Autor: Invitad@ Especial

 

La privatización del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles de Mendoza amenaza con abrir un nuevo escándalo en el mercado energético, como fue la privatización de Transener, que se quedaron los empresarios libertarios Juan y Patricio Neuss, luego de una sospechosa falla del sistema que los hizo aparecer primero, después de perder contra Central Puerto.

En este caso, la licitación ya empezó mal: los Neuss habrían conseguido entrar al complejo antes de que se abra la competencia. Estos herederos del imperio construido en torno a la bebida pomelo, crecieron de manera delirante durante el gobierno de Milei. Pasaron de manejar una pequeña distribuidora eléctrica en Río Negro, a quedarse con represas, distribuidoras en todo el norte del país y las transportadoras Litsa y Transener: además de una supuesta participación como proveedor clave de la Hidrovía.

«No podes llevarte todo, no es una buena idea», afirmó a LPO un importante empresario del sector, que conoce bien a los Neuss. Un sector en el que crece el fastidio con los jovenes empresarios por el uso y abuso que creen que hacen de su llegada directa al corazón de la administración libertaria.

Los Neuss se quedaron con Transener tras una sospechosa falla del sistema

De hecho, en la pelea por los Nihuiles los Neuss acaso encuentren la horma de su zapato. Deberán enfrentar a otro gran favorecido del gobierno libertario: el dueño de Pampa Energía, Marcelo Mindlin. Pampa ya controla el 52% de Hidroeléctrica Los Nihuiles SA (HINISA), la concesionaria que explotó durante tres décadas las centrales Nihuil I, II y III sobre el río Atuel. La concesión venció en 2024 y, después de sucesivas transiciones, Mendoza recuperó formalmente los bienes el último 31 de julio. Ahora el gobierno de Alfredo Cornejo y la Nación buscan entregarlos nuevamente a un privado por otros 30 años. 

En la pelea por los Nihuiles los Neuss acaso encuentren la horma de su zapato. Deberán enfrentar a otro gran favorecido del gobierno libertario: el dueño de Pampa Energía, Marcelo Mindlin. 

La intención de Pampa de conservar un negocio que conoce desde hace años enfrenta ahora la avanzada de los Neuss. Edison Energía, el brazo energético de la familia, ya tiene una presencia importante en Mendoza. Controla CEMPSA, la empresa que opera las centrales Cacheuta y Álvarez Condarco vinculadas al sistema Potrerillos, además de El Carrizal. Los Neuss vienen, además, de protagonizar una fuerte expansión en el sistema eléctrico. 

El dueño de Pampa Energía, Marcelo Mindlin.

El primer punto oscuro aparece precisamente allí. CEMPSA habría sido contratada para realizar tareas de mantenimiento en Los Nihuiles antes de la licitación, según reveló Julian Maradeo en Ambito. De confirmarse, los Neuss tendrían acceso directo al estado de las instalaciones, las necesidades de reparación y datos técnicos de un activo por el que después podrían competir. 

Esa ventaja adquiere otra dimensión porque dos de las centrales están dañadas y determinar cuánto cuesta recuperarlas será una de las variables centrales para calcular cuánto vale realmente el negocio. 

El problema nació el 11 de enero de 2025. Una crecida extraordinaria del Atuel inundó las casas de máquinas de Nihuil II y Nihuil III y afectó generadores, tableros y sistemas auxiliares. Las centrales siguen necesitando una recuperación importante. El propio llamado oficial reconoce que el nuevo concesionario deberá hacer inversiones para extender la vida útil del complejo. 

Una empresa de los Neuss habría sido contratada para realizar tareas de mantenimiento en Los Nihuiles antes de la licitación. De confirmarse, los Neuss tendrían acceso directo al estado de las instalaciones, una ventaja porque dos de las centrales están dañadas y determinar cuánto cuesta recuperarlas será una de las variables centrales para calcular cuánto vale realmente el negocio. 

Ahí aparece el segundo punto sensible: el seguro. No existe información pública precisa sobre cuánto terminarán pagando las aseguradoras por el siniestro. Las estimaciones técnicas tampoco coinciden. Según la información publicada, una alternativa plantea una reparación parcial mientras otra calcula que reconstruir las centrales podría demandar alrededor de 100 millones de dólares. La cuestión es decisiva porque la indemnización podría quedar vinculada al activo que recibirá el próximo concesionario. 

