La fiscalía rechazó el pedido de medida cautelar presentado por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad que pretendía suspender de manera inmediata el avance de la licitación de la Vía Navegable Troncal, el plan del gobierno nacional para privatizar el dragado y señalización de la Hidrovía.
La organización, representada por Jonatan Baldiviezo, había solicitado que se ordene a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación frenar todo acto de avance, consolidación o ejecución de la Licitación Pública Nacional e Internacional N°1/2025, justo antes de la apertura de las ofertas económicas prevista para este martes.
El pedido estaba basado en el informe elaborado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), donde se advertían presuntas irregularidades en el procedimiento licitatorio, entre ellas deficiencias ambientales, restricciones a oferentes, cuestionamientos sobre la audiencia pública y problemas en distintas cláusulas del pliego.
Sin embargo, el fiscal explicó que el expediente actual «se ciñe» a investigar una posible deuda de la ex Administración General de Puertos con la empresa Compañía Sudamericana de Dragados y un supuesto direccionamiento vinculado a una licitación anterior, correspondiente al año 2024.
El fiscal explicó que el expediente actual «se ciñe» a investigar una posible deuda de la ex Administración General de Puertos con la empresa Compañía Sudamericana de Dragados y un supuesto direccionamiento vinculado a una licitación anterior, correspondiente al año 2024
Por ese motivo, consideró que el informe de la PIA sobre la licitación 2025 «no encuentra correspondencia con la investigación que aquí se lleva adelante» en relación a esta compulsa y remarcó que ese no es donde debe discutirse el planteo de la ONG.
Además, el fiscal cuestionó la fuerte repercusión mediática que tuvo el informe de la PIA. «Tampoco resulta comprensible la inusitada difusión y trascendencia que los medios periodísticos otorgaron al mencionado informe», sostuvo en el dictamen refiriendo a una nota publicada por La Nación el 15 de mayo. Según indicó, el documento todavía no había sido incorporado al sistema informático cuando comenzó a circular públicamente.
El Ministerio Público también concluyó que no estaban acreditados los requisitos legales necesarios para frenar el proceso licitatorio mediante una cautelar contra el Estado. En ese sentido, afirmó que no se logró demostrar ni la «verosimilitud del derecho invocado» ni la existencia de una «manifiesta arbitrariedad» por parte de la administración pública.
Tampoco consideró probado un «peligro concreto, actual e inminente» que justificara suspender la licitación antes de una sentencia definitiva.
En el dictamen (ver abajo) también se recordó que la misma organización ya había impulsado una acción similar en los tribunales federales de Santa Fe, donde también fueron rechazadas medidas cautelares para intentar detener el proceso de privatización de la Hidrovía.
Es crítica la situación del sector de la construcción en la capital bonaerense. Un informe de la Asociación de Pymes del rubro, Apymeco, expuso que el despacho de cemento tuvo en abril una baja del 11,7% respecto de marzo.
No se trata de una caída estacional, ya que, en la comparativa anual, el derrumbe en ese ítem es aún mayor, del 13,2%.
A pesar del profundo cuadro recesivo, el estudio indicó que el precio de construcción alcanzó los 2.123.535 pesos por metro cuadrado, lo que representó un salto significativo respecto de marzo, del 2,85%.
«La baja demanda vuelve imposible para los proveedores de materiales de la construcción trasladar a precios los aumentos de sus costos», señalaron en Apymeco.
En Apymeco advirtieron que esa variación fue la mayor en lo que va del año pero que tiene su explicación principalmente en la suba de la mano de obra.
«La baja demanda vuelve imposible para los proveedores de materiales de la construcción trasladar a precios los aumentos de sus costos», señalaron en la entidad.
Apymeco expuso que el costo laboral en La Plata tuvo iun crecimiento intermensual del 6,80%, marcadamente por encima de la suba registrada en los materiales (1,32%). Eso se explica en que en abril entró en vigencia el último tramo del acuerdo salarial con Uocra.
Los mayores aumentos de materiales fueron de pinturas (5,21%), arena (5,10%) y cal (3,12%).
