Autor: Invitad@ Especial

 

Donald Trump anunció que capturó a Nicolás Maduro y lo sacó de Venezuela, en un desenlace impactante del cerco que había montado sobre el régimen chavista. La operación fue precedida por un ataque a larga escala de aviones y helicópteros norteamericanos sobre Caracas, que llamativamente no recibieron ninguna respuesta por parte de las Fuerzas Armadas de Venezuela.

En un mensaje difundido en su red social Truth publicado a las 4:30 de la madrugada, Trump anunció que Maduro «fue, junto con su esposa, capturado y trasladado fuera del país»

«Esta operación se realizó en conjunto con las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos», dijo el presidente norteamericano y anticipó que «los detalles se darán a conocer más adelante». En ese sentido, dijo que habrá una conferencia de prensa este sábado a las 11 en Mar-a-Lago.

Luego, en un intercambio telefónico de 50 segundos con el periodista Tyler Pager del New York Times, Trump agregó que la captura fue el resultado de «un montón de buena planificación de excelentes tropas y gente». «De hecho, fue una operación brillante», agregó. 

La procuradora trumpista Pam Bondi, anunció que Maduro y su mujer enfrentan cargos por narcotráfico y narcoterrorismo en la poderosa fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y deberá enfrentar un proceso judicial en los tribunales de Estados Unidos. 

Afirman que la CIA atacó con drones a un puerto de Venezuela 

La vicepresidenta Delcy Rodríguez, dijo en un mensaje telefónico transmitido por la televisión estatal VTV que el país sufrió «un taque aéreo brutal» por parte de Estados Unidos contra Caracas y exigió al gobierno de Donald Trump una «prueba de vida inmediata de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores».

«Desconocemos el paradero de Nicolás Maduro y la primera combatiente, Cilia Flores. Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata del presidente Maduro y de la primera dama», dijo Delcy, quien describió el ataque como una «violación flagrante del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas». 

Desconocemos el paradero de Nicolás Maduro y la primera combatiente, Cilia Flores. Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata del presidente Maduro y de la primera dama.

«En la madrugada del día de hoy, el gobierno de los Estados Unidos dio el paso en falso que Venezuela ha venido denunciando y lanzaron un ataque aéreo brutal violando todas las normas del derecho internacional», afirmó.

«La cuna de nuestro padre libertador, la capital Caracas, fue atacada, la capital ciudad que vio nacer al libertador de la patria grande y el hombre más grande en nuestro continente ha sido vulnerado», agregó Delcy Rodríguez, que por ahora está a cargo del gobierno de Venezuela.

Ahora el interrogante es si la salida de Maduro abre un etapa nueva en la que la oposición pueda tomar el poder a partir de nuevo proceso electoral, la resistencia que las Fuerzas Armadas y la estructura de poder chavista puedan poner a esa estrategia o si inicia una etapa de transición interna con liderazgos que aparezcan dentro de la propia estructura de poder. 

LPO reveló en exclusivo que Trump no confía del todo en los liderazgos opositores actuales y que no quería exponerse a un nuevo Afganistan con militares estadounidenses apostados en el territorio sudamericano como base de apoyo de una presidencia interina débil.

Las figuras a las que hay mirar con atención en este contexto a la propia Delcy Rodríguez, Diosdado y especialmente al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. 

Un importante dirigente de la oposición dialoguista venezolana dijo a LPO en medio de la incertidumbre que no descartan que a Maduro «lo haya entregado» el régimen para descomprimir la situación de tensión que se vive hace más de dos meses. «Probablemente vayamos hacia un régimen mucho más oscuro y cruento», advrtió. 

Maduro fue, junto con su esposa, capturado y trasladado fuera del país.

Por otro lado, un funcionario del chavismo se reconoció sorprendido ante la operación y dijo LPO: «Yo imaginé que los estadounidenses iban a bombardear Venezuela, pero no me esperaba que iban a llevarse a Nicolás». 

Pero por ahora, esas figuras claves del régimen parecen mantenerse en una posición de confrontación con Trump. Antes que el presidente de Estados Unidos anunciara la captura de Maduro, el gobierno venezolano emitió un comunicado oficial en el cual repudiaba la «gravísima agresión militar» perpetrada por el gobierno de los Estados Unidos.

