Autor: Invitad@ Especial

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    Patricia Bullrich y el método del poder impune: seis casos, un mismo patrón

     

    Un tuit del abogado Gregorio Dalbón volvió a poner en foco un recorrido político atravesado por muertes, violencias, encubrimientos y relatos oficiales construidos antes de cualquier verdad judicial. Desde Nisman hasta el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, el nombre de Patricia Bullrich aparece siempre en el mismo lugar: el del poder que explica, señala y se desentiende.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    El planteo de Gregorio Dalbón no es una consigna suelta ni una reacción emocional. Es una enumeración precisa de seis hechos gravísimos de la historia reciente argentina en los que Patricia Bullrich tuvo un rol político directo o determinante, siempre desde lugares de poder estatal y siempre antes de que la Justicia pudiera hablar con pruebas y no con conferencias.

    No se trata de igualar causas ni de forzar comparaciones. Se trata de observar un patrón político reiterado: muertes o hechos violentos incómodos para el poder, una ministra que aparece rápido, un relato cerrado que exonera al Estado y una ausencia total de autocrítica cuando el tiempo demuestra que las explicaciones iniciales eran, como mínimo, falsas o incompletas.

    Seis casos, un mismo libreto

    En el caso Nisman, Bullrich fue una de las primeras dirigentes en instalar públicamente la hipótesis del asesinato, sin pruebas, empujando una operación política que convirtió una muerte aún no esclarecida en un arma contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Once años después, la causa sigue sin una sola evidencia firme que desmienta la hipótesis del suicidio, pero el daño político ya estaba hecho.

    En el caso Santiago Maldonado, como ministra de Seguridad, defendió a la Gendarmería desde el primer minuto, negó la desaparición forzada y acusó a la propia familia y a organismos de derechos humanos de “politizar” el hecho. La Justicia terminó estableciendo que Maldonado murió ahogado, pero Bullrich nunca explicó por qué encubrió el accionar represivo previo ni asumió responsabilidad política alguna.

    Con Facundo Molares, la escena se repitió: muerte en contexto de represión policial, relato inmediato de “descompensación”, respaldo automático a las fuerzas y ningún cuestionamiento interno. La violencia estatal se explicó sola y el poder se lavó las manos.

    El nombre de Fabrizia Pegoraro se suma a una lista menos mediática pero igual de inquietante: violencias institucionales minimizadas, responsabilidades diluidas y silencio político posterior. Cuando el caso deja de servir al discurso, desaparece del micrófono.

    En el caso de Pablo Grillo, nuevamente el esquema: intervención estatal, daños graves, justificaciones preventivas y una narrativa que corre el foco del rol del Estado hacia supuestos enemigos funcionales al orden que Bullrich dice garantizar.

    Y finalmente, el hecho más grave de todos: el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Allí Bullrich volvió a actuar como operadora política antes que como dirigente responsable: instaló la teoría del “loco suelto”, negó cualquier entramado político y mediático previo, y buscó clausurar de inmediato la pregunta central: cómo se construyó el clima de odio que habilitó el intento de magnicidio.

    Siempre antes, nunca después

    El hilo conductor es claro y demoledor: Bullrich siempre aparece antes del fallo, nunca después. Siempre con certezas anticipadas, nunca con dudas. Siempre señalando culpables ajenos, nunca haciéndose cargo del área que condujo.

    Cuando la verdad aprieta, el poder responde con fórmulas conocidas: alguien “se suicida”, alguien “se ahoga”, alguien “actuó solo”, alguien “se descompensó”. El Estado jamás falla, las fuerzas nunca se equivocan y la responsabilidad política queda sepultada bajo slogans de orden y seguridad.

    Esto no es una casualidad ni una suma de errores. Es un método político: construir autoridad desde el miedo, legitimar la violencia con discursos duros y garantizar impunidad desde el poder institucional.

    La responsabilidad que no prescribe

    La historia argentina demuestra algo que ningún marketing puede tapar: los funcionarios pasan, las víctimas quedan. Las conferencias se olvidan, los relatos se caen y las verdades, tarde o temprano, aparecen.

    Cuando ese momento llega, la pregunta no es quién dio la orden. La pregunta es quién estaba a cargo. Y en demasiados momentos oscuros de la Argentina reciente, la respuesta conduce al mismo nombre.

