Jorge Macri modificó la política social porteña y anunció que la asistencia económica estará ligada a la formación laboral obligatoria.
El gobierno porteño eliminará los planes sociales y los reemplazará por un «programa centrado en la capacitación y la inserción laboral formal».
La iniciativa lanzada por la Ciudad alcanza a cinco mil beneficiarios y está prevista una transición que durará un año hasta el fin del sistema actual.
«En el proceso de revisión se detectaron y eliminaron 1.274 beneficiarios irregulares: el sistema implicaba unos $10 mil millones anuales y 85 convenios que ahora serán dados de baja», explicaron desde el gobierno porteño.
«Se terminó el negocio de los gerentes de la pobreza. Chau intermediarios. Chau planes manejados por organizaciones. En la Ciudad ahora la ayuda es directa, temporal y con una condición indispensable: capacitarse y trabajar. La única salida es el trabajo», sostuvo Jorge Macri.
El nuevo formato prevé la eliminación de intermediarios, ya que los beneficiarios recibirán los pagos de manera directa. También se fijarán «criterios claros de permanencia», como requisitos de residencia, situación socioeconómica y nivel de ingresos.
Desde la Ciudad adelantaron que el nuevo programa está basado en «la formación educativa, la capacitación laboral, el trabajo con impacto concreto y la vinculación con el sector privado». La iniciativa contempla acuerdos con nueve cámaras empresariales, empresas y universidades.
«Estamos dando un paso más en el cambio de paradigma de la política social. Ya lo hicimos con el sistema de comedores, ahora lo hacemos con los últimos planes sociales que quedaban en la Ciudad. Le estamos devolviendo dignidad a personas que hace muchos años solo cobraban para ir a una marcha sin ningún horizonte de progreso», aseguró el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, Gabriel Mraida.
Otras dos mujeres le prestaron 100 mil dólares a Manuel Adorni para que se pudiera comprar una casa en un country Extaltación de la Cruz cuando ya era funcionario de Javier Milei.
Según reveló La Nación, el 15 de noviembre de 2024 Adorni y su esposa Bettina Angeletti recibiorn una crédito no bancario de Graciela Isabel Molina de Cancio, quien habría aportado 85.000 dólares, y Victoria María José Cancio, que prestó 15.000 dólares.
El mismo día del crédito Angeletti adquirió la casa del country Indio Cuá que Adorni no informó en su declaración jurada. En ese momento era el secretario de Comunicación de la Nación y tampoco informó ese cambio en su patrimonio cuando asumió como jefe de gabinete a fines de 2025.
Adorni ya había recibido 200 mil dólares de otras dos mujeres jubiladas, Beatriz Viegas, de 72 años, y de Claudia Sbabo, de 64. Consultada por La Nación, Sbabo dijo que ni lo conocía a Adorni, que usó esa plata para comprarse un departamento en Caballito por la mitad de su valor.
Adorni había informado que Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio eran sus acreedoras en su declaración jurada, pero se desconocían los detalles sobre esa deuda. La Nación reveló que el monto que declaró Adorni es de cerca del 50% de la cifra total del crédito garantizado por la hipoteca de noviembre de 2024. El funcionario informó en su presentación ante la Oficina Anticorrupción una deuda de 43.860.000 pesos con Molina de Cancio (que tomó en dólares) y una de 7.740.000 con Cancio.
La escribana que intervino en la operación fue Adriana Nechevenko, la misma que certificó las compras de la casa del countru y el departamento de Caballito.
El fiscal que lleva adelante la investigación sobre Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, Gerardo Pollicita, citó a declarar a Nechevenko para este miércoles como testigo.
La fiscalía le pidió además a la escribana todos los documentos vinculados a las operaciones en las que hayan intervenido Adorni o su mujer.
El gobierno tuvo que salir a desmentir la salida de Mario Lugones del ministerio de Salud en medio de una conspiración de médicos para voltearlo y un enfrentamiento con Luis «Toto» Caputo por los fondos del PAMI.
La Rosada se vio obligada a poner en funcionamiento la Oficina de Respuesta Oficial (ORIA), a cargo de Juan Pablo Carreria, uno de los planeros VIP del Banco Nación que recibió 115 millones de pesos de crédito gracias a su lugar de privilegio como estatal.
«El Ministro de Salud, Mario Lugones, no se va. El Dr. Lugones encontró el Ministerio de Salud y el PAMI destruidos por el kirchnerismo, con un sistema de salud quebrado y en emergencia sanitaria desde hace más de 20 años: desmanejo, corrupción, estructuras duplicadas, intermediaciones y un desastre heredado que le sacaba plata a la gente sin generar valor», dijo la cuenta anti fake news de los libertarios.
