«Hay una suerte de estrangulamiento en la actividad privada. Entonces hay que discutir si se quiere que ese proceso desinflacionario se siga acentuando, con riesgos para la actividad, o ir un poco más lento», afirmó el presidente del Banco Macro, Jorge Brito, que pidió medidas para aflojar el apretón monetario y facilitar el crédito.
No es habitual que un empresario de ese nivel deslice críticas tan abiertas a la política económica. Pero su pedido no movió un milímetro la estrategia de Caputo y Milei, que entre recesión e inflación, eligen la primera. Aunque en realidad por ahora tienen de las dos.
Pero el equipo económico no está dispuesto a hacer nada que ponga en peligra el ancla del dólar barato. La estabilidad cambiaria del Gobierno se explica también por la desaparición de pesos. Ese es un driver del programa económico: el frente externo se sostiene porque el frente monetario se vuelve cada vez más restrictivo.
Lo más interesante en este sentido no pasó en el mercado cambiario sino en el mercado de pesos. En las últimas semanas Banco Central compró divisas e inyectó casi 3 billones de pesos en la economía (porque cada compra de dólares implica emitir) pero aun así la cantidad total de dinero cayó. Todos los agregados monetarios se contrajeron.
La aparente contradicción se resuelve mirando al Tesoro. En enero vencieron cerca de USD 2.700 millones de deuda en dólares. Para pagarlos, el Tesoro compró esas divisas al Banco Central y entregó alrededor de 4 billones, pesos que quedaron fuera de circulación. La absorción fue mayor que la emisión. Resultado: menos liquidez.
En las últimas semanas Banco Central compró divisas e inyectó casi 3 billones de pesos en la economía (porque cada compra de dólares implica emitir) pero aun así la cantidad total de dinero cayó.
En febrero el Central siguió comprando dólares agresivamente, pero el Tesoro no intervino en el mercado cambiario. Sin embargo, los pesos tampoco aparecieron. El motivo es simple: ambos organismos los retiraron por otras vías. El BCRA absorbió mediante pasivos remunerados y ventas de dólar futuro; el Tesoro lo hizo colocando deuda pública.
El esquema funciona como un circuito cerrado: se emiten pesos para acumular reservas y luego se los elimina para que no presionen sobre el dólar.
Por eso el mercado sigue con atención la licitación de esta semana. Luis Caputo necesita pesos para compensar las compras de divisas del Central y sostener el ancla cambiaria.
El presidente del Banco Macro, Jorge Brito.
Este miércoles Caputo buscará refinanciar vencimientos por 7,2 billones de pesos. La última colocación mostró la lógica del programa: el Tesoro consiguió 9,02 billones frente a vencimientos por 8 billones, un roll over del 123% que permitió retirar dinero adicional del mercado. No es solo financiamiento: es política monetaria tercerizada en el mercado.
En la última licitación se vio el funcionamiento con claridad: mientras el Central compraba USD 214 millones, el Tesoro absorbía cerca de 1,7 billones de pesos adicionales vía deuda. El efecto inmediato fue una caída del dólar mayorista, que perforó los 1.400 pesos, pero también una economía cada vez más fría.
Para la licitación de esta semana, el menú vuelve a ser amplio. Habrá letras y bonos ajustados por CER, títulos dólar linked y la novedad de un bono en moneda dura. El BONAR 2027, con cupón del 6% anual, permitirá colocar hasta USD 150 millones ampliables a USD 250 millones mediante una segunda vuelta.
El esquema funciona como un circuito cerrado: se emiten pesos para acumular reservas y luego se los elimina para que no presionen sobre el dólar.
La decisión cobra relevancia porque este viernes vencen USD 1.000 millones de Bopreales, una prueba directa para la estabilidad cambiaria. Para evitar tensiones, la Secretaría de Finanzas busca refinanciar parte de este financiamiento con la incorporación sistemática de bonos en dólares dentro de las licitaciones quincenales, con un programa total de emisión de hasta USD 2.000 millones.
En los hechos, la remonetización prometida para la fase cuatro del programa quedó archivada. La suba de la inflación obligó al Gobierno a retirar prácticamente todos los pesos emitidos desde comienzos del año.