     

  • Angelici cerró con Chiqui Tapia y Toviggino: apoyo en la Justicia y su empresa Betano es sponsor del torneo

     

    Daniel Angelici llegó a un acuerdo con el Chiqui Tapia y Pablo Toviggino. El ex presidente de Boca habría aceptado ayudar a los máximos dirigentes de la AFA con sus problemas en la Justicia, afirmaron a LPO fuentes al tanto de las conversaciones. 

    De manera simultánea, Betano, la empresa de apuestas deportivas online que controla Angelici, pondrá su nombre a la Copa Argentina de Fútbol y de la Liga, los torneos más importantes que organiza la AFA. 

    No fue sencillo. Para darle a Angelici con el nombre de la Copa Argentina, Tapia y Toviggino tuvieron que correr a Mercado Libre. Despechado, el libertario Marcos Galperin se fue a auspiciar a Estudiantes de La Plata, equipo del también libertario Juan Sebastián Verón, enemigo público de Tapia y Toviggino.

    El gobierno cree que tienen que meter preso a Tapia en marzo 

    La otra perjudicada fue la empresa Boldt de la familia Tabanelli, que era sponsor del torneo de la AFA con la casa de apuestas deportivas Bplay. Pero cuando Angelici cerró el acuerdo para Betano, la multinacional checa que en Argentina lo tiene de socio, pidieron explícitamente que excluyeran a Bplay del sponsoreo.

    Para darle a Angelici con el nombre de la Copa Argentina, Tapia y Toviggino decidieron correr a Mercado Libre. Despechado, el libertario Marcos Galperin se fue a asupiciar a Estudiantes de La Plata, equipo de Juan Sebastián Verón, enemigo público de los líderes de la AFA.

    Quienes siguen el escándalo que tiene al Chiqui a Toviggino como protagonistas están desorientados por el silencio de Mauricio Macri, de estrecho vínculo con Angelici. El líder del PRO fue un crítico feroz de Tapia, pero tras las denuncias se llamó a silencio. 

    Como sea, fuentes judiciales confirmaron a LPO que Angelici tiene buena llegada con varios de los jueces que intervienen en la maraña de causas que enfrentan Tapia y Toviggino.

    Tapia quedó en el centro de las miradas por los manejos financieros de la AFA y llamativas triangulaciones de dinero. La Justicia comenzó a avanzar contra Sur Finanzas, una empresa que tendría lazos con el titular de la AFA y su tesorero y que está investigada por lavado de dinero.

    Tapia cuando anunció el sponsoreo de Mercado Libre, ahora remplazado por Betsson, empresa de Angelici.

    A fin de año, la justicia platense decidió quitarle a Luis Armella la causa contra Sur Finanzas y se la entregaron al juez federal Federico Villena.

    El juez de Lomas de Zamora tiene dos expedientes pendientes en la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, que a partir de este año controlará un hombre ligado a Daniel Angelici.

    Angelici controlará la comisión que frena o impulsa la destitución de jueces

    Mientras que las investigaciones contra Toviggino, como reveló LPO, comenzaron a tener ramificaciones que llegaron hasta Santiago del Estero, que maneja con puño de hierro su jefe político el ex gobernador y ahora senador nacional, Gerardo Zamora. 

    María Eugenia Capucchetti es otra de las juezas que interviene en otra causa contra Sur Finanzas que toca de cerca a la AFA. Capuchetti es amiga personal del macrista Cristian Ritondo y muy cercana al Tano, que fue clave en su nombramiento en la justicia federal.

    La justicia platense decidió quitarle a Luis Armella la causa contra Sur Finanzas y se la entregaron al juez federal Federico Villena. El juez federal de Lomas de Zamora tiene dos expedientes pendientes en la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, que a partir de este año controlará un hombre ligado a Daniel Angelici.

    El acuerdo del Tano con Tapia y Toviggino llega después de algunos ruidos. «Mi vecino es Toviggino», dijo en diciembre Angelici. Pícaro, el Tano confirmó las sospechas de que la mansión de Pilar repleta de autos de colección pertenecía al tesorero de la AFA y mano derecha del Chiqui Tapia.

    Toviggino había cultivado una excelente relación con el Tano, que fue su padrino en la AFA, pero tras el ascenso de Tapia se acercó al Chiqui y se alejó de Angelici.

    En paralelo se produjo la pelea con Galperín. Por eso, Mercado Libre cerró un acuerdo para auspiciar la camiseta de Estudiantes, apenas unas semanas después de que Tapia decidiera de un día para el otro premiar a Rosario Central como campeón de la tabla anual. 

    En ese momento comenzaron los problemas para el presidente de la AFA. Estudiantes se negó a hacer el «pasillo de campeón» al equipo de Ángel di María y el tema se instaló fuerte en los medios.

