El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, le dio la bienvenida a Franco Colapinto y le mostró las obras del nuevo Autódromo que avanzan con el sueño de que la Fórmula 1 vuelva a correr en la Ciudad.
El piloto argentino llegó a Buenos Aires para la exhibición que realizará el domingo 26 de Abril con un auto de F1 en Palermo.
En tanto, las obras que se realizan en el Autódromo buscan transformarlo en uno de los más modernos del continente. Como primer paso, la Ciudad ya confirmó que el MotoGP volverá a correr en 2027 en el Oscar y Juan Gálvez después de 28 años, en el marco de su designación como Capital Mundial del Deporte, y trabaja también para lograr el regreso de la F1 al circuito porteño.
«Es una alegría tener a Franco en el Autódromo, él estuvo acá el año pasado y se sorprendió por el avance de las obras. Hay mucha gente que tiene ganas de verlo el domingo y la verdad es que estoy maravillado por el interés que está generando», sostuvo Jorge Macri. Y agregó: «Vamos a tener más gente viéndolo en Palermo que la que se junta en una carrera completa de Fórmula 1 en cualquier parte del mundo. Eso demuestra dos cosas, el interés que hay por Franco y la pasión que hay por los fierros en Argentina».
Junto a Jorge Macri estuvieron el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, el secretario de Deportes, Fabián «Chino» Turnes, y el legislador Darío Nieto, que le entregó a Colapinto el reconocimiento de «Personalidad Destacada de la Ciudad en el ámbito del Deporte».
«Estamos llevando adelante un sueño: queremos que la F1 vuelva a la Ciudad. Creemos que el deporte es parte fundamental de nuestra identidad y Franco es un ejemplo. Todos los días trabajamos para que Buenos Aires respire deporte y tenga más espacios para hacer actividades, más competencias y más deportistas», dijo el secretario Turnes.
El Road Show de Franco Colapinto será la primera exhibición después de 14 años, desde la que brindó en 2012 el australiano Daniel Ricciardo también en un circuito callejero en Palermo.
El domingo desde las 9 el público podrá ingresar al circuito para ver a Colapinto corriendo por la Avenida del Libertador, entre Bullrich y Casares/Ugarteche, y la Avenida Sarmiento, entre Avenida del Libertador y Figueroa Alcorta, pasando por el Monumento a los Españoles, en Palermo.
Los organizadores recomiendan llegar al lugar en transporte público, como colectivos y la línea D del Subte porteño (estación Plaza Italia). No está permitido acampar ni llevar paraguas, y la venta ambulante estará prohibida.
En las Fan Zones públicas de Plaza Seeber (ingreso por Sarmiento y Colombia) y Plaza Sicilia (por Casares y Libertador, y Berro y Sarmiento) habrá escenarios con pantallas y una programación con shows, DJs y la actuación de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad. También habrá foodtrucks con variadas propuestas gastronómicas.
La renovación del Autódromo se inició el 2 de enero con la demolición de estructuras antiguas, y avanza ahora con la construcción de las columnas para los nuevos boxes. Todo, para adecuarlo a los estándares más exigentes del deporte motor.
El proyecto que impulsa la Ciudad apunta a la homologación para competencias de primer nivel avaladas por las federaciones internacionales de motociclismo (FIM) y del automóvil (FIA), como el MotoGP y la F1.
El rediseño incluye modificaciones en la pista, con rectas de hasta 900 metros; mejoras en seguridad y en las instalaciones, ampliación de la capacidad y optimización de los accesos.
Las obras estarán listas en diciembre y luego se harán pruebas antes de las competencias oficiales previstas para el año próximo.
El conflicto con los transportistas que paraliza el Puerto Quequén, complica al gremio de peones rurales que lidera José Voytenco que está inmerso en una pelea descontrolada por el manejo de la principal terminal cerealera de la provincia.
Quequén es de los pocos puertos donde continúa abierta la discusión que plantearon los transportistas, quienes exigieron un aumento d ela tarifa que cobran por la suba del precio de los combustibles por la guerra.
La suba del 14% que proponen las exportadoras es rechazada por los transportistas, que piden de base un 17% de aumento. «Tienen cosecha récord, no hay excusas para no otorgar el aumento que pedimos», dijo a LPO uno de los dirigentes involucrados en la discusión.
