Autor: Invitad@ Especial

 

La preocupación por el empezó a calar hondo en el gobierno luego de la serie de pasos en falsos que dio Javier Milei para defender a los Menem y Manuel Adorni, los protegidos de su hermana Karina.

El presidente dijo dos semanas atrás que Adorni presentaría su declaración jurada patrimonial para aclarar el escándalo que sacude al gobierno desde hace dos meses y medio. En ese momento ya se leyó como una señal de debilidad que Milei saliera a hacer esa aclaración luego de que Patricia Bullrich le diera un ultimátum al jefe de gabinete para que aclare su situación patrimonial.

Pero dos semanas después la declaración de Adorni no apareció, lo que dejó desautorizando al propio presidente. Desde el propio oficialismo, como fue el caso del senador Francisco Paoltroni, dijeron que la dilatación de Adorni «es una falta de respeto al presidente».

Fuentes del gobierno dijeron a LPO que mientras Milei anunciaba que Adorni ya tenía lista su declaración, su celular vibraba con mensajes que le sugerían que esperara hasta junio. Nadie se encargó de salvaguardar la palabra presidencial para exigirle a Adorni que presentara los papeles luego del anuncio del propio presidente. La única que podía hacerlo era Karina, la jefa política del contador de la UADE.

 El fantasma que recorre el gabinete es si Karina usa de fusible al propio hermano para salvarse a sí misma y a protegidos suyos como Adorni, los Menem y Sebastián Pareja

Casi en simultáneo, Milei quiso salir a frenar la interna entre Santiago Caputo y los Menem, pero la terminó agravando. Milei salió en la tarde del martes a defender a Menem y dijo que la cuenta Periodista Rufus estaba «prefabricada» para perjudicar al riojano. Para justificar la teoría de la «operación», Milei dijo que vio «un video que armó Oría que explica lo que le hicieron a Martín Menem».

Santiago Oría es otro de los delfines de Karina que, como reveló la Wayback Machine, como mínimo le mintió al presidente ya que el trackeo digital confirmó que la cuenta Rufus pertenecía a Menem.

En otros tiempos de mayor devoción por el liderazgo de Milei, los chicos de Las Fuerzas del Cielo se hubieran tragado el orgullo tras la aclaración del presidente. Pero esta vez salieron a decir que le mentían a Milei, poniendo en tela de juicio su capacidad para conducir. Y al pelotón junto a Menem sumaron tanto a Oría, que había sido ensalzado por el propio Milei, como a la diputada Lilia Lemoine, cercana a los hermanos.

En el streaming del Gordo Dan incluso se permitieron una burla directa contra Milei cuando se refirieron al caso Espert. Como anticipó LPO, el presidente le busca un cargo al ex diputado para redimirlo por el derrumbe de su carrera política que significó la vinculación con el supuesto narco Fred Machado. Milei salió el domingo a festejar un fallo ilusorio de la Justicia de EEUU que según él había declarado inocente a Machado, por lo que por decantación eso lo hacía inocente a Espert.

Pero la Justicia de EEUU declaró todo lo contrario. Machado se asumió culpable de lavado de dinero para conseguir un acuerdo con la justicia de Texas. «La versión Manaos fue Fred absuelto, viva la libertad carajo», se mofaron en el programa del líder de los tuiteros que responden a Santiago Caputo.

El fantasma que recorre el gabinete es si Karina usa de fusible al propio hermano para salvarse a sí misma y a protegidos suyos como Adorni, los Menem y Sebastián Pareja. «Es una conversación común entre el entorno de los Milei, porque no puede ser que le haga tanto daño», dijo a LPO una fuente que conoce a ambos desde hace años.

 

 

El gobierno consiguió este miércoles darle media sanción a la ley que modifica el régimen se Zonas Frías para subsidiar a los hogares alcanzados por la norma vigente desde 2021, en el consumo de gas. Con 132 votos por la afirmativa, 105 por la negativa y las abstenciones de los tres catamarqueños de Raúl Jalil y el lilito Maximiliano Ferraro, el oficialismo aprobó su iniciativa cerca de las 22, después de casi 12 horas de sesión.

