Tras semanas de tensiones, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques decidió liberar el pliego de Tomás Rodríguez Ponte como candidato a ocupar el estratégico juzgado federal número dos de Lomas de Zamora.
El tema se volvió un factor de negociación entre Mahiques y el juez federal Ariel Lijo, que aceleró de manera coincidente la investigación contra Manuel Adorni como represalia a la decisión de no incluir este pliego en el lote de los 77 enviados al Senado para su análisis y eventual aprobación.
LPO adelantó en exclusivo que la historia tiene su costado personal. Mahiques y Ponte trabajaran durante años en el juzgado de Lijo. Pero el preferido del juez federal es Ponte, a quien promovió en acuerdo con Ricardo Lorenzetti como responsable de la Dajudeco, la dirección que se encargaba de las escuchas telefónicas.
El juzgado al que iría Ponte está actualmente a cargo del juez Federico Villena, que lo subrroga. Según el fallo d ela Corte en el caso Bruglia-Bertuzzi, una vez que se ocupa la vacancia el juez debe regresar a su destino original, en este caso el juzgado federal de Morón.
Ponte es un funcionario judicial de carrera, respetado por sus colegas, que lo califican de «serio», una categoría que no abunda en los tribunales federales de Comodoro Py. Además de Lijo, empujan su pliego los jueces María Servini de Cubría y Marcelo Martínez de Giorgi.
LPO adelantó en exclusivo que la historia tiene su costado personal. Mahiques y Ponte trabajaran durante años en el juzgado de Lijo. Pero el preferido del juez federal es Ponte, a quien promovió en acuerdo con Ricardo Lorenzetti como responsable de la Dajudeco, la dirección que se encargaba de las escuchas telefónicas
Mahiques y Lijo también compiten por la procuración General de la Nación, una disputa que se tramita desinhibidamente y está cruzada por la desesperación de Karina Milei por frenar las causas de corrupción contra el gobierno.
El actual ministro de Justicia habría prometido a la hermana del Presidente resolver sus problemas judiciales, en la estafa $Libra y las coimas de la Andis, y a cambio lo nombrarían primero ministro y después procurador.
Sin embargo, a partir de un encuentro secreto de Lijo con Karina, se habría resuelto el envío de entre 30 y 40 pliegos (llegando a un total de 150) para esta semana que incluiría a Ponte y también estarán los que reclaman los gobernadores.
LPO adelantó la rebelión encabezada por el correntino Carlos «Camau» Espínola, el misionero Martín Goerling Lara, el bonaerense Maximiliano Abad, la salteña Flavia Royón y la santafesina Carolina Losada por la demora que terminó con Patricia Bullrich apurando al ministro de Justicia.
Ahora eso se acelerará y el gobierno mandará dos pliegos de Tucumán, uno de Catamarca, uno de Salta y el que reclamó el marplatense Maximiliano Abad.
La provincia de Buenos Aires a cargo de Axel Kicillof y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires liderada por Jorge Macri no sólo «compiten» en términos fiscales, turísticos y políticos, sino que también lo hacen en el ámbito de las inversiones: ambas gestiones emitieron bonos en dólares que hoy se pueden operar a través del mercado de capitales.
Actualmente, PBA cuenta con cuatro bonos (BB37D, BA37D, BA7DD y BB7DD) con vencimiento en septiembre de 2037 que pagan cupón de forma semestral y ofrecen una tasa interna de retorno (TIR) de alrededor del 12% en dólares.
Por su parte, CABA acaba de cerrar una de las emisiones internacionales más exitosas del año: colocó deuda por USD 500 millones con vencimiento en 2036 a una tasa de aproximadamente el 7,4%.
Ante la situación, los inversores se preguntan qué deuda elegir, dado que la alternativa provincial brinda un retorno mucho mayor, pero la opción porteña se considera mucho más segura por la situación financiera de la ciudad.
