Autor: Invitad@ Especial

Alternativa para Alemania ha arrasado este domingo en las elecciones regionales en Sajonia-Anhalt, según varias encuestas a pie de urna publicadas tras el cierre de los colegios. El partido de extrema derecha, encabezado en el land por Ulrich Siegmund, habría obtenido el 44,5% de los votos y quedado muy por delante de la CDU del ministro-presidente Sven Schulze, que habría recibido apenas un 18.5% del respaldo, de acuerdo con el sondeo de la televisión pública ARD.

La estimación sitúa a Die Linke como tercera fuerza, con el 9,5%, por delante de Los Verdes, que logran el 9%, y del SPD, que queda en el 8%. BSW, el partido de la ‘rojiparda’ Sahra Wagenknecht, aparece en el 4,5%, por debajo de la barrera electoral del 5%, mientras que el FDP se hunde hasta el 2%.

La proyección no permite aún confirmar si AfD alcanzará la mayoría absoluta que necesitaría para gobernar en solitario. La formación ultra aparece con entre 39 y 43 escaños, mientras que el umbral de la mayoría absoluta se sitúa en 42. El desenlace dependerá en buena medida de si BSW supera finalmente la barrera del 5% y obtiene representación parlamentaria. Si se queda fuera, sus votos no contarían para el reparto ordinario de escaños y el partido de extrema derecha tendría más opciones de alcanzar la absoluta.

AfD ya había sido segunda fuerza en Sajonia-Anhalt en 2021, con el 20,8% de los votos. Cinco años después, la candidatura de Ulrich Siegmund duplica aquel resultado y deja a la CDU a más de 25 puntos. Se trata de un salto de dimensiones históricas. Según el portal especializado Europe Elects, sería el mayor avance logrado por un partido en unas elecciones alemanas desde la Segunda Guerra Mundial.

El avance de la formación se explica, ante todo, por la movilización de antiguos abstencionistas. Según los datos provisionales de ARD, AfD habría captado 157.000 votos de personas que no habían participado en las elecciones anteriores, muy por encima de los 83.000 procedentes de la CDU. También sumó apoyos desde el FDP, con 19.000 votantes; Die Linke, con 11.000; el SPD, con 7.000; y Los Verdes, con 2.000.

«Hemos hecho historia, hay que decirlo claramente”, declaró Siegmund a ARD. Sobre la posibilidad de negociar con otros partidos, pese a que la mayoría había descartado antes de las elecciones colaborar con AfD, Siegmund aseguró que su formación está abierta a cooperar, pero sólo bajo sus condiciones: “No vamos a renunciar a nuestras posiciones básicas por estar en el poder”.

Ulrich Siegmund, el candidato estrella de AfD que puede hacer historia este domingo en Alemania

Borja Bauzá. Berlín

Sven Schulze admitió la derrota de la CDU y felicitó a AfD por su victoria. “Vivimos en una democracia. Me gustaría felicitar al ganador de las elecciones”, declaró el ministro-presidente de Sajonia-Anhalt. Pidió también no hablar de un “día negro” para el land. “Yo digo: esto es democracia”, afirmó. Para el dirigente democristiano, la elevada participación muestra que los ciudadanos han querido enviar un mensaje que los partidos deberán escuchar: “El pueblo ha expresado su opinión”, sentenció.

Las elecciones en el estado federado oriental de Sajonia-Anhalt, marcadas por la posibilidad de que la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) alcance la mayoría absoluta, van camino de pulverizar su récord de participación este domingo. A las 16.00 había votado ya el 65,3% del censo, según informó la autoridad electoral regional.

La cifra supone un fuerte aumento respecto a los comicios regionales de 2021, cuando a esa misma hora había acudido a las urnas el 41% de los electores. En las pasadas elecciones, el porcentaje total de participación fue del 60,3 %, cifra ya superada cuando todavía faltan dos horas para el cierre de los colegios electorales a las 18.00. En total, alrededor de 1,7 millones de personas están llamadas a votar.

Hasta la fecha, la mayor participación en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt tuvo lugar en 1998, ocho años después de la reunificación de 1990, cuando el 71,5 % de los ciudadanos con derecho a voto acudió a las urnas.

Las elecciones de Sajonia-Anhalt tienen a AfD, un partido considerado «caso seguro» de extremismo de derechas por los responsables regionales de Interior, como favorita. Los últimos sondeos de intención de voto le atribuyen hasta un 43%, muy por delante de sus rivales.

