Autor: Invitad@ Especial

En paralelo al abrazo de apoyo que Javier Milei le dio a Manuel Adorni en el acto por Malvinas, este jueves trascendió la revelación de otro viaje de placer presuntamente realizado por el jefe de Gabinete, esta vez a Aruba, entre fines de 2024 e inicios de 2025.

De confirmarse el viaje de Adorni a la denominada «isla feliz» del caribe neerlandés, el presidente se queda sin margen para sostenerlo.

En la semana, fuentes del Gobierno señalaron a LPO que, de surgir una nueva propiedad o viaje que tribute al frenético crecimiento patrimonial de Adorni, su tiempo en el gabinete estaba terminado.

Según reveló el periodista Ignacio Ortelli, hay argentinos que veranearon en Aruba entre finales de 2024 y el 11 de enero de 2025 y que se estarían presentando como testigos de haber visto a Manuel Adorni en la isla.

Ya durante el período del presunto viaje de Adorni a Aruba, algunos usuarios manifestaron en redes haberlo visto vacacionando en un hotel all inclusive de ese paraíso del caribe. 

En ese sentido, se conoció que la Justicia está investigando en Migraciones la lista de vuelos de Adorni, quien había dejado trascender a través de su amigo Marcelo Grandío que su viaje a Punta del Este en un vuelo privado se enmarcaba en sus primeras vacaciones en dos años.

A partir de la línea investigativa orientada hacia Aruba se conoció que, ya durante el período del presunto viaje de Adorni a esa isla, algunos usuarios manifestaron en redes haberlo visto vacacionando en un hotel all inclusive de ese paraíso del caribe.

Eso, días después de que Javier Milei les pidiera a sus funcionarios evitar vacacionar en los destinos de lujo convencionales. 

«El Presidente no recomienda dónde irnos de vacaciones, lo que nos pidió fue lógica, austeridad y razonabilidad. Y es lo que vamos a hacer todos», dijo Adorni en la conferencia de prensa del 17 de diciembre de 2024, una semana antes de volar al caribe.

Es que, según reveló el periodista Manu Jove, Adorni viajó el 24 de diciembre de 2024 y regresó el 10 de enero de 2025. Se alojó en el Tamarijn Aruba All Inclusive, con un costo por ese periodo para dos adultos y dos menores de 12 mil dólares.

La jubilada que le prestó cien mil dólares a Adorni pidió en 2025 un subsidio de $60 mil en la Ciudad

Esta nueva línea investigativa surge tras conocerse que una de las jubiladas que le prestó a Adorni cien mil dólares para comprar un departamento en Caballito, le pidió al gobierno porteño un subsidio de 60 mil pesos mensuales.

En ese contexto, el fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación ordenó valuar el costo de cada propiedad de Adorni y su financiamiento. 

Andrea Juárez es la mejor amiga de Karina Milei y uno de los personajes más cuidados por el entorno presidencial, que la mantuvo al margen de cualquier exposición mediática.

Juárez, que conoció a Karina cuando estudiaban relaciones públicas en la UADE, sólo dio una nota para la revista colombiana Gatopardo el día de la Lealtad de 2024. En la nota contó que conoció a la hermana del presidente en un clase de la facultad a la que llegó tarde y ambas se sorprendieron por tener la misma marca de mochila.

Desde que su amiga llegó al poder, Juárez se mudó desde el Abasto al Chateau de avenida Libertador, cerca de la cancha de River. Fuentes libertarias dijeron a LPO que Andrea se tuvo que ir del Chateau en junio de 2025, cuando explotó el escándalo entre su habitante más famosa, Wanda Nara, y el futbolista Mauro Icardi. La constante presencia de móviles de televisión en la puerta del edificio fue la motivación de Juárez para irse.

Nerviosismo en el gobierno de Milei por la misteriosa mansión de San Isidro

Su lugar de mudanza es un secreto en el gobierno, pero ya corrieron versiones que indican que se había mudado a Martínez, pero hace dos semanas comenzó a hablarse de la misteriosa mansión valuada en más de un millón y medio de dólares y supuestamente comprada por un misterioso empresario cripto, de una fauna similar a los protagonistas de la criptoestafa $Libra. 

Lo curioso es que junto con la irrupción en la agenda pública del misterio de la mansión, comienzos de esta semana, Karina Milei se habría mudado al Chateau, según afirmó a LPO un libertario cercano a la hermana presidencial.

Andrea Juárez es la mejor amiga de Karina Milei y uno de los personajes más cuidados por el entorno presidencial, que la mantuvo al margen de cualquier exposición mediática.

