La controversia fiscal desatada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) al bloquear la actualización por inflación de los quebrantos impositivos (las pérdidas que las empresas utilizan para compensar futuros impuestos a las ganancias) se consolidó como un eje de conflicto entre el Estado y los principales agentes económicos del país.
Lo que comenzó como un ajuste técnico terminó en una crisis política y empresarial de envergadura que pone en juego no solo recursos, sino también la percepción de certeza jurídica para la inversión en la Argentina.
En el centro de este escándalo tributario aparece YPF, que decidió alinearse con la postura de ARCA y admitió una deuda fiscal millonaria por no haber actualizado sus quebrantos. Esta decisión, interpretada por algunos sectores como un acto de obediencia política más que de seguridad jurídica, la convierte en la única empresa de gran porte que aceptó la interpretación del organismo recaudador, lo que la posiciona en un lugar delicado frente a pares y ante la opinión pública empresarial.
Desde la perspectiva del riesgo inversor, esto eleva el premio por incertidumbre jurídica
Gran parte del sector privado, incluidos los principales jugadores de las petroleras, energía, siderurgia y banca, rechazó terminantemente el intento de ARCA de desconocer la actualización por inflación.
Aunque no hay cifras oficiales consolidadas, circula la estimación de que las obligaciones en disputa podrían ascender a cerca de USD 3.000 millones agregados entre las principales firmas afectadas.
Las compañías consideran que esta exigencia significaría pagar impuestos sobre ganancias ficticias, lo que no solo afecta su competitividad sino que equivale, en términos reales, a una confiscación fiscal.
Aunque no hay cifras oficiales consolidadas, circula la estimación de que las obligaciones en disputa podrían ascender a cerca de USD 3.000 millones. Varias empresas analizan llevar el conflicto a la Justicia argumentando que la interpretación de ARCA lesiona derechos adquiridos y contradice precedentes jurisprudenciales que reconocen actualización por inflación ante efectos confiscatorios del impuesto.
El titular de ARCA, Juan Pazo.
Esta disputa alcanza un nuevo punto de tensión con las versiones de renuncia anticipada de Juan Pazo, el titular de ARCA. Tal como reveló LPO, Pazo ya comunicó su decisión y el Gobierno le busca una nueva ubicación, posiblemente en el Banco Nación o en otra dependencia vinculada al sistema financiero. Su salida ocurre en medio del creciente malestar empresario y de fricciones con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini. Esta última proviene del massimo. Ambos funcionarios impulsaron el bloqueo a la actualización de quebrantos.
El malestar empresario se centra en el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini. Esta última proviene del massimo. Ambos funcionarios impulsaron el bloqueo a la actualización de quebrantos.
En los despachos de Economía reconocen que la medida, que prometía recaudar varios miles de millones de dólares para compensar la caída de ingresos y cumplir metas con el FMI, terminó en un boomerang político: desató resistencia de las principales corporaciones, reacciones judiciales y una crisis interna que expuso el desorden de la gestión tributaria.
Pazo, cercano al mundo de los seguros y con vínculos previos en el sector financiero, había sido uno de los interlocutores predilectos de Luis Caputo, pero su figura se desgastó en paralelo al conflicto. En los pasillos del Palacio de Hacienda reconocen que la «operación quebrantos» dejó heridos y que su desenlace probablemente derive en un rediseño del esquema recaudatorio. La medida de ARCA puede leerse como una expresión de la contradicción entre la urgencia fiscal del Estado y la llegada de inversiones, en el marco de una inflación persistente y la falta de actualización real de las variables nominales.
Es contradictoria además con la anunciada baja de Ganancias a los grandes grupos empresarios, incluida en la reforma laboral.
Carlos Presti asumió como ministro de Defensa pero con un dato que marca la creciente tensión interna dentro del universo castrense. La ceremonia, que contó con el embajador de Estados Unidos en Argentina Peter Lamelas, pero contó con el vacío del jefe de la Armada.
Esto confirma el adelanto exclusivo de LPO respecto del enojo en las Fuerzas Armadas con la nueva conducción del ministerio que se explica por dos razones. Por un lado, hay una marcada molestia porque Presti no quiere dejar el cargo militar e inventó una figura legal para mantener su rango en paralelo de su cargo político que se llama «estado de disponibilidad».