El plan estabiliza precios restringiendo liquidez. Las tasas explican el costo social del esquema. Hoy el 25% de la deuda fintech está en mora, frente al 7,4% de un año atrás. De los 12,6 billones de pesos prestados por el sistema no bancario, casi 3 billones presentan dificultades de cobro.
Las familias destinan el 33% de sus ingresos al pago de créditos y billeteras virtuales, mientras el endeudamiento total ya equivale al 140% del ingreso mensual. Incluso la banca tradicional muestra deterioro: los créditos irrecuperables más que se triplicaron en doce meses, pasaron del 2% al 6,5%.
El problema deja de ser financiero y pasa a ser estructural. Cuando el crédito reemplaza al salario, el consumo deja de traccionar la actividad. Ahí aparece la clave política del modelo. El Gobierno celebra la estabilidad cambiaria, pero esa calma se apoya en tasas altas y en la absorción permanente de pesos. Es una transferencia silenciosa: el dinero no llega al comercio porque queda capturado antes por el sistema financiero.
La resistencia física de los trabajadores de Fate atrincherados en la planta no arrancó el 18 de febrero, cuando anunciaron el cierre y los despidos de 920 empleados. Fue mucho antes y fue más paulatino. Esos cuerpos que hoy aguantan en el predio de Virreyes, San Fernando, están acostumbrados a la adversidad y a las enfermedades laborales. Las máquinas y los materiales son pesados y los horarios son rotativos: una semana hay que levantarse cerca de las tres para llegar a las seis, a la siguiente fichar a las dos de la tarde, la otra a las diez de la noche y después volver a empezar. Llevar a una persona al límite de sus capacidades le produce fatiga, pero también la entrena. Hoy pasan largas horas sin dormir y permanecen funcionales pese al cansancio, como siempre lo han hecho.
Los gritos y los nervios de las primeras horas dejaron disfónico a Enzo, el operario del sector donde se elaboran los tejidos engomados —la T y la E de FATE—, que él mismo describe como “el corazón de la fábrica”. No da muchos detalles, pero cuenta que se cayó y se golpeó feo la espalda. Toma analgésicos por eso y por su dolor de muela. Como esta etapa del conflicto detuvo su vida por completo, tuvo que frenar un tratamiento de conducto. Enzo le quita importancia.
Los trabajadores del primer turno se encontraron con la noticia a las seis de la mañana, en un cartel ploteado en una estructura que lo sostenía de pie: cesar actividad, extinguir contratos, gracias. Después se bancaron la represión de la Policía Bonaerense, que ya estaba apostada en el predio desde antes de su llegada: tiros, forcejeos y la retención en un patrullero del secretario general del Sindicato Único de de Trabajadores del Neumático (SUTNA), Alejandro Crespo. Enzo llegó un rato más tarde. Junto a un grupo de sus compañeros tiró un alambrado y entraron. Esa reacción aceleró las respuestas: la Secretaría de Trabajo dictó una conciliación obligatoria y el juez de Garantías Nº 4, Esteban Eduardo Rossignoli, firmó una orden de desalojo de la planta. Desde ese momento Enzo sube a la terraza del predio todos los días y no logra entender del todo por qué no lo concretan. Ahí siguen, con la inminencia de que los obliguen a liberar ese espacio que ya es un símbolo y con un fracaso atrás del otro en el diálogo con la patronal.
Para llegar hasta ahí hay que subir por sectores por los que algunos operarios no habían pasado nunca. “Tenemos experiencia como trabajadores y como organización. Vemos que esto está explotado de materia prima, que el predio está energizado, que el domingo previo al cierre les pagaron a los de mantenimiento al 200 por ciento —los domingos la planta no tiene actividad— y les hicieron hacer arreglos grandes, a largo plazo”, dice Enzo. Ven indicios, sacan conclusiones, creen que es una maniobra para deshacerse de un grupo de personas organizadas, asumen que el holding de la familia Madanes Quintanilla no tiene excusas financieras para llevar a cabo una acción como esta. Y planean respuestas colectivas.
