Mandíbula ThI-GH-1: (1) vista lateral; (2) vista oclusal; (3) vista lingual. Mandíbula ThI-GH-10717: (4) vista lateral derecha; (5) vista oclusal. Mandíbula ThI-GH-10978: (6) vista lateral; (7) vista lingual.
Un reciente descubrimiento arqueológico en Marruecos volvió a sacudir las bases de la historia evolutiva humana. Nuevos restos fósiles de homínidos, hallados en la cantera Thomas I, en las cercanías de Casablanca, aportan evidencia concreta de que la evolución del género Homo en África fue mucho más compleja, diversa y temprana de lo que durante décadas sostuvo el relato dominante de la paleoantropología.
Los fósiles, con una antigüedad estimada en alrededor de 773.000 años, corresponden a individuos que no encajan plenamente en ninguna de las especies humanas clásicamente aceptadas. No son Homo antecessor, no son Homo heidelbergensis, pero tampoco pueden clasificarse como una forma temprana de Homo sapiens. Justamente allí radica su enorme importancia histórica.
Un eslabón africano olvidado
Durante mucho tiempo, la narrativa científica estuvo fuertemente eurocentrada. Sitios como Atapuerca, en España, ocuparon el centro del escenario al momento de explicar los orígenes del linaje humano moderno. Sin embargo, este nuevo hallazgo en el norte de África refuerza una idea cada vez más sólida: África no fue sólo el lugar de origen de la humanidad, sino también el escenario de múltiples linajes humanos coexistiendo, mezclándose y desapareciendo.
Las mandíbulas, dientes y vértebras recuperadas presentan una combinación de rasgos primitivos y otros sorprendentemente avanzados para su antigüedad. Esa mezcla sugiere la existencia de poblaciones africanas arcaicas que podrían haber sido ancestros comunes tanto de los humanos modernos como de los neandertales y denisovanos, mucho antes de lo que indicaban los modelos tradicionales.
Datación precisa y contexto cultural
El contexto geológico del sitio permitió aplicar técnicas de datación altamente confiables, ubicando los restos cerca del límite Matuyama–Brunhes, un punto clave del Pleistoceno medio. Esta precisión temporal convierte al hallazgo en uno de los registros humanos mejor datados de ese período en África.
Junto a los restos humanos aparecieron herramientas líticas de tipo achelense, lo que demuestra que estos homínidos no sólo caminaban erguidos y tenían una anatomía compleja, sino que también dominaban tecnologías de fabricación de instrumentos, cazaban y se adaptaban activamente a su entorno.
El fin de una evolución lineal
Este descubrimiento golpea de lleno a una de las ideas más persistentes del siglo XX: la evolución humana como una línea recta, ordenada y progresiva. La evidencia muestra exactamente lo contrario: una historia hecha de ramificaciones, cruces, adaptaciones regionales y extinciones.
Lejos de ser una excepción, estos fósiles africanos confirman que el camino hacia Homo sapiens fue un proceso largo, caótico y profundamente colectivo, en el que distintas poblaciones humanas aportaron rasgos que, miles de años después, terminarían confluyendo en nuestra especie.
Marruecos, clave para entender quiénes somos
El norte de África vuelve a posicionarse como una región central para comprender los orígenes de la humanidad. Desde Jebel Irhoud hasta la cantera Thomas, Marruecos ofrece un registro fósil que desarma prejuicios, cuestiona dogmas y obliga a revisar los manuales de historia.
Cada nuevo hallazgo confirma que la historia humana no pertenece a un solo continente ni a una sola tradición académica. Es una construcción global, profundamente africana en sus raíces, y mucho más compleja de lo que el sentido común heredado quiso admitir.
Marcelo Mindlin pinchó uno de los globos recurrentes de la industria del gas. Mientras el Gobierno festeja la exportación de gas a Brasil como un hito histórico, el dueño de Pampa Energía dijo en público lo que en privado muchos repiten: el negocio no cierra.
Mindlin puso en duda que tenga sentido invertir miles de millones de dólares en gasoductos, como la reversión del gasoducto norte, para vender gas apenas unos meses al año.
En una entrevista con El Cronista, Mindlin explicó que Brasil tiene una matriz dominada por la hidroelectricidad, que en años normales cubre gran parte de su demanda al menor costo. El gas aparece sólo para cubrir picos muy puntuales, de dos o tres meses, y aun así durante pocas horas de pocos días. Con ese patrón de consumo, explicó, no hay racionalidad económica posible en la construcción de una red de gasoductos que vaya desde Vaca Muerta, en la Patagonia argentina, hasta el litoral paulista.
