La situación crítica que cruza a Granja Tres Arroyos (GTA) llegó a su punto de máxima tensión esta semana, cuando la empresa notificó en algunas de sus plantas que paralizará la actividad durante todo agosto. Eso, en medio de conflictos salariales sin resolver, entre ellos el pago del aguinaldo.
En Pilar, este viernes los 150 trabajadores fueron informados de la suspensión de la jornada laboral desde el lunes 3 al domingo 30 de agosto inclusive. «No se desarrollarán actividades operativas ni de faena», dice el comunicado de la empresa.
De acuerdo a lo detallado por El Diario de Pilar, al momento muchos empleados no percibieron los salarios de junio y julio, ni el aguinaldo y que recién días atrás terminaron de cobrar mayo, mes que fue liquidado en hasta 10 cuotas. Esa foto lleva a varios trabajadores a realizar changas y, también, a endeudarse.
«Cada día mas complicada la situación, no hay reactivación y la gente cada vez con más deudas», dijo a LPO un representante de los trabajadores de la ex Crest Roja a los que «le dieron vacaciones forzadas».
Lo mismo pasa en la planta de la ex Cresta Roja en Esteban Echeverría que hoy controla la firma Wade, subsidiaria de GTA. «Cada día mas complicada la situación, no hay reactivación y la gente cada vez con más deudas», dijo a LPO un representante de los trabajadores a los que «le dieron vacaciones forzadas».
En mayo, LPO contó que esa planta pasó de faenar 110 mil pollos por día a 80 mil. Ahora, la situación empeoró en medio de la profundización de las importaciones de pollo de Brasil promovidas por el gobierno libertario.
Ya en mayo, Granja Tres Arroyos cerró por tiempo indeterminado su planta en Concepción del Uruguay, Entre Ríos al derrumbarse la faena diaria, que pasó de 700 mil a 200 mil pollos.
La grave crisis que cruza a la principal empresa avícola del país genera una fuerte incertidumbre en trabajadores de plantas bonaerenses como Brandsen, San Antonio de Areco, Capitán Sarmiento, Pergamino y otras.
En medio del debate que crece en numerosas ciudades de la provincia en torno a la regulación del servicio de transporte por aplicaciones, los taxistas alertan un derrumbe drástico en la cantidad de viajes que los pone muy por debajo del piso mínimo para la subsistencia.
En La Plata, un estudio reciente de la Facultad de Ciencias Económicas de la universidad local reveló que la cantidad de viajes durante julio registró una caída de 8,3% en la comparativa interanual.
Con un promedio de 11 viajes diarios, el poder adquisitivo de la recaudación mensual de los taxistas platenses se posiciona un 43% por debajo de 2023.
La cantidad promedio de viajes por hora pasó de 1,71 en julio de 2023 a 1,27 en julio de este año.
El informe expone que, mientras la cantidad de horas trabajadas en julio 2026 se mantuvieron respecto al mismo mes de 2025, la recaudación diaria real promedio de los taxistas disminuyó 9,4% interanual.
En tanto, la cantidad promedio de viajes por hora pasó de 1,71 en julio de 2023 a 1,27 en julio de este año.
La crisis de los taxistas en la capital bonaerense se monta al conflicto que tuvieron durante gran parte de julio por la escasez de GNC. Incluso, el gremio de taxistas había llegado a solicitar una asistencia financiera al municipio para capear la crisis.
Recién en los últimos días se despejaron las complicaciones cuando se habilitaron 11 estaciones de servicio para la carga, ampliando la oferta tras las restricciones por durante los días de bajas temperaturas.
Esto es una pizza de ocho porciones. Si comen dos o tres personas alcanza, pero si van 25 nadie come. La torta de los viajes es exactamente lo mismo. Hay cada vez menos viajes y más gente dispuesta a transportar pasajeros
En Mar del Plata, donde el mes pasado el Concejo aprobó un registro para conductores de apps que la comuna está terminando de reglamentar, los taxistas advierten que el incremento de la oferta se da en plena caída de la demanda.
«Esto es una pizza de ocho porciones. Si comen dos o tres personas alcanza, pero si van 25 nadie come. La torta de los viajes es exactamente lo mismo. Hay cada vez menos viajes y más gente dispuesta a transportar pasajeros», dijo a Extra Radio el titular de la Sociedad de Conductores de Taxis local, Pablo Sánchez.
En ese sentido, Sánchez sostuvo que para tener «un sueldo digno» se necesitan 26 viajes por día, cuando hoy en Mar del Plata los taxistas están haciendo «14, 15 o 16».
