Victoria Villarruel organizó una cumbre de urgencia en el Senado para que el juez Andrés Basso, titular de la Asociación de Magistrados, pudiera convencer a los senadores aliados de rechazar el traspaso del fuero laboral a la Ciudad, pero fracasó.
La vicepresidenta cursó invitaciones a «todos los jefes de bloque», según fuentes parlamentarias, pero la Casa Rosada salió a cortar la jugada.
La intervención del gobierno rindió sus frutos porque, pasadas las 2 de la madrugada, los libertarios consiguieron aprobar en particular el título correspondiente al traspaso, con las modificaciones que buscan amortiguar eventuales declaraciones de inconstitucionalidad.
LPO conversó con dos senadores que fueron convocados a la cita, aunque uno de ellos no asistió. «No quieren que desaparezcan sus juzgados», sintetizó sin darle demasiadas vueltas al asunto.
Cuando se filtró el encuentro, en el Poder Ejecutivo lo consideraron «una traición manifiesta» por parte de la vicepresidenta. «Después pide que se respete su lugar institucional, pero arma un circo en contra nuestro entre gallos y medianoche, y se hace la patriota», se quejaban en Balcarce 50.
Desde el oficialismo comentaron que Patricia Bullrich se habría puesto del lado del gobierno. Sin embargo, LPO reveló que la exministra de Seguridad intentó por diversos medios trabar la aprobación del artículo 91, bajo la sospecha que el traspaso encierra un acuerdo político entre Karina Milei y Daniel Angelici que favorece al jefe de gabinete, Manuel Adorni, en la carrera por la jefatura de gobierno porteño.
Otra fuente al tanto de la jugada de la vicepresidenta cargó sin trepidaciones contra Bullrich. «Está embarrada hasta la cintura», resumió.
Martín Göerling
Después de la intervención de la Rosada para desactivar la maniobra de Villarruel, la titular del Senado se quedó sola con Bartolomé Abdala, acaso el único legislador que le responde, y el jefe del PRO, Martín Göerling.
La cita con Basso, de todas formas, no alcanzó. El oficialismo amplió la diferencia con la oposición al máximo cuando se votó el capítulo del traspaso del fuero laboral: juntó 44 votos a favor contra 28 de rechazo, pertenecientes a la bancada peronista en pleno.
El gobierno logró la media sanción en general de la reforma laboral, con una amplia mayoría de 42 votos a favor y 30 en contra, que dejó en evidencia la novedosa debilidad del peronismo en el Senado. Para obtener el apoyo mayoritario de los bloques, Patricia Bullrich tuvo que conceder a la CGT el carácter obligatorio de la cuota sindical, bien entrada la tarde del miércoles, pero mantuvo la creación del fondo de indemnizaciones que captura dinero de Ansés, la supresión de la ultraactividad, la negociación por empresas y la derogación de los estatutos. Un golpe importante al modelo sindical argentino.
Sobre un borrador del proyecto, que recibía sucesivas correcciones en rojo en plena sesión, el oficialismo terminó admitiendo la retención compulsiva de la cuota sindical, un reclamo de la central obrera contra el artículo que establecía que el aporte de los trabajadores fuera voluntario. Ese punto se sumó al sostenimiento del 6 por ciento para las obras sociales, otra demanda de los sindicatos. Ambos ítems son, apenas, la conservación de conquistas de antaño.
Pese a esa neutralización parcial que lograron los gremios, la Casa Rosada logró quebrarlos con un articulado que destroza regímenes de licencias y afecta el derecho de huelga a través de la declaración de una serie de actividades como esenciales. En la votación en particular se diluyó el plan de la CGT para desflecar la reforma laboral, tal como anticipó a LPO el líder de la central obrera, Cristian Jerónimo.
La CGT salvó herramientas que le permiten resguardar cierta defensa corporativa de la organización pero el gobierno se impuso en modificaciones de institutos centrales del modelo sindical peronista, como el derecho a huelga, la ultraactividad y las negociaciones colectivas por rama, retomando para de la senda de reformas de los 90 con Carlos Menem.
En la votación no hubo sorpresas y apenas en un puñado de títulos hubo algunas defecciones de los 42 que votaron a favor de la ley en general. El gobierno incluso sumó a los dos santacruceños en la votación del traspaso del fuero laboral a la Ciudad, una iniciativa que abrió una interesante batalla política entre los libertarios, en la que se jugó un primer round por la candidatura a jefe de Gobierno entre patricia Bullrich y Karina Milei, que busca imponer a Manuel Adorni. Villarruel la aprovechó para acercarse a los jueces nacionales.
