Así lo resolvieron los médicos luego de ser internada.
Por la Redacción de NLI
Tras ser internada en el Sanatorio Otamendi por un profundo dolor estomacal, Cristina Kirchner será operada de apendicitis.
El episodio ocurrió en su departamento de la calle San José al 1100. Ante la dolencia, un equipo médico se presentó en el lugar y, tras una primera evaluación, resolvió que era necesario su traslado a un centro de salud para realizarle estudios más exhaustivos.
Con la correspondiente autorización judicial, Cristina fue derivada al Sanatorio Otamendi, institución en la que suele atenderse y donde permanece internada para su observación. Ese centro de salud fue el mismo en el que, en 2021, se sometió a una histerectomía, última intervención quirúrgica de la que se tuvo conocimiento público.
Fuentes vinculadas a su estado, señalaron que presentaba un cuadro de apendicitis del cual será intervenida a la brevedad.
La apendicitis es la inflamación e infección del apéndice, un pequeño saco en forma de dedo unido al intestino grueso, generalmente en la parte inferior derecha del abdomen. Ocurre cuando se obstruye (por heces, objetos o tumores), lo que causa una infección bacteriana, hinchazón y dolor abdominal intenso que suele empezar alrededor del ombligo y moverse hacia la derecha, siendo una urgencia médica que requiere tratamiento para evitar que se rompa y cause complicaciones graves.
Karina Milei complicó a Patricia Bullrich cuando decidió que el proyecto de presupuesto 2026 no contemple una suba en las partidas para el Senado, algo que reclamaban los senadores y que la exministra de Seguridad garantizaba en conversaciones previas.
La decisión de congelar los recursos, afectados por una inflación acumulada que ronda el 30 por ciento, cayó como una bomba entre los senadores y agravó las dificultades de Bullrich para tratar de incluier en el Presupuesto algunas de las partidas de ajuste, que le bocharon en Diputados.
La exministra ya venía golpeada por dos derrotas sucesivas: tuvo que posponer el tratamiento de la reforma laboral hasta febrero y le firmaron un dictamen de Presupuesto sin modificaciones. Por eso, Bullrich tuvo que volver a hablar ante la mesa política, integrada por Karina, Santiago Caputo, los Menem y Manuel Adorni, y se comprometió a introducir «una adenda» en el presupuesto para introducir modificaciones.
Aún afectada por las derrotas, Bullrich mensajeó frenéticamente a los senadores este sábado para ver si los aliados de bloques provinciales y los radicales aceptaban la incorporación de modificaciones al dictamen que firmaron el viernes. El gobierno estaba empecinado en la derogación del incremento para las universidades y la emergencia en discapacidad, el artículo explosivo que habían escondido en el Capítulo 11 abortado el miércoles.
Sin embargo, toda la oposición rechazó los pedidos de Bullrich, que no se dio por vencida ni cuando el jefe de bloque del radicalismo, Eduardo Vischi, le dijo que no. La maniobra de Menem con Máximo Kirchner en Diputados, para repartirse los cargos de la AGN a costa de radicales y macristas, la sigue pagando Bullrich en el Senado.
Patricia, haceme caso, no te tires arriba de la granada.
La Casa Rosada puso a trabajar contrarreloj a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, para que redactara los cambios y se los hicieron llegar a Bullrich, pero fue en vano. Por eso, la exministra convocó a los 43 senadores antiperonistas a un zoom para este domingo, para evitar sorpresas de cara a la sesión convocada para el viernes próximo.
El jefe del bloque radical, Eduardo Vischi y la vicepresidenta, Victoria Villarruel.
Una senadora aliada encomió el esfuerzo de la exministra, pero admitió que «termina siendo muy desprolijo» lo que hace, acaso forzada por las órdenes del Poder Ejecutivo. De hecho, Victoria Villarruel le habría ofrecido un consejo en su primer encuentro a la exministra: «Patricia, haceme caso, no te tires arriba de la granada». Villarruel conoce la ferocidad de Karina y descontaba que utilizaría de ariete a la senadora contra ella, pero al mismo tiempo buscaría el desgaste de la exministra, a quien siempre receló y logró eyectarla del gabinete.
Como sea, la Casa Rosada activó los telefonazos a los gobernadores este sábado para encontrar una salida, después de comprobar que los radicales no están dispuestos a aceptar la incorporación de cambios.
El gobierno aparece desconcertado, este sábado filtró que aceptará que el presupuesto se sancione tal como llegó desde la Cámara de Diputados, luego de haberse pasado las últimas 48 horas entre amenazas de veto y negociaciones de cambios.