Mindlin incluso reveló que del lado brasileño no aparece ningún comprador dispuesto a firmar contratos en firme por nueve meses al año, que es lo mínimo necesario para justificar la inversión.
El contraste es incómodo porque el Gobierno celebró la reversión del Gasoducto Norte como una obra emblemática. La presentó como la llave para reemplazar el gas boliviano, transportar hasta 15 millones de metros cúbicos diarios desde Vaca Muerta y abrir la puerta a las exportaciones regionales.
Mindlin explicó que Brasil tiene una matriz dominada por la hidroelectricidad, que cubre gran parte de su demanda al menor costo. El gas aparece sólo para cubrir picos muy puntuales, de dos o tres meses. Con ese patrón de consumo, explicó, no hay racionalidad económica posible en la construcción de una red de gasoductos que vaya desde Vaca Muerta hasta el litoral paulista.
Hubo actos, fotos y comunicados que hablaron de un «antes y un después». Ese relato se reforzó cuando se anunciaron las primeras exportaciones a Brasil, vía Bolivia, en operaciones calificadas como «históricas». En los hechos, fueron envíos interrumpibles, de prueba, atados a ventanas de oportunidad y a que el mercado interno no demande ese gas.
Lo más llamativo es que el propio gasoducto que se exhibió como logro sigue en obra. Fue la única gran obra pública que inauguró el gobierno libertario, pero se cortó la cinta sin que estuviera terminada. Faltan completar y poner plenamente en funcionamiento las plantas compresoras clave para que el sistema opere a capacidad. Todavía hay cuadrillas trabajando en el trazado.
Daniel González, responsable de la política energética del gobierno de Milei.
Las demoras no son menores. Las empresas contratistas reclamaron pagos atrasados y advirtieron que sin financiamiento regular es imposible cumplir los plazos. Sin compresoras funcionando a pleno, la promesa exportadora queda condicionada.
El escepticismo de Mindlin adquiere otra densidad cuando se mira su estructura empresaria. No es solo productor de gas. Controla Pampa Energía, es dueño de TGS, participa en generación térmica y maneja Transener, la columna vertebral del sistema eléctrico.
Para un empresario integrado, quedarse con ese paquete completo sería un negocio redondo. Tan redondo que la ley lo prohíbe: el marco regulatorio impide que quien genera energía controle también el transporte eléctrico.
En un sector donde la integración vertical suele ser el gran premio, Mindlin se esfuerza en negar que sus piezas encajen entre sí. Pero el mapa muestra otra cosa: gas, transporte, generación, construcción y ahora cemento. Un entramado que, lejos de la épica de la integración regional, pone el foco en otra integración, más silenciosa y doméstica.
En ese contexto, no parece casual otra respuesta de Mindlin. Cuando le preguntaron por la reciente compra de Loma Negra, descartó cualquier sinergia. Dijo que no sumaba valor para Pampa, que era «todo lo contrario» de lo que necesita la empresa, porque la cementera puede parar sus plantas en invierno, justo cuando el gas es más caro, y operar los nueve meses en que es más barato.
La negación fue todavía más tajante cuando le mencionaron a Sacde, la constructora del grupo, habitual jugadora en grandes obras de infraestructura. «Cero sinergias», insistió. Ni con la cementera, ni con la constructora, ni con el resto de los activos.
En un sector donde la integración vertical suele ser el gran premio, Mindlin se esfuerza en negar que sus piezas encajen entre sí. Pero el mapa muestra otra cosa: gas, transporte, generación, construcción y ahora cemento. Un entramado que, lejos de la épica de la integración regional, pone el foco en otra integración, más silenciosa y doméstica.
El lunes reabrirá la estación Loria de la Línea A y está previsto que a fin de mes comiencen a funcionar Plaza Italia, Uruguay y Carlos Gardel.
Loria será la 14° estación reinaugurada. Allí se realizó una puesta en valor y se mejoró la infraestructura existente. Se trata de una de las estaciones más antiguas de la línea de subte más antigua de América Latina.
Los trabajos en Loria incluyeron impermeabilización, pintura, renovación de pisos, nuevas luces led, renovación de señalética, colocación de señalización braille en pasamanos y pórticos, y nuevo mobiliario en andén, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.
