Autor: Invitad@ Especial

El Consejo Nacional Electoral de Honduras proclamó a Nasry Asfura como presidente electo para el periodo 2026-2030, tras un conteo de votos que se extendió por más de tres semanas y mantuvo al país centroamericano en una situación de incertidumbre política.

La autoridad electoral confirmó la victoria del candidato del Partido Nacional, quien obtuvo el 40,27 % de los sufragios, superando por poco a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, quien alcanzó el 39,39 %.

«Honduras: estoy preparado para gobernar. No les voy a fallar», escribió Asfura en sus redes sociales tras conocerse el anuncio del CNE. El mensaje fue difundido mientras simpatizantes celebraban en su sede de campaña, en contraste con el clima de tensión que persistía entre sectores opositores.

En este marco, el expresidente y coordinador general del  Libre, Manuel Zelaya, denunció «un golpe de Estado electoral». En un mensaje en X, Zelaya aseguró que «se está violentando de manera flagrante la Constitución, la ley electoral y el principio democrático».

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«El CNE pretende dar por aprobado de facto un informe administrativo de la Secretaría General para cancelar el escrutinio especial presidencial, sepultando la verdad electoral y usurpando funciones que no le corresponden», planteó.

Según el esposo de la actual presidenta Xiomara Castro, quien previamente también llamó a manifestaciones, «este acto nulo criminaliza arbitrariamente las impugnaciones legítimas presentadas por alcaldes y diputados» y «es una burda maniobra para allanar el camino hacia una declaratoria ilegítima y fraudulenta de la Presidencia de la República». 

Honduras: estoy preparado para gobernar. No les voy a fallar

Entre los consejeros del CNE, las opiniones divergen. Si bien la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, y la segunda consejera, Cossette López, apoyaron el llamado a definir resultados, el consejero Marlon Ochoa se opuso a esta propuesta.

«No puedo ni debo participar en la comisión de un acto que viola las leyes de la República y el debido proceso y, por tanto, constituye delito. Hacerlo me convertiría en cómplice por acción u omisión. Aquí se consumará un golpe de Estado electoral que lesiona y ofende gravemente la integridad del sufragio, la soberanía popular como base del orden democrático», aseguró Ochea en la previa. 

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Xiomara Castro denuncia desde hace semanas injerencia por parte de Donald Trump, quien apoya abiertamente a Nasry Asfura, así como «un proceso marcado por amenazas, coacción, manipulación del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y adulteración de la voluntad popular». Sin embargo, la semana pasada, dijo que reconocería los resultados y permitiría una transición pacífica del poder.

Tras la confirmación, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana emitieron un comunicado conjunto para reconocer al nuevo presidente en una muestra de los aliados de derecha que Honduras tendrá en esta nueva etapa bajo el liderazgo de Donald Trump.

Daniel Scioli ubicó en el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) de Mar del Plata a su ex secretario privado, Diego Juárez, que llega a ese cargo en medio de un fuerte desplome de las reservas, del orden del 15%, de cara a la temporada 2026.

El desembarco se enmarca en los cambios de gabinete hechos con la salida de Guillermo Montenegro del municipio, donde dejó como interino a Agustín Neme, momento en el que –como contó LPO– el intendente en uso de licencia sumó a los libertarios a su acuerdo preexistente con radicales y lilitos.

Hombre de extrema confianza de Scioli, Juárez venia manejando el complejo turístico de Chapadamal, predio que el gobierno libertario proyecta rematar.

Ahora, el funcionario sciolista asume en una de las áreas más fuertes del municipio marplatense a partir de un acuerdo que, además de Montenegro y Scioli, incluyó a la mano derecha de Sebastián Pareja y referente local de los libertarios, Alejandro Carrancio, que, previo a asumir en el Congreso, articuló con Juárez en Turismo.

Para ese nombramiento, Montenegro, a través de Neme, impulsó la salida del lilito Bernardo Martín, que comandó el Emtur durante los últimos cuatro años.

El reemplazante de Montenegro en Mar del Plata mantuvo el acuerdo con los radicales

Para no romper el acuerdo que mantiene con la Coalición Cívica a nivel local, Montenegro acordó con Carrancio y Scioli la designación de Martín en un cargo de segunda línea dentro del área de Turismo nacional.

El dato llamó la atención en algunos sectores dele Gobierno, ya que Martín es el armador en la Quinta sección de Lilita Carrió, quien no solo se para como opositora al gobierno de Milei, sino que, además supo mantener en Mar del Plata fuertes choques con uno de los empresarios más cercanos a Scioli, Florencio Aldrey Iglesias, a quien Lilita intentó quitarle el control del Paseo Hermitage.

Por sus vínculos con Scioli, Carrió arremete contra Aldrey para quitarle el Paseo Hermitage

En Mar del Plata aseguran que la salida de un lilito para que ingrese un sciolista fue muy celebrada por Aldrey.

Como fuere, lo concreto es que la llegada de Juárez al Emturyc se da en un contexto de alarma de la Asociación de Hoteleros de Mar del Plata que, según expuso la titular de Turismo de la Provincia, Soledad Martínez, habla de un derrumbe del 15% en las reservas con respecto al año pasado.

Eso, en medio de un panorama sombrío a escala nacional. Un informe reciente del INDEC marcó que en noviembre ingresaron 2,7% de turistas menos que el año pasado y salieron 763 mil, un 15,3% más que en 2024. 

Martín Irurzun, uno de los camaristas que interviene en la causa de las coimas en discapacidad, cumple 75 años. A pesar de que ya pidió continuar como juez, el gobierno aún no le dio curso a su pedido.

La Sala II de Comodoro Py es el tribunal de alzada que interviene en la causa de las coimas en Discapacidad que preocupa a Karina Milei.