Los militares remarcan que no está previsto que un oficial en actividad ocupe un ministerio y ahora creen que cualquier decreto que firme Presti politizará a las fuerzas armadas. Por eso prefieren que sea un militar retirado.
La otra razón es que el ministro no hizo la limpieza que esperaban los uniformados y hablan de una «purga quirúrgica» que no responde a las necesidades de las fuerzas sino de una estrategia para contener intereses particulares y frenar la bronca por la decision de no retirarse para asumir el cargo político.
Ahora, un militar en actividad explicó a LPO que en la Armada están muy molestos porque consideran que no se les reconoció su apoyo al plan y existe malestar general porque «se percibe que a los militares se les utiliza y luego se les descarta».
Se prevé un presupuesto limitado, lo que sugiere que el puesto será sacrificado para proteger a figuras políticas. Hay expectativa por la ceremonia de cambio de mando en la Armada, especialmente por la reacción de Alievi
«Se prevé un presupuesto limitado, lo que sugiere que el puesto será sacrificado para proteger a figuras políticas. Hay expectativa por la ceremonia de cambio de mando en la Armada, especialmente por la reacción de Alievi», anticipan.
Jura de Presti.
En efecto, el vacío vino mas de lado la Armada que no mandó ni al jefe ni al subjefe y dicen que el jefe Carlos Alievi se siente traicionado. Un miembro de esa fuerza dijo a LPO que «fue el que mejor hizo los deberes, les saco hasta los celulares oficiales a los que por cargo tenían derecho a tenerlo, suprimió los seis meses de licencia extraordinaria antes del retiro, algo que las otras dos fuerzas mantienen, suprimió comisiones y viajes al exterior para todos».
«Habrá que ver como reciben a Presti el lunes a las 11 cuando venga al edificio Libertad a poner en posesión del cargo al nuevo jefe de la Armada», advierte.
La comparación que circula por estas horas dentro de las fuerzas es la de la asunción de Jorge Taiana que contó con la presencia del jefe del Estados Mayor Conjunto y los jefes de las fuerzas con el de Presti donde más presencia de funcionarios políticos.
Juan Pazo ya decidió que quiere dejar la conducción del organismo recaudador. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es uno de los lugares de mayor poder real del Estado. Por eso sorprende su decisión. «Nadie deja ese lugar», afirmó a LPO un veterano de la ex AFIP.
Pazo es uno de los hombres de mayor confianza de Toto Caputo, con quien comparte incluso negocios en el sector agropecuario. Su paso por ARCA no fue sencillo porque tuvo que compartir poder con Santiago Caputo que puso a los titulares de la DGI y la Aduana, pero en los últimos tiempos esa tensión estaba aplacada.
«Es un cargo de tensión permanente», explicó a LPO un funcionario que conoce a Pazo. En efecto, el adelgazamiento del superávit esta generando una presión adicional sobre el organismo recaudador que viene presionando a las grandes empresas con supuestas deudas de impuestos por sumas tan importantes que el tema ya se trató en la cúpula de la UIA.
La decisión podría anunciarse la semana próxima y como reemplazante se menciona a Juan Waisman, un empleado de carrera de la ex AFIP que hoy trabaja como jefe de Gabinete de Karina Milei.
En el máximo nivel analizan que lugar ofrecerle a Pazo para que continúe en el gobierno. Se menciona la posibilidad que se sume al directorio del Banco Nación, el BICE o alguna dependencia de la Cancillería con vínculo con las empresas.
La versión fue desestimada por un antiguo compañero de trabajo de Waisman. «No lo veo conduciendo ARCA, no creo que quiera», afirmó.
«Es raro que Karina se meta en un lugar de Toto, ella no quiere conflictos con Luis y se lleva muy bien», agregó a LPO un funcionario libertario.
Mientras tanto, en el máximo nivel analizan que lugar ofrecerle a Pazo para que continúe en el gobierno. Se menciona la posibilidad que se sume al directorio del Banco Nación, el BICE o alguna dependencia de la Cancillería con vínculo con las empresas.
