Javier Milei salió a festejar la difusión de un informe sobre las estrategias de distintos países para bajar la inflación que hicieron en Neura. Sin embargo, el autor de ese paper lo cruzó y le pidió que lea directamente el texto.
Las periodistas Julieta Tarrés y Malena de los Ríos desarrollaron el contenido de un paper de la Universidad de La Plata que explica la estrategia de 108 países para bajar la inflación.
Tarrés cerraba el bloque diciendo que Argentina debe seguir el camino de Chile y Colombia y que esos dos países lograron financiarse en el mercado de capitales y dejó de tener que emitir deuda o de financiarse en el mercado local con el Banco Central. «Ésto lo hizo en Argentina recientemente» dijo y reflexionó: «no digo que falten 11 años (como en los casos de Chile y Colombia), pero sí que en dos años se logró mucho más que lo que lo la mayoría de los países de la región lograron en una década».
Milei reposteó el video de Neura y lo calificó como una «tremenda clase empírica» y dijo que «se nota la diferencia entre los que trabajan seriamente, buscando datos y material riguroso y los brutos que opinan sin fundamento alguno».
«Una bestia decía que si la inflación sube por caída en la demanda de dinero es negar la naturaleza monetaria de la inflación y que es prueba de multicausalidad», dijo.
Pero quien salió a cruzar a Milei fue Fernando Morra, economista y autor del informe en el que se basaron las conductoras de Neura. «Estimado Presidente. Como autor del paper, la evidencia muestra algo más complejo que ‘sólo monetario’: desinflaciones exitosas combinaron tipo de cambio inicial, dinámica externa, políticas de ingresos con aumentos de salarios y crecimiento. Quizás valga la pena leerlo», le respondió.
El paper llevá como título «Inflación crónica: patrones macroeconómicos y procesos de desinflación» y fue la tesis doctoral de Morra, quien luego fuera viceministro de Economía de Javier Guzmán.
El texto analiza 108 países de los cuales 76 tenían inflación moderada entre 1960 y 2011. De esos, el 54% logró bajar la inflación de forma gradual, el 31% sufrieron reversiones breves y un 15% derribó el índice de precios al consumidor en corto plazo. Además, marca que los casos a tener en cuenta para la Argentina son Chile y Colombia.
Durante el texto se analiza la distribución, magnitud y duración de los estados de inflación crónica desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad.
Además, se analiza con mayor precisión los procesos inflacionarios de 11 países de América Latina. Allí se destacan algunos patrones que suelen considerarse conceptualmente relevantes para estas situaciones como la naturaleza del proceso inflacionario, la asociación de las fluctuaciones cambiarias con los precios internos y las interacciones entre la política monetaria y la política fiscal. A través de estos patrones, se analizan los procesos de desinflación a lo largo de la historia de estos países con el fin de establecer elementos comunes en las transiciones.
Más adelante se realiza un estudio de caso sobre cinco procesos de desinflación donde se observan estrategias graduales, con el fin de observar posibles elementos comunes entre las mismas.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, hizo saber este viernes que el nuevo modelo penal de enjuiciamiento se posterga hasta febrero de 2027. Es el tercer atraso en la implementación de un modelo que ayudaría a reducir la politización de los juzgados federales y que fue la bandera del ex ministro Mariano Cúneo Libarona, que dejó el gobierno sin lograr su instrumentación.
Ahora, Mahiques adujo razones ligadas a los recursos para justificar esta nueva postergación, cuando hace unos días había indicado que no era ese motivo para suspender su inicio. El modelo ya se aplica en doce provincias pero se posterga en el fuero más sensible, porque juzga los casos de corrupción de los funcionarios del gobierno nacional.
Definido por la Constitución de 1994, el acusatorio lleva un retraso de 31 años en su aplicación. Su implementación provoca un cambio total de funciones y de influencias. Los todopoderosos jueces federales pierden su poder de investigar que pasa a los fiscales. Los tiempos eternos de las causas se terminan. Los trámites dejan de ser secretos y cada acto se transparenta en una audiencia pública.