«Las provincias en general vienen mostrando un deterioro marcado en sus cuentas: pasaron de superávit a déficit el año pasado, con fuerte suba del gasto, y este año arrancaron con caída importante de recursos automáticos, tanto que varias tuvieron que pedir adelantos de coparticipación a Nación. PBA está dentro de ese universo provincial. CABA, en cambio, mantuvo cuentas más ordenadas, con menor dependencia de transferencias nacionales, base tributaria propia robusta y no necesitó asistencia», comentó Justina Gedikian, estratega de bonos en Cohen Aliados Financieros.
Para un perfil conservador, para quien quiera dolarizarse durmiendo quizás más tranquilo, los títulos de CABA son la elección sensata. Un perfil más agresivo puede ir por PBA donde las tasas están por encima de los soberanos y los de ciudad. Un 12% de TIR es un premio muy interesante.
«CABA presenta ventajas concretas. Su historial de pago es sólido, comparable al de otras provincias con reputación crediticia probada como Córdoba, Neuquén y Chubut. PBA, en cambio, acumula antecedentes más complejos. A eso se suma un factor que el mercado pondera cada vez más abiertamente: la variable política. Hoy, CABA y PBA están gobernadas por fuerzas de signo opuesto, con discursos muy distintos frente al mercado de capitales. Cuando un gobernador muestra poca afinidad con los acreedores o señales negativas hacia la deuda, el mercado responde con castigo en precios. Es decir, exige tasas más altas para compensar ese riesgo percibido», sostuvo Pedro Moreyra, director de Guardian Capital.
Por este motivo, los especialistas del mercado consideran que la elección entre los bonos de CABA y los de PBA dependerá, como suele suceder en este tipo de cuestiones, del perfil de riesgo del inversor.
«Para un perfil conservador, para quien quiera dolarizarse durmiendo quizás más tranquilo, los títulos de CABA son la elección sensata, priorizando previsibilidad por sobre rendimiento», concluyó el operador y asesor financiero independiente Germán Marin. «Un perfil más agresivo puede ir por PBA donde las tasas están por encima de los soberanos y los de ciudad. Un 12% de TIR es un premio muy interesante, asumiendo el riesgo de crédito provincial», añadió.
En esta línea, Gedikian coincidió en que «CABA es la elección natural dentro del universo subsoberano argentino» para inversores conservadores. Moreyra, por su parte, agregó que «PBA conviene para un perfil más arriesgado que apueste a normalización de cuentas o respaldo de Nación».
En la trastienda del fallo de Casación que confirmó todas las investigaciones contra el escribano Santiago Busaniche, un lobbysta del máximo nivel de la Justicia Federal, hubo movimientos eléctricos. Desde adentro del tribunal que falló en este caso de corrupción institucional contaron a LPO que el celular de Coco Mahiques, el camarista que tenía que resolver un caso que venía empatado, se descargaron presiones de todo tipo para que desnivelara a favor del implicado.
El fallo contra Busaniche tocó resortes muy delicados de la justicia y horas antes de la votación hasta circuló sin firma una presunta carta del lobbysta con duras acusaciones al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
En Santa Fe, donde se tramita la causa contra Busaniche se comenta que el lobbysta tenía cercanía con el juez Ricardo Lorenzetti, adversario en el máximo tribunal de Rosatti.
Como sea, dos funcionarios del Tribunal de Casación comentaron a LPO que el camarista Mariano Borinsky había decidido votar en favor de Busaniche argumentando que la acción penal estaba extinguida y esto dejaba a Mahiques en situación de desempatar, porque su colega Guillermo Yacobucci se inclinaba por votar contra el lobbysta.
Mahiques finalmente decidió apoyar la posición contra el lobbysta, lo que permitió ratificar la validez de la investigación y rechazar el pedido de recusación de todos los fiscales hecho por la defensa de Busaniche.
