Autor: Invitad@ Especial

 

En el despacho presidencial, un grupo reducido aplaude de pie antes de que empiece. Patricia Bullrich, Manuel Adorni y el canciller Pablo Quirno visten uniforme militar. En el estrado, dos banderas: la argentina y la estadounidense. Javier Milei sube a la tarima con su enterito camuflado. A su lado, Peter Lamelas, el embajador norteamericano. Karina Milei observa desde un costado. Las cámaras de la cadena nacional encuadran la escena.

Un pitido. Suena el himno.

Cadena nacional. El presidente Javier Milei se dirige a la Nación.

Karina asiente. Milei comienza.

—Argentinos: hoy, después de 193 años, puedo anunciarles que recuperamos las Malvinas. Este gobierno, que llegó al poder para hacer lo que otros no se animaron, cerró el acuerdo que la casta política les prometió durante décadas y nunca cumplió. Hicimos lo que había que hacer. Fuimos al único lugar donde se hacen bien las cosas, y hablamos con la única persona que las resuelve, el líder del mundo libre, el presidente de los Estados Unidos de  América. Vamos a tener una base militar en las islas, es cierto. Una base bajo soberanía argentina, con nuestra bandera, con nuestras reglas. El que no entienda la diferencia entre ceder y negociar es porque nunca gobernó, nunca arriesgó nada y nunca ganó nada. Hoy sí podemos decir: Las Malvinas son argentinas. ¡Viva la libertad, carajo!. 

No. Esta escena nunca ocurrió. Pero hay quienes ya la imaginan, por más extraño y bizarro que suene. El escenario que podría hacerla parece cobrar forma. 

Veamos la secuencia y los antecedentes. 

El primero que lo dijo fue Horacio Verbitsky, en noviembre de 2025, cuando trascendió que el gobierno de Estados Unidos estaría evaluando interceder ante el Reino Unido para favorecer a la Argentina en la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, a cambio de instalar una base militar propia en el archipiélago. No es la primera vez que algo así se mueve por los pasillos de la diplomacia argentina: en los noventa, Carlos Menem quiso ir por ese camino –normalizar vínculos con Londres, avanzar en acuerdos de cooperación, seducir a los isleños– pero no llegó a ningún lado. El intento estuvo.

Treinta años después, con la Argentina gobernada por Milei quien, al igual que Menem, hace del alineamiento con Washington su principal activo diplomático, la  cuestión Malvinas vuelve a alinearse con los intereses norteamericanos. Esta vez en un contexto geopolítico diferente. 

Las Malvinas no son sólo las islas: son el centro de gravedad de una disputa que abarca cerca de seis millones de kilómetros cuadrados de océano con petróleo, gas, minerales estratégicos y una de las mayores reservas pesqueras del Atlántico. Son la puerta de entrada a la Antártida –la mayor reserva de agua dulce del planeta– en un mundo donde el agua empieza a valer lo que el petróleo. Y son el punto desde donde Washington, que estudia reorganizar su arquitectura de comandos militares en el hemisferio, podría anclar su presencia en el extremo sur del continente. El Atlántico Sur volvió a aparecer en los mapas estratégicos del Pentágono. La neutralidad ya no es una opción.

Petróleo, pesca, rutas de navegación

Para entender por qué Washington estaría dispuesto a dinamitar la histórica special relationship con Londres, hay que leer las grietas que se abrieron en las últimas semanas. El punto de quiebre fue el 2 de marzo de 2026: frente a la presión para meterse de lleno en el conflicto entre EE.UU. e Irán, el gobierno de Keir Starmer plantó bandera y se negó a una participación militar activa, limitando el uso de sus bases en Chipre. La reacción de Trump fue una descalificación pública vía Truth Social, donde tildó al Reino Unido de aliado «débil y poco confiable». 

En ese clima de reproches diplomáticos, lo que antes era impensado empezó a circular por los pasillos del Capitolio. Marc Zell, congresista republicano fanático de Milei, sugirió abiertamente que Estados Unidos debería revisar su neutralidad y cambiar su postura sobre la soberanía de las Malvinas. Si bien no es todavía una declaración formal de la Casa Blanca, el mensaje es nítido: en el tablero transaccional de Trump, la lealtad británica dejó de ser un dogma y las islas pasaron a ser una pieza de cambio posible.

Es en este impasse de la histórica special relationship donde se manifiesta el pragmatismo más crudo de la era Trump. Si hoy Washington está dispuesto a presionar a su aliado más antiguo, no es sólo por un desplante diplomático o un cruce de redes, sino porque las Malvinas tienen una densidad material que las vuelve una pieza de cambio irresistible. 