La mesa política del gobierno se volverá a reunir la semana que viene en medio de la disputa feroz que destapó el Rufusgate entre Martín Menem y Santiago Caputo, aunque en el gobierno creen que no servirá para resolver la interna.
La aparición del misterioso usuario Periodista Rufus, atribuido a Martín Menem, fue definida por Las Fuerzas del Cielo de Caputo como un «punto de inflexión» en la interna que arrastran contra el riojano, del espacio de Karina Milei.
Los chicos de Caputo esperan un gesto público de Milei para sentirse contenidos en el gobierno que maneja su hermana y no salir a dinamitar la interna, pero en ningún escenario hablan de la salida del asesor estrella.
En el medio del silencio de Karina y del propio Milei, que no habló del tema Rufus con Caputo, en el gobierno confirmaron que la mesa política se volverá a reunir en los próximos días, más probablemente en la semana patriótica del 25 de mayo.
«No sirve para nada la mesa», dice en privado Patricia Bullrich, una de las integrantes del grupo selecto. Como otros miembros, la senadora cree que las peleas por Twitter son «surrealistas» y que no se corresponden luego cuando los funcionarios se ven cara a cara.
«Van a fingir demencia como siempre», dijeron a LPO en el entorno de un ministro que coincide con Bullrich en que los funcionarios se juntan a hablar sin decirse nada.
Además del incómodo Caso Rufus, otro de los motivos para estirar el día de la próxima reunión de la mesa es el golpe que la propia Bullrich le asestó a Manuel Adorni cuando le dio un ultimátum al jefe de gabinete para que presente su declaración jurada. El propio Milei salió ese mismo día a explicar que Adorni presentaría los papeles de manera inminente y dos semanas después siguen sin aparecer.
Bullrich les dijo a los senadores que ella es la única política que respetan los Milei y por eso puede decir cualquier cosa. Distinto es el panorama para Adorni, que perdió la valoración de los propios empleados de la Rosada por sus travesuras patrimoniales. Incluso lo empezaron a apodar Castata, un jocoso acrónimo de casta y cascada.
Martín Menem
La desconfianza creciente entre los funcionarios de la Mesa se condice con el estado militarizado que adquirió la Casa Rosada. Los empleados del palacio están asombrados con la guardia militar que se montó en el primer piso, que comparten Santiago Caputo y Lule Menem.
Con la excusa del odio a los periodistas, todas las personas que van al baño son seguidas por personal de seguridad, en una medida de difuso respeto a la intimidad que requieren las diligencias sanitarias.
Karina prohibió además el acceso al histórico Patio de las Palmeras porque tiene miedo que la espíen a través de los vitreaux, pese a la dificultad que impone la pregnancia de un vidrio de colores. Los empleados se quejan de que para fumar se tienen que trasladar al patio Malvinas Argentinas y someterse a un mucho menor feng shui.
El concejal libertario de Ezeiza José Luis Michelena desató su furia en plena sesión contra Manuel Adorni y las políticas económicas del Gobierno. «Nos están cagando a todos», dijo y acusó directamente a Javier Milei: «Está entregando todo».
La intervención del edil descolocó a su bloque y disparó los aplausos de concejales del peronismo. Luego de esa intervención en la última sesión, Michelena fue expulsado de La Libertad Avanza (LLA).
«Yo tenía seis negocios en la costa y los cerré a casi todos», dijo Michelena para enseguida exponer los cortocircuitos internos con el resto de los concejales libertarios. «¿Es un bloque? ¿los estoy descolocando? porque me caliento cuando no estoy de acuerdo con algo y me dicen que tengo que estar», acusó.
Y siguió: «Nos están vendiendo, nos están despedazando y no puedo soportar cerrar la boca simplemente porque no hay que acusar a Adorni. Que vaya preso si es culpable».
Ahí, trazó un comparativo con la situación de Cristina Kirchner: «Le ponen una pulsera a la ex presidenta con razón o sin razón, desconozco porque no estoy en la Justicia, pero este tipo se lava las manos. Algunos quieren defender lo indefendible».
