Tras confirmar la CGT la convocatoria al paro general para este jueves cuando la reforma laboral se trate en Diputados, los gremios del transporte salieron a mostrar su adhesión, por lo que la huelga es total.
A diferencia de otras medidas de fuerza en la que no se plegaron, ahora la sumatoria al paro de los transportistas le quita al Gobierno un factor determinante en su cometido por restarle volumen a la medida.
«Los gremios enrolados en Ugatt garantizamos el paro total de los medios de transporte de pasajeros», señalaron en la Unión Asociaciones Sindicales de Trabajadores del Transporte que comanda el maquinista Omar Maturano.
En la UTA, en tanto, señalaron: «Somos un gremio confederado y si la CGT define una medida de fuerza la vamos a acompañar». Con eso el gremio de los colectiveros al mando de Roberto Fernández se diferencia de la postura que tuvo en el paro general de abril de 2025.
Como contó LPO, el paro no nace del clima general. Lo que cambió la posición negociadora de la CGT fue un episodio puntual. Mientras avanzaba el debate en el Senado, el oficialismo incorporó durante la madrugada la modificación del régimen de licencias por enfermedad.
La inclusión del artículo, sin discusión previa y fuera del texto original, fue leída en el sindicalismo como una ruptura de los acuerdos informales que todavía sostenían el diálogo.
Una protesta liderada por oficiales retirados desató una fuerte tensión este lunes en Mar del Plata, donde el jefe de la departamental local, comisario mayor Cristian Fontana, fue atacado a golpes por uno de los manifestantes.
Entre los reclamos centrales, aparece la exigencia de un aumento salarial del 80%, mayor cobertura de IOMA, subir a 12 mil pesos el valor de las horas Cores (extra) y un aumento del 50% de las horas Polad (servicios adicionales).
La protesta que llegó a cortar un carril de la neurálgica avenida Independencia se hizo frente a la Comisaría Primera y tuvo como portavoz al ex jefe de la policía marplatense, Marcelo Di Pasqua, desafectado en 2017 por el gobierno de María Eugenia Vidal, acusado por el supuesto encubrimiento de un narcotraficante.
También armador local durante 2025 de «Unión y Libertad», uno de los sellos filo-libertarios que compitieron en las pasadas legislativas, Di Pasqua sostuvo a los medios locales que la protesta «no tiene banderías políticas».
Al lugar de apersonó el comisario mayor Fontana que, mientras era abordado por un grupo de familiares y retirados, fue golpeado por un manifestante.
#URGENTE Le pegaron una trompada al jefe de la Departamental de Mar del Plata, Cristian Fontana, en la movilización que realizan familiares y efectivos retirados para pedir aumentos salariales y mejores prestaciones médicas para la policía. pic.twitter.com/a53kT4tR19
La escena se da días después del fuerte conflicto que se registró en Santa Fe, donde el gobernador Maximiliano Pullaro tuvo que ceder al intenso reclamo policial, levantó sanciones contra quienes habían abandonado el servicio y otorgó subas que bordean el 50%.
En declaraciones a 0223, Di Pasqua dijo que, si bien hay puntos en común con la protesta santafesina, en Mar del Plata «no se verá afectada la seguridad» ya que la movilización la realizan principalmente familiares y policías retirados, aunque sostuvo que los efectivos «apoyan el reclamo».
La protesta tuvo como portavoz al ex jefe de la policía marplatense, Marcelo Di Pasqua, desafectado en 2017 por el gobierno de María Eugenia Vidal, acusado por el supuesto encubrimiento de un narcotraficante.
«El policía que recién ingresa cobra entre 800 y 900 mil pesos de bolsillo y un comisario a cargo, alrededor de 2 millones de pesos. Esto hace que haya policías que salen a trabajar de Uber. Conozco comisarios que lo hacen», agregó.