Clarín y La Nación le ganaron la pulseada a IRSA y La Rural y se quedarían con la concesión de Costa Salguero por los próximos 10 años.
El dictamen de adjudicación se publicó hace pocos días y en las próximas semanas podría cerrarse la licitación que salió con un canon base de 120 millones de pesos mensuales. A la compulsa también se había presentado LJM Parking, pero no pasó el filtro: la empresa es conocida por haberse quedado con la licitación de los bajoviaductos del San Martín en Paternal y Villa Crespo, que siguen abandonados.
La oferta de La Rural y Ogden, una sociedad integrada por IRSA y DF Entretainment, era superior a la de Clarín y Nación en 70 millones de pesos, sin embargo, el gobierno porteño la descartó.
DF Entertainment es la Empresa de Diego Finkelstein que se asoció con Live Nation, la mayor productora de espectáculos musicales del mundo y se quedaron con la explotación del Luna Park, que se convertirá en el arena más moderno, con mayor tecnología y mejor ubicación de la Ciudad.
Esto encendió las alertas de La Nación que teme perder espectáculos para el Movistar Arena, que le concedió Rodríguez Larreta y que se ha convertido en una fuente de recursos claves para el grupo de medios. El malestar del grupo se hizo sentir en la administración porteña.
DF Entertainment es la Empresa de Diego Finkelstein que se asoció con Live Nation, la mayor productora de espectáculos musicales del mundo y se quedaron con la explotación del Luna Park. Esto encendió las alertas de La Nación que teme perder espectáculos para el Movistar Arena, que le concedió Rodríguez Larreta.
La Rural, IRSA y DF Entertainment controlan dos de los tres pabellones de exposiciones que hay en la Ciudad. Buscaban sumar Costa Salguero a la Sociedad Rural de Palermo y al Centro de Exposiciones de la Facultad de Derecho. En el caso de Costa Salguero la puja estuvo liderada por La Rural que tiene el 50 por ciento de la sociedad con Irsa y Finkelstein.
Ese proyecto había generado una gran oposición de los vecinos que reclamaron que el predio explotado desde los 90 por Telemetrix se transformara en un espacio verde. Una denuncia en la Justicia terminó frenando la venta de los terrenos.
Durante 4 años siguió extendiéndose la concesión a Telemetrix hasta que Jorge Macri decidió licitarla nuevamente.
Con su oferta de 240 millones de pesos mensuales, Clarín y La Nación calcularon un superávit de 65 mil millones de pesos en 10 años. La Rural-Ogden ofertaron 310 millones de canon que les dio como resultado un déficit de casi 3 mil millones, algo que atribuyeron a un cálculo conservador.
En el gobierno porteño establecieron que la oferta de Clarín y La Nación cumplía con el «estándar de razonabilidad y viabilidad económica» que exigía el pliego y la Ley de compras y contrataciones, según publicó Tiempo Argentino.
A pesar de que la elección de la mejor oferta o la oferta más viable es una atribución del gobierno porteño, es muy posible que el caso sea judicializado por La Rural-Ogden y los plazos de adjudicación se estiren.
Desde el Observatorio por el derecho a la ciudad, señalaron que la nueva concesión «consolida un modelo de ciudad donde los mejores espacios ribereños son gestionados por privados para el disfrute de un sector con capacidad de consumo, postergando la visión de una costanera pública y abierta».
Javier Milei coló en la reforma laboral un artículo que propicia el traspaso del fuero del trabajo a la Ciudad. No fue una imposición, pero tiene la fuerza necesaria para abrir un proceso que empuje la resistencia de los jueces del fuero «nacional» a la órbita de la justicia porteña.
La justicia «nacional» es una rémora de los años previos a la autonomía porteña y sólo existe en la Ciudad de Buenos Aires. En todas las provincias del país la justicia laboral es local. Los jueces «nacionales’ lograron trabar el proceso de autonomía porque no quieren perder un estatus que consideran superior al de jueces porteños, aunque las causas que tratan son exactamente eso: porteñas. No hay nada «nacional» en su fuero.
El artículo 91 del proyecto de la reforma laboral de Milei establece que «la Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias entre la Nación y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
«Una vez formalizado dicho acuerdo, se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución, conforme las previsiones y plazos que surjan de dichos instrumentos», agrega el texto de la norma.