Ante la extensión del conflicto, la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) le reclamó este jueves al gobierno de Milei que intervenga en el conflicto y, de ser necesario, que haga «uso de la fuerza pública».
En una nota dirigida al secretario de Transporte nacional, Fernando Herrmann, el titular de la CPPC, Federico Spoturno Merchot, denunció una «flagrante y sostenida violación» de la ley que regula el transporte de cargas por parte de los transportistas, razón por la cual creen que Nación debería actuar de inmediato.
En el sector sostienen que por este conflicto el circuito económico de Quequén registró pérdidas más de 300 millones de dólares.
«Puerto Quequén y con él buena parte de la exportación agrícola argentina, permanece rehén del accionar de este grupo de inadaptados sociales y este panorama se ha complicado aún más con el parate total de ingreso de mercaderías a las Terminales de ese puerto», señala la nota de la CPPC a la que tuvo acceso LPO.
Y agrega: «Hay 17 buques -semi cargados- que esperan desde hace más de diez días poder embarcar 450.000 toneladas de mercaderías ya vendidas, pero retenidas por el inescrupuloso accionar que es motivo de esta denuncia».
Imagen satelital de los buques en espera en Quequén.
En el sector sostienen que por esta situación el circuito económico de Quequén registró pérdidas por más de USD 300 millones. Por todo eso, en la CPPC le avisaron a Herrmann que irán a la Justicia ante «el hipotético supuesto que este reclamo no sea atendido». Una desenlace muy problable con el gobierno libertario.
Las federaciones de transportistas Fatrac, Fetra, Atcade y Camioneros rechazaron la presión empresaria y ratificaron su «apoyo y total sintonía en el rechazo del 14% propuesto en la última reunión, por considerarlo insuficiente para cubrir los costos reales del sector».
Llama mucho la atención que tengan que salir las federaciones de transportistas y la CGT a pedir la intermediación de la Provincia, teniendo un consorcio de gestión conducido por alguien nombrado por la Provincia.
Ante la escalada del conflicto, reclamaron la mediación del gobierno de Axel Kicillof: «Que asuma la responsabilidad que le corresponde, tomando las medidas pertinentes que sea necesarias para lograr una tarifa justa y acorde a la realidad», señalaron.
También la CGT Regional Necochea pidió una intervención «urgente» de la Provincia y planteó interrogantes sobre el rol del presidente interino del consorcio portuario, el dirigente de Uatre, Mariano Carrillo.
«Llama mucho la atención que tengan que salir las federaciones de transportistas y la CGT a pedir la intermediación de la Provincia, teniendo un consorcio de gestión conducido por alguien nombrado por la Provincia», dijo a LPO el titular de la CGT Necochea, Demian Ledesma.
Transportistas protestando en la rotonda de acceso al Puerto Quequén.
En esa línea, fuentes cercanas a los transportistas afirmaron que Carrillo mantiene un acuerdo con las cerealeras exportadoras y lo asocian a las intenciones del dirigente alineado a José Voytenco por quedarse más allá del actual interinato al frente del puerto.
En el medio, está en ciernes la licitación del elevador de granos que -como contó LPO- opera hace 34 años Terminal Quequén. Se trata de un grupo integrado por las agroexportadoras Viterra, Cofco y Bunge, con participación accionaria de entidades como la Sociedad Rural Argentina, CRA y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
La última prórroga está cerca de expirar y en el puerto creen que Carrillo concederá una nueva prórroga.
«Carrillo no llegó ahí por mérito ni por conocimiento del sector. Es parte de la red política y sindical vinculada a José Voytenco, Jorge Giani y Julio Comparada, el entramado que se alimenta de negocios, favores y relaciones de poder», acusaron en el opositor Movimiento de Recuperación de Uatre.
En el medio, también generó discordia el viaje a España que, en medio de esta crisis inédita, realizan miembros del directorio portuario con pasajes adquiridos con recursos del consorcio.
Carrillo no llegó ahí por mérito ni por conocimiento del sector. Es parte de la red política y sindical vinculada a José Voytenco, Jorge Giani y Julio Comparada, el entramado que se alimenta de negocios, favores y relaciones de poder.