Al igual que con el quórum, los libertarios contaron con el respaldo del PRO, la UCR, el MID, los sanjuaninos de Marcelo Orrego, los tucumanos de Osvaldo Jaldo y casi todos los representantes de Innovación Federal, la bancada que responde a Carlos Rovira y Gustavo Sáenz. Para obtener ese apoyo, Diego Santilli gastó los teléfonos de los gobernadores en la previa de la sesión prometiendo un alivio para las tarifas eléctricas bajo la forma de un canje de «zona cálida por zona fría».

Durante el debate, los libertarios acusaron al peronismo de hacer «populismo tarifario» y se jactaron de proponer una iniciativa que busca reparar ese problema. El mendocino Facundo Correa Llano, miembro informante del oficialismo, dijo que «la política argentina se construyó sobre subsidios indiscriminados, sobre distorsiones, sobre privilegios», y agregó: «eso nos llevó a confundir lo que es la sensibilidad social con desorden, subsidios con privilegios, y política energética con populismo tarifario».

En su intervención, no mencionó que la mutilación de las zonas frías estaba contemplada en el capítulo 11 del proyecto de presupuesto que la oposición abortó con la media sanción de la Cámara Baja, en diciembre del año pasado, un golpe a la trampa que había montado Luis Toto Caputo para profundizar el ajuste. De hecho, Correa Llano reivindicó «el camino basado en el equilibrio fiscal, en la inversión privada, en reglas claras, en un sistema energético sostenible y en subsidios focalizados».

La cordobesa Laura Rodríguez Machado, que saltó en 2025 del PRO a LLA, presumió que el gobierno está «desarmando una bomba que dejó el kirchnerismo». «Estamos en contra de darle subsidios a quienes no lo necesitan», dijo, y concluyó: «nosotros cuidamos la plata de los argentinos asignándola a los recursos de quienes realmente la necesitan».

Horas más tarde le respondería la diputada Carolina Basualdo, también oriunda de Córdoba pero integrada al interbloque de Provincias Unidas. «Tomo la palabra en nombre de las 688 mil familias cordobesas a las que les quitan los subsidios», anunció antes de criticar que «la política energética de la Nación no puede diseñarse desde un escritorio en Buenos Aires».

Basualdo coincidió con el salteño Bernardo Biella en su preocupación sobre el destino del 7,5 por ciento de la factura que todos los consumidores pagan para la constitución del Fondo Fiduciario que financia los subsidios. «Los cordobeses vamos a seguir aportando», dijo con orgullo la diputada de Martín Llaryora.

Biella, por su parte, se preguntó si el dinero tributado sería imputado al pago de obras, como debería suceder con el impuesto a los combustibles, o jubilaciones. Miembro del bloque Innovación Federal, que responde a Gustavo Sáenz, el legislador había dicho antes de dar quórum que votaría contra la ley porque «en Salta hace más frío que en Mendoza».

Sobre el debate acerca del financiamiento del Fondo Fiduciario que sostiene los subsidios, el ex diputado y director del Instituto Consenso Federal, Alejandro «Topo» Rodrígez, recordó que «presentó superávit en 2021, 2022 y 2023, pero apenas asumió Javier Milei entró en déficit». Según sus cálculos, en 2021 hubo un superávit de 16 mil millones de pesos; en 2022, fue de 7697 millones de pesos; y en 2023, alcanzó 39 mil millones de pesos de balance positivo, mientras que en 2024 cayó en un déficit de 54 mil millones de pesos.

El impacto de la reforma impulsada por la Casa Rosada afecta a 1,2 millones de hogares en la Provincia de Buenos Aires. Como hay 6 millones en total en ese distrito, el impacto se produce sobre el 20 por ciento de las familias. A nivel nacional, casi 4 millones de hogares serían alcanzados por el recorte.