    El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón.

    No fue una mera cuestión de caballerosidad deportiva: Tapia había decidido quitarle al Grupo Clarín las transmisiones del fútbol de ascenso, como reveló LPO. Se abrió así una pelea que todavía sigue.

    Pero en los últimos días corrió el rumor de que Tapia había capitulado y le volvería a dar el fútbol de ascenso a Clarín o al menos una parte. El problema es que en el nuevo canal AFA TV que diseñan Tapia y Toviggino, por ahora Clarín recibiría menos derechos que los que tenía.

     

  •  Los Menem quieren cargarse a Santiago Caputo después de la reforma laboral

     

    Martín y Lule Menem piensan retomar su ofensiva contra Santiago Caputo después de la sanción de la reforma laboral. «En Marzo vuelve el ataque de los riojanos para sacar a Santiago del Gobierno», anticipó a LPO un importante funcionario del gobierno libertario.

    Luego de las elecciones los riojanos jugaron fuerte para expulsar al asesor del gobierno. Pero Santiago Caputo logró conservar todas las áreas que manejaba y hasta afianzó su control en la SIDE y ARCA. Fue determinante la relación directa que tiene con Milei y una evaluación que le atribuyen a su hermana Karina: «es mejor tenerlo adentro que afuera».

    Pero la interna no se zanjó. Los Menem siguen activos y la semana que pasó operaron fuerte sobre Karina para convencerla que deje a Manuel Adorni «a cargo» del gobierno durante los días en que se ausentará del país para acompañar a su hermana a la cumbre de Davos.

    Karina prefiere a Adorni para la Ciudad y le marca un límite a Patricia 

    «Hay que evitar que Santiago se quede con el Gobierno», argumentaron los Menem.

    Desde el sector del asesor presidencial, esta vez eligieron no confrontar y pese a las insistentes consultas de LPO a varios de sus dirigentes, la respuesta fue la misma: «No hay nada para comentar».

    Pero nadie se hace ilusiones. En las Fuerzas del Cielo saben que después de la sanción de la reforma laboral, prevista para las extraordinarias de febrero, los Menem volverán a presionar a fondo para sacar a Caputo del gobierno.

     

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    A once años de la muerte de Nisman: el armado político-mediático-judicial que convirtió un suicidio en bandera de la derecha

     

    Once años después de la muerte de Alberto Nisman, el expediente judicial sigue sin una sola prueba concreta que permita sostener la hipótesis de homicidio. Sin embargo, el caso fue utilizado como una herramienta política decisiva para erosionar al kirchnerismo, legitimar operaciones mediáticas y construir un relato funcional al avance de la derecha en la Argentina. Lejos de la verdad judicial, lo que se consolidó fue una ficción útil al poder real.

    Por Roque Pérez para NLI

    Un expediente sin pruebas, pero con relato

    Desde la madrugada del 18 de enero de 2015, cuando Nisman fue hallado muerto en el baño de su departamento de Puerto Madero, la causa estuvo atravesada por una anomalía central: no existe prueba material directa que indique la participación de terceros en su muerte. No hay registros de ingreso forzado, no hay signos de lucha, no hay rastros de otra persona en la escena y no hay evidencia científica concluyente que demuestre un asesinato.

    A lo largo de los años, peritajes oficiales y de parte confirmaron datos incómodos para el relato instalado: la puerta estaba cerrada desde adentro, el arma pertenecía a un colaborador cercano y no se detectaron huellas de terceros en el departamento. Incluso el análisis de las comunicaciones, movimientos y contexto personal de Nisman mostró un cuadro de aislamiento, presión política, desgaste profesional y un fracaso procesal inminente.

    La denuncia que el fiscal había presentado días antes contra Cristina Fernández de Kirchner por el Memorándum con Irán carecía de sustento jurídico y no había sido acompañada por pruebas nuevas ni consistentes. En términos judiciales, se trataba de una acusación endeble, destinada a naufragar en los tribunales.

    La operación: cuando la política reemplazó a la justicia

    Lo que siguió fue una construcción perfectamente sincronizada. Antes de que avanzara la investigación, el sistema mediático concentrado decretó el veredicto: “lo mataron”. Editoriales, tapas, móviles en vivo y opinadores seriales instalaron una certeza sin respaldo probatorio, mientras sectores del Poder Judicial se alineaban para sostener esa hipótesis contra toda evidencia.

