Autor: Invitad@ Especial

 

El vínculo que el Gobierno niega.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

El discurso oficial intenta presentar a Fernando Cerimedo como una figura definitivamente alejada de Milei desde el final de la campaña electoral de 2023. Sin embargo, los registros oficiales de acceso a la Casa Rosada reconstruidos a partir de la información de la Secretaría General de la Presidencia muestran una secuencia muy diferente: el consultor ingresó al menos 13 veces a Balcarce 50 entre el 11 de diciembre de 2023 y el 5 de junio de 2024, cuando Milei ya llevaba casi seis meses como Presidente. No se trata, por lo tanto, de una presencia vinculada exclusivamente con la campaña, sino de una serie de visitas distribuidas durante el primer semestre de la gestión libertaria y autorizadas por funcionarios de distintos sectores del Gobierno.

El dato adquiere una dimensión política particular en el contexto de la detención de Cerimedo en Bolivia, donde permanece acusado por su presunta participación en el ataque contra su expareja Nadia Beller, y de las denuncias que volvieron a poner bajo la lupa su recorrido como operador político y digital de la nueva derecha latinoamericana. La discusión ya no pasa solamente por determinar qué relación tuvo con Milei durante la campaña de 2023, algo que el propio Cerimedo exhibía públicamente, sino por establecer hasta cuándo mantuvo canales de acceso al poder una vez que La Libertad Avanza llegó a la Casa Rosada. Y en ese punto, los registros oficiales aportan una cronología difícil de compatibilizar con la idea de una ruptura inmediata.

Trece ingresos, seis meses de Gobierno y varios nombres del poder libertario

La secuencia comienza el 11 de diciembre de 2023, apenas ocho días después de la asunción de Milei. Ese primer ingreso fue autorizado por Lisandro Catalán, entonces secretario del Interior, y tuvo como destino el Ministerio del Interior. El 15 de enero de 2024 Cerimedo volvió a entrar, nuevamente autorizado por Catalán, y el 30 de enero repitió la visita. El 20 de febrero se produjo un cuarto ingreso, otra vez con autorización de Catalán y hacia la misma área. La reiteración es relevante porque muestra que no se trató de una visita protocolar aislada inmediatamente posterior al cambio de gobierno, sino de un vínculo de acceso que continuó durante los primeros meses de la nueva administración.

Marzo fue el mes de mayor actividad. El 7 de marzo, Cerimedo ingresó autorizado por Eduardo “Lule” Menem hacia la Subsecretaría de Asuntos Políticos; el 18 de marzo volvió a ingresar, nuevamente con autorización vinculada al entorno de Menem, esta vez hacia la Subsecretaría de Gestión Institucional. Al día siguiente, el 19 de marzo, fue habilitado por Catalán y el 20 volvió a ingresar, esta vez con autorización del propio Guillermo Francos, entonces ministro del Interior. En apenas veinte días, los registros contabilizan cuatro ingresos, con presencia en áreas vinculadas tanto al Ministerio del Interior como a sectores de la estructura política de la Casa Rosada.

Hay, además, un episodio particularmente significativo dentro de esa cronología. El 20 de marzo de 2024, según los registros citados por distintos medios, Francos recibió a Cerimedo junto con otras cuatro personas en una reunión vinculada con “posibles inversiones para Argentina”. Entre los asistentes figuraban dos ciudadanos rusos y un ciudadano ucraniano, en un encuentro que había sido gestionado en representación del denominado Grupo de Inversión YCRT y que estaba relacionado con la situación de posibles inversiones para la central termoeléctrica de Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Es decir, uno de los ingresos de Cerimedo durante el gobierno de Milei no aparece simplemente como una visita informal a un viejo conocido: está documentado en una reunión con un ministro del Poder Ejecutivo y potenciales inversores.