La camporista Paula Penacca salió al cruce también de los colegas suyos que criticaban la política de subsidios de los gobiernos kirchneristas. «Desde que asumió Javier Milei, el aumento de tarifas fue de 980 por ciento mientras que la inflación fue del 240 por ciento», graficó.

Quizá como advertencia, el rionegrino Miguel Pichetto evocó: «allá por el 2000, el gobierno de Fernando De La Rúa tomó una medida igual con el subsidio del combustible». 

 

 

Gabriel Katopodis quedó en medio de una pelea entre manifestantes y policías en el puente 25 de Mayo ubicado sobre la colectora de la General Paz. El ministro acompañaba a trabajadores de Pymes en una manifestación cuando empezaron los forcejeos con efectivos de la Policía de la Ciudad.

El reclamo se centró en la situación laboral de los trabajadores industriales y pymes. Durante la protesta los manifestantes colgaron una bandera que cruzaba todo el puente con la consigna: «Milei, ya fundiste a 25 mil pymes».

Las concesionarias de las grandes marcas venden un 30% menos a pesar de congelar precios por el avance chino

La situación escaló cuando unos 200 manifestantes del INTI intentaron corta la traza de la colectora de la General Paz mano Riachuelo. En ese momento, personal policial les cerró el paso y los hizo volver a la vereda. En pleno forcejeo ante quienes protestaban, dos efectivos de la Policía de la Ciudad sufrieron heridos en el rostro.

El operativo policial avanzó sobre los manifestantes con empujones y el uso de gas pimienta. Katopodis participaba de la protesta e intercedió para evitar la represión policial sobre los manifestantes.

La convocatoria a la movilización había sido lanzada por el secretario general de Ate Nacional, Rodolfo Aguiar, quien estuvo presente en el lugar acompañado por Óscar de Isasi, también dirigente del gremio.

Los manifestantes expresaron su preocupación por la situación de las pequeñas y medianas empresas, responsabilizando al Gobierno nacional por el cierre de miles de pymes y por el deterioro de las condiciones laborales. El gremio denuncia una retracción inédita en la economía argentina, con un impacto que, según sus dirigentes, supera al registrado durante la pandemia.

De acuerdo con los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), son ya 17 meses seguidos de caída en la cantidad de empresas registradas, una racha negativa que implica una reducción que «ha sido más pronunciada incluso que en la pandemia».

 

 

Bariloche se prepara para la audiencia pública que tratará la privatización del Catedral. El proyecto tiene el impulso del gobernador Alberto Weretilneck, pero por el momento el oficialismo no cuenta con los votos para aprobar los nuevos parámetros urbanísticos del cerro.

El gobernador ya habilitó importantes negocios en la provincia a familiares del Emir de Qatar, incluso pasando por encima de la legislatura. Como publicó LPO, Weretilneck permitió el uso de un arroyo provincial para abastecer 3 centrales hidroeléctricas en el complejo Baguales, propiedad de un primo del emir.

Si bien no tiene injerencia directa en la privatización del cerro, Weretilneck juega fuerte para que la iniciativa avance. La familia Trappa, concesionaria del Catedral, es la cara visible del proyecto, pero en la política barilochense aseguran que los capitales para la urbanización del cerro tienen origen en Qatar.

Asociaciones civiles y legisladores presentaron una cautelar para impedir la realización de la audiencia pública, que no es vinculante, pero sí un paso necesario para cambiar los parámetros urbanísticos del Catedral.

Denuncian que Weretilneck habilitó tres hidroeléctricas para capitales qataríes sin pasar por la Legislatura

El juez de primera instancia en lo contencioso administrativo de Bariloche Roberto Iván Sosa Lukman rechazó la presentación, pero no se expresó sobre el fondo de la demanda. Asociaciones y organizaciones locales habían denunciado que la intendencia no cumplió con los procedimientos administrativos para convocar a la audiencia. El juez es esposo de una de las funcionarias que trabajó en el proyecto hasta el año pasado.

