El ministro de Seguridad de Martín Llaryora, Juan Pablo Quinteros, salió a cuestionar públicamente decisiones judiciales tras la liberación exprés del vecino que el jueves a la noche, en el marco de un procedimiento policial, asesinó al suboficial Luis Azabal cuando éste ingresaba a la casa del tirador, que era víctima de un asalto.
En un mensaje cargado de tono político, el funcionario sugirió que algunos fallos generan la percepción de que la ley «no se aplica con la misma vara». El vecino involucrado en el crimen es un empresario habilitado para tener armas. De hecho, poseía un arsenal.
Las declaraciones de Quinteros llegaron en un momento particularmente sensible: Córdoba será el lunes sede de una nueva reunión del Consejo Federal de Seguridad Interior, el ámbito que reúne a ministros del área de todo el país.
El encuentro será encabezado por la ministra nacional Alejandra Monteoliva y se espera que también participe el ministro de Interior, Diego Santilli.
En ese contexto, Quinteros publicó una «reflexión personal» en la que se refirió al crimen del suboficial y apuntó contra decisiones judiciales que, según su mirada, debilitan el mensaje de apoyo hacia las fuerzas de seguridad.
Decisiones tomadas con esta celeridad, en un caso donde murió un policía en servicio, generan una señal inquietante para quienes tenemos la responsabilidad de conducir la fuerza
«Quiero hacer una reflexión personal tras el asesinato del suboficial principal Luis Alejandro Azabal, un hombre de nuestra Policía que perdió la vida cumpliendo su deber», comenzó el ministro. Y enseguida planteó una de las consignas que suelen repetir los sectores más duros de la política criminal: «El que las hace, las paga».
Pero el corazón de su crítica estuvo en lo que consideró una respuesta judicial demasiado rápida frente a un caso de extrema gravedad. «En este caso, quien comenzó imputado por un delito gravísimo recuperó la libertad en apenas tres horas. Tres horas», remarcó Quinteros.
Cuando un policía (investigado por su accionar) es tratado con presunción de culpabilidad, mientras quien dispara y mata puede recuperar la libertad en cuestión de horas, existe la percepción de que la ley no se aplica con la misma vara
Sin mencionar al fiscal del caso, el ministro sugirió que esa clase de resoluciones generan desconfianza dentro de la fuerza. «Decisiones tomadas con esta celeridad, en un caso donde murió un policía en servicio, generan una señal inquietante para quienes tenemos la responsabilidad de conducir la fuerza», advirtió.
Quinteros señaló que «cuando un policía (investigado por su accionar) es tratado con presunción de culpabilidad, mientras quien dispara y mata puede recuperar la libertad en cuestión de horas, existe la percepción de que la ley no se aplica con la misma vara».
Quinteros publicó estas declaraciones tras el sepelio del policía abatido; un mensaje directo al Ministerio Público Fiscal. Aunque el Gobierno provincial exhibe una baja «histórica» en los homicidios, en el horizonte asoma un aumento de la conflictividad social y el postergado debate por la prohibición de los cuidacoches («naranjitas»).
Horas después de conocerse el peritaje que determinó que Javier Milei tuvo varios contactos telefónicos con el empresario cripto Mauricio Novelli antes y después del lanzamiento de $Libra, uno de los estudios jurídicos que litiga en Nueva York en defensa de un grupo de estafados, analiza abrir una investigación criminal que podría complicar al presidente.
La estrategia judicial de alto voltaje que complica a los hermanos Milei en los tribunales de Nueva York, que no suelen ser tan complacientes con el poder como lo es el fiscal argentino Eduardo Taiano, fue revelada por abogados de los damnificados este sábado por la mañana, durante un zoom de carácter hermético con miembros de la Comisión $Libra de Diputados.
Aunque los abogados pidieron mantener en reserva sobre sus próximos movimientos frente a la magnitud del caso, fuentes con conocimiento de la conversación con los diputados argentinos, confirmaron que los representantes de los estafados pidieron una copia certificada por el Congreso argentino de las conclusiones de la comisión parlamentaria para incorporar al expediente civil y eventualmente iniciar la querella criminal.