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Trabajar en Argentina nunca fue solo asistir y desempeñarse un día atrás del otro para luego cobrar. La actividad sindical en nuestro país y la conflictividad empleado/patrón tuvo altos y bajos que hoy parecen condensarse en un laberinto con muy pocas salidas. Según datos de la Secretaría de Trabajo de la Nación, durante el gobierno de Javier Milei se perdieron más de 270 mil puestos de empleo formal. De ese total el sector más afectado fue el de la Administración pública, algo lógico si se tiene en qué prometió en en campaña y repitió varias veces en funciones. Fue un recorte planeado y defendido en varias ocasiones. Tanto que hoy el oficialismo se jacta de que el aparato gubernamental “sigue funcionando con 50 mil empleados menos”. En su lugar, proponen, las personas que antes se desempeñaban en cargos públicos deberían buscar oportunidades en el sector privado.
Pero el camino hacia ese lado —el salto de lo público a lo privado— tampoco parece llevar, necesariamente, hacia la resolución del problema del desempleo. Según lo registrado en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), hay casi 22 mil empresas menos de las que había hace dos años (se entiende por “empresa” a cualquier persona física o jurídica que tenga al menos un empleado registrado en relación de dependencia, con la excepción del personal doméstico y de casas particulares).
A Nahuel lo despidieron de su puesto de logística en Whirlpool cuando la empresa cerró su planta en Pilar en noviembre de 2025 y dejó sin fuentes de ingresos a 220 familias. Con la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el sindicato que los representaba, lograron un monto de indemnización más favorable y él empezó a sentir el apuro del tiempo cuando gastaba lo que tenía, ya que su hija tenía apenas cuatro meses y el dinero disponible era, en sus palabras, pan para hoy y hambre para mañana. “A partir de ese momento, para el puesto que yo buscaba, veía en Computrabajo que había 15 mil postulantes para tres vacantes. Ahí me empecé a preocupar. Al toque conseguí que me tomaran en Mercado Libre como representante de envíos por un anuncio que encontré en las redes sociales. Me apalabraron un contrato de seis meses, pero terminó siendo de uno y ya lo rescindieron”, cuenta.
En su paso por Mercado Libre, otros trabajadores le contaban las mismas historias de desvinculaciones, retiros voluntarios y contratos finalizados. A Nahuel lo que más lo conmovía eran los más jóvenes: habían conseguido su primer trabajo ilusionados y al mes ya estaban afuera. Nahuel es escéptico con respecto a los motivos: “Les decían que los echaban por falta de volumen, pero enseguida contrataban a otros, los capacitaban para que hicieran lo mismo y así. A mí me lo rescindieron con la promesa de que si hay más laburo me vuelven a llamar, pero no creo que pase. Ahora voy a tener que volver a buscar y la posta es que no hay. Cuando me quedé sin laburo estuve con dolor estomacal, insomnio, dolor de cabeza. No quería volver a eso. Yo, la verdad, estaba dudando si decirte el nombre de la empresa, pero estoy re caliente”.
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Aplicaciones como Uber, Cabify y Didi parecen ser la primera opción de quien busca un mango más, pero también del que solía tener un trabajo formal y ya no lo tiene. Para todas esas aplicaciones hay que tener auto, lo que requiere una inversión inicial, una capa más de dificultad. Aunque en internet ya hay una vasta oferta de vehículos para alquilar por semana o por mes para trabajar.
Ese sistema no está aguantando el caudal de gente que recibe. Nahuel cuenta que entre sus compañeros de la empresa la mayoría aprovechó la indemnización para comprarse un auto y salir a hacer Uber. Pero se da cuenta que para hacer la diferencia tienen que trabajar doce o dieciséis horas. Y le ve el otro costado al asunto: “La realidad es que es un trabajo bastante esclavo. Además, la gente no tiene plata para tomarse un auto”. Alejandro, un operario del área de vulcanizado de Fate —donde se le agrega resistencia y durabilidad a las cubiertas—, dice que sus excompañeros que ya aceptaron retiros voluntarios tomaron ese camino o venden productos importados.