Comodoro Py no tiene ninguna urgencia por cambiar esa realidad. Hoy los jueces de Retiro reciben una denuncia, la pisan años y la usan como herramienta de negociación política. «La saco y en un minuto tengo sentado a un diputado, a un ministro o al jefe de gabinete. La meto en un cajón y consigo que me deban algo», le dice un juez santafesino a LPO.
Otro tema central que también complica su instrumentación es la interna que existe para elegir el fiscal coordinador del nuevo sistema. Una suerte de mini procurador que tendrá peso en la definición de quien tomará cada causa.
Un tema central que también complica la instrumentación del sistema acusatorio es la interna que existe para elegir el fiscal coordinador del nuevo sistema. Una suerte de mini procurador que definirá quien tomará cada causa.
En el acusatorio son los fiscales los que, al controlar las investigaciones, toman el poder de los jueces. Lo que vienen rosqueando entre el Ministerio de Justicia y la Procuración General de la Corte es quién se queda con el rol de fiscal coordinador que define la línea de persecución y la asignación de cargas de trabajo. La interna se disputa entre tres exponentes del Ministerio Público Federal porteño.
Uno es Diego Luciani, fiscal de la causa Vialidad, que terminó en condena contra Cristina Kirchner. El otro es Carlos Stornelli, el fiscal de instrucción de la causa Cuadernos con una historia polémica, como estar en rebeldía en la causa por espionaje ilegal donde fue condenado Marcelo D’Alessio. El tercero es Ramiro González, el que celebró su cumpleaños con una fiesta de lujo en la que cantó Cristian Castro, y en la que estuvieron jueces federales, el operador macrista Daniel Angelici y hasta el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti.
Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña.
«La pelea sigue siendo la misma, quién dirige la Procuración y el fiscal responsable. Hasta que ellos no tengan el nombre de quien va a alinear la tropa en Comodoro Py no van a hacer nada», dice un analista y funcionario que tiene su despacho en Retiro.
Coincide con esto Javier Alfie, director Ejecutivo del Instituto en Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). «No hay nada más allá que una lucha de tribus al interior de la Procuración para definir cómo se tramitan causas que involucran corrupción. En esta pelea intervienen mafias judiciales que controlan Comodoro Py por quien se queda con la manija. Esta indefinición rutinaria que traba el acusatorio lo que hace es buscar que se prolongue un modelo garante de impunidad sistémica», le dijo a este medio.
En el Inecip indican que van 13 años desde que se aprobó el Código Procesal Penal. Son tres años desde que el gobierno reactivó su implementación en todo el país, que anunció que lo haría en dos años. Y dos años desde que por primera vez se anunció una fecha de entrada en vigencia para Comodoro Py.
Esta indefinición rutinaria que traba el acusatorio lo que hace es buscar que se prolongue un modelo garante de impunidad sistémica.
Es esto, y no la mentada cuestión de recursos no asignados para el cambio, la que llevó a Mahiques a postergar el arranque de un sistema que, sin que se definieran nombramientos especiales, funciona en la mitad de la Argentina. Cuneo Libarona lo hizo dos veces. Debía empezar el 11 de agosto de 2025, lo cambió al 10 de noviembre del mismo año y al llegar esa fecha lo volvió a diferir para el 27 de abril de este año.
El calendario vuelve a estirarse. La Procuración General de la Corte a cargo de Eduardo Casal, que lleva un interinato de ocho años, indica que para cambiar el modelo judicial primero hay que garantizar recursos humanos, tecnológicos y edilicios.
Los problemas y justificativos que se dan para solicitar y obtener la venia del poder político para no empezar nunca con el acusatorio en Comodoro Py son materia pendiente de resolución en las 12 provincias que arrancaron con este sistema. Es un pretexto.
«Es un pretexto absoluto ese planteo», dice un funcionario desde adentro de la Justicia Federal de Rosario. «Los problemas y justificativos que se dan para solicitar y obtener la venia del poder político para no empezar nunca con el acusatorio en Comodoro Py son materia pendiente de resolución en las 12 provincias que arrancaron con este sistema». Que rige en Mendoza, Rosario, Mar del Plata, Salta, Corrientes y Bahía Blanca entre otras jurisdicciones.