La CGT salvó herramientas que le permiten resguardar cierta defensa corporativa de la organización pero el gobierno se impuso en modificaciones de institutos centrales del modelo sindical peronista, como la ultraactividad, el derecho a huelga y las negociaciones colectivas por rama.
El gobierno alcanzó la mayoría luego de quitar del proyecto la baja de cuatro puntos de Ganancias, como anticipó LPO, que había enardecido a los gobernadores aliados porque afectaba su ya maltrecha recaudación. Para evitarse sorpresas, Milei ordenó a toda la mesa política del gobierno que se traslade al Congreso hasta que se aprobara la norma. Karina, Santilli, Adorni y los Menem, se recluyeron en el despacho del riojano en Diputados.
La votación de hecho revela un trabajo político interesante de los libertarios, donde se notó la incorporación de Santilli, que desde que asumió se dedicó a cortejar a los gobernadores. A los 22 senadores libertarios -contando a Luis Juez- el gobierno logró sumar 20 votos más de provincias aliadas, que venían muy enojadas con la Casa Rosada.
El punto más debatido fue la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), pero el oficialismo únicamente perdió los votos de la salteña Flavia Royón, la cordobesa Alejandra Vigo y el radical Maxi Abad.
Acaso la crítica más contundente partió del peronista puntano Fernando Salino, cuando ya iban casi 12 horas de discusión. El hombre de Alberto Rodríguez Saá avisó sobre la judicialización que se avecina para la ley, toda vez que «a diez minutos de la votación en particular, todavía no se sabe qué texto se va a votar».
José Mayans y Sergio Uñac.
José Mayans, a su turno, atribuyó «al grupo de los 44», en referencia a los libertarios y sus aliados en el Senado, «un avasallamiento y una violación del reglamento», reabriendo la puerta de una eventual judicialización tanto por el contenido del proyecto como por la conformación de las comisiones diseñada por Bullrich.
«Nos robaron siete senadores», denunció el formoseño y agregó: «acá se hablaba de 28 modificaciones y vinieron con 50 modificaciones a las 7 de la mañana», dijo.
Mayans calificó el procedimiento como «una falta de respeto» porque la reforma modifica 41 leyes, que se tomó el trabajo de enumerar al filo de la medianoche. «¿Les parece que podemos tratar todo este paquete, una ensalada de leyes?», se quejó.
Para el cierre, Bullrich repasó «las frustraciones múltiples» cada vez que se intentó implementar reformas de este tipo en Argentina, una sutil corrección de lo que postuló al inicio de la sesión cuando dijo que esta iniciativa era la primera ley laboral de la democracia. «Nosotros no estamos prometiendo milagros, estamos trayendo soluciones concretas porque Argentina necesita generar trabajo y se genera cuando hay competitividad», argumentó.
Nosotros no estamos prometiendo milagros, estamos trayendo soluciones concretas porque Argentina necesita generar trabajo y se genera cuando hay competitividad.
La exministra reivindicó la eliminación de la ultraactividad y la prelación de la negociación por empresa. «Estamos rompiendo cadenas», se jactó.
El primero en objetar las pretensiones fundacionales de la senadora fue Mariano Recalde, quien calificó el proyecto como «revanchista» y negó que lo que se discutía fuera inédito. Además, sostuvo que en la Ley Bases «se habilitó la contratación de hasta tres colaboradores sin ningún derecho laboral, pero no se generó trabajo».
Al respecto, recordó que la jefa del bloque libertario dijo cuando era ministra de Trabajo del gobierno de Fernando de la Rúa que su cartera no era la encargada de crear empleo sino que esa tarea correspondía al Ministerio de Economía. «No crean empleo las normas laborales», advirtió el senador kirchnerista, apuntando al punto más delicado del relato libertario, que ha difundido que con esta nueva norma crecerá el empleo.
La senadora tucumana Beatriz Avila.
La radical Mariana Juri, por su parte, opinó que «una sola ley no genera empleo por sí sola, pero sin una buena ley laboral que se adapte a las situaciones actuales, el empleo no llega».
La catamarqueña Lucía Corpacci se quejó por la forma en que el oficialismo manejó la negociación de la ley. «No se dio ninguna oportunidad para que nuestro bloque pudiera hacer un aporte o algo que cambie al menos un poquito el daño que esta ley hace a los trabajadores», dijo.