El contexto del dictamen fue una caldera, alimentada por la interna frenética que este tema desata en la Corte Suprema, al punto que de acuerdo a los informantes la notificación de la resolución se demoró un día. Al mismo tiempo Busaniche habría distribuid una carta donde anunciaba su intención de quitarse la vida porque, según dice, van a condenarlo de manera inconstitucional. En un texto de siete páginas donde demuestra un conocimiento muy fino de magistrados a los que nombra y de pormenores del mundo judicial.
El fallo contra Busaniche tocó resortes muy delicados de la justicia y horas antes de la votación hasta circuló sin firma una presunta carta del lobbysta con duras acusaciones al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
Busaniche tiene un pedido fiscal de seis años de prisión por estar involucrado en una causa de extorsión y en una de sobornos que implican la primera al ex juez federal Marcelo Bailaque y al actual juez federal Gastón Salmain, ambos de los tribunales federales de Rosario. Bailaque tiene prisión domiciliaria y renunció durante el trámite de esta causa. Salmain está procesado por la causa de cohecho y aunque le dictaron la prisión preventiva tiene inmunidad por sus fueros.
El tema es incómodo para Lorenzetti por su conexión con personas ligadas a una de las dos causas ratificadas contra Busaniche. Es en relación a la inserción en el caso de extorsión de Héctor Daniel Marchi, el poderoso ex administrador general de la Corte Suprema, quien fue impulsado a ese cargo por el ministro del máximo tribunal, que además lo defendió en soledad cuando lo destituyeron en 2023.
El juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.
Oriundo de Rafaela, Marchi fue señalado como el impulsor de una extorsión contra dos agentes bursátiles de Rosario por el testimonio de un arrepentido en esa causa, el ex director regional de AFIP Carlos Vaudagna, partícipe el mismo de esa trama de chantaje. Los abogados de Busaniche pidieron que los fiscales llamen a declarar a Marchi y omitan tomarle juramento por si no resultara un mero testigo del caso, ya que si surgieran sospechas no está obligado a decir la verdad.
El caso en el que está implicado Busaniche tiene al ex juez Bailaque y al financista Fernando Whpei en prisión preventiva y procesados por cohecho. La trama empezó a develarse cuando Vaudagna admitió que en 2019 entre ellos tres armaron una causa judicial contra los agentes bursátiles Claudio Iglesias y Jorge Oneto en un asado en la casa del ex magistrado. En su declaración ampliatoria como arrepentido, en octubre pasado, Vaudagna declaró que Marchi impulsaba desde Buenos Aires ese chantaje, presionando a Busaniche para que a su vez empujara el armado de la causa penal.
Lorenzetti afirma no tener nada que ver con Marchi y tampoco con Busaniche. Pero un trámite casi de rutina para un tribunal de alzada como es la definición de un pedido de nulidad, tuvo un seguimiento y resonancia desmedidos. ¿Qué lo explica? Que lo que se juega en las causas de Busaniche son posiciones de poder real en el más alto escalón. Ya que la actividad de este escribano está en un nudo que conecta a servicios de inteligencia, a jueces de alta jerarquía y a funcionarios del aparato estatal.
Busaniche conoce, tuvo tratos o intercambió favores con más de la mitad de los jueces federales de Comodoro Py. Construyó su influencia pese a ser externo a la Justicia Federal a partir de intercambios con magistrados de todo nivel y hasta habría incidido, según fuentes judiciales, en designaciones de funcionarios que no se definen por concurso.
Lo que se juega en las causas de Busaniche son posiciones de poder real en el más alto escalón. Ya que la actividad de este escribano está en un nudo que conecta a servicios de inteligencia, a jueces de alta jerarquía y a funcionarios del aparato estatal.
Los abogados de Busaniche habían acudido a Casación para pedir la nulidad de las investigaciones que tienen doble decisión judicial que confirma las imputaciones y para recusar a los fiscales. Decían además que habían recibido tardíamente una notificación que el tribunal rechazó porque la defensa no negó haberla recibido, por lo que el trámite cumplió su fin.