La ORIA salió en respuesta de una nota de El Diario.ar que anunciaba una salida inminente de Lugones. LPO ya había adelantado que la salida del ministro de Salud era una de las alternativas que se barajaban para disfrazar la caída de Manuel Adorni con una reestructuración del gabinete.
FALSO.El Ministro de Salud, Mario Lugones, no se va. El Dr. Lugones encontró el Ministerio de Salud y el PAMI destruidos por el kirchnerismo, con un sistema de salud quebrado y en emergencia sanitaria desde hace más de 20 años: desmanejo, corrupción, estructuras duplicadas,… https://t.co/2q9uGsbOlU
— Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) April 6, 2026
La mención al PAMI no es casual: LPO reveló que Lugones chocaba con Caputo para que le libere los fondos para el PAMI, que está al borde del precipicio por deudas millonarias.
Lugones le está reclamando a Economía fondos para el PAMI por un equivalente a mil millones de dólares, necesarios para la continuidad de la operatoria de la mutual de los jubilados.
Las cámaras del sector denuncian deudas millonarias y evalúan el cobro de copagos a los afiliados para mantener los servicios. Los prestadores del PAMI advirtieron que dejarán de brindar algunos servicios a los jubilados, lo que puede desembocar en una crisis social de alcance insospechado.
Luis «Toto» Caputo
Lugones no controla a Carlos Zamparolo, el subdirector del PAMI que es quien verdaderamente maneja la mutual, en lugar del director ejecutivo, Esteban Leguizamo, que sí responde al ministro.
En la Rosada admitieron a LPO que Lugones atraviesa un frente interno en el ministerio, ajeno a las disputas que atraviesan todo el gabinete entre el sector de Karina Milei y Santiago Caputo. Santiago es el jefe político de Lugones y socio de su hijo Rodrigo en la consultora Move. Además es el referente de Guido Giana, el número dos del ministerio.
Lugones padece además una conspiración de altos directivos de hospitales que mantuvieron conversaciones en busca de otro ministro que se haga cargo de la situación crítica del sistema.
La brutal embestida de los jueces federales de Comodoro Py le dejó al gobierno de Milei bastante claro que no cayó bien la designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia y acaso sea necesario reabrir la discusión por los lugares en la Corte Suprema y la Procuración, para alcanzar una «paz judicial» que tranquilice a Karina.
Los jueces Mariano Borinsky, Ariel Lijo, Marcelo Martínez de Giorgi y hasta María Servini de Cubría lideran un grupo más amplio de jueces federales que se sintieron destratados por la hermana de Milei, como reveló LPO, y ahora mueven todas las causas que la complican a ella, su hermano y su jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La revelación de los nombres de otras dos mujeres que «prestaron» 100.000 dólares a Manuel Adorni para comprar su casa en el country Indio Cua en base a una hipoteca en su departamento de Parque Chacabuco, en una maniobra espejo del departamento de Caballito, es parte de esa tensión. Hoy se supo que Graciela Isabel Molina de Cancio le «prestó» al vocero 85.000 dólares y Victoria María José Cancio 15.000 dólares. El escándalo interminable del jefe de Gabinete sumó así otro hecho digno de investigación penal.
La lectura extendida en Comodoro Py es que los hermanos Milei «están desbordados» y necesitan urgente una «paz judicial». Esto coincide con el interés de los jueces federales que se completen las vacantes del máximo tribunal y la Procuración General de la Nación este año. A la que se suma la vocación por ocupar juzgados federales que ya está en marcha. Luego de enviar el pliego de la mujer de Martínez de Giorgi, este lunes el gobierno mandó los pliegos para juezas de Laura Kvitko y Jessica Sircovich, secretarias de Borinsky.
Borinsky es uno de los nombres que circula en Comodoro Py para sumarse a la Corte Suprema. Si avanza esa línea de acción, se pondría en crisis el supuesto compromiso que Mahiques asumió con el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, para que la designación de los nuevos ministros de la Corte se realice en el próximo mandato. Esa es al menos la teoría del grupo de Comodoro Py que se ampara en las declaraciones del propio ministro, que dijo que no es prioridad del gobierno completar el máximo tribunal.
Es muy difícil que la Corte Suprema pueda garantizar un acuerdo de toda la justicia con un gobierno, eso no pasa.