Diosdado Cabello, hombre fuerte del régimen, incluso instó a la movilización de las milicias y fuerzas de seguridad para «defender la soberanía nacional ante el ataque imperialista».

Pero su aparición en la madrugada, en calma y rodeado de militares, alimentó las especulaciones sobre un pacto de este militar con la administración Trump.

Miembros de la seguridad de Maduro en la entrada del Palacio Miraflores.

Como sea, la caída de Maduro es un acontecimiento político mayúsculo de consecuencias todavía difíciles de proyectar, que puede generar efectos notables en el mercado petrolero y en el tablero regional, que obserba como Estados Unidos regresó a sus épocas de intervención directa  en Latinoamérica. 

Esta escalada se intensificó durante la primera quincena de noviembre cuando Estados Unidos desplegó el portaaviones USS Gerald Ford a las costas de Venezuela. Luego,  Trump avanzó en la incautación de buques petroleros sin bandera que el régimen chavista utilizaba para eludir las sanciones y enviar barriles a países aliados como Irán, China o Cuba.

Washington inluso incautó con un barco que iba a China y no estaba en la lista de naves sancionadas por el Departamento del Tesoro. Esto generó la furia del gigante asiático que declaró su apoyo a Maduro y su gobierno, como lo hizo Rusia. Un apoyo retórico, que hasta ahora no pareció intimidar a Trump.

La última ofensiva conocida fue el ataque de la CIA con drones a un puerto donde supuestamente operaba El Tren de Aragua, este cartel de droga que Estados Unidos dice que está controlado por el chavismo, pero que muchos dudan de su existencia. Como sea, ese fue el primer ataque en tierra desde el inicio de la escalada militar que lanzó Trump y que esta sábado coronó con la captura de Maduro en un operativo cinematrográfico que hace acordar al secuestro del general Noriega de Panamá.

Simpatizantes de Maduro, lamentan su captura en las calles de Caracas.

 

 

Las declaraciones de Javier Milei al periódico británico The Telegraph en donde sostuvo que las Malvinas tienen que ser argentinas «cuando los isleños lo deseen», disparó un fuerte rechazo en los ex combatientes.

En La Plata, este viernes el Centro de Ex Combatientes (Cecim) le envió al Presidente una carta documento exigiéndole que en 24 horas se retracte de sus dichos, bajo apercibimiento de denunciarlo penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

«Usted falta el respeto a la memoria de los ex combatientes de Malvinas, a los caídos, a quienes yacen en nuestras Malvinas. Tal desprecio merece la tacha de infamia y la coloca en situación de traición a la Patria», acusaron desde Cecim La Plata en la carta documento enviada a Milei.

En la entrevista a The Telegraph, el libertario dijo estar negociando con los británicos el levantamiento de la restricción de armas que tiene el país por la guerra de Malvinas y volvió a defender la autodeterminación de los kelpers.

Frente a eso, en el Cecim La Plata denunciaron a Milei por incurrir en un «flagrante incumplimiento de los deberes de funcionario público», en los términos del artículo 248 del Código Penal.

 Vemos con estupor y suma preocupación cómo usted, siendo presidente de la Nación, por tanto, plenipotenciario, se expidió en los términos en que lo hizo ante la prensa británica 

Los ex Combatientes de Malvinas citaron la Disposición Transitoria Primera de la Constitución que establece que Argentina «ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur».

Así, señalan que, si bien la norma exhorta a respetar el modo de vida de los habitantes de las islas, «nunca, bajo ningún punto de vista ni fundamento, sus deseos».

Además, le exigieron a Milei que cumpla con la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y con la Resolución 41/11, que revitaliza la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur.

Milei dice que las Malvinas tienen que ser argentinas «cuando los isleños lo deseen»

«Vemos con estupor y suma preocupación cómo usted, siendo presidente de la Nación, por tanto, plenipotenciario, se expidió en los términos en que lo hizo ante la prensa británica», cruzaron en el Cecim.

Ya en abril de 2025, durante el acto central por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas , Milei reivindicó la autodeterminación de los isleños, lo que le valió una denuncia por parte de ex combatientes. 