Tanto Mahiques como Yacobucci rechazaron la idea de que la investigación está extinguida por el vencimiento de plazos. Argumentaron que en casos de corrupción existe un imperativo internacional al que Argentina adhiere de avanzar en el juzgamiento. Yacobucci incluso citó como jurisprudencia el voto de Lorenzetti en un caso como precedente, la causa Price, donde sostuvo que «la fijación de un plazo de caducidad tan breve es irrazonable porque sus consecuencias llevarán a la impunidad, contraria a los principios y valores de la Constitución Nacional y tratados internacionales». Para los entendidos fue un mensaje encriptado.
En el centro, el juez Guillermo Yacobucci.
Desde el lado de la fiscalía ironizaban. «Es increíble el planteo de plazos vencidos. Hotesur es de 2008 y está avanzando. Y esta investigación contra Busaniche, Bailaque y los demás es de 2024».
Para Borinsky, el voto disidente, se vulneró la garantía del plazo razonable en el caso de Busaniche para formalizar la investigación y por tanto debe considerarse extinguida. Borinsky propuso hacer lugar a las impugnaciones de la defensa y anular las decisiones de las instancias anteriores que convalidaron el proceso contra el lobbysta. Por otro lado, Borinsky sí rechazó la recusación de los fiscales que pedían los defensores de Busaniche.
En agosto pasado se dio una situación llamativa en Casación también en el trámite de esta extorsión que ahora implica a Busaniche. Fue cuando de manera sorpresiva se abrió un recurso en favor de un implicado en un rol secundario, en coincidencia con la llegada de Borinsky a integrar la sala que trató el caso. El implicado era el abogado de Rafaela Guillermo Zenklusen.
El abogado de Zenklusen fue Juan Ignacio Pascual, ex secretario de Borinsky cuando era fiscal y redactor junto con él de artículos jurídicos en diversos medios. La defensa la ejerció María Masanti que es del estudio de Pascual. Borinsky había sido designado el 1º de junio del año pasado en esa sala y Pascual diez días después. Borinsky votó abrir el planteo de Zenklusen junto con Mahiques. Pero hay que decir que cuando se trató el caso, Borinsky y el resto de sus colegas votaron por unanimidad contra la pretensión de Zenklusen.
Patricia Bullrich se mueve con sigilo en el Senado para quedarse con la presidencia provisional del Senado, el cargo que retuvo en febrero pasado el puntano Bartolomé Abdala con el apoyo de Victoria Villarruel.
La ex ministra de Seguridad apuesta a conseguir el apoyo de senadores y gobernadores aliados de la Casa Rosada para quedarse con un cargo estratégico en la cúpula del poder.
Dos senadores al tanto de las negociaciones confirmaron a LPO que la jefa del bloque libertario habría mantenido conversaciones con Ignacio Torres, Rogelio Frigerio y Leandro Zdero, tres gobernadores cercanos a Milei, para garantizarse el respaldo en el Senado.
El gobernador de Chubut cuenta en el Senado con los votos de Edith Terenzi y Andrea Cristina, mientras que su par del Chaco tiene ascendencia sobre Silvana Lorena Schneider, que integró su gobierno hasta que asumió su banca.
Frigerio, por su parte, funciona como primus inter pares entre los gobernadores de la mesopotamia, con diálogo fluido tanto con los hermanos Gustavo y Juan Pablo Valdés como con el peronista Gildo Insfrán.
Aún cuando el formoseño José Mayans difícilmente se preste a la empresa de facilitar el ascenso de Bullrich, su jefe territorial podría contribuir con sus pares al diseño de la aritmética que les permita alcanzar las voluntades suficientes para desplazar a Abdala.
En el peronismo observan los movimientos de la ex ministra con interés, sobre todo si derivan en «una ruptura de Patricia con el gobierno», según confió a LPO un senador de esa fuerza.
Bullrich cuenta también con el respaldo de Luis «Toto» Caputo, que la recibió la semana pasada junto a los senadores peronistas dialoguistas Carlos «Camau» Espínola, Flavia Royón y Beatriz Ávila, para tomar nota de las obras que piden para sus provincias y conversar de la agenda parlamentaria.