Porque el ganador no solamente obtendría un complejo hidroeléctrico por tres décadas: podría encontrarse también con una bolsa de decenas de millones de dólares destinada a reconstruir dos centrales. Por eso resulta fundamental conocer antes de abrir las ofertas cuánto pagará el seguro, cuánto cuesta realmente reparar las máquinas y qué obligaciones concretas tendrá quien gane. 

El tercer interrogante está en el diseño mismo de la privatización. Los Nihuiles son propiedad de Mendoza. Sin embargo, Cornejo decidió realizar una licitación conjunta con el gobierno de Javier Milei. El DNU 667 establece que Nación y Provincia compartirán por mitades la comisión evaluadora y que la Secretaría de Energía nacional, que depende de Toto Caputo, participará en la definición de las pautas del concurso. 

El gobernador Alfredo Cornejo y el ministro Toto Caputo.

Además hubo un cambio fundamental: Mendoza terminará vendiendo el 100% de Hidroelectricidad Mendocina SA (HEMSA). El decreto nacional establece expresamente la venta de la totalidad del paquete accionario junto con el otorgamiento de la nueva concesión. De ese modo, la provincia dejará de participar como accionista del negocio.

Ese giro abrió otro frente político. En la Legislatura mendocina se presentó un proyecto para crear una comisión investigadora que revise los actos administrativos, los pliegos, la valuación de HEMSA y el destino del dinero.También se cuestiona por qué se modificó el esquema original y cuál fue la razón para incorporar a Nación al proceso, lo que alimenta las sospechas de un proceso direccionado. 

La valuación es especialmente delicada porque el activo que se vende no está en condiciones normales. Dos centrales necesitan reparaciones importantes, existe una indemnización de seguros todavía sin monto público y tampoco está claro cuánto deberá poner de su bolsillo el próximo operador. Son tres números que deberían conocerse antes de determinar cuánto vale el paquete. 

La sospecha sobre la valuación de Los Nihuiles, además, no aparece aislada. Es una discusión que atraviesa el programa de privatizaciones del gobierno de Milei: cuánto valen realmente los activos que el Estado entrega y si el precio incorpora su capacidad futura de generar ingresos. 

Para Mendoza la discusión es todavía más profunda. La provincia recuperó un activo estratégico después de treinta años y, en lugar de conservar una participación empresaria, decidió vender el 100% y volver a entregar la explotación privada por otras tres décadas.

 

 

Javier Milei puede convertirse en el presidente con mayor cantidad de jueces nombrados por año en los últimos 40 años. En 2026 ya logró aprobar 81 pliegos y podría llegar a los 150.

Juan Bautista Mahiques asumió en marzo de 2026 en el pico de tensión entre Karina y Santiago Caputo, que promovía a Guillermo Montenegro. Los avances de la causa por las coimas en Discapacidad y el frente que se abrió contra Adorni por sus gastos injustificables dejaron al ministro de Justicia contra las cuerdas.

Sin embargo, Mahiques se convirtió en el ministro con más nombramientos de jueces tras la vuelta de la democracia. Y con solo cinco meses de gestión, podría convertir a Milei en el presidente que más jueces nacionales y federales nombró en promedio anual.

Entre los nombres más importantes están los de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para la Sala I de la Cámara Federal y la extensión por cinco años del nombramiento de su padre Carlos Alberto en Cámara Federal de Casación.

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Menem con 37,8, Kirchner con 44,5, Macri con 45 y Cristina con 46 en promedio fueron quienes tuvieron mejores números. Si logra aprobar los 150 pliegos de jueces que envió al Congreso, Milei quedará con un promedio de 37,5 con un año de mandato por delante.

Hasta ahora, es el presidente con mayor número de pliegos aprobados en un año con 81 vacantes y otros 69 pliegos por tratar. Además, el gobierno aspira a cubrir una cuarta parte de las vacantes del Ministerio público fiscal y casi un tercio de las vacantes del Ministerio Público de la Defensa.

