El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, tuvo que suspender la misión oficial que desarrollaba en Londres y Estados Unidos para volver a la provincia tras la tragedia del helicóptero que cayó en Valle Fértil y provocó la muerte de siete personas, entre ellas cuatro integrantes de la plana mayor del sistema de seguridad provincial.
La tragedia, ocurrida durante un operativo vinculado a una capacitación del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, generó una profunda conmoción en San Juan. En ese marco, el Gobierno provincial decretó tres días de duelo, dispuso que las banderas permanezcan a media asta y suspendió los actos oficiales de carácter festivo en homenaje a las víctimas.
Orrego decidió volverse de la gira cuando se confirmó la magnitud del accidente, con el objetivo de acompañar personalmente a los familiares, amigos y compañeros de las víctimas, además de seguir de cerca la evolución de la investigación y las acciones que lleva adelante el Gobierno provincial.
Mientras el mandatario regresa al país, la comitiva oficial que lo acompaña continuará con la agenda técnica prevista en el exterior para garantizar la continuidad de los compromisos institucionales asumidos durante la misión internacional.
Aída Tarditti, vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, no habló a través de un fallo, sino de un like. La destacada penalista le puso un corazón a una publicación que advertía sobre la eventual salida de la Fiscalía General de Carlos Lezcano, impulsado por Martín Llaryora hace pocos meses.
La cuenta en Instagram de Búnker advirtió en un posteo: «Las razones que dejarían a Lezcano afuera de la Fiscalía General antes de fin de año». Y describió la situación así: «Lezcano, ¿out de la Fiscalía General? Las razones políticas de una salida récord». A los pocos minutos de su publicación, apareció el corazón de Tarditti. Y le siguieron otros varios funcionarios judiciales, entre ellos, Martín Bertone, un fiscal de Cámara con peso propio en el esquema del Ministerio Público Fiscal.
El trasfondo es la colonización del Ministerio Público Fiscal dispuesta por Llaryora en los últimos meses. Lezcano fue la pieza clave que movió el gobernador para ese armado afín al Gobierno: Lezcano tuvo una larga militancia en el peronismo de la ciudad de Córdoba hasta que en 2003 fue designado juez de Control, cargo que ejerció hasta que asumió como fiscal General. También fue socio de Luis Juez y mantiene vasos comunicantes con él. De hecho, el juecismo en la Legislatura no rechazó el pliego.
En paralelo, Lezcano viene tropezando en sus declaraciones públicas. Primero dijo qu e
«la batalla contra el narcotráfico sabemos que no la vamos a ganar, pero la tenemos que dar de todas maneras». Luego empeoró todo durante la crisis por el femicidio de Agostina Vega: ese fin de semana estaba en el caribe; y cuando regresó dijo que no conocía detalles de la causa.
La jueza Aída Tarditti
En Tribunales, el like de Tarditti tuvo una sola lectura: el descontento con con Llaryora por el esquema de abogados amigos que sembró en la Justicia. A esta situación política se agrega que desde hace varias semanas la Justicia provincial funciona a media máquina por protestas salariales y quejas de los magistrados por el desacople (en los hechos) de los salarios provinciales con los que fija la Corte Suprema para jueces federales.
El complejo metalmecánico de Córdoba sigue con señales de alerta por las consecuencias del modelo económico de Javier Milei sobre la economía real.
Ahora, las fábricas de maquinaria agrícola produjeron más durante el segundo trimestre del año, impulsadas por una cosecha récord y la reaparición del crédito, pero ese mayor nivel de actividad no se tradujo en mayores ingresos. Por el contrario, las empresas venden más unidades, facturan menos y comenzaron a ajustar el empleo.
La radiografía surge del último Monitor Estadístico elaborado por la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes (AFAMAC), junto con la consultora Economic Trends, y encendió luces amarillas tanto entre los industriales como en el Centro Cívico cordobés.
Los números muestran una paradoja difícil de ignorar. Mientras la producción de maquinaria agrícola aumentó 15,9% respecto del mismo trimestre de 2025, la facturación en el mercado interno cayó 11,9% a precios corrientes y las exportaciones retrocedieron 14,8%. Es decir, el incremento del volumen fabricado no alcanzó para compensar la pérdida de rentabilidad que atraviesa el sector.