Incluso quienes ya se desempeñan en empleos registrados buscan sumar un extra. Una policía de la Bonaerense cuenta que con su sueldo no le alcanza y por eso cuando le sobra un rato agarra el auto y cambia de rubro a conductora de aplicaciones de viajes. Mientras esquiva el tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, admite que la forma de hacer más plata siendo policía es teniendo un laburo extra o hacer las tareas de seguridad que te ofrecen y cobrás aparte: “Con una jerarquía de Sargento con diez años de antigüedad cobro $1.200.000. Y con Uber terminás ganando más porque en seis horas en el auto hacés más que con los adicionales”.
Rappi, Glovo y Pedidos Ya configuran un nivel más bajo de condiciones, ya que no requieren auto y, sin moto, el traslado es por tracción a sangre. El director de políticas públicas de Rappi, Gabriel Buenos, fue el encargado de dar la cara por la empresa tanto en el Congreso como en los medios de comunicación para defender la postura favorable de la corporación a la reforma laboral. Para Buenos, los repartidores “no son precarizados, son independientes”, porque “es el repartidor el que elige conectarse a la plataforma”. Entonces, entiende que no se configura una relación de dependencia ni sus obligaciones como empleador. Un trabajador de estas apps le respondió a Radio Rivadavia que trabaja siete días a la semana y quince horas por día para que le rinda.
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Un hombre exaltado se apura por regalarles las plantas, que hasta hace un momento estaba vendiendo, a dos chicas en una plaza. Ellas se quedan y se las reciben con algo de desconcierto. Dos oficiales de la Policía de CABA lo rodean amenazantes. Algunos vecinos se acercan, otros siguen de largo. Está desesperado, discute para un lado, pide ayuda para el otro. El video se viraliza en redes sociales.
Hace meses los vendedores ambulantes denuncian que además de sufrir violentos desalojos los agentes se llevan su mercadería sin actas que lo constaten ni información sobre adónde ir a recuperarla. Lisa y llanamente, un robo, acusan. Los cartoneros dicen que les sacan los carros. Los manteros, que ya no es posible apostarse donde antes lo hacían. El gobierno de Jorge Macri, mientras tanto, se jacta de haber limpiado las calles.
Tras el cierre de Fate, varios funcionarios —incluido el presidente— empezaron una pelea en redes sociales y a través de los medios con Javier Madanes Quintanilla, el dueño de la fábrica perteneciente a una histórica familia de empresarios ligados a la industria. Crítico de Milei, se terminó de ganar el odio libertario al tomar la decisión de cerrar la planta de San Fernando un día antes de la discusión del proyecto de Modernización Laboral en la Cámara de Diputados. “¿Conspiranoico, yo?”, tuiteó Milei el día en el que se conoció la noticia, dando a entender que era una afrenta personal. Y al otro día, Manuel Adorni arremetió: “El caso de Fate tiene un origen en que los tipos cazaban en el zoológico. Vos al argentino no le podés cobrar las cosas tres veces más de lo que valen para que una empresa sobreviva. Esa era la lógica de una política que no existe más. Entendemos que incluso los empresarios no lo entiendan, pero se acabó vender por precio, hay que vender por volumen”.
La discusión tiene un bache: el Gobierno no toma a los trabajadores como interlocutores. En esa misma entrevista, el jefe de Gabinete dice que “lo de las 920 familias es un drama” y que “es complejo”, sin mayor interés. Seguido de eso, menciona la intervención de la Secretaría en la conciliación obligatoria y, a pesar del encontronazo, concluye que “la última decisión la va a tomar el empresario, por supuesto”. Pero la vida de los trabajadores despedidos sigue, y la reforma laboral que impulsó el Ejecutivo, dice Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), “de modernización solo tiene el título”.
En su exposición en las comisiones de Legislación y Trabajo y Presupuesto y Hacienda, en la previa a la discusión en el recinto, Cremonte señaló que el texto tiene como objetivo empoderar a los empresarios, ya que “es una ley que aumenta la rentabilidad de las empresas solo por la disminución del salario, sea directo o indirecto. Además, aumenta el sometimiento de los trabajadores y las trabajadoras porque va en contra de la esencia del derecho del trabajo que legisla para intervenir en una relación que se sabe intrínsecamente desigual. Y eso no va a generar empleo”.
