5A: las manifestaciones por la vivienda alientan una huelga de alquileres y animan a los inquilinos a resistir

5A: las manifestaciones por la vivienda alientan una huelga de alquileres y animan a los inquilinos a resistir

 

Manifestación en Barcelona el 5 de abril por el derecho a la vivienda. Imagen: Victor Serri.

Las masivas manifestaciones en 42 ciudades contra la consideración de la vivienda como un negocio – más de 100.000 personas en Madrid y Barcelona – abren la posibilidad de una huelga de alquileres en el futuro inmediato. Por El Salto.


La indignación por la usura inmobiliaria y la inacción de los gobiernos —en los tres niveles: municipales, autonómicos y estatal— exhibió músculo y poder de convocatoria en la jornada del 5 de abril, con 42 manifestaciones en las que se exigió una rebaja en los alquileres o la aplicación de contratos indefinidos, entre otras medidas como la recuperación de viviendas vacías, turísticas y de temporada; el fin de la compraventa especulativa y la ampliación del parque público de vivienda de alquiler.

“Las movilizaciones de hoy, con miles de personas saliendo a la calle en más de 40 ciudades, no son un hecho aislado: son la expresión de un cambio de ciclo”, han valorado desde el Sindicat de Llogateres, una de las organizaciones catalanas convocantes de las manifestaciones junto a diferentes asambleas por el derecho a la vivienda, a las que se han sumado algunos sindicatos y partidos políticos. “Los precios del alquiler siguen disparados, el riesgo de perder la vivienda una vez finalizado el contrato no para de crecer, y la posibilidad de encontrar un alquiler estable se ha desvanecido ante la proliferación de los alquileres temporales y los colivings”, señalan desde este colectivo catalán.

La manifestación de Barcelona congregó a 100.000 personas, según el Sindicat de Llogateres, que llegaron a la plaza España a las 18h desde distintas columnas procedentes de diversos puntos de la ciudad y del territorio. Una vez allí, celebraron un mitin con las intervenciones de los huelguistas de La Caixa, barraquistas de Vallcarca, del bloque La Moreneta —propiedad de la Sareb en Sant Celoni—, del bloque Dar Zwina —organizado en Premià de Mar— y las portavocías de las organizaciones de la Taula Sindical per l’Habitatge: Sindicat de Llogateres, Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya, Plataforma d’Afectats per la Hipoteca y Sindicat d’Habitatge Socialista.

“Vamos a la huelga de alquileres en defensa de la vivienda pública”, aseguró Àgueda Amestoy, una de las huelguistas, durante su intervención en el acto político de la movilización en Barcelona. Es una de las cien inquilinas de Banyoles, Sitges y Sentmenat que ha iniciado este mes una huelga de alquileres contra La Caixa para evitar la privatización de viviendas protegidas y actuar ante la pasividad del Govern.

Según el Sindicat de Llogateres, “ante unos gobiernos que abordan el problema con medidas tibias que hacen el juego a la patronal, la sociedad ha salido a decir que en torno a la vivienda hay un conflicto de intereses, y que mientras sea un negocio que enriquece a unos pocos, nunca será un derecho para la mayoría”. Este colectivo valora las manifestaciones como “un paso más dentro del proceso histórico en el que la ciudadanía ha tomado las riendas del problema y ha empezado a organizarse”.

Unas horas antes, en Madrid más de 100.000 personas, en su mayoría ataviadas de camisetas naranjas, se reunieron en Atocha para recorrer el Paseo del Prado hasta los aledaños de Plaza de España, donde denunciaron la inacción de los gobiernos central y autonómico a la hora de garantizar el acceso universal a una vivienda digna.

“Basta de irnos con la cabeza baja, basta de desahucios invisibles. Desde los sindicatos llamamos al medio millón de hogares cuyos contratos acaban este 2025 a quedarse en casa y a resistir. Casa Orsola, Tribulete 7 y los bloques en lucha contra Blackstone nos demuestran que cuando nos organizamos somos indesahuciables”, proclamó Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, al inicio de la marcha.

En Andalucía, más de 40.000 personas en cinco de las ocho provincias salieron a las calles en un momento en que el precio del alquiler alcanza sus máximos históricos en la Comunidad Autónoma.

En Málaga, las cerca de 30.000 personas, según los convocantes, han recorrido la ciudad desde la Plaza de la Merced hasta el Parque de Huelin para ir “desde el centro hacia los barrios”. Desde el movimiento Málaga para vivir, afirman que “son las inquilinas, las precarias, los vecinos y las vecinas desde sus barriadas, las que pueden recuperar el vecindario, el centro y la ciudad”.