«Nos quedamos hasta 14 horas trabajando para intentar hacer alguno más, pero cada vez va a ser peor porque somos más prestando el servicio», dijo.
Victoria Villarruel saló a responderle a Diego Santilli luego de que el jefe de Gabinete la invitara a renunciar. La vicepresidenta lo trató de parásito y dijo que conspiraba contra el orden de la República.
Diego Santilli se sumó a los enfrentamientos de la vice, que hasta ahora tenía como interlocutores a protagonistas de menor fuste en el esquema libertario como Lilia Lemoine o Agustín Romo.
El conflicto comenzó cuando Lemoine sugirió que «kukacruel», como llama a la vice, estaba aliada con Axel Kicillof y el Chiqui Tapia. Villarruel dijo que la diputada tenía cerebro de microbio y que se dedicaba a «llorar cariño presidencial». Pero la tensión subió cuando Milei compartió el tweet de Lemoine.
Villarruel dijo estar preocupada por el estado de salud de Milei y sostuvo que el presidente tiene «persecuciones imaginarias» que lo llevan a tuitear estupideces y delirios, en referencia a posteos de Lilia Lemoine que replicó.
Allí se sumó Santilli, que hasta hace un tiempo mantenía reuniones periódicas con Villarruel. Con el PRO en declive, esos encuentros fueron el atajo que encontró el ex diputado para abrirse paso en el mundo libertario. En ese momento aún no había estallado la relación entre Milei y su vice.
Más allá de las chicanas públicas, Santilli y Villarruel tienen un rol clave para avanzar con el proyecto que más preocupa a Javier Milei: la eliminación de las Paso.
Santilli viene negociando con los gobernadores el cambio en la normativa, pero aún no logró la mayoría necesaria para avanzar.
Si logra juntar los votos, deberá terminar de instrumentar el acuerdo con Villarruel, que controla la agenda del Senado y a su vez mantiene una relación zigzagueante con Patricia Bullrich. Una de las preguntas que se hacen los legisladores libertarios es si la escalada del conflicto no terminará por complicar los planes del Gobierno.
«Uno de los exponentes de la casta política a la que nos enfrentamos en el 2023 y le ganamos, pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria. Ésta fue una fórmula mixta que surgió espontáneamente para quebrar la hegemonía de estos parásitos. Sea democrático y respete el voto popular», escribió Villarruel luego de que Santilli le sugiriera dar «un paso al costado».
Mauricio Macri podría ser alcanzado por los coletazos de la crisis que sacude a la FIFA a partir de la intención de su titular Gianni Infantino de abrir la Copa del Mundo a inversores privados, con un familiar de Donald Trump como agente financiero.
El ex presidente argentino llegó a la fundación del máximo organismo mundial de fútbol en enero de 2020, un mes después de dejar la Casa Rosada, por impulso del propio Infantino.
Macri había tejido un lazo cercano al suizo y le otorgó una invitación especial a la cumbre del G20 que se realizó en Buenos Aires en 2018. La Fundación FIFA la inventó el propio Infantino en 2018 y luego de dos años de preparación, el suizo le creó el cargo a Macri como primer Executive Chariman (presidente ejecutivo).
Como toda fundación, se inventó para recaudar fondos y Macri acercó sus influencias con los qataríes, con los que hace tiempo sueña con privatizar el fútbol argentino. Al líder del PRO se lo pudo ver en buena parte de los partidos de Qatar 2022 y en el reciente mundial de Estados Unidos.
La relación estrecha que cultivó con Infantino lo ató a la suerte del suizo en la FIFA. Infantino tiene intenciones de renovar su último mandato en 2027 hasta 2031, pero la propuesta de privatizar la FIFA y el Mundial, empujado por Trump, le provocó un efecto boomerang que incluso motivó versiones de su renuncia. Su principal asesor, Carlos Cordeiro, renunció este viernes en medio del desplante de la UEFA, Concacaf y la confederación de Asia.
«Si cae Infantino, cae Macri», dijo a LPO un importante dirigente de la Conmebol, que en la tarde de este viernes salió a rechazar la propuesta de Infantino.
Clara Muzzio organizó una jornada contra la Educación Sexual Integral y el aborto legal en la Legislatura y desde el gobierno porteño aseguran que no los consultaron.
La vicejefa sostiene desde hace más un año una agenda antiwoke en sintonía con el gobierno de Milei. En el evento que coordinó en la Legislatura hubo dos integrantes de Las Fuerzas del Cielo, el diputado Santiago Santurio y el ex secretario de Culto Nahuel Sotelo.