La tucumana Beatriz Ávila, que responde al gobernador Osvaldo Jaldo, alertó que la reforma «no es suficiente», en sintonía con los planteos de sus antecesores en el uso de la palabra, aunque consideró que la ley en discusión «va a ayudar a ordenar y equilibrar las reglas de la economía y del mercado del trabajo».
La jefa de La Libertad Avanza, que tiene más transferencias que un Corsa, dijo que era la primera vez que se trataba una reforma laboral en Argentina… cuando ella misma era ministra de Trabajo en el 2001.
Joaquín Benegas Lynch mezcló la apelación a las transformaciones políticas y económicas con el cambio moral. «Esta ley no es una descripción técnica, es un pilar estructural y fundamental para mejorar el ámbito laboral», señaló. Y con la misma profundidad, catalogó al empleador y el empleado como «socios naturales».
La kirchnerista Anabel Fernández Sagasti fue la encargada de recordarle a Bullrich los episodios de las coimas en el Senado para aprobar la reforma laboral en el 2000. «Pasaron 25 años de la Ley Banelco y vienen con las mismas ideas y hablan de modernización», se burló.
«La jefa de La Libertad Avanza, que tiene más transferencias que un Corsa, dijo que era la primera vez que se trataba una reforma laboral en Argentina… cuando ella misma era ministra de Trabajo en el 2001», chicaneó y agregó «la desfachatez de algunos personajes de la política argentina me deja boquiabierta».
Juliana di Tullio y Anabel Fernández Sagasti.
Más tarde la jujeña Carolina Moisés barrió con las especulaciones sembradas por el kirchnerismo acerca de la chance que los integrantes del bloque de peronistas disidentes de Convicción Federal votaran a favor de la reforma, junto a los libertarios. Después de asumir que «es una pena que el peronismo, que tuvo al trabajador como columna vertebral del movimiento, no haya podido estar a la altura de las circunstancias», aclaró que «Argentina necesita una reforma laboral, pero no es esta».
El último orador antes que los presidentes de bloque hicieran los cierres fue Ezequiel Atauche, que cargó enfáticamente contra las organizaciones gremiales. «Los sindicatos son parte de una mafia que apañó el peronismo», dijo. También celebró que la reforma barrió con la ultraactividad y festejó: «Esa realidad se acabó, está extinta. Los argentinos ya no quieren más eso. El camino del verdadero progreso de la Argentina son las empresas».
Alfredo Cornejo denunció que le armaron un video con inteligencia artificial en el que aparecería besando a una chica en una cita romántica en París.
El gobernador de Mendoza denunció a las cuentas Mandril mendocino y Orko polentero, entre otras, por la difusión del video en el que aparece una persona idéntica a él tomando unos tragos en un restó chic.
El gobernador estuvo esta semana en París promocionando la vitivinicultura mendocina y por eso denunció que el Mandril y el Orko Polentero tergiversaron los hechos. Por eso aclaró que «el video en cuestión fue grabado en Mendoza, en un espacio abierto y habilitado». «No fue en París, como maliciosamente se intenta hacer creer. Es una mentira deliberada», dijo el radical.
«Mi vida privada no es materia de operaciones ni de construcciones ficticias. Y frente a la mentira organizada, respondo por la vía institucional que corresponde, la Justicia», tuiteó Cornejo.
«No podemos naturalizar que en redes sociales se inventen hechos, se alteren contextos, se utilicen herramientas tecnológicas o de inteligencia artificial para fabricar noticias falsas sin consecuencias», denunció Cornejo.
Vecinos de Almagro reclaman que un terreno pronto a subastarse se convierta en un espacio verde. El predio pertenece a Nación y saldrá a la venta el 26 de febrero.
Se trata de un lote de 230 metros cuadrados ubicado en Acuña de Figueroa al 900. Es un baldío donde se desarrolló una frondosa vegetación.
El terreno está en manos del AABE, que intentó subastarlo con una base de 472 mil dólares en diciembre, pero no hubo oferentes.
El gobierno nacional volverá a sacarlo a la venta con una base 50 mil dólares más baja el 26 de febrero, según informó revista El Abasto.
Vecinos organizados bajo el colectivo Relieve, presentaron a fines del año pasado un proyecto en la Legislatura para que el gobierno porteño negocie la cesión del predio y que lo transforme en una «micro reserva urbana».
Para desarrollar el proyecto, desde Relieve reunieron a urbanistas, paisajistas y organizaron visitas de los vecinos al terreno.