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El día de los despidos, a través de un video publicado en redes, uno de los trabajadores convocaba, desde la terraza, a “todos los compañeros de Fate a venir a la fábrica y defender los puestos de trabajo”. Cuenta Alejandro que había gente de vacaciones a la que todavía le quedaba unos días e interrumpió sus viajes para estar en la empresa. Además, asume que esta situación es un golpe muy grande para las familias que están preocupadas y se asustan. También para él mismo, que tiene 49 años, hace 21 que trabaja en la misma compañía y sabe que es muy difícil conseguir otro puesto a su edad. Por la experiencia de sus compañeros, Alejandro vaticina su futuro y se lamenta: “Voy a terminar vendiendo ventiladores por mi cuenta como hacen los que se fueron, si no hay laburo en ningún lado”.
Enzo también tiene el teléfono explotado de mensajes de familiares: los ven adentro conviviendo con la Policía y están preocupados por cómo se trata el tema en los medios. De todos modos, apoyan su actividad sindical desde siempre y se turnan para cuidar a su hija. La madre de la nena, mientras tanto, procura cuidar su propio trabajo que, de momento, es el único ingreso con el que cuentan.
Sebastián, del sector de clasificación de cubiertas, dice que no hay seguridad de que se conserven los puestos si retiran la permanencia. Los trabajadores no confían en la patronal ni encuentran motivos para obedecer la exigencia de que lo hagan y concluye: “Nos van a sacar muertos a nosotros. No tenemos nada que perder”. Alejandro suma que más o menos 350 personas son del barrio, por lo que el cierre sería significativo también para la zona que rodea al predio.
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En la madrugada del jueves, la luz subía apenas por el horizonte de la fábrica. Hacía aproximadamente seis horas había empezado el cuarto paro general de la CGT contra el gobierno de Javier Milei. En San Fernando, el dron del fotógrafo Matías Baglietto tomaba altura en los alrededores del predio de Fate. El que ya estaba arriba, en lo más alto de la planta, era Enzo. Miraba taciturno, desde la parte superior del tanque de agua que expone el logo, los alrededores del predio.
La noche había sido calma. Corría una brisa “hermosa, espectacular”, recuerda Enzo. Sin embargo, durante todas esas horas había estado pensando cómo sería el próximo golpe, en qué momento podrían ponerse tensas las cosas, por dónde y cómo entrarían las fuerzas de seguridad. La presencia de la Policía es común durante conflictos sindicales, pero acatar la orden del juez requería más personal, otra táctica y, asume Enzo, violencia. Mientras lo rodeaba la cámara aérea, dice, chequeaba su fuente de información más confiable: miraba a los alrededores y buscaba algún movimiento extraño que indicara que venían por ellos. “Los desalojos se hacen a la luz del día, nosotros ya lo sabemos. Y el día ya estaba empezando. Ese lugar es el último al que llegarían en caso de entrar. Si pensaras en una invasión, sería algo así como tomar una posición estratégica. Y, por otro lado, porque ya hemos acompañado muchos conflictos como este, yo pensaba: bueno, ahora nos toca a nosotros”.Los despedidos de Fate no se dan por despedidos. Ellos siguen en el techo. Hoy, el empleo formal está en peligro de extinción y la trama de conflictividad entre empleados y patrones, mediados por la organización sindical, cruje. Después de un despido, la vida de un trabajador sigue. Como resistencia, como búsqueda, como vericueto, como doble esfuerzo, pero sigue.
El juez Carlos «Coco» Mahiques renunció a la subrogancia en la Sala I de la Cámara de Casación para no tener que intervenir en una de las causas de corrupción en la AFA, luego de que LPO reveló el 15 de febrero pasado que festejó su cumpleaños en la quinta de Pilar atribuida a Pablo Toviggino.
Mahiques le comunicó al presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña, que renuncia a la subrogancia en la Sala I por razones de «carácter estrictamente funcionales» y menciona una larga lista de tareas. El juez continuará con su cargo permanente en la Sala III.