Ese porcentaje podría suponer una mayoría absoluta para AfD, lo que le abriría las puertas al gobierno regional a su candidato a ministro-presidente, Ulrich Siegmund. Sería la primera vez que el partido de ultraderecha gobernara en un estado federado de Alemania en la historia moderna.

Según las encuestas, la Unión Cristianodemócrata (CDU) del primer ministro Sven Schulze se quedaría con no más del 23% de los votos, mientras que sus socios de coalición, el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) se quedaría en un 8,5% en el mejor de los casos, y los liberales del FDP ni siquiera superarían el 5% necesario para lograr representación en el Parlamento regional.

 El equipo económico empezó a liberar pesos en el mercado para forzar una baja de las tasas de interés y tratar de reactivar una economía que no termina de despegar. La estrategia marca un cambio respecto del fuerte apretón monetario de los últimos meses, que permitió contener al dólar pero llevó el costo del dinero a niveles que terminaron golpeando al crédito y la actividad.

Un informe de Martín Mejía, analista de la Oficina de Inversiones de Cohen puso números a ese proceso y señaló que la base monetaria se contrajo más de 20% en términos reales durante los últimos 12 meses. La caída se profundizó durante agosto y, según la sociedad de Bolsa, provocó una escasez de liquidez que fue una de las principales causas del salto de las tasas de interés.

La señal más reciente del cambio apareció en la última licitación de deuda. El Tesoro enfrentaba vencimientos por $12,67 billones, pero decidió renovar $12,16 billones, un rollover de 95,96%. De esa manera, dejó algo más de $500.000 millones en manos del mercado en lugar de ofrecer una tasa mayor para absorberlos.

Para Cohen, la decisión no fue accidental. La consultora considera que la liberación de esos pesos contribuye a frenar la contracción monetaria y debería empujar las tasas hacia abajo. De hecho, la TAMAR, que había llegado al 26%, terminó la última semana de agosto en 25,2%.

Caputo apela al Banco Nación para tratar de bajar las tasas 

Justina Gedikian, estratega de Renta Fija de Cohen, anticipó a LPO que este movimiento podría profundizarse en las próximas colocaciones. «En las próximas licitaciones deberíamos empezar a ver al Tesoro liberando algo más de liquidez al mercado, lo que permitiría que las tasas comiencen a relajarse», afirmó.

Sin embargo, Gedikian advirtió que Economía tiene poco margen para acelerar ese proceso sin poner en peligro otras variables del programa. «Ese alivio tendría que ser acotado, para no tensionar el tipo de cambio y no poner en riesgo el proceso de desinflación», agregó.

En las próximas licitaciones deberíamos empezar a ver al Tesoro liberando algo más de liquidez al mercado, lo que permitiría que las tasas comiencen a relajarse. Pero ese alivio tendría que ser acotado, para no tensionar el tipo de cambio y no poner en riesgo el proceso de desinflación.

La decisión del Tesoro se suma a los movimientos que ya había realizado el Banco Central. 1816 destacó que el 19 de agosto la autoridad monetaria compró $1,3 billones de la Lecap S31G6, en lo que calificó como la mayor operación de mercado abierto del año. Para la consultora, esa intervención fue determinante para ponerle un techo a las tasas de muy corto plazo.

Así, Economía comenzó a actuar por dos vías. Por un lado, el Central aportó liquidez mediante la compra de títulos en el mercado secundario. Por el otro, el Tesoro dejó de intentar renovar cada peso que vencía y permitió que unos $500.000 millones quedaran disponibles en el sistema financiero.

Detrás del cambio aparece una preocupación creciente por la actividad. Cohen sostiene que el objetivo de fondo de la baja de tasas es acelerar la economía real. Si bien el último EMAE mostró una recuperación, el nivel de actividad continúa lateralizado y todavía se mantiene por debajo del máximo alcanzado en marzo. Comercio, industria y construcción aparecen entre los sectores más perjudicados por el elevado costo financiero.

La misma lectura hizo Adcap, que describió un cambio en el equilibrio de la política económica. Según la consultora, durante agosto el Gobierno restringió fuertemente la liquidez para contener al dólar, pero el salto posterior de las tasas terminó contaminando toda la curva y aumentando las dificultades para el crédito, la actividad y el propio financiamiento del Tesoro.