Durante abril continuó la circulación. El 18 de ese mes Cerimedo ingresó autorizado por Catalán hacia el Ministerio del Interior y el 22 volvió a hacerlo, esta vez habilitado por Lule Menem y con destino a la Secretaría General. En mayo se registraron otras dos visitas: el 22, nuevamente con autorización de Catalán, y el 29, con destino a la Secretaría General. La última entrada documentada se produjo el 5 de junio de 2024, cuando Cerimedo ingresó a las 14.11 por Balcarce 24 y permaneció hasta las 15.20. Pero ese último movimiento tiene un elemento político adicional: la autorización correspondió a Santiago Caputo, uno de los principales operadores políticos y estratégicos del mileísmo.

La totalidad de los registros permite reconstruir una fotografía bastante precisa del recorrido: Catalán autorizó buena parte de los ingresos; Lule Menem intervino en otros; Guillermo Francos aparece directamente vinculado a uno de ellos y Santiago Caputo autorizó el último registrado. Al mismo tiempo, no figura ningún ingreso de Cerimedo a la Quinta de Olivos durante 2024, 2025 ni 2026 en los registros consultados, por lo que el dato debe ser leído con precisión: las visitas comprobadas corresponden a la Casa Rosada y no permiten afirmar que Cerimedo haya mantenido encuentros personales con Milei en cada una de esas oportunidades.

La cronología que contradice la versión del “vínculo terminado en 2023”

La diferencia entre la versión política difundida tras la detención de Cerimedo y los registros de acceso constituye el núcleo de la cuestión. Desde el Gobierno se sostuvo que Milei había dejado de tener relación con Cerimedo en 2023, una afirmación que puede interpretarse como una referencia al final de la campaña presidencial. Pero los registros muestran que el consultor continuó entrando a la sede del Poder Ejecutivo durante los primeros seis meses de la presidencia libertaria, con autorizaciones provenientes de funcionarios ubicados en diferentes espacios de la estructura gubernamental.

Esto demuestra, sin dudas, que la maquinaria institucional del Gobierno continuó habilitando su acceso a la Casa Rosada mucho después del supuesto corte de 2023. Y esa distinción es fundamental, porque una cosa es afirmar que el Presidente dejó de reunirse personalmente con un consultor y otra muy diferente es sostener que el consultor dejó de tener cualquier vínculo operativo o político con el entorno gubernamental.

La última visita, además, se produjo el 5 de junio de 2024, más de un año antes de que los audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, colocaran a Cerimedo nuevamente en el centro de la escena política argentina. En septiembre de 2025, Cerimedo declaró ante la Justicia y negó haber sido quien grabó y filtró esos audios, mientras que posteriormente las declaraciones de Nadia Beller volvieron a ubicarlo dentro de una trama de relaciones políticas que alcanza a distintos actores de la derecha regional.

La importancia de reconstruir estos movimientos no reside entonces en transformar un registro de ingresos en una conclusión que los documentos no permiten sostener, sino exactamente en lo contrario: poner límites a la versión política y dejar que los datos establezcan hasta dónde llegó el vínculo. Cerimedo no aparece en Olivos, pero sí aparece trece veces en Casa Rosada; no todos sus ingresos fueron autorizados por las mismas personas, pero entre quienes habilitaron su entrada aparecen nombres centrales del primer gobierno de Milei; y la última visita no ocurrió en diciembre de 2023, sino seis meses después, con Santiago Caputo como autorizante.

En política, los registros administrativos suelen tener una virtud que las declaraciones públicas no siempre conservan: permiten reconstruir la secuencia de los hechos. Y en el caso Cerimedo, esa secuencia muestra que la historia del operador que supuestamente quedó afuera del Gobierno con el cierre de la campaña de 2023 no coincide exactamente con lo que ocurrió en Balcarce 50. Durante el primer semestre de 2024 siguió entrando a la sede del Ejecutivo, fue recibido por funcionarios de primera línea y participó incluso de reuniones vinculadas con posibles inversiones. El último ingreso quedó asentado bajo la autorización de Santiago Caputo. Después, efectivamente, desapareció de los registros. Pero para entonces habían pasado seis meses desde la llegada de Milei al poder y ya existía una historia de acceso institucional que los discursos posteriores no pueden borrar.