El traspaso es impulsado por los empresarios, que ven al fuero colonizado por una visión anti empresa que favorece la industria del juicio y falla siempre a favor de los trabajadores, en algunos casos con condenas tan exageradas que directamente provocan la quiebra de las empresas. Su traspaso fue uno de los caballitos de batalla de Mauricio Macri mientras fue jefe de gobierno porteño y presidente de la Nación.
Como era de esperar, es resistido por representantes gremiales y abogados laboralistas.
El líder del PRO llegó a quejarse públicamente de la «mafia de los Recalde», en alusión al ex diputado y abogado de la CGT, Héctor Recalde, quien falleció hace poco más de un año, y Leandro Recalde, quien continúa al frente del estudio jurídico de la familia, con el acompañamiento del senador kirchnerista Mariano Recalde. Más allá de la chicana de Macri, lo cierto es que la familia Recalde tuvo una influencia determinante en el fuero.
El artículo 91 del proyecto de la reforma laboral de Milei plantea el traspaso a la Ciudad del fuero laboral «nacional» y una vez concretado este paso su disolución.
El fuero laboral con asiento en Capital Federal tiene 80 juzgados pero alrededor de 30 están vacantes y se especula con que para el 2026 las vacancias treparían al 50 por ciento. Fuentes judiciales dijeron a LPO que «se está produciendo un vaciamiento de hecho», y agregaron que «hay un éxodo» alimentado con concursos tentadores para nuevos magistrados en la Ciudad, que se encuentran en instancia de examen, mejores salarios y la amenaza de quitar el beneficio jubilatorio del 82 por ciento, un detalle por el cual una importante cantidad de jueces habría apurado su retiro.
La jugada de Milei podría caerle como anillo al dedo al PRO, un sector del radicalismo porteño liderado por Daniel Angelici y la rama del PJ que conduce el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos. Sectores con influencia en la justicia local, que históricamente impulsaron una mayor autonomía porteña.
Un dirigente del peronismo porteño reconoció ante LPO que el gobierno libertario «podría haber efectuado el traspaso poniendo un artículo que dijera ‘pásese’ a la órbita de la Ciudad, pero no lo hizo porque se busca una negociación». Para que se implemente el traspaso del fuero laboral, hace falta un convenio o una ley del Congreso, que para mayor prolijidad debería ser ratificada por la Legislatutra porteña.
El senador kirchnerista Mariano Recalde.
El procurador de la Ciudad, Martín Ocampo, explicó a LPO que el artículo 91 de la reforma «está redactado con una técnica jurídica compleja y en los hechos deroga la ley Cafiero implícitamente». La ley Cafiero fue la que instrumentó el proceso de autonomía porteña.
«La ley Cafiero implicaba que, después de la sanción de la autonomía porteña, el Estado nacional hacía reserva de determinadas cosas porque era el distrito donde estaba el Presidente de la Nación pero en la reforma de Milei se establece que la vigencia de la Justicia Nacional del Trabajo está vigente hasta que se acuerde el traspaso», argumentó.
Para que se entienda: la administración de Jorge Macri apoya el traslado del fuero laboral, sólo cuestiona que la manera en que se redactó, parece ratificar la órbita nacional del fuero laboral hasta su traspaso, cuando desde la óptica de la autonomía porteña la situación actual es irregular.
El artículo 91 de la reforma está redactado con una técnica jurídica compleja y en los hechos deroga la ley Cafiero implícitamente.
En ese contexto, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, fue uno de los que empujó desde abril pasado una comisión de transferencias de competencias judiciales integrada por Nación y Ciudad, un ámbito del que participan actores de la justicia ordinaria nacional y también asociaciones involucradas. El objetivo, según fuentes del gabinete de Jorge Macri, «es avanzar en convenios de transferencias».
Desde diciembre de 2024, por lo demás, funciona el fuero local para conflictos individuales con prestación efectiva de trabajo. En la última sesión de ese año, la Legislatura sancionó un código procesal para la Justicia del Trabajo en el ámbito de la Ciudad, con 31 votos a favor y 25 en contra, provenientes del peronismo, la izquierda y un puñado de libertarios. Hubo además dos abstenciones y dos ausencias.
