Autor: Invitad@ Especial

 

Karina Milei instruyó al jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, para que postule al legislador Gonzalo Roca como representante del oficialismo por la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura, en reemplazo de la radical Susana Reyes, quien cumplió su mandato este miércoles. Con ese movimiento, la secretaria general de la Presidencia terminó de meterse a pleno en la Justicia, algo que la desvela hace tiempo por el avance de las investigaciones judiciales por la estafa de la cripto Libra y las coimas de la Andis.

LPO reveló en exclusiva que Karina aspira a controlar la Justicia y había encargado al apoderado del partido La Libertad Avanza, Santiago Viola, que interviniera ante el Poder Judicial para impedir que los casos escalen hasta ella en la determinación de responsabilidades penales.

Además, la hermana del Presidente le pidió a Mariano Cúneo Libarona que permanezca al frente del Ministerio de Justicia hasta que defina un sucesor, pese a que el mediático abogado había adelantado su renuncia al cargo. En rigor, ese pedido de Karina obedece a la cruda interna que mantiene con el asesor Santiago Caputo, con quien habría acordado una tregua hasta marzo sin afectarle posiciones de poder.

En efecto, Caputo cuenta con el segundo de Cúneo Libarona en Justicia, Sebastián Amerio, quien además ejerce la representación del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Cuando se oficialice el nombramiento de Roca en el órgano que controla, designa y juzga a los jueces, Karina contará con un hombre y el consultor político de Javier Milei con otro.

Echaron a Neiffert y Santiago Caputo puso al nuevo jefe de la Side

Fuentes judiciales comentaron a LPO que la preocupación de Karina por las causas que la involucran la empujó a incursionar en los pasillos de Comodoro Py. Para eso, envió a Viola a fatigar despachos con la misión de inhibir el accionar de magistrados y fiscales al frente de las investigaciones que más la comprometen.

La tarea pareciera más allanada en el caso Libra, que está dormida por la lentitud del fiscal Eduardo Taiano y, además, sufrió un grosero pase de manos entre María Servini, quien se jacta de ser la tía de Viola, y Marcelo Martínez de Giorgi.

Santiago Caputo.

Las coimas de Andis, en cambio, recayeron en el juzgado de Sebastián Casanello y el fiscal interviniente es Franco Picardi. Ambos se habrían desempeñado con prudencia, hasta el momento, y progresaron en la recolección de prueba, el pedido de indagatorias y las detenciones, evitando que les quiten la causa para dársela a un juzgado amigable con Balcarce 50.

Sin embargo, la situación más delicada para el gobierno es, por lejos, la de la causa por el Fentanilo contaminado, que se cobró la vida de casi 100 personas. Esa investigación está en manos del juez Ernesto Kreplak, que también mide cada paso que da por ser el hermano del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, miembro del gabinete del gobernador Axel Kicillof.

Karina envió a Viola a fatigar despachos con la misión de inhibir el accionar de magistrados y fiscales al frente de las investigaciones que más la comprometen.

La vacante por la que ingresa Roca es la única que se produce este año, debido a que Vanesa Siley renovó su mandato en octubre pasado y Rodolfo Tailhade y Álvaro González ejercerán su cargo hasta 2027. El libertario terminará en la vocalía que el radicalismo, según consta en una carta que presentó Rodrigo De Loredo, pretendía para la legisladora Karina Banfi, pero el saldo de los comicios dejó a la UCR con un bloque de seis diputados y a Banfi en un monobloque.

Como el oficialismo acredita ahora la primera minoría con 95 diputados y los cuatro representantes se reparten con dos lugares para la bancada mayoritaria, uno para la primera minoría y otro para la segunda, Bornoroni promovió a su par cordobés. Pero, además, advirtió en su misiva que «no consiente» el reparto actual, con dos plazas para el peronismo y otra para el PRO, y recuerda que es atribución del titular de la Cámara «modificar» o «revocar» las designaciones en el Consejo de la Magistratura, según la acordada de la Corte Suprema que en 2021 enterró la ley del kirchnerismo.

 

 

Se espiraliza en la provincia un escenario de guerra abierta entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) por posiciones de poder dentro de los concejos deliberantes, como antesala a lo que será la disputa por las intendencias en 2027.

Como adelantó LPO, en Bahía Blanca se materializó la ruptura de la alianza con la asunción como presidenta del Concejo de la ritondista Gisela Caputo, que desplazó así a Mauro Reyes, alineado al referente libertario en esa ciudad, Oscar Liberman.