Nos están vendiendo, nos están despedazando y no puedo soportar cerrar la boca simplemente porque no hay que acusar a Adorni. Que vaya preso si es culpable
Este episodio profundiza el cataclismo interno del armado libertario en el Conurbano, más aún considerando que Michelena no forma parte del lote de concejales electos en 2023 que respondían a Kikuchi, sino que ingresó al Concejo integrando la lista libertaria de 2025, que tuvo un estricto filtro del karinismo.
«José Luis Michelena representa a los comerciantes que sostienen la economía real, que pagan impuestos y que quieren reglas claras, menos trabas y un Estado que no los asfixie», lo describían en diciembre último desde el armado de LLA que en Ezeiza controla Nicolás Lemos, que responde a Sebastián Pareja.
En diciembre último, Michelena era presentado como «la voz de quienes todos los días producen». Tras exponer en plena sesión que tuvo que cerrar sus comercios, fue expulsado de LLA.
Seis meses más tarde, Michelena se despachó: «Las universidades no se tienen que cerrar, las rutas se tienen que reparar. No puede ser que nos cobren cinco impuestos diferentes para un automotor y las rutas destruidas», dijo.
Y añadió: «El presidente está entregando la Antártida, la precordillera, la cordillera, está entregando todo».
Luego de esa intervención, en el armado libertario informaron la expulsión del partido del concejal: «Las recientes manifestaciones públicas evidencian una postura personal incompatible con el funcionamiento orgánico y el compromiso colectivo que exige LLA», señalaron en un comunicado.
Los mismos vecinos que antes pasaban a buscar la boleta para votar este proyecto de país, me cuentan que no dan más. Que se quedaron sin trabajo. Que no llegan a fin de mes
Tras conocerse su expulsión, este lunes Michelena avisó que pronto anunciará cuál será su próximo alineamiento político. Y apuntó a LLA: «Elegí la política para servir, no para callar».
Y advirtió sobre el termómetro social: «Los mismos vecinos que antes pasaban a buscar la boleta para votar este proyecto de país, me cuentan que no dan más. Que se quedaron sin trabajo. Que no llegan a fin de mes».
Una nueva reforma penal que presenta Maximiliano Pullaro para acrecentar atribuciones en la lucha contra el delito puso en estado de alarma a organizaciones de abogados y a magistrados santafesinos. Para los críticos las enmiendas propuestas son graves porque prescinden de la figura del juez, le da facultades ampliadas a la policía para interrogatorios sin comunicación a un fiscal ni a defensor, avanzan sobre garantías en casos de allanamientos o intervención en comunicaciones privadas,
Pullaro parte de la idea de que hay que avanzar con medidas de restricción de garantías frente a la vigencia de un contexto de amenazas provenientes de actores criminales complejos. Por eso postula un segundo paquete de cambios al Código Procesal Penal que su gestión ya impulsó, con aval legislativo mayoritario, al asumir. Solamente que esta vez los cambios son tan duros en algunos casos que provocan una conmoción clara en ámbitos académicos del Derecho, en el campo de los jueces, de defensores penales y hasta de fiscalías.
La reforma busca reponer la figura de la declaración informativa y el interrogatorio policial inicial, algo que no existe desde el cambio al sistema acusatorio en 2014 en Santa Fe, y elimina la presencia del defensor como condición ineludible para la declaración del imputado.
Esto es una práctica que hace 40 años, en 1985, penalistas de Rosario como Héctor Superti, que fue ministro de Justicia de Hermes Binner, Daniel Erbetta, hoy miembro de la Corte Suprema de Santa Fe, o Ramón Ríos, docente de ambos y ex camarista penal, cuestionaban abiertamente a dos años de la recuperación democrática, por considerar metodologías distintivas de la dictadura.
El cambio propuesto también incluye el allanamiento automático por secuestro de armas en vía pública, sin orden judicial, bajo la idea de que la espera de una autorización de juez implica demoras que dan lugar a ocultamientos y posible pérdida de la evidencia.
Otro planteo buscado por el equipo jurídico de Pullaro es que se incorpore un procedimiento por decreto, sin participación del juez, para dictar resoluciones por contravenciones o delitos de bajo impacto, donde un magistrado sí puede revisar a pedido del condenado la sentencia.
