Granja Tres Arroyos, una de las avícolas más grandes del país, profundiza la grave crisis que arrastra del año pasado. Los más de 300 trabajadores de la planta ubicada en Pilar mantienen una medida de fuerza en reclamo por deudas salariales.
En concreto, los operarios acusan a la empresa de adeudarles la primera quincena de enero y alrededor del 50% del aguinaldo.
«Nos prometieron que nos iban a pagar y la empresa no cumplió», dijo Diego Núñez, delegado de la planta de Pilar. En la planta, hay operarios que aseguraron que, en pos de acompañar la crisis de la empresa, incluso aceptaron una reducción salarial de hasta el 11%.
En promedio, los montos adeudados van entre 700 mil y un millón de pesos por operario. Más allá de este conflicto puntual, los trabajadores señalaron que la crisis lleva un año.
Según expuso Pilar a Diario, un trabajador con 10 años de antigüedad expuso que la empresa debe unas 50 horas trabajadas el año pasado. «Todos estamos endeudados, la mayoría alquila. No se puede seguir trabajando así», dijo.
En promedio, los montos adeudados van entre 700 mil y un millón de pesos por operario. Más allá de este conflicto puntual, los trabajadores señalaron que la crisis lleva un año.
El panorama conflictivo también se da en la planta La China, en Concepción del Uruguay, donde los operarios iniciaron un paro en enero tras el incumplimiento del cronograma de pagos que la empresa había pactado antes de las fiestas.
Sin embargo, la intervención del Gobierno entrerriano hizo que en las últimas horas la medida de fuerza allí se levante y la empresa pueda seguir faenando casi 190.000 pollos por día en ese establecimiento.
Tras el cierre de Becar (Concepción del Uruguay) y el traslado de 270 operarios a La China, el Grupo Granja Tres Arroyos concentró parte de su operación en Entre Ríos bajo un esquema de dos turnos.
También, el año pasado se dieron cerca de 400 desafectaciones entre despidos, retiros y acuerdos. Sin embargo eso no alcanzó para terminar con el conflicto.
Preocupa en la Mesa de Enlace la situación financiera de algunas de sus entidades y, a la par, la baja participación que se viene registrando por parte de sociedades rurales locales y productores, dato que temen que sea un síntoma de «descreimiento» hacia las entidades.
De acuerdo a lo que se desprende del acta de la reunión de Consejo Directivo de Carbap de diciembre pasado, a la que tuvo acceso LPO, en ese encuentro se expuso la preocupación por el panorama financiero de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), entidad madre de Carbap.
Según consta en esa acta, en la charla de ruralistas de Carbap se señaló que «CRA ha estado económicamente a pérdida todos los meses, cerrando el año con ingresos de último momento relacionados con las exposiciones».
Siempre de acuerdo a la transcripción de esa reunión, dirigentes de Carbap señalaron que CRA analiza vender oficinas en desuso. «Muchísimas entidades tienen problemas porque cuesta sostener una entidad en general», dijo a LPO un alto dirigente del campo.
Fuentes cercanas a la cúpula de Carbap consultadas por LPO confirmaron que en la entidad que enrola a las rurales de Buenos Aires y La Pampa evalúan la posibilidad de vender oficinas que no usan y por las que pagan altas expensas. Más allá de eso, buscaron descomprimir la preocupación expuesta en las actas y señalaron que CRA «cerró positivo» el año tras varios meses a pérdida.
Como fuere, la inquietud por el «problema financiero» de CRA fue uno de los temas centrales de la reunión de Carbap. Según consta en las actas, se planteó una reforma del estatuto de CRA que modifique el actual esquema de aportes económicos que, por cuota, hacen cada una de las 16 confederaciones miembro, las que agrupan a cerca de 300 sociedades rurales en todo el país.
En ese punto, dirigentes de Carbap expresaron fastidio, al argumentar que en Buenos Aires y La Pampa pagan de cuota más del doble que la segunda confederada que más aporta, Cartez (Córdoba, La Rioja y Catamarca).
Por esa razón, ruralistas bonaerenses ponen el acento en la distribución de fondos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), al advertir que muchas confederadas reciben más dinero del IPCVA de lo que pagan de cuota a CRA.
Fundada en 1943, el crecimiento de CRA se detuvo en los últimos tiempos e incluso su representación territorial está siendo fuertemente desafiada por la Sociedad Rural Argentina (SRA).
Como contó LPO, desde la llegada de Javier Milei al Gobierno subyace una disputa territorial en la que dirigentes de CRA denuncian una creciente injerencia de la SRA en sus ateneos y rurales de base, en tiempos donde Nicolás Pino se impone la cucarda de ser el único interlocutor del campo con diálogo directo con el Ejecutivo.
En paralelo, los problemas financieros también se cruzan con fricciones internas. La renovación de autoridades en noviembre pasado, que revalidó la conducción de Castagnini, no fue acompañada por Carbap, que acusó ausencia de discusión previa en torno a la elección de los candidato.
En Carbap reclaman mayor injerencia, no solo por ser la confederación que más aporte económico hace a la actualidad, sino también por su gravitación territorial.