Entre la documentación solicitada, los abogados pidieron copia de las pruebas recolectadas, incluidas las llamadas que mantuvo Mauricio Novelli con Javier y Karina Milei entre la tarde del viernes 14 y la madrugada del sábado 15 de febrero de 2025, minutos antes y después del lanzamiento de la criptomoneda por parte del libertario.
Los representantes de los estafados pidieron copias certificadas por la comisión $Libra que preside Maximiliano Ferraro con el objeto de sumarlas como prueba ante la Justicia de Nueva York y adelantaron que buscarán abrir una investigación criminal.
Diputados de la comisión que preside Maximiliano Ferraro confirmaron el contacto con los abogados, mientras que otro de ellos dijo desconocerlo. De todas maneras ante las novedades del caso, uno de los diputados que conduce la comisión anticipó a LPO que «el lunes y martes analizaremos los pasos a seguir».
Una de las sospechas de los denunciantes de la criptoestafa es que en esos intercambios podría haberle enviado a Milei el código de 44 dígitos que publicó en sus redes para promocionar la fallida Libra.
El presidente Milei en la Casa Rosada con Hayden Davis, uno de los arquitectos de la cripto estafa Libra.
Como contó LPO, un mes después del escandaloso lanzamiento de $Libra se presentó en Nueva York la primera demanda colectiva por la estafa por parte del estudio de abogados Burwick Law, en busca de conseguir un resarcimiento económico a más de 200 víctimas de la estafa.
Ahora, la revelación de los peritajes expone el vinculo directo entre el tuit del Presidente promocionando $Libra y los organizadores de la criptoestafa que se consumo luego que Milei promocionara la cripto.
Este sábado El Destape reveló un documento recuperado por la justicia del celular de Mauricio Novelli que da cuenta de un supuesto arreglo económico con el presidente para que promocione la cripto a cambio de unos cinco millones de dólares.
Las inconsistencias entre ingresos declarados, deudas millonarias y viajes de lujo volvieron a colocar a Manuel Adorni en el centro de un escándalo político. Mientras el funcionario intenta justificar el uso del avión presidencial para viajar con su pareja, surgen nuevos datos que ponen en duda la compatibilidad entre sus ingresos y su nivel de gastos.
Por Roque Pérez para NLI
Deudas millonarias con ingresos oficiales mucho menores
El jefe de Gabinete Manuel Adorni percibe un sueldo cercano a 3,5 millones de pesos mensuales, según datos difundidos en los últimos días. Sin embargo, registros del Banco Central indican que en enero acumulaba deudas por más de 9 millones de pesos, una cifra que resulta difícil de explicar en relación con sus ingresos oficiales.
Las inconsistencias no se limitan al funcionario. También aparecen interrogantes sobre las finanzas de su pareja, Bettina Julieta Angeletti, en un contexto donde ambos protagonizan polémicas por viajes costosos y movimientos económicos que todavía no han sido aclarados públicamente.
El viaje en el avión presidencial que desató el escándalo
El caso estalló cuando se conoció que Angeletti viajó a Nueva York junto a la comitiva oficial en el avión presidencial, pese a no ocupar ningún cargo en el Estado. La situación generó fuertes críticas y obligó al propio Adorni a admitir que su esposa fue invitada a subir al Tango 01.
El funcionario intentó justificarse argumentando que quería que su pareja lo acompañara mientras él viajaba para trabajar, en medio de una agenda oficial. Sin embargo, lejos de cerrar la polémica, la explicación abrió nuevas preguntas sobre quién paga realmente esos viajes y bajo qué criterios se utilizan los recursos del Estado.
El dato que reveló NLI: vuelos privados, consultora y negocios alrededor del poder
Pero la polémica no se limita al vuelo presidencial. Una investigación exclusiva publicada por NLI reveló información adicional que amplía el escándalo y coloca a la pareja en el centro de un entramado de viajes, negocios y vínculos políticos.
