Autor: Invitad@ Especial

  • El Central reconoce que la operación con el oro está floja de papeles y expone a las autoridades a una causa penal

     

    La historia no empezó esta semana. Cuando LPO contó en julio del año pasado que Luis Caputo y Santiago Bausili sacaron las reservas de oro del país en un operativo clandestino, comenzó una saga de silencios y evasivas. 

    El Banco Central cargó USD 5.000 millones en lingotes de oro en un avión comercial en plena madrugada, sin dejar rastro documental, sin contratos, sin papeles, sin auditoría posible. Una escena propia de una novela policial que de la administración de las reservas de un país. Pero ocurrió. 

    Lo grave es que desde el Banco admitieron oficialmente ante la Auditoría General de la Nación que durante todo 2024 no existieron contratos registrados por el envío de oro al exterior. Ni ahora ni al cierre del año pasado. 

     «Los contratos de colocación de lingotes de oro con el BIS y/o cualquier otro depositario del exterior no existen», señalaron desde la entidad monetaria en la nota enviada a la Auditoría. La postura oficial fue al extremo al afirmar que no se elaboraron informes jurídicos porque, directamente, «no hay contratos». Este punto deberá ahora ser ratificado en sede judicial. Y  la Justicia exige explicaciones.   

    La respuesta dejó sin sustento cualquier intento de auditoría sobre una operatoria valuada en USD 4.981 millones. Sin contratos, no hay nada que revisar. Como si los lingotes hubieran salido por una puerta lateral y se hubieran evaporado. 

    La presunción de delito encuentra sustento en elementos concreto. Porque los funcionarios del Central no manejan bienes propios. Custodian activos públicos. La inexistencia de respaldo contractual no es un detalle administrativo: abre un flanco penal. Cuando un activo estratégico de esa magnitud pierde trazabilidad, la responsabilidad deja de ser institucional y pasa a ser personal. No hay margen para la ingenuidad contable. 

    Ahora el expediente escaló al plano judicial y el margen para seguir ocultando información se achicó. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al Central entregar información precisa y fue explícita en su reproche. Señaló que las excepciones al acceso a la información pública no pueden depender de una decisión unilateral del funcionario obligado. Si el Estado alega confidencialidad, debe probar un daño concreto. No alcanza con invocar riesgos genéricos. 

    En paralelo, la AGN quedó habilitada para avanzar con acciones legales por entorpecimiento de auditoría tras la jura de nuevos auditores. 

    El contexto internacional vuelve todo más sensible. El oro cotiza cerca de los USD 4.400 la onza, un récord histórico. Ese salto funciona como un salvavidas contable para un Banco Central con reservas líquidas hundidas. Según estimaciones de LCG, las reservas netas reales podrían rondar los USD 18.000 millones negativos. Sin el efecto precio del oro, el rojo sería todavía más profundo. 

    La paradoja es evidente. Los lingotes computan como reservas aunque nadie diga dónde están. No se sabe si están en Londres, en Basilea, si generan rendimiento o si fueron entregados como garantía para conseguir dólares frescos. 

    Carlos Rodríguez, arquitecto del programa económico de Milei durante la campaña que quedó afuera apenas asumió el gobierno calificó el episodio como «simplemente insólito». Advirtió que el oro podría haber sido usado como garantía de un préstamo en dólares ya consumido y reclamó conocer la ubicación de todos los activos y pasivos del Central. 

    Rodríguez fue un paso más allá. Además de preguntar por el oro, pidió saber dónde están los billetes dólar de los encajes de los depósitos y reclamó la serie semanal de reservas internacionales netas según la metodología del Fondo Monetario Internacional. 

    LPO advirtió sobre la sospecha del mercado respecto al pagó del vencimiento de Bopreal de USD 1.000 millones con depósitos de las personas. Con reservas en rojo por USD 18.000 millones según el dato de LCG, la única ventanilla líquida del sistema son los encajes bancarios. El resto es swap con China y crédito del Fondo que no se pueden tocar.

     

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    La Navidad de la solidaridad frente a la Argentina de la crueldad

     

    Más de 5.000 personas en situación de exclusión compartieron la Noche Buena en la plaza del Congreso gracias a una enorme red solidaria impulsada por Argentina Humana y Patria Grande, en un contexto social cada vez más marcado por el ajuste y la indiferencia.