Para la audiencia hay 114 inscriptos y la mayoría está en contra de la urbanización del cerro. El proyecto tiene pocas posibilidades de convertirse en ley: hay seis legisladores a favor y cinco en contra. Para tener luz verde hacen falta 8 votos.

Facundo Villalba, Roxana Ferreyra, Leandro Costa Brutten, Julieta Wallace y el oficialista Tomás Hercingonja adelantaron su rechazo al proyecto. El oficialismo cuenta con dos escaños, a los que se suman dos legisladores de Weretilneck, uno del PRO y otro que hasta hace poco perteneció a Juntos Somos Río Negro.

«El verdadero interesado en que salga el proyecto es Weretilneck, no el intendente», confió a LPO una fuente de la legislatura barilochense.

 

 

Los argentinos ya gastaron USD 14.687 millones con tarjeta en dólares desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada. El dato surge de las estadísticas del Banco Central y expone uno de los costados incómodos del esquema económico: mientras el gobierno se esfuerza por sumar reservas, los consumos en el exterior son una aspiradora de divisas.

La cifra corresponde al período comprendido entre diciembre de 2023 y abril de 2026. Sólo en el primer cuatrimestre de este año, los préstamos vinculados a pagos con tarjeta en moneda extranjera alcanzaron USD 2.588 millones, algo por encima de los USD 2.533 millones registrados en igual período del año pasado.

En el equipo económico relativizan el problema. Explican que cerca del 70 por ciento de esas operaciones se cancelan con dólar billete para evitar la percepción del 30 por ciento de ARCA, por lo que esas divisas no salen directamente de las reservas del Banco Central.

Pero en el mercado señalan que ese argumento es apenas una verdad a medias. Los dólares podrán salir del colchón y no del Central, pero después alguien vuelve a comprarlos. Y ahí aparece el verdadero problema: la demanda privada de divisas crece a una velocidad cada vez más difícil de financiar.

«Que el pago de la tarjeta se realice con fondos provenientes de la FAE no cambia mucho el problema ya que un pago sustituye a otro», explicó Martín Burgos, director de la consultora Lado B. «La cuestión es la dinámica que está teniendo la compra de divisas, sea para ahorro personal o para el pago de un servicio en el exterior».

Burgos advirtió además que el esquema empieza a mostrar similitudes peligrosas con el final del gobierno de Mauricio Macri. «Se está reproduciendo el mecanismo que llevó al macrismo al abismo, donde los egresos por formación de activos externos terminaron absorbiendo todo lo que ingresaba por deuda externa, ya sea del FMI o de préstamos financieros», sostuvo.

La preocupación no es solamente teórica. En el mercado ya hacen cuentas sobre el impacto que podría tener el Mundial de Fútbol de Estados Unidos, México y Canadá. Las estimaciones privadas hablan de un gasto potencial de entre USD 1000 y USD 2000 millones por parte de turistas argentinos, dependiendo de cuánto avance la Selección en el torneo.

El dato no es menor. El Mundial de Rusia 2018 coincidió con el estallido de la crisis cambiaria de Macri, cuando el Banco Central perdió reservas a un ritmo vertiginoso y terminó recurriendo al FMI. La diferencia es que ahora Estados Unidos aparece como un destino mucho más accesible para los sectores de ingresos altos argentinos gracias al dólar planchado.

En otras palabras: el Gobierno festeja que los argentinos vuelvan a viajar al exterior justo cuando la economía necesita que los dólares se queden adentro. El problema es que la discusión ya no pasa sólo por la salida de dólares. Empieza a aparecer otro riesgo más delicado: el crecimiento de la deuda en moneda extranjera dentro del sistema financiero.

Tras la flexibilización dispuesta por el Banco Central en 2025, algunas entidades comenzaron a explorar créditos en dólares para clientes que cobran en pesos. Aunque el sistema todavía se mueve con cautela, el tema ya encendió alarmas en varias mesas bancarias.

Los bancos recuerdan demasiado bien lo que ocurrió en otras experiencias argentinas donde familias o empresas tomaron deuda en dólares mientras sus ingresos seguían pesificados. El negocio funciona mientras el tipo de cambio permanece artificialmente tranquilo. El problema aparece cuando llega la corrección.