La decisión de Mahiques de correrse de la Sala I tiene que ver con que ese tribunal debe resolver dónde continuará la investigación por la mansión de Pilar atribuida a Toviggino, si en el fuero federal como pretende el acusado o en el penal económico como sostienen los denunciantes.
El problema es que Mahiques, como reveló LPO, festejó a fin del año pasado su cumpleaños en la famosa mansión que sería propiedad del dirigente más cercano a Claudio «Chiqui» Tapia. Allí habrían asistido muchos representantes de la justicia.
Además, dos de sus hijos están muy pegados a la Asociación que manejan Tapia y Toviggino. Esteban integra el Tribunal de Disciplina de la AFA y su hermano Juan Bautista figuraba hasta hace poco como vicerrector de la Universidad Nacional de la AFA (Unafa).
Una semana después de la primicia de LPO, Mahiques habló con La Nación negó el festejo de cumpleaños en la quinta de Toviggino y desafió: «Y si fuera cierto, ¿cuál sería el inconveniente? No siento que sea algo por lo que deba excusarme».
Mahiques aclaró que se ha «cruzado con Tapia y Toviggino en eventos sociales, como el cumpleaños de un tercero o en alguna cancha», pero no es «amigo de ellos». Y finalizó con un argumento de defensa muy llamativo: «muchos jueces y fiscales han ido a lugares más complicados, pero no reciben este tipo de cuestionamientos, ¿por qué será?».
Los estatales le pidieron a Axel Kicillof que abra las paritarias de manera urgente y amenazan con no abrir las escuelas bonaerenses el próximo lunes, el primer día de clases de 2026.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) solicitó mediante una carta enviada al ministerio de Trabajo bonaerense que Kicillof disponga un aumento salarial de emergencia para los auxiliares de la educación, que son los encargados de abrir las escuelas.
ATE tiene la potestad de mantener las escuelas cerradas y así aseguran que será el lunes, en una medida que tienen que compartir a regañadientes los gremios alineados con el gobernador.
Como explicó LPO, en el poderoso gremio Suteba de Roberto Baradel, las bases comenzaron a presionar a la conducción para que exija un mejor acuerdo salarial tras perder 5 puntos de aumento en 2025 respecto de la inflación oficial.
El gobierno de Kicillof les ofreció en primera instancia un aumento del 2% para febrero, aún por debajo de la inflación dibujada de Luis «Toto» Caputo, y debió aumentar la oferta al 3%, que también fue considerada insuficiente por los gremios.
A nivel bonaerense, ATE se encuadra en la CTA que encabeza Oscar «Colo» de Isasi, tan cercano a Kicillof como Baradel. Ambos buscan hacer equilibrio entre el apoyo al gobernador y la presión de las bases para conseguir paritarias dignas.
Los estatales, que recibieron la misma oferta y la rechazaron, le reclaman a Kicillof que saque la plata de donde sea, pero que aumente los salarios. En la carta que le mandaron al ministro de Trabajo, Walter Correa, incluso le dejaron algunas ideas. «Deben pensarse iniciativas de cara a la apropiación de mayores niveles de renta de los que más tienen en nuestro territorio provincial. Sólo por mencionar algunas: aumentar el impuesto inmobiliario rural, cobro adicional para inmuebles dentro barrios cerrados, impuesto adicional al inmueble urbano ocioso, fortalecimiento del impuesto a la herencia», dice la carta de ATE.
El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa.
La nueva conducción de la Asociación Judicial Bonaerense responde al líder de Suteba y nunca le había hecho un paro al gobernador. A nivel bonaerense, ATE se encuadra en la CTA que encabeza Oscar «Colo» de Isasi, tan cercano a Kicillof como Baradel. Ambos buscan hacer equilibrio entre el apoyo al gobernador y la presión de las bases para conseguir paritarias dignas.
Como una muestra de lo que puede suceder la semana que viene con los docentes, Baradel no pudo evitar que los judiciales le hagan un paro a Kicillof. La nueva conducción de la Asociación Judicial Bonaerense responde al líder de Suteba y nunca le había hecho un paro al gobernador.