Fuentes con llegada a los manifestantes señalaron a LPO que la escalada de las protestas dependían mucho de cómo se iba a resolver el conflicto en Santa Fe y que si en esa provincia los uniformados lograban su cometido, eso podría generar reacciones en otras jurisdicciones, como Buenos Aires.
Di Pasqua dijo que los efectivos que respaldan la protesta no aparecieron en el corte porque «no pueden levantar la voz porque son sancionados».
La última vez que se desató una protesta policial de efectivos de la Bonaerense fue el 9 de septiembre de 2020 en plena pandemia y a las puertas de la Quinta de Olivos. Por esa rebelión, en 2021 el entonces ministro de Seguridad Sergio Berni desafectó a 400 policías.
Los bruscos cambios de gabinete que el cordobés Martín Llaryora realizó en los últimos días del 2025 se reflejaron con las recorridas por los festivales que hicieron los tres jugadores en los que el gobernador tiene puesta la expectativa para la sucesión de la intendencia de Daniel Passerini.
Y que, particularmente, se observaron con mayor nitidez en la reciente edición del Cosquín Rock por la presencia de Miguel Siciliano, Juan Pablo Quinteros y Marcelo Rodio, ministros de Seguridad, Vinculación Comunitaria y Secretario de Cultura, respectivamente.
Son los tres hombres por los que Llaryora apuesta para la capital cordobesa en el 2027 y son quienes, además, se mostraron en el verano que termina como parte de una sutil intervención de la Provincia sobre la gestión municipal.
«Son las apuestas de Llaryora por la ciudad y esto se vio reflejado, primero con los cambios en el gabinete que él hizo a fines del año pasado; pero mucho más por la presencia de los tres en casi todos los festivales. Por ahí en el Cosquín Rock quedan más expuestos por la visibilidad del festival, pero estuvieron en todos», dijo una persona que conoce que el gobernador tiene estas tres cartas en la baraja a la hora de pensar en la intendencia cordobesa 2027.
Con diferencias, fortalezas y debilidades, el tridente de funcionarios provinciales tiene territorio y conocimiento por la capital cordobesa. Siciliano quiso ser el candidato en el 2023 cuando Llaryora finalmente se inclinó por Passerini, quien en ese momento era su viceintendente; y, a pesar de su recorrido en la gestión provincial pocos se animan a sacarlo de la pelea.
De hecho, cuando se lo nombró a cargo de la cartera de Vinculación, a los viguistas salieron a aclararles que no era un gesto en contra de ese armado del PJ capitalino, sino una señal de presencia de la Provincia en la ciudad de Córdoba. Aclaración que, de todas maneras, no a todos dentro de ese esquema los dejó conformes.
Los tres están en carrera, Llaryora disfruta de controlar el ecualizador del tridente y necesita sacarlos a la cancha a todos.
Siciliano fue jefe de bloque del oficialismo en la Unicameral en la primera parte de la gestión llaryorista, luego fue candidato y renunció a asumir la banca en Diputados para integrar el gabinete provincial.
Es más, si no entra en la discusión por la intendencia, algunos creen que tiene destino en el ministerio de Gobierno una vez que el actual dueño de ese despacho, Manuel Calvo, vaya a una pelea por un escaño en Diputados y arme desde el Congreso la ingeniería nacional de Llaryora rumbo al 2031.
Quinteros tiene el aval de Llaryora para la pelea pero, de la misma manera que Siciliano, es resistido por la vieja guardia del peronismo por su pasado denunciante en contra del exgobernador Juan Schiaretti.
Quinteros tiene el aval de Llaryora para la pelea. Lógicamente al igual que el resto; pero, de la misma manera que Siciliano, es resistido por la vieja guardia del peronismo por su pasado denunciante en contra del exgobernador Juan Schiaretti. Por esto el viguismo rechaza su proyección; a pesar de que el titular de Seguridad cuenta con el respaldo explícito de Llaryora.