En Granada se exigió una regulación inmediata de los alquileres, freno al turismo masivo, hacer uso de viviendas vacías, ya que en la ciudad se contabilizan más de 12.000; así como el fin tanto de los desahucios sin alternativa habitacional, como del sinhogarismo o de la criminalización de las personas que luchan por el derecho a la vivienda. Por ello, más de 4.000 personas han atravesado las principales vías granadinas en una marcha que ha partido desde Triunfo en defensa de la vivienda, “de un derecho básico que nos quieren arrebatar”.

En Galicia, los sindicatos de inquilinas de las grandes ciudades y la mayor parte de los colectivos de la sociedad civil lograron convocar unas movilizaciones abundantes en las grandes urbes. Varios miles de personas han recorrido las calles de Vigo para reclamar medidas “reales e inmediatas” que limiten de una vez por todas el mercado de la vivienda: “La emergencia habitacional nos atraviesa cada vez a más personas. Jóvenes, mayores y en muchas diferentes circunstancias vitales”, han gritado los activistas durante la lectura del manifiesto en Porta do Sol.

“La vivienda no es un negocio ni un bien con el que especular: es un derecho”. Así  arrancó el manifiesto que el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Vigo ha leído en el contexto de la mayor movilización de Galicia durante esta jornada de manifestaciones en todo el Estado español.

En A Coruña, la manifestación convocó a unas 5.000 personas durante la mañana de este sábado para hacer el recorrido desde la plaza de Ourense a la plaza de Maria Pita donde está la sede del Ayuntamiento que, este viernes y tras la presión vecinal, solicitó a la Xunta que declare al conjunto de la ciudad como zona residencial tensionada, tal y como recoge la nueva ley de vivienda debido al aumento exponencial en el precio de los alquileres sufrido en los últimos años.

En Donostia, la única capital vasca donde se había convocado manifestación este 5 de abril, varios miles de personas se congregaron hacia las 12.00 de la mañana frente al Boulevard, el límite del primitivo núcleo urbano de la ciudad. Desde ahí han gritado frente al Ayuntamiento y durante el resto de la marcha consignas como ‘Etxebizitzaren negozioari ez’ o ‘Etxegabetxea gelditu’. Para el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria, convocante de la manifestación, que ha contado con el apoyo de otras muchas organizaciones, la solución al problema de la vivienda “no vendrá de la financiación pública del negocio inmobiliario, sino de la lucha organizada por las mejoras efectivas” y la “reducción de los beneficios del sector inmobiliario”.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/vivienda/manifestaciones-derecho-vivienda-huelga-alquiler-inquilinos

 

Marcha de los jubilados: prohíben que Bullrich esté a cargo del operativo de seguridad

Marcha de los jubilados: prohíben que Bullrich esté a cargo del operativo de seguridad

 

El jefe de gobierno Jorge Macri y la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich. Fotografía: Agencia Noticias Argentinas / Prensa Gobierno de la Ciudad.

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, no estará a cargo del operativo policial de este miércoles, en la habitual marcha de los jubilados, sino que será llevado adelante por la Policía de la Ciudad. Lo dispuso el juez porteño Roberto Gallardo, encargado del Juzgado de 1º Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº2 de la Ciudad de Buenos Aires, luego de que varios gremios nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) presentaran amparos «para evitar la participación de fuerzas federales». Por Red Eco Alternativo.


Por este motivo, se le ordenó al Gobierno de la Ciudad y a su jefe porteño, Jorge Macri, que se «abstenga» de validar la intervención de fuerzas de seguridad nacionales, por fuera de los ámbitos establecidos en la Ley de Seguridad Interior, «en detrimento de la autonomía local y del rol de la Policía de la Ciudad».

De esa manera, Gallardo sentenció que la administración de Macri sea la que esté a cargo del operativo de seguridad de este miércoles 9 que, a su vez, confluirá con la movilización del paro general, propuesto por la CGT, dónde los gremios que la componen confirmaron su adherencia a la manifestación de los jubilados.

Por otra parte, se ordenó que se garantice «la libre circulación, la libertad de expresión y la seguridad de los habitantes» en el ámbito porteño, coordinando un operativo de seguridad que deje sin efecto toda medida que altere, restrinja o vulnere el derecho de reunión, el derecho a la protesta y a la libertad de expresión” y que se “delimite en forma previa y concreta los denominados ‘objetivos federales’ cuya custodia estará a cargo de las fuerzas federales, restringiendo su jurisdicción al cuidado de los mismos y no al ejido urbano circundante.