Para su designación, la concejal PRO tuvo el voto de los nueve concejales que responden al intendente peronista Federico Susbielles y de otros cuatro opositores. De inmediato, Liberman salió a denunciar una «matriz de pagos de cargos por votos».

Pero en el PRO acusaron a los libertarios de no mocionar ningún concejal para la presidencia a pesar de tantear votos para posicionar al bullrichista Fernando Compagnoni y recordaron que el libertario Reyes también había llegado a la presidencia con los votos del peronismo, pero que ahora «solo tenía tres votos».

Para poner en evidencia el respaldo de Cristian Ritondo a esa movida, el PRO bonaerense salió con un posteo de salutación a Caputo, mientras que el jefe del bloque PRO en Diputados de la provincia, Matías Ranzini, cruzó las quejas libertarias: «Nadie más mocionó para que otro sea presidente del Concejo Deliberante», dijo.

La concejal ritondista Gisela Caputo y un pleno amarillo PRO al asumir la presidencia del Concejo.

Lo sucedido en Bahía no es un caso aislado. Incluso, dirigentes de ambos espacios consultados por LPO lo enmarcan en un contexto de descomposición del acuerdo PRO-LLA que ya se ve en otras ciudades de la provincia por lugares de poder que, en paralelo, marcan el inicio de la disputa por posicionarse hacia 2027.

«Cristian dijo que el PRO tiene que tener candidatos en los 135 municipios», dijo un dirigente amarillo que anticipa la disputa con los libertarios.

Por caso en Bahía, donde Liberman volverá a ir por la intendencia, el desmarque del PRO de la estrategia libertaria va de la mano con el objetivo amarillo de construir una alternativa amarilla para el municipio, que pone como posibles competidores a la propia Caputo o al líder del PRO local, el concejal Emiliano Álvarez Porte.

El PRO y los libertarios al borde de la ruptura en Bahía Blanca por la suba de tasas de Susbielles 

El conflicto por la designación de autoridades también se registra en Necochea, donde los libertarios liderados por el concejal Mariano Valiante acordaron con el intendente axelista Arturo Rojas la continuidad de Marcelo Schwarz en la presidencia, a pesar de la intención del PRO de posicionar a un opositor.

Fuentes del PRO en la Quinta sección señalaron a LPO que los libertarios cedieron la presidencia a cambio de un cargo rentado (Secretaria), además de las vicepresidencias primera y segunda.

La situación resquebrajó la relación entre Valiante y la referente del PRO Necochea, la concejal ritondista Eugenia Vallota.

El PRO y los libertarios ya arrancaron la pelea por las intendencias del Conurbano

En el PRO señalaron que Valiante le ofreció a Vallota integrarse al acuerdo con Rojas ocupando la vice segunda, pero que la concejal ritondista lo rechazó. Ahí también hay dirigentes que ven como trasfondo a ese conflicto la disputa por definir quién será la figura opositora que dispute la intendencia en 2027.

En Zárate, donde gobierna el ritondista Marcelo Matzkin, el peronismo que lidera el concejal Leandro Matilla se quedó con el pleno de las autoridades del Concejo a partir del voto clave del concejal libertario Lautaro Fenestraz.

 En la estructura bonaerense del PRO además exponen otros casos de desafíos libertarios a intendentes amarillos, como en Vicente López, donde el concejal libertario Luis Palomino votó en contra del presupuesto 2026 de Soledad Martínez. 

En Ituzaingó, la tensión pasa entre los libertarios y el ala PRO que se referencia con Gastón Di Castelnuovo, alineado a Diego Santilli. Ese sector tiene tres concejales y en el reparto de autoridades anotó en la vicepresidencia primera a Luciana Prats.

Eso generó discordia con los libertarios, que acusan a Di Castelnuovo de mantener un acuerdo de larga data con los Descalzo que le permitió ahora negociar ese lugar para Prats a pesar de no ser la segunda fuerza en volumen de concejales.

En ese distrito del oeste del conurbano, los concejales libertarios Juan Larralde, Agustina De la Iglesia y Hugo Equiza articulan en un interbloque de cinco bancas con los ritondistas Walter y Christian Lanaro.

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En San Andrés de Giles, la concejal Mercedes Condesse acusó a su par libertario Augusto Bianchi de acordar las autoridades del Concejo como el intendente peronista Miguel Gesualdi, al votar en sintonía con el bloque oficialista.