La sala está integrada por Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah. Son quienes en última instancia validan las decisiones del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Piccardi.

Semanas atrás hicieron lugar a un pedido de la defensa de Diego Spagnuolo para comprobar la veracidad de los audios en donde el funcionario habla de un esquema de sobornos que tiene como cabeza a la hermana del presidente.

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Esa resolución fue posible al voto de Irurzun y Boico y el voto en disidencia de Farah. «No es una decisión muy importante ni cambia el curso de la causa», explicaron a LPO desde Comodoro Py aún sorprendidos por el voto de Boico.

Desde los tribunales de Retiro confirmaron que el gobierno presiona a Irurzun con su jubilación: el juez cumple 75 años y necesita el aval del Ejecutivo para continuar en su puesto.

El trámite debe comenzarlo el propio juez, luego el gobierno lo publica en el Boletín Oficial. Si no hay objeciones ni observaciones, el trámite pasa a la comisión de Acuerdos del Senado. El último paso es la votación del pleno del cuerpo.

Irurzun ya comenzó el trámite, pero aún no fue publicado en el Boletín Oficial. Carlos Alberto Mahiques, algunas semanas mayor que Irurzun, está en una situación similar, pero su pedido ya fue publicado el 19 de diciembre.

 Los últimos días de la política cordobesa desataron un verdadero tembladeral por distintas cuestiones. Porque, pasada la discusión por la reforma previsional, y en medio de las fricciones con Casa Rosada por la sanción del Presupuesto en el Congreso, el llaryorismo empujó en la siesta de este martes un acuerdo para ceder la silla de una fiscalía adjunta de la procuraduría penitenciaria a la UCR que responde a Rodrigo de Loredo.

Cubriendo así una de las vacantes en la polémica Procuraduría del Servicio Penitenciario cuya creación se votó hace unas semanas en la Legislatura provincial.

Todo esto, como uno de los datos sobresalientes de un reacomodamiento que implica el reseteo completo del Ministerio Público Fiscal que aceleró hace dos semanas cuando nombró al ex socio de Juez, Carlos Lezcano, como nuevo jefe de los fiscales y tal cual lo contó LPO.

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Lo sucedido en la siesta del martes se desprendió de la interna radical porque fueron precisamente algunos correligionarios los que alertaron sobre lo que estaba sucediendo puertas adentro de la Legislatura provincial: la postulación de la radical Florencia Degano para una de las fiscalías adjuntas de la polémica procuraduría del servicio penitenciario. Organismo que se sancionó con fuertes cruces de la oposición en la Legislatura a principios de mes y que el oficialismo se vio obligado a quitar dos artículos centrales: cargos vitalicios y jubilaciones de privilegio para los integrantes de la procuraduría.

Lo sucedido en la siesta del martes se desprendió de la interna radical porque fueron precisamente algunos correligionarios los que alertaron sobre lo que estaba sucediendo puertas adentro de la Legislatura provincial: la postulación de la radical Florencia Degano para una de las fiscalías adjuntas.

Sin embargo, el llaryorismo no contó con el aval de la oposición que abandonó el recinto y entre los que, el propio radicalismo se retiró acusando la creación de un organismo ineficiente.

Porción de la UCR de la que sale ahora una de las postulantes para la fiscalía adjunta como Degano, que llega de la mano del exnegrista Julio Ochoa, un hombre afín al presidente del partido, Marcos Ferrer, y quien ayudó para que Degano llegara al directorio del Tribunal de Cuentas, el organismo provincial controlado por el juecismo.

Esto exacerbó los ánimos del juecismo que salió con el jefe del bloque del Frente Cívico, Walter Nostrala, a decir: «repudiamos de manera absoluta el acuerdo entre el gobernador Llaryora y radicales para designar en la nueva y vergonzosa estructura de la Procuración Penitenciaria Provincial». «No se tranza con la corrupción, se la combate. ¿Qué favores se están pagando? Por un lado, les recortan a empleados y jubilados y por el otro Llaryora y radicales plasman este inconfesable, costosísimo y espurio acuerdo para repartirse el poder».

Mismo tono con el que se expresó también el exintendente Ramón Mestre: «la designación de funcionarios judiciales de alto rango entre gallos y medianoche, y la aprobación en general de un presupuesto tramposo para el ciudadano, ambas decisiones, con el supuesto aval de Marcos Ferrer en su carácter de presidente de la UCR, constituyen no sólo una medida inconsulta que nunca fue puesta a consideración en el seno de los organismos partidarios, sino también la pérdida de identidad ideológica».

Repudiamos de manera absoluta el acuerdo entre el gobernador Llaryora y radicales para designar en la nueva y vergonzosa estructura de la Procuración Penitenciaria Provincial.

Cerca de la medianoche, radicales de la Unicameral buscaron despegarse de la maniobra en redes al decir que Llaryora «compró» a la dirigente radical, pero lo cierto es que el vínculo entre Degano y Ochoa, y de éste con Ferrer, existe. Y sobre el acuerdo algunos apuntan a la relación del Secretario General de la Gobernación, el ultrallaryorista David Consalvi, un peronista con domicilio en Río Tercero, la ciudad que gobierna Ferrer y en buena parte una especie de garante para asegurar la continuidad de la UCR en la localidad después del 2027.

En tanto, para la otra fiscalía adjunta fue postulada Guadalupe Trillo, del llaryorismo puro que tambaleó con la purga que hizo en la capital cordobesa el intendente Daniel Passerini en el área de ambiente.

Asimismo, como Procuradora del mencionado organismo, el llaryorismo postuló a Bettina Croppi, la fiscal general adjunta impulsada por el viguismo y quien tendrá ahora el joystick de las cárceles cordobesas.