Detrás de ese fenómeno aparece una combinación conocida por los industriales: costos dolarizados, atraso cambiario para exportar, precios internacionales menos favorables y una demanda que, aunque volvió a financiarse, todavía no logra sostener márgenes razonables para toda la cadena. Es el combo por caídas en la facturación del mercado interno, retrocesos en las exportaciones y niveles de utilización de capacidad instalada que permanecen por debajo de los registrados un año atrás.
El impacto resulta todavía más severo entre los fabricantes de agrocomponentes. Allí la producción se desplomó 27,1% interanual y el empleo cayó 3,2%. En el conjunto del complejo metalmecánico vinculado a la maquinaria agrícola, la plantilla laboral se redujo 1,2%, una señal que comienza a preocupar en una provincia donde la industria representa uno de los principales motores económicos.
La preocupación de Llaryora
La maquinaria agrícola constituye uno de los pilares industriales de ciudades como San Francisco, Marcos Juárez, Bell Ville o Villa María, donde la actividad tiene un fuerte peso económico y político y es el enclave de los «farmer», grupo electoral clave para el cordobesismo. Cuando al peronismo le fue mal en la capital provincial, los «farmer» lo sostuvieron en el gobierno.
En el Gobierno provincial observan que el deterioro de la rentabilidad puede terminar erosionando un entramado de pequeñas y medianas empresas que, hasta ahora, había logrado sostenerse pese al ajuste nacional, como pasó con Metalfor.
La inquietud aparece además en medio del delicado equilibrio que Llaryora intenta mantener con la Casa Rosada. El gobernador necesita preservar el canal de diálogo con Javier Milei para garantizar asistencia financiera y recursos para la provincia, mientras procura evitar que el enfriamiento de la economía golpee el empleo industrial, uno de los principales activos de su gestión.
El desempeño de la maquinaria agrícola refleja también las contradicciones que atraviesa el agro argentino. La cosecha récord y la reducción parcial de las retenciones mejoraron el nivel de actividad, pero todavía no alcanzan para recomponer completamente la rentabilidad de productores e industriales.
Durante la última Exposición Rural de Palermo, Milei volvió a prometer la eliminación definitiva de las retenciones, aunque condicionó esa decisión a una mejora de los ingresos fiscales provenientes de la minería y la energía. Para la industria metalmecánica, sin embargo, ese horizonte todavía luce lejano.
Mientras tanto, las fábricas trabajan por debajo de su potencial. Según AFAMAC, las empresas de maquinaria agrícola utilizan apenas el 68,4% de su capacidad instalada, casi ocho puntos menos que un año atrás, mientras que las firmas de agrocomponentes apenas alcanzan el 59%.
El discurso de Javier Milei no se limitó a defender reformas económicas. A través de una interpretación histórica cargada de antagonismos, el Presidente buscó reconstruir el vínculo emocional con su núcleo de apoyo, presentar a sus adversarios como responsables de una decadencia prolongada y reafirmar una identidad política basada en la ruptura con el pasado.
Por Roque Pérez para NLI
Más que una explicación económica, una narración sobre el pasado argentino
El discurso presidencial pronunciado hace minutos por Milei tuvo una característica central que excedió largamente la discusión sobre inflación, déficit fiscal o reformas estructurales: fue una construcción de sentido político. El Presidente no solamente intentó convencer sobre determinadas medidas económicas, sino instalar una determinada lectura de la historia argentina, donde el país aparece como víctima de un sistema de poder que durante décadas habría utilizado al Estado, la emisión monetaria y el endeudamiento como herramientas de privilegio.
La operación discursiva no es nueva en la política contemporánea. Los liderazgos que buscan transformar un escenario social complejo suelen construir un relato que organiza el pasado en torno a una fractura: un “antes” marcado por el fracaso y un “después” que solo puede llegar mediante una ruptura profunda. El sociólogo francés Pierre Bourdieu explicó que la política no se desarrolla únicamente en el terreno de las ideas, sino también en la capacidad de imponer categorías de percepción sobre la realidad. Quien logra definir qué problema tiene una sociedad también obtiene una ventaja para definir cuál es la solución.
