Autor: Invitad@ Especial

 

Toto Caputo adjudicó este viernes la concesión de una nueva tanda de rutas nacionales y avanza en su objetivo de entregarle a privados el control de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales por 20 años antes de julio.

Ante eso, en las entidades de usuarios viales denuncian que en las rutas ya concesionadas hace meses recién comenzaron con obras menores de bacheo, mientras que en las recientemente adjudicadas apenas se contempla el mantenimiento y corte de pasto. Eso, a cambio de la multiplicación de los peajes.

En la Provincia de Buenos Aires, en tanto, fuentes del Ejecutivo consultadas señalaron a LPO que la Fiscalía de Estado evalúa una presentación judicial por la exclusión de la estatal bonaerense Aubasa de los tramos de la Etapa II que este viernes adjudicó Caputo.

A la vez, denunciaron que, más allá de algunos movimientos de tierra, «no hay un kilómetro de nuevo asfalto» en los tramos de las rutas nacionales 3, 5, 205 y 226 que atraviesan la provincia de Buenos Aires y que fueron entregados al control de privados.

En su resolución de viernes (ver abajo) el ministro de Economía le otorgó al consorcio de las constructoras Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco la concesión de las autopistas Riccheri, Ezeiza-Cañuelas y Newbery, así como las rutas nacionales 3, 205 y 226.

 En la Ruta 3 van a poner ocho peajes de Capital a Bahía Blanca. Un peaje cada 90 kilómetros para no hacer nada, peor que en los 90 

Además, le entregó mendocina Ceosa (Construcciones Electromécanicas del Oeste) la concesión de la Ruta Nacional 5 entre Luján (Buenos Aires) y Santa Rosa (La Pampa). Ceosa cotizó una tarifa de peaje inicial de 2.850 pesos.

En tanto, el consorcio ganador de las autopistas y las rutas 3, 205 y 226 cotizó una tarifa de peaje de 1.206 pesos. Eso, con el aditivo de una multiplicación de las cabinas de peajes.

«En la Ruta 3 van a poner ocho peajes de Capital a Bahía Blanca. Un peaje cada 90 kilómetros para no hacer nada, peor que en los 90», dijo a LPO Ricardo Lasca titular del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv).

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En esa entidad, advierten que en la Red Federal de Concesiones promovida por el gobierno libertario no existe inversiones de envergadura para evitar los choques frontales. «Es solo corte de pasto y mantenimiento. Es una estafa», acusó Lasca.

Un dato relevante es que para los 1.800 kilómetros de rutas que Caputo adjudicó este viernes, el Gobierno exige apenas 84,3 kilómetros de obras nuevas: 28,75 kilómetros para el caso de las autopistas y 55,98 kilómetros de ruta segura en la Ruta 226, entre el empalme de la Ruta 55 y la 22.

El tenor de obras en las rutas a privatizar por el gobierno libertario ya se advierte en la Etapa I, el llamado «Tramo Oriental» (RN 12 y 14) y Conexión (Puente Rosario- Victoria y 50 kilómeotros de la RN 174).

 En la Provincia de Buenos Aires, en tanto, fuentes del Ejecutivo consultadas señalaron a LPO que la Fiscalía de Estado evalúa una presentación judicial por la exclusión de la estatal bonaerense Aubasa de los tramos de la Etapa II que este viernes adjudicó Caputo. 

La empresa ganadora de esa licitación fue Autovía Construcciones y Servicios S.A., del Grupo Cartellone, involucrado en la causa Cuadernos.

Con el control de esas trazas, la concesionaria, rebautizada como Autovía del Mercosur, al momento hizo tareas de limpieza de banquinas, mantenimiento de la calzada, mejoras en iluminación y «acondicionamiento general de la ruta».

«Recién ahora empezaron a hacer algo», dijo Lasca que, de todos modos, advirtió que no existen obras de magnitud. Eso, a pesar de que, para las obras en la ruta del Mercosur, el banco BICE que depende de Economía puso a disposición un crédito de 56 mil millones.