Fuentes del puerto señalaron a LPO que el propio Carrillo tenía sus pasajes para participar del encuentro de «líderes portuarios latinoamericanos» en Barcelona, pero que se tuvo que bajar frente a la escalada del conflicto. No obstante, otros funcionarios del puerto viajaron a la soleada capital catalana.
«No se sabe si juega para los sindicatos o para los exportadores», dijo sobre Carrillo otra fuente del puerto consultada.
Como sea, en las exportadoras aumentan la presión para sacar los granos hoy retenidos en Quequén. En el sitio de la Asociación de Cooperativas Argentinas están en espera 7 buques para cargar 208 mil toneladas de graneles agropecuarios. En el sitio 4/5 de embarque de Terminal Quequén S.A. están esperando cargar 95 mil toneladas en 4 buques y en el Sitio 0 de Quequén esperan 6 buques para cargar 148 mil toneladas.
Juan Bautista Mahiques está a punto de incumplir el encargo más importante al que se comprometió ante Karina Milei para blindarla en la causa de las coimas de la Andis, por demorar el trámite para la continuidad de Martín Irurzun en la Cámara Federal porteña. La bronca del juez, cuyo pliego para prorrogar su cargo en la Sala II todavía no mandó el gobierno, amenaza con transformar la situación de la secretaria general de la Presidencia en un calvario.
En efecto, Irurzun cumpliría 75 años el 18 de julio próximo y tramitó la solicitud para renovar su lugar en el tribunal el año pasado, igual que Carlos «Coco» Mahiques. Sin embargo, Javier Milei envió al Senado el pliego del padre del ministro de Justicia en febrero, Patricia Bullrich ya le consiguió el dictamen para aprobarlo en recinto e Irurzun sigue esperando.
Fuentes judiciales dijeron a LPO que el juez de la teoría del poder residual y las prisiones preventivas le habría puesto un ultimátum a Mahiques: si no se envía el pliego antes del próximo martes, el supuesto control político que el ministro había prometido a la Casa Rosada quedaría destrozado.
En Comodoro Py aseguran que Irurzun habría accedido a un pedido de Martín Menem para mantener abierta la causa que impugna los audios de Spagnuolo, una jugada que busca complicar la investigación del caso que lleva adelante el fiscal Franco Picardi, en el juzgado que subrogó Sebastián Casanello hasta el último verano y ahora retomó Ariel Lijo. El argumento utilizado era que todo se había originado a partir de la obtención de los audios de Diego Spagnuolo de forma ilegal, lo que se conoce como la teoría del fruto prohibido.
En Comodoro Py aseguran que Irurzun habría accedido a un pedido de Martín Menem para mantener abierta la causa que impugna los audios de Spagnuolo, una jugada que busca complicar la investigación del caso que lleva adelante el fiscal Franco Picardi.
De hecho, Irurzun jugó a fondo y convenció a Roberto Boico de votar a favor para que esa denuncia se sostuviera en la cámara y condicionara el trabajo de Picardi, dejando a Eduardo Farah con un pronunciamiento en contra. El problema es que Mahiques jamás aceleró el trámite para garantizarle a Irurzun su continuidad más allá de su próximo cumpleaños y el juez empezó a inquietarse.
Un viejo adversario del ministro consideró que «Mahiques tuvo un grave error de cálculo sobre la situación del expediente y se sobregiró por su capacidad política para reacomodar los tantos en la Cámara, en medio de la tensión con Lijo» en la carrera hacia la Procuración General de la Nación, una puja que ya publicó LPO.
En efecto, Irurzun integra el eje de poder al interior de Tribunales que comandan entre Lijo y Ricardo Lorenzetti, quien a su vez decidió urdir mayoría con Carlos Rosenkrantz en la Corte para atormentar a Horacio Rosatti con la acordada del cambio de reglas para la selección de magistrados. La iniciativa es un pedido de las cámaras empresarias, como las que se agrupan en el G6.
Para colmo, LPO reveló en exclusiva que Lorenzetti se reunió con Mauricio Macri y pactaron el desplazamiento de Rosatti de la presidencia del máximo tribunal, mientras que el ex presidente especula con limar a Milei con fallos judiciales que lo debiliten políticamente antes de las elecciones de 2027.
