Autor: Invitad@ Especial

 

La Ciudad avanza con el traspaso de la justicia laboral y esperan que en febrero de 2027 ya estén en funcionamiento 10 juzgados y dos salas de cámara. Las causas colectivas seguirán en el fuero nacional. Los jueces y fiscales compartirán equipos para las tareas administrativas. Aún no está cerrado el monto que transferirá Nación.

La magistratura porteña envió a la Legislatura el listado de los primeros diez jueces y los primeros seis camaristas que tendrá el fuero laboral porteño, además de fiscales, fiscales de cámara y asesores tutelares. Allí irán a parar los nuevos casos expedientes vinculados al mundo del trabajo. Los viejos continuarán tramitándose con sus jueces naturales en el fuero nacional.

A diferencia de lo que ocurre en Nación, el Consejo no elabora ternas, sino listados que corresponden al orden de mérito. En los que elevó el jueves no hay casi diferencia con el puntaje del examen escrito y los antecedentes.

Entre los postulantes para jueces y camaristas del fuero laboral que debe votar la Legislatura hay abogados de empresas, de sindicatos, jueces y ex funcionarios como Horacio Pitrau. Durante 27 días fue subsecretario de Trabajo de Milei y viceministro de Jorge Triaca. Aparece en el listado de los camaristas.

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Sebastián Luis Caset y Agustina Bergonzelli son candidatos a jueces de primera instancia y vienen del mundo del derecho empresario. Silvia Inés Gutiérrez Garay, postulada para camarista, fue abogada del Suterh. Patricia Paola Ceriani, también candidata a camarista, es Coordinadora Técnico Legal y Jurídica de la Dirección General de Administración de Infracciones de la Ciudad.

En la Ciudad apuntan a tener al menos 40 juzgados y 5 salas con tres camaristas. 

Diego Javier Tula es juez laboral en la Provincia mientras que Martín Furchi pertenece al fuero contencioso administrativo de la Ciudad. Ambos están en la lista de camaristas.

El traspaso era resistido por los jueces nacionales y un amparo frenó por varios meses el concurso organizado por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Por eso la decisión fue que los juzgados nacionales continúen funcionando hasta que no tengan más tareas.

Las causas colectivas, aquellas que involucran a sindicatos, seguirán tramitándose en los juzgados nacionales.

En la Ciudad apuntan a tener al menos 40 juzgados y 5 salas con tres camaristas. En Nación buscan bajar ese número. «Todavía estamos discutiendo cuestiones del traspaso de la policía, esto viene para largo», bromeó un funcionario porteño.

El fuero podrá comenzar a funcionar 180 después de que la Legislatura y el Congreso aprueben el traspaso.

Para los nuevos juzgados, la Ciudad aplicará el modelo de gestión asociado. Implica la conformación de equipos administrativos especializados que trabajarán para varios juzgados en simultáneo. La intención es tener un servicio de justicia más rápido y eficiente.

«Vas a tener algunos que solo hagan notificaciones, otros que manejen las audiencias. Va a ser gente especializada que trabaja en una sola tarea», le dijo a LPO un funcionario judicial. El modelo ya se aplica en el fuero de relaciones de consumo y en ejecución penal.

Fue una innovación basada en los casos de Neuquén y Tucumán y también de España y Chile que tuvo su debut en las fiscalías de la Ciudad.

«Se bajan los costos, también se reduce el poder de los jueces. Y al final el servicio de Justicia es más rápido y efectivo», explicaron desde el gobierno porteño.

 

 

A la áspera interna del peronismo en Morón entre Lucas Ghi y Martín Sabbatella se suma un tercero en discordia. Se trata del Ministro de Transporte bonaerense, el massista Martín Marinucci, que confirmó sus intenciones de ir por la intendencia.

«La decisión es que sí, voy a voy a ser candidato a intendente de Morón en 2027. Yo vengo planteando hace mucho tiempo mi vocación de gobernar Morón en función de que tengo mucho para aportar», dijo Marinucci al programa Primer Plano.

Aunque ya flotaba esa posibilidad, es la primera vez que el ministro de Transporte confirma su objetivo de competir por el municipio, algo para lo que ya se lanzó Martín Sabbatella, en plena guerra interna con el intendente Ghi que, de no tocarse la ley que pone tope a las reelecciones, no se podrá presentar.