Argumentan que el espacio necesita «de un mínimo de tareas de mantenimiento o de intervención, ya que de por sí solo representa un pulmón verde, de los que tanto precisamos en la Ciudad».
Con una sola plaza, Almagro es el barrio con menor superficie de espacios verdes por habitante. Se calcula que cada uno de los 130 mil vecinos tiene 0,02 metros cuadrados. En la última década se sumó un área de esparcimiento en Bartolomé Mitre y la vía, pero la única plaza real está ubicada entre Bulnes, Perón, Salguero y Sarmiento.
Por la mañana el gobierno anunció que levantaba las sanciones disciplinarias contra policías que habían abandonado el servicio. Era una acción concertada frente a la dureza de la protesta de uniformados que no aflojaba. Pero una vez más ese anticipo fue un búmeran que volvió duro. Quizá la imagen más elocuente fue que el jefe de policía de la provincia recibió insultos y hasta fue escupido por grupos que estaban frente a la Jefatura de Rosario. Los patrulleros siguieron hasta las 17 de la tarde estacionados, los efectivos a cara limpia sin prestar tareas y sus familiares en inmediaciones.
Así estaban a las 17.45 cuando Maximiliano Pullaro habló desde la Casa de Gobierno para anunciar por segunda vez en cinco días una recomposición salarial. La primera más que atemperar las protestas pareció echarles más leña.
La de este miércoles a la tarde todavía está en proceso de ser digerida pero implicó un desembolso más notorio. Ningún policía de Santa Fe que tenga tareas iniciales en la fuerza percibirá menos de 1.350.000 pesos. Los que presten tareas en la calle en las ciudades de mayor riesgo ganarán más de 2.300.000 pesos.
Eso implicó que tras una semana de protestas de intensidad sostenida el conflicto se levantara. Los policías apostados en Jefatura celebraron con expresiones de júbilo y abrazos el reconocimiento salarial que pasó a ser sustancial. Y que pese a ser más suculento para el personal que asume más riesgos, el que está en la calle, también alcanza a los efectivos no operativos, que son más del 60 por ciento del plantel de 25 mil policías santafesinos.
El aumento salarial se decidió frente a una crisis que parecía haber roto la cadena de mando policial y que arrinconó al gobierno santafesino, al que una protesta inorgánica pero masiva y muy visible socavó en su capacidad de negociación política. También deja en pie incógnitas sobre cuestiones de manejo de la autoridad.
La decisión de dar marcha atrás con las sanciones supone un problema ante una fuerza basada en un principio vertical de obediencia. Una especie de instructivo para la próxima vez ya que ante las medidas disciplinarias hubo primero desafío y después concesiones en el sentido de lo demandado.
Queda en pie una situación contradictoria. El gobierno de Pullaro aceptó levantar los pases a disponibilidad de 20 efectivos a los que señaló por abandono de servicio. Pero las denuncias penales que el mismo gobierno promovió ya tramitan por otra vía que es la del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Este jueves a la mañana 11 de estos policías están citados por la Unidad Fiscal Especializada en Corrupción Funcional y Violencia Institucional. Al mismo tiempo que Pullaro hacía los anuncios, los fiscales Pablo Socca y José Luis Caterina elaboraban la imputación que en unas horas formularán ante un juez.
Este es un capítulo que seguirá frente a un tema complicado. Hubo una demanda laboral de parte de la policía reconocida por el gobernador. Pero en el marco de esos reclamos por condiciones de trabajo y de ingresos hubo policías sancionados que ahora serán imputados. La incógnita poderosa en términos políticos es si cometieron actos dolosos al demandar mejoras de trabajo que el mismo gobernador reconoce aunque su gestión los denunció penalmente.
En el mayor escenario de la protesta, el portón de Jefatura de Rosario por calle Ovidio Lagos, había una atmósfera de fiesta. Los policías sentían que habían torcido a su favor una demanda justa donde había efectivos que estaban por debajo de la línea de pobreza para un grupo familiar con sus ingresos por debajo del millón de pesos.
«Es un aumento histórico», decía un comisario a LPO frente a la estación de servicio YPF. «Personas del escalafón técnico que no portan armas pasan de ganar 780 mil pesos a 1.300.000. Es más de un 50 por ciento de suba», graficó. Un comisario con veinte años de antigüedad pasa según los cálculos rápidos que se hacían en la zona de 3.500.000 a cinco millones de pesos.