En la estructura bonaerense del PRO además exponen otros casos de desafíos libertarios a intendentes amarillos, como en Vicente López, donde el concejal libertario Luis Palomino votó en contra del presupuesto 2026 de Soledad Martínez.

Ese cuadro de fragmentación se expone aún más en municipios del conurbano donde gobierna el peronismo, en donde, como contó LPO, crecen los cruces entre el PRO y los libertarios que, además de ir en bloques separados en los concejos, ya chocan por 2027.

 

 

Axel Kicillof pelea para quedarse con la vicepresidencia del Senado luego que en Diputados, La Cámpora, Martín Insaurralde y el Frente Renovador se quedaron con todo el paquete de autoridades.

A diferencia de lo que sucedió en la Cámara Baja, el gobernador entiende que es un cargo «sensible» en términos institucionales toda vez que se trata del lugar en la línea de sucesión y por lo tanto está decidido a dar la pelea.

«Lo que sucedió en Diputados es un mero reparto de cargos. Esto es otra cosa. Acá hay una cuestión institucional de fondo», dicen a LPO fuentes del axelismo.

No hubo acuerdo en el peronismo y Kikuchi se queda hasta marzo con la vice del Senado bonaerense

Desde La Cámpora plantean que el gobernador está rompiendo un acuerdo que establece que las autoridades de la Legislatura deben respetar el mismo esquema dentro del peronismo, tal cual ocurrió en Diputados. Entienden que ese lugar lo ocupó hasta la semana pasada Luis Vivona (que pasó a la Cámara Baja) y que por lo tanto le corresponde a alguien del sector de Cristina Kirchner. En el axelismo refutan eso y argumentan que la elección de Vivona se dio en un contexto político distinto dentro del peronismo.

La candidata del axelismo para ocupar la vicepresidencia del Senado es Ayelén Durán, una senadora de Bahía Blanca que supo integrar las filas de La Cámpora. Hace dos años Durán rompió con la agrupación de Máximo y pasó a reportar al Cuervo Larroque.

La candidata del axelismo para ocupar la vicepresidencia del Senado es Ayelén Durán, una senadora de Bahía Blanca que supo integrar las filas de La Cámpora. Hace dos años Durán rompió con la agrupación de Máximo y pasó a reportar al Cuervo Larroque y durante varios meses fue la única referente de Kicillof en la Cámara Alta. Por eso, en Casa de Gobierno la señalan como la legisladora que debe ocupar el tercer lugar en la línea sucesoria.

La senadora bahiense, Ayelén Durán.

Mientras tanto, en el kirchnerismo dicen que apoyan la candidatura de Mario Ishii. Lo mismo dicen en el Frente Renovador al tiempo que descartan una candidatura de Malena Galmarini.

El lunes asumieron los nuevos senadores y el peronismo lo llegó a un acuerdo por la poderosa vicepresidencia primera. Al menos hasta marzo, ese lugar quedará para Carlos Kikuchi por ser el único de los seis vicepresidentes que continúa en el Senado. Los cinco restantes terminaron sus mandatos.

Kicillof, Massa y Máximo acordaron los lugares de poder en la Legislatura bonaerense 

Hay quienes sostienen que la vicepresidencia de Kikuchi duró hasta este 10 de diciembre y por lo tanto no puede ostentar el cargo de vicepresidente primero. En la Legislatura, tanto el reglamento del Senado como el de Diputados fueron redactado de tal modo que permiten múltiples lecturas.

Otro actor que juega es Sergio Berni. Kirchneristas y massistas aseguran que respaldan a Ishii, sin embargo el ex ministro de Seguridad puede aparecer como un tapado. Se sabe que Berni quiere ese lugar y que lo perdió en 2023 cuando Vivona consiguió más votos hacia el interior del bloque. Ahora podría alzarse como una prenda de unidad entre el jefe de José C. Paz y la senadora del axelismo.

 

 

 Luis Alberto Arce Catacora fue detenido  el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en el caso Fondo Indígena, uno de los procesos de corrupción más emblemáticos del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).

Según publica el medio boliviano El Deber, la Fiscalía Departamental de La Paz confirmó que Arce es investigado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, en su condición de exministro de Economía y miembro del Directorio del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc).

El ex presidente fue aprehendido en la zona de Sopocachi y trasladada a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde presta declaración ante una comisión de fiscales de la unidad anticorrupción.

 Según el Ministerio Público, la aprehensión responde a la existencia de suficientes indicios sobre su participación en decisiones que habrían generado un daño económico al Estado.

