El abogado del abogado de Nadia Beller, la ex novia de Fernando Cerimedo baleada por un par de sicarios en Bolivia, dijo que en el teléfono del ex asesor de Javier Milei había mensajes que lo incriminan directamente como el autor intelectual del atentado.
«En el teléfono de Cerimedo decía que había que eliminar a Nadia», dijo Jerjes Justiniano, el defensor de la víctima.
Justiniano dijo que esa información se extrajo durante el peritaje del teléfono de Cerimedo, que este jueves rompió en llanto cuando fue a declarar al Palacio de Justicia de La Paz.
«En la pericia del teléfono se constata una comunicación con alguien a través de una modalidad muy interesante que es a través de notas de mensaje, donde a través de esta nota le habría enviado a alguien en la cual dice: «Nadia ha llegado muy lejos, ella» dice, «la amiga de…» no me recuerdo el nombre, «sí, Nadia», le dice. «Yo creo que hay que buscar la forma de eliminarla, ¿conocés a alguien?», dijo el abogado de Beller a TN.
En la pericia del teléfono se constata una comunicación con alguien a través de una modalidad muy interesante, que es a través de notas de mensaje, donde a través de esta nota le habría enviado a alguien en la cual dice: «Nadia ha llegado muy lejos, ella» dice, «la amiga de…» no me recuerdo el nombre, «sí, Nadia», le dice. «Yo creo que hay que buscar la forma de eliminarla, ¿conocés a alguien?»
«Eso está en el teléfono de Cerimedo, está en la pericia que se ha realizado por parte de la Policía», dijo el abogado. «Es parte de los elementos probatorios que tiene el Ministerio Público y por eso es que el Ministerio Público llega a la conclusión de que en este momento no se necesita una prueba plena, se necesitan indicios y que prácticamente demuestran la participación de él», dijo Justiniano.
«Y luego hay una serie de mensajes entre Nadia y Cerimedo en la cual Nadia, obviamente producto de una relación sentimental, producto de su embarazo, donde eso lo iba a complicar mucho a Cerimedo con el tema de su esposa, de sus hijos», dijo el abogado.
La centrales obreras, movimientos sociales y agrupaciones de endeudados realizaron este jueves una multitudinaria marcha al Ministerio de Economía para denunciar el creciente endeudamiento familiar para cubrir el pago de servicios y alimentos.
Los manifestantes acusaron con una preocupación central la precarización del endeudamiento, que registra un acelerado traspaso de los bancos a las billeteras virtuales como Mercado Pago, que impone tasas de interés siderales y que son acusadas de «usureras» por algunas entidades de defensa del consumidor.
La CGT y las dos CTA alertaron una morosidad récord y le exigieron al gobierno de Javier Milei un plan para refinanciar deudas, regulación de las tasas de interés y un programa enfocado en aliviar el peso del endeudamiento en las pymes.
«No hay que descartar que sea el alto nivel de endeudamiento el que se termine convirtiendo en el desencadenante de un estallido social en el país. La situación que atraviesan millones de hogares en Argentina es dramática», alertó el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, que reclamó que el Gobierno ponga «límites a la usura».
Según datos del Banco Central, más de 20 millones de personas están endeudadas. En el caso de la morosidad con billeteras virtuales, un informe del CEPA reveló que saltó de 7,3% en noviembre de 2024 a 30,1% en junio de 2026.
El préstamo fue una forma de parar la situación social. Ahora ya el préstamo sobrepasó porque hay más de 20 millones de personas en problemas. Hay 5 millones de usuarios que están en la refinanciación, que están al borde de la asfixia.
«La marcha al Gobierno no le interesa porque son perversos, creo que hasta disfrutan de ver al pueblo sufrir», dijo a LPO Osvaldo Bassano, director de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (Adduc), que alertó que sobre un estallido social de no haber respuestas al reclamo de los endeudados.
«Tenés al Ejecutivo que dice que no hay ningún problema, al Legislativo que tiene un montón de proyectos bloqueados y al Poder Judicial que no resuelve a favor de los consumidores. ¿Cómo terminan resolviendo los pueblos cuando no tienen canalizada la solución? Esto termina en la calle, con violencia y con un desquicio social. Este es el problema serio que tenemos hoy», sostuvo Bassano.