Cerca de Jorge Macri aseguran que Muzzio se mandó sola y no consultó antes de utilizar la Legislatura en un evento en donde además fue la principal oradora. También participó el ministro de Desarrollo Social Gabriel Mraida, identificado con el movimiento evangélico.
«Se pone en una postura muy extrema por su oportunismo político», le dijo a LPO un funcionario del PRO que recuerda la participación de Muzzio en los desfiles del día del Orgullo junto al ahora diputado Maxi Ferraro, la diputada Sabrina Ajmechet, el legislador Emmanuel Ferrario o el ex ministro Juanjo Méndez.
En la charla antiwoke estuvieron presentes dirigentes del PRO como la ex vicepresidenta Gabriela Michetti y también la senadora bullrichista Carmen Álvarez Rivero, que anunció su intención de derogar el aborto legal.
Entre los dirigentes alineados con Patricia Bullrich, no hay unanimidad. «Nosotros tenemos un sentido más liberal del mundo, no conservador. Patricia votó en favor del matrimonio igualitario. Creo que la ESI tiene que reformularse, las familias también tienen que ser parte de la decisión de afrontar ciertas cosas», explicó Juan Pablo Arenaza, legislador porteño.
«Libertad para el Futuro: una agenda política por la natalidad y la protección de la infancia» fue el nombre de la charla patrocinada por la organización Political Network for Values. Su directora fue recibida por el canciller Pablo Quirno.
Según confiaron desde el PRO, el contenido de la charla generó tensión al interior del gobierno. En algunas carteras no se tomaron a bien las intervenciones de Muzzio: a diferencia de la vicejefa, otros funcionarios deben responder preguntas de padres, ONG y diferentes colectivos preocupados por saber si el gobierno tiene la intención de eliminar la ESI y programas como Salud Sexual y Reproductiva y VIH/SIDA.
La adjudicación definitiva de la Vía Navegable Troncal al consorcio integrado por Jan De Nul y Servimagnus cerró formalmente una licitación que, lejos de convertirse en el ejemplo de transparencia prometido por el Gobierno, acumuló cuestionamientos desde su misma concepción. Denuncias judiciales por presunto direccionamiento, observaciones técnicas, vínculos empresariales y la entrega por 25 años del principal corredor exportador del país conforman un escenario que vuelve a instalar una pregunta de fondo: ¿quién controla uno de los activos estratégicos más importantes de la Argentina y en beneficio de quién?
Por Roque Pérez para NLI
La firma del contrato mediante el cual el Gobierno de Javier Milei entregó la administración de la Vía Navegable Troncal al consorcio conformado por Jan De Nul y Servimagnus no representa el final de una licitación, sino el comienzo de una nueva controversia política, económica y judicial. La Hidrovía no es una obra pública más: constituye la arteria por la que circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas, especialmente la producción agroindustrial que sale hacia los mercados internacionales. Quien administra ese corredor no solamente realiza tareas de dragado y balizamiento, sino que interviene sobre uno de los circuitos económicos más sensibles del país. Por esa razón, la decisión del Ejecutivo de volver a concesionar su explotación durante 25 años, con posibilidad de prórroga, excede ampliamente una discusión técnica y se inscribe dentro del proceso de retiro del Estado de áreas consideradas estratégicas, una de las principales banderas del programa libertario.
Una licitación cuestionada desde el diseño de los pliegos
El principal cuestionamiento nunca estuvo dirigido únicamente al resultado, sino al modo en que fue construido el proceso licitatorio. Diversos especialistas en infraestructura portuaria, ex funcionarios del área y empresas interesadas advirtieron que varios de los requisitos técnicos incorporados al pliego reducían drásticamente la posibilidad de una competencia real. Entre ellos sobresalía la exigencia de disponer de equipamiento capaz de operar inmediatamente con 44 pies de profundidad, una condición que, según denunciaron distintos actores del sector, solamente podía acreditar quien ya contaba con una estructura instalada sobre la propia Hidrovía. De esa manera, una licitación internacional que en teoría debía convocar a las principales dragadoras del mundo terminaba favoreciendo objetivamente a quienes ya tenían presencia histórica en el corredor fluvial.
Las consecuencias de ese diseño no tardaron en aparecer. Empresas internacionales que inicialmente habían manifestado interés fueron quedando fuera del proceso a medida que avanzaban las distintas etapas de evaluación. Algunas fueron descartadas por cuestiones formales, mientras que otras quedaron relegadas durante la valoración técnica. Finalmente, la adjudicación terminó recayendo sobre el consorcio integrado por Jan De Nul y Servimagnus, confirmando el desenlace que muchos de los cuestionamientos anticipaban desde hacía meses. Para el Gobierno, ello demuestra que ganó la mejor oferta disponible; para quienes impugnaron la licitación, en cambio, constituye la confirmación de que las reglas del concurso fueron diseñadas para conducir precisamente a ese resultado.