Un día agitado
Este miércoles Pullaro se presentó a hacer los anuncios flanqueado por su ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y el jefe de policía de provincia, Luis Maldonado. El gobernador dijo a la prensa que sostener al jefe de policía a su lado en los anuncios era una revalidación explícita de su conducción. Por la mañana había sido insultado de arriba abajo cuando ingresaba a la Jefatura de Rosario y hasta hubo quien lo escupió. Pullaro deslizó que eso no lo hicieron policías activos sino actores mezclados en la protesta.
El piso salarial pasó a ser para policías y penitenciarios santafesinos iniciales de 1.350.000 pesos. «Ningún policía que esté en funciones operativas va a ganar menos de $ 1.438.835», dijo Pullaro en la conferencia de prensa que dio en la tarde del miércoles. Si ese mismo suboficial cumple tareas de calle en Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria o Santo Tomé, las zonas de mayor demanda de servicio de seguridad en la provincia, recibirá un plus de 500 mil pesos, por lo que su ingreso total será de $ 1.938.835.
«Si este policía maneja el vehículo policial, con el riesgo que eso implica, va a ganar $ 2.188.835 por mes a partir de febrero», dijo Pullaro. Para el personal del Comando Radioeléctrico, el Cuerpo de Guardia de Infantería y otras secciones con adicionales específicos, precisó que percibirán $ 2.084.000 si no conducen y $ 2.334.535 si manejan patrullero. Los suplementos se estratifican en tres niveles. «No es lo mismo patrullar una zona de alta violencia que otra de menor tensión», dijo el gobernador.
Pullaro hizo un reconocimiento a la policía a la que consideró fundamental para bajar los niveles de violencia. Dijo que en lo que va del año hay 13 homicidios. Y que hace solo tres años a la misma altura había 60. «Estamos profundamente agradecidos del trabajo realizado en los últimos dos años y casi dos meses para reducir los indicadores de violencia y de inseguridad que padecían los rosarinos», dijo el gobernador. «No fueron casualidad, sino producto de una estrategia sostenida y del compromiso de miles de hombres y mujeres de la fuerza», dijo.
Las idas y vueltas
El martes por la noche el gobierno asistía a dos jornadas de protestas sostenidas, como más de 60 patrulleros estacionados en la Jefatura de Rosario, un acuartelamiento a cielo abierto que obligó a que se utilizaran fuerzas especiales y hasta agentes penitenciarios para las tareas de custodia. En ese contexto a las 23.30 el ministro de Seguridad Cococcioni y su par de Economía Pablo Olivares acudieron a una reunión en Jefatura con referentes tras las negociaciones trabadas previamente.
Tras esa cita los ministros dijeron que la seguridad pública nunca se había resentido, que la operatividad siempre se mantuvo al 90 por ciento sin hechos graves y con todas las incidencias atendidas.
Pero Cococcioni marcó, como lo haría más tarde Pullaro, que todos los reclamos eran atendibles. Y entonces hizo el anuncio crucial en relación a las medidas disciplinarias, es decir, los veinte efectivos puestos en disponibilidad en Rosario. También había inicialmente 42 efectivos de la Policía Motorizada en Santa Fe con inicio de trámites para su desafectación provisoria.
«A quienes fueron notificados de medidas administrativas les solicitamos que se presenten, tomen su arma y su chaleco y se reincorporen de inmediato al servicio ordinario. Esto implica que salen de inmediato de la situación preventiva en la que habían sido colocados», sostuvo el titular de Seguridad. Su colega de Economía ponderó «la alta dedicación y la elevada carga horaria» del personal policial.
Ahí está un asunto que entronca casi en la definición sociológica del conflicto. Todo el gobierno reconoce que se trató de una crisis laboral donde los policías hicieron reivindicaciones por ingresos y mejoras de trabajo. «Entendemos que fue un reclamo justo y genuino por parte de las fuerzas de seguridad», dijo Pullaro en la conferencia de prensa.
Solo que en una fuerza no sindicalizada la explicitación de los reclamos que esta vez estallaron es esporádica. ¿En qué lugar quedan entonces los que fueron denunciados por el mismo gobierno y mañana serán imputados? ¿Es conciliable que estuvieran haciendo una demanda laboral y al mismo tiempo cometieran actos dolosos por los que en unas horas serán imputados?
En materia de bienestar policial, Pullaro detalló que se ampliaron las frecuencias de transporte para agentes del norte provincial que trabajan en Rosario -hoy son doce recorridos- y que se avanza en soluciones para los «fines de ruta» hacia Casilda, Constitución y Cañada de Gómez. Indicó que «no hay inconveniente en sumar más servicios si son necesarios».