En Casa Rosada se activaron las alarmas con la furia de Irurzun porque un operador judicial le habría enviado un mensaje a la legisladora porteña Pilar Ramírez, mano derecha de Karina, para que dé aviso a su jefa sobre el «descuido» de Mahiques. El cierre eventual de la causa sobre la legitimidad de los audios disolvería la única estrategia defensista del gobierno y dejaría el camino allanado para que Picardi profundice la investigación, apuntando a los responsables políticos de la trama.
Esa vulnerabilidad del gobierno podría haber sido el motor de un encuentro secreto entre otro juez poderoso de Comodoro Py y Karina, que estaría empezando a desconfiar del ministro que designó. «Juan vendió que resolvía todo pero se movió solo, eso cayó mal en ‘Py’ y la hipotética liberación de Irurzun de cualquier compromiso por el incumplimiento con él, es el punto ciego que estaría por arrastrar a Karina y los Menem a una profundización de sus problemas judiciales», explicó alguien que conoce al ministro desde hace tiempo.
Esa vulnerabilidad del gobierno podría haber sido el motor de un encuentro secreto entre Lijo y Karina, que estaría empezando a desconfiar del ministro que designó.
Tanto en Comodoro Py como en el Congreso observan que Mahiques actúa con «indolencia» y que habría convencido a los Menem que «dejar caer a Irurzun no tendría costo». Sus detractores cuentan entre las dotaciones del camarista el respaldo de Lijo en los tribunales de Retiro y Lorenzetti en el Palacio Talcahuano, razón por la cual suponen que la jubilación forzada abriría una seguidilla de pedidos de indagatorias contra Karina.
En rigor, Irurzun ya inició una cuenta regresiva que se le agota en menos de 90 días y es una pieza clave para resolver la causa Andis. Un cambio de criterio del juez puede convertir el 2 a 1 a favor del argumento defensista del gobierno en un 1 a 2 en contra, pero incluso se especula con que el voto que acompañó a Irurzun por solidaridad con su situación, el de Boico, también cambie de orientación debido al destrato a su colega.
Como sea, el fallo que permitió hasta ahora discutir la legitimidad de los audios funcionó como un compás de espera de los jueces, atentos a la complejidad del contexto político. Esa pausa puede cortarse con la recepción de los argumentos que propician la nulidad de la causa o como una indicación al fiscal Picardi para que profundice la investigación y que la densidad de los hallazgos desmonten el cuestionamiento de los audios.
El cumpleaños de Irurzun, que marca el deadline de este conflicto, cae justo un día antes de la final del Mundial.
El regreso de Chubut al mercado internacional no pasó desapercibido. En un contexto global adverso y con Argentina todavía bajo la lupa de los inversores, la provincia logró colocar deuda por USD 650 millones, triplicó la demanda y consiguió cerrar una tasa del 9,45%.
La emisión fue a 10 años, con tres años de gracia, lo que lleva el primer vencimiento de capital a 2029. La provincia recibió ofertas por USD 2.200 millones, más de tres veces el monto buscado. El dato entusiasma en Rawson: lograron colocar todo lo que fueron a buscar en un mercado internacional que viene golpeado.
El armado combinó bancos internacionales como JP Morgan y Santander con colocadores locales como Puente, Balanz, Allaria, Macro Securities y el Banco del Chubut, entre otros. La red fue amplia y permitió captar demanda en distintos segmentos.
Chubut arrastraba una década de problemas de deuda, con el bono Bocade como emblema, emitido por USD 650 millones en 2016 y garantizado con regalías petroleras. Ese pasivo fue reestructurado en 2020, en medio de una crisis fiscal profunda y con la provincia al borde del default.
En los hechos, la provincia entró en una situación de default técnico durante ese período, cuando no podía afrontar los vencimientos en dólares y tuvo que renegociar condiciones con los acreedores.
Chubut arrastraba una década de problemas de deuda, con el bono Bocade como emblema, emitido por USD 650 millones en 2016 y garantizado con regalías petroleras. Ese pasivo fue reestructurado en 2020, en medio de una crisis fiscal profunda y con la provincia al borde del default.
La reestructuración estiró plazos, bajó pagos en el corto plazo y llevó el vencimiento final hacia 2030. Pero dejó una marca. El mercado no olvida. Cada punto de tasa hoy carga ese antecedente.