A través del fallo, Gallardo aseguró que «no se trata de un planteo abstracto ni de una mera pretensión de control institucional, sino de una solicitud concreta de tutela judicial urgente frente a un riesgo cierto y razonablemente previsible, vinculado a derechos fundamentales» de las personas que asistan a la marcha.

«El riesgo invocado (lesión a la integridad física, a la libertad de expresión y al derecho de reunión, sopesado en la opresión de la autonomía de la Ciudad) no es meramente conjetural ni hipotético, sino que encuentra sustento en hechos pasados verificables y presumiblemente futuros”, concluyó.

Fuente: https://www.redeco.com.ar/nacional/masdelpais/41544

Publicado originalmente en El Ciudadano

 

🔽Mercados en picada: el impacto de los nuevos aranceles de EE.UU.
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Este miércoles, los mercados internacionales comenzaron a experimentar los impactos de los nuevos aranceles impuestos por el presidente de EE.UU., Donald Trump. Los futuros del Dow Jones cayeron un 2,7%, los del S&P 500 un 3,9% y los del NASDAQ 100 un 4,7%. Las grandes empresas tecnológicas también se vieron afectadas. Apple, que obtiene gran…

Amalia Granata nombró a su esposo como Asesor
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Amalia Granata nombró a su esposo como Asesor

 

El marido de Granata tiene 51 años y es dueño de la reconocida cadena «Almacén de Pizzas».

Aduciendo que «no me da el cuerpo para todo», la diputada provincial Amalia Granata confirmó públicamente que su esposo, Leonardo Squarzon, forma parte de su equipo de asesores en la Cámara de Diputados de Santa Fe. La propia legisladora defendió la decisión en una entrevista televisiva, donde explicó que se trata de una cuestión de confianza personal.

“No me da el cuerpo para ir a todas las reuniones, a todos los lugares y va él, me filtra un montón de situaciones y me cuida”, arrancó Granata en canal 13, en un programa de chimentos, formato al que suele visitar en diversas señales.

La designación de Squarzon generó sorpresa, especialmente porque el empresario mantiene actividades privadas paralelas a su función pública. Sin embargo, la diputada minimizó las críticas y explicó que su esposo trabaja «medio tiempo» como asesor y sigue con sus compromisos laborales personales.

Granata aseguró que su decisión se basó en una falta de confianza hacia otros colaboradores, luego de que dos diputados que integraban su espacio político abandonaran su bloque. «No confío en nadie, me compraron dos diputados y quedé sola. Soy la única oposición en la provincia», sostuvo.

 

Santiago Caputo busca revancha con Ficha Limpia en el Senado pero lo complica el paro de la CGT

Santiago Caputo busca revancha con Ficha Limpia en el Senado pero lo complica el paro de la CGT

 

Santiago Caputo empezó a presionar con la sanción definitiva de Ficha Limpia una vez que fracasó su intentona de voltear la sesión con un decreto de Bartolomé Abdala para salvar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.

Fuentes parlamentarias comentaron a LPO que Ezequiel Atauche propuso meter el expediente, que ya tiene media sanción de Diputados, pero los peronistas le saltaron a la yugular y Alfredo De Angeli y Francisco Paoltroni se plegaron porque advirtieron que los libertarios solo buscaban sembrar desorden y que nunca se abriera el recinto.

Ya en medio de la sesión que terminaría con el rechazo inapelable a los dos jueces de la Corte que Javier Milei nombró por decreto, el salteño Juan Carlos Romero pidió la preferencia para que se tratara el proyecto que proscribiría a Cristina Kirchner, pero perdió. “Los radicales estaban detrás del recinto y no se quisieron sentar”, dijeron desde un despacho aliado.

Por eso, el viernes Abdala y Atauche resolvieron convocar para este miércoles, a las 11, a una sesión con Ficha Limpia en el temario, además de la asistencia para Bahía Blanca por el estrago que causaron las inundaciones recientes.

A sangre fría

El problema es que ese mismo día se inicia el paro de 36 horas convocado por las centrales sindicales y la medida de fuerza que anunciaron la CGT y la CTA amenaza con paralizar el país.

De hecho, uno de los senadores presentes en la reunión de Labor Parlamentaria del jueves pasado contó a LPO que, cuando Atauche propuso posponer la sesión por los pliegos para el miércoles 9 de abril, uno de sus pares se manifestó en contra. “No, el miércoles hay paro y no sabemos si podemos volver a nuestras provincias”, lanzó con temor a quedar varado en Buenos Aires.

Pablo Blanco, el primero en dar quórum contra los jueces.

En la bancada peronista, que cuenta con 34 senadores, no ven factible que el oficialismo pueda sancionar el proyecto, algo en lo que también coinciden los radicales: “estamos justos con los votos”, reconocen.

