Autor: Invitad@ Especial

Axel Kicillof cedió los asientos en organismo de control que reclamaba la oposición y avanza un acuerdo por el presupuesto 2026. Este martes, el proyecto de endeudamiento logró dictamen en la comisión de Presupuesto y podría ser aprobado mañana en Diputados.

El dictamen se logró con los votos de todos los sectores del peronismo más el bloque dialoguista que preside Gustavo Cuervo. El resto de la oposición votó en contra.

El acuerdo se logró tras una confirmación por parte del Ejecutivo por los cargos en organismos de control. La oposición reclamaba la renovación de los ocho directores del Banco Provincia, pero finalmente se acordó ampliar ese directorio a doce, algo que allanó el camino para un acuerdo.

Además, el gobierno también aceptó ocupar los asientos del Consejo de Educación, una estructura con directores que forma parte del ministerio de Educación bonaerense.

La consultora de Lacunza considera excesivo el pedido de endeudamiento de Kicillof a la Legislatura

Según pudo saber LPO, mañana se votará en Diputados los tres proyectos enviados por el gobernador: presupuesto, Ley Fiscal y un endeudamiento por USD 3.035 millones. Las horas que siguen serán cruciales para que el acuerdo se sostenga.

Además, el gobernador aceptó modificaciones respecto del fondo para los municipios. Si bien se mantiene la propuesta del gobierno de que ese fondo quede atado al 8% del endeudamiento, se resolvió que el fondo impacte sobre el 8% de dos proyectos que solicitaban autorización para endeudamiento. Antes era el 8% de USD 1.990 millones y ahora será ese porcentaje de USD 3.035 millones.

Gustavo Pulti.

De este modo, Kicillof se asegura que la Legislatura apruebe un proyecto de endeudamiento paralelo que está en el senado por USD 1.045 millones.

Ese endeudamiento por 1.045 millones es clave para el gobierno por que le permite justificar deuda contraída este año sin autorización de la Legislatura. Durante 2025 , Kicillof no contó ni con presupuesto, ni con autorizaciones de endeudamiento.

LPO adelantó un informe de la consultora Empiria que hace hincapié en este punto. El proyecto del gobierno provincial refiere al pedido de autorización por 1.045 millones como un «monto equiparable a los servicios de deuda pública del ejercicio 2025». Es decir, que pide autorización para tomar deuda que ya contrajo. Para Empiria, esa referencia «resulta extraña teniendo en cuenta que esos compromisos ya vencieron».

Pero, además, ese 8% de USD 3.035 millones serán de libre disponibilidad y no exclusivamente para obra pública como constaba en el proyecto que envió Kicillof a la Legislatura. Eso era un punto importante para los intendentes toda vez que unos 80 de los 135 jefes municipales tienen problemas para afrontar el pago del aguinaldo de diciembre.

Por último, Kicillof aceptó condonar la deuda que los municipios contrajeron con la provincia en 2020 para paliar la crisis que generó la pandemia de covid. Kicillof había recibido millones del gobierno de Alberto Fernández para enfrentar la pandemia, era un fondo que no debía devolver al gobierno nacional. Sin embargo, parte de ese fondo fue a los municipios en calidad de préstamo y con intereses.

La negociación no está cerrada. Las próximas horas serán clave para ver si el acuerdo plasmado hoy conforma a todas las partes. Como dice un experimentado diputado del peronismo en la Legislatura: «no termina hasta que termina».

 Estados Unidos dice estar cerca de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania que podría fin a la guerra después de casi cuatro años. Medios norteamericanos afirman que Ucrania aceptó las condiciones propuestas por Washington pero aún no se oficializa.

Donald Trump sostuvo que «estamos muy cerca de un acuerdo, estamos haciendo progresos» y anunció que enviará al enviado especial Steve Witkoff a reunirse con Vladimir Putin en Moscú y al secretario del Ejército Dan Driscoll dialogar con los ucranianos. 

En su red social, el líder republicano dijo que «durante la última semana, mi equipo ha logrado enormes avances para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania (¡una guerra que jamás habría comenzado si yo fuera presidente!). El mes pasado murieron 25.000 soldados».

El texto continúa: «El Plan de Paz original de 28 puntos, redactado por Estados Unidos, se ha perfeccionado con aportaciones adicionales de ambas partes, y solo quedan unos pocos puntos de desacuerdo. Con la esperanza de finalizar este Plan de Paz, he ordenado a mi Enviado Especial, Steve Witkoff, que se reúna con el presidente Putin en Moscú». 

«Al mismo tiempo, el Secretario del Ejército, Dan Driscoll, se reunirá con los ucranianos. Se me informará sobre todos los avances, junto con el vicepresidente J. D. Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles», agrega. 