En ese sentido, Milei no presentó simplemente un diagnóstico económico: presentó una interpretación moral de la Argentina. La inflación dejó de ser solamente un fenómeno monetario para transformarse, dentro de su relato, en la consecuencia de una dirigencia que habría administrado el Estado en beneficio propio. El déficit fiscal dejó de aparecer como una discusión técnica sobre ingresos y gastos para convertirse en la evidencia de una supuesta estructura de privilegios. El Banco Central dejó de ser una institución económica para transformarse en el símbolo de un modelo que, según su discurso, habría permitido a los políticos trasladar sus costos al conjunto de la sociedad.
La política como identidad: la necesidad de reafirmar al propio grupo
Uno de los elementos más relevantes del discurso presidencial es que no parece estar dirigido únicamente a convencer a quienes todavía dudan, sino principalmente, en esta época en que se le fugan los votos, a reafirmar a quienes ya forman parte de su identidad política. La construcción de un liderazgo no depende solamente de sumar adhesiones nuevas, sino también de mantener cohesionada una comunidad política que necesita encontrar una explicación común frente a las dificultades.
El politólogo alemán Carl Schmitt planteaba que la política moderna se organiza alrededor de la distinción entre amigo y enemigo. Aunque su teoría fue profundamente discutida por sus consecuencias autoritarias, su análisis permite observar un fenómeno presente en muchos movimientos políticos: la creación de una frontera simbólica que separa a quienes representan el cambio de quienes son identificados como responsables del problema.
En el caso del mileísmo, esa frontera se construye alrededor de una oposición entre “la gente común” y una “casta política” presentada como beneficiaria de un sistema agotado. Esa categoría no funciona solamente como una descripción de dirigentes concretos, sino como una identidad colectiva. Permite que sectores sociales diversos puedan reconocerse dentro de un mismo relato: trabajadores afectados por la inflación, jóvenes desencantados con los partidos tradicionales, pequeños empresarios golpeados por las crisis recurrentes o ciudadanos que sienten que las instituciones no respondieron a sus expectativas.
El discurso presidencial vuelve así a una lógica política clásica: transformar una experiencia individual de frustración en una explicación colectiva. La pérdida de poder adquisitivo, la incertidumbre económica o la sensación de estancamiento dejan de ser problemas aislados y pasan a formar parte de una historia común donde existe un responsable identificable.
El poder de los números y la creación de una verdad política
Un aspecto central del discurso fue el uso de cifras extremas y referencias históricas para reforzar la idea de una Argentina al borde del colapso permanente. En estos casos, el número no funciona únicamente como una herramienta descriptiva, sino como un recurso político y simbólico. Su objetivo no es solamente informar, sino producir impacto.
Cuando una cifra alcanza dimensiones difíciles de imaginar, adquiere una fuerza narrativa propia. El ciudadano común no necesariamente puede verificarla o reconstruir su metodología, pero sí puede interpretar su significado político: “todo estaba peor de lo que nos dijeron”. Esa operación permite instalar una sensación de revelación, como si el gobierno estuviera mostrando una verdad oculta durante décadas.
El filósofo y sociólogo francés Jean Baudrillard analizó cómo en las sociedades contemporáneas los símbolos y las representaciones pueden adquirir una fuerza incluso mayor que los hechos que pretenden representar. La política moderna no se libra únicamente en el terreno de los datos, sino también en el de las narraciones que permiten ordenar esos datos dentro de una interpretación emocionalmente convincente.
Por eso, más allá de la discusión técnica sobre cada número utilizado, el elemento político relevante es la función que cumple dentro del relato presidencial: confirmar que la ruptura propuesta por Milei no sería una opción ideológica entre otras, sino una supuesta necesidad histórica frente a un fracaso acumulado.
El líder que promete cerrar una etapa histórica
El discurso también puede leerse como un intento de consolidar una figura presidencial asociada a un momento fundacional. Milei no se presenta solamente como un administrador que aplica políticas económicas, sino como alguien que pretende representar un quiebre histórico entre dos épocas.
La construcción de liderazgos de este tipo suele apoyarse en la idea de que existe una crisis profunda que las estructuras tradicionales ya no pueden resolver. La politóloga alemana Hannah Arendt analizó cómo las sociedades atravesadas por crisis prolongadas pueden volverse más receptivas a liderazgos que ofrecen explicaciones simples, contundentes y totalizantes frente a problemas complejos. No porque los ciudadanos carezcan de racionalidad, sino porque en contextos de incertidumbre las explicaciones integrales ofrecen una sensación de orden y pertenencia.