Un fiscal federal explicó a LPO que Comodoro Py buscó demostrar al Gobierno que tener buena relación con la Corte no alcanza. «Es muy difícil que la Corte Suprema pueda garantizar un acuerdo de toda la justicia con un gobierno, eso no pasa», afirmó.
Ahora, los jueces de Comodoro Py ven la oportunidad de expandirse hasta la Corte. La jugada se da en un contexto de reacomodamientos en la cabeza del Poder Judicial: como informó LPO, Rosenkrantz y Lorenzetti apuraron a Rosatti con un proyecto para cambiar la reglamentación de la selección de jueces en el Consejo de la Magistratura, órgano que también conduce el ex intendente de Santa Fe. Un deslizamiento inquietante.
El juez federal, Mariano Borinsky.
Por eso, el grupo de Lijo, Borinsky, Martínez De Giorgi y Servini no abandona el diálogo con Sergio Massa y los gobernadores peronistas, en el entendimiento que cualquier designación de jueces en la Corte y el procurador va a necesitar una proción importante del bloque de senadores del PJ.
La filtración de los audios y los documentos del teléfono de Mauricio Novelli con el presunto contrato firmado por Javier Milei para cobrar 5 millones de dólares a cambios de promocionar la criptoestafa, sumados a la investigación sobre el patrimonio de Adorni y ahora la causa de los créditos del banco Nación que también recaló en Lijo, habrían mostrado los límites de la estrategia de Karina y los Menem, que impulsaron la designación de Mahiques en lugar de Guillermo Montenegro, el candidato de Comodoro Py.
Mariano Borinsky, Ariel Lijo, Marcelo Martínez De Giorgi y hasta María Servini integran un lote de magistrados interesados en que se completen las vacantes del máximo tribunal y la Procuración General de la Nación este año.
«El error fue bochar a Montenegro porque era cercano a Santiago Caputo, sin darse cuenta que atrás estaba Comodoro Py», afirmó a LPO un juez federal. Ahora el gobierno tiene que lidiar con una realidad muy incómoda: la causa Libra esté en manos de Martínez de Giorgi y la investigación sobre la presunta corrupción de Adorni se concentró en el juzgado de Lijo.
El problema es que tampoco es seguro que el peronismo preste sus votos en el Senado para que los impulsores del copamiento de la Corte logren su objetivo. «¿Por qué el PJ le daría un procurador o un juez de la Corte a Milei, justo cuando pasa su peor momento?», se preguntó ante LPO un experimentado operador judicial.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
El otro gran inconveniente para concretar la jugada es que el gobierno carece de una figura de volumen político para tejer la trama de acuerdos imprescindibles entre la Casa Rosada, el Poder Judicial y el Congreso. De hecho, ya hizo agua en 2024 con Santiago Caputo y Sebastián Amerio a la cabeza, cuando lo convencieron a Milei que Lijo y Manuel García-Mansilla serían ministros de la Corte y fracasaron de manera estrepitosa.
Paradójicamente, una de las fuentes consultadas no descartó que Lijo apueste a su propia revancha por un sillón en el máximo tribunal. También suena el nombre de Borinsky para ocupar alguna de las vacantes.
Cuando esté jugando la Selección, más si al equipo argentino le va bien, podría ser un buen momento para meter los pliegos para la Corte.
El deadline para enviar los pliegos de los nuevos candidatos a la Corte sería entre el Mundial a disputarse en junio próximo y no muchos después. «Cuando esté jugando la Selección, más si al equipo argentino le va bien, podría ser un buen momento para meter los pliegos para la Corte», dijo a LPO un funcionario judicial al tanto de las conversaciones.
«El año que viene imposible mandar los pliegos de la Corte porque es año electoral», agregó un importante juez de Comodoro Py, que sigue con interés el tema.
El ex viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, que no logró coronar los jueces en la Corte Suprema.
La crisis del consumo se profundiza en los indicadores turísticos. Según Came, a pesar de registrarse un crecimiento de 5,6% en la cantidad de turistas con relación a 2025, en el fin de semana largo de Semana Santa el gasto total se derrumbó un 18,9% anual en términos reales.
Un dato que refuerza la tendencia al recorte extremo en los tiempos de viaje y la permanencia en los destinos es que cada vez son más los turistas que no completan los cuatro días de estadía en un fin de semana largo.
La estadía promedio esta vez fue de 2,6 noches, un 16,1% menor que en 2025. En tanto, el gasto promedio diario por turista fue de $ 108.982, con una baja del 8,4% frente al año anterior, mientras que el gasto total descendió un 18,9%.