Y agregó: «El préstamo fue una forma de parar la situación social, ahora ya el préstamo sobrepasó porque hay más de 20 millones de personas en problemas. Hay 5 millones de usuarios que están en la refinanciación, que están al borde de la asfixia».
El dirigente de Adduc advirtió que las altas tasas de Mercado Pago no están siendo reguladas por el Banco Central, por lo que el Estado está siendo cómplice de intereses «usurarios». «No hay que descartar que en un futuro algún funcionario termine siendo solidariamente responsable por los daños que hubiese causado», dijo.
Por su parte, el titular de la Asociación Civil de Usuarios Bancarios (Acuba), Gerónimo Rossi, también puso de relieve el peso del endeudamiento con billeteras virtuales que en la entidad denominan como «prestamistas virtuales».
«Le asignan nombres comerciales como ‘billeteras virtuales’ o ‘proveedores de pago’ y en realidad son los canales que usan para llegar a la gente para darles préstamos a un solo click, prestamos de urgencia que la gente toma y no repara en el costo que termina pagando en tasas de interés respecto de los préstamos», dijo Rossi a LPO.
Para el dirigente de Acuba ese mecanismo, a diferencia del tradicional préstamo que se toma en una sede física, «está viciando la voluntad, porque un consumidor que está urgido, encuentra un salvavidas de plomo en su celular, con un scoring dudoso».
Los bancos tienen que ganar un poco menos para que esto mejore y el Estado tiene que poner lo suyo porque los créditos son muy caros porque los intereses están gravadísimos con impuestos y todo eso lo paga el consumidor
Ahí, Rossi hizo foco en la responsabilidad de quien presta: «¿Quién fue el que valorizó o tuvo en cuenta las capacidades crediticias de esas personas? No sabemos si es algún algoritmo, si tiene una base sustentable. Acá hay una proliferación de créditos masivos de fácil acceso sin ningún control».
Al advertir que «la gente está endeudándose para consumos de gastos corrientes», el titular de Usuarios Bancarios dijo que la principal causa del sobreendeudamiento es «el atraso de los ingresos familiares frente a la enorme cantidad de aumentos de precios que hubo sin control».
Frente a eso, detalló que hay bancos que ya empezaron a dar refinanciaciones a sus clientes «con tasas considerablemente más bajas que las de una tarjeta de crédito o un préstamo personal».
«Los bancos tienen que ganar un poco menos para que esto mejore y el Estado tiene que poner lo suyo porque los créditos son muy caros porque los intereses están gravadísimos con impuestos y todo eso lo paga el consumidor. Si los bancos están ofreciendo refinanciaciones a tasas más bajas, quiere decir que se puede», agregó.
En tanto, el ex diputado y actual titular de la Asociación de Usuarios y Consumidores, Ricardo Vago habló de «la problemática de la instantaneidad del teléfono». «Hay poco trabajo, endeudamiento, apuestas online. El teléfono es mágico en el sentido es que es un instante», dijo a LPO.
En la entidad presidida por Vago vienen trabajando en proyectos que, además de regular las tasas y las fintech, buscan dotar de mayor peso a las asociaciones de consumidores a la hora de «intimar a la empresa cobradora a trasparentar sus números de interés para que el deudor conozca cómo inflan los números y permita una discusión en igualdad».
Por esta situación, varias organizaciones de defensa de usuarios y consumidores se reunirán este viernes en el Congreso con el diputado Esteban Paulón.
Maximiliano Pullaro cerró un acuerdo con el socialismo y otras fuerzas políticas para sancionar una nueva Ley Electoral que permite que un candidato se presente con hasta tres fórmulas diferentes dentro de un mismo frente. Una modificación que complica al PRO.
La nueva norma no es una Ley de Lemas, aunque en algún punto remite a aquel diseño. En el gobierno de Pullaro se cuidaron de aclarar que a diferencia de los lemas en los que distintos candidatos de una fuerza sumaban sus votos al que salía primero, aquí los votos se dividen.
En efecto, los lemas permitía sumar los votos de distintos candidatos de un mismo partido y convirtieron las elecciones en un festival de listas. La derogó el peronista Jorge Obeid. Ese cambio permitió que en 2007 Hermes Binner se convierta en el primer gobernador socialista del país.