 

 

La policía del gobernador chaqueño Leandro Zdero quedó envuelta en medio de una crisis inédita luego de que un grupo de policías se quisiera robar 9 kilos de cocaína que iban a ser incinerados en la primera quema de drogas de la fuerza local.

El ministro de Seguridad de la provincia, Hugo Matkovich, estuvo semanas atrás con Patricia Bullrich en el traspaso de mando con Alejandra Monteoliva y elogió a la actual senadora justamente por la pelea contra el narcotráfico.

«Su gestión dejó un rumbo claro: combatir al narcotráfico, enfrentar al crimen organizado y garantizar que en la Argentina el que las hace, las paga», dijo Matkovich tras reunirse con Bullrich.

Pocos días después la policía que depende de él protagonizó un escándalo digno de un capítulo de Los Simpson, cuando fueron captados por las cámaras de la TV local mientras querían hacer pasar ladrillos de yeso por la cocaína que debían incinerar.

En el caso interviene la jueza federal Zunilda Niremperger, que ya procesó a siete policías implicados en el escándalo, con una prisión preventiva por 100 días.

Ellos son el comisario Rubén Héctor César Alegre; el subcomisario Franco Andrés Ramírez; el oficial principal Lucas Exequiel Martínez; el sargento Gustavo Jesús Acosta; los cabos primeros Juan Nicolás Almirón Núñez y Gustavo Andrés Quizama; y el cabo Néstor Ariel Urne Cantero.

Los siete policías fueron procesados por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por el número de partícipes y la calidad de funcionarios públicos encargados de la prevención y persecución de justamente este tipo de delitos.

Bullrich junto al ministro de Seguridad de Chaco, Hugo Matkovich.

Un ex diputado peronista dijo a LPO que aún para el historial de la policía chaqueña esto fue demasiado. «La cana siempre separó un poco de falopa en los procedimientos y luego se los » plantan» a algunos narcos si les fracasa algún procedimiento, pero esto ya fue demasiado, se bandearon totalmente», reconoció el ex legislador.

Fuentes de Chaco aseguraron a LPO que, como parte de la ruta de marihuana de Paraguay, en Castelli ya metieron preso al fiscal antinarco porque tenía 200 kilos de la droga. 

 

 

La descontrolada interna de La Libertad Avanza en Olavarría terminó por explotar en el arranque de año con la denuncia de la concejal Adela Casamayor que, horas después de posar para una foto que anunciaba la reunificación del bloque libertario, acusó que fue llevada a esa instancia bajo «aprietes» y «amenazas».

La denuncia recae contra Pablo Di Salvo, concejal de Azul que hace diez días fue nombrado por Sebastián Pareja como coordinador libertario en la Séptima sección (centro bonaerense) y que llevó la orden del armador de Karina Milei de concentrar en un mismo bloque a los concejales libertarios divididos en Olavarría.

«No estaba de acuerdo con la orden que había bajado Pareja. Le pregunté a Di Salvo qué pasaba si no me integraba al bloque y me respondió que me tenía que echar del partido. Fue un apriete», dijo Casamayor a LPO, al revelar detalles de la reunión intempestiva que el emisario de Pareja armó el miércoles 31 en un bar olavarriense.

Tanto Casamayor como el concejal Marcelo Petehs conforman el bloque «Por Más Libertad», tras romper con la coordinadora de LLA en Olavarría, Celeste Arouxet, a quien acusaron por maltrato y violencia verbal. «Arouxet ha llegado a echarme en cara el sueldo que cobro como concejal, como si me lo pagara ella», dijo Casamayor.

La foto de la discordia. Casamayor (segunda, de derecha a izquierda) en la imagen que LLA difundió para informar la reunificación del bloque. Arrepentida, la concejal dijo a LPO: «Fue un apriete, fue horrible».

Sin repararse las tensiones internas que originaron la ruptura, Di Salvo llamó a un encuentro entre todos los concejales para apurar la unidad ordenada por Pareja a horas del año nuevo.

A pesar de las versiones de cambio, tanto Arouxet como su mano derecha, el concejal Guillermo Lascano, fueron ratificados como referentes locales por Di Salvo, quien -sostienen- cultivó un aceitado vínculo con Lascano, el azuleño como jefe regional de Pami y el olavarriense como jefe local de la obra social de los jubilados.