    La llamada “marcha del silencio” fue el punto de inflexión simbólico: jueces, fiscales y dirigentes opositores marchando bajo consignas ambiguas, no para exigir verdad, sino para consolidar un clima destituyente. El expediente pasó a segundo plano; lo central era el impacto político.

    Con el tiempo, la causa fue desplazada de los fueros ordinarios a Comodoro Py, se forzaron cambios de carátula y se promovieron pericias orientadas a confirmar una hipótesis previa. La investigación dejó de buscar qué pasó y pasó a buscar cómo justificar un asesinato sin pruebas.

    El trampolín de la derecha y el silencio posterior

    El “caso Nisman” funcionó como un dispositivo de legitimación política. Sirvió para criminalizar al kirchnerismo, para presentar a la dirigencia popular como capaz de cualquier cosa y para justificar un clima de persecución judicial que luego se profundizó con el lawfare. No es casual que muchos de los protagonistas mediáticos y judiciales de aquella operación terminaran alineados con el macrismo primero y con el actual experimento ultraderechista después.

    Once años después, el contraste es brutal: no hay responsables condenados, no hay pruebas nuevas, no hay avances reales, pero el relato sigue siendo repetido como dogma por los mismos sectores que se beneficiaron políticamente de su instalación. Cuando el expediente no sirve para condenar, se lo usa para estigmatizar.

    La muerte de Nisman fue una tragedia personal y familiar. La utilización política de esa muerte fue una tragedia institucional. Convertir un suicidio en una épica conspirativa no fue un error: fue una decisión consciente del entramado político-mediático-judicial que necesitaba un mártir para empujar a la Argentina hacia la derecha.

    Once años después, la verdad judicial sigue siendo clara, aunque incómoda: no hay pruebas de asesinato. Lo que sí hubo —y sigue habiendo— es una operación de poder que convirtió una muerte en una herramienta política.

     

  • La Ciudad arranca con una mega obra para conectar Belgrano y la Costanera

     

     En los próximos días comenzará la construcción del anillo de La Pampa, una de las principales obras del mandato de Jorge Macri. El proyecto conectará Figueroa Alcorta con la Costanera a la altura de La Pampa y servirá para descongestionar el tránsito de la zona.

    Una UTE integrada por Roggio y Chediack ganó la licitación organizada por AUSA y en los próximos días comenzarán a instalarse los obradores en la zona.

    El túnel vehicular tendrá doble mano e irá desde Figueroa Alcorta hasta la Costanera y atravesará por debajo la Autopista Lugones, las vías del FFCC Belgrano norte y Cantilo.

    Eso permitirá deshacer los embudos que suelen producirse en el puente de Echeverría y liberará el tráfico de la zona.

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    La obra, que está a cargo del Ministerio de Infraestructura que conduce Pablo Bereciartúa, también prevé un puente peatonal con forma de anillo que tendrá locales gastronómicos y un mirador panorámico de 140 metros de diámetro.

    Se espera que el proyecto esté terminado a mediados de 2027 será el más importante que encarará el gobierno porteño junto con la nueva estación de Constitución, donde convivirá la línea F y la C.

    Render del anillo que se complementa con el túnel vehiular.

     

  • Por la «Inocencia fiscal», en Rosario sobreseyeron a un empresario condenado por evasión fiscal

     

     El juez federal de Rosario, Román Lanzón, sobreseyó a dos empresarios de la construcción que estaban acusados de evasión tributaria, tras condenar a uno de ellos en 2024, a partir de la entrada en vigencia de la ley de inocencia fiscal. Es una de las primeras aplicaciones de la nueva norma impulsada por Javier Milei que mandará al archivo causas penales por delitos económicos.

    El caso benefició al empresario Norberto Fandes y su hijo Diego Fandes quienes son responsables de la firma Baimín Construcciones de la localidad de Pergamino. El magistrado interviniente ya había previamente considerado que Fandes hijo no tenía mérito para ser investigado pero la Cámara Nacional de Casación Penal le impuso seguir adelante con la imputación.

    La nueva ley aprobada a fin del año pasado subió de modo considerable los montos para que considerar un delito tributario. La evasión simple pasó a considerarse a partir de los 100 millones de pesos y la evasión agravada a partir de los mil millones. También se redujeron los plazos de prescripción de estos ilícitos de cinco a tres años.

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    Los tributaristas y legisladores que criticaron el nuevo marco tributario indican que este debilita la capacidad de persecución fiscal y desmonta la función disuasoria del Derecho Tributario. El economista rosarino Cristian Módolo refiere que con los cambios un contribuyente que en diciembre podía ser imputado por un delito agravado por evadir 20 ahora podría evadir 80 millones sin que eso siquiera fuera tipificado como delito simple sino como una falta administrativa.