Según esa investigación periodística, Adorni también habría realizado en febrero un viaje a Punta del Este en un avión privado cuyo costo rondaría los 10.000 dólares, acompañado por su familia y un periodista de la TV Pública. El episodio generó nuevas preguntas sobre el origen de los fondos utilizados para financiar ese traslado, dado que el monto resulta difícil de compatibilizar con los ingresos declarados por el funcionario.
El informe de NLI también puso el foco en la actividad empresarial de Bettina Angeletti, quien creó recientemente su propia consultora llamada “MasBe”, dedicada a asesoramiento y coaching empresarial. La aparición de esa empresa coincide con el ascenso político de su esposo y, según la investigación, habría comenzado a sumar clientes vinculados al entorno del oficialismo.
La conexión con el negocio de Tecnópolis
El punto más delicado del informe apunta a los vínculos comerciales entre la consultora de Angeletti y sectores cercanos al entorno de Karina Milei, particularmente en torno a proyectos vinculados con Tecnópolis, un espacio estratégico del Estado que podría quedar bajo nuevas concesiones privadas.
Según los datos publicados, la consultora de la esposa del jefe de Gabinete tendría relaciones laborales con actores empresariales vinculados a ese proceso, lo que abre interrogantes sobre posibles conflictos de intereses entre los negocios privados del entorno familiar de Adorni y decisiones políticas del gobierno.
Un escándalo que golpea el discurso oficial
La polémica resulta particularmente incómoda para el gobierno de Milei, que construyó buena parte de su narrativa política denunciando a la “casta” y prometiendo austeridad en el manejo del Estado.
En ese contexto, el caso Adorni funciona como una paradoja difícil de disimular: un funcionario que defiende el ajuste y la motosierra estatal, pero que no logra explicar con claridad sus propios números ni los negocios que orbitan alrededor de su entorno familiar.
Mientras el jefe de Gabinete continúa en el exterior y las denuncias políticas y mediáticas se multiplican, el interrogante permanece abierto. En un gobierno que hizo de la transparencia un eslogan, las cuentas del hombre encargado de comunicar el rumbo oficial parecen ser, por ahora, las más opacas de todas.
En medio de la embestida del Gobierno contra empresarios nacionales de relieve, en Casa Rosada se filtró que el repertorio de apodos que Javier Milei utilizó en redes para referirse despectivamente a industriales fueron craneados por Federico Sturzenegger.
El ministro de Desregulación suele salir al cruce de los referentes de distintas ramas de la industria que están siendo jaqueados por la política de apertura de importaciones que promueve el gobierno libertario.
Defensor del modelo chileno extractivista y con poco lugar para la industria, «El Coloso» -como lo apoda Milei- mantiene un particular encono con Paolo Rocca.
En enero de 2025, Sturzenegger liberó la exportación de chatarra a pesar del lobby del CEO de Techint para mantener las restricciones con el fin de garantizar el suministro local. Desde entonces, por los pasillos de la cartera de Desregulación se escucha el sobrenombre «Don Chatarrín» para referirse a Rocca.
Luego, con la derrota de Techint en la licitación de los caños del gasoducto de Vaca Muerta a Río Negro a inicios de este año, fue Sturzenegger el vocero del Gobierno en la embestida contra el grupo de Rocca y reveló: «Techint habría ofrecido los caños 40% más caros».
Con eso, la guerra con la T llegó a su pico máximo de tensión y Sturzenegger le sumó un componente más al apodo inicial contra Rocca. Y fue Milei el que lo dio a conocer cuando cruzó a «Don Chatarrín de los tubitos caros».
Envalentonado por el festejo presidencial a su particular invectiva para los sobrenombres, Sturzenegger sumó otras creaciones replicadas por Milei, como «Don Gomita Alumínica» en referencia a Javier Madanes Quintanilla, a quien el presidente acusa de cerrar Fate y dejar a 920 familias en la calle solo para extorsionar al Gobierno para que no levante protecciones arancelarias.
Pero Sturzenegger sigue eligiendo a Rocca como su objetivo. En su reciente paso por Nueva York en el marco de la «Argentina Week».
«Demostró que en el mundo puede operar como un emprendedor de clase mundial. ¿Por qué operar con reglas diferentes en la Argentina?», dijo.