La iniciativa de Milei entusiasma a los empresarios, que ya se habían ilusionado con el fallo Levinas de la Corte Suprema. Ese caso, donde la familia del artista plástico León Ferrari litigaba contra Gabriel Levinas por haber vendido 11 dibujos sin autorización del autor, la Corte Suprema dictó un fallo de profundas implicancias jurídicas y políticas, y determinó que el tribunal de alzada para ese tipo de pleitos de la Justicia Nacional era el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ), es decir, la justicia porteña. Ubicó a la justicia «nacional» en la órbita de la justicia porteña.
Horacio Rosatti.
La definición del máximo tribunal sentó así jurisprudencia para que el TSJ se convierta en el tribunal de alzada de los juzgados del fuero civil, el comercial y el laboral con asiento en el distrito porteño. Uno de los integrantes del Consejo de la Magistratura comentó a LPO que Rosatti, ante el reproche por ese supuesto «traspaso de facto», explicó que él había redactado un fallo que solo había declarado «al TSJ como tribunal de alzada». Pero en el fuero nacional nadie se distrajo con los importantísimos efectos jurídicos del fallo Levinas.
Como toda justicia provincial, la de la Capital Federal también está colonizada por la fuerza política que gobierna el distrito desde hace casi 20 años y ahí radicaba el interés de los empresarios por sacarse el yugo de juzgados más hostiles para escalar hacia tribunales más amigables. De hecho, hasta la familia Macri se sintió complacida con el fallo Levinas porque su apuesta era defenderse en la causa Correo en el ámbito porteño.
En el fuero laboral, el impulso es de oficio porque se considera que el trabajador no tiene los mismos recursos pero, con esto, los juicios contra las empresas se van a empezar a caer, no es lo mismo Paolo Rocca que Paolo el Rockero.
En efecto, cuatro de los cinco miembros del TSJ responden al PRO. Solo a la jueza Alicia Ruiz se le atribuye identificación con el viejo Frente Grande, mientras que Ines Weimberg de Roca, Santiago Otamendi, Marcela de Langhe y Luis Lozano llevan la sombra del partido amarillo.
Estos jueces no son tímidos en su pertenencia ideológica. Este año, sacaron un fallo de gran impacto en el fuero laboral, que marcó un límite al cálculo de intereses en las causas de accidentes de trabajo. «Le marcaron la cancha a los jueces y abogados laboralistas», dijo a LPO un importante abogado del fuero.
En efecto, la llamada industria del juicio, en la que se sospecha se ponen de acuerdo jueces y abogados para fijar sumas exorbitantes y luego repartirse los honorarios, tiene a la industria de las ART al borde de la quiebra, como reveló LPO.
El propio Leandro Recalde advirtió a LPO que el avance del traspaso no es el único objetivo de la reforma y también cargó contra el artículo 82, que establece que el impulso de la causa corresponda a las partes y habilita la «caducidad de instancia». «En el fuero laboral, el impulso es de oficio porque se considera que el trabajador no tiene los mismos recursos pero, con esto, los juicios contra las empresas se van a empezar a caer», dijo, y concluyó que «no es lo mismo Paolo Rocca que Paolo el Rockero».
Andrés Basso.
Como era esperable, este viernes se manifestaron contra el artículo 91 también los jueces de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, encabezados por Andrés Basso.
A través de un comunicado, rechazaron ese apartado de la reforma «de manera categórica» y la consideraron «inadmisible». «Instamos una vez más a que cualquier modificación que se pretenda introducir lo sea dentro de un marco de respeto a las instituciones que garantice la independencia judicial y el no avasallamiento de los fueros nacionales», manifestaron, en un capítulo más de la larga pelea de la justicia «nacional» por mantener su estatus.
La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación de Argentina (Agencia I+D+i) es el nombre completo del organismo que financia proyectos científicos pero el gobierno de Milei dispuso un recorte del 78% de sus fondos y la dejó al borde del cierre. Esta semana, los científicos con proyectos vigentes se enteraron que no habrá más dinero para sus investigaciones (ver informe).
