Autor: Invitad@ Especial

 

En medio de las alertas que crecen por el impacto que podrían acarrear las fuertes lluvias previstas para los próximos meses, la diputada provincial Silvina Vaccarezza acusó a Toto Caputo de poner «en la timba financiera» más de 354 mil millones de pesos que se deberían destinar a obras hidráulicas.

Tras un pedido de Acceso a la Información Pública, la legisladora alineada a Emilio Monzó reveló que la gran mayoría del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (303.370 millones) está colocado en Letras del Tesoro Nacional.

Además del grueso de los recursos que se redirigieron a bonos, Vaccarezza expuso que 47,2 millones están inmovilizados en un Plazo Fijo Tradicional Reserva Liquidez y los 50.779 millones restantes a la vista en cuenta.

 Vaccarezza sostuvo que el único programa económico del Gobierno es «el de la especulación financiera» y que la prioridad del ministro Caputo «nunca fue la producción ni la inversión productiva». 

«Mientras esos recursos permanecen en instrumentos financieros, en el territorio las necesidades siguen siendo urgentes», sostuvo la diputada.

Y agregó: «Los productores miran al cielo preocupados por las lluvias, los caminos rurales necesitan obras y nuestros pueblos y ciudades siguen esperando infraestructura para prevenir inundaciones. Y, para colmo, las obras del río Salado están paralizadas».

Vaccarezza sostuvo que el único programa económico del Gobierno es «el de la especulación financiera» y que la prioridad del ministro Caputo «nunca fue la producción ni la inversión productiva».

No llegan los 1.900 millones que Bullrich le prometió al campo inundado y crece la bronca

«¿Hasta cuándo van a seguir usando como caja los fondos que tienen un destino específico?», preguntó.

El impacto del fenómeno climatolóigico denominado «Súper Niño» genera alertas en la provincia de Buenos Aires, donde el gobernador Axel Kicillof anunció la creación de mesas de acción coordinadas entre la Provincia y los 135 municipios, a la par de una serie de obras de infraestructura.

Más allá de eso, en el campo la preocupación es extrema, más aún con el antecedente del año pasado, cuando numerosas hectáreas del noroeste bonaerense se inundaron y el Gobierno, vía Patricia Bullrich, anunció con 9 meses de demora una asistencia de 1.900 millones a repartir en 20 distritos, anuncio que fue digerido por los productores como «una tomada de pelo». 

 

 

En un fallo que sorprendió incluso a los deloredistas, el juez Hugo Vaca Narvaja rechazó la apelación que había hecho el mestrismo por lo resuelto de la Junta Electoral de la UCR y de esta manera quedó proclamado como presidente del radicalismo cordobés Matías Gvozdenovich. Un hombre que responde de manera directa a Rodrigo de Loredo y que, además, conduce el bloque del radicalismo en la Legislatura cordobesa.

Lo resuelto por la Justicia le allana el camino a De Loredo de cara al 2027 porque le da el control total del partido con la conducción del Comité Provincia, se queda con los delegados nacionales, pero, además, tendrá mayoría en el congreso partidario. El órgano del radicalismo que define las alianzas y que, incluso, le permite en el caso de que quisieran modificar la carta orgánica.

De esta manera, el fallo de Vaca Narvaja se vuelve una pésima noticia para el llaryorismo y para el senador Luis Juez; porque deja a De Loredo más cerca de cerrar una alianza con el libertario Gabriel Bornoroni de cara al año próximo en un frente opositor al cordobesismo.

Además, condiciona de manera muy compleja el futuro del exintendente Ramón Mestre en el marco de la mala praxis que tuvo la oposición a De Loredo dentro de la interna. Y con los serios inconvenientes que tuvieron para armar candidaturas en algunos circuitos. Por caso, en el departamento Río Cuarto.

En tanto, los problemas para el peronista Martín Llaryora radican en la chance de un contacto que pueda existir entre los libertarios cordobeses y el radicalismo conducido por De Loredo. De hecho, hace unos meses el propio ex diputado estuvo en Casa Rosada conversando con Lule Menem sobre la posibilidad de este escenario de acuerdo y hay contactos entre algunos alfiles del deloredismo y Bornoroni.

Acercamiento que preocupa ahora a Juez en el marco de socio exclusivo de los libertarios en Córdoba y frente a la chance de perder protagonismo en la alianza, en caso de un ingreso del radical al acuerdo.