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«Rutas nacionales que pasarán a operar bajo un esquema sin subsidios, con inversión 100 % privada», posteó este viernes en X el ministro de Economía.

«Caputo habla de inversión privada, cuando las obras están financiadas por el Fondo de las Pymes y el Banco BICE. Y encima no hay ente regulador, que tendría que haber salido por ley antes de adjudicar los corredores porque las concesiones viales tienen carácter de servicio público, como la luz y el agua. Es escandaloso», acusó Lasca.

Mientras tanto, Caputo acelera con las licitaciones del resto de los tramos en su objetivo de alcanzar la totalidad de las concesiones a mitad de año.

Días atrás, se realizó la apertura de sobres de la Etapa II-B que abarca los Tramos Mediterráneo (RN 7 y RN 35), Puntano (RN 8, RN 36, RN A-005 y RN 193), Portuario Sur (RN 9 y RN 188) y Norte (RN 9, RN 33 y la Circunvalación de Rosario). 

 

 

El peronismo en el Senado bonaerense logró esquivar una ruptura que parecía inminente y cerró un acuerdo para conformar las comisiones de trabajo. El Frente Renovador cedió a La Cámpora la poderosa comisión de Asuntos Constitucionales y ese gesto de unidad permitió avanzar en un entendimiento.

Fue un viernes frenético con reuniones cruzadas entre Verónica Magario, Sergio Berni, Malena Galmarini y el camporista Emmanuel González Santalla. El peronismo estuvo al borde de la ruptura cuando la vicegobernadora cerró un esquema de comisiones sin acuerdo con el resto del peronismo.

Magario impuso a Germán Lago en Legislación General y quiso que Galmarini quede al frente de Asuntos Constitucionales, una comisión que controla La Cámpora desde hace años. La jugada de Magario se leyó en el kirchnerismo como una provocación y durante días el bloque estuvo al borde de la ruptura.

Magario impuso a un axelista en una comisión clave y crece la tensión con el kirchneirsmo

Este viernes, Malena aceptó dejar Asuntos Constitucionales a González Santalla y el massismo se quedará con Presupuesto e Impuestos, comisión que presidirá Valeria Arata. Además, como reconocimiento al gesto, La Cámpora comprometió su apoyo para que Galmarini presida Reforma Política, la comisión por la que pasarán varios proyectos que definirán el reglamento electoral del año próximo.

Por la comisión que controla La Cámpora pasa nada menos que los pliegos para la designación de jueces y funcionarios del Poder Judicial. También pasarán por ahí los pliegos de los futuros jueces de la Suprema Corte. En el peronismo no entienden por qué Magario pagó un alto costo político para dejar esa comisión -en un principio- en manos del massismo.

El Senado lleva dos meses y medio de parálisis y todavía no tuvo su primera sesión ordinaria del año. Las diferencias en el peronismo arrastran la actividad legislativa.

La interna del peronismo traba la definición de las comisiones en la Legislatura

El malestar en el peronismo con la vicegobernadora es muy grande y durante días en el kirchnerismo se animaron a presagiar una ruptura del bloque. Si eso no ocurrió fue por la imposibilidad de encapsular una ruptura sólo en el Senado. Todos sabían que si se rompía en el bloque en la Cámara Alta, seguía una ruptura en Diputados y también en los Concejos Deliberantes.

La avanzada de Magario sobre el armado de las comisiones parece ligada a la tensión que hubo en los primeros meses del año cuando Cristina Kirchner logró imponer a Mario Ishii como vicepresidente primero del Senado, un sillón que Axel Kicillof consideraba clave toda vez que es el segundo en la línea de sucesión.

Magario había jugado muy fuerte para ubicar en la vicepresidencia primera a Ayelén Durán, una senadora que responde a Andrés Larroque. Junto con Gabriel Godoy, Durán forma parte de lo que supo ser la cúpula de La Cámpora en Bahía Blanca. Esa estructura rompió con la conducción de Máximo Kirchner para sumarse al axelismo a través del Cuervo.

 

 

El mayor especialista en pobreza asegura que los números del gobierno son una «ficción estadística» porque comparan índices que son diferentes. Agustín Salvia consideró que, si se corrigieran, el número estaría en torno al 38 o 40%.