Al comienzo de la gestión libertaria había 568 vacantes entre jueces, fiscales y defensores sobre 1640 cargos totales. De ese número, en 2026, el gobierno envió 214 pliegos, una cifra que implica la reducción de 35 a 25% de la vacancia judicial. 

 

 

Dos empresarios bursátiles de Rosario que estaban procesados por lavado de dinero de actividades ilícitas fueron sobreseídos por una razón muy poco habitual: el juez federal que les abrió la causa por ese delito, Marcelo Bailaque, hoy está con prisión preventiva por haberlo hecho para someterlos a un chantaje, en una maniobra coordinada con la máxima autoridad de la es AFIP en la ciudad y un financista, que también están imputados.

La conclusión a la que se llegó es que el origen en extremo viciado de esta pesquisa, que hoy implica a funcionarios públicos imputados por corrupción institucional, no tiene validez como para considerar que las víctimas Claudio Iglesias y Jorge Oneto, los dos agentes de bolsa rosarinos bajo chantaje, deben seguir procesados. Por lo tanto la investigación contra ellos terminó por ilegítima e ilegal.

Los fiscales de la Procuración de Lavado de Activos (Procelac) Diego Velasco y Juan Argibay Molina acuerdan incluso dejar sentado en la sentencia que el proceso contra Iglesias y Oneto no afecta su buen nombre y honor. Se levantaron todas las cautelares que les impedían salir del país y se cancelaron los embargos que se les trabajaron. La causa del sobreseimiento es que el hecho por el que los imputaron, según el artículo 336 inciso 2 del Código Procesal Penal, no existió.

Este desenlace tiene más de una lectura. Pero la primera es que la causa contra Iglesias y Oneto fue producto de una barbaridad. Buscaron extorsionarlos. La causa contra ellos se tramó según se relató en audiencia en el SUM del ex juez federal Bailaque. Fueron partícipes el ex director regional de la AFIP en Rosario Carlos Vaudagna, el financista Fernando Whpei y el escribano santafesino Santiago Busaniche, conocido como lobista de la Justicia Federal en Comodoro Py.

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Lo que se hizo según el planteo de los fiscales fue abrir esa causa contra Oneto e Iglesias de modo de después paralizarla a cambio de un soborno. Iglesias declaró en juicio que realizó para ello cinco pagos hasta totalizar 160 mil dólares de los 200 mil dólares que le pidieron.

La causa abierta contra Iglesias y Oneto fue a partir de un escrito anónimo, fuente muy irregular, que indicaba que ambos lavaban dinero de economías delictivas. En febrero de 2025 LPO que ambos fueron procesados y reportó los detalles de los procesamientos.

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Oscar Romera y Juan Ignacio Murray, abogados de los dos procesados, sostuvieron un argumento de impecable sentido común: los fiscales que actuaban contra su defendido eran los mismos que señalaban al juez que les abrió la causa que lo había hecho en el marco de una extorsión combinada con otros funcionarios. Había una contradicción flagrante. Los fiscales no podían avanzar contra Oneto e Iglesias cuando ellos mismos decían que en esa causa el juez había organizado en su propio quincho esa pesquisa que terminó en un chantaje por dinero.

Los fiscales admiten que no se puede seguir con ese caso por esas mismas razones. Más cuando dos de los imputados en la extorsión, Vaudagna y Oneto, confesaron sus delitos en audiencia lo que va camino a un juicio abreviado donde les tienen que fijar pena.

Desde el procesamiento a Iglesias y Oneto ambos aceptaron declarar y admitir que fueron chantajeados. Iglesias incluso declaró con lujo de detalles contra Bailaque y los coimputados señalando con detalles cómo, dónde y cuándo había hechos los pagos para que paralizaran la causa en su contra.

Esto generó la suspicacia de que los fiscales pudieron seguir con el caso con el objetivo de que los imputados terminaran declarando en contra del ex juez, del funcionario de la AFIP y de Whpei que es el financista que aceptó haber hecho los cobros del dinero de la extorsión. Desde la fiscalía lo rechazan tajantemente. Pero se llegó a la sentencia en acuerdo entre los fiscales y los defensores de que la causa en la que se acusó a los empresarios bursátiles es ilegal. Por lo que el juez federal Carlos Vera Barros declaró la nulidad absoluta e insubsanable del decreto del 20 de agosto de 2019 -mediante el cual el ex juez Bailaque dio trámite a la causa- y de todos los actos procesales subsecuentes que de él depende.