Precisamente, la primera reacción en redes de De Loredo dejó un mensaje entre líneas sobre la territorialidad y el peso de la UCR: «Los intentos del gobierno por intervenir de forma directa en la vida de nuestra organización política encontró aliados, pero también encontró una realidad: la abrumadora mayoría de dirigentes, intendentes, legisladores y concejales que trabajan en cada rincón de Córdoba para que lideremos una propuesta de gobierno el año que viene».

En tanto, aquellos que en la tarde de este viernes hablaron con Marcos Ferrer, el deloredista que deja el cargo de presidente, cuentan que se agarró de una metáfora que usó el juecismo en su momento. «Juez decía que nosotros teníamos el auto sin el 08. Ahora tenemos el auto y el 08 para empezar a hablar», lanzó el intendente de Río Tercero.

Esta porción del radicalismo cordobés también reconoce que en el marco de un frente opositor son los que tienen mayor plasticidad: «si cae la imagen de Milei, a Bornoroni le va a pasar lo mismo. Y Juez quedó pegado hace rato en ese esquema, con lo cual le va a resultar difícil querer tomar distancia. En términos de imagen y territorio, hoy para Bornoroni es un socio más rentable el radicalismo que el juecismo». 

 

 

Veteranos de Malvinas cruzaron con dureza el giro drástico del gobierno de Javier Milei en torno a la causa Malvinas y definió el reciente discurso presidencial por cadena nacional como «un acto de hipocrecía extrema».

El Centro de Ex Combatientes (Cecim) de La Plata sostuvo que Milei «nos quiso vender la tortuga como si fuera un galgo y eso hace que debamos estar muy atentos». Entre lineas del último mensaje presidencial, los veteranos ven que «se esconde algo y vaciar la Patagonia y Tierra del fuego es parte del plan».

«Nada de lo que diga este presidente es Patriótico y mucho menos anti británico y anti Otan y mucho menos anti Israel y Norteamerica», agregaron para recordar la admiración de Milei por Thatcher y que «paseó en el balcón de la Casa Rosada» al entonces primer ministro británico Boris Johson.

Veteranos sostienen que el cambio discursivo de Milei en el tema responde al «declive que tiene el gobierno tanto en gestión como imagen, recurriendo esta vez a Malvinas como el salvavidas que esconda sus miserias de corrupción y acción política de la entrega».

«Hemos asistido al nivel más alto de hipocresía de un gobierno y un presidente», sentenciaron. Y agregaron: «Nos hizo recordar esa metáfora que tantas veces usamos cuando decimos que no habia una dictadura dura hasta el 1 de abril de 1982 y a las cero horas del día 2 la dictadura se hizo blanda y antimperialista».

Precisamente el Cecim La Plata presentó en 2025 en el Congreso un pedido formal de juicio político contra Milei por mal desempeño en sus funciones y por la presunta comisión de delitos de acción pública a partir de los dichos del presidente durante el acto del 2 de abril donde defendió la autodeterminación de los kelpers.

Ex combatientes acusan a Milei de traición a la Patria por sus dichos sobre Malvinas

Luego, en el arranque de este año, le envió a Milei una carta documento exigiéndole que en 24 horas se retracte de sus dichos al periódico británico The Telegraph en donde sostuvo que las Malvinas tienen que ser argentinas «cuando los isleños lo deseen».

Bajo apercibimiento de denunciarlo penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público, en aquella oportunidad desde el Cecim acusaron al libertario de faltarle el respeto «a la memoria de los ex combatientes de Malvinas, a los caídos, a quienes yacen en nuestras Malvinas».

Ahora, en el Cecim sostienen que el cambio discursivo de Milei en el tema responde al «declive que tiene el gobierno tanto en gestión como imagen, recurriendo esta vez a Malvinas como el salvavidas que esconda sus miserias de corrupción y acción política de la entrega». 

 

 

Accionistas importantes de la petrolera israelí Navitas, que explota el petróleo de las Islas Malvinas, también poseen tenencias por millones de dólares en Mercado Libre, el grupo de Marcos Galperín, el empresario predilecto de Javier Milei. El dato pone a prueba al giro de 180 grados que la administración libertaria hizo desde este jueves con la causa Malvinas.