Así, la unidad exigida en el Concejo implicaba una jefatura de Lascano, quien volvió a su banca en noviembre último, cuando el edil que lo suplantaba, el médico Oliver Gamondi, estaba a punto de sumarse al bloque Por Más Libertad de Casamayor.

Esa foto fue horrible. Cuando llegué a mi casa con 16 de presión pensé que había que salir a denunciar lo que está pasando

A pesar de levantar su licencia, Lascano no renunció a su cargo en el Concejo, dato criticado en la interna. «En la campaña de 2023 lo matamos a (el actual intendente, el camporista Maximiliano) Wesner porque era concejal y estaba en Anses y ahora Lascano está haciendo lo mismo, volvió al Concejo y sigue en Pami», dijo Casamayor.

Frente a eso la concejal libertaria denunció: «La casta está manejando La Libertad Avanza en Olavarría».

En la reunión del 31, Casamayor se negó de entrada a un acuerdo que, además, implicaba que su bloque pierda un secretario. «Pero Marcelo (Petehs) bajó los decibeles, sugirió esperar a ver cómo funcionaba el interbloque. No estaba de acuerdo pero, como es el jefe del bloque, lo respeté», dijo la concejal.

Karina tuvo que suspender una visita a Olavarría, tras un pedido de los candidatos para que no los hunda

Fue ahí donde Di Salvo y Lascano pidieron abrir las instalaciones del Concejo para tomarse la foto de unidad que difundieron a los medios locales a minutos del año nuevo. «Fue horrible», dijo Casamayor. Y agregó: «Cuando llegué a mi casa con 16 de presión pensé que había que salir a denunciar lo que está pasando».

Tras exponer su arrepentimiento y denunciar amenazas para prestarse a esa foto, Casamayor fue expulsada de La Libertad Avanza este viernes.

«Casamayor viene priorizando posicionamientos y proyectos de carácter personal», dice el comunicado de LLA-Olavarría que, al argumentar la expulsión, habla de «una situación ya existente: su apartamiento del funcionamiento orgánico del espacio».

 La casta está manejando La Libertad Avanza en Olavarría 

Es curioso el planteo de preexistencia horas después de difundir la foto de un bloque reunificado. Como sea, en la misma comunicación de expulsión, la coordinación local aclara: «La Libertad Avanza no persigue ni sanciona ideas».

Frente a ese comunicado, Casamayor retrucó: «Trabajar así tampoco quiero. Eso no es la libertad, eso no es lo que yo milité, ni parecido. Pero ellos no tienen autoridad para sacarme. El único que lo puede hacer es Sebastián Pareja y, si me saca, lo respetaré pero yo milito las ideas de Milei, cosa que acá no se está haciendo».

La concejal confirmó que permanecerá con el bloque Por Más Libertad, apartado de los libertarios, mientras queda por definir el posicionamiento de Petehs. Además, aseguró haber recibido el respaldo de diversos sectores de la interna libertaria, del PRO y de bullrichistas.

Este escándalo recrudece la fragmentación interna que exponen los libertarios tanto en Olavarría como en toda la Séptima, la única sección donde LLA no logró meter bancas en la Legislatura durante las últimas legislativas provinciales. 

 

 

El recorte de subsidios energéticos que impulsa el Gobierno nacional es un costo que no desaparece, se traslada. La poda fiscal se ejecuta en el presupuesto nacional, pero el impacto social y político queda radicado en las provincias, que enfrentan facturas impagables, picos de consumo y la presión directa de los usuarios. 

En 2026, el objetivo oficial es reducir los subsidios energéticos del 0,9% del PBI en 2025 al 0,5%, una baja de 0,4 puntos del producto, equivalente a varios miles de millones de dólares. Ese ahorro no es neutro territorialmente: golpea más fuerte donde la energía es más cara, más intensiva o directamente no hay alternativas. 

El nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) unifica electricidad, gas, Programa Hogar y propano en redes, elimina la segmentación N1-N2-N3 y deja solo dos categorías: usuarios con subsidio y sin subsidio. En los hechos, reduce volumen subsidiado y achica coberturas, sobre todo en los meses de menor consumo «teórico», que en muchas provincias no coinciden con el consumo real. 