Vera Barros recoge situaciones bizarras mostradas en la audiencia contra Bailaque que exponen el armado de la causa contra los ahora sobreseídos. Afirma que «cobra sentido la discordancia horaria señalada por la defensa como dato demostrativo de la irregularidad de origen la circunstancia de que la denuncia contra sus asistidos habría sido recibida en el Juzgado Federal N° 4 el día 14 de agosto de 2019 a las 12:35 horas, mientras que la denuncia anónima que le habría servido de sustento fue registrada formalmente en la sede de la entonces AFIP recién a las 12:55 horas de ese mismo día».

Vale decir, que el juez Bailaque abrió el caso antes de que le llegara la denuncia.

Vera Barros es el mismo juez que a inicios de 2025 había procesado a Claudio Iglesias, ex directivo de la aseguradora San Cristóbal y de la Bolsa de Comercio de Rosario, y Jorge Oneto, propietario de una sociedad de bolsa que opera en el mercado de capitales en el centro rosarino.

Los procesó por lavado de activos agravado por su habitualidad. En su resolución, reprodujo un listado surgido de la investigación de los fiscales, donde se enumeran inmuebles, vehículos y cuentas offshore que los dos señalados adquirieron con esos fondos sucios entre 2012 y 2019, decía su dictamen.

El sobreseimiento para los empresarios implica que los actos por los que se los procesó deben ser considerados inexistentes. Legalmente eso surge de lo que determina el Código Procesal vigente.

Que no debe ser considerado legalmente existente es una cosa incuestionable. Pero distinto es decir que los actos no existieron.

¿Por qué los mismos fiscales que denunciaron a Bailaque por haber impulsado la causa contra Iglesias y Oneto de manera indecente terminaron empujando a su procesamiento? Los fiscales no reprochan que el caso se cierre ni que se consideren inexistentes los hechos legalmente. Pero en sus oficinas indican que haberlo impulsado implicaba mostrar cómo se podría haber trabajado el caso de manera legítima y con apego a la ley que fue lo que Bailaque, según la resolución que lo tiene en prisión domiciliaria, no hizo.

Para los fiscales se llegó al procesamiento de Iglesias y Oneto con información y evidencia cruzada de numerosos organismos públicos que demuestran que una acción penal tenía sentido. Pero concluyen que es cierto que la causa judicial tuvo origen viciado y que es lógico que por ello se les dicte el sobreseimiento.

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Esta resolución de sobreseimiento por el manejo espurio de un caso es un elemento más contra el ex juez Bailaque que sin embargo acaba de encontrar un alivio. El trámite que lleva a su juicio oral fue paralizado por una resolución de Aníbal Pineda, presidente de la Cámara Federal de Rosario, que de una manera que desató una polémica en ámbitos jurídicos dice que antes de seguir el trámite la Corte Suprema debe definir si al magistrado y a los coimputados se los debe juzgar con el Código Procesal Federal vigente del sistema acusatorio o con el Código anterior. 

 

 

«Hoy el legislador, por lo pronto, tendría que renunciar porque le toca directamente a él, porque ha sido parte de su staff». Así, contundente, la senadora nacional Alejandra Vigo le soltó la mano a Ramón «Cañito» Flores, quien tenía entre su plantilla de asesores en la Legislatura cordobesa a uno que está preso en el marco de una investigación por abusos sexuales a menores y a otro que había sido condenado por peculado.

Las declaraciones de Vigo se produjeron fueron horas después que el bloque peronista le tirara una soga a Flores al autorizarle una licencia por seis meses y frenar el pedido de expulsión que había hecho la oposición. La votación podría haber sido un empate, pero tres legisladores opositores -Alejandra Ferrero, Juan Pablo Peirone y Gregorio Hernández Maqueda- faltaron a la sesión. El resultado fue 34 a 31. Un empate hubiese puesto contra las cuerdas a la vicegobernadora Myrian Prunotto.