Y agregó: «Si los pocos emprendedores de clase mundial que tenemos no abrazan esto, me sorprende. Porque en el largo plazo, la propuesta de negocio que este Gobierno está haciendo es tremendamente positiva para los negocios. Más interesante, más valiosa que quedarse como cazando en el zoológico en un mercado muy compartimentado»
Investigadores fiscales y policiales de Santa Fe encontraron hace dos semanas un arsenal de armas largas, algunas con capacidad de perforar superficies blindadas, enterradas en un campo de Roldán, a 25 kilómetros de Rosario.
Esas armas poderosas de posesión inusual en el campo civil están vinculadas a la organización criminal Los Menores que conduce el prófugo Matías Gazzani.
Los investigadores del área de la Agencia de Inteligencia del gobierno de Santa Fe están convencidos, por información que aseguran haber recibido de tres vías diferentes, que el propósito de los grupos delictivos que asoman detrás de estos fusiles de alto poder de fuego era producir un atentado contra Maximiliano Pullaro.
Esa convicción fue creciendo en las últimas dos semanas en el entorno de los investigadores que este viernes al mediodía concretaron allanamientos derivados de ese primer evento. «Para nosotros es cien por ciento seguro que preparaban un ataque» dijo a LPO uno de los principales investigadores del caso.
El procedimiento que dio con las armas no tiene antecedentes en Rosario. Fueron tres allanamientos en cadena contra grupos en conexión con la Banda de Los Menores que asomó fuerte en la escena criminal local con el asesinato del ex líder de la hinchada de Rosario Central Andrés Pillín Bracamonte el 9 de noviembre de 2024.
Autoridades fiscales y provinciales advierten que esa organización tiene aspiraciones de controlar el fenómeno criminal en la ciudad, desplazando a otros grupos que solían tener la supremacía, en especial la llamada Banda de Los Monos, que desde 2024 sufrieron la eliminación en una escalada de al menos una decena de referentes.
El allanamiento más importante se dio en un campo de Roldán. Fue en la calle Madre Teresa al 700. Ese predio está a la vuelta de un importante referente de Los Menores llamado Enzo Benítez que está prófugo con pedido de captura y fue detectado tanto en España como en Portugal.
En ese campo se encontraron las armas tras un trabajo con máquinas retroexcavadoras que había demandado antes la limpieza y el alisado del terreno.
Uno de los miembros del equipo que trabajó allí le dijo a LPO que el grupo se movió con máquinas detectoras de metales. Lo principal para el hallazgo fue que en un momento uno de los buscadores encontró tras el alisado con una pala mecánica evidencia de tierra blanda y removida.
El detector marcó allí una señal muy débil. Se comenzó una excavación que a los cuatro metros de profundidad tocó una losa de cemento. Al romper esa losa se encontró un tanque de agua de plástico retromoldeado. Adentro de ese tanque estaban las armas.
Entre lo que se encontró había pistolas calibre 9 milímetros y calibre 40 y fusiles de alto poder de fuego.
En conferencia de prensa funcionarios del gobierno de Pullaro mencionaron cuatro fusiles, uno de ellos tipo AK 47 y un AR-15, de fabricación china y estadounidense, calibres 5.56 y .223. Se secuestraron seis pistolas, escopetas y más de 800 cartuchos de distinto tipo.
Fuentes que estuvieron en los procedimientos le dijeron a LPO que los insumos informativos de inteligencia que permitieron llegar a estas armas incluían referencias inequívocas a atentar contra la vida de Pullaro.
«Los que tenían esas armas no solamente saben de su poderío sino que dicen para qué las tienen. Hablan de la capacidad de perforar lo blindado. Las balas encontradas pueden dispararse desde los fusiles enterrados y eran perforantes con núcleo de acero, atraviesan un chaleco antibala, un casco balístico y un vehículo blindado convencional», dijo a LPO un agente del grupo que participó de las pesquisas.
Fuentes que estuvieron en los procedimientos le dijeron a LPO que los insumos informativos de inteligencia que permitieron llegar a estas armas incluían referencias inequívocas a atentar contra la vida de Pullaro.
