Una gresca de proporciones, con trompadas y sillazos, se desató este viernes durante la jura de los nuevos concejales en José C. Paz.
A poco de finalizar un acto cargado de tensiones entre el oficialismo local alineado a Mario Ishii y la oposición libertaria, los cruces se trasladaron a las inmediaciones del recinto y el hall del Concejo, donde volaron sillas y proliferaron puñetazos entre militantes de ambos espacios.
En medio del descontrol, el intendente Mario Ishii tomó el micrófono para reclamar calma y orden. Pero la batahola era tal que hasta dentro del propio recinto concejales de un lado y otro discutían a los gritos sin escuchar la voz del caudillo.
Se trataba de una sesión de jura especial y con un nutrido marco de militancia, ya que se trataba de la ceremonia previa a la salida de la intendencia de Ishii, quien asume su banca en el Senado bonaerense.
«Lo que pasa es que esta señora, señorita o no sé qué es, dijo que lo iba a rajar de patadas en el culo al intendente. Es la que genera esto afuera del recinto», dijo en medio de la gresca la concejal de Ishii Lorena Ramírez, que acusó a la libertaria Mía Amoroso por haber desatado el caos.
«Es una locura que se genere violencia porque yo grite ‘Viva la libertad carajo'», dijo la concejal libertaria Mia Amoroso al portal local Dar Info en pleno recinto, donde la concejal de Ishii Lorena Ramírez intervino en el reportaje para acusarla de provocar.
«Lo que pasa es que la señora, señorita o no sé qué es, dijo que lo iba a rajar de patadas en el culo al intendente. Es la que genera esto afuera del recinto», dijo Ramírez, al apuntar directo a la libertaria Amoroso como la generadora del caos.
Amoroso denunció en redes un «ataque» de militantes y prometió hacer una denuncia en fiscalía. «A uno le fracturaron la mandíbula, a otra la arrinconaron entre hombres y la molieron a palos», dijo.
En el oficialismo local acusan a la concejal libertaria de haber provocado con gesticulaciones en las intervenciones de concejales de Ishii y de haber fogoneado a la militancia libertaria para ir al choque en medio de una multitudinaria presencia de militantes oficialistas.
Gustavo Valdés impulsa la idea de que la bancada de la UCR en el Senado termine formando un interbloque con los legisladores que responden a los gobernadores de Provincias Unidas (PU). Esa jugada podría servir para neutralizar los planes de los peronistas Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz, que tratan de acercarse a senadores como la neuquina Julieta Corroza, la cordobesa Alejandra Vigo y hasta los misioneros Carlos Arce y Soña Rojas Decut para quitarle la tercera minoría a los radicales.
La maniobra apunta a que los 10 senadores radicales puedan imponerse por volumen sobre sus pares de PU, que quedaron dispersos en monobloques o bloques pequeños después de la elección de octubre. La pulseada es para quedarse en el podio, detrás de los 22 que lidera José Mayans y los 20 libertarios de Patricia Bullrich.
En efecto, la UCR contará a partir del 10 de diciembre con más bancas que Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro, Ignacio Torres y Claudio Vidal. El cordobés puede acreditar ascendencia sobre Alejandra Vigo, a través de su acuerdo con Juan Schiaretti, mientras que el chubutense hace lo propio con Edith Terenzi y el santacruceño con José María Carambia y Natalia Gadano. Es decir, a lo sumo, cuatro legisladores.
Sobre todo, porque a los armadores que se disputan el fichaje de senadores les resulta muy difícil imaginarse la incorporación de los santacruceños.
El inconveniente más grande es que Pullaro tiene a Carolina Losada y Carlos Galaretto dentro del bloque radical, igual que Valdés al jefe de la bancada, Eduardo Vischi, y Mercedes Valenzuela. El jujeño Carlos Sadir, por su parte, no ganó ninguna de las tres bancas en disputa en las elecciones de 2023, que terminaron con el ingreso a la Cámara Alta de los libertarios Ezequiel Atauche y Vilma Bedia y el desembarco de la peronista Carolina Moisés por la minoría.
Ese reparto le permite a Valdés ensayar en el Senado una estrategia distinta a la que implementó en Diputados, donde dispuso que su ministro de Desarrollo Social y legislador electo, Diógenes González, permanezca en el bloque de la UCR, liderado ahora por Pamela Verasay.
Maximiliano Abad, en el Senado.