El mensaje de Milei busca ocupar precisamente ese espacio: el de quien dice haber identificado la raíz de todos los males y propone una transformación completa. La promesa no es únicamente económica; es también emocional. Para sus seguidores, el proyecto no representa solamente una política fiscal o monetaria, sino la posibilidad de formar parte de una generación que “termina” con un ciclo histórico.
La batalla por el relato argentino
La profundidad política del discurso presidencial está, entonces, en que no intenta solamente defender medidas concretas, sino disputar la interpretación del pasado y del futuro del país. La pregunta central que plantea no es únicamente cómo equilibrar las cuentas públicas, sino quién tiene la autoridad moral para explicar por qué Argentina llegó hasta aquí.
Toda transformación política necesita una narrativa que la justifique. Los gobiernos construyen legitimidad no solamente a partir de resultados, sino también a través de relatos que explican esos resultados. Milei busca que su electorado interprete cualquier dificultad presente como el costo inevitable de una reconstrucción histórica y que cualquier resistencia sea vista como la defensa de un orden anterior.
La disputa, por lo tanto, no está solamente en el terreno económico. Está en la capacidad de cada espacio político para imponer una explicación sobre la Argentina: si el país fue destruido por un sistema político que abusó del Estado, como sostiene Milei, o si la crisis argentina, tal cual fue, responde a una combinación más compleja de factores económicos, sociales e institucionales.
En esa batalla por el sentido, el Presidente no habló únicamente de reformas. Habló de identidad, pertenencia y memoria colectiva. Y allí reside la verdadera dimensión política de su discurso: en el intento de convertir una propuesta de gobierno en una interpretación completa de la historia argentina.
Milei presentó sus nuevas reformas estructurales como el punto final de “91 años de saqueo” y responsabilizó al Banco Central y a la política por todos los males económicos argentinos. Pero detrás de las cifras impactantes, las acusaciones contra dirigentes y las promesas de refundación aparecen datos discutibles, interpretaciones históricas parciales y debates constitucionales sobre el alcance del proyecto libertario.
Por Tomás Palazzo para NLI
La política del número gigante: cuando una cifra busca reemplazar un debate histórico
Milei volvió a construir uno de sus discursos centrales alrededor de una idea repetida desde el inicio de su gobierno: que la Argentina no atraviesa solamente una crisis económica, sino el resultado de décadas de un supuesto mecanismo de saqueo impulsado por la política a través del Estado. En cadena nacional, el Presidente presentó sus nuevas reformas estructurales y eligió como eje una cifra de enorme impacto: una inflación acumulada desde la creación del Banco Central de 12.819.532.788.614.400.000%, un número de 20 dígitos que utilizó como prueba de lo que definió como “la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política”.
Como sucede siempre con las «cifras de Milei», el número presentado como una prueba definitiva de “91 años de saqueo” no fue acompañado por una metodología detallada, una fuente estadística oficial o un documento técnico que permita reconstruir cómo se llegó exactamente a esa cifra de 20 dígitos. Si bien es posible calcular una inflación acumulada durante largos períodos mediante índices históricos, la magnitud exhibida por Milei requiere explicaciones sobre qué series fueron utilizadas, cómo se empalmaron los distintos períodos, qué criterios se aplicaron ante los cambios de medición y cómo se ponderaron etapas con monedas diferentes. Sin ese respaldo documental verificable, el número funciona principalmente como una herramienta retórica de alto impacto más que como un dato económico presentado con el rigor necesario para un debate público de semejante trascendencia.
La magnitud del fantasioso número solo está dada para generar un efecto político inmediato: transmite una sensación de desastre absoluto y permite instalar una idea sencilla de comprender para una sociedad golpeada por décadas de inflación. Sin embargo, transformar casi un siglo de historia económica argentina en una única explicación basada exclusivamente en la emisión monetaria implica dejar afuera una enorme cantidad de factores que también formaron parte de las crisis nacionales.