Aún están en obra las estaciones Piedras y Congreso (Línea A), Uruguay y Malabia (Línea B), y Plaza Italia y Agüero (Línea D).
Plaza Italia, una de las estaciones más utilizadas, reabrirá a fines de enero junto a Uruguay y Carlos Gardel.
Las próximas estaciones que cerrarán temporariamente son Tribunales (Línea D), Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).
Según adelantaron desde Sbase, la empresa estatal de subterráneos, el lunes 12 también cerrará la estación Piedras de la Línea A.
Se trata de una estación declaratoria patrimonial. Parte de los trabajos consiste en reponer más de 85 mil cerámicas.
El plan de renovación integral de las estaciones de subte incluyó las ya terminadas estaciones Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro (Línea A), Pueyrredón, Pasteur-AMIA y Carlos Gardel (Línea B), San Martín (Línea C), Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo (Línea D), y Jujuy (Línea E). Además, se renovaron paradores del Premetro.
Las próximas estaciones que cerrarán temporariamente son Tribunales (Línea D), Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).
El gobierno de Axel Kicillof publicó el índice con el cual distribuye los recursos coparticipables a los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Como suele suceder en los primeros días de un nuevo año, el temido Coeficiente Único de Distribución (CUD) dispara la bronca de los distritos que se ven perjudicados.
Mar del Plata y General Madariaga fueron dos distritos que expresaron disconformidad con el nuevo coeficiente. En el caso de la ciudad balnearia fue el senador Maximiliano Abad quien cuestionó los números.
«En los últimos diez años, General Pueyrredón perdió casi el 5% de su participación en la coparticipación provincial», dijo y explicó que el golpe más fuerte llegó en estos días: entre 2023 y 2025 se perdió, en solo dos años, lo mismo que en toda la década anterior. Aunque Mar del Plata es gobernada por Guillermo Montenegro (PRO), el radicalismo cogobierna esa ciudad con varios funcionarios en el gabinete y sintonía en el Concejo Deliberante.
Abad dijo que Mar del Plata es el principal destino turístico de la provincia. «Recibe millones de visitantes, genera empleo y sostiene una economía regional clave. Pero el gobierno provincial no reconoce esa realidad», dijo en un largo posteo en el que evitó mencionar a Kicillof.
Este sistema (CUD) también necesita una modificación hace años, al igual que la coparticipación federal. Es un deuda institucional para trabajar entre todos. https://t.co/Uu6JAC48Ly
Desde Madariaga también lanzaron críticas. «Recibiremos 800 millones menos que en 2025», dijeron desde el municipio que gobierna Carlos Santoro (UCR). «Si observamos los últimos diez años, el CUD bajó para nuestra ciudad un 25% que, si lo vemos con valores actuales, para este año hubiesen significado 4.000 millones de pesos», dijo y agregó que eso supone los salarios de cuatro meses de la planta de trabajadores municipales.
Las críticas no apuntan tanto al gobierno de Kicillof sino a un mecanismo que muchos consideran obsoleto. Por caso, el diputado nacional Sebastian Galmarini (Unión por la Patria) planteó que el sistema, al igual que la coparticipación federal, una modificación hace años. «Es un deuda institucional para trabajar entre todos», planteó.
Los libertarios directamente quieren anularlo y que los impuestos patrimoniales pasen a ser administrados por los intendentes. El senador provincial Matías de Urraza plantea que sean los intendentes los que manejen directamente los recursos y puedan competir entre ellos para fortalecer a sus distritos. «Lo que quiero es que los intendentes compitan a ver quién es el mejor en lo suyo, el que lleva más inversiones a su municipio», dijo el legislador que responde a Sebastián Pareja a Buenos Aires/12.
Matías de Urraza.
El actual régimen de coparticipación de Impuestos de la provincia rige desde 1988 y establece que las municipalidades recibirán en concepto de coparticipación el 16,14 % de los montos que la provincia perciba en concepto del impuesto sobre los Ingresos Brutos no descentralizado, Inmobiliario Urbano, Automotores, Sellos, Tasas Retributivas de Servicios y de la Coparticipación Federal de Impuestos.
El importe que surge de ese porcentaje se distribuye luego entre los 135 municipios de acuerdo con el cuestionado CUD, un índice que determina por resolución todos los años el ministerio de Economía. Ese índice surge de una serie de variables como la población de cada municipio, su capacidad tributaria (inversa), la superficie, la cantidad de camas en hospitales, el número de pacientes, las consultas médicas,
En 2022 se estableció un mecanismo de protección para los municipios frente a caídas abruptas en el CUD. Desde entonces rige un tope general por el cual ningún municipio puede sufrir una reducción superior al 5%.