Hay un dato político. Chubut volvió al mercado internacional después de más de una década de acceso limitado y crisis recurrentes. No es menor para una provincia que tuvo dificultades incluso para pagar salarios.
«Nacho está contento. Había tensión por el contexto, por Argentina y por el historial de Chubut», dijo un funcionario del gobierno. «Triplicaron las ofertas, bajaron la tasa todo lo que pudieron, la dejaron debajo de 9,5 y colocaron todo. Lograron lo que fueron a buscar», agregó. La lectura interna mezcla alivio y validación.
Los fondos tendrán un destino mixto. Una parte irá a cubrir vencimientos de capital, otra a refinanciar deuda y un tramo a obras de infraestructura. La estrategia es clara: ordenar el perfil de pagos y ganar margen en el corto plazo.
La operación deja una señal. En un país con restricciones externas, con el riesgo país todavía alto y con el financiamiento escaso, una provincia que venía de reestructurar deuda logró captar dólares a largo plazo.
El gobierno de Axel Kicillof realizó la apertura de sobres para la licitación del último tramo del dragado del río Salado, una de las obras de movimiento de suelo más importantes de Argentina.
Las etapas 1 y 2 del tramo 5 atraviesan distritos del noroeste de la provincia, puntualmente Alberti, Bragado y Chacabuco, y permitirá recuperar unas 400 mil hectáreas productivas.
Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei mantiene paralizadas las obras en el tramo 2 (trabajos que corresponden a Nación). Se trata de una extensión de 33 kilómetros en una zona del río que atraviesa Roque Pérez y Lobos.
Las obras suponen una inversión de USD 138 millones y recibirán financiamiento mixto, a través de un préstamo internacional del Banco Europeo de Inversión (BEI) por USD 110 millones, y del Tesoro Provincial. En la apertura de sobres que se realizó este jueves en el ministerio de Infraestructura se recibieron siete ofertas que ingresarán a un proceso de evaluación.
«Es una obra estructural para prevenir inundaciones, pero también para ampliar la frontera productiva», dijo el ministro Gabriel Katopodis.
El Tramo V es el segmento final con el que se completará el Plan Maestro, y que se extiende sobre 95,38 km en total, organizado en tres etapas, entre el Canal del Este de la laguna de Bragado y la descarga de la laguna El Carpincho, en Junín, atravesando también los municipios de Chacabuco y Alberti. Asimismo, contempla la intervención de 10 puentes, de los cuales 8 son carreteros y 2 ferroviarios, y la obra de cierre de la laguna de Rocha.
El proyecto integral está a cargo de la Provincia de Buenos Aires, se desarrolló íntegramente en la actual gestión del Ministerio, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Dirección Provincial de Hidráulica, y permitirá triplicar la sección actual del río y aumentar su capacidad de conducción.
Es una obra estructural para prevenir inundaciones, pero también para ampliar la frontera productiva. Son 138 millones de dólares, que invertimos y ejecutamos a pesar de la asfixia económica del Gobierno Nacional.
Una vez concluido el Tramo V, el 45% del Plan Maestro Integral de la cuenca del río Salado habrá sido finalizado en la actual gestión bonaerense, recuperándose 8 millones de hectáreas productivas.
El dragado del río Salado es la obra hidráulica más emblemática de la provincia, toda vez que permitirá mitigar los efectos de los períodos de sequías e inundaciones sobre una cuenca que abarca una superficie 170.000 kilómetros cuadrados y posee 17 millones de hectáreas (que equivalen a toda la provincia de Córdoba).
Las obras consisten en la adecuación, ensanche y profundización del cauce del río, a través de tareas de dragado y relleno que permitirán el escurrimiento encauzado ante crecidas, teniendo en cuenta los caudales máximos estimados.
Con ese fin, se amplía la sección primaria del río y se ejecutan nuevas secciones a cada lado, llamadas recintos, que son rellenadas con el material recuperado mediante el dragado para absorber las crecidas. Esto, a su vez, posibilitará que las áreas alrededor del Salado, que suelen quedar anegadas, puedan ser utilizadas para la producción.