LPO anticipó que en el gobierno de Milei hay extrema preocupación por la circulación de datos sobre la coqueta mansión de San Isidro que en un principio se atribuyó a Manuel Adorni, pero que no se descarta que pertenezca a otro personaje importante de La Libertad Avanza.

La vinculación de esta propiedad con Adorni apareció a principios de la semana y el jefe de Gabinete tuvo que dar explicaciones en la fallida conferencia de la semana pasada. «Lo de la casa de Martínez es parte de una operación política y mediática para dañar al Gobierno», dijo Adorni, que prefirió tirarse arriba de la granada y admitir que tiene un departamento en Caballito del que poco se sabía hasta ese momento y que ahora lo acorrala aún más que los escándalos del avión presidencial y el viaje en chárter a Punta del Este.

«Hay un interés muy particular en que no se hable de la casa», dijo una fuente al tanto de la situación. El chalet tiene custodia de la Policía Federal por lo que no hay dudas de que reside algún funcionario del Poder Ejecutivo o del Judicial.

«El gobierno sabe perfectamente quién vive ahí por que tiene custodia federal permanente. Podrían desactivar rápidamente el tema filtrando quién vive ahí, pero por alguna razón no lo hacen», agregó la fuente. «Evidentemente ahí vive o vivía alguien que no debería vivir en una casa así», concluyó.

La Justicia federal de Córdoba está en estado de shock. Fiscales ordenaron investigar a Abel Sánchez Torres y su pareja, Graciela Montesi, ambos camaristas sospechados de manipular la conformación de las salas para intervenir en dos expedientes por evasión tributaria que involucran a ejecutivos de la cerealera Bunge.

El planteo promovido por los fiscales Nicolás Turano y Maximiliano Hairabedián incluye delitos como abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción.

El juez Alejandro Sánchez Freytes, a cargo del caso, ya decretó el secreto de sumario y deberá definir si avanza con las indagatorias. El punto neurálgico del caso remite a una práctica tan técnica como decisiva: quiénes integran el tribunal que juzga.

En la estructura de la Justicia Federal, las cámaras de apelaciones se dividen en salas que deben conformarse con sorteos y subrogancias reguladas por ley. Ese mecanismo busca garantizar imparcialidad y evitar que los jueces elijan -o sean elegidos- para fallar en determinados expedientes.

 Según los fiscales, Montesi y Sánchez Torres habrían retenido o hecho circular expedientes hasta que la rotación de subrogancias les permitiera coincidir en la misma sala y votar en los casos «Padilla» y «Humanes», que tenían en común su conexión con la causa Bunge . 

Sin embargo, la denuncia sostiene que esas reglas habrían sido alteradas en 2023 aprovechando vacantes en la Cámara. Según los fiscales, Montesi y Sánchez Torres habrían retenido o hecho circular expedientes hasta que la rotación de subrogancias les permitiera coincidir en la misma sala y votar en los casos «Padilla» y «Humanes».

Ambos expedientes, radicados en Río Cuarto y Villa María respectivamente, tenían en común su conexión con la causa Bunge y su alto contenido económico.

En una de las causas, Sánchez Torres habría emitido su voto en apenas un minuto, en coincidencia plena con el criterio de Montesi, lo que derivó en una falta de mérito para el imputado.

El dato que más ruido genera en Tribunales es la velocidad con la que se resolvió uno de esos expedientes.

En la causa «Padilla», Sánchez Torres habría emitido su voto en apenas un minuto, en coincidencia plena con el criterio de Montesi, lo que derivó en una falta de mérito para el imputado.

Para los investigadores, ese nivel de sincronización refuerza la sospecha de que la integración del tribunal no fue azarosa. La gravedad institucional del caso radica en las consecuencias de una eventual manipulación.

En la cabecera, Abel Sánchez Torres y, a su derecha, su pareja y también camarista Graciela Montesi. Ambos, están sospechados de ejecutar maniobras para favorecer a la cerealera Bunge.

Si se altera la composición de una sala, se rompe el principio del juez natural. En un expediente como el de Bunge, esa distorsión puede traducirse en beneficios concretos para los imputados, desde demoras hasta resoluciones favorables.

La existencia de vocalías sin cubrir en la Cámara Federal de Córdoba habría facilitado -según los fiscales- una concentración de poder interno a la pareja Sánchez Torres-Montesi que permitió estas maniobras.

La denuncia original fue presentada por la secretaria de Cámara Celina Laje Anaya, quien se habría negado a convalidar la integración de salas que consideraba irregular. A partir de allí, según el relato fiscal, comenzó una escalada de hostigamiento atribuida a Sánchez Torres.