Los puntos aludidos provocan una reacción todavía muy inicial pero ya muy expresiva. «Espantoso», «cruel», «inconstitucional», «regresión premoderna», son las referencias más reiteradas ya en el seno de entidades que agrupan jueces, abogados penalistas y docentes de Derecho Penal. Los objetores indican que es además una reforma que abre puertas a la corrupción policial.
El Ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni.
«Es fácil imaginarse lo que puede pasar si un policía encuentra o planta un arma, y luego queda facultado para allanar un domicilio a 40 cuadras de ahí. ¿Qué juez puede validar eso?», le dijo a LPO un magistrado de Rosario que se declara perplejo por la temeridad que atribuye a la reforma. «Un retroceso de treinta años. Esto va más atrás del sistema de jueces de instrucción porque con sistema escrito ya no regía», añadió otro juez a este medio.
Magistrados de muy diversas tendencias plantean una inquietud coincidente. «Nos preocupa este proyecto de reforma y esperamos un escenario de diálogo con los actores del campo político», le dijo a LPO el camarista penal Gustavo Salvador, presidente del Colegio de Jueces de Rosario.
José Nanni, presidente de la asociación de abogados penalistas de Rosario, dice que cuando recibió la declaración que el gobierno remitió este viernes a la Legislatura pensó que era una broma. «Lo que abre esta reforma es muy grave y autoritario. Tiene la lógica del discurso penal del enemigo y aniquila principios básicos de nuestro enjuiciamiento penal. Hay artículos muy peligrosos como los que habilitan inteligencia preventiva sin comunicación al juez. En general se piensa que es no importa si es contra Los Monos o Esteban Alvarado. Pero esta herramienta le abre la puerta a actos de espionaje que después van contra abogados, políticos, periodistas, empresarios. Todos sabemos bien cómo funciona», dijo a LPO.
Con esto último, el abogado alude a otro de los cambios solicitados por el gobierno a la Legislatura. Según el texto, consiste en incorporar expresamente las actividades de espionaje digital y electrónico al repertorio de fuentes del sistema de inteligencia. «La medida pretende fortalecer las capacidades estatales anticipatorias en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la seguridad colectiva, aplicando las herramientas tecnológicas disponibles y sujetándolas a las correspondientes autorizaciones judiciales», según la fundamentación del proyecto.
Lo que creen variados defensores e inclusos jueces es que esto habilitará la penetración sin garantías sobre correspondencia o intercambios de mensajes privados.
El mensaje legislativo del gobernador apunta a imponer el juicio penal en rebeldía, que implica en la idea de los impulsores en que no hay violación del derecho de defensa si la persona es notificada de la causa en su contra, y que si el implicado no comparece debe asumir las consecuencias de su decisión.
En el gobierno sostienen que la marcada baja en los índices de violencia que distinguían a Rosario hasta 2023 precisa ser resguardada con herramientas normativas que además implique no solamente contener el delito en la calle, sino con un régimen agravado para los reclusos que ordenan delitos desde la cárcel, para lo cual busca habilitar medidas de aislamiento extremo y suspender privilegios de visita física, garantizando el contacto familiar por medio de correspondencia por carta, sujeta a fiscalización.
Pullaro considera haber construido un activo en su política de seguridad, que tiene una fuerte apelación contra el delito, y procura reforzarla, lo que es un capital para la búsqueda de adhesiones. Al iniciar su mandato ya logró una reforma procesal penal. Ya entonces se habilitaron facultades policiales y de fiscales más plenas, se concedieron allanamientos excepcionales en casos de delitos flagrantes y se prolongaron hasta 30 días los plazos para presentar un detenido en una audiencia ante un juez.
En ese momento, en un marco crítico sobre todo en Rosario, con homicidios que habían rozado las 300 muertes en 2022, la aprobación legislativa de estas medidas excepcionales no encontró resistencia ni los planteos iniciales de reprobación que aparecen ahora. Por entonces miembros del gobierno provincial reconocieron a este medio: «Presentamos un proyecto tan ambicioso que imaginamos iba a costarnos mucha negociación y muchos cambios. Pero no hubo que suavizar nada. Nos aprobaron casi todo».