    Por Roque Pérez para NLI

    La postal volvió a repetirse, pero con más fuerza y más gente. Centenares de mesas colmadas de familias en situación de calle, brindando a la medianoche, compartiendo una comida caliente y recibiendo un regalo, ocuparon la plaza del Congreso en una Noche Buena que dejó al desnudo las dos Argentinas: la del abandono social creciente y la de la solidaridad organizada.

    La iniciativa fue nuevamente de Argentina Humana, la plataforma social de la agrupación Patria Grande, que conduce Juan Grabois, y que logró que más de 5.000 personas excluidas por el sistema pudieran celebrar la Navidad con dignidad. Hubo abundante comida artesanal, shows musicales, mesa dulce y regalos para todos, en lo que los organizadores definieron como “la fiesta popular más grande de todas”.

    Una organización popular que no se rinde

    En su novena edición, la cena navideña no se limitó al Congreso. A la convocatoria central se sumaron réplicas en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, algunas realizadas incluso antes del 24 de diciembre, como la multitudinaria cena que tuvo lugar en La Plata días atrás.

    Para que la celebración fuera posible, más de mil voluntarios del Frente Patria Grande, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de espacios autoconvocados pusieron el cuerpo durante horas. Desde temprano, un camión de cartoneros organizados en el MTE se estacionó frente al Palacio del Congreso y comenzó el despliegue: mesas de madera, gazebos, insumos y todo lo necesario para recibir a quienes llegarían con la noche.

    A través de un verdadero “pasamanos solidario”, las mesas fueron trasladadas a la plaza, donde ya se habían montado los espacios de recepción. Además de un menú navideño de tres pasos, la organización ofreció duchas móviles, servicios de cuidado personal, peluquería y un sector exclusivo para las infancias, con juegos y actividades.

    La Navidad que el ajuste no puede borrar

    El momento más esperado para los más chicos llegó con la aparición de un Papá Noel solidario, que recorrió las mesas para que cada niño y niña recibiera su regalo navideño, en una noche donde el afecto fue tan importante como el plato de comida.

    La convocatoria también contó con la presencia de figuras públicas como Andrea Rincón, Alejandro Bercovich y Eial Modavsky, que se acercaron a compartir la jornada. La música y el arte cumplieron un rol central, con shows de Alan Sutton, Barbi Recanati, Mariu Serrano y Mundo Arlequín, que funcionaron, según remarcaron los organizadores, como un puente de integración en una noche sin distancias sociales.

    El contexto económico se hizo sentir con crudeza. Desde la organización señalaron que en 2024 habían participado unas 4.000 personas, mientras que este 2025 la cifra trepó a 5.000 comensales, entre familias en situación de calle —muchas de ellas empujadas a esa realidad durante este mismo año— y sectores de clase media empobrecida por el ajuste.

    La cena fue preparada por 50 cocineras sociocomunitarias, las mismas mujeres que sostienen comedores barriales durante todo el año. “Cocinaron con la misma dedicación con la que alimentan a sus comunidades”, destacaron desde la organización, poniendo en valor un trabajo invisibilizado y esencial.

    Solidaridad como respuesta política

    Durante la jornada estuvo presente el diputado nacional de Unión por la Patria y referente de Patria Grande, Itai Hagman, quien resaltó la enorme cantidad de voluntarios que se acercaron este año para que ninguna persona pasara la Noche Buena sin un plato de comida ni un motivo para celebrar.

    “Más que nunca, en este contexto de mierda donde nos quieren inocular el individualismo, el egoísmo y el sálvese quien pueda, es necesario reforzar la solidaridad y seguir organizándonos con el pueblo argentino”, expresó Hagman, acompañado por las diputadas Natalia Zaracho y Fernanda Miño, el senador provincial Federico Fagioli, la legisladora porteña Mariana González y la ex diputada Ofelia Fernández.

    Por su parte, Juan Grabois valoró la magnitud de la organización y la concurrencia, y llamó a seguir alimentando la esperanza, combinando rebeldía y pueblo, en una Argentina donde la exclusión crece, pero donde también crece la respuesta colectiva frente a la crueldad convertida en política de Estado.