La inflación argentina fue atravesada por múltiples procesos: endeudamientos externos, crisis internacionales, cambios abruptos de modelo económico, golpes de Estado, pérdida de reservas, fuga de capitales, problemas estructurales de producción, restricciones externas y disputas distributivas. Reducir todo ese recorrido histórico a una sola causa permite construir un relato político potente, pero simplifica una realidad económica mucho más compleja.
La idea de que la inflación es siempre y exclusivamente un fenómeno monetario pertenece a una corriente económica determinada, el monetarismo, pero no representa una verdad indiscutida dentro de la economía. Existen distintas escuelas que analizan el fenómeno inflacionario incorporando también factores productivos, cambiarios, sociales y externos.
El discurso presidencial, sin embargo, se apoyó en una premisa diferente: la necesidad de identificar un responsable claro. En esa construcción, el Banco Central dejó de aparecer como una herramienta de política económica y pasó a ser presentado como el origen del deterioro argentino.
El Banco Central como enemigo: la reforma que busca separar la moneda de la política
Uno de los anuncios más importantes de Milei fue una nueva reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para prohibir cualquier mecanismo de financiamiento al Estado. Según el Presidente, la emisión monetaria para cubrir déficit constituye una “falsificación de dinero” y llegó incluso a afirmar que quienes participaron de esos procesos podrían formar parte de una asociación ilícita integrada por funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores y autoridades del organismo monetario.
La afirmación abre un debate jurídico de enorme profundidad. La emisión monetaria no es considerada falsificación de moneda en el ordenamiento legal argentino: es una facultad estatal ejercida por una institución pública creada por ley. Se puede discutir si una política económica fue correcta, si generó inflación o si produjo consecuencias negativas, pero equiparar una decisión de política monetaria tomada dentro del marco institucional con un delito penal implica solo un desconocimiento o provocación de esas a las que nos tiene acostumbrado el presidente.
La Constitución Nacional establece que el Congreso tiene atribuciones en materia monetaria y financiera, mientras que el Banco Central funciona como una entidad con autonomía dentro del sistema institucional argentino. El debate sobre esa autonomía existe en distintos países: cuánto debe protegerse a una autoridad monetaria de las presiones políticas y cuánto control democrático debe mantenerse sobre una institución clave.
La reforma propuesta por Milei busca aumentar las barreras para remover al presidente y al directorio del Banco Central, exigiendo mayorías especiales en ambas cámaras del Congreso. Para el oficialismo, esto evitaría que los gobiernos presionen para financiar sus déficits mediante emisión. Para sus críticos, podría crear una institución con un nivel de blindaje difícil de compatibilizar con el principio democrático de control sobre los organismos públicos.
Convertibilidad, reservas y Cristina Kirchner: una historia económica reconstruida desde la mirada libertaria
Durante su exposición, Milei también apuntó contra la salida de la convertibilidad y sostuvo que abandonar la paridad entre peso y dólar significó que miles de millones de dólares “pasaran a manos de los políticos”. Según su interpretación, los recursos respaldatorios de aquella etapa pertenecían a los argentinos y fueron utilizados por la dirigencia.
Pero la historia de la convertibilidad es bastante más compleja. El régimen instaurado en 1991 consiguió durante varios años estabilizar la inflación, pero también generó problemas de competitividad, dependencia del endeudamiento externo y una economía condicionada por la necesidad permanente de conseguir dólares. La crisis de 2001 no fue consecuencia de una sola decisión política, sino el resultado de múltiples desequilibrios acumulados durante años.
Algo similar ocurre con la utilización de reservas del Banco Central durante el gobierno de Cristina Kirchner para el pago de deuda mediante el denominado Fondo del Bicentenario. Milei definió esa operación como un “robo”, aunque fue una decisión adoptada mediante mecanismos institucionales y debatida públicamente en el Congreso, la Justicia y el ámbito económico.
La utilización de términos como “saqueo”, “estafa” o “robo” permite construir una narrativa de ruptura moral con el pasado, pero también corre el riesgo de reemplazar el análisis histórico por una disputa política basada en acusaciones absolutas.