Conformación del Coeficiente Único de Distribución. Fuente: Consultora PPA.
Un informe de la consultora PPA destaca que nueve municipios vieron limitada la reducción de su CUD al tope máximo del 5%: Ezeiza, Florentino Ameghino, General Madariaga, Leandro N. Alem, Maipú, Pila, Pinamar, San Isidro y Tordillo. Cabe destacar que, en el caso de Florentino Ameghino, San Isidro y Tordillo es el segundo periodo consecutivo que se ven beneficiados por el tope a la caída máxima, por lo que tendrán una caída máxima de 2,5% en 2027.
En tanto, en diciembre se modificó ese artículo para introducir un esquema que suavice aún más las pérdidas. En la ley de endeudamiento se acordó que cuando un municipio registra una caída del 5% durante dos ejercicios consecutivos, la disminución máxima permitida para el tercer y cuarto ejercicio se reduce al 2,5% anual.
Así, este año fueron nueve los municipios que vieron limitada la reducción de su CUD al tope máximo del 5%: Ezeiza, Florentino Ameghino, General Madariaga, Leandro N. Alem, Maipú, Pila, Pinamar, San Isidro y Tordillo. En el caso de Florentino Ameghino, San Isidro y Tordillo es el segundo período consecutivo que se ven beneficiados por el tope a la caída máxima, por lo que tendrán una caída máxima de 2,5% en 2027.
En tanto, cuatro municipios fueron beneficiados por el tope máximo de caída del 2,5% luego de dos caídas consecutivas del 5%: Lezama, Lujan, Moron y Saavedra.
Por último, los diez distritos que registraron las mayores disminuciones en su CUD -exceptuando a los nueve municipios beneficiados por la aplicación del tope máximo de caída del 5%- son Vicente López, Tandil, Azul, Chascomús, General San Martín, Hipólito Yrigoyen, General Viamonte, San Antonio de Areco, Ayacucho y San Pedro. A diferencia del grupo anterior, estos municipios no se encuentran alcanzados por ningún tope máximo, por lo que las variaciones observadas reflejan plenamente el resultado del recálculo del CUD.
El intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, lanzó un llamado para reclutar personal militar e integrantes de fuerzas federales retirados para reforzar la seguridad en ese distrito del sur del conurbano.
Mantegazza busca acercar a la Secretaría de Seguridad funcionarios que tengan perfiles con formación y experiencia en las Fuerzas Armadas. Según informó el propio municipio, la convocatoria responde a «una mirada integral» de la seguridad. No se trata sólo de efectivos para bajar al territorio, sino apuntar a la planificación y prevención.
La propuesta es polémica toda vez que encierra un cuestionamiento al gobierno de Axel Kicillof y a su ministro de Seguridad, Javier Alonso, ante la incapacidad de contener la inseguridad con recursos de La Bonaerense. Hasta el momento, no hubo ni críticas ni respaldo al reclutamiento lanzando por el intendente peronista.
Chiqui Tapia, Gastón Granados, Nicolás Mantegazza y Dante Majori.
San Vicente es un distrito chico del sur del conurbano con unos 74.000 electores. Mantegazza es un intendente muy cercano a Martín Insaurralde que articula junto a Federico Otermin (Lomas), Gastón Granados (Ezeiza) y Federico Achaval (Pilar) en el denominado Grupo AFA, un armado que marca una línea muy cercana al Chiqui Tapia.
Por caso, a pesar de las denuncias que pesan sobre el presidente de la AFA, esta semana Mantegazza y Granados posaron en una foto junto a Tapia y Dante Majori, presidente del club Yupanqui de Villa Lugano, considerado el club con menos hinchas del fútbol argentino.
Raúl Jalil consiguió la ayuda de Javier Milei para disimular el escándalo de la corrupción de Yacimiento Minero Aguas de Dionisio (YMAD) con la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), a través del decreto que establece el final de la participación de la Nación en el directorio del ente interestadual que fundó Juan Perón en 1946. El gobernador catamarqueño despertó este lunes con el anuncio publicado en Boletín Oficial, en retribución a la colaboración del senador Guillermo Andrada para sancionar el presupuesto 2026 y aprobar el artículo del ajuste en educación, defensa, ciencia y tecnología.