Y agregó: «Están hechas de tungsteno que es un metal de alta densidad y dureza que perfora blindaje y se usa militarmente por su capacidad de penetración».
Tras los allanamientos hubo una conferencia de prensa en la que participaron la subsecretaria de Inteligencia Criminal de Santa Fe Virginia Villar, el fiscal de Rosario Matías Merlo, el fiscal de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva Patricio Saldutti y el jefe de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales, Maximiliano Bertolotti.
Bertolotti contó entonces que el primer allanamiento se hizo en el barrio 7 de Septiembre, la base de Los Menores en Rosario, en una vivienda donde secuestraron 10 millones de pesos en efectivo. Los otros fueron en las localidades de Ibarlucea y el aludido de Roldán donde aparecieron las armas bajo tierra.
Luego circuló en el Ministerio Público de la Acusación y en otras dependencias públicas y de prensa información de origen gubernamental que luego fue eliminada. Allí se enunciaba la idea de que esas armas se usarían contra el gobernador.
En ese texto se aludía a dos asuntos. El primero era que el operativo fue para desmantelar a grupos que responden a presos de alto perfil del módulo de alta seguridad de la cárcel de Piñero, reclusos que por su peligrosidad tienen requisas permanentes, no pueden tener visitas íntimas, la comunicación con su familia o abogado es a través de un blindex.
El segundo asunto es una de las principales hipótesis, que la banda quería intentar matar al gobernador Maximiliano Pullaro utilizando las armas de guerra. Ese texto desapareció pero cobra sentido porque en las consultas de este medio a altos ámbitos del gobierno santafesino y de los investigadores esos planteos se promueven con énfasis.
Los allanamientos encadenados desde el 2 de marzo que terminaron con el hallazgo de los fusiles de alto poder de fuego están fuertemente relacionados con el grupo Los Menores, según fuentes de la investigación.
Fuentes muy próximas a Pullaro indican que el gobierno avizora un reflujo de violencia meses antes de que en noviembre se inaugure la cárcel de máxima seguridad que se construye en Piñero, a 15 kilómetros de Rosario, para 1.152 reclusos en 24 pabellones donde el diseño está pensado para reforzar el aislamiento y el control de los internos de alto perfil criminal.
«Antes de que se inicien los traslados esperamos que haya agite en la calle. Estamos preparados», le dijo a LPO un miembro del gabinete provincial.
Los allanamientos encadenados desde el 2 de marzo que terminaron con el hallazgo de los fusiles de alto poder de fuego están fuertemente relacionados con el grupo Los Menores, según fuentes de la investigación.
En el gabinete de seguridad de Pullaro indican que tiene lógica que se haya insinuado planes para atentar contra el gobernador frente a la inauguración inminente de una cárcel de duras condiciones de aislamiento
El campo en Roldán es contiguo al de Enzo «Gordo» Benítez, que tiene captura recomendada. Benítez aparece en una foto tomada en Pinamar junto al líder de Los Menores, el también prófugo Matías Gazzani, y en la que se ven también Lisandro «Limón» Contreras y el policía Jonatan Garraza.
Por las armas halladas, este jueves fueron imputados Rodrigo Capelletti y Lautaro Noriega como miembros de la asociación ilícita en el rol de custodios de las armas y gestores de negocios inmobiliarios. Los acusó el fiscal de Rosario Ignacio Hueso.
Rodrigo es hermano de Andrés «Colo» Capeletti, detenido en julio pasado por Gendarmería Nacional como integrante de Los Menores, por el que la provincia ofrecía 20 millones de pesos de recompensa.
No tenemos otra opción más que enfrentar a la criminalidad compleja pero tampoco otra pretensión. Nos comprometimos a eso al asumir
La otra vivienda donde se encontraron centenares de balas calibre 9 milímetros está cerca del cruce de las rutas 34 y A012, en jurisdicción de Ibarlucea. Es un predio con una casa con pileta con quincho más dos cabañas en el mismo predio.