Mientras tanto, en el gobierno provincial preocupa la paralización de los trabajos que corresponden al gobierno nacional. La no continuación de esas obras afectan aproximadamente a unas 10.000 hectáreas del río que bordean la zona. De haberse mantenido el ritmo de ejecución previo, la obra del tramo 4 podría haberse finalizado durante 2024.
El Estado Nacional venía financiando esta obra a través del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, conformado por un porcentaje de la recaudación del Impuesto a los Combustibles.
La Ley N° 23.966 establece que el 4,31% de lo recaudado debe destinarse específicamente al desarrollo de los proyectos de infraestructura de obras hídricas para la prevención y mitigación de los daños provocado por inundaciones, así como a la recuperación de tierras productivas, y la protección de la infraestructura vial y ferroviaria en zonas rurales y periurbanas.
Ese fideicomiso recibió $271.743 millones para destinar a obras de infraestructura hídrica. En conclusión, las obras de los subtramos A, B y C de la etapa 2 del tramo IV del Plan Maestro Integral de la cuenca del río Salado podrían ser ejecutadas y finalizadas a través ese fondo.
El campo esta parado sobre la super cosecha de soja y no tiene ganas de liquidar más allá de lo indispensable para operar el negocio. Les molesta el dólar atrasado o las retenciones altas, que son las dos caras de la misma discusión.
Toto Caputo necesita de manera cada vez más desesperada que liquiden para pagar los vencimientos de deuda. Por eso, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, intentó convencerlos con una exposición en Washington: con menos brecha cambiaria, menos retenciones, buen precio internacional y un tipo de cambio más ordenado, al productor le conviene vender la soja ahora.
Werning desplegó esos argumentos en un cuadro prolijo, de esos que cierran perfecto en una presentación. Pero en el campo miran otra cosa. Miran lo que queda después de pagar alquileres, insumos, deudas y la campaña siguiente. Y ahí los números no cierran tan fácil.
La discusión no es menor porque toca el corazón del modelo. El Gobierno necesita que la cosecha liquide dólares, sostenga el precio de la divisa y alimente las reservas. El campo responde que una cosa es el precio teórico y otra muy distinta el resultado económico. En esa diferencia se trabó la soja. Y por eso, detrás de la discusión técnica, asoma una pelea mucho más concreta: si el sector más competitivo del país no ve negocio, los dólares que espera la Casa Rosada pueden tardar bastante más de lo que dicen los PowerPoint oficiales.
El gráfico del Banco Central tiene una parte cierta. Werning mostró que, descontadas las retenciones y valuado al tipo de cambio paralelo, el precio doméstico que recibe hoy el productor está entre los más altos del gobierno de Milei. La explicación oficial se apoya en cuatro puntos: retenciones más bajas, del 26 por ciento contra el 33 por ciento previo; menor brecha cambiaria; un tipo de cambio más unificado; y una soja en torno de los 420/427 dólares la tonelada. La conclusión: el productor recibe más dólares efectivos que antes.
En el campo responden que esa cuenta está bien hecha y mal contada. Germán Iturriza, consultor y hombre escuchado en el sector, lo resumió con crudeza. Dijo que un productor puede mirar esos gráficos y reírse, no porque sean falsos sino porque muestran apenas una parte de la película. «Hoy el precio que recibe un productor, tanto en pesos como en dólares, está afectado por situaciones locales. Está todo bien con la parte internacional, con que la macro esté sin brecha o con una brecha muy chica, pero lo que te está pasando es que el resultado de la operación no te está rindiendo en términos económicos», explicó.
Hoy el precio que recibe un productor, tanto en pesos como en dólares, está afectado por situaciones locales. Está todo bien con la parte internacional, con que la macro esté sin brecha o con una brecha muy chica, pero lo que te está pasando es que el resultado de la operación no te está rindiendo en términos económicos.
Iturriza puso el dedo donde más duele. Sostuvo que desde noviembre la inflación en pesos siguió subiendo, con una columna cercana al 15 por ciento desde las elecciones, mientras el tipo de cambio nominal quedó retrasado. Entonces el productor ve que Chicago marca 427 dólares y la soja local ronda los 430, pero cuando hace la cuenta de bolsillo descubre que el negocio no cierra. «Hoy el productor está vendiendo una soja a 420.000 cuando podía haber vendido a 500.000 en noviembre. Eso tiene un impacto muy grande para pagar alquileres, para pagar insumos», dijo. No discute el precio de pizarra. Discute la renta que queda después del recorrido.
