustancial: mientras en la actualidad las personas deben demostrar una incapacidad total hacia el trabajo para acceder a este derecho, con la Ley de Emergencia, “toda persona que cuente con Certificado Único de Discapacidad, y que esté en situación de vulnerabilidad social” podría acceder a la pensión. Y, a la vez, restituye la compatibilidad con el empleo formal con ingresos de hasta dos salarios mínimos. Una muestra del carácter modesto de la Ley de Emergencia es que no modifica el monto magro de las pensiones: el 70 por ciento de una jubilación mínima. A la vez, la pensión también brinda acceso a la cobertura de salud. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó el impacto entre el 0,22 y 0,42 % del PIB.
La Ley de Emergencia también contempla una reparación urgente a un sistema de atención que atraviesa una crisis terminal: aranceles desactualizados, instituciones colapsadas, profesionales migrando a otros rubros. La ley propone aumentos extraordinarios para recuperar lo perdido desde diciembre de 2023 y una fórmula automática de actualización. Incluye, además, un régimen de emergencia para regularizar deudas tributarias y de seguridad social de prestadores. En síntesis, la ley busca reparar parcialmente un escenario de crisis transversal a todo el colectivo. Por ejemplo, en los talleres protegidos —espacios cooperativos de producción en rubros diversos como panificadoras, carpinterías o imprentas, donde muchas personas acceden a empleo— cada operario con discapacidad recibe 28 mil pesos por mes. La actualización de esta asignación estímulo que propone la Ley representa apenas el 0,0008 por ciento del PBI.
Crueldad disfrazada de equilibrio fiscal
En paralelo a las movilizaciones, nació una campaña con epicentro en Córdoba: “Córdoba defiende la Ley de Emergencia en Discapacidad”. Videos con testimonios de personas con discapacidad, familiares y trabajadores circularon por todo el país, articulado con otras provincias en un grito federal. Mercedes, mamá de Augusto, un niño de 12 años con autismo, lo dice con la bronca que todas las familias también sienten: “Las terapias se interrumpen, los profesionales cambian a otros trabajos por cuestiones económicas. En el recorrido educativo de mi hijo cambiamos siete veces de maestra integradora”.
Desde los micrófonos en las plazas, la respuesta al veto insiste: “Más allá de que la Oficina de Presupuesto del Congreso ya estimó que el costo de esta ley es ínfimo, no vamos a hablar de números. No es un tema de costos. La política en discapacidad no es un gasto. Es una obligación del Estado. La cuenta discapacidad no es responsable del déficit fiscal”.
Este paisaje de concentración se repitió en muchas ciudades del país. Pero en la movilización frente al Congreso Nacional la indignidad escaló a nuevos límites: se desplegó un burdo operativo que incluyó a la Policía Federal y la Gendarmería para controlar y amedrentar a personas con discapacidad que se movilizaban de forma pacífica. “Están pegando a gente en silla de ruedas, esto no lo vimos nunca en la historia argentina”, manifiesta una madre en una entrevista para la señal LN+. Antes había sintetizado con un dramatismo conmovedor el sentido de la jornada: “Me da más miedo que mi hijo se quede sin su escuela y sin sus terapias; que me vengan a pegar, no me importa, yo voy a defender los derechos de mi hijo. Todos importamos, no sólo la gente que tiene plata”. El video circuló por todo el país.
El comunicado de las organizaciones expresa los próximos pasos. “Ahora es el momento en que los legisladores tienen la posibilidad de ponerse a la altura con dignidad y sostener la vigencia de la ley lograda en el Congreso Nacional. El movimiento de la discapacidad los está viendo. Desde las plazas, en las redes, en los medios, sosteniéndonos entre todos, como podemos, pero más unidos que nunca”. Hoy, los bloques de la oposición convocaron a una sesión especial en la Cámara de Diputados, pero el veto a la Ley no está dentro del temario porque no tendrían los votos asegurados para voltearlo. Además, con o sin los números necesarios, se especula con que tratar el veto cerca de las elecciones puede significar un costo más alto para el Gobierno.
Estas son algunas de las marcas sociales de la irrupción de este movimiento en el que destacan las voces discas, las formas lisiadas de participación política, como gestos de estas movilizaciones, que transforman un reclamo sectorial en una disputa sobre la concepción misma de la discapacidad, como producción social.
En palabras de la militante disca Gianna Mastrolinardo, “los seres humanos somos seres interdependientes, necesitamos unes de otres, no sólo las personas con discapacidad, todos, todas, todes necesitamos de otres, lo que venimos a hacer desde el colectivo de personas con discapacidad es recordarle a la sociedad, una y otra vez, su humanidad”.