 En los últimos meses, Sánchez Torres hizo un fuerte lobby para meterse en la lista corta de candidatos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

El expediente describe un cuadro de presión sistemática que incluyó gritos, humillaciones y decisiones administrativas que afectaron la carrera de la funcionaria.

Incluso se detalla que fue forzada a aceptar un cambio de cargo que implicó una degradación salarial y profesional. Los fiscales encuadraron estos hechos como lesiones graves en un contexto de violencia de género.

En paralelo, la investigación sumó a otros actores del tribunal. El secretario penal Mario Olmedo fue señalado por su presunta participación necesaria en las maniobras, mientras que el secretario de superintendencia Gustavo Flores fue imputado por falso testimonio, ante inconsistencias detectadas en su declaración.

 La denuncia original fue presentada por la secretaria de Cámara Celina Laje Anaya, quien se habría negado a convalidar la integración de salas que consideraba irregular. A partir de allí, según el relato fiscal, comenzó una escalada de hostigamiento atribuida a Sánchez Torres. 

En los últimos meses, Sánchez Torres hizo un fuerte lobby para meterse en la lista corta de candidatos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según le contó a un importante empresario con el que se reunió en un bar de Nueva Córdoba, su plan A era que los gobernadores de Provincias Unidas lo propongan.

El resultado electoral tiró por tierra la estrategia. Entonces, «el Gordo Abel» recurrió a sus contactos con importantes empresarios para que hagan fuerza por él. 

Luego que los intendentes de las principales ciudades emitieran un duro comunicado contra Javier Milei, en el que sostienen que «así, Argentina no funciona», la avanzada amaga con escalar en el plano judicial.

Los jefes comunales empezaron a diseñar un planteo judicial ante la Corte Suprema en procura de una nueva distribución del impuesto a los combustibles y una fórmula de reparto de ATN para bloquear el «toma y daca» que aplica el libertario.

La descripción de la situación actual quedó plasmada en un documento que firmaron los intendentes de distintas ciudades -Julio Alak, Daniel Passerini, Pablo Javkin, Ulpiano Suárez y Rossana Chala, entre otros. En él, denunciaron que el Estado nacional «dejó de cumplir sus funciones básicas» y no distribuye fondos para los municipios.

«Gobernar no es abandonar a la gente. No vamos a abandonar la salud, la educación pública ni la asistencia social, aun cuando la crisis se profundiza. Los datos son contundentes: en los últimos dos años cerraron 22.608 empresas, hay 300.000 personas desempleadas más y crecen la informalidad y las suspensiones. Así, la Argentina no funciona», dice el documento.

El Gobierno Nacional retiene fondos que corresponden a provincias y municipios. Solo en ATN, en 2025 quedaron sin distribuir 740.356 millones de pesos, incumpliendo leyes y acuerdos 

Luego, avanzaron sobre el fondo del planteo: el recorte de recursos nacionales y sentar las bases del planteo judicial.

«La incidencia impositiva de los municipios es apenas del 3%, frente al 75% que aplica la Nación. Sin embargo, el Gobierno Nacional retiene fondos que corresponden a provincias y municipios. Solo en ATN, en 2025 quedaron sin distribuir 740.356 millones de pesos, incumpliendo leyes y acuerdos», señalaron en el documento cuya base fue redactada por Passerini y Javkin.

«Estamos olfateando que las cosas se están poniendo muy mal para nuestro pueblo. Porque se está prendiendo un plan económico que claramente está derrumbando la coparticipación federal», dijo Alak, quien también dio el marco jurídico para la avanzada contra Milei en la Corte.

«Ahí está el artículo 123 de la Constitución Nacional, que es un instrumento formidable para cuando algunos señores que pasan por la Casa Rosada quieren sacarle al municipio las tasas municipales. Tenemos facultades impositivas por la Constitución de la Nación para fijar tasas. No lo dice una ley, lo dice la Constitución», dijo Alak.

 Los jueces federales se equivocan muchas veces y, por pretender tener cargos superiores en la Justicia, muchas veces fallan en contra de los municipios 

Y agregó  respecto de la presión que ejerce el Banco Nación a los municipios para la eliminación de tasas: «Los jueces federales se equivocan muchas veces y, por pretender tener cargos superiores en la Justicia, muchas veces fallan en contra de los municipios. Pero sus fallos rápidamente son revertidos por las Cámaras Federales porque los camaritas leen la Constitución».

Passerini avanzó sobre otros dos focos del eventual planteo judicial: combustibles y ATN. «La carga impositiva del combustible es de un 40% del valor. Los municipios en promedio solo tenemos el 1,7% de esa responsabilidad, el 35% en promedio son impuestos nacionales que deberían volver en el mantenimiento», dijo.