Según los investigadores, pertenece a un familiar de Mauri Ayala, un comercializador de drogas de la zona oeste de Rosario detenido en junio del año pasado que está conectado con la organización liderada por Gazzani. El campo de Ibarlucea es del tío de Gisela P que es la pareja de Mauri Ayala.
Dos días después del mega operativo cayó detenido Alexis «Chami» Mendoza, sindicado de «alta peligrosidad» por los investigadores, que lo enrolan en Los Menores.
En el gabinete de seguridad de Pullaro indican que tiene lógica que se haya insinuado planes para atentar contra el gobernador frente a la inauguración inminente de una cárcel de duras condiciones de aislamiento y las detenciones de miembros de esta organización criminal que tomó posiciones de supremacía.
«No tenemos otra opción más que enfrentar a la criminalidad compleja pero tampoco otra pretensión. Nos comprometimos a eso al asumir», le dijo Pullaro hace dos meses a LPO.
Sergio Busso es el ministro más experimentado del gobierno de Martín Llaryora. Es un todo terreno de los gobiernos del peronismo cordobés: lideró las carteras de Seguridad, Gobierno, Agricultura y, desde diciembre, Bioagroindustria, un mega ministerio que atiende el corazón de la narrativa cordobesista: la producción y el agro.
Con ese bagaje, advierte por la caída de la actividad económica, la pérdida de puestos de empleo formal y la apertura de las importaciones sin una reforma impositiva y con continuidad de las retenciones.
Dice que el peronismo cordobés «no tenemos nada que ver con el peronismo nacional, al menos con el kirchnerismo». «Hemos peleado más de 20 años en serio con el kirchnerismo y un proyecto que no nos hacía parte a las provincias productivas», advierte ante quienes creen que el Gobierno provincial debe ir hacia un entendimiento con el PJ nacional.
En una entrevista con LPO, Busso dice que el Gobierno de Córdoba «acompaña el cambio que se está haciendo en Argentina», pero reclama una reforma tributaria potente, con foco en las retenciones. : «La industria paga 4.5 por exportaciones, lo que es un despropósito porque en lugar de estimular o reconocer al que exporta, lo penalizás; es bastante contradictorio», dice.
Y se embandera en las retenciones al campo. «Tenemos 26 puntos de retención en soja, en esta cosecha gruesa que vamos a tener, Córdoba va a aportar más o menos 2.500 millones de dólares, 2.500 millones de dólares, dólares de Estado Nacional, que son recursos de los productores, no de un gobierno, pero que no vuelven nada al bolsillo del productor. Y si no vuelven al bolsillo del productor, no hay posibilidad de mejorar la actividad económica».
-¿Esperaba que en esta coyuntura Milei promoviera una reforma impositiva en este sentido?
-Cualquier proyecto económico necesita tener un proyecto productivo, porque si no producimos todo se hace inviable. El problema es que hay que agrandar la torta para romper la desigualdad y la inequidad, y dar oportunidades de trabajo y desarrollo a la gente.
-¿Y ese modelo productivo no aparece?
-No lo veo. Estamos de acuerdo con la apertura de la economía y de la competencia en un mundo globalizado, hay que hacerlo; pero con un planteo inteligente, en particular ante China. Ante el mercado chino se compite de manera desigual. Y eso no es un problema de impuestos o hacer más eficiente a la empresa, si no que es prácticamente imposible.
Vemos que la falta de actividad económica está pegando muy fuerte. Lo vemos en los impuestos vinculados a la actividad -IVA, Ingresos Brutos, Ganancias-que vienen en caída libre
-En dos años se perdieron en Córdoba 11.200 puestos de trabajo formales ¿Estamos en una crisis del empleo formal?
-No hacemos política con esto, pero hay incertidumbre. Todos los sectores nos manifiestan la falta de actividad económica, que pega muy fuerte en el comercio y en la industria. Esto va más allá de la apertura, que es otro tema. La pérdida de empleo formal no es lo mismo que la apertura, que es un proceso, y es complicado. En cambio, sí vemos que la falta de actividad económica está pegando muy fuerte. Lo vemos en los impuestos vinculados a la actividad -IVA, Ingresos Brutos, Ganancias-que vienen en caída libre.