     Los tributaristas y legisladores que criticaron el nuevo marco tributario indican que este debilita la capacidad de persecución fiscal y desmonta la función disuasoria del Derecho Tributario. 

    Como integrante unipersonal del Tribunal Federal Oral 2, el juez Lanzón sobreseyó a los empresarios por el principio de aplicabilidad de la ley más benigna que supone la nueva norma.

    Según dijo a LPO un funcionario con acceso al caso, en 2024 el mismo magistrado había condenado a Fandes padre a tres años y seis meses de prisión, lo que suponía una aplicación efectiva que cumpliría en modo domiciliario por ser mayor de 70 años. Fue por los delitos de evasión agravada del IVA por tres millones de pesos y por el impuesto a las ganancias por ocho millones de pesos, ambos en el período fiscal 2016/2017, y por evasión simple del IVA en el período 2019 por 1.776.000 pesos. El juez consideró, basado en los testigos que declararon en el juicio oral, que su hijo pese a figurar en la nómina de la empresa no tenía poder de administración ni manejo alguno en la compañía por lo que lo absolvió.

    El ex titular de ARCA, Juan pazo, fue uno de los impulsores de la inocencia fiscal.

    Como Casación obligó a revisar esta absolución el caso debía asignarse a otro tribunal. Pero mientras Norberto Fandes cumplía prisión domiciliaria entró en vigencia la ley de Inocencia Fiscal. Con ello el abogado Norberto Scoponi pidió el sobreseimiento de su cliente porque los montos por los que había sido sentenciado eran más bajos que los que ahora la nueva norma señala como umbral para promover una acción penal.

    «Hasta ahora, ese piso estaba fijado en $1,5 millones por año y por impuesto, un valor establecido en 2017 que, con el paso del tiempo y la inflación, quedó completamente desactualizado», le dijo Scoponi al sitio I-Profesional. «Con esos montos, hasta un pequeño quiosco podía quedar atrapado en una causa penal. Se produjo una distorsión total del sistema», abundó.

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    La nueva norma se publicó en el boletín oficial el 2 de enero pasado. El fallo del juez Lanzón, el primero en Rosario y uno de los primeros en el país, fue dictado el 13 de este mes. El fallo cita los precedentes Cristalux y Vidal para la aplicación universal del principio de la ley más benigna cuando una causa no tiene sentencia firme.

    En la resolución a la que accedió LPO, el juez Lanzón indica que de la lectura de la flamante ley «se observa que la norma modificó el régimen penal tributario, elevando el piso de los montos previstos para los delitos como los que se investigan en la causa, esto es, evasión simple del impuesto al valor agregado y evasión agravada, de lo que se desprende que las conductas investigadas han quedado fuera del ámbito de las evasiones penalmente punibles, motivo por el cual corresponde hacer lugar al planteo efectuado por la defensa y, en consecuencia, dictar el sobreseimiento de ambos imputados».

     Se observa que la norma modificó el régimen penal tributario, elevando el piso de los montos previstos para los delitos como los que se investigan en la causa, esto es, evasión simple del impuesto al valor agregado y evasión agravada, de lo que se desprende que las conductas investigadas han quedado fuera del ámbito de las evasiones penalmente punibles

    El fiscal Mariano Barabani que intervino en el caso rechazó la decisión y pidió que el trámite prosiga porque la aplicación de la ley más benigna no puede ser automática y la enmienda no alteró la valoración del delito sino que solo actualizó los montos. De hecho cuando Lanzón condenó en el juicio oral en 2024 remarcó que nunca la defensa discutió el encuadre legal del caso y que el contribuyente nunca explicó ni cuestionó la fiscalización de la ex AFIP que motivó la apertura del expediente.

    La controversia sobre el impacto de la ley es fuerte. El gobierno la defendió con el argumento de que busca promover el cumplimiento voluntario y reducir la presión fiscal sobre contribuyentes cumplidores. Para otros la ley consolida un sistema de doble estándar. Módolo le dijo al sitio Suma Política que «mientras los contribuyentes pequeños y medianos continuarán sometidos a controles automáticos y sanciones inmediatas, las grandes evasiones -aquellos que operan mediante entramados contables y estructuras societarias complejas- verán reducida de manera significativa la probabilidad de enfrentar consecuencias penales. No se trata de una modernización del sistema, sino de un blindaje selectivo».