En ningún lugar tienen resuelto los temas de nombramientos. En Rosario los jueces de garantías que afrontan las audiencias iniciales donde se imputa a un detenido son magistrados de Tribunales Orales que cubren esa función. En Corrientes para los juicios orales actúan un juez de General Roca y otro de Formosa.
Los jueces Ercollini y Martínez di Giorgi.
Los que en la Procuración definen con Casal para ver quién es el ungido como fiscal coordinador son Juan Manuel Olima y Juan Manuel Casanova. Pero nada saldrá sin la anuencia de la Casa Rosada o, por lo menos, una negociación.
En ese rumbo la que está tratando de tender puentes con Comodoro Py es Karina Milei, quien tiene preocupación e interés en que les frenen las causas en contra en camino. Con una gestión que ya atraviesa los últimos dos años la sensibilidad y el poder de presión de los jueces federales se activa. Mahiques y Santiago Viola, como delegados de Karina, van a querer incidir en los nombramientos de fiscal coordinador y fiscal revisor con el fin de suavizar los compromisos judiciales en la Casa Rosada.
La puja por poner el procurador de la Corte que conduce a los fiscales federales también es parte de esta martingala. Los que buscan sentarse en la silla de Casal son los jueces Ariel Lijo y Mariano Borinsky, que también suena como posible candidato a la Corte Suprema.
Hay fiscales que se bancan sin una palabra que un juez federal tenga un pedido de indagatoria sin citar a los implicados durante siete años. Hay una morosidad tremenda del trabajo judicial en Comodoro Py, que tiene récord nacional en demoras y en cantidad de funcionarios.
Lo que hace doblarse de ironía a funcionarios judiciales que siguen esta rosca eterna es la preocupación que, tanto en la Procuración como en el ámbito de los jueces federales, alegan por los posibles inconvenientes de la entrada del acusatorio.
«Lo dicen muy serios fiscales que se bancan sin una palabra que un juez federal, por ejemplo, tenga un pedido de indagatoria sin citar durante siete años a los implicados. Hay una morosidad tremenda del trabajo judicial en Comodoro Py, que tiene récord nacional en demoras y en cantidad de funcionarios», dice el juez rosarino que habla con LPO.
Esa capacidad política de jugar con los tiempos en el sistema acusatorio se termina. Los fiscales federales investigan desde el inicio, deben llevar de inmediato a audiencia de imputados a breve lapso, que no deciden ellos sino una oficina de gestión judicial. Los jueces solo valoran las pruebas en una sala frente a público que entra sin restricciones.
Los jueces Borinsky y Hornos.
El Inecip consignó en un documento del año pasado que los fiscales federales de la CABA tienen la carga de trabajo más baja de todo el país. «Solo el 1 % de las condenas de Comodoro Py corresponden a delitos de alto impacto. El sistema acusatorio es imprescindible para optimizar el uso de los recursos y mejorar la actual tasa de 1 % de eficacia político-criminal».
Aunque después Comodoro Py le dobló el brazo, el año pasado a esos números Cuneo Libarona se los refregó a los fiscales que pedían prórroga porque no podrían enfrentar delitos complejos sin recursos. Le mandó una carta a Casal diciendo que solo el 3% de las causas que manejan son por delitos relevantes. Por ejemplo, en Comodoro Py las causas por narcocriminalidad representaron en 2024 el 0,84% del total, las de corrupción el 0,51% y las de criminalidad económica el 0,08%.
«Y eso pasa en un fuero en CABA con una cantidad desproporcionada hacia otros distritos en relación a sus recursos humanos», dice Alfie. «Incluso las fiscalías por la cantidad de empleados son incomparables a las jurisdicciones del interior del país».
Luis Caputo dejó de transferirle en marzo los fondos por coparticipación a la Ciudad que ordenó un fallo de la Corte. El ministro se puso así en situación de rebeldía ante un pronunciamiento del máximo tribunal y sigue acumulando incumplimientos legales, para sostener el relato del superávit.