En ese contexto, el gobierno aún no tiene claridad sobre el rumbo, pese a que filtró que aceptará que el presupuesto se sancione tal como llegó desde la Cámara de Diputados, luego de haberse pasado las últimas 48 horas entre amenazas de veto y negociaciones de cambios.
Sin despejar la confusión interna, un senador libertario concedió en diálogo con LPO que suena contradictorio aceptar ahora cualquier versión de la ley de leyes para evitar la zozobra financiera, después de haber difundido que el presupuesto votado el miércoles no sirve.
El supuesto as en la manga, sería la ocurrencia de Bullrich de corregir el Presupuesto que se sancione con un decreto posterior, algo que los senadores advirtieron que sería objetado por inconstitucional.
En diciembre de 1945, una decisión política cambió para siempre la relación entre el trabajo y el Estado en la Argentina. El aguinaldo no nació como beneficio ni regalo: fue una conquista obrera institucionalizada por el peronismo, resistida por el poder económico y defendida en la calle.
Por Alcides Blanco para NLI
El 20 de diciembre de 1945, fecha de la que hoy se cumplen ocho décadas, el gobierno surgido de la Revolución del ’43 firmó el Decreto N.º 33.302/45, que creó el Sueldo Anual Complementario (SAC). La medida fue impulsada desde la Secretaría de Trabajo y Previsión por Juan Domingo Perón, cuando todavía no había sido electo presidente.
Aquella decisión no fue técnica ni neutra. Fue profundamente política: reconocía que el salario no alcanzaba solo para reproducir la fuerza de trabajo, y que el Estado debía intervenir para equilibrar una relación históricamente desigual entre capital y trabajo. Por primera vez, el ingreso anual del trabajador pasaba a ser un asunto de política pública.
El decreto que desató la furia patronal
El Decreto 33.302/45 establecía el pago de un salario adicional anual, equivalente a la doceava parte de lo percibido durante el año. La reacción del empresariado fue inmediata y feroz. Las cámaras patronales denunciaron que el aguinaldo era “confiscatorio”, “inviable” y “demagógico”. Los grandes diarios de la época editorializaron contra la medida y auguraron caos económico.
La respuesta vino desde abajo. Miles de trabajadores salieron a la calle para defender el decreto, en un clima político todavía marcado por la reciente liberación de Perón tras el 17 de Octubre. El aguinaldo se transformó así en algo más que un ingreso extra: se convirtió en un símbolo del nuevo pacto social que estaba naciendo.
No es un dato menor que el aguinaldo haya sido creado antes de la presidencia formal de Perón. Eso explica por qué su origen está ligado a la Secretaría de Trabajo y Previsión y no a una ley del Congreso: el poder real de esa política no estaba en los despachos, sino en la organización obrera.
De conquista a derecho permanente
Ya con Perón en la Presidencia, en 1946, el aguinaldo fue ratificado por ley e incorporado de manera definitiva al sistema laboral argentino. A partir de allí, ningún gobierno pudo eliminarlo sin enfrentar un enorme costo político y social.
Con el tiempo, el Sueldo Anual Complementario pasó a abonarse en dos cuotas, en junio y diciembre, como rige actualmente. Esa modificación administrativa no alteró su esencia: el reconocimiento de que el salario mensual no agota el valor del trabajo realizado durante el año.
Durante las dictaduras y los períodos neoliberales, el aguinaldo fue atacado indirectamente: licuado por la inflación, precarizado mediante empleo informal o directamente negado a millones de trabajadores excluidos del sistema. Pero incluso en esos contextos, el derecho nunca fue derogado, lo que habla de su profunda legitimidad social.
Ocho décadas después, el sentido sigue en disputa
A 80 años de su creación, el aguinaldo vuelve a ser cuestionado, esta vez desde discursos que lo presentan como “un costo”, “una carga” o “un privilegio”. Es el mismo lenguaje patronal de 1945, reciclado con estética libertaria y retórica antisindical.
Recordar el origen del aguinaldo no es un ejercicio nostálgico. Es una advertencia histórica: los derechos laborales no nacen del mercado ni de la buena voluntad empresaria. Nacen de decisiones políticas respaldadas por organización popular.
El aguinaldo fue, y sigue siendo, una frontera. De un lado, quienes creen que el trabajo es una mercancía más. Del otro, quienes sostienen que sin justicia social no hay democracia posible.
Ochenta años después, la pregunta no es si el aguinaldo “se puede pagar”. La verdadera pregunta es qué tipo de país se quiere construir.