Los trabajadores de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) ratificaron su rechazo por «insuficiente» a la propuesta salarial del gobierno de Axel Kicillof y acordaron un paro de actividades con gremios estatales.
Es una decisión importante, toda vez que los judiciales de la provincia están alineados con el líder del Suteba, Roberto Baradel, y forman parte de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).
Este lunes se desarrollaron las asambleas en las 20 departamentales, con el objetivo de tratar la ratificación o no del rechazo a la última propuesta salarial realizada por el gobierno, el viernes.
Esas asambleas ratificaron por unanimidad el rechazo a la última oferta salarial, consistente en un 3% de aumento para febrero, «por considerarla insuficiente para superar la inflación en curso de 2026 y recuperar parte del poder adquisitivo perdido durante 2025».
Luego «se resolvió mandatar a la Comisión Directiva Provincial la realización de un paro total de actividades, reclamando al Poder Ejecutivo una propuesta superadora que contemple la equiparación y la superación de la inflación acumulada.
En el mandato se explicita, además, que dicha medida de fuerza sea evaluada para llevarse adelante conjuntamente con otros gremios del Estado bonaerense y durante la semana próxima».
LPO contó que Baradel no logra contener a las bases docentes luego de que les ofrecieran un aumento en línea con la inflación dibujada de Luis «Toto» Caputo.
Los docentes ya venían acumulando bronca tanto con el gobernador como con la conducción gremial, que aceptó un aumento en 2025 de apenas 25,9% pese a que la inflación oficial fue de 31,5%.
El jueves pasado, el gobierno bonaerense les ofreció a los gremios un aumento del 2% para febrero, pese a que la inflación dibujada de Caputo había dado 2,9%.
Ese índice se publicó en medio de la escandalosa salida de Marco Lavagna, que renunció al Indec porque no lo dejaron publicar el índice con la nueva medición que se estimaba en alrededor del 3,4%.
En tanto, los trabajadores estatales de ATE le pidieron a Kicillof una convocatoria urgente para retomar la negociación salarial tras la última oferta de un 3% rechazada por todos los gremios.
Apremiado por el descontento de las bases, los líderes de ATE debieron endurecer su postura frente a Kicillof y salieron a reclamar un acuerdo que permita recuperar lo perdido durante los últimos meses de 2025.
A través de una carta dirigida al ministro de Trabajo, Walter Correa, el gremio que conduce Claudio Arévalo pidió reabrir la discusión salarial e «iniciar el año sin una pérdida efectiva del poder adquisitivo».
Todos los tipos de delitos disminuyeron en la Ciudad durante 2025 y los homicidios tuvieron su nivel más bajo en 31 años con 2,5 por cada cien mil habitantes. Buenos Aires mantiene el segundo lugar entre las capitales de América con menos homicidios por detrás de Ottawa.
En 2025, los homicidios cayeron 3% respecto de 2024 y llegaron a las 78 víctimas fatales.
«Algunos índices quedaron por debajo de la pandemia», festejó Jorge Macri en una presentación con medios de prensa. «Todas las formas de delito bajaron de un año al otro y en algunos casos con números récord absoluto desde que hay estadísticas», explicó el jefe de Gobierno.
Los robos de automotores, un delito que tiene estadísticas más confiables porque siempre se denuncia, cayó un 54% respecto del año anterior y totalizaron 524. La cifra es incluso menor a la registrada en los años de pandemia.
Los robos cayeron 27% respecto de 2024 y quedaron en su mínimo histórico desde el año 2000, sin contar el 2020 y 2021, años pandémicos. 2024 había terminado con 68.392 robos y en 2025 fueron 50.069.
El capítulo de robos con armas también registró un descenso y pasaron de 8.445 en 2024 a 5.566 en 2025, un 34% menos.
«Vos podés venir a delinquir a la Ciudad, pero no te la vas a llevar de arriba», dijo Macri y destacó que el 80% de los delitos denunciados tiene resolución. «Sostenemos el cumplimiento de la ley y la defensa de la policía, les damos cada vez más recursos y aumentamos la inversión», argumentó acompañado por el ministro de Seguridad, Horacio Giménez, y el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro.