     

  • Los vínculos de Bullrich con el juez que acorrala a Toviggino

     

    En la AFA preocupa el vínculo estrecho entre el juez que investiga por lavado a Pablo Toviggino y la senadora Patricia Bullrich, que encabeza la embestida del gobierno contra Claudio «Chiqui» Tapia.

    Marcelo Aguinsky, titular del juzgado nacional n°6 en lo penal y económico, tiene la causa por presunto lavado de dinero por la compra de una mansión en Pilar, atribuida a Toviggino, tesorero de la AFA. La mansión, ubicada en la localidad de Villa Rosa, tiene hasta un helipuerto.

    Aguinsky investiga un presunto lavado en la compra de la propiedad que en 2024 por parte de «Real Central S.R.L», una empresa a nombre de Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte. Pantano y su madre son los dueños de 54 vehículos de lujo que se secuestraron en la casa, adonde también encontraron pertenencias de Toviggino, como plaquetas de Barracas Central y cédulas azules de los vehículos con nombres de sus familiares.

    Lejos de pausar la causa por las fiestas, el juez dictó el secreto de sumario en las últimas horas y podría levantar la feria judicial para continuar con la investigación durante enero.

    En la AFA aseguran que Aguinsky es un juez a tomar en serio por su trayectoria y creen que irá llevando la causa de lavado de la misma manera. Es decir que no esperan que la causa se archive.

    El gobierno cree que tienen que meter preso a Tapia en marzo 

    Aguinsky es uno de los jueces de primera instancia más antiguos y fue propuesto por Carlos Menem en 1993. Entre las causas de renombre que tiene a cargo está la de la mafia de los contenedores de la Aduana por las que mandó a juicio oral y público a 97 personas y a 11 empresas. Lo hizo el año pasado tras ocho años de investigación.

    El kirchnerismo denunció que cuando era ministra de Segurdad de Macri, Bullrich mantuvo reuniones secretas con los fiscales Guillermo Marijuan, Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, impulsores de causas contra Cristina Kirchner, y que también participaba de esas reuniones el propio Aguinsky.

    En el PRO también recuerdan que Aguinsky participaba de las reuniones del equipo político de Bullrich que se juntaba cada 15 días en la casa de la actual senadora. 

     

  • Un empresario cercano a Macri detrás de la denuncia narco contra Zamora y Toviggino

     

    La denuncia narco contra el ex gobernador y actual senador Gerardo Zamora y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, tiene su origen en la bronca del desarrollador inmobiliario Guillermo Masoni, dueño de «Los Mimbres SA», viejo amigo de Mauricio Macri y acusado de usurpar tierras a familias de campesinos en Santiago del Estero.

    Más allá de los sabidos vínculos entre Zamora y Toviggino, Masoni recibió un duro revés judicial en su reclamo por la propiedad de 4000 hectáreas en el departamento santiagueño de General Taboada, contra un grupo de campesinos. La causa había recaído en el juzgado de Darío Alarcón, un magistrado al que se le atribuye «buena relación» con el líder del Frente Cívico, pero el empresario apeló y también perdió en segunda instancia.

    Por ese motivo, un oscuro operador político habría visitado meses atrás al ex intendente de Termas de Río Hondo y actual diputado Jorge Mukdice con un mensaje amenazante: «Vamos por tu jefe», le dijo en referencia a Zamora.

    A Zamora y Toviggino les imputan haberse quedado con campos que habían sido apropiados por un ocupante desde los tiempos de la última dictadura. Esas tierras, sin embargo, están ubicadas en el departamento de Alberdi y el paraje se llama Ahí Veremos.

    El gobierno cree que tienen que meter preso a Tapia en marzo 

    Sobre ese conflicto se abrió una causa en el Juzgado Federal de Campana, en 2017, y una serie de testigos protegidos declararon que había pistas de aterrizaje para aviones narco. «Mezclan peras con manzanas, no son pistas clandestinas, sino que son de tierra porque son para las avionetas que se usan para fumigar», respondieron cerca del ex gobernador ante la consulta de LPO, y agregaron: «se fumiga con aviones chicos, no va a venir un Boing».

    Un legislador santiagueño apuntó, en cambio, contra Masoni y Macri por la agitación de denuncias contra Zamora.