 

 

Kicillof lanzó MDF Juventudes en San Martín y llamó a los jóvenes a protagonizar la construcción de un proyecto nacional con horizonte en 2027.

Por Redacción de NLI

Axel Kicillof encabezó en San Martín el lanzamiento de MDF Juventudes, la rama juvenil del Movimiento Derecho al Futuro, en un acto que reunió a más de 3.000 jóvenes y que funcionó como mucho más que una actividad partidaria: fue una señal política sobre el tipo de construcción que el gobernador bonaerense pretende desplegar hacia 2027, con una convocatoria que busca trascender las estructuras tradicionales del peronismo y disputar especialmente el vínculo con una generación atravesada por la precarización laboral, el endeudamiento, la incertidumbre y el desencanto con la política.

El encuentro se realizó este sábado en la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester, en el partido de San Martín, y tuvo una característica que Kicillof buscó remarcar desde el escenario: la juventud no debe ocupar un lugar ornamental dentro de una estructura política, sino participar de la definición de sus objetivos, sus prioridades y su horizonte. La jornada comenzó con debates sobre educación, trabajo, vivienda, salud mental, apuestas, inteligencia artificial, plataformas digitales y nuevas tecnologías, para luego desembocar en el discurso del gobernador, quien planteó que las nuevas generaciones deben convertirse en protagonistas de la construcción de una alternativa política.

Una juventud que ya no quiere que le prometan solamente resistencia

El mensaje de Kicillof tuvo un componente político central: la oposición a Javier Milei no alcanza por sí sola para construir una alternativa electoral y socialmente mayoritaria. El gobernador planteó que el desafío consiste en recuperar una idea de futuro, particularmente entre aquellos jóvenes que durante los últimos años encontraron en el discurso libertario una promesa de ruptura con una política que consideraban agotada, pero que ahora pueden comenzar a observar con otros ojos a partir de las dificultades concretas de la vida cotidiana.

“Las juventudes, los pibes y las pibas, no pueden ser un sector más dentro del Movimiento Derecho al Futuro: tienen que ser los protagonistas, los que nos impulsen y los que nos muestren el norte hacia donde ir”, sostuvo Kicillof durante el acto. La frase sintetiza una estrategia que va más allá de la incorporación de militantes jóvenes: el objetivo es que esa generación contribuya a definir el discurso y el programa de una fuerza política que pretende llegar a 2027 con una propuesta renovada.

La apuesta no es menor porque el vínculo entre las juventudes y el peronismo viene siendo uno de los terrenos centrales de la disputa política argentina. La irrupción de Milei tuvo precisamente entre sectores jóvenes uno de sus principales puntos de apoyo, alimentada por una combinación de malestar económico, rechazo hacia las estructuras partidarias tradicionales, frustración con las expectativas de movilidad social y una fuerte penetración de nuevas formas de comunicación política. Frente a eso, Kicillof intenta construir otra respuesta: no discutir únicamente contra Milei, sino ofrecer un proyecto capaz de volver a transformar la palabra futuro en una expectativa colectiva.

Por eso, durante su discurso, el gobernador rechazó la idea de que la alternativa pueda surgir de una mesa cerrada de dirigentes o de una ingeniería electoral diseñada exclusivamente desde arriba. “No va a surgir de un laboratorio, sino que se construirá desde abajo hacia arriba, con la militancia y la participación de todos y todas”, afirmó. El concepto tiene una importancia particular en el escenario interno del peronismo, porque coloca la construcción territorial y la participación social en el centro de una disputa que todavía no tiene resueltas sus candidaturas ni sus liderazgos definitivos.