El primer dato es el petróleo. A 220 kilómetros al norte de las islas descansa el yacimiento Sea Lion, con reservas estimadas en 917 millones de barriles según evaluaciones independientes. El 10 de diciembre de 2025, las empresas Navitas Petroleum (israelí) y Rockhopper Exploration (británica) tomaron la decisión final de inversión: 2100 millones de dólares para un proyecto que se planea inaugurar en 2028 y tiene una vida útil estimada de 35 años. El gobierno argentino se opuso formalmente, publicó comunicados de protesta y sancionó a Navitas en 2023. La compañía sigue perforando.

Pero el petróleo es sólo el inicio. Las Malvinas son el centro de gravedad de una disputa que abarca cerca de seis millones de kilómetros cuadrados de océano, dos veces la superficie continental argentina. En ese espacio hay reservas pesqueras que en 2024 representaron el 58 por ciento del PBI de las islas, nódulos polimetálicos en el fondo marino con zinc, litio y cobre, y rutas marítimas que conectan los puertos del Cono Sur con Europa y que constituyen uno de los corredores estratégicos del Atlántico Sur.

Y después está la Antártida. Las Malvinas son la puerta de entrada al continente blanco –la mayor reserva de agua dulce del planeta– en un momento en que el acceso al agua empieza a ser un factor de poder tan relevante como el acceso al petróleo.

Todo esto ya sería suficiente para explicar el interés estadounidense. Pero hay algo más inmediato: Washington está redibujando su arquitectura militar en el hemisferio. En febrero de 2025, la administración Trump estudió fusionar el Comando Sur –responsable del Atlántico Sur hasta la Antártida– con el Comando Norte en un mando hemisférico unificado. La fuente no es una filtración ni un medio militante: es el Congressional Research Service, el servicio de investigación no partidario del Congreso de Estados Unidos. Una base en las Malvinas, en ese esquema, no es un capricho geopolítico. Es una pieza que encaja en la gran estrategia norteamericana.

Perón, Menem

El peronismo histórico fue el primero en entender la importancia de negociar para aprovechar el Atlántico: la Tercera Posición de Perón no era sólo la consigna «ni yankis ni marxistas», era una doctrina de autonomía real frente a los dos bloques, que incluía a Malvinas como parte de una estrategia soberana coherente. En 1974, su gobierno llegó incluso a negociar en serio: el embajador británico James Hutton le propuso al canciller Alberto Vignes un condominio de 25 años sobre las islas como paso previo al reconocimiento de la soberanía argentina. Perón murió ese mismo año. La propuesta murió con él.

Lo que vino después fue distinto. Carlos Menem llegó al poder en 1989 con una lógica que invertía exactamente la de su propio partido: en lugar de usar la autonomía para resistir al hegemón, la cedió deliberadamente para ver qué obtenía a cambio. 

El teórico que le dio sustento intelectual a ese giro fue Carlos Escudé. En 1992 publicó Realismo Periférico: Fundamentos para la nueva política exterior argentina, el libro más incómodo de la teoría política argentina de las últimas décadas. Su diagnóstico de arranque era brutal por su simpleza: la Argentina había caído en lo que llamó la «falacia antropomórfica», es decir, tratar al Estado como si fuera una persona con dignidad propia que defender, como si el país fuera un individuo ofendido que no puede ceder sin perder el honor. Esa lógica, decía Escudé, había justificado décadas de confrontación con las grandes potencias a un costo enorme para los ciudadanos de carne y hueso. La llamó «políticas de poder sin poder»: actuar como potencia cuando no se es una. Malvinas era su ejemplo más claro. La guerra de 1982 no había sido sólo una derrota militar sino el precio máximo de una política exterior que confundió el prestigio del Estado con el bienestar del pueblo. Miles de jóvenes enviados a morir en el Atlántico Sur por una lógica que priorizaba la épica sobre la precisión militar y el interés nacional.

La solución de Escudé no era rendirse ante Washington por convicción moral. Era un cálculo frío, casi contable. Para un país débil y periférico, confrontar innecesariamente a la potencia dominante tiene costos que sus ciudadanos terminan pagando. Y acá viene el concepto más útil –y el más inquietante para leer el presente–: la diferencia entre consumo e inversión de autonomía. Un Estado periférico tiene un margen limitado de maniobra. Puede gastarlo en gestos, declaraciones y confrontaciones simbólicas, consumo improductivo, autonomía que se evapora sin dejar nada concreto. O bien, puede invertirlo deliberadamente en un objetivo preciso y tangible, inversión de autonomía. La pregunta, para Escudé, no es si ceder autonomía sino para qué y a cambio de qué.