Y agregó: Milei «no nos mandaron los recursos para los baches porque se los está quedando; ni hablar con muchos otros fondos específicos que el Gobierno Nacional está incumpliendo».

Por ahora, los equipos jurídicos de los municipios comenzaron a ordenar el trabajo conjunto para llevar el caso ante la Corte Suprema. 

Como adelantó LPO, las cinco fuerzas federales realizaron este jueves una protesta inédita frente al edificio Centinela de Gendarmería en reclamo por los bajos salarios que los ubican en muchos casos por debajo de la línea de la pobreza, en una muestra que el intento de la ministra Monteoliva por desactivar la movilización anunciando un bono ridículo de 40 mil pesos, no hizo más que enardecer los ánimos.

El carácter inédito de una manifestación que agrupó a familiares de miembros de Prefectura, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Servicio Penitenciario Federal y Policía Federal, empujó a Javier Milei a hacer referencia a la situación durante su mensaje de cinco minutos por el Día de los Veteranos y Caídos en Malvinas.

«Somos conscientes de que hay una deuda en lo salarial con las fuerzas», dijo el presidente que, sin dar especificaciones de aumento alguno, agregó: «Un país que busca ser protagonista en el escenario global, necesita fuerzas bien pagas».

Tensión total en Seguridad: Las cinco fuerzas federales convocan a una marcha por los bajos salarios

Pero más allá de las declaraciones de ocasión, en el Gobierno creen que Victoria Villarruel estuvo detrás de la protesta, que como los efectivos d ela fuerza tienen prohibos los reclamos sindicales, lo suelen hacer a través de sus familiares, para evitar sanciones.

El intento de la ministra Monteoliva por desactivar la movilización anunciando un bono ridículo de 40 mil pesos, no hizo más que enardecer los ánimos.

En ese sentido, fuentes cercanas a Casa Rosada reparan en los vínculos con la vicepresidenta de dos promotores de la manifestación: el influencer Emmanuel Danann, que ofició como un virtual vocero de los manifestantes; y la titular de la Asociacion de Suboficiales Argentinos, Analía Zabala.

Analía Zabala, referente de la Asociación de Suboficiales Argentinos, en la protesta de este jueves.

En el caso de Danann, fue convocado por Villarruel a disertar contra la cuarentena en el Senado y también lo invitó a la apertura de sesiones. En el Gobierno lo ven como uno de los influencers heridos con Milei que ahora oficia de espada de Villarruel en redes.

En cuanto a Zabala, esposa de un ex oficial fallecido, también ha sido convocada por la vice a una serie de actividades y aseguran es cercana a Claudia Rucci, la directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado.

Sin lugar en el acto oficial de Milei, Villarruel buscó mostrarse apartada también del reclamo de las fuerzas. Participó de la actividad convocada en Chivilcoy por el intendente de esa ciudad, el ex comisario Guillermo Britos, con quien la vice mantiene un buen vínculo.

«Conozco de primera mano la condición en la que están»; había dicho semanas atrás Villarruel en redes ante el planteo de un efectivo de las fuerzas federales que describió la situación salarial que atraviesan.

 «No llegamos a fin de mes, es increíble el denigro de las fuerzas», dijo el cabo de la Policía Federal Miguel Ángel Montiel que, con nueve años de servicio, percibe un salario de 800 mil pesos. «Es aberrante, tenemos que salir a hacer changas», agregó. 

Frente al Centinela, los efectivos denunciaron estar atravesando «una situación de emergencia».

«No llegamos a fin de mes, es increíble el denigro de las fuerzas», dijo el cabo de la Policía Federal Miguel Ángel Montiel que, con nueve años de servicio, percibe un salario de 800 mil pesos. «Es aberrante, tenemos que salir a hacer changas», agregó.

También, los manifestantes salieron al cruce del bono de 40 mil pesos anunciado por la ministra Monteoliva apenas se conoció la protesta de las cinco fuerzas: «No sirve, es una migaja», señalaron para cargar contra el relato del Gobierno que salió a festejar una hipotética baja de la pobreza: «El pueblo argentino señor presidente no come números».

«Llegamos a esta situación límite porque no somos escuchados, han jugado con nosotros, somos usados porque dijeron que iba a haber un cambio. Es cambio de pobreza, de Guatemala a Guatepeor», sostuvo el sargento primero retirado de Gendarmería Juan José Vargas.

Frente a eso, los manifestantes anunciaron que presentaron un petitorio en el Ministerio de Seguridad con todos los reclamos.