«Cambió la composición del gasto y estamos midiendo como si fuera la misma», explicó el titular del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.

Durante el siglo XXI, los mejores números de pobreza en la Argentina se dieron entre 2011 y 2012 y en 2017. En esos momentos la pobreza era del 25% y el sociólogo lo atribuyó a una «burbuja de consumo» que no pudo «sostenerse» y tiempo después el número volvió a aumentar.

Desde la llegada de Javier Milei el Indec «mejoró la captación del ingreso»: para elaborar el índice de pobreza, los ingresos totales de los hogares se cruzan con el precio de una canasta básica.

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Milei llegó a la presidencia con 38% de pobreza, una cifra que poco después aumentó hasta 55% luego de la devaluación. A partir del segundo semestre de 2024, la pobreza comenzó a bajar de manera «acelerada» y para los números oficiales llegó a ser del 28%.

«Desde fines de 2023, el Indec mejoró la captación del ingreso, pero no significa que los hogares tengan más ingresos. Tres o cuatro puntos de la caída de la pobreza responden a la mejor captación», dijo Salvia en Somos Alameda en Radio Gráfica.

El sociólogo explicó que el punto más controvertido en la elaboración de índice está vinculado a la composición del gasto.

«El problema más significativo es que con un millón y medio de pesos a valores de hoy, antes de 2023 esa familia no es que estaba bien, pero cubría los alimentos, los gastos de la vivienda, la vestimenta, los servicios», dijo.

Si bien reconoció que los alimentos están relativamente más baratos que en años anteriores, Salvia aseguró que las tarifas de transporte, servicios públicos y comunicaciones tienen mucha mayor incidencia en la canasta de pobreza.

«Entonces lo que queda para comprar medicamentos, arreglar la casa y demás es mucho menos que lo que quedaba en 2011-2012 y 2017», detalló.

En los dos años y medio de la gestión Milei, los alimentos aumentaron por debajo de la inflación, pero los servicios se incrementaron por encima. Si bien bajó la experiencia de «inseguridad alimentaria», el salario de las clases medias bajas «no alcanza para cubrir la canasta básica de bienes y servicios, entonces con un cambio de composición, la pobreza no sería del 28 sino del 38 o el 40%».

 

 

Ante la caída de la industria a nivel nacional, el gobernador de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres presentó un proyecto de ley para sacarle la carga impositiva a quienes construyan o amplíen viviendas en la provincia.

El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró una caída del 4,7% interanual en noviembre de 2025, con un derrumbe adicional del 4,1% respecto al mes anterior.

En febrero de 2026, el indicador volvió a mostrar una baja del 0,7% respecto al mismo mes del año anterior. Los datos de abril profundizan el cuadro: el cemento cayó 13,2% y las ventas de materiales para la construcción retrocedieron 4,6% interanual.

En ese contexto, Chubut tomó una decisión que ninguna otra provincia adoptó: eliminarle los impuestos al sector.

El gobernador Nacho Torres presentó este viernes un proyecto de ley que establece la exención del 100% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y hasta el 100% del Impuesto de Sellos -según cantidad de empleados y magnitud de la inversión- para la construcción y ampliación de viviendas familiares y edificios residenciales en toda la provincia. La medida rige desde el 1° de junio de 2026 hasta el 30 de junio de 2027.

 El mejor plan de vivienda es el que le da libertad a la gente para construir su propia casa. En Chubut el Estado va a ser un socio, no un obstáculo para cumplir ese sueño 

El objetivo es doble: bajar los costos para que las familias puedan construir o ampliar su vivienda, y reactivar una industria que en todo el país muestra señales de fatiga. El empleo privado en la construcción acumula una variación negativa en el año, en un patrón donde la actividad cae antes que las empresas empiecen a recontratar.

«El mejor plan de vivienda es el que le da libertad a la gente para construir su propia casa. En Chubut el Estado va a ser un socio, no un obstáculo para cumplir ese sueño», dijo Torres.