Ahí es donde el esquema de Milei empieza a mostrar su doble fragilidad. Por un lado, la economía necesita dólares para financiar turismo, ahorro y consumo externo. Por otro, empieza lentamente a recrear pasivos en moneda extranjera sobre actores que generan ingresos en pesos.

En el mercado financiero muchos creen que el verdadero test llegará cuando el Gobierno tenga que elegir entre sostener el atraso cambiario o acelerar una devaluación para evitar que las reservas vuelvan a drenarse. El problema es que cuanto más se expanda el crédito en dólares, más costosa será esa corrección.

El riesgo es terminar atrapados en la peor combinación posible: una economía que pierde dólares por turismo y fuga mientras acumula deuda dolarizada que explota apenas el tipo de cambio se mueve. Exactamente el cóctel que terminó detonando la crisis de 2018.

 

 Estados Unidos refuerza su poder sobre Cuba. El Departamento de Justicia reveló la imputación de Raúl Castro, el expresidente cubano de 94 años y hermano de Fidel Castro, y de otras cinco personas.

La acusación es de asesinato y conspiración con el fin de matar a ciudadanos estadounidenses y se deriva del derribo de dos aviones del grupo de ayuda humanitaria Brothers to the Rescue cerca de las costas de la isla. 

El ministro de Justicia interino, Todd Blanche, dijo que «hay orden de arresto y esperamos que se presente voluntariamente o por otros medios». En caso de condena, algunos de los acusados podrían enfrentar la pena de cadena perpetua.

Raúl Castro, que el próximo 3 de junio cumplirá 95 años, en cambio, se expone a hasta cinco años de prisión por cada uno de los cargos que se le formulan por la destrucción de los aviones. «El intento de imputación es una acción política sin fundamento jurídico», denunció el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. 

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«Es un circo que montan para justificar una agresión militar contra Cuba», añadió el embajador de Cuba ante la ONU, Ernesto Soberón Guzmán, al New York Times. 

Sin embargo, la imputación contra Castro es un gesto más simbólico dado que después de haber sido ministro de Defensa durante 49 años y presidente durante 12 años, Raúl Castro ya no tiene actualmente ningún cargo oficial, más de un posible poder interno, especialmente sobre las fuerzas armadas.

La acusación es de asesinato y conspiración con el fin de matar a ciudadanos estadounidenses y se deriva del derribo de dos aviones del grupo de ayuda humanitaria Brothers to the Rescue cerca de las costas de la isla.

En este marco, la denuncia alimenta otra teoría como es la de una intervención militar  similar a la que Washington hizo en Caracas para sacar de poder a Nicolás Maduro. 

La pasada, el gobierno de Cuba informó que el director de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA), John Ratcliffe, se reunió con su contraparte en el Ministerio del Interior en La Habana.

Raúl Rodríguez Castro con su abuelo, Raúl.

Según informó la BBC inglesa y su socia estadounidense CBS, participaron en la reunión Raúl Rodríguez Castro conocido como «El Cangrejo» (nieto del expresidente Raúl Castro), el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas, y el jefe de la Dirección de Inteligencia.

En el encuentro se «discutió la cooperación en materia de inteligencia, la estabilidad económica y cuestiones de seguridad, todo ello con el telón de fondo de que Cuba ya no puede ser un refugio seguro para los adversarios en el hemisferio occidental», dijo la fuente de la CIA.

La isla lleva tiempo en el punto de mira de la administración Trump, que nunca ha descartado de manera definitiva una posible acción militar. Hasta ahora, Washington ha impulsado sanciones económicas. 

En paralelo, ha mantenido conversaciones con algunos representantes de cubanos, con los que también discutió la oferta de 100 millones de dólares de ayuda a la isla. Con su estrategia, la Casa Blanca busca valerse de los cubanos y de sus dificultades para que se vuelvan contra el régimen.