Sin embargo, el decreto tuvo un impacto negativo en la comunidad académica de la universidad tucumana, que desde la ley que creó el YMAD en 1959 debía recibir el 40 por ciento de las regalías para construir la ciudad universitaria en el cerro San Javier, al tiempo que el 60 por ciento restante quedaba para Catamarca. El incumplimiento de ese objetivo terminó con la sentencia a tres años y seis meses de prisión para el exrector Juan Cerisola, quien conducía la UNT en el período que la Justicia federal determinó que se desviaron 243 millones de pesos. Una fortuna en aquellos años.
Además de Cerisola, también fueron condenados la exdirectora de Construcciones Universitarias, Olga Cudmani, y su par de Inversiones y Contrataciones, Osvaldo Venturino, pero en los hechos habrían estado involucrados otros dirigentes del radicalismo tucumano.
En efecto, la investigación judicial se centró en el desvío de fondos por las utilidades de la minera entre 2006 y 2009, período del primer mandato de Cerisola al frente de la casa de estudios. El plazo incluye el sospechoso decreto del 2 de enero de 2008, cuando el por entonces rector renunció a seguir recibiendo el total de las regalías que le correspondían a la UNT bajo el delirante pretexto de que la ciudad universitaria estaba terminada. Basta acercarse a los inmensos esqueletos de hormigón abandonados en la cima del cerro tucumano que están exactamente como los dejó Perón, para comprobar la mentira.
Durante ese lapso, fueron directores de YMAD en representación de la UNT el exrector y candidato a gobernador por la UCR Mario Marigliano, fallecido en mayo de 2016, y Rodolfo Martín Campero, cofundador de la Franja Morada y tío del diputado mileísta Mariano Campero.
La UNT hizo un acuerdo con la empresa Minera Bajo la Alumbrera, que está en la provincia de Catamarca. Ese acuerdo tenía como sentido armar un fondo fiduciario y con ese fondo fiduciario la UNT iba a armar una nueva ciudad universitaria. ¿Saben lo que hay de la ciudad universitaria? Nada. Se lo comieron todo, están todos procesados. Están a punto de ir a un juicio oral. Se comieron la ciudad universitaria el rector y toda la plana mayor.
La revelación que inculpó al dirigente de Franja Morada apareció en La Gaceta de Tucumán el 12 de diciembre de 2023, en una nota firmada por el abogado Benito Carlos Garzón, que fue asesor del propio Campero y Héctor Carlos Ostengo, mientras fueron directores de YMAD. En ese artículo, el letrado recordó que Ostengo se enteró por amigos que se había producido un cambio en el paquete accionario de Minera Alumbrera SA en la Bolsa de Nueva York, justo después que la empresa firmara un contrato de Fideicomiso con la UNT y el Banco Santander Río.
Mariano Campero, en Diputados.
Garzón redactó la impugnación de la UTE que habían forjado la minera, la UNT y la YMAD para explotar uno de los yacimientos pero Campero se llevó la nota bajo el compromiso de entablar por sí mismo el diálogo con la firma. «No recuerdo el tiempo que llevó dicha ‘negociación’, a consecuencia de lo cual se llevaría a una sesión especial para tratar la desvinculación de la empresa en cuestión, pero Minera Alumbrera se comprometía a liquidar regalías a partir del año 2006 y no como estaba previsto para 2012 o 2014, según fuese el ‘rendimiento’ de la explotación», escribió el asesor.
De hecho, el 24 de noviembre de 2005 el Consejo Superior de la universidad aprobó el cobro de 1 millón de dólares a la minera pero ese dinero no sería destinado a la construcción de la ciudad universitaria estipulada en la ley del 59′, durante la presidencia de Arturo Frondizi, sino que Mariglione y Campero habrían resuelto que ese monto fuera utilizado para «refacciones» en el Museo de la UNT.
Lo curioso es que ambos directores de la YMAD tramitaron a partir de 2006 pedidos de información sobre el detalle de las obras al sucesor de Mariglione, el condenado Cerisola, quien continuó la misma traza política bajo el apuntalamiento de José Hugo Saab, secretario general de la universidad y exconcejal por la UCR. «El gordo Saab fuma bajo el agua y es el que te hace ganar o perder una elección en la UNT», dijo una fuente al tanto de las internas radicales en Tucumán.