Trump quiere que Ucrania le ceda territorio a Rusia y genera el rechazo de Europa

«Espero reunirme pronto con el presidente Zelenski y el presidente Putin, pero SOLO cuando el acuerdo para poner fin a esta guerra sea definitivo o se encuentre en su fase final. Gracias por su atención a este asunto tan importante y esperemos que la PAZ pueda lograrse LO ANTES POSIBLE», cerró.

El líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, por su parte, se declaró «listo para avanzar» con el plan de paz, ya modificado para eliminar los puntos más inaceptables para Kiev.

LPO publicó la semana pasada que el proyecto contempla que Kiev ceda territorio y reduzca a la mitad su ejército. Asimismo, la propuesta exige que Ucrania ceda su armamento de largo alcance, lo que sería prácticamente una rendición. 

El Plan de Paz original de 28 puntos, redactado por Estados Unidos, se ha perfeccionado con aportaciones adicionales de ambas partes, y solo quedan unos pocos puntos de desacuerdo. Con la esperanza de finalizar este Plan de Paz, he ordenado a mi Enviado Especial, Steve Witkoff, que se reúna con el presidente Putin en Moscú

El territorio que EEUU exigiría que Ucrania entregue a Rusia sería toda la región oriental del Donbass , incluso territorios que las fuerzas rusas todavía no han capturado. También limitaría el tamaño del Ejército ucraniano y reconocería la península de Crimea y otras zonas ocupadas como territorio ruso.

La propuesta generó mucho ruido en Europa que se convirtió un actor secundario desde la llegada de Trump a la Casa Blanca. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, dijo que «para que un plan funcione, es necesario que los ucranianos y los europeos se impliquen, eso está muy claro».

En este marco, Francia y Reino Unido han instado a los miembros de la conocida como Coalición de Voluntarios a proporcionar a Ucrania garantías de seguridad sólidas para salvaguardar el hipotético alto el fuego, mediante el despliegue de una fuerza «multinacional». 

La coalición, que reúne a la mayoría de los países europeos, Turquía, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Japón, se reunió virtualmente este martes para debatir el impulso diplomático lanzado por Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de paz, o al menos un alto el fuego. El plan original de 28 puntos, redactado en secreto por funcionarios estadounidenses y rusos , descartaba categóricamente cualquier presencia de la OTAN en suelo ucraniano después de la guerra.

Entre Alaska y Tianjin. Realismo o irrelevancia

Pero Francia y Reino Unido se mantienen firmes en sus intenciones, argumentando que su presencia física armada contribuiría a disuadir una nueva agresión. «Por fin hay una oportunidad de avanzar de verdad hacia una buena paz. Pero la condición absoluta para una buena paz es un conjunto de garantías de seguridad muy sólidas, y no garantías sobre el papel», dijo el francés Emmanuel Macron.

«Ucrania ha tenido su ración de promesas hechas añicos por las sucesivas agresiones rusas. Y unas verdaderas garantías, sólidas como una roca, son una necesidad». Macron explicó que la llamada «fuerza de previsión» prevista por la coalición se desplegaría en lugares estratégicos de Ucrania, como Kiev y Odesa, tras el cese de las hostilidades.

El presidente ruso, por su parte, Vladímir Putin, declaró este lunes que las propuestas de Washington «pueden servir como base para un acuerdo de paz definitivo».

 Con el dinero obtenido por la criptoestafa, los creadores de Libra lanzaron un fideicomiso para ayudar a emprendedores argentinos. La plataforma Libratrust no tiene ningún apartado qué explique quiénes están detrás del proyecto, ni cuánto invertirán.

Especialistas como Fernando Molina habían advertido que en las últimas horas de extraños movimientos en las billeteras que controlaban el dinero derivado del criptogate.

Más de 65 millones de dólares pasaron de criptomonedas que podían ser freezadas por la justicia a otras que están fuera de la jurisdicción de tribunales. Incluso hubo otros 9 millones de dólares que comenzaron a saltar de una billetera virtual a otra haciendo casi imposible establecer la ruta del dinero.

Parte de los 65 millones de dólares fueron al Libratrust, que invita a emprendedores argentinos a pedir financiamiento para sus iniciativas. Todo indica que Hayden Davis es quien maneja la plataforma lanzada minutos antes de una audiencia en Nueva York.

La comisión Libra concluyó que Milei prestó «colaboración imprescindible» para la criptoestafa

Los abogados demandantes del estudio Burwick Law buscaban congelar todos los activos provenientes de Libra, una petición que fue negada por la jueza Jennifer Rochon.

«El fideicomiso se financió mediante la venta del token del Proyecto Viva La Libertad», aclaran desde la web, que no tiene ningún apartado donde se explica quiénes están detrás del proyecto.

Sí explican que el síndico que maneja en fondo no está en la Argentina: «Debido a la situación política y las críticas al proyecto por parte de la izquierda política, se decidió que el Fideicomiso se constituirá fuera del país».