Fuentes parlamentarias deslizan que esa maniobra obedecería a un acuerdo entre el correntino y su par mendocino, Alfredo Cornejo: el primero se queda con la presidencia del partido a la salida de Martín Lousteau y el segundo, con la conducción del bloque en la Cámara Baja. «Si Valdés mandaba a Diógenes al bloque de Provincias Unidas, se iba a diluir y lo iban a terminar conduciendo otros gobernadores», dijeron a LPO.
En el Senado, en cambio, el gobernador litoraleño apuesta a que Vischi mantenga la conducción del bloque y, de esa manera, prevalezca sobre sus pares de Provincias Unidas. Para eso, habría pactado con Pullaro y Losada la postulación de Luis Naidenoff para la Auditoría General de la Nación, que todavía tiene vacantes sus cargos en representación de ambas cámaras.
Para que Vischi mantenga la conducción, Valdés pactó con Pullaro y Losada la postulación de Luis Naidenoff para la Auditoría General de la Nación.
Un senador radical le dijo a LPO que, en rigor, esa jugada no habría sido tanto de Valdés como de Maximiliano Abad, quien se habría animado a ordenar los tantos en una reunión de la UCR con Bullrich. «Teníamos a Naidenoff y (Víctor) Zimmermann peleando por la AGN y Abad planteó que había que contener a los dos delante de Bullrich, que fue a la Rosada y lo terminó resolviendo en un par de horas», aseguró.
Según ese testimonio, el gobierno habría aceptado darle un cargo al chaqueño por su colaboración en recinto durante los primeros dos años de Javier Milei. Además, Leandro Zdero fue uno de los tres gobernadores que cerró alianza con el oficialismo en los comicios de octubre, otra razón para compensar la pleitesía provincial y resolver una disputa interna del bloque.
En el diseño de los contrapesos, Valdés también negocia con Cornejo el lugar de Mariana Juri, senadora por Mendoza, en ese interbloque con PU o en el partido. Y además, un senador experimentado comentó a LPO que hasta Carlos «Camau» Espínola está esperando «una conversación» con el gobernador correntino para tomar definiciones, pese a que desde el entorno del exregatista se muestran prudentes y alegan que «hay tiempo hasta febrero o marzo».
Avanza la construcción del campo de deportes del Nacional Buenos Aires en Puerto Madero y el complejo podría inaugurase a fin de año o a principios de 2026. Contará con un gimnasio de parqué para deportes como básquet, vóley y handball y una cancha de césped sintético en el techo.
El campo de deportes está ubicado en uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad, aunque cuando fue inaugurado en 1915, la zona era poco menos que un páramo. Con la explosión de Puerto Madero, el terreno estuvo varios años en disputa, hasta que en 2018 se le reconoció al secundario que depende de la UBA la propiedad del lugar.
La Corporación Puerto Madero, que tuvo a cargo el desarrollo de la zona desde 1989, fue la encargada de construir el complejo. El masterplan del barrio establecía que el organismo debía destinar 10 mil metros cuadrados a la educación pública.
En 2022 se firmó el convenio que dio inicio a las obras con la presencia de Ricardo Gelpi y Emiliano Yacobitti por la UBA, la rectora Valeria Bergman por el Buenos Aires y las autoridades de la Corporación.
La estrella de la remodelación del campo será el gimnasio techado de 2852 metros cuadrados que incluye un SUM en el primer piso y una cancha de césped sintético en el techo.
El espacio de planta baja tiene 44 por 28 metros y siete metros de altura y la posibilidad de instalar una red para vóley, aros de básquet y arcos de handball . En el mismo nivel se instaló una cafetería, una oficina de administración, un consultorio médico y un atrio central.
Además hay un gimnasio y una zona de escalada deportiva, conectados visualmente con los niveles superiores mediante una colina y una rampa aeróbica.
La entrada del campo de deportes está sobre Avenida de los Italianos y tiene un estacionamiento descubierto de 780 metros cuadrados. El diseño exterior incluye rampas que conectan todos los niveles del complejo.
Toto Caputo admitió este viernes la intención del gobierno de Javier Milei de no autorizarle al gobierno de Axel Kicillof parte del endeudamiento que la Legislatura provincial aprobó este jueves a la madrugada pero que requiere del aval de Nación.
«Lo que es deuda nueva no debiera estar sujeta a aprobación porque no está cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal. Hoy está aumentando los gastos corrientes por encima de la inflación», dijo Caputo a A24.