«Vengo planteando hace mucho tiempo mi vocación de gobernar Morón en función de que tengo mucho para aportar», agregó Marinucci, que no ve margen para modificar la ley que limita las reelecciones de intendentes, a la vez que llamó a construir una «alternativa» con «otros actores».

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Como contó LPO, la disputa interna entre el sabbatellismo y Ghi escaló al punto de ruptura de bloque en el concejo donde, más tarde, los propios concejales de Nuevo Encuentro votasen una interpelación al intendente.

El massismo viene haciendo equilibrio en esa interna en la que busca no ser absorbido por uno de los polos. La ratificación de la candidatura de Marinucci, va en esa línea.

 

 

La expansión del negocio de la pesca de calamar que apuró el gobierno de Javier Milei finalmente se concretó este jueves cuando, por mayoría, el Consejo Federal Pesquero (CFP) entregó los 18 permisos que ampliarán la dotación de buques para la explotación -por entre 15 y 24 años- de esta especie que hoy es la más rentable.

Dentro del CFP (presidido por Nación e integrado por las provincias del litoral marítimo), el único rechazo fue de la provincia de Buenos Aires, que denunció «la falta de tiempo mínimo razonable de análisis que se requiere para el tenor de la medida».

Según se expone en el acta de sesión del CFP al que tuvo acceso LPO, en el gobierno de Axel Kicillof acusaron que los proyectos de las 27 empresas interesadas por los 18 permisos en juego se presentaron este miércoles, «siendo aprobados al día siguiente», a pesar de contar cada uno de ellos «con centenares de fojas».

En ese proceso exprés, la gestión bonaerense sostuvo que «queda evidenciada la discriminación arbitraria a la provincia de Buenos Aires, referente de la pesca de calamar argentino» ya que, de los 18 proyectos aprobados, 17 desembarcarán en puertos patagónicos y solo uno en Mar del Plata.

En las condiciones que estableció Nación para la selección de propuestas, aquellos interesados que proponían descargar el calamar en Mar del Plata tenían entre 10 y 15 puntos menos que aquellos que proyectan sus descargas en la patagonia.

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«Este Consejo ha logrado que la enorme mayoría de los proyectos aprobados no establezcan al puerto de Mar del Plata como puerto de descarga, incluso aún cuando se trata, en algún caso, de empresas radicadas en territorio bonaerense», acusaron los representantes de Buenos Aires en el CFP.

Otro dato cuestionado por la administración Kicillof es que ninguno de los proyectos elegidos contempla la construcción de barcos en Argentina. Todas las propuestas que incluyen buques poteros nuevos, plantean su construcción en el extranjero.

Precisamente, las cámaras del sector le habían pedido al CFP un plazo mayor de entrega de propuestas para hablitar el desarrollo de los proyectos de construcción por parte de los astilleros nacionales, solicitud que fue desoída.

 De las 18 seleccionadas, la que mayor puntaje obtuvo fue Glaciar Pesquera, que hace dos meses adquirió Newsan, el grupo de Rubén Cherñajovsky. Obtuvo un permiso de pesca que se extenderá hasta 2050. Para eso, tiene previsto un buque nuevo a construir en el extranjero.

De las 27 propuestas, seis fueron rechazadas por incumplir requisitos (Altamare, Balfish, Congelados Ártico, Globocean, Fenix y S.W.A).

De las 18 seleccionadas, la que mayor puntaje obtuvo fue Glaciar Pesquera, empresa con más de 30 años de trayectoria que en junio último adquirió Newsan, el grupo de Rubén Cherñajovsky, empresario que, en sociedad con los hermanos Neuss, se quedó a principios de año con el control de dos represas.

El ministro de Asuntos Agrarios y Pesca, Javier Rodríguez.

Glaciar, que fijó más del 50% de sus desembarcos en Puerto Deseado, Santa Cruz, obtuvo un permiso de pesca que se extenderá hasta 2050. Para eso, tiene previsto un buque nuevo a construir en el extranjero. También obtuvo un permiso por 24 años Semaloma, firma del Grupo San Isidro.

Luego, consiguieron un permiso por 21 años la Compañía Pesquera del Sur y Pesquera Deseado. Por 18 años, fueron seleccionados Bentónicos de Argentina S.A., Proel, IBCO, ADH MOR Company, Vuogafe, Rusbuilding e Hispano Patagónica junto con la marplatense Moscuzza, la única oferta bonaerense que quedó en pie.