Siempre de acuerdo a lo que se desprende de las actas de Carbap de la reunión de diciembre última, hay dirigentes bonaerenses que exigen un cambio de estatuto que dé cuenta del eso de la confederación de Buenos Aires y La Pampa.
Hoy, las tres confederaciones que controlan CRA son Carsfe (Santa Fe) con Castagnini, Farer (Entre Ríos) con el vice primero José Ignacio Colombatto y Cartez (Córdoba) con el vice segundo Javier Rotondo.
Por otro lado, preocupa en carbap la baja participación de sus rurales. Un estudio encargado a la Facultad de Agronomía de la UBA expuso estadísticas que muestran una tendencia a la baja en la participación presencial de las rurales.
En Carbap, solo el 20% de las rurales tiene una participación superior al 75%. Además, 82 rurales (el 67%) prácticamente no participan de las reuniones de Comisiones.
Aunque la asistencia total (virtual y presencial) se mantiene alrededor de 48 rurales por consejo, pero solo 25 de manera presencial. Así, el 58% de las rurales prácticamente no participa de manera presencial en los consejos, asistiendo menos de una vez cada cinco reuniones en los últimos cinco años.
Al sumar la virtualidad, el 40% de las rurales no se conectó a una de cada cinco reuniones de Consejo y 18 rurales nunca se conectaron. En suma, solo el 20% de las rurales tiene una participación superior al 75%. Además, 82 rurales (el 67%) prácticamente no participan de las reuniones de Comisiones.
Frente a eso, en Carbap ven que las posibles causas de la baja participación incluyen «una dinámica institucional obsoleta, un cambio generacional en el productor, o una falta de compromiso real».
Así, estiman que la baja participación «podría significar un aval silencioso o una señal de desapego y descreimiento hacia la herramienta gremial».
Los trabajadores de casino amenazan con un paro en las principales salas de la provincia de Buenos Aires luego que la Asociación de Empleados de Casinos Nacionales (AECN) rechazara a oferta de 1,5% que acercó del gobierno de Axel Kicillof.
Es el único gremio que no cerró paritarias con el gobierno. Se trata de 10 salas de casino en el territorio bonaerense que emplean unos 3.000 trabajadores.
La negociación está estancada en el marco de la emergencia salarial declarada por el sindicato que conduce Marcos Labrador. «Ante este escenario y frente a la ausencia de nuevas convocatorias, desde el gremio comenzaron a analizar la implementación de medidas de fuerza», dijeron en un comunicado.
Desde el sindicato sostienen que el conflicto salarial se desarrolla en un contexto económico y laboral cada vez más complejo, marcado por una temporada turística muy por debajo de las expectativas y por condiciones estructurales que siguen sin resolverse.
«Hoy nos encontramos con un silencio por parte de las autoridades provinciales, que no solo no nos convocan a continuar con nuestra paritaria, sino que tampoco acercan ninguna propuesta alternativa», dijo Labrador, un líder sindical muy cercano a Fernanda Raverta.
Hoy nos encontramos con un silencio por parte de las autoridades provinciales, que no solo no nos convocan a continuar con nuestra paritaria, sino que tampoco acercan ninguna propuesta alternativa.
Labrador remarcó dos problemas en la gestión de Lotería y Casinos que complican a los trabajadores: mencionó la falta de implementación de los medios de pago electrónicos dentro de las salas y los retrasos en la adjudicación de los casinos licitados el año pasado. «Esto genera un escenario muy difícil y muy complejo para las y los trabajadores, que realmente hacemos malabares para llegar a fin de mes», dijo.
Fuentes del gobierno explicaron a LPO que la implementación de un QR lleva una demora de seis meses y que restra instrumentar un esquema con el Banco Provincia.
Respecto de la licitación de los casinos, el gobierno lleva adelante un proceso con siete salas. Tres se las quedará Boldo (Miramar, Tandil y Hermitage) y la cuarta Luis Barrionuevo (Sasso). En tanto, las licitaciones de Necochea, Mar de Ajó y Sierra de la Ventana quedaron desiertas y Lotería volverá a llamar a una nueva pulsada.
En el gobierno reconocen que hay demoras en las licitaciones concretadas. Mencionan expedientes demorados en la Secretaría Ejecutiva de Lotería que controla Marcelo Santillán, ex intendente de Gonzalez Cháves. En La Plata entienden que si esos expedientes se liberan, se podría avanzar en la primera semana de febrero con los expedientes sobre las cuatro salas licitadas.
Para el líder sindical existen otras demandas además de lo salarial. Reclama el reconocimiento del cobro doble de los jornales trabajados los días domingos, un reconocimiento a las particularidades del trabajo en las salas, como el trabajo nocturno, y un acceso a la carrera administrativa justo y equitativo.
El tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, movió sus 14 caballos desde el haras de su mansión de Pilar a la casona de ocho hectáreas que le habría comprado a Alejandro Granados en Ezeiza.
Según publica Clarín, un camión llegó al predio de Pilar para llevarse los 14 caballos que estaban dentro del haras de la mansión de Villa Rosa antes de que fuera allanada por la Justicia.