La definición de las autoridades del Senado se produce en febrero de cada año, pero la senadora libertaria inició las negociaciones con anticipación, bajo la suposición que la crisis política del caso Adorni acaso convenza a Milei y los gobernadores aliados que es mejor que ella ocupe una posición de mayor relevancia institucional.
Bullrich y el ministro de Economía mantienen una coincidencia que los pone en tensión con los hermanos Milei: Creen que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, debería renunciar ya, porque le hace un gran daño político al Gobierno y afecta el programa económico.
«Caputo quiere que se vaya Adorni a toda costa», ratificó un senador libertario y agregó «Patricia puede tener el apoyo de los dialoguistas», algo que viene disputando con Villarruel.
El presidente provisional del Seando, Bartolomé Abdala.
La definición de las autoridades del Senado se produce en febrero de cada año, pero la senadora libertaria inició las negociaciones con anticipación, bajo la suposición que la crisis política del caso Adorni acaso convenza a Milei y los gobernadores aliados que es mejor que ella ocupe una posición de mayor relevancia institucional.
De hecho, cuando Bullrich ingresó al Senado se había hablado de la posibilidad que ella ocupara el cargo de Abdala, pero la ex ministra consideró que tendría mayor juego político como jefa del bloque libertario.
«Bullrich se debe estar arrepintiendo de no haber pedido la presidencia provisional en el verano» afirmó a LPO un senador del bloque libertario. «Optó por tres leyes contra la posibilidad de tener lobby contra la vicepresidenta», agregó el senador en relación a la reforma laboral y la ley de Glaciares, que empujó Bullrich en el verano y obtuvieron media sanción del Senado durante las sesiones extraordinarias.
Pero lo cierto es que Bullrich viene evitando chocar con Villarruel y hasta tuvo algunas coincidencias con la vice que despertaron el enojo de la Casa Rosasa, como el rechazo a incorporar en la reforma laboral el traslado de la justicia laboral nacional a la Capital.
Bullrich y Vullarruel comparten un objetivo inconfesable que las une: apostar al derribo de Adorni para terminar de debilitar a Karina Milei.
«Ellas comparten un objetivo inconfesable que las une: apostar al derribo de Adorni para terminar de debilitar a Karina Milei», explicó a LPO un senador libertario. Bullrich coquetea con lanzar su propia campaña presidencial para el 2027 y lo mismo Villarruel, que analiza esperar hasta marzo para lanzarse, según el plan que habría evaluado con su núcleo cercano.
El último cortocircuito fuerte de Bullrich con Karina se produjo esta semana cuando pidió públicamente que Adorni adelante la presentación de su declaración jurada, una audacia que dejó en una posición muy incómoda al propio Milei.
La vicepresidenta, Victoria Villarruel.
Pero las declaraciones en la prensa no serían las únicas herramientas de Bullrich para seguir horadando la legitimidad de Adorni. En el Congreso llamó la atención el cruce entre la diputada Lilia Lemoine y su ex pareja, el influencer Danann.
Danann estuvo cerca de Bullrich en las presidenciales del 2023. La sospecha es que Karina habría enviado a Lemoine a atacar a un hombre de la ex ministra de Seguridad.
Como sea, Bullrich exhibe cada vez más gestos de autonomía con respecto a los hermanos Milei. En los pasillos del Congreso, hasta la escucharon comentar jocosamente qué se dijo con Mauricio Macri cuando se cruzó en la cena de la Fundación Libertad: «Le pregunté si estaba en pareja», dijo.
Un senador libertario dijo a LPO que el arrojo de la jefa de su bloque le estaría costando caro en el reparto de lugares para las comisiones bicamerales. «Bullrich pidió integrar todas las bicamerales pero Karina la bajó de un hondazo», comentó. De hecho, hasta ahora, la ex ministra sólo accedió a un lugar silla en la Bicameral de DNU, pero por ahora no figura ni en la de Inteligencia ni en la de Seguridad Interior, dos de las más importantes.