SAN MARTIN – MDF Juventud 2
Axel Kicillof: Necesitamos una alternativa, construir y consolidar otro camino. pic.twitter.com/VSlg7z1ldt

— 370 noticias (@370Noticias) August 22, 2026

Del rechazo a Milei a la construcción de una alternativa

Kicillof también aprovechó el encuentro para profundizar una de las líneas argumentales que viene desarrollando en las últimas semanas: la discusión sobre el modelo económico no puede reducirse a indicadores macroeconómicos, porque sus consecuencias aparecen directamente en la vida cotidiana de las familias. En ese sentido, volvió a referirse al endeudamiento de los hogares y a la pérdida de capacidad de compra, cuestiones que el gobernador viene utilizando para cuestionar el relato oficial sobre la recuperación económica.

Según los datos que presentó en una columna publicada durante la semana, más del 60% de los adultos argentinos tendría algún tipo de deuda, mientras que cerca de seis millones de personas se encontrarían en situación de mora. También señaló aumentos importantes de la morosidad en bancos, tarjetas de crédito, billeteras digitales y entidades financieras no bancarias. Para Kicillof, esos números expresan una transformación profunda: el crédito dejó de ser para una parte importante de la población una herramienta destinada a comprar bienes o financiar proyectos y pasó a funcionar como mecanismo para sostener gastos básicos.

La cuestión resulta especialmente significativa cuando el destinatario del discurso es la juventud. Para millones de jóvenes, la posibilidad de independizarse, acceder a una vivienda, conseguir un empleo registrado, estudiar y construir un proyecto familiar se encuentra condicionada por un mercado laboral cada vez más fragmentado y por ingresos que muchas veces no alcanzan para sostener los costos básicos de la vida. En ese escenario, hablar de futuro no significa solamente recuperar una consigna política: implica discutir qué modelo económico permite que una generación pueda imaginar una vida que no esté determinada por la precariedad y el endeudamiento.

Kicillof buscó además disputar una explicación que considera central en el discurso libertario: la idea de que los problemas económicos son fundamentalmente responsabilidad individual. “Si no conseguís trabajo, si no te alcanza la guita y te endeudaste, la culpa es tuya”, cuestionó, al advertir que esa mirada constituye, a su criterio, una de las expresiones más graves de una concepción política que traslada sobre cada individuo las consecuencias de problemas estructurales. En contraposición, reivindicó el papel del Estado en la educación, la salud, la universidad pública, la ciencia y la producción.

2027 aparece como horizonte, pero el desafío es construir algo nuevo

El lanzamiento del MDF Juventudes ocurre, además, después de una semana de intensa actividad política para Kicillof, que incluyó reuniones con dirigentes sindicales, actividades internacionales y nuevos movimientos dentro de su estructura política. El Movimiento Derecho al Futuro, inaugurado formalmente en marzo, funciona como el espacio desde el cual el gobernador intenta consolidar una identidad propia dentro del peronismo bonaerense y proyectar una discusión que exceda las fronteras de la provincia.

Por eso, aunque el acto de San Martín no estuvo formalmente planteado como lanzamiento de una candidatura presidencial, la dimensión nacional de su discurso resulta difícil de ignorar. Kicillof habló de construir un proyecto nacional, de recuperar la soberanía, del trabajo digno, de la producción, de la universidad, de la ciencia y de la tecnología, y sostuvo que la sociedad no necesita únicamente una oposición al Gobierno de Milei, sino una opción preparada para poner en marcha “una Argentina distinta”.

El punto político más interesante está precisamente allí. El gobernador no convocó a los jóvenes solamente a recuperar un pasado, sino a construir una nueva etapa. “No queremos simplemente restaurar el pasado, sino construir entre todos un futuro distinto, un futuro mejor, un futuro para todos”, planteó hacia el cierre de su discurso. Esa definición busca responder a una de las principales dificultades que enfrenta el peronismo: cómo reivindicar sus conquistas históricas sin quedar atrapado en la nostalgia de una etapa que para una parte de las nuevas generaciones pertenece más a los relatos de sus padres que a su propia experiencia política.