Mientras que el CONICET financia infraestructura, edificios, equipamientos y personal de carrera y becarios, la Agencia invertía en proyectos, o sea, en líneas de investigaciones rigurosamente seleccionadas en distintas ramas del conocimiento desde las ingenierías, la medicina, la biotecnología aplicada al agro, la industria alimenticia y las ciencias sociales, entre muchas más.
En una era donde no abundan los consensos, hay acuerdo sobre la importancia del desarrollo científico y tecnológico y el conocimiento como valor estratégico. Pero en Argentina esa capacidad de investigar que es muy destacada a nivel mundial ahora se puso en jaque: vislumbramos un panorama sombrío sin fondos para sostener los equipos andando, reparar los que necesiten ajustes o renovar los que estén obsoletos, contó a LPO Fabio Busnengo, investigador principal del CONICET y director del Instituto de Física Rosario.
«La física es una ciencia experimental y las preguntas surgen en medio de los experimentos, por eso es fundamental contar con equipos funcionando y que sean modernos para hacer una ciencia competitiva a nivel internacional para no hacer cosas que a nadie le interesa y se saquen conclusiones que ya han sido sobrepasadas», agregó el investigador.
Vislumbramos un panorama sombrío sin fondos para sostener los equipos andando, reparar los que necesiten ajustes o renovar los que estén obsoletos
En el predio de la Ciudad Universitaria de Rosario se encuentran las doce Unidades Ejecutoras de CONICET que, a su vez, se dividen en Institutos y ocupan sofisticados edificios con modernos laboratorios, instalaciones de experimentación, archivos y docencia. Entre otros tantos, hay un Instituto de Ciencia de los Materiales y sus trabajos se utilizan en la industria y la construcción. Periódicamente se hacían mesas de trabajo con pequeñas y medianas empresas que exponían sus necesidades y los científicos explicaban sus avances. Todo eso ahora quedó sin financiamiento.
Informe sobre subejecución presupuestaria y recortes en Ciencia y Tecnología
«Sin fondos, comienzan a faltar equipamiento, insumos, gases, drogas para sintetizar nuevos materiales y todo eso sale carísimos. Por eso es imprescindible el financiamiento del Estado. Ahora, el gobierno quiere que la Agencia se autofinancie con fondos que aporten las empresas. ¿Qué empresario va a poner fondos en investigación básica cuando un proyecto es un viaje a lo desconocido con resultado incierto?», se preguntó Busnengo que hace esfuerzos para explicar lo evidente.
Guillermo Labadie es químico y dirige el CONICET Rosario. Se especializa en el desarrollo de medicamentos para enfermedades desatendidas por la industria farmacológica como el chagas parasitosis, tuberculosis y cánceres. En diálogo con LPO, explicó cómo funcionaba la Agencia I+D+i:
«Todos los años se abría la convocatoria para proyectos que se seleccionaban mediante rigurosos concursos. Los elegidos recibían los fondos y se ejecutaban los proyectos que duraban entre 3 y 4 años. Durante ese tiempo, los equipos tenían la obligación de presentar informes periódicos que eran evaluados por pares y científicos del exterior», detalló Labadie.
«Una vez que se establecen los planes en Ciencias y Tecnologías se consideran áreas prioritarias, se privilegian ciertas temáticas sobre otras, se definen temas abiertos y se buscan propuestas que se consideren oportunas, eso es potestad de cualquier gobierno. Eso es delimitar un plan científico. Lo que se hace ahora es directamente vaciar a la ciencia», consideró.
Un dato fundamental que aportó el director del Conicet Rosario es que la Agencia I+D+i se manejaba históricamente con créditos del BID de afectación específica y sus recursos no se pueden desviar y si las partidas no se transfieren, el Estado las tiene que devolver. Como este año se subejecutaron los fondos y se paralizaron investigaciones cuando estaban los recursos, el gobierno le va a tener que devolverle al BID esos fondos. Tampoco se pidió la partida para el 2026 y eso significa la paralización de proyectos y pérdida de muchos avances.
la Agencia I+D+i se manejaba históricamente con créditos del BID de afectación específica y sus recursos no se pueden desviar y si las partidas no se transfieren, el Estado las tiene que devolver. Como este año se subejecutaron los fondos y se paralizaron investigaciones cuando estaban los recursos, el gobierno le va a tener que devolverle al BID esos fondos
Por otro lado, el sistema científico colabora en el concierto internacional. Ahora el desfinanciamiento de la investigación abrirá una nueva era de éxodo de científicos argentinos a Europa, Estados Unidos u otros destinos con posibilidades.