Asimismo, señaló que se reforzó el gabinete psicológico de la Dirección de Bienestar Policial, que ya atiende a 570 efectivos, y que la tarjeta alimentaria pasó de $ 84.000 a $ 168.000. Además, explicó que se habilitarán lugares de pernocte para quienes viajan largas distancias: «Si el personal estaba estresado por la carga de trabajo y el traslado, podrá quedarse a dormir aquí, como lo hacen las fuerzas federales».
Finalmente, cerró con un mensaje político claro: «Habiendo atendido todas las demandas, creemos y entendemos que no hay ninguna razón para que siga habiendo una movilización pacífica fuera de la Unidad Regional II».
De la conferencia, realizada en la sede de Gobierno en Rosario, participaron también el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, y el jefe de la Policía de la Provincia de Santa Fe, Luis Maldonado.
Los números de la cadena de supermercados La Anónima exponen el fuerte deterioro del mercado interno y el quiebre de la cadena de pagos en la economía doméstica. Una señal difícil de ignorar. El balance de una de las cadenas históricas del consumo masivo argentino refleja el enfriamiento de la economía y el deterioro del ingreso real.
La empresa de Federico Braun informó un fuerte aumento de la morosidad vinculada al financiamiento a clientes. El cargo por incobrabilidad alcanzó los $19.255 millones, contra $2.830 millones del mismo período del año anterior, un salto cercano a siete veces. El dato no sólo impactó en los resultados contables. Expone un problema más profundo: hogares que sostienen el consumo a crédito pero con creciente dificultad para cerrar el mes.
El negocio principal también acusó el golpe. Las ventas del segmento supermercados, que representan más del 87% de la facturación, retrocedieron 4,2% interanual pese a la apertura de nuevas sucursales. El fenómeno no es aislado. En el sector admiten que hay menos tickets y compras más chicas. El ajuste del gasto cotidiano se volvió visible incluso en regiones donde la cadena mantiene posiciones dominantes.
La rentabilidad acompañó esa tendencia. El resultado operativo cayó 46% y la ganancia neta se redujo a $9.709 millones, apenas el 0,65% de los ingresos, muy por debajo del margen del año anterior. Los costos laborales y operativos crecieron en línea con las paritarias y la adaptación de las estructuras a un menor nivel de actividad. El negocio sigue funcionando, pero con márgenes cada vez más estrechos.
El contraste apareció en otro lado. Mientras el consumo interno se debilitó, el negocio frigorífico creció 57,7% impulsado por exportaciones y mejores precios internacionales. La foto es elocuente: el mercado externo compensa lo que el mercado local ya no puede sostener. Una imagen conocida en la economía argentina, donde el sector exportador avanza mientras el consumo doméstico se repliega.
También el negocio financiero asociado a tarjetas propias mostró crecimiento, con una suba superior al 100% interanual, aunque todavía con un peso marginal dentro de la facturación total. En los hechos, el financiamiento deja de ser un incentivo a las ventas para convertirse en un riesgo. Cuando la mora sube, el crédito deja de empujar el consumo y pasa a revelar sus límites.
Detrás de la compañía aparece además una historia empresaria que excede al balance. Federico Braun forma parte de una de las familias más tradicionales del capitalismo argentino. Los Braun-Menéndez construyeron su poder económico en la Patagonia desde fines del siglo XIX, con estancias, comercio y redes logísticas. A comienzos del siglo pasado, el grupo amplió su presencia en el sistema financiero y mantiene hasta el día de hoy su participación societaria en el Banco Galicia a través de la red familiar que une a los Braun con los Escasany, uno de los núcleos tradicionales del empresariado local.
Federico Braun fue además uno de los empresarios que expresó respaldo público al rumbo económico del gobierno de Javier Milei, especialmente en lo referido a la desregulación y la apertura económica. Ese posicionamiento no es menor. La paradoja es que el mismo proceso que promete ordenar precios y costos expone hoy el límite del mercado interno: cuando el ajuste avanza sobre ingresos y consumo, incluso las empresas más consolidadas empiezan a mostrar tensiones en sus balances.
En ese sentido, el resultado de La Anónima funciona como un termómetro. No es sólo la historia de una cadena de supermercados. Es la señal de un cambio en la dinámica económica: el consumo deja de ser motor y pasa a ser variable de ajuste.