El nivel de conocimiento lo pone en carrera -dicen en El Panal que es el ministro más conocido del gabinete-; pero la gestión al frente de una cartera sensible como la que lidera lo deja siempre al límite.
Por su parte, Rodio aprovechó este verano la pantalla de Cultura, tal cual se lo había pedido el propio gobernador cuando le transmitió la decisión de su pase de Transporte a Cultura en diciembre pasado.
Tiene la agenda naranja en la mano, aunque Siciliano es el otro que alcanza esa terminal con Deportes y se acerca a Cultura. «Están bien entre ellos», respondió un funcionario acerca del presente entre Siciliano y Rodio, y algunas disputas del 2023 cuando los dos integraban el gabinete municipal llaryorista.
Los tres están en carrera, Llaryora disfruta de controlar el ecualizador del tridente y necesita sacarlos a la cancha a todos. «Le encanta poner a varios jugadores en carrera. Aparte, cree que la oposición tampoco tiene muy claro qué pondrá en la Ciudad. No lo tienen en la Provincia, menos para la intendencia», cerró un llaryorista.
Por enésima vez, los que odian el Estado te demuestran que sólo saben vivir a sus expensas.
Por Tomás Palazzo para NLI
El escándalo volvió a impactar en el corazón del Gobierno libertario: **el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto adjudicó un contrato por $114.044.133 —casi USD 78.000 al tipo de cambio actual— para la capacitación en inglés de su propio personal a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad dirigida por María Josefina Rouillet, esposa del actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El expediente —formalizado mediante adjudicación simple por especialidad y publicado en el sistema COMPR.AR— activó los mecanismos de control previstos en el Decreto 202/2017 por el vínculo familiar entre la directora ejecutiva de la AACI y el funcionario responsable de parte del ajuste estatal, con intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
Contra viento y ajuste Resulta inevitable el contraste: mientras Sturzenegger se presenta como el ejecutor de una política de recortes masivos, ventas de activos y “motosierra” a programas estatales, el Estado decidió asignar más de 114 millones de pesos a la asociación de su propia pareja en un contrato directo y sin licitación competitiva.
Las críticas políticas no tardaron: la senadora del bloque Justicialista Juliana di Tullio anunció que denunciará formalmente ante la Justicia a Sturzenegger y a Rouillet por considerar “irregular” el contrato, pese a que el propio canciller Pablo Quirno negó irregularidades y afirmó en redes que la contratación “cumplió con todos los mecanismos de control y transparencia”.
Viejas prácticas, nuevo escándalo
Este episodio no surge de la nada. Desde hace años Noticias La Insuperable ya había documentado la trayectoria de Rouillet en espacios públicos vinculados a la “casta” política:
En abril de 2017, el portal reveló que su nombramiento en un cargo oficial se oficializó con un año de demora, en medio de cuestionamientos por nepotismo y falta de transparencia.
Más recientemente, en diciembre de 2023, también en NLI y en exclusiva pusimos en evidencia el “increíble kiosquito” que armó Rouillet en el Programa de Mecenazgo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde manejó millones de pesos del presupuesto cultural porteño y desde donde incluso promovió proyectos vinculados a su rol posterior en la AACI.
Aquellas investigaciones muestran un patrón persistente: constante tránsito entre cargos públicos, interferencias privadas y negocios con recursos del Estado, con un denominador común que hoy se repite bajo el gobierno de Milei.
El doble estándar
Mientras en el discurso oficial se habla de “quitar privilegios”, “ajustar el Estado” y recortar gastos, este contrato deja al descubierto que el ajuste no siempre aplica a círculos cercanos al poder. En plena ola de privatizaciones de servicios estatales y cierre de organismos, la decisión de destinar fondos públicos a la asociación que dirige la esposa del ministro que implementa esos recortes expone un flagrante doble estándar que alimenta la crítica política y judicial.
¿Una moda de campaña o una regla de gobierno?