Entre el oficialismo y los aliados, se juntan 38 legisladores en la Cámara Alta. Pero ese pelotón está integrado por bloques en los que la Casa Rosada no termina de confiar, como el de los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano o los misioneros Carlos Omar Arce y Sonia Rojas Decut.

Los de la provincia mesopotámica, sin embargo, suelen votar en el mismo sentido que sus pares de la Cámara Baja, que integran la bancada de Innovación Federal. Cuando se trató Ficha Limpia, los cuatro diputados misioneros se pronunciaron a favor.

No podemos sesionar, el miércoles hay paro y no sabemos si podemos volver a nuestras provincias.

Hasta ahora, Ficha Limpia había funcionado como una prenda de negociación entre los libertarios y el peronismo. En noviembre del año pasado, Martín Menem hizo caer el quórum bajando 10 diputados de La Libertad Avanza cuando debía tratarse el expediente pero el macrismo denunció “el pacto” y el propio Milei se comprometió a impulsarlo.

En febrero de este año, Diputados lo aprobó y pasó al Senado, donde se refrendó con dictamen para ser tratado ya en sesiones ordinarias. Después que el Presidente designó a los jueces en comisión en el máximo tribunal, José Mayans pidió una sesión para voltear los pliegos y Atauche antepuso otro pedido para tratar Ficha Limpia, con el propósito de trabar la impugnación de los magistrados.

El oficialismo se concentró en la presión a los senadores para que no den quórum contra los jueces y no utilizó el proyecto de Ficha Limpia hasta que todo estuvo perdido. Los aliados agitan el tema ahora para ofrecerle una revancha a la Casa Rosada y ordenar a todas las bancadas contra el peronismo para retomar el control del Senado. 

 

Alerta máxima en las ciudades portuarias por el cierre de las plantas de Vicentín

Alerta máxima en las ciudades portuarias por el cierre de las plantas de Vicentín

 

El cierre de las plantas operativas de la agroexportadora Vicentín “ante la imposibilidad de obtener contratos de fazón en tiempo oportuno”, como señaló el directorio, puso en alerta máxima a las localidades donde el holding instaló sus factorías y puertos.

El tema escaló al punto que en la ciudad de Avellaneda, norte de Santa Fe, donde la agroexportadora comenzó como un almacén de ramos generales, se suspendieron los festejos por la Fiesta Nacional del Algodón.

“La decisión se tomó ante la difícil situación que atraviesa nuestra comunidad, como consecuencia del cese de actividades de la planta de Vicentin. Esta medida tiene como objeto acompañar y solidarizarse con las familias afectadas, considerando la incertidumbre laboral y las implicancias sociales que esto conlleva”, explicaron desde la Municipalidad y la comisión organizadora. 

“Quienes conoce la vida de las localidades medianas y pequeñas de la zona agrícola sabe la importancia que tienen las fiestas regionales”, comentó una fuente de Avellaneda a LPO para dar dimensión del problema que amenaza con paralizar a la ciudad. “Tiene terror a la movilización de los trabajadores”, agregó la misma fuente.

Que el juez del concurso garantice que los administradores consigan los fasones necesarios para seguir funcionado y pagando sueldos hasta el final del concurso y la normalización definitiva de la situación 

Por otro lado, el intendente de la ciudad de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, en la otra punta de la provincia de Santa Fe, en el complejo portuario del Gran Rosario, le reclamó al juez del concurso “que garantice que los administradores consigan los fasones necesarios para seguir funcionado y pagando sueldos hasta el final del concurso y la normalización definitiva de la situación”. 

El alcalde sanlorencino afirmó que “semilla hay” porque miles de camiones están entrando a la región por estos dias. En consecuencia, considera que Vicentín está en condiciones de trabajar y cumplir con el pago de sueldos y otras obligaciones. 

 Es que según explicó la mesa directiva de la empresa, “para cumplir regularmente con los compromisos de la sociedad, y en espera de poder revertir la situación una vez que la incertidumbre del proceso judicial sea resuelta, se ha decidido ayer proceder al cierre seguro de todas las plantas en operación (Ricardone y Avellaneda), en la convicción de que para la conservación de la empresa. en este momento se impone la protección de los activos, lo que permitirá un rápido arranque cuando esto sea factible”. 

“Entre tanto, continuamos en diálogo permanente con todas las partes interesadas, en procura de lograr las condiciones para reanudar la actividad. Lamentamos que habiendo encontrado la salida clara, concreta y tangible hace mas de tres años, respaldada por mayorías contundentes de acreedores -solución que todavía está vigente- hayamos alcanzado esta situación extrema que trae zozobra a Vicentin y a la comunidad”, informaron.