-De estos más de 11.000 puestos, ¿vislumbran en el mediano plazo posibilidades de reemplazarlo por empleo formal?
-Hay Inversiones, muchas de ellas estimuladas mediante la desgravación impositiva de programas provinciales. La industria automotriz tiene proyectos para los próximos meses, y eso es bueno. Pero la preocupación es la integración con pymes locales.
Hay pueblos y ciudades que viven de la producción de maquinaria agrícola. Hoy no hay financiamiento para que un productor se entusiasme con invertir en maquinaria agrícola. Si el Estado no acompaña, la actividad económica por sí sola no funciona.
No es lo mismo que traigan productos importados y se ensamblen acá; y otra es que los componentes sean fabricados acá. La ley de autopartes vence en 2027, y nos preocupa mucho que esa ley quede sin efecto, porque esa ley medianamente protege al ecosistema de pymes metalmecánicas que participan de la industria automotriz. Sin esa ley, sería muy duro para Córdoba.
-¿La caída en la venta de maquinaria agrícola es una foto que anticipa el futuro de la industria automotriz si no se la protege?
-Seguramente. Hay pueblos y ciudades que viven de la producción de maquinaria agrícola. Hoy no hay financiamiento para que un productor se entusiasme con invertir en maquinaria agrícola. Si el Estado no acompaña, la actividad económica por sí sola no funciona. Decir «yo genero condiciones macroeconómicas y que cada uno se las arregle como puede» no parece ser un proceso productivo.
Si no acompañamos con condiciones objetivas para competir, muchos van a quedar en el camino. En el caso de la maquinaria agrícola, sin intervención de los Estados provinciales -Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires- en hacer una tasa competitiva, se convertiría en una ilusión cualquier financiamiento.
Hay un desfasaje muy fuerte entre lo que cobra Nación y las provincias. La Nación sigue teniendo los mismos impuestos, y las que hacen el achique y bajan impuestos son las provincias.
-¿Cuál es el tiempo que necesitan los sectores productivos para acomodarse a esta nueva realidad económica y la apertura indiscriminada?
-Pesan las decisiones de política económica nacional. Las decisiones que corresponden a nivel provincial, estamos prácticamente al máximo del acompañamiento que podemos dar. Si no ponemos recursos no habrá posibilidades de hacer un financiamiento competitivo para la producción. La industria en Córdoba no paga ingresos brutos, la industria en Córdoba prácticamente no paga impuestos. Tampoco paga ingresos brutos el campo.
-¿La reforma laboral ayudará a recuperar los puestos de trabajo formales perdidos?
-Modernizar las relaciones laborales es un camino necesario. Pero por sí sola no ayuda. A la par debe haber una reforma tributaria. Hay un desfasaje muy fuerte entre lo que cobra Nación y las provincias. La Nación sigue teniendo los mismos impuestos, y las que hacen el achique y bajan impuestos son las provincias.
Retenciones quedan en el Estado nacional, no vuelven a los productores, no vuelve nada. Impuestos al combustible, al cheque, igual. Son impuestos que no tienen una contraprestación del Estado nacional. Ese «Estado ausente» que promueven, en las provincias tiene que estar presente porque la educación la brinda la provincia, sobre todo en el interior. Al igual que la salud: la demanda en salud pública aumentó más del 40 por ciento.
-¿Cómo «machea» este diagnóstico con un electorado que votó mayoritariamente a Milei?
-Lo votó masivamente en el balotaje. Pero cualquier anti K habría sacado 70%. Lo mismo pasó con Macri. Es una situación histórica de Córdoba en rechazo a las políticas kirchneristas. Después, en las elecciones de mediano término, nosotros llevábamos a la persona más prestigiosa y más calificada, y se votó un acompañamiento a un proyecto nacional que iba a tener dificultades si no ganaba, lo que iba a generar complicaciones.
Cuando llegue la hora de elegir a nivel provincial, nuestro Gobierno tiene una alta valoración porque pese a las dificultades siguió gestionando siguió acompañando a la gente y haciéndonos cargo de lo que la Nación abandonó.