El problema para Caputo es que liberar pesos tampoco resulta gratuito. Cohen advierte que, si las tasas continúan bajando, una parte de los inversores puede abandonar las colocaciones en moneda local y buscar cobertura en dólares. Eso podría generar nuevas presiones sobre el tipo de cambio, que sigue siendo una de las principales anclas del programa de desinflación.

De hecho, 1816 observó una relación directa entre ambos movimientos. Después de la compra de $1,3 billones de bonos por parte del Central y la consecuente baja de las tasas, el dólar oficial superó los $1.500. Adcap también señaló que el Gobierno parece haber aceptado una mayor flexibilidad cambiaria a cambio de conseguir tasas más bajas y una mayor liquidez.

El dilema que enfrenta Economía es cada vez más evidente. Mantener una escasez extrema de pesos ayuda a contener la demanda de dólares, pero encarece el financiamiento y profundiza el freno de la actividad. Liberar liquidez permite descomprimir las tasas y recuperar el crédito, pero aumenta el riesgo de que una parte de esos pesos termine buscando cobertura cambiaria.

Por eso, el movimiento de las últimas semanas supone una recalibración de la estrategia más que un abandono del esquema monetario. Después de utilizar las tasas altas para sostener el frente cambiario, Caputo empezó a liberar pesos para intentar darle aire a una economía que muestra dificultades para recuperar impulso. El desafío será conseguir que esa liquidez termine en crédito y actividad antes que en una nueva presión sobre el dólar.

El costo de discutir el modelo minero apareció antes que el cobre. El economista Hugo Berozzi, que trabajó durante seis años en el Fondo de Garantías de San Juan, fue despedido esta semana, pocos días después de poner la lupa sobre las 57 páginas del acuerdo que el gobierno de San Juan firmó con el proyecto de cobre Vicuña. Elaboró un informe que presentó un calculo de cuánto puede dejar de recaudar la provincia en las próximas décadas. 

Berozzi analizó el acta compromiso que San Juan y Vicuña firmaron el 5 de agosto y que luego fue ratificada por la Legislatura provincial por 27 votos contra nueve. El gobernador Orrego presentó como uno de los principales logros del acuerdo un aporte de 250 millones de dólares para financiar obras. Los desembolsos serán progresivos y estarán sujetos a certificados de avance. La lectura del economista fue bastante menos celebratoria. Según su análisis, los 250 millones funcionan como un adelanto vinculado al impacto ambiental y sustituyen contribuciones futuras. 

Argumentó que el acta considera saldadas con ese aporte las obligaciones económicas adicionales que la provincia podría imponer durante la vida útil contemplada para el emprendimiento, estimada en 71 años. 

Desde el gobierno de Orrego desmintieron estos cálculos. «No es correcto plantear que San Juan cambió USD 250 millones por regalías futuras. Son dos conceptos distintos. Los USD 250 millones son un aporte cierto y no reembolsable que comienza a estar disponible desde 2026 para financiar infraestructura. Las regalías son independientes: Vicuña deberá pagar el 3% sobre el valor bruto de comercialización cuando comience la explotación. Además, desde el sexto año de producción deberá pagar el aporte adicional del 1,5% acordado con la Provincia», explicaron a LPO desde el gobierno provincial. 

Y defendieron el cobro anticipado. «No es correcto comparar directamente USD 250 millones de hoy contra ingresos potenciales que recién existirían cuando la mina produzca. Durante los años de construcción San Juan todavía no tiene producción ni exportaciones de Vicuña sobre las cuales cobrar regalías. En cambio, la Provincia consiguió USD 250 millones ciertos y anticipados, que comienzan a estar disponibles desde 2026». 

«La estimación de que el 1,5% durante los primeros cinco años podría representar unos USD 309 millones depende de cuándo comience la producción y de cuánto efectivamente produzca. Comparar USD 309 millones futuros y contingentes contra USD 250 millones anticipados sin considerar tiempo y riesgo no demuestra una pérdida para San Juan», agregaron las autoridades.

La discusión también se extendió a las regalías. Berozzi afirmó que la legislación nacional habilita a las provincias a cobrar hasta el 5% del valor boca de mina para proyectos nuevos, pero el esquema acordado para Vicuña fija el 3% durante toda la vida del proyecto. 