Escudé no sólo inspiró esa política desde afuera. Fue asesor especial del canciller Guido Di Tella durante la presidencia de Menem y contribuyó directamente al diseño de la estrategia argentina frente al bloque occidental. La teoría y la práctica tenían la misma firma. Di Tella sintetizó esa lógica con una expresión que quedó en la historia de la diplomacia argentina: las «relaciones carnales» con Estados Unidos. No era una metáfora accidental, era la descripción exacta de una política que apostaba a que la cercanía con Washington terminaría rindiendo frutos concretos. En Malvinas, esos frutos nunca llegaron. El propio canciller lo admitió: con Gran Bretaña iban a normalizar las relaciones en todos los temas menos en uno, el de la soberanía de las islas.

Milei llegó treinta años después con la misma lógica, pero más radicalizada. Lo que Juan Gabriel Tokatlian denominó hiperoccidentalismo, no es simplemente alinearse con Estados Unidos: es una práctica que combina acoplamiento a los intereses estratégicos de Washington, acomodamiento a sus preferencias para evitar roces y un engagement activo que busca recompensas futuras. No es un relato ni una promesa. Es un modus operandi que se despliega en cada votación en la ONU –como el voto en contra, junto a Estados Unidos e Israel, de declarar la esclavitud africana como crimen de lesa humanidad–, en la distancia tomada de China, en la declaración de guerra –aunque informal– a Irán, en el abandono por parte de argentina de la OMS, en cada gesto hacia la Casa Blanca.

La diferencia con Menem es que Milei logró algo que su predecesor no: que el alineamiento se traduzca en resultados concretos. El hiperoccidentalismo libertario ya tiene un historial verificable de éxitos: el salvataje del tesoro estadounidense antes de las elecciones de 2025 y, hace apenas días, la intervención directa de Washington en la justicia estadounidense para que Argentina no pagara 16.000 millones de dólares en el juicio por la expropiación de YPF. Dos veces en que Trump movió fichas a favor de Milei. En ese contexto, que Malvinas aparezca como el próximo capítulo de ese intercambio no es inverosímil. 

Entonces: ¿Es posible que la alianza de Milei con Trump nos ayude a recuperar las Malvinas?

Antes de responder, conviene pensar en qué mundo avanzaría esa posibilidad. 

No es el mundo de 1990, cuando Menem apostó a Washington en un tablero unipolar donde Estados Unidos era el único jugador que importaba. Es un mundo en guerra: Medio Oriente en llamas, una disputa entre China y Estados Unidos que atraviesa cada región del planeta, una OTAN que rediscute sus compromisos y un multilateralismo en crisis terminal. Trump ya se fue de la OMS, ya ignoró a la ONU, ya amenazó con abandonar la propia OTAN. Las instituciones que durante décadas funcionaron como red de contención para los países pequeños están debilitadas o directamente rotas. Los tratados tienen cláusulas de retiro voluntario y hay una presidencia dispuesta a usarlas. En ese contexto, cualquier acuerdo bilateral firmado hoy con Washington vale lo que vale la palabra de quien lo firma. 

América Latina es una de las pocas regiones del planeta que puede llamarse, todavía, una zona de paz. Tener una base militar estadounidense en el extremo sur del continente pone en duda hasta cuándo. Argentina, y por osmosis la región, dejaría de ser un país ajeno a los conflictos globales para convertirse en una pieza de la arquitectura militar de una potencia nuclear en disputa activa con otras potencias nucleares. Lo que hoy es un acuerdo bilateral mañana puede ser una obligación. Lo que hoy parece una ganancia puede convertirnos en un blanco.

La soberanía formal estaría ahí, bandera argentina, gobernación argentina, pasaportes argentinos en Puerto Argentino. Pero soberanía formal y soberanía real son dos cosas distintas. Recuperar las islas con una base adentro no es exactamente lo que Perón negoció en 1974, ni lo que los soldados del 82 creyeron que estaban defendiendo. Conviene leer la letra chica antes de firmar el contrato.

***

Hay una pregunta que el campo nacional y popular lleva años sin poder responder: ¿qué haríamos con Malvinas si pudiéramos recuperarlas?

No es una pregunta retórica. Es la pregunta que el trascendido de noviembre de 2025 volvió urgente, porque la respuesta que circuló desde ese espacio fue, en el mejor de los casos, la indignación. Y la indignación no es una política.