En la coalición oficialista, los socialistas insinuaron algún tipo de incomodidad ante el proyecto, aunque moderada. «Estamos recién en el análisis inicial del texto. Se va a trabajar seriamente, sin apuros y el proyecto va a tener modificaciones», dijo un portavoz de la bancada de ese partido. Entre los radicales y los miembros del PRO no surgió ninguna voz de objeción.
Desde el gobierno, cuestionan los planteos de antemano. «No hay garantía efectiva sin capacidad estatal para hacerla cumplir. Por tal motivo se introducen reformas para lograr un equilibrio entre las garantías individuales, la eficacia del sistema penal y la protección de la comunidad», indica la fundamentación de la reforma.
Mario Ishii volvió a agitar la interna del peronismo con un proyecto de ley en el que declara la emergencia sanitaria en la provincia y carga por igual contra el gobierno de Javier Milei y de Axel Kicillof por la situación en los municipios.
El proyecto generó fuerte malestar en el Ejecutivo y esta mañana salieron a cruzar al líder de José C. Paz. Según fuentes del gobierno que cita La Tecla, en el gabinete de Kicillof calificaron el proyecto como «fuera de lugar» y agregaron que la actitud de Ishii «no correspondía».
En los argumentos, el senador provincial habla de un «colapso progresivo del sistema sanitario público. Plantea que miles de familias bonaerenses debieron abandonar los sistemas privados de atención médica para recurrir masivamente al sistema público, incrementando la presión sobre hospitales provinciales y municipales.
Ishii dice que hay «hospitales saturados, guardias colápsalas, incremento de consultas y una demanda sanitaria extraordinaria que supera las capacidades operativas de los intendentes».
Además, señala la falta de profesionales en hospitales públicos y centros de atención primaria y agrega que «los hospitales municipales se convirtieron en el último sostén sanitario de millones de personas que ya no encuentran respuestas en sistemas privados y obras sociales».
El proyecto generó ruido en La Plata por el tono de las críticas y porque distribuye responsabilidades entre Milei y Kicillof en partes iguales. El texto -al que LPO pudo tener acceso- destaca además en un apartado las responsabilidades específicas tanto del gobierno nacional como de la provincia de Buenos Aires.
Desde el ministerio de Salud sostienen que el proyecto describe una realidad que esa cartera viene marcando desde hace varias semanas. La situación es crítica. «Las responsabilidades adjudicadas y enumeradas a la provincia son todas y cada una por la falta de una política nacional sólida y presente», dijeron a LPO desde el ministerio que conduce Nicolás Kreplak.
Nicolás Kreplak y Axel Kicillof.
Ishii salió a defender su proyecto luego de que trascendiera esta mañana el enojo del gobierno. «Esto no es una bandera partidaria ni una discusión electoral. Cuando está en riesgo la salud y la vida de la gente, el Estado tiene la obligación de dar respuestas», dijo en las redes.
«No se puede llegar al invierno con hospitales y centros de salud colápsalos, sin vacunas, sin insumos, con falta de profesionales y sin camas suficientes», dijo y siguió: «querer esconder esta crisis detrás de una pelea política es una forma de encubrir negligencias y responsabilidades institucionales».
No se puede disfrazar una emergencia humanitaria como un debate partidario para evitar a hacerse cargo. La gente no necesita relatos ni excusas: necesita respuestas urgentes para proteger su vida.
No es la primera vez que Ishii lanza fuertes críticas al gobierno de Kicillof a través de un proyecto de ley. En abril, hizo una avanzada similar con una iniciativa para declarar la emergencia alimentaria por un plazo de 18 meses. Su proyecto de ley surgió a partir de la decisión de Andrés Larroque de recortar el programa MESA, una asistencia de módulos alimentarios que reciben familias de estudiantes en situación de vulnerabilidad.
El peronismo en el Senado bonaerense atraviesa una situación de tensión extrema. Si bien el viernes hubo una tregua cuando se logró un acuerdo para conformar las comisiones, el bloque Fuerza Patria transita una fuerte crisis que tiene como protagonistas a legisladores cercanos a Cristina Kirchner por un lado, y senadores de Kicillof por otro.