Hasta ahora, Argentina era un lugar atractivo para científicos latinoamericanos que venía a especializarse y a investigar en el país. En diálogo con LPO, el especialista en Historia de la Educación Gustavo Adolfo Parra de Colombia estudia las transformaciones pedagógicas en la escuela secundaria entre las décadas de 60 y 70. La investigación obtuvo financiamiento de la Agencia para el período de marzo 2024 a febrero 2027, fueron uno de los últimos grupos que consiguieron beca y se la suspendieron a los pocos meses.
Con los recortes de Milei, las condiciones cambiaron significativamente. Además del vaciamiento financiero, a los extranjeros se les suma el inconveniente de que la Agencia no emite los recibos de sueldo desde febrero de este año. Sin poder comprobar que trabajan, no pueden pedir la residencia definitiva y se les complica renovar la transitoria.
Además, los ingresos de los becarios se congelaron en los 800 mil pesos promedio y lo tienen que hacer alcanzar para la subsistencia y también pagar los seminarios que tienen que cursar para su formación doctoral que para los extranjeros es una cuota más elevada. La matrícula ronda los 550 mil pesos por cuatrimestre y a veces tienen que viajar a otras universidades para cursar, contó Gustavo.
Otro caso similar es el de Eva Soto, también colombiana, que se especializa en biomedicina y estudia el cáncer de mama triple negativo y el reposicionamiento de fármacos. Eva investiga cómo actúa la microbiota insestinal y tumoral para identificar la reacción con los fármacos y la manera en que los microorganismos del intestino pueden favorecer o no a los tratamientos oncológicos.
La duda que tiene Soto y la mayoría de los investigadores es el lugar que le dará el gobierno a la ciencia básica porque sus voceros hablan solo de la aplicada cuando la ciencia básica es la que le da el andamiaje a la industria farmacológica, por ejemplo.
Pareciera que ni las entidades del campo ni los industriales reivindican esta alianza que tantos beneficios les han generado. Al menos en sus reclamos más aireados que no van más allá de la eliminación de las retenciones.
Para su trabajo Eva necesita del laboratorio e insumos para seguir investigando. Una de las líneas que siguen atentamente son las nuevas bacterias resistentes a los antibióticos, un tema que le quita el sueño a la ciencia internacional y que se está estudiando en los laboratorios del CONICET Rosario.
En el recorte cayeron institutos que hicieron grandes aportes al campo y a la industria. El más reconocido por su impacto internacional fue el Trigo HB4, un proyecto que condujo la biotecnóloga de CONICET Santa Fe Raquel Chan y al que se sumó Bioceres en su tiempo de esplendor. Como ese, hay cientos de descubrimientos que se cimentaron en los laboratorios argentinos y que le dieron impulso al engranaje productivo más allá de los vaivenes políticos.
Sin embargo, pareciera que ni las entidades del campo ni los industriales reivindican esta alianza que tantos beneficios les han generado. Al menos en sus reclamos más aireados que no van más allá de la eliminación de las retenciones.
El recorte a la ciencia del presupuesto 2026 ronda los 300 millones de dólares, poco más de la mitad de lo que representará para la recaudación la reducción de retenciones a las exportaciones de cereales y derivados de entre 2 y 3 puntos como anunció Toto Caputo esta semana. La Bolsa de Comercio de Rosario calculó en 511 millones de dólares que el Estado no recaudará.
Como sea, Argentina no podría haberse convertido en uno de los países líderes de la siembra directa sin la ciencia y la tecnología que permitió expandir los límites agrícolas y potenciar los rindes y convertir a la agricultura en la principal fuente genuina de dólares. A pesar de ello, los gobiernos provinciales tampoco son muy efusivos en el reclamo al gobierno nacional.