Durante los gobiernos kirchneristas, Malvinas funcionó como una bandera eficaz, se acumularon resoluciones favorables en foros regionales, se renovó el reclamo ante las Naciones Unidas, se construyó una narrativa de descolonización que encontró eco en América Latina. No era una estrategia equivocada para su época: el multilateralismo estaba en su momento de mayor esplendor, el Comité de Descolonización de la ONU era un foro con peso real, y acumular apoyos regionales tenía sentido en un mundo que todavía creía en las instituciones. El problema es que ese mundo ya no existe. Hoy el tablero internacional vuelve a valorar la fuerza militar y el poder duro por sobre los consensos multilaterales. En ese nuevo tablero, décadas de resoluciones favorables no valen lo que valían. Al contrario: mientras Argentina acumulaba declaraciones y «fuertes rechazos», el Reino Unido avanzaba en silencio, consolidando infraestructura militar, otorgando licencias pesqueras y habilitando inversiones petroleras. 

Ni la posición británica ni la de Estados Unidos, que siguió siendo el aliado más importante de Londres en la disputa, se movieron un centímetro. En los términos de Escudé –el mismo Escudé que en 2012 declaró que el kirchnerismo era en los hechos más realista periférico de lo que su propio discurso admitía– fue consumo puro de autonomía: capital político gastado en gestos sin construir una palanca real de presión sobre los únicos actores que podían cambiar algo.

Después de 2015, ni siquiera eso. Malvinas fue desapareciendo del debate público grande sin que nadie lo decidiera explícitamente. No fue una decisión estratégica sino una fatiga. Y en ese silencio, el tema quedó disponible para que otros lo recuperaran con una lógica completamente distinta.

Milei no inventó esta negociación. La encontró sobre la mesa, huérfana.

Después de la guerra, cuarenta y tres años de democracia no alcanzaron para avanzar en la soberanía argentina en Malvinas por la vía diplomática. Esa deuda acumulada es lo que hoy le da oxígeno a una negociación que, si se cierra, va a plantear muchas preguntas incómodas. 

La entrada Malvinas bajo la Doctrina Donroe se publicó primero en Revista Anfibia.

 

 

El equipo económico ya empezó a analizar la posibilidad de reestructurar la deuda con el FMI que vence el año próximo, para aligerar un muro de vencimientos externos que ronda los USD 19 mil millones. Con el riesgo país por encima de los 600 puntos Toto Caputo prepara un plan de contingencia por si no puede volver a los mercados voluntarios de deuda.

Los vencimientos  suman USD 18.927 millones y su renegociación es posible si Milei consigue respaldo político de Trump. Ese monto es el total que la Argentina debería pagar el año próximo sumando tres grandes bloques de deuda en moneda extranjera: FMI, otros organismos multilaterales y acreedores privados. Es la proyección del propio FMI.

El desglose revela la estructura del problema. Por un lado, el FMI explica USD 5.544 millones en 2027. Es la parte más rígida. Y tiene un cronograma muy concentrado: pagos en marzo, junio, septiembre y diciembre, combinados con intereses y sobretasas trimestrales. Es el corazón de la «muralla».

Fracasó una licitación de deuda de Caputo y el riesgo país se disparó

Los pagos se distribuyen a lo largo del año, pero con momentos críticos. Marzo abre con más de USD 580 millones. En junio aparece otro pico de USD 625 millones. Septiembre es el mes más pesado, con más de USD 900 millones. Y diciembre vuelve a concentrar pagos por otros USD 625 millones. A eso se suman intereses y sobretasas en mayo, agosto y noviembre. Es un esquema que obliga a tener dólares disponibles casi todos los meses.  

El segundo bloque es el de organismos multilaterales excluido el FMI: Banco Mundial, BID, CAF. Ahí aparecen USD 5.897 millones en 2027. Se dividen casi en partes iguales entre intereses y amortizaciones. Es deuda más dispersa, pero igual de exigente. No tiene la visibilidad del Fondo, pero suma presión constante durante todo el año.

El gobierno enfrenta la herencia de Guzmán. No fue una reestructuración de la deuda de Macri, sino un nuevo préstamo para cancelar el anterior. Una refinanciación. Guzmán pateó los vencimientos hacia adelante, pero no modificó la lógica del endeudamiento.

El tercer bloque es el de los acreedores privados en moneda extranjera, con USD 5.245 millones proyectados para 2027. Acá entra la deuda reestructurada por Martín Guzman en 2020 y las emisiones posteriores. 

Los bonos surgidos del canje de 2020 pagan intereses en enero y julio. Ahí se concentra buena parte del flujo anual. Pero además, en 2027 se suma un dato clave: el bono USD 2038 empieza a amortizar capital en julio. Es decir, deja de ser solo pago de intereses y pasa a exigir desembolsos de capital.