El “grillete fiscal” y el debate sobre los límites constitucionales del ajuste permanente
Otro de los anuncios más polémicos fue la creación de una regla fiscal permanente que impediría sostener presupuestos deficitarios y establecería un mecanismo automático de ajuste denominado por el Gobierno como “grillete fiscal”. Según «explicó» Milei, si las cuentas públicas permanecieran desequilibradas durante un período determinado, el Congreso tendría un plazo para corregir la situación. De no hacerlo, se activaría un “shutdown” que implicaría la paralización de actividades consideradas no esenciales, congelamiento de nuevas contrataciones y suspensión de determinados gastos.
El Presidente aseguró que quedarían exceptuadas áreas como jubilaciones, pensiones, salud, seguridad, defensa y servicios esenciales. Sin embargo, la propuesta abre una discusión institucional sobre el rol del Congreso y la división de poderes. La Constitución Nacional establece que el Poder Legislativo tiene la responsabilidad de aprobar el presupuesto y definir las prioridades del gasto público. Una norma que establezca mecanismos automáticos de limitación sobre futuras decisiones parlamentarias podría generar un debate sobre hasta dónde puede una mayoría política actual condicionar las facultades de gobiernos y congresos futuros.
El problema no es solamente económico. También es institucional: una democracia no solamente define cuánto gasta el Estado, sino quién tiene la autoridad para decidir cómo se utilizan los recursos públicos.
Más libertad financiera y menos controles: la apuesta de Milei para transformar la economía
El paquete anunciado por el Presidente también incluye reformas del mercado de capitales y del sistema de seguros. El argumento oficial sostiene que Argentina tiene un sistema financiero reducido porque durante décadas los ciudadanos perdieron confianza y retiraron sus ahorros del circuito formal. Milei plantea que una mayor liberalización permitirá que el ahorro privado se transforme en inversión productiva, créditos, maquinaria y empleo. Desde esa perspectiva, el problema central sería la excesiva regulación estatal que impide que el capital fluya hacia quienes quieren producir.
Sin embargo, la experiencia internacional muestra que los mercados financieros requieren reglas claras y organismos de control fuertes. La historia económica mundial cuenta con numerosos ejemplos donde procesos de desregulación sin supervisión suficiente terminaron generando crisis que luego fueron absorbidas por los Estados y por la sociedad.
El debate estará en encontrar el equilibrio entre eliminar trabas burocráticas y mantener herramientas que eviten abusos, fraudes y riesgos sistémicos.
La construcción de una nueva verdad política: entre la economía y la batalla cultural
El discurso presidencial no fue solamente una presentación de reformas económicas. Fue también una construcción política. Milei buscó instalar una interpretación histórica donde la Argentina habría sido víctima durante casi un siglo de una clase dirigente que utilizó la inflación, el déficit y el Banco Central como mecanismos de apropiación.
En esa lógica, las reformas anunciadas aparecen como una ruptura definitiva con el pasado y como el inicio de una nueva etapa nacional. La discusión, entonces, no pasa únicamente por si una medida económica puede funcionar o no, sino por el modo en que se construye el consenso para aplicarla.
La época de la posverdad no implica simplemente la existencia de datos falsos. También refiere a un escenario donde los hechos son seleccionados, jerarquizados y narrados desde identidades políticas fuertes, donde una explicación sencilla puede imponerse sobre una realidad mucho más compleja.
Milei presentó su proyecto como el final de “91 años de decadencia”. Sus defensores sostienen que se trata de una transformación necesaria para recuperar estabilidad y crecimiento. Sus críticos advierten que detrás de esa promesa existe una concentración de poder económico e institucional que puede modificar profundamente la relación entre Estado, mercado y democracia.
El desafío argentino no será solamente discutir cuánto emite el Banco Central, cuánto gasta el Estado o cómo se organiza el mercado financiero. También será debatir qué límites tiene una reforma estructural, qué lugar ocupa la política en una democracia y si una sociedad puede construir su futuro sobre una única interpretación del pasado.
Javier Milei hizo uso de la cadena nacional para anunciar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central con la que busca atornillar a Santiago Bausili al frente de la entidad hasta diciembre de 2028.
«Se busca blindar al presidente del Banco Central y a su directorio frente a los atropellos de la política. Si bien se mantiene el mecanismo de designación vigente, el proceso de remoción será más exigente y requerirá el respaldo de dos tercios de los diputados y senadores», dijo el presidente, que presentó un paquete de reformas financieras que considera clave para la próxima etapa de su programa económico.