Los caballos fueron llevados a un complejo inmobiliario con stud llamado Las Casuarinas, para después trasladarlos a la casona de ocho hectáreas que Granados tiene en Ezeiza. Fue cuestión de horas entre que Toviggino logró sacar sus caballos y que peritos de la Justicia Federal allanaran la finca.
Según la nota, el tesorero de la AFA, llegó a acordar la compra cash, por USD 3.000.000, de la propiedad de ocho hectáreas con caballeriza donde Granados vive hace más de tres décadas.
Toviggino y El Sheriff habrían llegado a un acuerdo con el predio y las condiciones para hacer la operación. Incluso estaba casi listo el boleto para firmarlo. Sin embargo, al ex intendente no le gustó el alboroto que se generó con todo esto de la AFA.
Una fuente dice a Clarín que «le hizo ruido que lo primero que quería Toviggino era dejar los caballos» y explica que Granados habló con su mujer y su hijo Gastón y decidió rechazar la venta. Aunque esa reunión puede haber tenido un tinte familiar, lo cierto es que su hijo es el intendente de Ezeiza y su esposa es directora de Cultura del municipio.
Sin embargo, otras fuentes le dijeron a LPO que la operación efectivamente llegó a concretarse y que la venta quedó sellada por USD 3.000.000 cash.
Los dueños de la mansión de Pilar de 105 mil metros cuadrados con helipuerto, haras, un galpón para autos, cancha de padel y caminos internos son Luciano Pantano y su madre Ana Lucía Conte. Sin embargo, la Justicia no tienen dudas que no lo son y que en realidad prestaron sus nombres para los verdaderos propietarios. Y así lo marcan parte de la prueba que la investigación ya recolectó.
Pantano es monotributista con deudas y Conte es beneficiaria de un plan social. Ninguno tiene la capacidad económica para comprar la propiedad.
Emilio Pérsico quiere presentar una lista propia en la interna del PJ bonaerense y le mete ruido a la pelea entre La Cámpora y los intendentes que respaldan a Axel Kicillof.
Tres dirigentes del Movimiento Evita se presentaron en las últimas horas en la Junta Electoral para exigir una boleta para Mariel Fernández, la intendenta de Moreno.
Fuentes del Movimiento Evita dijeron a LPO que la Junta Electoral del PJ no quiere entregar el token que les dan a los apoderados para presentar lista. Esa es la primera de una serie de maniobras con las que creen que buscarán impugnar la boleta de Mariel.
Es un escenario similar al que padeció el riojano Ricardo Quintela cuando osó enfrentar a Cristina Kirchner a fines de 2024. El gobernador finalmente fue inhabilitado para competir y, tras amenazar con una apelación en la Cámara Electoral, se terminó bajando de la pelea.
Mariel Fernández junto a Mayra Mendoza, Axel Kicillof y Teresa García.
«Si llegamos hasta la elección los ponemos en jaque», dijeron a este medio en el Evita. «Y si les ponemos un fiscal en cada mesa, van a tener que ir a la elección», enfatizaron. Mientras La Cámpora y el MDF de Kicillof disputan por el padrón del partido, el sector de Pérsico pide competir en una interna abierta.
Kicillof ya fue informado de esta jugada, aunque en el Evita dicen que no se quiere meter. «Todos los gobernadores son presidentes del PJ, si Axel no quiere ser, cualquiera puede ser», dijeron a LPO en el movimiento.
Como anticipó LPO, la vicegobernadora Verónica Magario aparece como la principal candidata de Kicillof para presidir el partido. La presidenta del Senado se mantiene hiper activa. Acompaña a Kicillof en cada reunión política y de gestión en la Costa bonaerense y recibe en La Plata a referentes del peronismo.
«Es lo mismo de siempre, no convocan a todo el mundo y eligen el candidato en una pieza», protestan en el Evita.
El consumo masivo sigue sin dar señales de repunte. El Indec midió otro fuerte retroceso de las ventas en supermercados y mayoristas durante el mes de noviembre, mientras que en los shoppings el comportamiento fue dispar.
Los informes publicados por el Indec dan cuenta de una caída de las ventas en los supermercados del 2,8% respecto a noviembre del 2024 y del 3,8% contra octubre de 2025, el peor dato intermensual de los últimos dos años.
El único dato positivo para el gobierno es que el acumulado enero-noviembre de 2025 sigue dando un positivo de 2,2% respecto a igual período de 2024. Pero en el dato mes a mes, solamente hubo cuatro meses con variación positiva y de las últimas ocho mediciones solo octubre dio bien.
El deterioro también se sintió en los autoservicios mayoristas, donde las ventas cayeron en noviembre 8,3% respecto al mismo mes del año anterior. El dato es positivo es que mejoraron 1,3% respecto a octubre.
En los primeros once meses del 2025 el acumulado da una caída del 7,7% contra el mismo período del 2024.
Finalmente, en los centros de compras las ventas en noviembre disminuyeron 2,3% respecto a octubre, pero respeto a noviembre de 2024 hubo un salto del 17,3%. En lo que va del año, las ventas del sector acumulan una suba del 4,3%.