Es que, en su cadena nacional, el presidente amenazó con «inhabilitar de operar en territorio argentino» a las empresas involucradas directa o indirectamente en proyectos petroleros en las islas.

El canciller Pablo Quirno fue por más y prometió sanciones a toda una «red de firmas vinculadas» con las petroleras Navitas y Rockhopper y que estimó en alrededor de 180 empresas.

Yo quiero a mi bandera

Pero el problema es que algunos de los accionistas principales de Navitas, la petrolera del magnate israelí Gideon Tadmor que lidera la explotación en el yacimiento Sea Lion, también inviertieron fuerte en Mercado Libre y poseen acciones de la empresa argentina.

Meitav es propietaria de una proción accionaria de Navitas y Mercado Libre.

De acuerdo a la documentación a la que tuvo acceso LPO, Meitav Investment House, una de las firmas de servicios financieros más importantes de Israel, registra participaciones relevantes en Navitas Petroleum y, según informó el periódico especializado Calcalist, también incide junto con otros fondos israelíes en el 40% de las acciones de Rockhopper, la petrolera británica socia de Navitas en Sea Lion.

Meitav no es el único accionista de Navitas que también invierte en el grupo de Marcos Galperín. También aparece Harel, el grupo asegurador y de servicios financieros más grande de Israel.

Pero, además de esa fuerte gravitación en el proyecto petrolero condenado desde este jueves por el gobierno argentino, Meitav tiene dentro de su portfolio acciones en Mercado Libre (MELI) por más de 9.7 millones de dólares.

No se trata del único accionista de Navitas que también invierte en el grupo de Marcos Galperín. También aparece Harel, el grupo asegurador y de servicios financieros más grande de Israel.

Esas vinculaciones disparan alarmas en Casa Rosada ya que ponen a prueba la profundidad de las advertencias de Milei a todas aquellas empresas que «directa o indirectamente» estén vinculadas con las dos compañías que buscan avanzar en la explotación petrolera ilegal sobre mar argentino.

La petrolera israelí desafía a Milei y dicen que no frenará la operación en Malvinas: «Los anuncios no tendrán efecto»

En tanto, este viernes Quirno sostuvo que el Gobierno apunta a acelerar las sanciones y ampliar el alcance sobre una red de firmas vinculadas. «

Un decreto reglamentario para darle celeridad a las sanciones a las compañías que operen en Malvinas, las compañías que operen en Malvinas más sus proveedores de servicios petroleros, de servicios financieros, de servicio de seguro, etcétera», dijo y habló de «todo un universo de hoy 180 compañías».

Por lo pronto, Navitas y Rockhopper desestimaron las advertencias de Milei: «Creemos que los anuncios (de sanciones del presidente Milei) no tendrán efecto en las operaciones en Sea Lion», desafiaron. 

 

 

El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria a Granja Tres Arroyos en el marco del conflicto abierto con las plantas bonaerenses de Capitán Sarmiento, Pilar y Esteban Echeverría.

La medida alcanza a 1200 trabajadores. Además, se fijó una nueva audiencia entre las empresas Granja Tres Arroyos y Wade y el Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (STIA) para el próximo jueves, con el objetivo de continuar las negociaciones y procurar la preservación de los puestos de trabajo.

La conciliación obligatoria será por 15 días hábiles, con posibilidad de una prórroga de cinco días, y contempla la reincorporación de los trabajadores despedidos como condición para abrir una instancia de negociación entre las partes.

Los despidos afectan a 700 trabajadores de la planta de Capitán Sarmiento, 50 de la planta de Pilar y 450 de la planta de Esteban Echeverría. En la planta La China, de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, los despidos ascienden a unos 480 sobre una plantilla que el sindicato ubica en alrededor de 930 trabajadores.

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En el marco de la audiencia, se acordó además la donación de 1.000 cajones de pollo destinados a los trabajadores despedidos y el otorgamiento de un pago de dinero a cuenta, que será efectivizado durante la próxima semana.

Este viernes se conoció que el grupo GTA ya había realizado alrededor de 1730 despidos entre las plantas de la compañía en Entre Ríos y Buenos Aires. La cifra se conoce mientras varios establecimientos permanecen paralizados y se profundiza una delicada situación financiera y operativa, con salarios atrasados, deudas millonarias y reclamos judiciales de acreedores.