El ministro ya acumulaba el incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario, lo que motivó un fallo de la justicia federal que le dio como último plazo este viernes para girar los fondos que fija la norma.
Además retiene ilegalmente desde que asumió en el Ministerio de Economía los fondos con asignación específica del impuesto al combustible, necesarios para reparar las rutas que están en un estado calamitoso, al punto que todas las semanas se cobran la vida de argentinos.
El gobierno comenzó a pagar el 1,55% de la Coparticipación que estableció la Corte en septiembre de 2024. Ese monto se suma al 1,4% que llega a la Ciudad por goteo. En lugar de enviar lo dispuesto por la Corte en forma automática como sucede con el dinero que envía a las provincias, las transferencias se hicieron de manera discrecional al final de cada semana.
El gobierno comenzó a pagar el 1,55% de la Coparticipación que estableció el fallo de la Corte en septiembre de 2024. En junio del año pasado, Caputo empezó a transferir menos de los establecido por el fallo, hasta que en marzo de 2026 los envíos se detuvieron por completo.
En junio del año pasado, Toto Caputo empezó a enviar pagos parciales y dejó de transferir el porcentaje que dispuso la Corte. Hasta que en marzo de 2026 los envíos se detuvieron por completo.
La deuda acumulada desde junio del año pasado llega a casi 700 mil millones de pesos. Eso no impidió que Jorge Macri y Caputo continúen hablando semanalmente, al igual que el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el ministro de Hacienda porteño, Gustavo Arengo.
En la Ciudad creen que la caída de la recaudación por la recesión le complicó las cuentas a Caputo, que decidió comenzar a suspender pagos, incumplir falos y apropiarse de partidas para no entrar en déficit. Pero la construcción del relato del superávit sobre el incumpliemto de obligaciones legales no parece un sistema sostenible.
Además de frenar las transferencias a la Ciudad, las provincias también comenzaron a recibir menos dinero de Coparticipación. Una situación que se complenenta con el abandono total de la obra pública, que según el economista Martín Barrionuevo representa un monto de 1,6 billones por mes.
La Cámara Nacional de Casación Penal rechazó los planteos del lobista Santiago Busaniche, acusado en una causa por corrupción judicial, en la que sus defensores solicitaron el apartamiento del equipo de fiscales federales que lo investigan en Rosario. El mismo tribunal también no le hizo lugar al pedido de recusar al juez federal de la misma ciudad que los había procesado tanto a él como al magistrado federal Gastón Salmain por la gestión del cobro de un soborno.
Los planteos de los jueces de Casación confirman que las causas contra Busaniche siguen en curso bajo el control de los mismos fiscales. Busaniche es un escribano santafesino vinculado a la política que se estableció en Buenos Aires hace 25 años y se convirtió en un importante operador judicial de sectores de la cúpula de la Justicia Federal.
Los fiscales federales lo cuestionan en diferentes causas. Una de ellas es por haber sido instigador de una extorsión contra dos empresarios bursátiles de Rosario, que fueron víctimas del armado de una causa penal por lavado de dinero, con la cual les pidieron un soborno a fin de dormirla y desvincularlos. Los que tramaron este chantaje, ya bajo imputación, son el ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, el ex director regional de AFIP Carlos Vaudagna y el financista Fernando Whpei.
El segundo hecho es la gestión atribuida a Busaniche para que el juez Salmain ordenara al BCRA el pago de 10 millones de dólares durante la vigencia del cepo cambiario para que el administrador de un fideicomiso, el empresario Fernando Whpei, pagara una deuda con el exterior. A cambio de esa infrecuente resolución, cuestionada por el BCRA, Salmain habría solicitado un retorno del diez por ciento.
Por este caso el juez federal Vera Barros procesó al juez Salmain y a Busaniche por incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y prevaricato.
Por este caso el juez federal Vera Barros procesó al juez Salmain y a Busaniche por incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y prevaricato. Hace tres semanas la Cámara Federal confirmó por unanimidad esa resolución.