El caso Vicuña destapó el lado oscuro del RIGI: beneficios fiscales para subsidiar importaciones

Berozzi calculó cuánto representa esa diferencia. Según su estimación, cada punto adicional de regalías que San Juan deja de cobrar equivale a unos 491,2 millones de dólares en valor presente, tomando como referencia las reservas proyectadas y una tasa de descuento del 9,2%. Días después de difundir su análisis, fue despedido del Fondo de Garantías provincial, donde trabajaba desde hacía seis años, tal como reveló El Destape. 

La legislación nacional habilita a las provincias a cobrar hasta el 5% del valor boca de mina para proyectos nuevos. El esquema acordado para Vicuña fija el 3% durante toda la vida útil. Berozzi calculó cuánto representa esa diferencia. Según su estimación, cada punto adicional de regalías que San Juan deja de cobrar equivale a unos 491,2 millones de dólares. Días después de difundir su análisis, fue despedido del Fondo de Garantías provincial, donde trabajaba desde hacía seis años.

Desde el gobierno de Orrego lo desmintieron: «San Juan no renuncia al 1,5% durante toda la vida del proyecto. El esquema acordado reemplaza ese aporte durante los primeros cinco años de producción por los USD 250 millones anticipados. A partir del sexto año de explotación, Vicuña paga el 1,5% durante el resto de la vida útil del proyecto, además de las regalías correspondientes», explicaron.

Y aportaron un dato relevante sobre que llevó a tomar la decisión del pago anticipado. «Los antecedentes muestran por qué es importante que los USD 250 millones no dependan de que la mina empiece a producir. Con Pascua-Lama se habían comprometido USD 70 millones en 20 cuotas y sujetos al avance del proyecto. Cuando la construcción se paralizó, los pagos también se interrumpieron y terminaron ingresando aproximadamente USD 17 millones. Con Vicuña se buscó evitar ese riesgo: asegurar USD 250 millones antes de depender de la producción futura».

En el centro de toda esta discusión está Vicuña Corp, la sociedad formada por BHP y Lundin Mining para desarrollar Josemaría y Filo del Sol. La compañía proyecta una inversión inicial de 9.700 millones de dólares. Se trata del mayor proyecto de cobre del país, ubicado en el norte sanjuanino, cerca de la frontera con Chile. El gobierno de Javier Milei lo exhibe como una de las grandes vidrieras del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). 

Escándalo en San Juan: Caputo le regaló una línea de alta tensión a la minera Vicuña

La electricidad abrió otro frente alrededor del proyecto. Vicuña necesita 260 MW para la primera fase de Josemaría y obtuvo prioridad sobre el 90% de la capacidad de transporte remanente de la línea Nueva San Juan-Rodeo. De acuerdo con cálculos de Cammesa, representa alrededor del 71% de la capacidad total de una infraestructura de 854 MVA. La prioridad alcanza además a la futura línea Rodeo-Chaparro y a la estación transformadora Chaparro. El horizonte previsto es de 25 años. 

Hay una particularidad difícil de esconder detrás de los números: la línea Nueva San Juan-Rodeo no fue construida por Vicuña. Tiene unos 162 kilómetros, fue diseñada para operar en 500 kV y recibió financiamiento nacional, provincial y de los usuarios sanjuaninos mediante fondos específicos. Sobre una infraestructura levantada durante años con recursos públicos se monta ahora una prioridad privada para abastecer a uno de los proyectos del RIGI. 

La decisión provocó la reacción de otros jugadores mineros. Barrick, Los Azules, Gualcamayo y Hualilán objetaron distintos aspectos del esquema. Los Azules cuestionó especialmente que una prioridad durante 25 años sobre infraestructura existente pueda convertirse, en los hechos, en una exclusividad sobre un corredor estratégico. El ente regulador provincial también advirtió que la capacidad eléctrica disponible debe contemplar la demanda futura de San Juan y no solamente la expansión minera. 

El campamento de Vicuña en San Juan.

No hay altruismo en esa guerra. Cada minera pelea por la energía que necesita para su propio proyecto. Pero detrás de esa pulseada aparece un problema que excede a las compañías. Una infraestructura financiada colectivamente se vuelve escasa justo cuando llegan las inversiones que prometen transformar la provincia. Si un solo jugador captura buena parte de esa capacidad, el límite puede alcanzar después a otros emprendimientos mineros, industrias, productores agrícolas y localidades del norte sanjuanino. 