Ahora, la reforma que impulsó el socialismo dentro del frente gobernante Unidos, habilita que el candidato a gobernador compita en las PASO acompañado con hasta tres candidatos a vice, que deberán ser distintos y respetar la paridad de género.
Cada fórmula aparecerá como una opción independiente y los votos no se acumularán: pasará a la elección general la combinación que obtenga más votos dentro de la alianza.
Cada fórmula aparecerá como una opción independiente y los votos no se acumularán: pasará a la elección general la combinación que obtenga más votos dentro de la alianza. La fórmula se completa con una lista de diputados, que deberá presentarse obligatoriamente junto con el postulante a gobernador.
Clara García
De esta manera, Unidos ordena la sucesión oficialista y permite que Pullaro encabece distintas fórmulas sin quedar atado a una única candidata a vice. Aunque técnicamente no replica la Ley de Lemas tradicional porque los votos de las fórmulas no se suman, mantiene la misma lógica: un mismo candidato a gobernador podrá apoyarse en distintas opciones internas y aparecer varias veces en la oferta electoral del frente.
En Unidos dicen que esta reforma complica especialmente al PRO y particularmente a Gisela Scaglia que en la elección pasada renunció como vicegobernadora para encabezar la lista de diputados nacionales con la promesa de que en 2027 iba a volver a integrar la fórmula con Pullaro. Ahora, Scaglia deberá ganarle al aparato socialista y al radical para llegar a las generales como vice.
En el peronismo creen que Pullaro ya tiene cerrado un acuerdo con La Libertad Avanza y que esta ley electoral le permite atar al socialismo a la coalición y evitar fugas antes de las elecciones provinciales.
Gisela Scaglia, diputada
Por otro lado, el dictamen también establece un piso del 1% del padrón en las PASO para pasar a las generales y que al menos una de sus listas internas obtenga el 0,6%. Luego en las generales, el piso se eleva y para ingresar al reparto de las 50 bancas de Diputados se exigirá el 4% del padrón provincial. Las bancas se distribuirán mediante el sistema D’Hondt, eliminando el esquema actual que garantiza 28 diputados a la fuerza más votada y reparte los 22 restantes entre las minorías.
En las PASO habrá una boleta única separada para cada categoría: gobernador, diputados, senador, intendente y concejales. En las generales, en cambio, gobernador y diputados compartirán una misma boleta, con la posibilidad de votar la lista completa o cortar entre ambas categorías. El mismo sistema se aplicará para intendente y concejales, mientras que los candidatos a senador departamental seguirán apareciendo en una boleta separada.
La iniciativa busca crear un registro obligatorio y un sistema de licencias para las agencias de cobranzas extrajudiciales. También plantea sanciones para quienes incumplan las normas y cuestiona una práctica cada vez más habitual: llamar a familiares del deudor para presionarlo.
Por Luis Bulnes Valdez para NLI
Hay una escena que se volvió demasiado frecuente: el teléfono que no deja de sonar, mensajes durante todo el día, amenazas de iniciar acciones judiciales, advertencias sobre el Veraz y llamados a familiares, amigos o compañeros de trabajo. Del otro lado hay una persona que tiene una deuda y que, muchas veces, no puede pagarla porque sus ingresos ya no alcanzan. El problema deja entonces de ser solamente financiero. Se convierte en una forma de hostigamiento cotidiano.
Sobre esa realidad puso el foco el legislador porteño Leandro Santoro, quien presentó un proyecto para regular la actividad de las agencias de cobranzas extrajudiciales y establecer herramientas concretas para sancionar los abusos. La iniciativa parte de una premisa sencilla: tener una deuda no significa perder derechos.
La propuesta llega, además, en un contexto de fuerte crecimiento del endeudamiento familiar. En mayo de 2026, la morosidad de las familias dentro del sistema bancario había alcanzado el 12,3%, frente al 2,5% registrado en octubre de 2024, según datos difundidos por organizaciones sindicales y sociales.
En la Ciudad de Buenos Aires, el panorama tampoco resulta alentador. Según el Mapa de Deudores citado por C5N, en junio había 255.805 personas en mora sobre un universo de 1,88 millones de deudores. La tasa general de mora porteña llegó al 11,71%, con barrios del sur de la Ciudad entre los más afectados.