La caída de Flores anticipa una crisis en el peronismo norte cordobés, donde cinco caciques se reparten hasta ahora el poder territorial. El mencionado «Cañito» en el departamento Río Seco; Gustavo «el Tata» Palomeque e Isaac «Chachi» López, en Tulumba; Raúl Figueroa, en Ischilin; y Marcelo Eslava en Sobremonte. «La embestida es grande, hay que resistir», escribió uno de ellos en el grupo de WhatsApp que comparten con otros dirigentes del peronismo cordobés.

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Con las carreras de caballos como afición común, el «ejército del norte» se reúne regularmente en los campos de los caciques territoriales para repartirse la torta del poder territorial más allá de los difusos límites entre peronismo y radicalismo.

Un ejemplo: en el norte cordobés se le atribuye a una sociedad de hecho entre el peronista Palomeque y el radical Lucas Lerda, intendente de la localidad Sebastián Elcano, la propiedad de «Costurero», uno de los grandes caballos de carrera de los últimos años. En la superficie, Lerda dejó hace algunos meses el radicalismo para integrarse el «partido cordobés» de Martín Llaryora: «Los partidos políticos no existen más», dijo Lerda cuando se pasó al oficialismo provincial.

Con las carreras de caballos como afición común, el «ejército del norte» se reúne regularmente en los campos de los caciques territoriales para repartirse la torta del poder territorial más allá de los difusos límites entre peronismo y radicalismo.

Otro caso: a Osvaldo «Cacho» Bustos, el juecista que fue candidato a intendente de Villa de María de Río Seco por Juntos por el Cambio en 2023, se lo ubica en esa ciudad como socio de hecho de «Cañito» Flores en emprendimientos agropecuarios.

El legislador provincial, Ramón «Cañito» Flores.

En 2023 hubo señales claras del desgaste del «ejército del norte»: la banca departamental por Tulumba la ganó el radical Sebastián Peralta, quien se benefició de la interna no resuelta entre los peronistas Palomeque y «Chachi» López. Así, con votos subrepticios de «el Tata» Palomeque, Peralta ganó la banca de legislador departamental con 3.974 votos, 600 más que la esposa de López, que era la candidata del PJ.

En su última gobernación, José Manuel de la Sota intentó cercar al Ejército del Norte y mandó a su pareja, Adriana Nazario, a liberar un plan de desarrollo para el norte cordobés a través de la Fundación del Banco de Córdoba, con la idea de puentearlos.

En el despoblado norte cordobés, los legisladores son elegidos por un puñado de votos, por lo que el aparato estatal es clave. «Cañito» Flores ganó con 3.598. Le sacó una ventaja de casi 900 al candidato de Juntos por el Cambio. A Marcelo Eslava lo votaron como legislador 1.512 vecinos. La candidata de Juntos por el Cambio quedó a 105 votos.

En su última gobernación, José Manuel de la Sota intentó cercarlos: mandó a su pareja, Adriana Nazario, a liberar un plan de desarrollo para el norte cordobés a través de la Fundación del Banco de Córdoba, con la idea de puentear al «ejército del norte». Cuando Juan Schiaretti regresó a la Gobernación, en 2015, el plan siguió, pero el manejo regresó a los caudillos. Por eso repercute cómo Vigo acorraló a Flores con el pedido de renuncia.

La senadora nacional, Alejandra Vigo.

 

 

Karina Milei busca centralizar la organización de los actos del Papa León XIV y hay temor en Ciudad y Provincia porque quiere delegar las tareas en una persona sin experiencia. «Propuso hacer la misa en Tecnópolis, pero hay entran 200 mil personas y se esperan entre dos y cuatro millones», explicó un funcionario porteño.

Por el momento, la única actividad confirmada es la conferencia que León XIV dictará en la Universidad Católica, organizada por el Arzobispado de la Ciudad. El resto de su agenda aún no está cerrada.

El Teatro Colón y la cancha de River ya fueron descartados como sede de eventos, ya que la intención es que no haya limitaciones de espacio para recibir a los fieles. Tampoco se haría ninguna actividad en la 9 de Julio.

La Ciudad propuso el Monumento a los Españoles en Palermo, la sede de Fadea en Córdoba es la principal opción para la visita de León XIV a la Docta y la Basílica de Luján podría albergar el encuentro más importante, la misa.