«Se volvieron a priorizar escapadas cortas y cercanas, en un contexto donde el costo del transporte y la situación económica influyeron en las decisiones de viaje», detallaron en Came, que habla de «un turista más prudente, que ajustó su consumo y priorizó experiencias gratuitas o de menor costo».
En concreto, el tercer fin de semana largo del año movilizó a 2.852.256 turistas en todo el país, quienes generaron un impacto económico directo de $ 808.198 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras.
Se volvieron a priorizar escapadas cortas y cercanas, en un contexto donde el costo del transporte y la situación económica influyeron en las decisiones de viaje
«No son buenas las perspectivas para el invierno y la razón es sencilla: no hay plata», dijo un hotelero marplatense a LPO.
En la ciudad balnearia hay voces del sector que filtran malestar con Daniel Scioli y con su emisario, Diego Juárez, a quien el ex gobernador puso al frente del Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata (Emturyc) en diciembre pasado.
«Es un coach ontológico sin experiencia en el rubro», dijo a LPO un gastronómico en referencia al currículum de Juárez, ex secretario privado de Scioli que venía de administrar los hoteles de Chapadmalal durante el periodo en que estuvieron vacíos, previo a ser quitados de la órbita de Turismo para ir hacia la concesión.
Por estos días, Scioli volvió a visitar Mar del Plata con la promesa de posicionar a esta plaza en el turismo de cruceros. Pero en la ciudad son escépticos y recuerdan que el hoy funcionario de Milei ya había anunciado una terminal de cruceros cuando era gobernador.
Maximiliano Pullaro logró que el gobierno de Javier Milei reactive el envío de fondos a la Caja de Jubilaciones de Santa Fe luego de haber transcurrido más de dos años sin transferencias que profundizó el déficit del sistema previsional provincial.
El acuerdo establece giros por $10 mil millones mensuales durante un año, lo que garantiza un ingreso total de $120 mil millones para sostener el sistema jubilatorio estatal. El flujo había sido interrumpido por Nación en 2024, lo que empujó a la provincia a judicializar el reclamo ante la Corte Suprema por la falta de financiamiento.
Ahora, el entendimiento incluye una tregua: Santa Fe suspenderá por 180 días las demandas mientras se abre una negociación por la deuda acumulada. En el gobierno de Pullaro aseguran que la suspensión no significa renunciar al reclamo.
Santa Fe suspenderá por 180 días las demandas mientras se abre una negociación por la deuda acumulada. En el gobierno de Pullaro aseguran que la suspensión no significa renunciar al reclamo
Según las estimaciones del gobierno provincial, el pasivo gira entre $1,5 y $2 billones. El acuerdo llega después de la escalada judicial que encaró Santa Fe contra la Nación por la deuda previsional en 2023 cuando Pullaro elevó el tema a la Corte Suprema por las diferencias en los montos que la Anses debía girar para cubrir el déficit de la Caja.
La tensión se agravó en 2024, cuando el gobierno de Milei cortó de manera unilateral las transferencias mensuales, lo que motivó una nueva demanda para que se restituyan los giros y se pague el stock adeudado y de allí surge la cifra de varios millones.
Por otro lado, el gobernador santafesino cuando asumió impulsó una profunda reforma del sistema previsional para enfrentar el creciente déficit de la Caja que avivó tensiones con los trabajadores estatales que aún continúan.
Ahora, el acuerdo se da en un contexto de acercamiento con la Nación, que en los últimos días incluyó otros gestos hacia Santa Fe de parte del ministro de Economía Toto Caputo que en la Bolsa de Comercio prometió transferir la ruta A012, clave para los puertos del Gran Rosario, aunque en la provincia mantienen cautela porque ese anuncio ya fue reiterado sin avances concretos.
Desde la oposición analizan si el convenio con Anses no debe pasar por la Legislatura provincial. Desde el bloque de Perotti alertaron que en las negociaciones se prevé la opción de cancelar parte de los montos pendientes (2022 a 2025) mediante los mecanismos previstos del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (Reor) y como Santa Fe no tiene deuda con Nación, el canje debería ser con bienes.
«De todos modos, primero hay que de ponerse de acuerdo en el monto adeudado y luego evaluar distintas alternativas de pago», dijeron en el bloque peronista a LPO. Además, señalaron que el tema de la suspensión de los reclamos judiciales depende de los plazos procesales que se encuentran corriendo en los juicios donde el ejecutivo provincial no tiene forma de interceder, remarcaron