Una deuda No Puede Convertirse En Una Persecución
El proyecto de Santoro apunta directamente a un vacío que permite que determinadas prácticas de cobranza continúen desarrollándose con escaso control. El legislador sostuvo que, aunque existen normas que prohíben el hostigamiento, faltan herramientas efectivas para identificar, controlar y sancionar a quienes realizan cobranzas extrajudiciales abusivas.
La iniciativa plantea crear un registro oficial de agentes y agencias de cobranzas extrajudiciales, acompañado por un sistema de licencias. La lógica es cambiar las reglas de juego: quien quiera dedicarse profesionalmente a cobrar deudas deberá estar identificado y cumplir determinadas condiciones para poder operar.
La licencia no sería un simple trámite administrativo. De acuerdo con la propuesta, aquellas agencias que incumplan las normas podrían ser inhabilitadas, impidiéndoles continuar desarrollando la actividad en la Ciudad. El objetivo es que las sanciones dejen de ser una declaración abstracta y tengan consecuencias concretas sobre quienes recurren a métodos prohibidos.
Y allí aparece una cuestión central. Cobrar una deuda es legítimo. Hostigar a una persona para que pague no lo es. La diferencia parece elemental, pero adquiere otra dimensión cuando el endeudamiento se transforma en una herramienta de presión permanente.
El Llamado Al Familiar Y La Presión Sobre El Deudor
Uno de los puntos que Santoro puso especialmente sobre la mesa es el contacto con personas que no tienen ninguna responsabilidad sobre la deuda.
El legislador cuestionó que las empresas puedan llamar a familiares del deudor para ejercer presión indirecta. El mecanismo es conocido: si la persona endeudada no responde, aparece el llamado a un padre, una madre, un hermano, una pareja o incluso otro contacto para advertirle sobre la situación y pedirle que intervenga.
El problema no termina allí. En muchos casos, la amenaza de aparecer en registros crediticios se utiliza como argumento para multiplicar la presión. Santoro calificó de inadmisible que se contacte a un familiar para pedirle que interceda y evitar que el deudor ingrese al Veraz.
La discusión que propone el proyecto excede, por eso, la cuestión estrictamente comercial. ¿Hasta dónde puede llegar una empresa para recuperar su dinero? ¿Puede llamar decenas de veces? ¿Puede contactar a terceros? ¿Puede utilizar información destinada a intimidar? ¿Puede convertir una deuda privada en una exposición pública?
Para Santoro, la respuesta debe ser clara: no.
El legislador describió situaciones en las que las personas reciben comunicaciones durante las 24 horas y terminan perdiendo tranquilidad y estabilidad emocional. El reclamo no es que desaparezca la obligación de pagar. Es que el cumplimiento de una obligación financiera no habilite a convertir la vida cotidiana del deudor en un permanente campo de presión.
El Endeudamiento Como Síntoma De Una Economía Que Aprieta
La propuesta también permite mirar un problema mayor. Cuando cada vez más familias recurren al crédito para sostener gastos cotidianos, la morosidad deja de ser un fenómeno individual y comienza a funcionar como un indicador social.
Organizaciones sindicales y sociales se movilizaron este jueves precisamente para visibilizar el crecimiento del endeudamiento familiar. Los datos difundidos por C5N muestran que millones de personas tienen obligaciones financieras pendientes y que una parte creciente de los hogares enfrenta dificultades para cumplirlas.
En ese escenario, la cobranza extrajudicial puede convertirse en un negocio particularmente agresivo. Cuanto mayor es la cantidad de personas endeudadas, mayor es también el universo sobre el cual pueden operar las agencias especializadas.
Por eso el debate planteado por Santoro no debería reducirse a una discusión sobre llamadas telefónicas molestas. En el fondo aparece una pregunta política mucho más profunda: qué derechos conserva una persona cuando queda atrapada en una deuda.
La respuesta propuesta es que conserva todos los derechos que no haya perdido por una sentencia o por una norma específica. Y que una empresa no puede reemplazar a la Justicia ni utilizar la intimidación como mecanismo de cobro.
Santoro, además, decidió incorporar a quienes atravesaron estas situaciones a la construcción del proyecto. Convocó a personas que hayan sufrido hostigamiento para que acerquen sus testimonios a la Legislatura porteña. La intención es que las experiencias concretas sirvan para identificar las prácticas abusivas y construir una regulación que responda a problemas reales.