Frente a esa amenaza de Caputo, Axel Kicillof salió al cruce tras un acto en La Plata: «Que lo apruebe y rápido, ni bien lo mande, rapidito Toto, que apruebe todo lo que tiene que aprobar, porque ya más lío no nos pueden armar», dijo.
Fuentes del Ejecutivo provincial consultadas por LPO cruzaron las acusaciones de déficit fiscal de Caputo y señalaron que el financiamiento pedido por Kicillof «busca garantizar el pago de servicios de deuda asumidos en gran medida en gestiones anteriores, particularmente durante la administración Vidal».
En concreto, el gobierno de Milei rechaza autorizar toda deuda que exceda el rollover. Para refinanciar los pasivos heredados, Kicillof pidió autorización de deuda por USD 1.990 millones.
Aparte de eso, solicitó tomar deuda por USD 1.045 millones. Ese monto es el objetado por Nación bajo la excusa de incumplimiento a la ley de responsabilidad fiscal.
Fuentes del Ejecutivo bonaerense consultadas por LPO rechazaron los argumentos de Caputo y señalaron que la Provincia «sobrecumple» el límite que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal para el acceso a nuevo financiamiento.
De no aprobar Nación el pedido de endeudamiento que excede el rollover, lo que se cae para la Provincia es la posibilidad de acceso a créditos de organismos internacionales como la CAF o el Banco Mundial, a través de los cuales la administración Kicillof pretende financiar una serie de obras.
Fuentes del Ejecutivo bonaerense consultadas por LPO rechazaron los argumentos de Caputo y señalaron que la Provincia «sobrecumple» el límite que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal para el acceso a nuevo financiamiento.
En ese punto, detallaron que la ley citada por Caputo plantea servicios de deuda menores al 15% de los recursos corrientes netos de coparticipación a municipios y que, hoy, este ratio asciende a algo más del 7% para la Provincia, muy por debajo del tope que fija la ley de responsabilidad fiscal.
Semanas atrás, el gobierno bonaerense había expuesto su preocupación por este tema. Ahí, el ministro Carlos Bianco sostuvo que, en reuniones con distintos gobernadores, el Gobierno ofrece, a cambio de aprobar el presupuesto nacional, los avales necesarios para que las provincias puedan tomar deuda.
«Nos deben 13 mil billones de pesos, así que ya no sé ni de qué hablan los libertarios», acusó Kicillof este viernes y sostuvo que el financiamiento solicitado es para pagar vencimientos de deuda de la gestión Vidal.
La demorada licitación para adjudicar el servicio de dragado y balizamiento para sostener la navegabilidad de la Hidrovía Paraná-Paraguay parece que verá la luz en pocas semana luego que transcurran los diez días hábiles que se abrieron este viernes para que los interesados presenten observaciones al proceso.
Se trata de uno de los grandes temas que hacen a la estructura productiva del país que a pesar de su importancia, ni Macri ni Alberto Fernández lograron destrabar y ahora Milei consiguió avanzar con el aval de las agroexportadoras, la Bolsa de Comercio de Rosario y de los gobernadores de Santa Fe y Entre Ríos.
Además, la licitación consiguió el respaldo técnico y jurídico de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD): «Este aval le aporta transparencia, garantía de participación y competencia al proceso», dijeron fuentes de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación a cargo del tema.
Por otro lado, el aval de la agencia de la ONU responde al contexto geopolítico en medio de versiones de tensiones entre la administración Trump y Milei porque Estados Unidos le reclama al gobierno argentino tomar distancia con China.
El pliego avalado por la ONU tiene una cláusula que le impide a las empresas vinculadas a China presentarse en la licitación ya que prohíbe firmas que estén directa o indirectamente controladas por agencias estatales.
La cláusula está hecha a medida para sacar de competencia a las empresas estatales chinas, en particular a la CCCC Shanghái Dredging que es una subsidiaria del complejo industrial del gigante asiático a pesar de que el dragado del río Misisipi, el principal sistema de navegación fluvial norteamericano, está a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos.
La cláusula está hecha a medida para sacar de competencia a las empresas estatales chinas, en particular a la CCCC Shanghái Dredging que es una subsidiaria del complejo industrial del gigante asiático a pesar de que el dragado del río Misisipi, el principal sistema de navegación fluvial norteamericano, está a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos.
Sin la posibilidad que China se haga cargo de la Hidrovía, se prevé de mínima una compulsa entre tres empresas: la belga Jan de Nul que viene prestando el servicio desde los 90; la Dredging Environmental and Marine Engineering -DEME- y la holandesa Boskalis que cuenta con el lobby de Mauricio Macri.