El desafío, entonces, es doble. Kicillof necesita disputar el presente con Milei, pero al mismo tiempo debe convencer de que existe un futuro posible más allá de la confrontación permanente con el Gobierno nacional. Y para eso necesita una fuerza política capaz de hablarle a quienes trabajan, estudian, emprenden, alquilan, buscan su primer empleo o directamente quedaron fuera del mercado laboral, pero también a quienes todavía conservan expectativas y están buscando una representación que no les pida simplemente volver al pasado.

El lanzamiento del MDF Juventudes puede leerse, en ese sentido, como una pieza de una construcción política de mayor alcance. La apuesta consiste en transformar el malestar social en organización, el desencanto en participación y la incertidumbre en una discusión concreta sobre el país que se quiere construir. Kicillof lo expresó con una frase que sintetiza el espíritu del encuentro: “Esta historia no está escrita: ese futuro hay que construirlo”.

La disputa que comienza a perfilarse hacia 2027 no será solamente una competencia entre nombres, estructuras partidarias o candidaturas. Será también una pelea por definir qué significa tener futuro en la Argentina, quiénes pueden acceder a él y qué papel debe desempeñar el Estado para que esa posibilidad no quede reservada a quienes ya cuentan con recursos suficientes. En San Martín, Kicillof eligió colocar a las juventudes en el centro de esa discusión y convertirlas en parte de la arquitectura de su proyecto político. La respuesta de esa generación, y su capacidad para transformar el malestar en organización, será uno de los datos decisivos de la Argentina que viene.

 

 

Febrero tiene 28 días por una combinación de decisiones tomadas hace más de dos mil años, supersticiones romanas, reformas políticas y la necesidad de corregir el calendario.

Por Redacción de NLI

Hay algo tan cotidiano en nuestras vidas que prácticamente nadie se detiene a preguntárselo: ¿por qué febrero tiene 28 días mientras los demás meses tienen 30 o 31? La respuesta parece estar a simple vista en cualquier calendario, pero cuando se intenta reconstruir cómo llegamos hasta esa distribución aparecen reyes romanos, supersticiones acerca de los números pares, reformas impulsadas por Julio César, errores acumulados durante siglos y hasta una modificación relacionada con el nombre del emperador Augusto. La particularidad de febrero, por lo tanto, no responde a una necesidad natural según la cual ese mes debería ser más corto que los demás, sino a una combinación bastante más humana de religión, política, astronomía y decisiones tomadas en la Antigüedad.

Lo primero que conviene aclarar es que nuestro calendario no nació tal como lo conocemos. El calendario gregoriano, que actualmente utilizan la mayoría de los países, es el resultado de una larguísima evolución en la que diferentes sociedades intentaron encontrar una manera de dividir el tiempo de acuerdo con los movimientos del Sol y de la Luna. Los romanos heredaron y modificaron sistemas anteriores, y posteriormente Julio César introdujo una reforma que dio origen al calendario juliano, sobre el cual se construyó siglos después el calendario gregoriano. Por eso, cuando miramos febrero y nos preguntamos por qué tiene 28 días, en realidad estamos observando una pequeña supervivencia de decisiones tomadas hace más de dos milenios.

Cuando los romanos ni siquiera tenían enero y febrero

Una de las primeras sorpresas aparece cuando retrocedemos hasta los orígenes del calendario romano. Según la tradición antigua, el primer calendario romano habría tenido diez meses, comenzando en marzo y terminando en diciembre, con un total de alrededor de 304 días. El invierno quedaba en buena medida fuera de la estructura regular del calendario, algo que puede parecernos absurdo actualmente pero que tenía cierta lógica en una sociedad cuya organización económica estaba profundamente vinculada con los ciclos agrícolas y con las estaciones de actividad en el campo. De hecho, los nombres que todavía utilizamos para septiembre, octubre, noviembre y diciembre conservan la huella de aquel sistema: septem, octo, novem y decem significan siete, ocho, nueve y diez en latín, porque originalmente ocupaban esas posiciones dentro del año.