En tiempos en los que el endeudamiento se convirtió para muchas familias en una forma de llegar a fin de mes, poner límites a la cobranza abusiva también es discutir qué modelo de sociedad se quiere construir. Porque una cosa es reclamar que una deuda sea pagada. Otra, muy distinta, es transformar esa deuda en una licencia para perseguir.
Y esa es precisamente la frontera que el proyecto busca establecer.
Axel Kicillof apuntó contra Marcos Galperin por el rol de Mercado Pago en el endeudamiento familiar con billeteras virtuales que alcanza niveles récord. Además, comparó el fenómeno actual con la crisis de las hipotecas subprime de 2008.
El gobernador explicó que, en Brasil, la parte de Mercado Libre vinculada al comercio representa el 60%, mientras que el negocio financiero supone el 40% de la composición del negocio de Galperin. Algo similar ocurre en México donde dos tercios del negocio es el comercio y un tercio la parte financiera. Sin embargo, en Argentina es al revés: «Lo que eran billeteras digitales se convirtieron en empresas más vinculadas a las finanzas que al comercio», dijo.
«De más está decir la enorme angustia, la desesperación que está generando esta situación. Son millones de familias que hoy no pueden pagar deudas que tomaron, en la mayoría de los casos, para cubrir gastos corrientes. Para sobrevivir», agregó Kicillof.
Además, explicó que por un cúmulo de información que tienen estas empresas, discriminan el costo del endeudamiento según el perfil del sujeto. Por una misma deuda cobran diferente según la capacidad de pago, según una batería de parámetros que dispone la fintech.
Lo que eran billeteras digitales se convirtieron en empresas más vinculadas a las finanzas que al comercio.
Además, dijo que las billeteras virtuales se hicieron conocidas como medio de pago, pero luego ganaron espacio como proveedores de crédito y también como colocadores de recursos financieros. «Ese rol las asemeja mucho a lo que es un banco. Lo que antes hacía un banco ahora lo hacen las billeteras virtuales que tienen una regulación mucho más flexible que las entidades bancarias», dijo.
Según datos que brindó el mandatario, el 60% de la población adulta del país está endeudada (se trata de 21 millones de personas). En tanto, una de cada cinco personas que tomaron deuda se encuentra en situación de mora.
Kicillof comparó, además, la situación del endeudamiento en Argentina con la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos. Ese escándalo ocurrió en 2008 cuando los bancos se lanzaron a otorgar hipotecas de alto riesgo para la compra de vivienda a clientes con escasa solvencia y, por tanto, con un nivel de riesgo de no pago superior a la media del resto de créditos.
El interés de esas hipotecas era más elevado que en los préstamos personales y las comisiones bancarias resultaban más gravosas. Como los precios de las viviendas subían, se creía que el sistema era relativamente seguro. Sin embargo, todo terminó en un estallido que provocó enormes pérdidas en bancos y entidades financieras. Incluso llevó a la quiebra a Lehman Brothers, una compañía global de servicios financieros de Estados Unidos fundada en 1850.
El gobierno bonaerense inició en enero una investigación de oficio sobre Mercado Libre y Mercado Pago. El objetivo fue analizar los términos y condiciones de la fintech que cada usuario debe aceptar al crear una cuenta. Se trata de un paso obligatorio pero que ninguna persona lee por la extensión y los tecnicismos jurídicos.
Allí se encontró que ni Mercado Libre ni Mercado Pago informan sobre el costo de los servicios, una situación que viola la defensa de los consumidores. Además, si la fintech cambia los términos y condiciones, estos se dan por aceptados automáticamente.
Si un usuario llega a tener un problema con la aplicación la responsabilidad es del usuario y no del proveedor del servicio. «Si la plataforma falla, es tu problema», explicó el ministro de Producción, Augusto Costa.
Además, el contrato de términos y condiciones autorizaba a Mercado Pago a debitar cuotas de otros usuarios si las cuentas estaban vinculadas. Incluso, si los reclamos de los damnificados llegaban a una instancia judicial, esta instancia debía resolverse en tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, sin importar en qué punto del país resida el perjudicado.