Este jueves la sala de Casación que integran los vocales Alejandro Slokar, Guillermo Yacobucci y Angela Ledesma rechazaron los planteos de los abogados Diego Pirotta y Debora Lichtmann que representan a Busaniche. Señalaron básicamente que en los pedidos de recusación se basan en «meros juicios discrepantes» con las resoluciones dictadas previamente. Los camaristas consideraron inadmisibles los planteos y les cargó las costas a los defensores.
La defensa de Busaniche pedía apartar a los fiscales Federico Reynares Solari, Diego Velasco, Juan Agustin Argibay Molina, Matías Scilabra, Sergio Leonardo Rodriguez y Esteban Venditti. En la resolución los camaristas remarcan que la recusación había sido rechazada dos veces, en primera instancia y por la Cámara Federal de Rosario, por lo que había doble conforme para ellos.
Los defensores también objetaron ante otra sala de la Cámara de Casación los mismos procesos judiciales llevados adelante contra Busaniche. Aducen que no hay razones para considerar un caso complejo esta investigación y que los fiscales tuvieron una conducta selectiva al formular sus imputaciones «por razones políticas». Para justificar esto dicen que los acusadores obviaron citar por ejemplo a Héctor Daniel Marchi, ex administrador general de la Corte Suprema, quien según el antiguo director de la AFIP Vaudagna instigaba a Busaniche a impulsar las extorsiones a los empresarios.
Este planteo se hizo a la sala de Casación integrada por Mariano Borinsky, Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques el pasado 26 de marzo. La Cámara indicó entonces que en 20 días hábiles difundiría su veredicto.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a quedar en el centro de la polémica tras conocerse un nuevo viaje familiar a Bariloche en el que habría gastado más de 6.000 dólares solo en alojamiento en un hotel de lujo, en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que ya lo tiene bajo la lupa.
Por Roque Pérez para NLI
Otro capítulo de gastos en dólares
Según la información difundida por la agencia Noticias Argentinas, el funcionario realizó una escapada junto a su familia durante un fin de semana largo, pocos meses después de asumir funciones, y se hospedó en el exclusivo hotel Llao Llao, uno de los más caros del país.
El dato más llamativo es que solo el costo de la habitación habría superado los 6.000 dólares, sin incluir pasajes aéreos ni consumos dentro del hotel, que suelen tener valores elevados.
Este nuevo episodio vuelve a exponer una contradicción cada vez más difícil de sostener: el discurso de austeridad del gobierno de Milei frente a los gastos personales de sus principales funcionarios.
Lujo en medio del ajuste
El hotel elegido por Adorni no es un destino cualquiera. Se trata de un símbolo del turismo premium en la Patagonia, frecuentado por empresarios y figuras de alto poder adquisitivo.
En ese contexto, el viaje generó fuertes cuestionamientos políticos, sobre todo porque ocurre en un escenario económico marcado por el ajuste, la caída del poder adquisitivo y el recorte del gasto público que impulsa Milei.
La imagen es difícil de disimular: mientras se le exige sacrificio a la población, un funcionario clave del gobierno aparece vinculado a consumos en dólares en uno de los hoteles más exclusivos del país.
Una causa judicial que se agrava
El viaje a Bariloche no es un hecho aislado. Forma parte de una serie de movimientos que ya están siendo investigados por la Justicia en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Días atrás, se confirmó que Adorni también viajó a Aruba con su familia en primera clase, con pasajes que costaron unos 5.800 dólares en total, mientras se analizan los gastos de alojamiento en un resort all inclusive.
En ese marco, el fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del funcionario para rastrear el origen de los fondos utilizados en estos viajes.
El problema político que crece
El caso empieza a tener un impacto político más amplio. No solo por el contraste con el relato oficial, sino porque cada nuevo viaje conocido amplía las dudas sobre la consistencia entre los ingresos declarados y el nivel de gastos.
Además, estas revelaciones contradicen declaraciones previas del propio Adorni, quien había minimizado sus viajes personales, lo que suma un nuevo elemento de desgaste en la escena pública.
En un gobierno que hizo de la “casta” su principal bandera discursiva, el escándalo golpea en un punto sensible: la credibilidad.