 Paz rompe con el vicepresidente y sufre su primera crisis en Bolivia 

De acuerdo con la orden de aprehensión, firmada por el fiscal Miguel Ángel Cardozo Ramírez, Arce habría promovido la ejecución de proyectos mediante transferencias público-privadas que no estaban autorizadas por la normativa vigente en ese momento, lo que configuraría una conducta antieconómica y el incumplimiento de sus deberes como autoridad.

La Fiscalía Departamental de La Paz confirmó que Arce es investigado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, en su condición de exministro de Economía y miembro del Directorio del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario

La investigación se centra, entre otros hechos, en la aprobación de un proyecto presentado por la entonces dirigente campesina y exdiputada Lidia Patty Mullisaca, quien recibió en 2010 recursos del estado  para la construcción de invernaderos en comunidades de la provincia Bautista Saavedra, en el departamento de La Paz. 

Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia.

Según la Fiscalía, el proyecto fue aprobado pese a contar con documentación incompleta, observaciones técnicas y deficiencias en los listados de beneficiarios.

El Ministerio Público también señala que, en una reunión del directorio del fondo realizada en noviembre de 2009 en la ciudad de Tarija, Arce habría manifestado que los proyectos no incluidos en la Ley Financial podrían ejecutarse posteriormente, instrucción que es considerada clave dentro de la investigación penal.

El denominado caso Fondo Indígena se destapó entre 2014 y 2015, tras informes de la Contraloría que revelaron el incumplimiento de más de un centenar de proyectos financiados con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), lo que habría ocasionado un millonario daño económico al Estado.

 

 

El consejo directivo de la CGT diseña una estrategia para «debilitar» el alcance de la reforma laboral cuando empiece a tratarse en el Senado. Para eso, los líderes de la central obrera mantuvieron encuentros con los gobernadores Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, integrantes de Provincias Unidas que habrían mostrado buena predisposición para aportar la voluntad de los legisladores que les responden.

Igual que con la Ley Bases, los dirigentes gremiales apuestan a desflecar el proyecto de Javier Milei en la Cámara Alta para reducir su impacto sobre los trabajadores, con la diferencia de que aquella iniciativa parlamentaria ingresó por Diputados, obtuvo media sanción el 30 de abril de 2024 y fue votada por los senadores recién el 12 de junio del mismo año.

La razón por la que se enfocan a pleno en las negociaciones palaciegas sería porque no ven que los trabajadores estén dispuestos a salir a las calles para pelear contra la reforma.

Ante ese escenario, los triunviros de la central obrera, Cristian Jerónimo, Octavio Argüello y Jorge Sola, se reunieron este miércoles con diputados y senadores peronistas, en las oficinas del Bloque Justicialista, liderado por José Mayans. También participó del encuentro el líder de la UOCRA y representante del sindicalismo en el Consejo de Mayo, Gerardo Martínez, que habría quedado enredado por el gobierno en el informe final de las discusiones que divulgó este martes Manuel Adorni.

En ese texto, consta que Martínez habría admitido la necesidad de reescribir la Ley de Contrato de Trabajo, algo que enervó a Jerónimo y activó todas las alertas en la conducción cegetista.

Durante la cita con los senadores, los triunviros sostuvieron que los borradores de la ley van «en un sentido claramente regresivo porque ninguna de las medidas difundidas mejora las condiciones actuales de los trabajadores registrados, ni ofrece respuestas para quienes se encuentran en situaciones de mayor precariedad». Legisladores y dirigentes sindicales coincidieron en «la necesidad de avanzar de manera conjunta en una campaña nacional de concientización para visibilizar el impacto de la reforma».

Mayans, Sagasti y di Tullio junto a Jerónimo, Argüello y Martínez.

Uno de los senadores que participó de la reunión le dijo a LPO que «hay que construir unidad y ampliar la base de sustentación con la CGT, la CTA y los gobernadores para llegar a los 37 votos del Senado y evitar que salga esta ley». El segundo paso de esa estrategia sería el de pensar en alternativas, frente a la ofensiva del gobierno.

Además de Mayans, recibieron a los sindicalistas en el bloque Justicialista sus colegas Juliana di Tuillio, Anabel Fernández Sagasti, Alicia Kirchner, Jorge Capitanich, Mariano Recalde, Martín Soria y Fernando Salino, entre otros senadores. El peronismo parte de un piso de 28 bancas y aspira a juntar la adhesión de Carlos Camau Espínola y Alejandra Vigo, como así también a sus pares de provincias petroleras.