En el pliego se modificaron algunos aspectos que habían generado controversia entre los usuarios que fundamentalmente son los agroexportadores y empresas navales porque el llamado que fracasó contemplaba una serie de inversiones de parte del concesionario en materia de seguridad que encarecía el costo del peaje.
Ahora, este punto se modificó y el costo en prevención, patrullaje y monitoreo correrá por cuenta del Estado Nacional que recibirá un porcentaje del concesionario para financiar la logística.
El otro punto novedoso es que en el dragado, que hasta lo puertos de Timbúes se prevé profundizar hasta los 40 pies, también se anexan los brazos inferiores que le garantizan a Entre Ríos contar con una profundidad apta para la instalación de puertos, un gesto al gobernador del PRO Rogelio Frigerio que se alió a La Libertad Avanza.
El Gobierno anunció el regreso al mercado voluntario de deuda con un bono en dólares bajo ley local, a una tasa del 6,5% y vencimiento en 2029. Lo que no se informó es el monto. «Lo necesario para cubrir parte del vencimiento», se limitó a decir el ministro de Economía. Los vecimientos de enero son por USD 4.500 millones.
A primera vista, la tasa luce atractiva para el gobierno nacional: más baja que la que consiguió la Ciudad de Buenos Aires 7,8% y Santa Fe 8%, e incluso inferior al promedio que pagaron las empresas en sus obligaciones negociables, por encima del 8,5%.
Tras el anuncio, los bonos soberanos en dólares subieron cerca del 2% y el riesgo país cerró en 623 puntos, una baja de 11 unidades equivalente al 1,7%. El movimiento alivió tensiones, pero no borró la cautela.
El economista Christian Buteler aclaró un punto clave: «Que el bono tenga un cupón del 6,5% no implica que esa sea la tasa que pagará la Argentina. La tasa depende del precio al cual se coloque el bono; según ese precio, podrá ser mayor, igual o menor al 6,5%.» Es decir, la tasa real no está definida: el número difundido por el Gobierno es apenas una referencia optimista
Desde Adcap señalaron que «hay mucha especulación sobre el tamaño de la emisión. El Gobierno probablemente opte por un volumen considerable antes que una colocación ajustada en rendimiento, porque la alternativa del repo podría no resultar tan económica».
En el mercado se comenta que Caputo ya tiene la colocación acordada con jugadores locales. «Aprovecha el boom de ingresos de dólares por el impulso de ON y le pide a las empresas que hagan patria», explicó un operador a LPO.
Que el bono tenga un cupón del 6,5% no implica que esa sea la tasa que pagará la Argentina. La tasa depende del precio al cual se coloque el bono; según ese precio, podrá ser mayor, igual o menor al 6,5%.
Caputo vendió la operación como el «retorno al mercado de capitales», pero los operadores lo leen distinto. Para muchos, es una jugada para alimentar expectativas y abrir, en algún momento, la canilla del financiamiento externo. «A esta apuesta entran los jugadores locales; por eso se habla de un monto chico», agregó la fuente. Algunos estiman una emisión de apenas USD 1.000 millones.
El Gobierno vendió la épica del «regreso a los mercados internacionales», para que pareciera que Argentina volvía a jugar en la cancha grande. Hoy se cayó el decorado: no había mercado internacional, ni colocación global, ni bancos extranjeros. Afuera no prestan ni lo mínimo sin garantías pesadas. Piden colateral, más tasa y no aseguran el monto. ¿Qué hicieron entonces? Una nueva emisión de dólares adentro, como fueron los Bonte de mitad de año cuando consiguió USD 850 millones, donde los compradores son de la casa.
Sobre los compradores «de la casa», Hernán Letcher reveló otro mecanismo detrás del «éxito»: «De cara a la licitación del próximo miércoles se publicó una resolución que permite a las aseguradoras endeudarse en dólares a tasa baja (caución) para usar esos fondos en la licitación y mostrar una demanda inflada.» Una maniobra hecha a medida. Para las aseguradoras, un negocio redondo.
El analista Andy Spinelli completó el cuadro: «Para colmo, hay bonos como el AL29 que pagan renta en enero y cotizan al 11% de tasa nominal anual. ¿Tiene sentido colocar nuevos bonos bullet al 7/9% pudiendo comprar un AL29 con más rendimiento y pago semestral?» Todo encaja: la épica del retorno se sostiene sobre ingeniería interna, arbitrajes contables y el mismo circuito cerrado de financiamiento público.