Cristian Ritondo presentó el amparo para impugnar el nombramiento de Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Pamela Calletti en la Auditoría General de la Nación (AGN), por haberse realizado por fuera del temario previsto para la sesión extraordinaria convocada por el gobierno. Tal como informó LPO, los macristas se retiraron furiosos del recinto antes que se concretara la votación y, desde ese momento, adelantaron que continuarían con su planteo en el Poder Judicial
El jefe del bloque PRO pidió que se declare «la inconstitucionalidad y la nulidad de la resolución», que se votó en la madrugada del jueves después que se le diera media sanción al proyecto de presupuesto. LPO publicó que la designación de los auditores se produjo por un acuerdo parlamentario entre Máximo Kirchner, Martín Menem y los gobernadores del norte, desplazando al macrismo y su voluntad de colocar en el colegio de la AGN al ex ministro de Trabajo Jorge Triaca.
Según el escrito presentado por el diputado, «a las 02:55 am del día 18 de diciembre, cuando todavía restaba el tratamiento del expediente 0011-PE-2025 correspondiente al Proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria (Orden del Día 2), en un horario de baja visibilidad pública y, a espaldas del debate público, tomó la palabra el Diputado Nacional Gabriel Bornoroni, Presidente del Bloque La Libertad Avanza, quien sorpresivamente formuló una moción, SIN ESPECIFICAR QUÉ MOCIÓN IBA A REALIZAR, SIN PEDIR APARTAMIENTO DE REGLAMENTO, para que la Cámara procediera a la designación de los Auditores Generales de la Nación».
Ritondo se opuso en ese instante a la designación que estaba a punto de producirse, apelando a la letra del artículo 63 y el inciso 9 del 99 de la Constitución Nacional. Su argumento fue que la Cámara había sido expresamente convocada por el Poder Ejecutivo para tratar un temario determinado.
Por eso, solicita la suspensión de las designaciones realizadas en la escandalosa sesión del miércoles pasado. Fuentes del PRO comentaron a LPO que el lunes se realizaría el sorteo de la causa para saber en qué juzgado recaería, acaso un posible dolor de cabeza para el gobierno. Hasta el viernes, el oficialismo no creía que Ritondo tuviera la determinación de presentar su objeción en sede judicial.
Martín Menem, en recinto.
Además, en la presentación expresó: «Enfaticé que la Auditoría General de la Nación es un órgano extrapoder de rango constitucional, establecido en el artículo 85 de la Constitución Nacional, con autonomía funcional y de asistencia técnica del Congreso, y que la designación de sus autoridades no constituye ni un acto administrativo interno, ni una cuestión de privilegio parlamentario». «Agregué que durante las sesiones extraordinarias el Congreso carece de facultades para incorporar temas por su propia iniciativa, siendo el temario una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional que se establece en el Decreto de la convocatoria», sostuvo.
La AGN es un órgano extrapoder de rango constitucional, con autonomía funcional y de asistencia técnica del Congreso, y la designación de sus autoridades no constituye ni un acto administrativo interno, ni una cuestión de privilegio parlamentario.
Ritondo considera que «avanzar en la designación de autoridades de la AGN fuera de ese marco no fortalece el sistema de control, sino que lo debilita, al violentar las reglas constitucionales que lo sustentan». «La gravedad institucional del hecho se profundiza al advertir que la moción- voy a seguir hasta el cansancio, no sabemos qué moción- fueintroducida de manera sorpresiva, sin haber sido tratada en la reunión de Labor Parlamentaria, sin dictamen previo, sin debate alguno y completamente al margen del temario de sesiones extraordinarias», remarcó.
Por otra parte, el diputado macrista acusa a los flamantes auditores de haber prestado juramento «procurando completar de facto un procedimiento cuya irregularidad fue objetada por legisladores, analistas y organizaciones especializadas en control institucional».
La expresidenta Cristina Kirchner fue internada en una clínica de la ciudad de Buenos Aires, a donde ingresó a partir del cuadro médico observado por profesionales que acudieron a su domicilio, en el barrio porteño de Constitución, donde cumple arresto domiciliario.
Desde su entorno, señalaron en Ámbito, «Cristina Fernández de Kirchner fue trasladada, luego de la debida autorización judicial, al Sanatorio Otamendi. Al presentar una dolencia abdominal, médicos concurrieron a su domicilio y, tras una evaluación de rigor, definieron que era necesario una evaluación más exhaustiva en dicho sanatorio».