Hay que construir unidad y ampliar la base de sustentación con la CGT, la CTA y los gobernadores para llegar a los 37 votos del Senado y evitar que salga esta ley.

En representación de los diputados de Fuerza Patria, acudieron al Senado Vanesa Siley, Mario Paco Manrique, Hugo Moyano (hijo) y Kelly Olmos.

Más temprano, Jerónimo y Sola también se reunieron, junto al titular del Sindicato de la Carne, Carlos Molinari, y su par de AEFIP, Pablo Flores, con los legisladores entrerrianos Guillermo Michel, Gustavo Bordet, Blanca Osuna, Marianela Marclay y Adán Bahl. «Una reforma laboral por sí misma no genera puestos de trabajo, porque para crear trabajo se necesita un proceso de crecimiento económico sostenido protegiendo y promoviendo la industria y la producción nacional», dijo Michel.

Jerónimo y Michel.

 

 

La Caja de Jubilaciones de Córdoba volvió a ubicarse en el centro de la agenda política. Como ocurrió durante la gestión de Amado Boudou, cuando la Anses suspendió los giros de la Anses para cubrir el déficit previsional, la Provincia advierte que se encamina a un «precipicio» financiero.

El proyecto de Presupuesto 2026 expuso con crudeza la magnitud del déficit previsional: el gasto total del sistema previsional provincial ascenderá a $ 2,63 billones, mientras los aportes y contribuciones de los activos sólo llegarán a $ 1,81 billones, es decir, un 69% del total. El rojo operativo proyectado trepa así a $ 821.292 millones. Son los números de 2026. También Córdoba reclama a la Nación una deuda incobrable de 1 billón de pesos.

El cálculo incluye un dato clave: la Provincia prevé financiar con recursos propios al menos $ 417.292 millones, un 51% del déficit, debido a que la Nación no garantiza los giros que históricamente reconocían el desfasaje previsional de Córdoba tras la armonización de su sistema. En 2025, tras la intervención de la Corte Suprema, Nación comenzó a enviar $ 5.000 millones en 12 cuotas fijas. Pero ahora hasta esta cifra está en duda.

Los técnicos de la Caja estiman que el monto necesario para sostener el sistema rondaría los $ 20.000 millones mensuales, cuatro veces más de lo comprometido por la Nación.

En ese escenario, el legislador socialista aliado al PJ, Matías Chamorro, lanzó un globo de ensayo para meter pánico en los gremios estatales: presentó un proyecto para declarar la «Emergencia de la Caja de Jubilaciones».

Así, el Gobierno apunta a garantizar que el grueso de los jubilados (el 85%) recupere el 82% a través de un adicional no remunerativo, pero aplicaría una cláusula de «solidaridad previsional» para los haberes más altos: quienes cobren más de $ 2,5 millones recibirían el excedente en Títulos de Cancelación Previsional, instrumentos transferibles con una tasa equivalente a la pasiva promedio. Es un golpe a los gremios más combativos -Luz y Fuerza y los municipales de la ciudad de Córdoba- y a los jueces.

Pero quien llevó el relato al extremo fue Facundo Torres, presidente del bloque oficialista en la Legislatura: dijo que la Caja se encuentra «ante una situación crítica» y que, sin una intervención urgente, «ya se empieza a ver el precipicio».

Torres defiende que se aumenten los aportes personales un 4%. La hipótesis es que se podría avanzar con esa medida sobre los municipales de la ciudad, Luz y Fuerza y bancarios. Ese parece ser un límite que está dispuesto a cobrar: se trata de empleados que por alto nivel de conflictividad que tienen sus reclamos, tienen mala imagen. Cuando era intendente de Córdoba, a Llaryora le fue bien en términos de imagen cuando confrontó con los municipales.

En cambio, el Gobierno descarta medidas para ampliar los aportantes del sistema prolongando la vida activa de los 25 mil policías policías y de los 50 mil docentes, casi el 80 por cieno de la planta de personal.

A diferencia de cuando José Manuel de la Sota decidió confrontar con Amado Boudou y Cristina Fernández por la suspensión de fondos para la Caja (crisis que derivó en la creación de la «tasa vial», en 2012), ahora Llaryora debe enfrentar al vencedor en Córdoba de las elecciones nacionales sin margen para crear un impuesto de guerra, como fue aquel que se cobró durante casi tres años en cada carga de combustible.