En plena dictadura militar, cuando cantar una consigna política podía terminar en cárcel, palazos o desapariciones, una tribuna del ascenso argentino decidió romper el miedo. El 24 de octubre de 1981, la hinchada de Nueva Chicago cantó la Marcha Peronista en un estadio de fútbol y desató una represión feroz. Cuatro décadas y media después, aquella escena sigue siendo uno de los episodios más potentes de resistencia popular nacidos desde una cancha.
Por Alcides Blanco para NLI
La Argentina de 1981 era un país atravesado por el terror estatal. Aunque la Junta Militar comenzaba a mostrar signos de desgaste, la maquinaria represiva seguía intacta. Había censura, persecución política y control sobre cualquier manifestación pública. En ese contexto, entonar la Marcha Peronista equivalía a desafiar directamente al poder militar.
Y eso fue exactamente lo que ocurrió en Mataderos.
Aquella tarde, Nueva Chicago enfrentaba a Defensores de Belgrano en el viejo estadio República de Mataderos por el campeonato de Primera B. El equipo verdinegro marchaba rumbo al ascenso y el barrio respiraba clima de fiesta. Bombos, banderas y tribunas repletas convivían con una tensión permanente: la Policía controlaba cada movimiento porque el fútbol también era vigilado como espacio político.
Entonces ocurrió lo impensado.
Desde la popular comenzó a escucharse la melodía prohibida. Primero tímidamente. Después con fuerza. Miles de hinchas empezaron a cantar la Marcha Peronista en plena dictadura militar, en un país donde todavía funcionaban centros clandestinos de detención y donde el aparato represivo seguía activo sobre sindicatos, universidades y barrios populares.
La tribuna obrera que enfrentó el miedo
Nueva Chicago no era cualquier club. La identidad del barrio de Mataderos estaba profundamente ligada al movimiento obrero y al peronismo histórico. Desde mediados del siglo XX, el club había construido una mística popular asociada a los trabajadores de frigoríficos, mercados y fábricas de la zona oeste porteña.
Por eso, lo ocurrido en 1981 no fue solamente un canto futbolero. Fue una demostración política nacida desde abajo, desde una tribuna popular que decidió desafiar el silencio impuesto por los militares.
La reacción policial fue brutal e inmediata.
Efectivos armados ingresaron a la tribuna con palos y comenzaron una represión feroz. Hubo corridas, golpes y decenas de detenidos. Según reconstrucciones posteriores, 49 hinchas terminaron arrestados y varios fueron obligados a correr esposados por las calles de Mataderos porque los patrulleros no alcanzaban para trasladarlos.
La imagen de los “presos al trote” apareció en diarios de la época y se convirtió en una postal insólita del final de la dictadura: un régimen militar aterrorizado por una canción.
Peor todavía: nueve hinchas fueron enviados a la cárcel de Devoto acusados de infringir disposiciones sobre reuniones deportivas. Uno de ellos permaneció preso durante más de un mes. Todo por cantar en una cancha.
El “Arroz con leche” que humilló a la Policía
La historia no terminó allí. Una semana después, Chicago jugó contra Atlanta y la tensión seguía intacta. La Policía esperaba una nueva provocación y preparó un operativo especial para reprimir otra vez el canto prohibido.
Pero la hinchada tenía preparada una respuesta tan simple como genial.
Desde la tribuna comenzó nuevamente la introducción musical de la Marcha Peronista. Los policías avanzaron desesperados, convencidos de que volverían a escuchar el cántico peronista. Sin embargo, cuando llegó el momento de la letra, miles de gargantas explotaron con otra canción:
“Arroz con leche, me quiero casar…”
La maniobra descolocó completamente al operativo policial. Mientras los efectivos quedaban expuestos al ridículo, la tribuna estallaba de risa y celebración. La hinchada había encontrado una forma perfecta de burlarse de la dictadura usando una canción infantil.