A eso se le suma la nueva deuda emitida en los últimos meses. El BONAR 2029N paga cupones en mayo y noviembre, mientras que el bono AO27 introduce una lógica distinta: pagos mensuales de intereses desde 2026 hasta su vencimiento en octubre de 2027, cuando además se amortiza todo el capital. Es un goteo constante que termina en un desembolso final.

Y por fuera de estos tres grandes bloques aparece el frente bilateral, encabezado por el Club de París, con pagos semestrales que se extienden hasta 2028. No es el componente principal, pero agrega presión en momentos específicos del calendario.

Para entender la situación hay que hacer una distinción clave: no es lo mismo refinanciar que reestructurar. En los primeros tramos de la negociación de Guzmán había consenso en que el objetivo era reestructurar la deuda tomada en 2018. Es decir, cambiar plazos, tasas y condiciones de un compromiso que ya entonces era considerado impagable.

Sin embargo, el acuerdo terminó siendo otra cosa. No fue una reestructuración, sino un nuevo préstamo para cancelar el anterior. Una refinanciación. Guzmán pateó los vencimientos hacia adelante, pero no modificó la lógica del endeudamiento. 

La deuda original, tomada por el gobierno de Mauricio Macri en 2018, el mayor préstamo en la historia del FMI, por hasta USD 57.000 millones, con USD 45.000 millones efectivamente desembolsados; quedó intacta en su estructura. 

El resultado es el calendario actual. Un esquema que alivió el corto plazo pero cargó el mediano. Ahora la deuda con el FMI no es un problema futuro. Es un problema presente que ya tiene fecha de vencimiento. Y ese calendario marca un punto crítico: 2027. Ahí se levanta una muralla de pagos que, hoy, nadie en el mercado cree que Argentina pueda afrontar sin una reestructuración.

El estado de situación con el Fondo suma incertidumbre. La revisión del programa, que debía resolverse en noviembre y luego se esperaba para marzo, volvió a postergarse. Ahora el Gobierno apunta a fines de abril, después de la cumbre del FMI y el Banco Mundial. Allí estará Luis Caputo.

Para los mercados, el diagnóstico es claro. Sin un «reschedule de payments» el riesgo país difícilmente baje de manera sostenida. Daniel Marx,  Jefe de Negociación de Deuda Soberana entre 1988 y1993, cuando se estatizó la deuda de las empresas privadas, lo explica en términos estructurales: Argentina tiene una proporción inusualmente alta de deuda «privilegiada». Es decir, compromisos con organismos multilaterales y bilaterales que tienen prioridad de cobro. Esa porción representa cerca del 20% del total de la deuda pública, un nivel muy elevado en comparación internacional.

Esa estructura condiciona todo. Porque si no alcanza para pagarle al FMI que tiene prioridad de cobro, nada queda para cumplir con el resto. Y eso, logicamente, impacta en la percepción de riesgo. «Mientras esa carga siga así, el mercado va a mirar con  desconfianza», explicó un operador.

En ese contexto, el estado de situación con el Fondo suma incertidumbre. La revisión del programa, que debía resolverse en noviembre y luego se esperaba para marzo, volvió a postergarse. Ahora el Gobierno apunta a fines de abril, después de la cumbre del FMI y el Banco Mundial. Allí estará Luis Caputo.

De esa revisión depende un desembolso de unos USD 1.000 millones y, sobre todo, el waiver por el incumplimiento de la meta de reservas. Sin esa dispensa, el programa queda en falta. «Este delay debe leerse como un reto, pero no hay soltada de mano», deslizó una fuente al tanto de las conversaciones. 

Lo concreto es que Argentina corre sobre una cinta de Moebius. Sin acceso a los mercados internacionales, el Tesoro debe pagar sus vencimientos en efectivo. Para hacerlo, el Banco Central le vende los dólares. Es un circuito cerrado donde las reservas no crecen, pero acumular reservas es condición necesaria para conseguir financiamiento. 

El balance cambiario pone en números la desconfianza del mercado. En febrero, el último dato disponible, se repitió el patrón que dominó gran parte de 2025: déficit de cuenta corriente, incluso morigerado por ingreso de capitales financieros. La cuenta financiera registró un déficit de USD 115 millones.

 

 

El fallo reciente que ordena al municipio de Daireaux a devolver a un grupo de productores el dinero que les cobró en concepto de tasa vial motiva por estas horas a varias rurales a avanzar con demandas contra ese tributo en sus municipios.

La sentencia dictada por Pablo Germain, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen, no está firme y será recurrida ante instancias superiores por la gestión municipal a cargo de María Serra, que reemplaza a Esteban Acerbo, que asumió en diciembre en la Cámara baja provincial.