«El fideicomiso opera con total independencia de Hayden Davis y Javier Milei», se aclara en una de las «Preguntas frecuentes».

El tweet original del Milei, que promocionó Libra y permitió que sus creadores tuvieran millonarias ganancias, hacía referencia al financiamiento de proyectos.

«Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos», había escrito el presidente horas antes del escándalo.

Gustavo Sáenz convocó para este jueves a sus pares Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, Hugo Passalacqua y Gerardo Zamora a una reunión en la Casa de Salta en Buenos Aires, con el objetivo de avanzar en un armado político cuya traducción más próxima sería la conformación de un interbloque en la Cámara de Diputados, tal como anticipó LPO.

El encuentro se produce justo una semana antes de la jura de los nuevos legisladores y funciona como una demostración de fuerzas al bloque peronista. Cristina Kirchner se metió de lleno en la interna para contener fugas, recibiendo primero al tucumano Pablo Yedlin tras la incorporación del kirchnerista Javier Noguera a la bancada de Jaldo y luego al riojano Ricardo Quintela, pero la tensión se extrema.

El propio Germán Martínez, líder de la bancada de Fuerza Patria, mantuvo la semana pasada una charla infructuosa con Jalil para evitar la diáspora de los catamarqueños. El santafecino habría reclamado la suscripción al verticalismo peronista pero el gobernador rechazó sus argumentos.

La cita de los gobernadores también tiene como telón de fondo la designación de Pamela Calletti como auditora en la AGN, como informó en exclusiva LPO. La voluntad de que las provincias cuenten con una silla en el colegio de auditores conspiró contra la chance que los peronistas y los pichettistas pudieran reunir suficientes legisladores para llegar a los 129 necesarios para el quórum este miércoles.

Jalil espera el resultado de la reunión de Sáenz con Santilli para romper el bloque peronista

En efecto, los catamarqueños y los santiagueños ni siquiera estaban en Buenos Aires esta semana. «No estamos para mandar a nuestros diputados a cualquier sesión que busque joder al gobierno», resumió una fuente cercana a un gobernador peronista.

El interbloque al que aspiran los gobernadores podría juntar alrededor de 15 bancas. Allí confluirían los tres salteños, las cuatro misioneros y la neuquina Karina Maureira, que responde a Rolando Figueroa, completando el bloque Innovación Federal, pero a esos ocho se sumarían los tres de Jaldo y los cuatro de Jalil articulando sin fusionarse, en principio.

Germán Martínez, líder de la bancada de Fuerza Patria, mantuvo la semana pasada una charla infructuosa con Jalil para evitar la diáspora de los catamarqueños.

Esa ecuación le resta de movida cuatro a Fuerza Patria. La incertidumbre por el destino de los santiagueños y los puntanos de Alberto Rodríguez Saá deja al peronismo al borde de un ataque de nervios.

La desesperación que atraviesa el kirchnerismo obedece a la posibilidad de perder la primera minoría por el drenaje en el bloque propio y la expansión en La Libertad Avanza, algo que licuaría el poder para integrar comisiones y hasta para designar representantes en la AGN o el Consejo de la Magistratura. «Antes del 9 de diciembre vamos a ser más que ellos», se jactó este martes un diputado libertario ante LPO.

Espínola y Royón, en el Senado.

Sin embargo, los gobernadores piensan ejercer su poder también en el Senado, donde ingresará la salteña Flavia Royón y se mantendrá como un monobloque para articular con el correntino Carlos «Camau» Espínola y Alejandra Vigo, pero al mismo tiempo Jaldo ofrece el voto de Beatriz Ávila, una legisladora que pertenece al Partido por la Justicia Social y responde al gobernador tucumano.  

A ese lote habría que agregar el eventual desprendimiento de los cuatro senadores de Convicción Federal, que por ahora permanecen en el interbloque de UP pero amagan con dar el portazo si los fuerzan a fusionarse bajo el mote de «Bloque Justicialista» y la conducción de José Mayans y Juliana di Tullio. «Yo no puedo obligar a nadie y el general Perón decía que para hacer política hay que acostumbrarse a conducir en el desorden», repite a sus colegas de bancada el formoseño.

Yo no puedo obligar a nadie y el general Perón decía que para hacer política hay que acostumbrarse a conducir en el desorden.

Dentro de Convicción Federal se cuentan el puntano Fernando Salino, el riojano Fernando Rejal, el catamarqueño Guillermo Andrada y la jujeña Carolina Moisés. Andrada es indiscutiblemente un hombre del gobernador de su provincia y Moisés, por su parte, es una dirigente peronista respaldada tanto por Jalil como por Sáenz.

«Si todavía no explota todo, en parte, es poque se están negociando cargos y jugar divididos no le conviene a nadie», resumió un legislador peronista que conoce al detalle la situación de ambas cámaras.