Soy uno de los que quiere más presupuesto para las universidades, pero para que le aumenten los sueldos a los profesores, para que mejoren las cuestiones edilicias; no quiero más presupuesto para que se pierda en el camino y luego lleguen a ser juzgados en la Justicia Federal.
El escándalo de la corrupción incomodó tanto a los libertarios como al gobernador Osvaldo Jaldo. Cuando el diputado Campero terminó de suturar el salto suyo y sus colegas radicales para blindar el veto de Milei a las universidades en 2024, Patricia Bullrich cargó con todo contra las autoridades de la UNT: «la Universidad Nacional de Tucumán hizo un acuerdo con la empresa Minera Bajo la Alumbrera, que está en la provincia de Catamarca. Ese acuerdo tenía como sentido armar un fondo fiduciario y con ese fondo fiduciario la UNT iba a armar una nueva Ciudad Universitaria. ¿Saben lo que hay de la Ciudad Universitaria? Nada. Se lo comieron todo, están todos procesados. Están a punto de ir a un juicio oral. Se comieron la Ciudad Universitaria el rector y toda la plana mayor», dijo la por entonces ministra de Seguridad.
Jaldo también opinó por aquellos días: «soy uno de los que quiere más presupuesto para las universidades, pero para que le aumenten los sueldos a los profesores, para que mejoren las cuestiones edilicias; no quiero más presupuesto para que se pierda en el camino y luego lleguen a ser juzgados en la Justicia Federal».
LPO consultó a Saab sobre los términos del acuerdo entre el gobierno de Jalil, Milei y la UNT, que beneficiarían a la universidad porque ahora aceptarían que siga percibiendo el mismo porcentaje para construir «el equivalente a 135 mil metros cuadrados», después de haberse fumado sumas exorbitantes. El funcionario respondió que «se llegó a una arreglo con Catamarca y con la Nación para que la ciudad universitaria no sea la del artículo 18 de la ley del 59′, porque sería imposible cumplirla», y agregó que se acordó «una nueva ciudad universitaria que nada tiene que ver con el juicio con el exrector».
Esa postura es rechazada hasta por uno de los diputados radicales que se incorporó al bloque de La Libertad Avanza y comparte bancada con el peluca Mariano Campero. «Se recontramil malversaron todo y siguen cobrando el 40 por ciento de las regalías», se quejó. La bronca es porque la ley establecía que, una vez que la UNT concluyera las obras de la ciudad universitaria, la casa de estudios tucumana pasaría a percibir solo el 20 por ciento y el 20 por ciento restante se distribuiría para todas las universidades del país.
Se llegó a una arreglo con Catamarca y con la Nación para que la ciudad universitaria no sea la del artículo 18 de la ley del 59′, porque sería imposible cumplirla.
No obstante, el argumento de Cerisola en su alegato ante el tribunal que lo sentenció fue, sorprendentemente, que la ciudad universitaria se hizo. «Me di cuenta que San Miguel de Tucumán es una ciudad universitaria», exclamó sin que la fiscalía, los testigos y el público supieran si experimentaba una epifanía o se burlaba.
La Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT (ADIUNT), por su parte, emitió un comunicado el día de la sentencia de los tres directivos de la universidad criticando que el fallo judicial «deja intacta la estructura de desvío de fondos, negociados y de contaminación ambiental». Además, cuestionó la absolución del contador Luis Sacca, un hombre clave en la trama. «Sacca fue fundamental en el andamiaje de los sobreprecios con las empresas constructoras», comentó un legislador peronista a LPO.
Ya en 2014, el geólogo Florencio Aceñolaza afirmó en un informe propio que las utilidades mineras sirvieron para «inversiones que se realizaron en bienes inmuebles en el centro de Tucumán y en la ciudad de Buenos Aires, también se adquirieron vehículos y hubo gastos varios en diversas facultades que nada tenían que ver con la supuesta terminación de obras de la ciudad universitaria». En ese texto, se afirma incluso que Cerisola habría adquirido dos departamentos sobre la calle Paraná, en el centro porteño, cerca del Ministerio de Educación, muy lejos de la ciudad universitaria que imaginó Perón.
El proyecto peronista, que estuvo inscripto en el Primer Plan Quinquenal, contemplaba la construcción de una ciudadela en el cerro San Javier, donde solo queda el esqueleto de una mole de cinco pisos, y un funicular que conectaba la cima con la base. La cantidad de hectáreas que se adquirieron durante el mandato de Perón para aquella obra duplicaba el tamaño de la Isla de Manhattan en Estados Unidos.