Más allá de eso, en el campo ven que se refuerza la jurisprudencia sentada en 2023, cuando la tambera y referente de lechería de Carbap, Andrea Passerini, le ganó un juicio al municipio de Carlos Casares, que tuvo que pagarle el equivalente a tres años de tasa por no demostrar contraprestación.

Con el precedente de aquel fallo, varios grupos de productores iniciaron el proceso de judicialización de la tasa vial. Al momento, la mayoría de las presentaciones se hicieron en municipios administrados por el peronismo.

Ya se hicieron planteos judiciales en Baradero, Henderson, Necochea, General Alvarado y Azul, donde los ruralistas demandaron la anulación de «sobretasas» aplicadas en el tributo por mantenimiento de caminos.

 Con el fallo de Daireaux, varias rurales apuraron las reuniones de productores para avanzar en presentaciones judiciales contra las tasas viales en sus distritos. 

Esta semana, la Justicia hizo lugar a un amparo colectivo de productores azuleños y ordenó a la gestión local de Nelson Sombra a que entregue información «completa, veraz y adecuada» sobre el destino de los fondos recaudados por tasas viales.

El de Azul es un conflicto que se arrastra del año pasado y con el que salió al cruce de intendentes el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino: «Pagar una tasa implica recibir un servicio y eso no está pasando. En algunos casos, la tasa vial que se paga al municipio incide más que el impuesto inmobiliario», dijo.

  Más productores se van a animar a hacer estos reclamos porque hasta ahora muchas veces se hicieron sin resultados favorables

Ahora, con el fallo de Daireaux, varias rurales apuraron las reuniones de productores para avanzar en presentaciones judiciales contra las tasas viales en sus distritos.

«Con la Mesa de Enlace local estamos teniendo reuniones para hacer algo parecido a lo que están haciendo en otros distritos porque los caminos rurales están destruidos. Estamos en tratativas con abogados para avanzar», dijo a LPO el titular de la Rural de Rojas, Alberto del Solar Dorrego.

Y agregó que el objetivo es «pedirle explicaciones a la Municipalidad, qué han hecho con lo que han cobrado de la tasa vial, que no se ve reflejado en los caminos».

 El criterio adoptado en algunos tramos del fallo -que pretende exigir una relación estricta y directa entre lo que paga cada contribuyente y una prestación individualizada- no refleja el funcionamiento real de los servicios públicos municipales 

En esa línea, el dirigente de la Rural de San Pedro, Raúl Victores, adelantó a LPO que en la entidad tienen definido «ir a la instancia judicial» contra el municipio por esa tasa.

El tema preocupa en varios municipios donde, frente al derrumbe de la coparticipación y de la cobrabilidad de las tasas en general, advierten un panorama de emergencia financiera que se agravaría sensiblemente de agregarse erogaciones por juicios perdidos por este tema.

«Más productores se van a animar a hacer estos reclamos porque hasta ahora muchas veces se hicieron sin resultados favorables», dijo a LPO el ex titular de la Sociedad Rural de Junín, Rodrigo Esponda.

El productor juninense analizó que empieza a haber «una tendencia en la Justicia de entender que las tasas tienen que tener contraprestación de servicio y que no son impuestos».

En el campo alertan que Milei aún no canceló deudas para reactivar obras que prometió en el Salado

«El problema de los caminos rurales es del 90% de los distritos, con lo cual es importante que el productor vuelva a tener el coraje de reclamar lo que en su momento hizo y la justicia no le daba lugar y que los intendentes entiendan que las tasas tienen que volver en servicios», sentenció Esponda.

En el caso de Daireaux, la demanda fue los ejercicios 2022 y 2023, cuando Acerbo estaba al frente de la comuna. El juez sentenció que en 2023 el 17% del presupuesto de la tasa se destinó a mantener la red vial y que en 2022 apenas el 10% fue aplicado a caminos rurales.

 Al momento, la mayoría de las presentaciones de los ruralistas se hicieron en municipios administrados por el peronismo. 

«El criterio adoptado en algunos tramos del fallo -que pretende exigir una relación estricta y directa entre lo que paga cada contribuyente y una prestación individualizada- no refleja el funcionamiento real de los servicios públicos municipales, que son generales, continuos y organizados en función del interés colectivo», cruzó el municipio de Daireaux, que apelará el fallo.

Al señalar que presta un servicio «razonable», la gestión municipal sostuvo que el mantenimiento de la red vial rural «no responde a una lógica matemática ni individual, sino a una planificación permanente que busca garantizar la circulación, la producción y la conectividad de todo el distrito». 