El diputado Guillermo Michel alertó este sábado sobre un tajo de USD 3000 millones que la reforma laboral produciría en los recursos de Anses, a través de la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que el gobierno busca crear para el pago de indemnizaciones por despidos. El recorte agudizaría la crisis del sistema previsional argentino, producto del crecimiento de la informalidad laboral y el peso de la relación desequilibrada entre la cantidad de jubilados con cobertura previsional y el total de la población económicamente activa que realiza aportes en el sistema solidario de reparto.
La gentileza de los impulsores del proyecto con las empresas recorta un 3 por ciento sobre las contribuciones patronales y las obliga a colocar esa suma de dinero en agencias habilitadas por la CNV, dando lugar al surgimiento de minis AFJP.
PLos empleadores con más de 100 empleados registrados pagan 20 por ciento de la masa salarial por aportes, mientras que las firmas con menos de 100 trabajadores tributan un 18 por ciento. Como la iniciativa parlamentaria de Javier Milei y Federico Sturzenegger propone una poda «plana» sobre todos los rubros, sin distinción por magnitud del empleador, el legislador entrerriano estimó que Ansés perdería USD 3000 millones.
En efecto, entre los artículos 58, 59 y 60 se establece el modo en que se constituye el fondo, al tiempo que el artículo 76 deja en claro que el invento no supone un incremento en las contribuciones patronales. «Los empleadores tendrán una reducción de TRES (3) puntos porcentuales en la contribución patronal con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Nº 27.541 y sus modificatorias», dice la ley.
Por eso, Michel plantea que «para financiar el FAL, se desfinancia el Sistema de la Seguridad Social».
El diputado peronista consigna que, según datos de Seguridad Social, hasta agosto de este año había «437.587 empleadores -el 84% del total- que tienen registrados hasta 10 empleados». Ese conjunto totaliza 1.197.094 trabajadores formalizados, el 18% de los registrados.
Además, «hay 9.516 empleadores (el 1,82% del total) que registran más de 100 empleados pero que concentran el 50% del empleo registrado, es decir 3.290.182 trabajadores», apunta Michel. «El 1,8 por ciento de las empresas concentra el 63 por ciento de los empleados», agrega.
Para financiar el FAL, se desfinancia el Sistema de la Seguridad Social. Hay 9.516 empleadores (el 1,82% del total) que registran más de 100 empleados pero que concentran el 50% del empleo registrado, es decir 3.290.182 trabajadores.
Esa discriminación habilita la inquietud acerca de qué sector se beneficia más con la ley que cuyo tratamiento el gobierno debió postergar por el fracaso legislativo del miércoles pasado en la Cámara de Diputados, con el presupuesto. «El sueldo promedio de los trabajadores que trabajan en empresas chicas, es decir de hasta 10 empleados, es de $ 1 millón. En cambio, en las empresas que emplean 100 o más empleados el sueldo promedio mensual es de $ 2,2 millones», señaló Michel en un documento de trabajo al que accedió LPO.
Pero el sueldo promedio es más alto a medida que se escala en la pirámide empresarial por cantidad de empleados. En las empresas con más de 1500 empleados, y hasta 2500, el salario promedio es de $2,4 millones pero en las que acreditan entre 2500 y 5000 es de $2,5 millones y en las de más de 5000 es de $3,3 millones.
Por eso, la información pública disponible en el registro de Seguridad Social indica que el 37% de la masa salarial lo aportan empresas con hasta 100 empleados y que el 63% restante, empresas con más de 100 empleados. «Estos empleadores son los que más aprovechan la reducción de 3 puntos porcentuales de las contribuciones para financiar sus futuras indemnizaciones», asegura el diputado.
Empleadores son los que más aprovechan la reducción de 3 puntos porcentuales de las contribuciones para financiar sus futuras indemnizaciones.
Si bien el proyecto de presupuesto 2026 prevé una recaudación de 55 billones de pesos por contribuciones patronales, la reforma laboral desfinanciaría al Sistema de la Seguridad Social en $4,8 billones. «Es el 0,46 por ciento del PBI y el equivalente a USD 3.000 millones considerando la evolución del dólar con el esquema de bandas actuales», dice Michel.
Existe, por otra parte, una dificultad para mensurar el impacto: el gobierno asegura que la ley aplicará sobre los nuevos empleos que se generen pero en ninguno de sus artículos se aclara ese aspecto explícitamente. Ese detalle puso de manifiesto el senador Mariano Recalde ante el secretario de Trabajo, Julio Cordero, cuando asistió esta semana al Senado para defender el proyecto del oficialismo.
Por último, Michel advierte sobre el golpe a las provincias, algo que gobernadores como Martín Llaryora ya detectaron. En base al coeficiente general de la ley de coparticipación, las provincias podrían terminar resignando 1,45 puntos porcentuales del PBI de recursos.