El 43,9% de los hogares argentinos no tiene acceso a gas natural por redes. Y el ajuste es todavía más crudo en el Programa Hogar, que cubre a los hogares que usan garrafas de GLP. En diciembre de 2025 alcanzaba a 3,9 millones de hogares, con una cobertura que llegó a representar solo el 8,5% del precio final de la garrafa, cuando en 2022 cubría cerca del 80%. El precio promedio nacional de la garrafa rondaba los $20.852, lo que implica que el subsidio efectivo había quedado reducido a un monto marginal . 

Con el nuevo esquema, el beneficio pasa a cubrir el 50% del precio, pero con un límite mucho más restrictivo:  Hasta dos garrafas mensuales solo entre mayo y septiembre, una garrafa mensual el resto del año.

A esa transferencia silenciosa de costos se suma el capítulo del gas natural, donde el nuevo esquema también introduce tensiones crecientes. Desde 2026, la bonificación al consumo de gas por redes queda acotada a los meses de mayor demanda, entre abril y septiembre, mientras que durante el resto del año los hogares deberán afrontar el precio pleno del PIST. 

En términos prácticos, esto implica que en los meses templados, cuando el consumo no desaparece pero deja de estar subsidiado, las facturas pueden registrar saltos interanuales de hasta el 40%, incluso en usuarios de ingresos medios y bajos. 

La secretaria de Energía, María Tettamanti

La situación es aún más incierta en las zonas abastecidas por propano en redes: aunque el nuevo régimen de subsidios energéticos focalizados incluye formalmente a este segmento, la Secretaría de Energía todavía no reglamentó el mecanismo de bonificaciones ni el sendero de precios. 

Ese vacío normativo deja a miles de usuarios, mayoritariamente en provincias sin acceso al gas natural, expuestos a aumentos discrecionales y sin un marco claro de protección tarifaria, trasladando nuevamente la presión política y fiscal a los gobiernos provinciales.

Eso implica consumos eléctricos estructuralmente más altos, justo cuando el esquema nacional reduce el bloque subsidiado. Con el nuevo esquema, en 2026 la bonificación eléctrica cubre 300 kWh/mes en meses de verano e invierno y 150 kWh/mes en meses templados. 

    

Para un hogar que consume alrededor de 300 kWh mensuales, la consecuencia es directa: en los meses templados, la mitad del consumo pasa a pagarse a precio pleno. Para usuarios subsidiados, eso genera aumentos interanuales de entre 56% y 61% en esos meses, según las proyecciones de un informe elaborado por ex funcionarios de la Secretaría de Energía. 

Por eso empiezan a aparecer fondos compensadores provinciales, descuentos transitorios y parches fiscales locales que, en la práctica, reponen parte del subsidio que Nación quitó.  E

El caso de Santiago del Estero es ilustrativo. El gobierno provincial anunció un 40% de descuento en la tarifa eléctrica por dos meses, financiado con recursos propios y visible en la factura como «Fondo Compensador Estival Provincial». La medida alcanza a usuarios residenciales de todos los niveles de consumo y busca amortiguar el impacto de las temperaturas extremas.  

«Acá hay una decisión nacional de recortar subsidios y el costo se traslada directo a las provincias con menos infraestructura. Lo que antes se financiaba con recursos del Estado nacional hoy se convierte en más presión sobre los presupuestos provinciales y, en última instancia, sobre las boletas que pagan las familias. Por eso es necesario que los gobernadores se pronuncien con claridad: no se puede aceptar en silencio que el ajuste se descentralice para que el costo político lo paguen las provincias», acusó un diputado peronista. 

La lectura que hacen desde las provincias es que el recorte de subsidios no es solo una decisión fiscal: es una redistribución territorial del costo. Golpea más fuerte donde no hay gas por red, el consumo eléctrico es estructuralmente alto y los ingresos promedio son más bajos. 

 

 

 La caída del juicio abreviado contra el financista Luis Herrera y sus dos hijos provoca una crisis que tiene impacto institucional. El defensor de los acusados de estafar a un centenar de ahorristas declaró que el fiscal regional de Rosario los metió en una trampa a sus clientes. Primero al avalar ante él mismo y los fiscales del caso la celebración de un acuerdo en el que sus defendidos aceptaron los delitos. Pero luego al quitarle su respaldo de manera repentina y con argumentos endebles.