Costa explicó que el gobierno hizo la imputación de oficio y la empresa de Galperin adecuó la normativa revirtiendo las cláusulas cuestionadas
Para el gobierno de Kicillof, Milei generó las condiciones para que el endeudamiento familiar se dispare. Costa citó el DNU 70/2023 que derogó el tope de tasas, disparó el costo del financiamiento bancario y dejó el camino libre a las fintech que están menos reguladas.
En el primer semestre de este año la provincia recibió 2.240 denuncias contra Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud por incumplimientos con las normativas de defensa al consumidor, acoso y hostigamiento.
Costa explicó que se abrió un expediente y se inició una investigación sobre el tema. Además, dijo que se pedirán informes a las empresas para que detallen los criterios con los que se imponen las tasas de interés y la composición real del costo financiero total. «Es imposible determinar cuáles son los criterios que se utilizan para que cada uno de los tomadores de créditos enfrenten estas condiciones crediticias», dijo Costa.
«Las acciones ya están en curso, por lo que las fintech involucradas deberán presentar sus descargos: en caso de demostrarse los incumplimientos, la normativa estipula multas de hasta $1.883 millones y la obligación de revertir los incumplimientos», sostuvo el ministro.
Rolando Figueroa abrió una pelea inesperada en Vaca Muerta. El gobernador de Neuquén acusó a una multinacional de encarecer el transporte del gas argentino hacia Chile para proteger su propio negocio de GNL en el país vecino. Aunque evitó nombrarla, el señalamiento apunta a Naturgy, el grupo que controla Gasoducto del Pacífico, la conexión que une Neuquén con la región chilena del Biobío.
«Tenemos ductos de gas a Chile que están subutilizados. Eso pasa porque quien es dueño del transporte, en el caso del gasoducto que está en la provincia de Neuquén, es la misma empresa que le vende GNL a Chile, con lo cual eleva el costo del transporte para que el GNL lo puedan colocar al vecino país», dijo Figueroa en el Council of the Américas.
La acusación subió de voltaje cuando el neuquino puso números sobre la mesa. «La semana que viene vamos a Chile, específicamente al Biobío. Están pagando el gas 15 dólares y lo pueden obtener a 6 con costo de transporte incluido», sostuvo.
Figueroa no dio el nombre de la compañía, pero la descripción conduce a Naturgy. El grupo tiene el 56,7% indirecto de Gasoducto del Pacífico Argentina. Del lado argentino el caño tiene 299 kilómetros y una planta compresora de 15.400 HP. En 2025 transportó 1.747 millones de metros cúbicos hacia el mercado argentino y apenas 260 millones hacia Chile.
La propia memoria de Naturgy reconoce que el ducto quedó adaptado para operar en forma bidireccional después de la crisis del gas argentino. La estructura societaria ayuda a entender el planteo del gobernador, aunque es más compleja que una empresa vendiéndose gas a sí misma.
Naturgy Chile participa del transporte a través de Gasoducto del Pacífico y también tiene negocios de distribución y comercialización del otro lado de la cordillera. Controla Metrogas y Gas Sur y participa en Innergy, que abastece a industrias, distribuidoras y generadoras del Biobío. A través de Aprovisionadora Global de Energía (AGESA), además, importa gas de distintos orígenes, principalmente GNL que llega desde Trinidad y Tobago y Estados Unidos a la terminal de Quintero, y también gas argentino. Es decir, el grupo tiene intereses a ambos lados de la tranquera: transporte por caño y comercialización de gas importado.
Tenemos ductos de gas a Chile que están subutilizados. Eso pasa porque quien es dueño del transporte, en el caso del gasoducto que está en la provincia de Neuquén, es la misma empresa que le vende GNL a Chile, con lo cual eleva el costo del transporte para que el GNL lo puedan colocar al vecino país.
Hay una precisión importante. AGESA no es GasAndes. Son sociedades diferentes dentro del universo de negocios gasíferos de Naturgy Chile. Y el ducto al que apunta Figueroa por su recorrido entre Neuquén y Biobío es Gasoducto del Pacífico. GasAndes constituye otra de las conexiones que permiten exportar gas argentino a Chile. Desde la cuenca neuquina existen ambas vías para cruzar la cordillera.