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Por 15 años, obtuvieron permisos Subastas del Mar, Pesquera Latina, Hauser Factory, Calamaris Marisur, Illex Fishing y Rich Marine Fishery, mientras que Red Chamber Argentina tendrá por 9 años.

Con la entrega de los permisos, el Gobierno logra cerrar en tiempo récord un trámite que abrió a mediados de mayo, cuando informó en el CFP que estaba elaborando una propuesta para expandir la explotación del calamar. Dos semanas más tarde ya tenía listo el texto de 21 artículos y seis anexos.

La celeridad fue tal que la resolución fue aprobada en votación directa en la misma sesión del CFP en la que se presentó. Eso, a pesar de no encontrarse en el orden del día previamente establecido.

Todo eso desató desde el arranque sospechas de corrupción, bajo el fantasma de lo sucedido hace dos años, cuando este medio dio cuenta de las versiones de coimas que sobrevolaron la cuotificación de la merluza hubbsi.

«El exiguo plazo contenido en esta normativa viola el principio de concurrencia y hace pensar que la misma podría estar dirigida», señalaron en junio pasado desde el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) en una nota dirigida al subsecretario de Pesca nacional y titular de CFP, Juan Antonio López Cazorla.

En medio de eso, la gestión Kicillof presentó un recurso de reconsideración que fue rechazado en el CFP, razón por la que fuentes de la administración bonaerense señalaron a LPO que analizan avanzar con acciones judiciales. 

 

 

La detención de Alejandro Falcón, hasta hace unos días el jefe de Drogas Peligrosas de la Policía Federal en Córdoba desató un escándalo en la fuerza. Aunque también tiene un impacto de relevancia en la política; particularmente en la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Falcón era el titular de la compleja división de la Federal en Córdoba y terminó detenido en un pabellón de la cárcel de Bouwer acusado de distintos delitos. Los más curiosos, el robo de dinero a un automovilista que estaba siendo requisado cuando Falcón llegó al lugar; pero uno aún más llamativo: el robo de dos cachorros de perro pitbull que sustrajeron en un allanamiento que le habían realizado a un joven cultivador de marihuana.

A los días de haber sido liberado, el joven reclamó la ausencia de sus animales radicando una denuncia en la Justicia federal lo que disparó la investigación del fiscal federal Maximiliano Hairabedián. 

Intriga en el gobierno por el asesinato de un policía que mandó Monteoliva para reforzar la seguridad de Rosario

Lo que motorizó el resto de la pesquisa que derivó en la detención de Falcón, quien hasta hace unos días dividía su tiempo entre uno de los despachos más pesados de la Federal en Córdoba y las visitas a su novia en la provincia de Santa Fe. De hecho, en Santa Fe también ocurrió un oscuro episodio con un jefe de la Federal enviado por Monteoliva.

Monteoliva se está mandando sola con esto de su candidatura a diputada nacional. No consultó a Patricia y eso no cae bien.

Monteoliva, que no tuvo un buen invierno por frases como, por ejemplo, la señalada acerca de la bandera de Malvinas en la previa de la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra fue notificada de la situación a horas de hacer un desembarco en la capital cordobesa. 

El presidente de La Bolsa de Córdoba, Manuel Tagle.

Invitada por la Bolsa de Comercio que lidera el empresario neolibertario Manuel Tagle y que sirve habitualmente como plataforma para dirigentes del armado de Javier Milei, la integrante del Gabinete nacional estará en su provincia en el almuerzo de la entidad el próximo lunes.

Pero, esta situación deriva un hecho que caldea la previa del arribo de la sucesora de Patricia Bullrich.

Y aquí, especialmente, radica otra particularidad del episodio. En Córdoba hablan de una eventual candidatura a diputada nacional de Monteoliva, estrategia para la cual no habría consultado a la senadora y situación que habría generado el enojo de la jefa de bloque del oficialismo en la Cámara alta.

«Monteoliva se está mandando ella. No consultó a Patricia y eso es lo que no cae bien. Encima, ahora con esto, no es una buena señal en la previa del almuerzo en la Bolsa», señaló a LPO una persona que conoce detalles de la relación entre las dos mujeres que traspasaron el mando en Seguridad. 