Sugestivamente, la presentación del proyecto de autonomía del Central la hizo con el titular de la entidad sentado a su lado. Bausili es además socio del ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, en la consultora Anker.
El Presidente confirmó que enviará al Congreso tres proyectos de ley: una nueva Carta Orgánica para el Banco Central, una reforma integral del mercado de capitales y otra del sistema de seguros.
La primera reforma apunta al Banco Central. Milei anunció una modificación de su Carta Orgánica para redefinir el rol de la autoridad monetaria y reforzar su independencia del Poder Ejecutivo. La iniciativa recoge uno de los reclamos históricos del establishment financiero y especialmente del FMI, que suele señalar al modelo peruano como referencia por la autonomía de su banco central y la prohibición de financiar al Tesoro.
El Presidente planteó que el Banco Central debe concentrarse exclusivamente en preservar el valor de la moneda y dejar de funcionar como una herramienta de financiamiento del Estado. La propuesta busca blindar institucionalmente esa independencia y limitar la posibilidad de que futuros gobiernos recurran a la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal.
La iniciativa, sin embargo, llega después de dos años y medio en el que el propio Gobierno utilizó activamente al Banco Central como una pieza central de su estrategia económica. Como reveló LPO, la entidad volvió a incorporar Letras Intransferibles del Tesoro, coordinó con el Ministerio de Economía la utilización de contratos de dólar futuro y títulos dólar linked para administrar la tensión cambiaria y también transfirió utilidades al Tesoro. La reforma, así, propone penalizar hacia adelante herramientas que la propia administración utilizó hasta ahora.
Curiosamente, según el Presidente la economía argentina ya no enfrenta un problema de falta de ahorro sino de mala asignación de ese ahorro, aún cuando afirma estar convencido de que los mercados son perfectos.
«Dejar nuestros ahorros fuera del sistema, en una caja de seguridad, bajo el colchón o en el exterior, atenta contra nuestro propio crecimiento», afirmó el especialista en crecimiento con y sin dinero.
Milei agregó que «las políticas de las últimas décadas empujaron a los argentinos a sacar sus ahorros del sistema en defensa propia, y con eso frenaron la inversión». Sobre esa idea construyó el resto de los anuncios.
La segunda iniciativa es la reforma del mercado de capitales. «Vamos a impulsar un proyecto de liberalización profunda de nuestro mercado de capitales, que modificará varias leyes con una misma idea: correr al Estado del medio para que el ahorro vaya directamente a la inversión», anunció Milei.
El Presidente sostuvo que el objetivo es que el ahorro privado financie directamente al sector productivo sin intermediación estatal. «Dejar nuestros ahorros fuera del sistema atenta contra nuestro propio crecimiento», insistió, y planteó que la reforma buscará remover regulaciones que, a su juicio, dificultan esa canalización del crédito.
Dentro del mercado financiero hubo un punto que concentró buena parte de la atención: la flexibilización para que las empresas puedan emitir deuda en dólares. Milei no brindó demasiados detalles sobre el funcionamiento del nuevo esquema, pero distintas fuentes del mercado interpretaron que la medida apunta a movilizar la enorme liquidez en moneda extranjera que hoy permanece inmovilizada dentro del sistema bancario.
Los bancos acumulan más de 35.000 millones de dólares en depósitos en moneda extranjera, impulsados por el blanqueo a lo que se suman los fondos que el Gobierno espera captar con el régimen de Inocencia Fiscal. Esas entidades deben remunerar esos depósitos, pero tienen pocas alternativas para prestarlos porque el crédito en dólares sigue muy restringido para quienes no generan ingresos en esa moneda.
Sin embargo, la iniciativa también despertó inquietud entre operadores del mercado, que advirtieron sobre el riesgo de descalce de monedas si compañías con ingresos principalmente en pesos incrementan su endeudamiento en dólares.
La tercera reforma corresponde al mercado de seguros. Milei la incluyó dentro del paquete destinado a profundizar el mercado financiero y ampliar las fuentes de ahorro de largo plazo, aunque fue el capítulo menos desarrollado de su exposición. El Presidente no detalló qué leyes modificarán ni cuáles serán los principales cambios regulatorios.