Con denuncias judiciales en puerta, defensas públicas desde el Gobierno y una oposición que promete ir hasta las últimas consecuencias, este caso podría convertirse en un emblema de lo que NLI desde hace años señalamos: la persistencia del amiguismo y la falta de transparencia dentro de las estructuras del poder, sin importar quién gobierne.
La controversia está abierta. Y mientras los mecanismos de control se activan, lo que queda claro es que la motosierra sí corta para los trabajadores y programas sociales, pero parece no llegar al círculo íntimo del propio ministro encargado de llevarla adelante.
La base monetaria volvió al centro del debate económico argentino, pero no por las razones habituales. Mientras el Gobierno insiste en que la inflación es el resultado de una expansión del dinero que ya quedó atrás, los números muestran un fenómeno distinto: una economía que atraviesa uno de los procesos de compresión monetaria más intensos de los últimos años. El problema ya no parece ser el exceso de pesos, sino su escasez relativa en una economía que sigue funcionando con bajo nivel de actividad.
Entre diciembre de 2019 y enero de 2026, la Base Monetaria pasó de aproximadamente $1,7 billones a más de $43 billones en términos nominales. El dato aislado puede sugerir una expansión significativa. Pero cuando se corrige por inflación, la lectura cambia. En términos reales, el stock de dinero cayó cerca de un 32%. Es decir, hoy circula menos dinero en relación al tamaño de la economía que al inicio del período, lo que refleja un proceso sostenido de contracción monetaria.
La tendencia descendente fue persistente entre 2020 y 2024. El piso se alcanzó durante ese último año, con una recuperación parcial recién en 2025. Aun así, el nivel actual continúa claramente por debajo del registrado al comienzo del ciclo. El ajuste monetario existió y fue profundo, aunque no siempre coincida con la narrativa pública que domina la discusión.
El mismo fenómeno aparece cuando se mide la base monetaria contra el PBI. A fines de 2019 representaba alrededor del 8% de la economía. Hoy ronda el 5,1%. No es un detalle técnico. Significa que la economía está menos monetizada.
La contracción se observa cuando se mide la base monetaria contra el PBI. A fines de 2019 representaba alrededor del 8% de la economía. Hoy ronda el 5,1%.
El control de la liquidez dejó de depender de la emisión directa y pasó a apoyarse en otros instrumentos: tasas de interés elevadas, absorción vía pasivos remunerados y condiciones financieras más restrictivas. Se trata, en los hechos, de un cambio de régimen. El Banco Central administra la escasez como herramienta de estabilización. La lógica es simple: menos pesos en circulación, menor presión nominal. Excepto, que la inflación baja en lugar de subir, como debería pasar según el manual libertario.
Es que el costo de esta política aparece en otro lado. El crédito se encarece, el consumo se enfría y la actividad pierde dinamismo. Como en una vieja imagen de la economía argentina, el motor no cuenta con combustible suficiente para acelerar.
En ese contexto, el debate entre economistas se volvió público y expuso diferencias conceptuales profundas. Carlos Maslatón sostuvo que «la base monetaria no es moneda sino una pequeña fracción de la moneda», y agregó que también deben considerarse encajes, cuentas corrientes, cajas de ahorro y plazos fijos. Según su visión, «Milei ha quintuplicado la cantidad de moneda en el país», cuestionando la idea de emisión cero y advirtiendo que los efectos terminarían viéndose en los precios.
Todos los agregados monetarios volaron en términos reales entre julio de 2024 y julio de 2025, la expansión no desapareció sino que cambió de forma.
Desde otra posición crítica, Diego Giacomini, ex socio de Milei devenido en feroz crítico, afirmó que «todos los agregados monetarios volaron en términos reales entre julio de 2024 y julio de 2025», señalando que la expansión no desapareció sino que cambió de forma. El foco de su planteo apunta a los agregados más amplios y al comportamiento del crédito y los depósitos, más que a la base estricta.