La empresa no respondió un pedido del sindicato STIA para que entregue la nómina completa de las personas desvinculadas, según indicó el gremio. El grupo emplea 6500 trabajadores en relación de dependencia en tres provincias.

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La compañía argumentó los despidos en la disminución de las exportaciones, las consecuencias de la gripe aviar y una supuesta sobreoferta de pollo en el mercado interno.

Julio Chamorro, secretario general del STIA, rechaza esos argumentos: «Ellos dicen que hubo una disminución en las ventas de exportación, eso es riesgo empresarial», señaló.

Walter Correa.

Además, destacó que otros actores del sector también debieron atravesar las consecuencias sanitarias de la gripe aviar. Chamorro cuestionó además el argumento de una sobreoferta doméstica. «No es real, el consumo de pollo sigue creciendo», afirmó. Según su interpretación, el producto incluso se vio favorecido por la pérdida de poder adquisitivo y el menor consumo de carne vacuna. «Lo hacen solamente para intentar pagar la mitad de las indemnizaciones», sostuvo sobre la decisión de recurrir al artículo 247.

 

 

Javier Milei se subió a la causa Malvinas a casi tres años de llegar a la Rosada en los que permitió que dos empresas extranjeras avanzaran en los proyectos para explotar petróleo en la cuenca norte de las islas.

El presidente sacó pecho en la cadena nacional del jueves para anunciar que endurecería las sanciones para ese tipo de empresas que ya están previstas en una ley sancionada en 2011, durante el gobierno de Cristina Kirchner.

La ley 26.659 prohíbe participar, financiar o prestar servicios para actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina y permite inhabilitar a quienes la infrinjan por hasta 20 años.

De hecho, en 2022, el gobierno de Alberto Fernández aplicó esa ley contra la empresa israelí Navitas, inhabilitándola por veinte años. «La sanción, máxima prevista en la Ley 26.659, declaró clandestinas las actividades de la firma israelí, que opera el proyecto Sea Lion junto a Rockhopper. El proceso se inició en 2021 junto a Harbour Energy, que se retiró tras las intimaciones», dijo Aníbal Fernández, ex ministro de Seguridad del gobierno de Alberto.

La petrolera israelí desafía a Milei y dicen que no frenará la operación en Malvinas: «Los anuncios no tendrán efecto»

«Otras compañías habían sido alcanzadas por la misma normativa en años anteriores. Las herramientas legales que se presentan hoy como anuncio ya existían y se utilizaron», dijo Aníbal.

Milei, por el contrario, no sólo no sancionó a las empresas sino que permitió que avanzaran como nunca en décadas en sus proyectos de explotación. El pasado 10 de diciembre, es decir, apenas 10 meses atrás, la mismísima Navitas cerró la Final Inversion Decision (FID), la etapa más compleja del proyecto de inversión, que les permitió anunciar que a partir de marzo de 2028 ya estarían extrayendo petróleo de la Cuenca Norte de Malvinas.

El proceso de decisión de inversión se completó sin interferencia alguna por parte del gobierno argentino y con el pleno respaldo del gobierno de las Islas Malvinas. Las recientes declaraciones del presidente argentino Milei indican que apoya el derecho a la autodeterminación de los habitantes de las islas y no considera este asunto como una cuestión política que requiera intervención.

En marzo, sus directivos incluso festejaron que Milei los dejó avanzar sin interferencias. «El proceso de decisión de inversión se completó sin interferencia alguna por parte del gobierno argentino y con el pleno respaldo del gobierno de las Islas Malvinas», dijo Amit Kornhauser, directivo de Navitas, hace sólo 5 meses.

«Las recientes declaraciones del presidente argentino Milei indican que apoya el derecho a la autodeterminación de los habitantes de las islas y no considera este asunto como una cuestión política que requiera intervención», dijo entonces Kornhauser, refiriéndose a una de las veces que Milei avaló la «autodeterminación» de los kelpers. 

«El hecho mismo de que los socios lograran asegurar la financiación del proyecto, obtener un seguro contra riesgos políticos (PRI) de bajo costo y firmar acuerdos con contratistas principales de primer nivel demuestra que la cuestión geopolítica no está obstaculizando el avance del proyecto», dijo el directivo de Navitas .