La iniciativa cuenta con el respaldo de las principales cámaras de la construcción y los gremios del sector, y deberá ser votada por la Legislatura provincial. 

 

 

Todo arrancó con una jugada muy calculada dentro del mundo fabril. Martín Rappallini le reclamó una reunión urgente al ministro Toto Caputo e hizo circular en grupos empresarios un texto explosivo titulado «¡RIGI Industrial ya!», donde cuestionaba abiertamente el rumbo económico de Javier Milei y reclamaba beneficios especiales para la industria tradicional.

La versión que se difundió internamente era durísima. Hablaba de «caída de ventas», «fuerte presión sobre márgenes» y pedía políticas sectoriales para evitar el deterioro industrial. Pero además contenía una frase especialmente sensible para el Gobierno: «Hoy gran parte de la industria argentina está financiando el Estado, jubilaciones y educación». 

Según reveló el periodista Leandro Renau, el texto atacaba además uno de los núcleos discursivos del mileísmo. Rappallini sostenía que el Gobierno había terminado aceptando, con el «Súper RIGI», algo que durante años negó: que ningún sector compite globalmente sin protección, incentivos y condiciones especiales. Y a partir de ahí planteaba la tesis central de su ofensiva: si el Estado reconoce que ciertos sectores necesitan beneficios extraordinarios, entonces la industria tradicional también debe recibirlos.

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La circulación no fue accidental. El propio Rappallini lo mandó a grupos de Whatsapp empresarios y al foro «Info Industrial», donde participan cientos de industriales de todo el país. Buscaba generar clima interno y mostrar volumen político. Las respuestas fueron de entusiasmo. Muchos empresarios sintieron que, finalmente, la conducción de la UIA decía públicamente lo que buena parte del sector venía discutiendo en privado desde hacía meses.

Mientras Rappallini endurecía el discurso usando a toda la industria como argumento, el Gobierno buscaba contenerlo con beneficios concretos para su propio grupo empresario. La minera de su familia consiguió un RIGI justo cuando el jefe de la UIA decidió moderar un comunicado durísimo contra Milei y Caputo.

Pero pocas horas después apareció otro movimiento. El texto finalmente publicado ya no era el mismo. Conservaba el planteo general del «RIGI industrial», pero habían desaparecido buena parte de las frases más agresivas y del tono confrontativo. Las referencias más explosivas sobre la industria financiando al Estado, el costo de la apertura y el deterioro de los sectores transables quedaron suavizadas o directamente borradas.

Ahí aparece la maniobra completa. Primero circuló una versión incendiaria como mensaje al Gobierno. Después vino la moderación pública. El mensaje pasó de una denuncia frontal sobre el desastre que el modelo de Milei y Caputo causa a la industria argentina a un texto negociado. En el medio, Rappallini consiguió un RIGI para su minera. Un extraordinario beneficio que Toto Caputo maneja a discreción.

Rappallini es considerado dentro de la UIA como un dirigente alineado históricamente con Paolo Rocca. El líder de Techint viene escalando su tensión con Milei, lo que achica el margen de Rappallini para hacer el oficialismo blue que hizo etos casi tres años de Milei en los que desaparecieron miles de fábricas, ante la tibieza de la UIA.

Rocca viene denuncinando la apertura indiscriminada de importaciones y la inclinación del Gobierno por favorecer negocios extractivos mientras expone a la industria tradicional a una apertura comercial sin flitros.

Pero mientras Rappallini endurecía el discurso usando a toda la industria como argumento, el Gobierno buscaba contenerlo con beneficios concretos para su propio grupo empresario.

En efecto, la empresa vinculada a la familia Rappallini consiguió ingresar al esquema de beneficios del RIGI. Y eso cambió completamente la lectura interna de la secuencia. Porque muchos industriales interpretaron que el presidente de la UIA utilizó el malestar genuino del sector como herramienta de presión para negociar ventajas específicas para sí mismo.

«Ahora con Rappallini calmado seguro que se termina concretando la reunión con Toto Caputo, que imagino no pasará del algunos reclamos para la tribuna», afirmó resignado un industrial, en diálogo con LPO.