El caso del campamento Batidero agregó otra pieza. Vicuña adjudicó la obra a un consorcio encabezado por PowerChina, junto con Beijing Chengdong y la santafesina RAFA. El proyecto contempla importar desde China una ciudad modular para alojar inicialmente unas 2.500 camas. Por la rotación de trabajadores podría atender entre 3.500 y 5.000 personas y, cuando el proyecto alcance otra escala, la demanda podría llegar a 12.000 trabajadores. 

El caso del campamento Batidero agregó otra pieza. Vicuña adjudicó la obra a un consorcio encabezado por PowerChina, que importará desde China una ciudad modular para alojar unas 2.500 camas. Los fabricantes argentinos calcularon que producir los módulos en el país habría generado unos 500 empleos directos.

Los fabricantes argentinos calcularon que la obra supone alrededor de 45.000 metros cuadrados de construcción y más de 4.500 toneladas de acero. Sostienen que producir los módulos en el país habría generado entre 400 y 500 empleos directos. El armado de las estructuras importadas dejaría cerca de 50 puestos vinculados al montaje y la logística. 

La diferencia estuvo en el precio. La oferta china habría rondado los 52 millones de dólares, contra unos 70 millones de la propuesta local. Son 18 millones de diferencia en un emprendimiento cuya inversión inicial alcanza los 9.700 millones. Para la minera es ahorro. Para los proveedores argentinos, la cuenta incluye también acero, trabajo, salarios e impuestos que podrían haberse generado dentro del país. 

Desde la provincia se cuidaron de aclarar que «se habla de 400 a500 empleos que «se podrían haber generado en Argentina, pero es una estimación de los fabricantes que perdieron la licitación, no empleos existentes que hayan sido eliminados» y agregar que «según los datos informados por Vicuña, actualmente existen más de 2.500 empleos directos e indirectos: 95% de los trabajadores son argentinos y 83% sanjuaninos» para el proyecto.

Y además, siempre según el gobierno provincial, «alrededor del 60% de los proveedores activos son empresas de San Juan y, para el montaje de esta etapa del campamento, más del 90% de la mano de obra será sanjuanina».

Ahí el caso Vicuña se conecta con un fenómeno mucho más grande. El RIGI acumula 22 proyectos aprobados con inversiones anunciadas por 47.073 millones de dólares. Hay además 18 iniciativas en evaluación y una rechazada. Los proyectos aprobados y en análisis informaron inversiones potenciales por 186.195 millones. Sin embargo, los activos computables de las iniciativas ya autorizadas suman sólo 30.799 millones y los compromisos para ejecutar durante los primeros dos años alcanzan 11.807 millones. Entre el anuncio y el desembolso todavía corre un río ancho. 

Ahora, es cierto que la minería genera los dólares que la Argentina necesita. En los primeros siete meses de 2026 las exportaciones minerales alcanzaron los 5.340 millones de dólares, contra 3.200 millones del mismo período de 2025. El superávit comercial minero saltó de 3.088 millones a 5.227 millones de dólares, un crecimiento del 69,2%. Es el argumento más sólido de quienes sostienen que el sector puede convertirse en uno de los grandes proveedores de divisas de la próxima década. 

Pero los primeros movimientos concretos del RIGI muestran la otra cara. Hasta julio, los proyectos adheridos habían importado bienes por unos 171 millones de dólares. Sólo en agosto ingresaron otros 140 millones, más del doble del récord mensual anterior y equivalentes al 43% de todo lo importado hasta julio. 

Esta semana el Gobierno dio otro paso en esa dirección. Una resolución de la Secretaría de Minería reemplazó certificados de importación por declaraciones juradas digitales y simplificó el acceso a las exenciones previstas por la Ley de Inversiones Mineras. Podrán ingresar equipos especiales usados o reacondicionados y una misma máquina podrá utilizarse en distintos proyectos del mismo beneficiario. La medida no pertenece formalmente al RIGI, que ya dispone de sus propias exenciones aduaneras. Sin embargo, contempla específicamente a los Vehículos de Proyecto Único incluidos dentro del régimen. 

El resultado es una autopista cada vez más ancha para importar maquinaria, equipos e insumos con ventajas fiscales mientras los proveedores argentinos reclaman una barrera de contención para no mirar la inversión desde la banquina.