 Es el segundo hecho en un par de meses en el que Monteoliva queda en el ojo de la poléimca por el accionar de la Federal en el interior. En junio el gobierno entró en alertatras el asesinato de un policía que mandó para reforzar la seguridad de Rosario, tal como adelantó LPO.

 

 

Máximo Kirchner deja correr una candidatura a gobernador en medio de las tensiones internas dentro del peronismo. En el kirchnerismo alimentan la posibilidad de pelear por la provincia aunque hay intendentes que ven en la jugada una estrategia para negociar listas.

Fuentes del kirchnerismo reconocen que el líder de La Cámpora tiene ganas de avanzar en una candidatura pese a que la mayoría de los sondeos lo ubican en una situación incómoda para lanzarse en una campaña.

Por caso, dos intendentes peronistas -uno muy cercano a Máximo- confiaron a LPO que su imagen negativa hace inviable una candidatura. No creen que sea un proyecto real y agregan que no están dispuesto a acompañarlo.

Máximo estuvo días atrás en La Rioja en una jugada que generó un importante revuelo dentro del kirchnerismo, electorado que también corresponde a Kicillof. Las fotos y videos del diputado que difundió La Cámpora sugerían una jugada electoral, más que una visita de cortesía.

Las fotos de Máximo con Ricardo Quintela generaron ruido en el entorno de Axel que salieron a romper con el riojano tomando distancia de sus declaraciones respecto de la posibilidad de expropiar tierras en caso de que el gobierno libertario apruebe el proyecto que se discute en el Senado.

Dos intendentes peronistas, uno muy cercano a Máximo, aseguran que su imagen negativa hace inviable una candidatura. No creen que sea un proyecto real y agregan que no están dispuesto a acompañarlo.

Máximo tuvo en las últimas semanas varias apariciones públicas. Incluso buscó bajar el tono de la pelea con el gobernador. «Estoy convencido que no estamos en veredas opuestas», dijo el líder de La Cámpora en una entrevista y recordó que Kicillof fue ministro de Economía de Cristina y juntos dieron la pelea contra los fondos buitres.

«Todas las veces que me convocaron a charlar fui, pero no puedo entrar a lugares sin que me inviten», agregó trasladándole al Kicillof una propuesta para conversar sobre las diferencias en el peronismo.

Kicillof designó al Cuervo Larroque como armador nacional y a Bianco en provincia

En el entorno de Máximo son conscientes de los altos niveles de imagen negativa que arrojan las encuestas, pero creen que se puede trabajar en un año. Saben que pesa sobre él una imagen estigmatizada a pesar de que lleva una vida lejos de las excentricidades. Tampoco pesan sobre él causas de corrupción y entienden que es un líder político que puede defenderse y proponer un rumbo para la provincia y el país.

La posibilidad de una candidatura busca contraponer a los candidatos «duros» de Kicillof que resultan más refractarios a Cristina como Carlos Bianco, Andrés Larroque y Jorge Ferraresi. Ellos -junto a Gabriel Katopodis y Julio Alak- son los nombres que el gobernador mueve en la provincia. LPO adelantó que esta semana Kicillof les pidió a los cinco que salgan a correr la provincia sin entrar en roces internos.

Axel Kicillof.

En paralelo, en el peronismo consideran que la candidatura de Máximo es al final del camino una señal de debilidad de Cristina.

La sucesión en Buenos Aires será probablemente la pulseada más fuerte del peronismo el año próximo. Con Kicillof como el candidato presidencial más instalado, el resto de los sectores del peronismo bonaerense busca ganar músculo para pelear por el poder de la provincia más importante en términos electorales.

Máximo abre la puerta a un acuerdo con Kicillof: «No estamos en veredas opuestas»

La consolidación de la Liga de Intendentes también impactó en las últimas horas. El grupo sumó al intendente de Baradero, movilizó a Plaza de Mayo y mantuvo un encuentro con tres senadores del peronismo.

También el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, empezó a caminar la provincia con vistas a pelear por la candidatura. Lejos del axelismo, Nardini no de La Cámpora, ni de la Liga de Intendentes.