El fiscal regional de Rosario Matías Merlo rechazó este lunes que la Unidad Fiscal de Delitos Económicos cierre un juicio abreviado hacia Luis Herrera al que los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja le acordaron una pena de cinco años de cárcel y una pena condicional para sus hijos que con ella quedarían en libertad. Los Herrera están acusados por administración fraudulenta y lavado de activos por un perjuicio de entre 30 y 60 millones de dólares contra unas 150 víctimas.

Una situación que añade perplejidad es que hace tres días a pedido de la misma fiscalía actuante, con el abreviado cuestionado, a los tres imputados les prorrogaron la prisión preventiva hasta el 14 de abril. Cuando el acuerdo firmado a dos de ellos les aseguraba irse en libertad.

Cuando trascendió que el abreviado estaba en marcha un grupo de damnificados cuestionó por muchos motivos que se eligiera este tipo de cierre al caso. Sobre todo porque se trataba de delitos de gran conmoción pública que merecían ventilarse en un juicio oral y público, y no en un acuerdo de partes de limitada publicidad.

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Pero lo que afirma el defensor de los imputados, Gustavo Franceschetti, es que el fiscal regional Matías Merlo los colocó en una posición de efectos irreversibles en cuanto al derecho de defenderse. «Mis representados fueron conducidos a una trampa en la que se han quedado sin un juicio justo y sin un tribunal imparcial. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) les hizo una propuesta de abreviado a Luis Herrera y sus hijos que era difícil de rechazar. Y una vez que la aceptaron, se echaron hacia atrás, lo hicieron público y ahora no hay juez en toda la provincia que no se haya enterado», le dijo a LPO.

¿Qué quiere decir esto último? Que ahora los Herrera serán juzgados en forma oral y pública, dice Franceschetti, por jueces que ya saben que ellos aceptaron declararse culpables. Y que esa circunstancia tiene un peso demoledor en la futura sentencia.

Dos discusiones

Este es un debate que es trascendental en términos de los procedimientos con que se juzgan a las personas en Santa Fe. Es algo que corre por otro andarivel de los hechos que se le atribuyen a los tres imputados y de la prueba que hay contra ellos a la que este medio se refirió reiteradamente. El problema institucional, dice el defensor, es que el fiscal regional de Rosario comprometió que el abreviado avanzara y finalmente volvió sobre su propia decisión, cuando los imputados ya tenían firmado el acuerdo.

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Este viernes LPO le consultó a Merlo sobre su decisión. «Antes de avalar cualquier abreviado tenemos que tener la conformidad de las víctimas. Más en los casos de multiplicidad de víctimas. Debemos constatar que la respuesta sea ajustada a derecho y después se toma decisión. En este caso no se cumplía esa circunstancia y no había una reparación a las víctimas», sostuvo Merlo.

«No se advierte una concreta voluntad de resarcimiento. Los bienes cautelados se hallan sujetos al proceso concursal y no podrían ser objeto de disposición, lo que vuelve ilusoria cualquier compensación penal anticipada», escribió Merlo en los fundamentos del rechazo.

El defensor de los Herrera es un abogado que es docente de la Facultad de Derecho de la UNR y fue dos períodos jefe de la Defensa Pública de Rosario entre 2011 y 2023. El remarca con contundencia que Merlo había convalidado ante los fiscales Moreno y Narvaja la salida del juicio abreviado en una reunión en la que él estuvo presente.

«No pueden titubear»

«Las autoridades del MPA tienen la facultad de ir a juicio o de ofrecer una propuesta alternativa. Lo que no puede hacer es titubear, faltar a la palabra. Esas marchas y contramarchas generan expectativas y daños irreversibles. Las razones que dio la Fiscalía Regional para no avalar el acuerdo, estaban presentes desde el minuto uno, no eran desconocidas», remarcó Franceschetti.

«Solo un 25 por ciento de los querellantes manifestó disconformidad con el acuerdo del abreviado y se sabe que para que sea viable tiene que haber una mayoría de aceptación. En un caso con casi 200 querellantes, donde era seguro que no todos iban a estar de acuerdo, es obvio que se obtienen avales previos y supongo que no caerán en la bajeza de negarlo», enfatizó el defensor.