En paralelo comenzaron a multiplicarse las denuncias judiciales. La Fundación por la Paz y el Cambio Climático presentó una acción penal en la que solicitó investigar la posible comisión de delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, asociación ilícita y malversación de fondos públicos. La denuncia sostiene que el pliego habría sido confeccionado con cláusulas dirigidas a favorecer a un oferente determinado y advierte que el eventual perjuicio económico para el Estado podría alcanzar miles de millones de dólares a lo largo de la concesión. También la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) promovió actuaciones para analizar distintos aspectos del procedimiento, aunque ninguna de esas presentaciones impidió que el Ejecutivo avanzara con la adjudicación definitiva.
Un negocio multimillonario que vuelve a quedar en manos privadas
La importancia de esta concesión resulta difícil de exagerar. La Hidrovía Paraná-Paraguay constituye el principal corredor logístico de la Argentina y uno de los más relevantes de América del Sur. A través de sus puertos se canalizan las exportaciones de soja, maíz, trigo, aceites y derivados industriales que generan buena parte de los dólares que ingresan al país. El dragado permanente, el balizamiento y el mantenimiento de esa infraestructura representan un negocio que mueve cientos de millones de dólares por año y cuya proyección para un contrato de veinticinco años supera ampliamente los 15.000 millones de dólares.
Pero el debate no gira únicamente alrededor del monto económico de la concesión. También involucra la decisión política de volver a delegar en operadores privados funciones que durante los últimos años habían recuperado una mayor presencia estatal. Uno de los aspectos más discutidos del nuevo esquema es el regreso del cobro privado del peaje que pagan las embarcaciones para utilizar la vía navegable. Los críticos sostienen que ello implica resignar capacidad de control sobre una fuente de ingresos estratégica y limita las posibilidades del Estado de fiscalizar tanto la recaudación como la efectiva ejecución de las obras comprometidas por el concesionario.
Las observaciones también alcanzan al proceso de elaboración de los pliegos y a la conducción política del área. Distintas versiones señalaron que funcionarios y técnicos que habían planteado reparos respecto de determinadas condiciones del concurso fueron desplazados o perdieron influencia durante el desarrollo de la licitación. Si bien el Gobierno niega cualquier irregularidad y afirma que todo el procedimiento respetó las normas nacionales e internacionales, la acumulación de cuestionamientos terminó alimentando un clima de desconfianza que hoy continúa proyectándose sobre la nueva concesión.
Mucho más que una obra pública
La controversia alrededor de la Hidrovía también tiene una dimensión política. La adjudicación se inscribe en la estrategia de privatizaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei desde la aprobación de la Ley Bases y constituye uno de los ejemplos más importantes de transferencia al sector privado de un servicio considerado estratégico para la economía nacional. No se trata simplemente de decidir quién draga un río: se trata de determinar quién administra el corredor por donde circula la mayor parte de las exportaciones argentinas, quién controla el flujo logístico del comercio exterior y bajo qué mecanismos el Estado conserva —o resigna— capacidad de supervisión sobre un negocio multimillonario.
En ese contexto, también comenzaron a observarse con atención los vínculos empresariales de algunas de las firmas involucradas en la adjudicación. Diversas investigaciones periodísticas señalaron relaciones entre Servimagnus y grupos empresarios mencionados por su cercanía con sectores del oficialismo, particularmente con el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo. Aunque hasta el momento no existe ninguna resolución judicial que acredite conductas ilícitas derivadas de esos vínculos, las revelaciones contribuyeron a reforzar las sospechas sobre un proceso que ya venía siendo observado por especialistas y organismos de control.
La historia reciente de la Hidrovía demuestra que cada discusión sobre su administración termina reflejando un debate mucho más profundo acerca del modelo de desarrollo del país. Mientras el Gobierno sostiene que la participación privada garantiza eficiencia, inversiones y reducción del gasto público, sus críticos advierten que la concesión consolida un esquema donde el Estado pierde herramientas para controlar uno de los principales circuitos de generación de divisas de la Argentina. La adjudicación firmada esta semana no clausura esa discusión; por el contrario, la reabre en un escenario donde continúan vigentes las denuncias judiciales, las investigaciones administrativas y las preguntas sobre la transparencia de una licitación que, para muchos, terminó exactamente como se había anticipado desde el comienzo.