    Mauricio Macri, en el búnker PRO.

    La disputa de Masoni, de hecho, es contra el Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero (Mocase), una organización que lucha contra empresarios que avanzan en acuerdo con juzgados amigables sobre el tierras fiscales ocupadas por familias de escasos recursos. Desde hace más de 30 años, han tenido que enfrentar desalojos forzosos, perpetrados por figuras como Masoni pero apoyados por grupos armados de paramilitares.

    Según fuentes provinciales, «agarraban a las familias con un ranchito en algunas zonas de Santiago, sobre tierras fiscales en las que ocupaban una hectárea y media, con una acequia y cuatro chanchos, y venían a extender la posesión hasta 2 mil hectáreas para sacar a las familias después». «Hubo maniobras con gente de afuera y abogados con acceso al fuero local, les hacían vender la posesión y desalojaban a los campesinos», comentaron.

    Masoni contactó a la DEA para hacer pasar este conflicto como un asunto narco.

    «Eso se cortó cuando empezó a gobernar Zamora», dijo una fuente provincial a LPO. En rigor, la historia fue más compleja, con tensiones e idas y vueltas, pero Masoni llegó a participar de una mesa de negociación a la que también se sentaban representantes del Mocase, con la mediación de funcionarios de los gobiernos de Claudia Ledesma Abdala y el propio Zamora. El ex jefe de gabinete y actual gobernador, Elías Suárez, habría llegado a participar de alguna de esas tertulias.

    Los santiagueños recuerdan a Masoni por el avance de las topadoras para tirar postes, alambrada y árboles, en los parajes La Simona y Los Juríes, en General Taboada. La cruzada llevaba el sello de Los Mimbres SA, la firma del desarrollador inmobiliario.

    En el Congreso apuntan que el empresario es el dueño de las oficinas de Olivos que utiliza Macri para reunirse con su entorno más cercano pero, además, señalan que Masoni «contactó a la DEA para hacer pasar este conflicto como un asunto narco». «Quieren ensuciar o vincular a Zamora pero acá hay un tipo que está en litigio por unos campos grandes y amenaza con la DEA», agregó una fuente al tanto de la situación.

     

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    La Corte Suprema de Paraguay confirmó el juicio contra Edgardo Kueider por contrabando de divisas

     

    El máximo tribunal paraguayo rechazó la apelación de la defensa del exsenador entrerriano y de su entonces secretaria, y dejó firme la elevación a juicio oral prevista para abril de 2026. La causa se originó tras la detención de Kueider con más de 200 mil dólares sin declarar en la triple frontera.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    Imagen: Info24RG

    La Corte Suprema de Justicia de Paraguay rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa del exsenador argentino Edgardo Kueider y de su entonces secretaria Iara Guinsel, confirmando que la causa por contrabando de divisas será elevada a juicio oral en abril de 2026. La decisión deja sin efecto el intento de frenar el proceso judicial iniciado tras un episodio que generó fuerte impacto político y judicial en la región.

    El recurso había sido presentado por los abogados Marcelo Bogado y Carlos Arévalo, quienes pretendían que se revisara la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal del Paraguay y, en ese marco, solicitaban el sobreseimiento definitivo de los imputados. Sin embargo, el Máximo Tribunal consideró que el planteo no cumplía con el requisito de impugnabilidad objetiva, condición necesaria para habilitar la instancia de apelación.

    Los ministros María Carolina Llanes Ocampos, Manuel Dejesús Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera fueron categóricos al sostener que la defensa intentaba avanzar sobre una figura legal inexistente, y remarcaron que habilitar ese tipo de recursos podría abrir la puerta a un uso abusivo de las herramientas procesales, dilatando indebidamente los tiempos judiciales.

    Un revés judicial que deja el juicio firme

    La resolución de la Corte Suprema ratificó decisiones previas del sistema judicial paraguayo. En primera instancia, el planteo ya había sido rechazado por el juez Humberto Otazú, del Tribunal de Apelaciones en Delitos Económicos, y luego confirmado por la Sala Primera del Tribunal de Apelación en lo Penal especializado en crimen organizado. Con este nuevo fallo, el camino hacia el juicio oral quedó definitivamente despejado.