La escena quedó inmortalizada como uno de los episodios más creativos de resistencia cultural durante los años oscuros del terrorismo de Estado.
Mucho más que fútbol
Con el paso del tiempo, aquella jornada adquirió una dimensión histórica mucho mayor. Lo sucedido en Mataderos demostró que el fútbol argentino nunca estuvo aislado de la realidad política y social del país. Mientras muchos dirigentes miraban para otro lado frente al horror dictatorial, sectores populares encontraron en las tribunas un espacio de identidad y resistencia.
La hinchada de Chicago hizo política cuando hacerlo podía costar la libertad. No hubo dirigentes pronunciando discursos ni estructuras partidarias organizando actos. Hubo trabajadores, vecinos e hinchas desafiando el miedo colectivo desde una popular.
A 45 años de aquella tarde, el episodio sigue funcionando como una marca profunda en la memoria futbolera y política argentina. Porque en uno de los momentos más oscuros de la historia nacional, una tribuna demostró que incluso bajo represión, censura y amenazas, todavía había quienes estaban dispuestos a cantar.
El escándalo por el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni ya dejó de ser un problema individual para transformarse en una crisis política que golpea de lleno a Milei. Esa fue la tesis central de la durísima editorial que realizó la periodista Nancy Pazos en C5N, donde describió al oficialismo como un Gobierno que “se vino abajo como una cascada” en medio de denuncias, internas y deterioro económico.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La conductora de Inteligencia Artesanal vinculó directamente el caso de las millonarias refacciones atribuidas a Adorni con el relato del ajuste libertario. En su intervención recordó las denuncias sobre las casas, las reformas por cientos de miles de dólares, los viajes y los gastos de lujo que rodean al ahora jefe de Gabinete, mientras el Gobierno sostiene el discurso del sacrificio y la motosierra para jubilados, universidades y sectores populares.
“La cascada de Adorni se hizo viral porque es el símbolo perfecto de este Gobierno”, sostuvo Pazos al referirse a la polémica construcción en el country Indio Cuá. Y remató con una frase que rápidamente empezó a circular en redes y programas políticos: “Destruyen comedores y construyen cascadas”.
El desgaste político que ya no puede ocultarse
La editorial llegó en una semana especialmente complicada para la Casa Rosada. A las investigaciones judiciales contra Adorni por inconsistencias patrimoniales y presunto enriquecimiento ilícito se sumaron nuevas revelaciones sobre gastos millonarios, silencios oficiales y conferencias de prensa controladas donde el funcionario evitó responder preguntas incómodas.
En paralelo, el Gobierno volvió a quedar enfrentado con las universidades nacionales ante la nueva Marcha Federal Universitaria convocada para el próximo martes, en medio del conflicto por el financiamiento educativo y el ajuste presupuestario.
Ese contexto es el que Pazos utilizó para plantear que el problema ya excede a Adorni y golpea directamente a Milei. Según expresó, la caída en la imagen del oficialismo no se explica solamente por los escándalos personales sino por una economía que no mejora y un ajuste que impacta sobre la vida cotidiana de millones de argentinos.
“No empezaste a caer por la cascada, sino por el ajuste”
En el tramo más filoso de su editorial, Pazos le habló directamente a Milei y cuestionó el rumbo económico del Gobierno. La periodista sostuvo que, si la situación económica fuera favorable, el caso Adorni probablemente no tendría el mismo impacto político. Pero aseguró que el deterioro social y económico volvió explosiva cualquier denuncia de privilegios dentro del oficialismo.
“No empezaste a caer en las encuestas por la cascada. Empezaste a caer por Caputo, por el no plan, por la motosierra que corta universidades y comedores”, lanzó la conductora, apuntando también contra el ministro de Economía, Luis Caputo.
La frase sintetizó un clima político cada vez más complejo para el Gobierno, que intenta recuperar agenda con anuncios económicos y promesas de inversiones mientras las denuncias judiciales, los cuestionamientos patrimoniales y el conflicto social siguen acumulándose alrededor de la administración libertaria.
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