El dato que más inquieta al mercado es otro y también lo subrayó Iturriza. Al 15 de abril, con datos oficiales de la Secretaría, se había vendido menos de 5 millones de toneladas de soja sobre una cosecha esperada de 49 a 50 millones. Es decir, alrededor del 10 por ciento. Ese número vale más que cualquier discurso porque el productor vota con la venta. Si el negocio fuera tan atractivo como dice el Banco Central, la soja ya estaría saliendo.
Lejos de una negativa general a vender, el campo está mostrando una conducta bastante más selectiva. Sale fuerte con maíz, con girasol y con lo que queda de trigo, pero retiene la soja hasta el último minuto. Ahí aparece otro dato que rompe el relato oficial sobre una supuesta especulación abstracta. En maíz ya se vendieron 23 millones de toneladas contra 13 millones del año pasado. Son 10 millones más. En girasol, las declaraciones juradas llegaron a 1 millón de toneladas contra apenas 60.000 toneladas a la misma semana del año pasado. El trigo también muestra buenas ventas, aunque algo por debajo en términos porcentuales. La señal es clarísima: el campo no se sienta arriba de todo. Se sienta arriba de la soja.
La explicación que circula en las rutas, en las cooperativas y en las mesas de comercialización es muy argentina. Muchos productores esperan una mejora de condiciones. Una baja adicional de retenciones. Un dólar soja con otro nombre. Un incentivo.
Iturriza recordó que el propio Gobierno fue cambiando las reglas durante el año pasado, urgido por los dólares: primero bajó a 26, luego volvió a 33, después regresó a 26 con la promesa de permanencia y más tarde ensayó retención cero para la chicharrita en septiembre, una ventana que se cerró rápido por presión de Estados Unidos. Con ese antecedente, el productor supone que si espera puede conseguir algo mejor.
Lejos de una negativa general a vender, el campo está mostrando una conducta bastante más selectiva. Sale fuerte con maíz, con girasol y con lo que queda de trigo, pero retiene la soja hasta el último minuto.
Ese comportamiento además complica otro eslabón delicado: la molienda. Las plantas están trayendo soja paraguaya con régimen de importación temporal, algo que no es nuevo, pero sienten la falta de mercadería local. En el último trimestre de 2025 la molienda había tenido un impulso excepcional por los derechos de exportación en cero, con un volumen de ventas inédito para esa parte del año. Ahora el esquema volvió a su lógica tradicional: el productor guarda la soja hasta el borde y aprovecha la fortaleza de otros cultivos. En el sector explican que la pata local no está empujando y que eso le pone arena al engranaje industrial.
El problema más serio, sin embargo, no está en esta cosecha sino en la próxima. Iturriza advirtió que la nueva campaña «viene muy complicada» porque la urea subió entre 50% y 60%, el gasoil también pegó un salto fuerte y eso impacta de lleno en las labores. El productor arrastra costos hundidos, ve precios en pesos a la baja y, cuando proyecta la siembra de trigo o maíz, encuentra márgenes negativos o muy ajustados. La escena se repite en las zonas productivas: incluso los más eficientes están viendo que con este tipo de cambio y el futuro que descuenta el mercado, los números no dan.
Ahí aparece la falla estructural del razonamiento oficial. El Gobierno mejoró un precio relativo pero empeoró el negocio total. En el Excel del Banco Central puede verse un ingreso mejor medido en dólares efectivos. En el bolsillo del productor aparece otra cosa: inflación en pesos, costos dolarizados, fertilizantes más caros por la guerra, gasoil en alza y una rentabilidad que se achica.
En el entorno rural agregan otro dato de color que no es menor. El productor medio no funciona como un financista sofisticado que liquida y se refugia en fondos comunes de inversión. Cobra en pesos, paga en pesos y, si le sobra algo, compra dólares.
Por eso la pelea con Werning excede un cuadro del Banco Central. Lo que el Gobierno presenta como una demostración de normalidad, el campo lo ve como una verdad parcial que tapa el problema de fondo. El gráfico puede mostrar cuánto recibe hoy el productor en dólares. No dice cuánto gana y si le conviene vender.