    De este modo, doce meses después de su detención, Edgardo Kueider deberá enfrentar un proceso judicial por contrabando de divisas, una figura penal que en Paraguay contempla sanciones severas, especialmente cuando se trata de montos elevados y maniobras transfronterizas.

    La detención en la triple frontera

    Kueider fue detenido en la madrugada del 4 de diciembre de 2024 en el Puente de la Amistad, en plena triple frontera. Agentes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios de Paraguay encontraron en el vehículo en el que viajaba —una Chevrolet Trailblazermás de 211 mil dólares, 640 mil guaraníes y cerca de 4 millones de pesos argentinos, distribuidos en bolsos y compartimentos ocultos.

    El exsenador entrerriano se desplazaba desde Foz do Iguazú hacia Ciudad del Este, sin haber declarado el dinero transportado, lo que activó de inmediato el procedimiento por contrabando. El caso expuso, además, los vínculos entre poder político, circulación ilegal de divisas y zonas históricamente sensibles para el delito económico.

    La confirmación del juicio representa un nuevo golpe judicial para Kueider y refuerza la gravedad de una causa que, lejos de diluirse con el paso del tiempo, avanza hacia su etapa decisiva.

     

  • Honduras proclama al candidato de Trump y la derecha vuelve al poder

     

    El Consejo Nacional Electoral de Honduras proclamó a Nasry Asfura como presidente electo para el periodo 2026-2030, tras un conteo de votos que se extendió por más de tres semanas y mantuvo al país centroamericano en una situación de incertidumbre política.

    La autoridad electoral confirmó la victoria del candidato del Partido Nacional, quien obtuvo el 40,27 % de los sufragios, superando por poco a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, quien alcanzó el 39,39 %.

    «Honduras: estoy preparado para gobernar. No les voy a fallar», escribió Asfura en sus redes sociales tras conocerse el anuncio del CNE. El mensaje fue difundido mientras simpatizantes celebraban en su sede de campaña, en contraste con el clima de tensión que persistía entre sectores opositores.

    En este marco, el expresidente y coordinador general del  Libre, Manuel Zelaya, denunció «un golpe de Estado electoral». En un mensaje en X, Zelaya aseguró que «se está violentando de manera flagrante la Constitución, la ley electoral y el principio democrático».

    La OEA convoca a una reunión de urgencia para abordar la crisis en Honduras 

    «El CNE pretende dar por aprobado de facto un informe administrativo de la Secretaría General para cancelar el escrutinio especial presidencial, sepultando la verdad electoral y usurpando funciones que no le corresponden», planteó.

    Según el esposo de la actual presidenta Xiomara Castro, quien previamente también llamó a manifestaciones, «este acto nulo criminaliza arbitrariamente las impugnaciones legítimas presentadas por alcaldes y diputados» y «es una burda maniobra para allanar el camino hacia una declaratoria ilegítima y fraudulenta de la Presidencia de la República». 

    Honduras: estoy preparado para gobernar. No les voy a fallar

    Entre los consejeros del CNE, las opiniones divergen. Si bien la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, y la segunda consejera, Cossette López, apoyaron el llamado a definir resultados, el consejero Marlon Ochoa se opuso a esta propuesta.

    «No puedo ni debo participar en la comisión de un acto que viola las leyes de la República y el debido proceso y, por tanto, constituye delito. Hacerlo me convertiría en cómplice por acción u omisión. Aquí se consumará un golpe de Estado electoral que lesiona y ofende gravemente la integridad del sufragio, la soberanía popular como base del orden democrático», aseguró Ochea en la previa. 

    El candidato de Trump vuelve a liderar conteo y se acerca a la victoria en Honduras 

    Xiomara Castro denuncia desde hace semanas injerencia por parte de Donald Trump, quien apoya abiertamente a Nasry Asfura, así como «un proceso marcado por amenazas, coacción, manipulación del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y adulteración de la voluntad popular». Sin embargo, la semana pasada, dijo que reconocería los resultados y permitiría una transición pacífica del poder.

    Tras la confirmación, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana emitieron un comunicado conjunto para reconocer al nuevo presidente en una muestra de los aliados de derecha que Honduras tendrá en esta nueva etapa bajo el liderazgo de Donald Trump.