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«En el gobierno no quieren darle a la Provincia, y menos a un municipio kirchnerista, el evento más memorable de la recorrida del Papa. Pero objetivamente es el mejor lugar para una misa. En la esplanada de la basílica entran tranquilamente más de 2 millones de personas», le dijo a LPO un productor que fue consultado por Nación para trabajar en la organización de la agenda.

Nación tiene a cargo la seguridad del pontífice y por eso Monteoliva ya se reunió con las tres jurisdicciones que visitará León XIV. Del encuentro también participó la secretaria general de la Presidencia, que junto a su mano derecha, Mara Gorini, busca absorber tareas. Hay tensión porque ni la Ciudad, ni Córdoba ni la Provincia quieren dejar en manos de la hermana presidencial y sus colaboradores la organización de la visita.

Karina y Monteoliva durante la reunión con Ciudad, Provincia y Córdoba para organizar la logística de la visita papal.

«A las reuniones llevan a una tal Florencia que tiene como experiencia la organización de casamientos y bar mitzvah. Y le quieren delegar el armado de la logística. Acá estamos hablando de 30 o 40 canchas de River en simultáneo», graficó la fuente. Se calcula que todos los eventos podrían costar entre 15 y 20 millones de dólares.

Lo cierto es que Gorini armó Foggia junto con su pareja, Marcelo Dionisio, y formalmente se alejó cuando asumió como funcionaria. Conoce bien el mundo de la producción. Pero los antecedentes de Florencia, su ayudante, son inexistentes en eventos de gran escala.

Se especuló con que Foggia fuera la productora que manejara la visita del Papa, pero eso no sucederá. «Ellos no entran, pero van a ser los que negocien con los proveedores. Como hay poco tiempo va a salir por contratación directa y no por licitación, habrá que estar atentos», dijo una fuente del sector de la organización de espectáculos.

Los eventos tendrán tal magnitud que la visita del Papa posiblemente necesite el stock completo de pantallas y sonido que existen en la Argentina. «Para hacer los demorados que se instalan cada 50 metros para que la gente pueda ver y escuchar, tenés que traer por lo menos 80 pantallas», explicó a este sitio un ex productor.

El miércoles, Karina y Monteoliva se reunieron con Carlos Bianco, Manuel Blanco y Gabriel Sánchez Zinny, jefes de gabinete de Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad.

«El operativo que hay que armar para la misa es enorme. Va a hacer mucho calor y vas a necesitar muchas postas de hidratación, hospital de campaña, kilómetros de vallado, seguridad. Y necesitás organizar que los fieles lleguen. Es algo demasiado grande para la gente de Karina», reflexionó el funcionario porteño.

 

 

Fernando Cerimedo aseguró ante la justicia boliviana que gana un millón de dólares por mes. El ex asesor de Milei declaró en el marco de una causa por lavado de activos y enriquecimiento ilícito que se suma a otra por intento de femicidio de su pareja embarazada.

Cerimedo está detenido desde hace una semana, luego de que dos sicarios intentaran asesinar a su pareja Nadia Beller. Según relató su socio Javier Negre, minutos antes de ser detenido y mientras intentaba huir hacia la Argentina, Cerimedo le vendió su parte de La Derecha Diario.

En su declaración ante el fiscal de La Paz y a un investigador de la policía, Cerimedo se negó a responder más de cien preguntan que le formularon. Se presentó como consultor y dijo que ganaba cerca de un millón de dólares por mes por sus trabajos de asesoría al presidente de Bolivia y a otros dirigentes de la región.

El ex consultor de Milei contó que tenía vínculo directo con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz y dio pocos detalles de esa relación. Según informó La Nación, Cerimedo evitó responder la mayoría de las preguntas que le formularon por no tener «nada que ver con el caso».

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Los investigadores le habían preguntado si mantenía reuniones con empresarios o autoridades extranjeras en nombre de Paz y quién le daba acceso a ministros, pero Cerimedo solo denunció «un intento de golpe de Estado para desestabilizar al Gobierno de Rodrigo Paz, violentando todos los derechos y tratados internacionales» y amenazó con acudir a cortes internacionales.