 

 

La crisis económica y los aumentos del transporte ya pegan fuerte en las clases bajas. Cientos de personas que vienen desde el Conurbano para hacer changas en la Capital duermen en la calle porque no puede pagar el pasaje de regreso.

Jorge Macri le envió a Axel Kicillof una factura de 27 mil millones de pesos. Sostiene que los centros de inclusión porteños están atendiendo a más de 2300 bonaerenses. «Es hora de que los bonaerenses dejen de pagar tu desgobierno», acusó Macri.

«Nosotros no vamos a dejar de atender a ninguna persona en situación de emergencia. Pero tampoco vamos a naturalizar que otros no hagan su parte», dijo el ministro de Desarrollo Social porteño Gabriel Mraida. 

El reclamo del gobierno porteño llega un día después de que Milei festejó una baja de 3 puntos en la medición de pobreza, que afecta al 28,1% del país.

La inflación de febrero marcó 2.9% y se evapora la meta de Milei de una marca anual del 10%

Más allá de la pelea política entre Macri y Kicillof, el problema de las personas en situación de calle empeora desde hace una década, pero está alcanzando niveles nunca vistos. 

«Es gente que viene a pedir o hacer una changuita y ya no le rinde volverse a su casa en Provincia. O se le complica porque hay cada vez menos servicios de tren», contó a este sitio un funcionario porteño.

Un referente de la asistencia social le dijo a LPO que ya hay trabajadores formales que comenzaron a dormir en paradores.

«Hace poco me crucé un empleado de un supermercado chino, otro de un lavadero de autos. Es gente que cobra un salario todos los meses, pero ya no puede alquilar un cuarto», explicó.

También se sorprendió al ver a un rappitendero que llegaba al parador con su mochila. «Nos dijo que ya no podía pagar la pensión», relató.

El gobierno de Jorge Macri comenzó a reclamarle a Kicillof que pague los gastos del alojamiento de personas con domicilio en Provincia. «Hace seis años que gobierna Kicillof, ¿la Provincia no tiene una red de contención? ¿No hay paradores?», cuestionó un funcionario porteño.

«En vez de hacerse cargo de lo que le toca, Jorge Macri prefiere inventar un enemigo inexistente y culpar a los sectores más vulnerables de la sociedad, a los vecinos del conurbano y a Kicillof de las consecuencias de su propia incapacidad y desidia. Por más sucia y abandonada que esté la Ciudad en la actualidad, hay algo en lo que coincidimos con el Jefe de Gobierno: Buenos Aires es la ciudad más linda del mundo. Pero no alcanza con ser la Ciudad más linda del mundo, tiene que ser la mejor para vivir», respondió el ministro bonaerense Augusto Costa.

 

 

Axel Kicillof llegó a Tierra del Fuego para participar de la vigilia por Malvinas. El gobernador aterrizó en Ushuaia esta tarde y fue recibido por Gustavo Melella. Allí estaba también el riojano Ricardo Quintela quien también participará de las actividades.

El bonaerense deberá moverse con muchísimo cuidado en esa provincia del sur extremo. A pesar de ser un territorio con sólo tres municipios -Río Grande, Ushuaia y Tolhin- la interna del peronismo es feroz y todos los actores están enfrentados.

Kicillof buscará hacer equilibrio. Hablar con todos los sectores y probablemente esquive reuniones políticas. Los liderazgos en Tierra del Fuego son muy débiles. Por caso, la ausencia del intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, en la comitiva que recibió a Kicillof fue lo primer que llamó la atención a quienes siguen de cerca la política del sur.

Vuoto estaba en ese momento junto a Mayra Mendoza en el Palacio Municipal. La diputada de La Cámpora viajó en un vuelo previo al de Kicillof. En el pasaje iban legisladores libertarios y también el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, que ocupó uno de los asientos de primera clase.

Kicillof canceló sus recorridas de campaña por las provincias hasta el segundo semestre

El viaje de Kicillof no está vinculado a un raid por las provincias en el marco de su carrera hacia la presidencia. Cómo adelantó LPO, esas incursiones por el interior están en pausa por la delicada situación económica. De todos modos, el gobernador bonaerense busca confrontar a Milei desde un mismo plano y por eso aceptó la invitación del gobernador fueguino para participar del acto por Malvinas.

Gustavo Melella, Ricardo Quintela y Axel Kicillof.

El viaje estaba confirmado cuando surgió el fallo en favor del Estado argentino por la estilización de YPF. Esa sentencia de la Justicia de Nueva York ubicó a Kicillof en el centro de la escena para confrontar al Presidente: los ejes clave del discurso del gobernador atravesaban ese momento: sus decisiones respecto de la petrolera y la soberanía energética. De todos modos, Kicillof decidió mantener el viaje y participar de la vigilia por Malvinas.