La respuesta llegó de economistas cercanos al enfoque oficial. Julián Yosovitch sostuvo que «este gobierno no emite ni expande base monetaria», mostrando series donde la variación de la base aparece compensada por absorción monetaria y operaciones del Banco Central.
El cruce dejó al descubierto que la discusión ya no es solo empírica, sino también conceptual: qué se entiende por dinero y qué variable debe mirarse para evaluar la política monetaria.
Hay otro dato menos visible pero relevante. La relación entre Base Monetaria y reservas internacionales se mantiene prácticamente estable. Pasó de alrededor del 65% en 2019 a cerca del 67% en 2026.
Esto sugiere que, pese al ajuste monetario, la restricción externa sigue operando como límite estructural. La falta de dólares continúa condicionando el esquema económico, independientemente del nivel de pesos en circulación.
El discurso oficial sigue señalando a la emisión como causa central de los desequilibrios, pero los datos muestran una economía comprimida, con menor circulación real de dinero y con el crédito lejos de convertirse en motor de recuperación. La inflación convive con ese escenario, alimentada también por precios relativos y expectativas, marcando un límite a la frase que Milei repitió hasta el hartazgo y ahora -no curiosamente- no tan seguido: «la inflación es en todo momento y lugar un fenómeno monetario».
Carlos Presti tomó una decisión que generó ruido dentro del ministerio de Defensa. Volvió a contratar a la empresa State Grid para que sea proveedora de la Armada luego que fuera desafectada por el anterior ministro, Luis Petri.
La empresa se define como una firma que ofrece «la fabricación de productos esenciales como leche, yerba mate y aceites con procesos de alta calidad para el mercado mayorista».
A su vez, según su propia definición, se encarga también de «la distribución de alimentos a lo largo de todo el país, garantizando entregas confiables a escuelas, Fuerzas Armadas, municipios y más».
El problema, según un importante funcionario de Defensa, es que Petri la había sacado del ministerio esgrimiendo el resultado de una auditoría que encargó y arrojó que la firma entregaba un 25 por ciento menos de los alimentos que se habían comprado.
«Petri hizo una auditoría y descubrió esta irregularidad y por eso le quitó del servicio», explicó la fuente consultada, que siguió de cerca el proceso durante la gestión anterior. Esta empresa estuvo involucrada también en un escándalo por el gasto de 200 millones de dólares en postres para el Ejército.
State Grid tenía a su cargo la entrega de alimentos para la Armada, pero el ex ministro Petri encargó una auditoría y el trabajo habría indicado que se entregaba alrededor de un 25% menos de la mercadería comprada.
Un dato importante es que State Grid Argentina S.A. está vinculada a State Grid Corporation of China, que es la empresa de transmisión eléctrica más grande del mundo, en medio del acercamiento con Estados Unidos.
Luis Petri.
Como sea, el nuevo ministro Presti está bajo presión por varios temas sensibles en las Fuerzas Armadas. Uno es el reciente decreto de Javier Milei que le permite ejercer el cargo sin dejar el rango de Teniente General, una decisión que lo beneficia directamente.
En ese marco, como reveló en exclusivo LPO, la Armada sostiene que cobra el doble que un almirante gracias a ese «decreto a medida», algo que irrita al extremo a sus compañeros de armas.
Un malestar que se agrava porque hay temas que no terminan de resolverse como la dramática situación de la obra social que acaba de ser disuelta pero arrastra una deuda de 200 mil millones de pesos y no se sabe como y cuando se pagarán las deudas con hospitales y clínicas de todo el país que ya cortaron servicios a los militares.
Además, los bajos salario -en algunos casos por debajo de la línea de la pobreza- siguen siendo un problema grave, dado que los militares quedaron desfasados en relación a las fuerzas de seguridad porque para ahorrar, Milei abandonó el plan de jerarquización salarian que empezó a implementar el anterior gobierno.