La empresa emblema de Nicky Caputo tuvo momentos más felices. Su cotización se desplomó de la franja de los 27.000 pesos en diciembre a los actuales 17.000, de manera coincidente con el debilitamiento del régimen de ensamblado de Tierra del Fuego y las feroz crítica del Banco Mundial a ese fallido intento de promoción industrial.
Mirgor anunció una estrategia de «diversificación» para mostrarse más atractiva a los inversores, ante el debilitamiento del régimen de Tierra del Fuego que le permitió crecer al habilitarse la polémica ventaja de cobrar IVA y no pagarlo. Algunos creen que tiene futuro y es la acción más subvalorada del mercado, pero especialistas ponen el ojo no sólo en su dependencia de un régimen distorsivo y cuestionado, si no en la enorme deuda en dólares que arrastra, que la pondrían al borde del colapso en caso de una devaluación.
En su informe Panorama económico de América Latina y el Caribe: revisitando la política industrial, el Banco Mundial afirmó que el régimen fue concebido como una política industrial de largo plazo para fomentar el empleo y la producción en una región estratégica, pero terminó derivando en una mochila fiscal para el Estado sin desarrollo industrial significativo.
El costo fiscal, estimado en más de USD 1.000 millones anuales, no se tradujo en mejoras significativas de productividad ni en avances tecnológicos. Por el contrario, generó un esquema donde muchas empresas dependen estructuralmente de beneficios impositivos y arancelarios para sostener su rentabilidad, señaló el organismo multilateral.
Este diagnóstico impactó de lleno en la lectura de mercado sobre Mirgor, que pasó de ser conocida por fabricar aires acondicionados a reconvertirse en esmabladora de productos electrónicos, gracias al sueño kirchnerista de hacer una Manaos argentina en la isla del findel mundo.
Ese «domo del Estado» le permitió a la Mirgor competir con costos diferenciales frente a productos importados y consolidar una posición relevante en el consumo local.
La posibilidad de una mayor apertura económica o de una nueva revisión del esquema de incentivos introduce un factor de riesgo estructural para el core business de la compañía del hermano del alma de Mauricio Macri.
Sin embargo, el escenario está cambiando. Tal como señaló a LPO un experimentado operador de la City, la discusión ahora es «cuánto se puede sostener Mirgor sin ese respaldo». La posibilidad de una mayor apertura económica o de una nueva revisión del esquema de incentivos introduce un factor de riesgo estructural para el core business de la compañía del hermano del alma de Mauricio Macri, que ahora intenta vender una «diversificación».
Mirgor anunció supuestas incursiones en nuevos negocios como el retail y un regreso a la provisión de componentes para sector automotriz, así como un mega proyecto portuario en Río Grande, que por ahora no pasó de los papeles.
Estos movimientos buscan reducir la dependencia del negocio electrónico subsidiado y construir nuevas fuentes de ingresos más alineadas con dinámicas. «El mercado exigirá evidencia concreta de que Mirgor puede competir en entornos menos protegidos, con márgenes sostenibles sin depender de ventajas fiscales», agregó el especialista consultado.
Creo que el gran riesgo que tiene Mirgor es la posición en moneda extranjera. Mucho mas que el riesgo régimen o apertura. Hoy tiene un pasivo comercial por u$650MM. Si en diciembre se viene una devaluta fuerte se come un golpazo.
Pero el usuario Juancito Nieve, una leyenda del mercado argentino, reveló en X un dato mucho más inquietante: «Creo q el gran riesgo que tiene Mirgor es la posición en Moneda extranjera. Mucho mas q el riesgo régimen o apertura. Hoy tiene un pasivo comercial por u$650MM. Si en diciembre se viene una devaluta fuerte se come un golpazo.»
«El PN son u$350M oficiales. Una devaluta del 60% le borra el PN. Es verdad que tiene una gran parte contra stock y cuando los precios hagan el catch up al nuevo TC va a recuperar parte de la pérdida pero el golpe inicial es fuerte. Creo q eso es lo q mas condiciona el precio», completó.