En tanto, mientras el peronismo busca movilizar alrededor de algunos puntos de consenso, Kicillof se abraza a su grupo de confianza. Esta semana definió en una reunión del Movimiento Derecho al Futuro que Larroque será su armador nacional y Bianco su armador en el territorio bonaerense. 

 

 

 Un anciano que no comía hacía cuatro días no le quedó otra que incendiar un colchón para llamar la atención. El hombre estaba encerrado con candado en una habitación húmeda y oscura y cuando los bomberos entraron a la vivienda de José Gollán al 10.100, en la ciudad de Santa Fe, se encontraron con el infierno. Siete adultos mayores y personas con discapacidad hacinados, con hambre, sarna y sin atención médica.

Las imágenes de las víctimas muestran condiciones estremecedoras. Los residentes convivían entre la mugre, sin alimentos suficientes y con enfermedades que no recibían tratamiento. Uno de ellos aseguró que le habían prometido cuidados y comida; otro denunció que llevaba dos años sin documentos, dinero ni posibilidad de salir. «Me tienen secuestrado», dijo.

El descubrimiento de este geriátrico clandestino puso en jaque al intendente Juan Pablo Poletti y expuso la ausencia de controles sobre los establecimientos que alojan adultos mayores en la capital provincial.

Residentes del geriátrico clandestino rescatados tras el escándalo

El intendente fue director del Hospital Cullen, uno de los más importantes de la provincia y su gestión en la pandemia le permitió construir su imagen para la carrera política alrededor de su experiencia en la gestión sanitaria. El escándalo de la red de geriátricos clandestinos impacta de lleno en la administración municipal.

Consultados por LPO, los funcionarios del área de adultos mayores eludieron las explicaciones. Florencia Gentile, responsable del Observatorio de Geriátricos, se limitó a remitirse a las actuaciones judiciales.

El secretario de Políticas Sociales, Hugo Marchetti, y de la directora de Adultos Mayores, Susana López pertenecen a la Unión Cívica Radical y responden al sector del ex intendente Mario Barletta, uno de los principales aliados de Poletti. En el municipio se limitaron a señalar que el caso se encuentra bajo investigación judicial y no dieron respuestas sobre las acciones políticas.

Si bien Poletti integra la coalición Unidos, en el gobierno provincial no ocultan el fastidio con el intendente. Fuentes de la Casa Gris dijeron a LPO que están cansados de tener que intervenir para cubrir las fallas de la gestión municipal y cuestionaron la falta de capacidad de respuesta en áreas sensibles: «La falta de gestión termina provocando problemas humanitarios como este», resumió una fuente provincial del área social.

La Justicia investiga una trama que podría exceder al establecimiento descubierto. La presunta administradora ya había sido denunciada en 2025 por situaciones similares en otros lugares y permanece prófuga. La PDI detuvo a un hombre que cumplía funciones en la vivienda, mientras el fiscal Manuel Cecchini reunió pruebas para avanzar con las imputaciones.

 La falta de gestión termina provocando problemas humanitarios como este 

El mecanismo de financiamiento de estos geriátricos es tan estremecedor como las condiciones que ofrecían a los ancianos. El administrador se quedaba con las tarjetas de débito con la que los residentes cobraban sus jubilaciones o pensiones. Las familias entregaban a los adultos mayores junto con esos ingresos y, en muchos casos, se desentendían de su cuidado. El sistema quedó expuesto porque uno de los alojados pagaba alrededor de 300 mil pesos mensuales y denunció que le habían retenido la tarjeta de débito.

Fuentes que conocen el funcionamiento de estos establecimientos explicaron a LPO que el derrumbe del poder adquisitivo de las jubilaciones profundizó el deterioro. Con ingresos cada vez más bajos, la trama redujo todavía más los gastos en comida, higiene y atención médica para sostener la rentabilidad de un negocio que ya funcionaba en condiciones precarias.

Residentes tras la clausura del geriátrico

La investigación también busca determinar cómo llegaban las víctimas a esos lugares y si algunas habían sido derivadas informalmente después de pasar por hospitales públicos o por áreas de asistencia social. El Ministerio Público de la Acusación abrió además una investigación interna para establecer por qué no avanzaron las denuncias realizadas durante 2025.

El escándalo dejó al descubierto un circuito de abandono familiar, explotación económica y ausencia estatal, además de abrir una crisis política en el gobierno de Poletti.