Desde la compañía pusieron la pelota del otro lado de la cancha. Fuentes de Gasoducto del Pacífico explicaron a LPO que la capacidad de caño esta disponible para la productora que lo solicite. «Tengo un restaurant con diez mesas, pero ocupadas solo ocho. Bienvenidos los que se quieran sentar en las dos que tengo disponibles», ejemplificó.
Para Neuquén no es una discusión menor: cada millón de metros cúbicos que queda atrapado por falta de mercado es producción, regalías y dólares que no entran.
La discusión ya había aparecido con Brasil. Como reveló LPO, el CEO de TGN, Daniel Ridelener, cuestionó los peajes que se pretendían cobrar para llevar la molécula de Vaca Muerta hasta el corazón industrial de San Pablo.
«De nuestro lado lo que tenemos que lograr es llegar con un precio lo más competitivo posible, contra el precio doméstico y contra el precio internacional. Bolivia tiene una infraestructura y puede jugar con el precio todo lo que necesite. El arranque no fue bueno. Querer cobrar USD 1,9 dólares por millón de BTU para gas interrumpible no es bueno. Pero también está pasando algo parecido con actores locales, con lo cual hay que hacer una alineación de todos los actores de una larga cadena para que seamos competitivos en la exportación», dijo Reidelener.
La lógica es la misma: Vaca Muerta puede tener uno de los gases más competitivos de la región en boca de pozo y perder esa ventaja a medida que atraviesa sucesivos peajes hasta llegar al consumidor.
La ofensiva neuquina sobre Chile abre además una posibilidad mucho más ambiciosa. El gas podría cruzar la cordillera como molécula, aprovechar infraestructura chilena y eventualmente encontrar una salida al Pacífico. Es una alternativa que distintas compañías vienen mirando porque permitiría aprovechar activos existentes y reducir las enormes necesidades de capital que supone desarrollar desde cero una industria exportadora de GNL en la costa argentina.
Ahí aparece la segunda pelea que atraviesa a Vaca Muerta: caño o barco. Total Energies viene defendiendo la alternativa de exportar por gasoductos hacia los países vecinos y puso el foco especialmente en Brasil. CGC, la petrolera de la familia Eurnekian, estudia una salida hacia Chile utilizando el Gasoducto Trasandino. La idea es monetizar más rápido el gas disponible utilizando conexiones regionales antes que esperar megaproyectos que requieren decenas de miles de millones de dólares.
Del otro lado está Southern Energy LNG, que eligió el camino de la licuefacción. La compañía está integrada por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG y proyecta exportar desde Río Negro mediante buques de licuefacción. Apunta a una capacidad cercana a 6 millones de toneladas anuales en dos etapas. El proyecto busca sacar el gas argentino del tablero regional y colocarlo directamente en el mercado mundial.
La tensión quedó expuesta este jueves en el propio Council of the Americas. En el mismo panel en el que habló Figueroa participaron Hugo Eurnekian, presidente de CGC, y Rodolfo Freyre, CEO de Southern Energy LNG. No representaban solamente dos empresas. Encarnaban las dos rutas que hoy compiten por el gas incremental de Vaca Muerta: utilizar los caños existentes para vender molécula a los vecinos o invertir miles de millones para enfriarla, convertirla en GNL y subirla a un barco.
El problema argentino es que Vaca Muerta puede producir mucho más gas del que consume el país durante buena parte del año, pero necesita mercados e infraestructura para evacuarlo. La discusión dejó de ser solamente cuánto gas hay debajo de la tierra. Ahora es quién controla la puerta de salida, cuánto cobra por abrirla y hacia dónde conviene hacer correr la molécula. Por eso la acusación de Figueroa contra Naturgy toca un nervio sensible.
Desde la oposición apuntan que el planteo de Figueroa expone además una contradicción del nuevo esquema energético. «Apenas asumió Milei, el Gobierno habilitó una recomposición del 675% en las tarifas por el transporte de gas, a la que luego se sumaron nuevas actualizaciones. Pero cuando el mismo gas tiene que cruzar la frontera, la lógica se invierte: el transporte aparece como un costo que hay que bajar para que Vaca Muerta pueda competir. Tarifas altas hacia adentro y peajes baratos hacia afuera. El modelo exportador convierte así en negociable para venderle gas a Chile un costo que para el mercado interno fue presentado como inevitable», comentó a LPO un referente del peronismo.