En La Plata saben que serán horas donde la interna del peronismo se hará sentir. En el sur más extremo, Tierra del Fuego presenta todos los componentes de las diferencias en el principal partido opositor.

Villarruel se bajó del acto de Malvinas porque no quiere quedar pegada a Kicillof y Quintela

Melella transita sus últimos años como gobernador y no tiene reelección. Eso dispara una carrera por su sucesión. Lejos del peronismo tradicional, Melella proviene el radicalismo K y ganó su provincia en 2019 con el sello Concertación Forja, el partido creado por Leopaldo Moreau y Gustavo López en los tiempos de la transversalidad de Néstor Kirchner.

En diciembre de 2023 consiguió los votos para una reforma de la constitución (probablemente para tener un tercer mandato) sin embargo, desde entonces no pudo realizar la convocatoria para elegir convencionales. Desgastado y sin consenso en el peronismo, en la Legislatura ya transitan por comisiones iniciativas para voltear esa reforma.

Vuoto es intendente de Ushuaia. Está encuadrado con La Cámpora y tiene intenciones de ser gobernador. En 2022 logró modificar la Carta Orgánica de la capital provincial para pelear por un tercer mandato al que accedió en 2023. Si Melella consigue reformar la constitución para seguir en la provincia, Vuoto podría buscar un cuarto mandato en la ciudad.

Martín Pérez es el intendente de Río Grande. Supo formar parte de las filas de La Cámpora, incluso fue parte del directorio de Aerolíneas Argentinas. Después tomo distancia de la agrupación de Máximo y hoy su armado levanta las banderas del peronismo tradicional. También está decidido a pelear por la gobernación. Daniel Harrington es el intendente de Tolhuin, un distrito de unos 10.000 habitantes. En la interna fueguina juega con Pérez.

El peronismo está en crisis. La elección legislativa del año pasado expuso esa debilidad frente a La Libertad Avanza, que le sacó casi 10 puntos a la lista de Fuerza Patria. Agustín Coto fue quien encabezó la lista de senadores nacionales de La Libertad Avanza. Su triunfo lo dejó bien posicionado para ser el candidato de los libertarios para suceder a Melella. 

 

 

Federico Sharif Menem obtuvo un crédito del Banco Nación por 357 millones de pesos. El joven es sobrino de Martín y Lule Menem, tiene 24 años y tuvo su primer trabajo en blanco en 2024. Además, a un dirigente libertario de Córdoba la banca estatal le dio un préstamo que superaba 52 veces su capacidad crediticia.

El escándalo por los generosos préstamos que otorgó el Nación sigue escalando. A los créditos que consiguieron los funcionarios Felipe Núñez, Federico Furiase y Juan Pablo Carreira y los diputados Alejandro Bogiovanni y Agustín Campero, se suma un miembro de la familia Menem.

El joven ingresó al Congreso en 2024 en lo que fue su primer trabajo registrado. Es secretario y mano derecha de su tío Martín Menem y maneja las contrataciones de la Cámara de Diputados. En el Congreso aserguran que Sharif se mueve en un auto con chofer, aunque sus allegados lo niegan. Adeamás lidera la juventud libertaria por decisión de Karina.

Llegó al congreso con un salario de 2 millones de pesos en enero de 2024. A pesar del ajuste en los salarios estatales logró un préstamo de 357 millones de pesos del Banco Nación. Antes había trabajado en una empresa familiar de software.

Los Menem se quedan con una licitación de 4.000 millones del Banco Nación

En los últimos días se conoció que hubo decenas de beneficiarios con préstamos del Nación en todo el país. Según publicó Jornada Política, el yerno del número dos del PAMI en Córdoba logró un préstamo de 250 millones de pesos.

En ese momento, su capacidad crediticia alcanzaba para 4, 8 millones de pesos, 52 veces menos de lo que obtuvo.

En esa línea se inscribe el caso de Felipe Núñez, muy cercano a Toto Caputo y director del BICE.

En su declaración jurada de 2024, entre bienes, acciones, plazos fijos y dinero en efectivo, Núñez sumaba menos de 20 millones de pesos y 18 mil dólares. Su alta en AFIP corresponde a junio de 2024, momento en que ingresó a trabajar para el Estado. De todas formas logró que el Nación le prestara 370 millones de pesos.

Los Menem ya estaban envueltos en un escándalo con el Banco Nación luego de la preadjudicación de un contrato por más de $3.900 millones para la empresa de seguridad Tech Security, propiedad de Fernando y Adrián, los hermanos del presidente de la Cámara de Diputados.