De hecho, Moisés, Andrada, Rejal y Salino le reclaman a Mayans que, en lugar de postular a Carlos Raúl Gutiérrez Ortiz, asesor de UP en la Cámara Alta, en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, proponga el nombre de Ricardo Guerra, el ex senador peronista que terminó el mandato de Carlos Menem una vez que falleció el expresidente y que fue ministro de Economía de Quintela. Al cierre de esta nota, no estaba saldada la discusión.

Este martes se realizó en el Congreso de la Nación una reunión clave convocada por el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, Juan Fernando Brügge, del bloque Encuentro Federal, en la que intendentes de todo el país respaldaron formalmente una propuesta concreta: incluir en la próxima reforma fiscal una reducción del IVA del 21% al 10,5% para todas las compras y contrataciones que realizan los municipios. La iniciativa apunta a aliviar el costo de funcionamiento local y generar un «efecto cascada» que les permita bajar tasas municipales y mejorar la prestación de servicios en cada territorio_

El encuentro, realizado en la Sala 1 del Anexo A de Diputados, contó con la presencia de jefes comunales de distintas provincias y representaciones políticas. Estuvieron presentes intendentes de la Federación Argentina de Municipios (FAM), encabezados por su presidente e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, junto a integrantes del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN), entre ellos la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, y el viceintendente de Córdoba Capital, Javier Pretto, entre varios otros representantes locales.

En el cierre de la jornada, los intendentes firmaron un documento conjunto dirigido formalmente a los Diputados y Diputadas de la Nación, en el cual solicitaron que la reducción del IVA sea incorporada expresamente al proyecto de reforma tributaria que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso en las próximas semanas. Allí se detalla que mientras el sector privado puede descontar el IVA como crédito fiscal, los municipios no tienen forma de recuperar ese tributo, lo que encarece automáticamente cada licitación, compra de insumos o contratación de servicios.

Brügge fue categórico al señalar que la situación se volvió insostenible para cientos de administraciones locales que hoy deben sostener demandas crecientes en materia social, obras públicas, salud, seguridad y servicios básicos, con menos transferencias nacionales y presupuestos cada vez más ajustados. «El municipio paga IVA sobre todo lo que compra, pero no puede descontarlo de nada. Eso genera una desigualdad muy fuerte frente al sector privado y un costo operativo que termina impactando en los recursos públicos», expresó el diputado durante la reunión.

La propuesta de bajar el IVA al 10% tiene como objetivo liberar recursos para inversión directa en obras, servicios esenciales y asistencia a la población, o bien facilitar la reducción de tasas municipales, algo que los intendentes aseguran que podría brindar un alivio inmediato a las actividades económicas locales. El documento firmado señala que la medida permitiría «modificar una situación distorsiva que agrava la asimetría entre municipios y sector privado, afectando el desarrollo económico de las comunidades».

Los intendentes también remarcaron que este debate se complementa con otros reclamos que ya venían planteando, como la redistribución del impuesto a los combustibles, teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional ha reducido drásticamente la asignación de presupuesto y dejó de realizar obras que están siendo absorbidas por los gobiernos locales.

El volumen en juego es significativo. Brügge recordó que en 2024 el total recaudado por IVA ascendió a 43 billones de pesos, y señaló que permitir que una parte de esos recursos quede en los gobiernos locales «podría cambiar rápidamente la ecuación fiscal con la que hoy deben enfrentar obras, servicios y demandas urgentes».

Entre los asistentes hubo coincidencia en que la propuesta no solo tiene impacto fiscal inmediato, sino que también podría convertirse en un incentivo para reactivar economías regionales, al reducir costos de funcionamiento y mejorar la capacidad de inversión municipal. En ese sentido, se mencionó el caso reciente de Córdoba, donde el gobierno de Martín Llaryora aplicó una baja impositiva con un impacto presupuestario de 900 mil millones de pesos, apostando a la competitividad provincial.

El documento firmado esta tarde fue elaborado tras el intercambio con los diputados presentes, quienes escucharon el diagnóstico y se comprometieron a seguir evaluando la iniciativa durante el tratamiento parlamentario de la reforma tributaria. Para los intendentes, el momento es decisivo: la reducción del IVA podría convertirse en una herramienta fiscal concreta para sostener el funcionamiento de los municipios en un escenario de obras paralizadas, menor recaudación y un crecimiento sostenido de las demandas sociales.

Al finalizar el encuentro, Brügge destacó que la Comisión seguirá convocando actores territoriales para que la reforma fiscal contemple la realidad que viven los gobiernos más cercanos a los ciudadanos. Los intendentes, por su parte, se retiraron con una señal política clara: el reclamo ya está documentado, consensuado y formalmente presentado en el Congreso, listo para ser discutido en las próximas semanas.