Merlo, que acaba de quedar por concurso como fiscal regional tras haber estado interino en el mismo cargo, le dijo a LPO lo contrario de Franceschetti. «Uno está tranquilo con lo que resuelve. No había esa mayoría. La respuesta no era la más justa por el daño ocasionado», afirmó.

Según plantea Merlo 33 querellantes aceptaron el abreviado, mientras que 27 se opusieron formalmente. El resto de las víctimas, unas 350 en total, no estaban constituidas como querellantes o no expresaron postura alguna. Eso para la fiscalía es fundamental para el rechazo al abreviado. Franceschetti dice que la ley es taxativa respecto que no expresar posición no puede tomarse como rechazo.

Franceschetti interviene en un caso donde hay sustanciosa prueba contra sus clientes. Pero sostuvo que no siempre la aceptación de un abreviado tiene que ver con reconocerse como culpable sino con optar por la situación menos opresiva. «Luis Herrera y sus hijos están en prisión preventiva hace un año. Según los tiempos de la Justicia rosarina, el juicio recién se podría hacer en dos años más. Entonces les ofrecen asumir responsabilidad a cambio de que obtengan la libertad los hijos, o bien soportar dos años de prisión. Es algo difícil de rechazar. Luis acepta declararse culpable para que sus hijos sean excarcelados. Ellos no se reconocen culpables pero es muy duro soportar tres años de prisión para tener la oportunidad de demostrar la inocencia en juicio».

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El abogado de los Herrera califica como un bochorno institucional la actuación de la Fiscalía Regional de Rosario en esto. «Es escandaloso. El MPA le ha agregado una razón más a la habitual crítica a los acuerdos abreviados. Las personas encarceladas no deciden libremente, quedan contra la espada y la pared, máxime cuando el sistema les ofrece un juicio recién a dos o tres años del encarcelamiento. En estas condiciones, el sistema todo el tiempo se está arriesgando a condenar a inocentes o imponer sanciones más graves de las que corresponden en Derecho. Esto va en contra la naturaleza misma del proceso penal que debe ser una garantía contra estas situaciones. Si además se hace público un acuerdo fracasado, ese riesgo aumenta mucho más», declaró.

Esto lo dice porque partes de la resolución del fiscal regional Merlo que rechaza el abreviado, y con eso mismo reconoce su existencia, fue publicada en diversos medios periodísticos. «Cuando hay un proceso con 140 querellantes uno solo puede haberlo filtrado», dice justamente uno de los querellantes que habló con LPO por este asunto. «Pero por eso es muy complicado para la Fiscalía volver atrás de su compromiso inicial. Es difícil pensar que la fiscalía lo filtró, pero que se haya filtrado revela la ambigüedad de la fiscalía, y además los fiscales intervinientes quedan desautorizados», subrayó el abogado.

Que se escurra el texto de una negociación secreta entre partes es un problema y además un descrédito a futuro para el MPA. «Cualquier juez al que le toque en el futuro este caso sabe que hay tres imputados en juicio que se declararon culpables. Ellos lo hicieron midiendo conveniencias. Pero el efecto es uno solo y es que se asumieron culpables. Acá está el escándalo», dijo Franceschetti.

Esto además es diferente a cuando un tribunal de jueces no homologa un abreviado por defectos legales, como pasa rutinariamente, o como pasó en el caso del abreviado de miembros de la banda de Los Monos. En este caso, remarca la defensa, la Fiscalía primero impulsó el abreviado autorizando a sus fiscales actuantes a firmar el acuerdo. Y después lo rechazó.

«La solución propuesta resulta contradictoria y no se ha demostrado, a la luz de los hechos investigados, una actitud de reconocimiento del daño o arrepentimiento genuino por parte de los imputados hacia las víctimas», indica la resolución del fiscal regional Merlo. Que sobrevino a una reunión en la que participó el mismo Merlo, querellantes y el representante de los imputados. Pocos días después de esa reunión, donde hubo objeciones al acuerdo de algunos querellantes, la fiscalía regional lo rechazó.

«Es un papelón. Indujeron a mis representados a firmar primero, expusieron públicamente que firmaron lo que la fiscalía les propuso, y rechazaron ellos mismos lo que propusieron», dijo Franceschetti. «Este proceder institucional no es sin consecuencias».