Con el tiempo, la necesidad de contar también el período invernal llevó a incorporar enero y febrero, tradicionalmente asociados a una reforma atribuida al rey Numa Pompilio. Allí comienza a aparecer la explicación de por qué febrero terminó convirtiéndose en el mes extraño que conocemos actualmente. El calendario romano no estaba diseñado simplemente para que todos los meses tuvieran una cantidad idéntica de días; existían consideraciones religiosas y simbólicas que influían en la manera de distribuirlos, y los números pares no gozaban de la misma consideración que los impares dentro de determinadas concepciones romanas.

La consecuencia fue bastante curiosa: al intentar organizar un año lunar de aproximadamente 355 días, se buscó que la mayoría de los meses tuvieran una cantidad impar de jornadas, considerada más favorable, mientras que febrero quedó como la excepción, con 28 días, porque era un mes asociado a rituales de purificación y expiación y ocupaba una posición particular dentro del calendario romano.

Febrero no fue elegido por la astronomía

Esto permite desmontar una idea bastante extendida: febrero no tiene 28 días porque la naturaleza haya determinado que ese mes deba ser más corto. La duración de los meses es una construcción humana y, aunque debe guardar alguna relación con los ciclos astronómicos para que el calendario no se despegue completamente de las estaciones, la división concreta en doce meses de 28, 29, 30 y 31 días es histórica y cultural.

El problema es que un año solar no dura exactamente 365 días. La Tierra necesita aproximadamente 365 días y un cuarto para completar su órbita alrededor del Sol, de modo que cualquier calendario que quiera mantenerse sincronizado con las estaciones necesita realizar correcciones periódicas. Si simplemente se utilizaran 365 días todos los años sin agregar ninguna corrección, con el paso de los siglos las fechas comenzarían a desplazarse respecto de los equinoccios y solsticios. La solución que terminó imponiéndose fue incorporar periódicamente un día adicional. Ese es el origen del 29 de febrero de los años bisiestos, aunque la historia de cómo se llegó a esa solución es bastante más complicada.

Julio César tuvo que arreglar un calendario que estaba desfasado

Para el siglo I antes de Cristo, el calendario romano se había convertido en un problema serio. Las reglas de intercalación eran complejas y dependían en parte de decisiones de autoridades religiosas, lo que había generado una acumulación de desajustes. El calendario ya no coincidía correctamente con las estaciones y existía una diferencia creciente entre las fechas oficiales y el ciclo solar.

Fue entonces cuando Julio César impulsó una reforma monumental. Con asesoramiento astronómico, especialmente del matemático y astrónomo alejandrino Sosígenes, se diseñó un calendario solar mucho más estable, conocido posteriormente como calendario juliano. La reforma estableció un año de 365 días y añadió un día extra cada cuatro años para aproximarse a la duración real del año solar.

Pero para poner en funcionamiento el nuevo sistema fue necesario realizar una corrección extraordinaria. El año de la reforma llegó a tener una duración excepcional de 445 días, debido a la incorporación de períodos adicionales destinados a recuperar el desfase acumulado. Los historiadores lo conocen como el annus confusionis, el “año de la confusión”, y aunque hoy pueda parecer una extravagancia, fue una manera de volver a colocar el calendario en una posición compatible con las estaciones.

La distribución de los meses quedó entonces mucho más cerca de la estructura que conocemos actualmente, con febrero conservando sus 28 días en los años comunes y 29 en los bisiestos. La rareza había sobrevivido a la gran reforma porque, de algún modo, resultaba práctico utilizar ese mes más corto como espacio para introducir la corrección adicional.

Y después apareció otro emperador

La historia todavía tiene una vuelta más, aunque en este punto conviene separar lo que está sólidamente documentado de una explicación popular que circula desde hace siglos. Existe una conocida tradición según la cual el mes de agosto habría recibido un día adicional para no quedar por debajo de julio, que había sido rebautizado en honor a Julio César y tenía 31 días. Según ese relato, Augusto habría querido evitar que su propio mes pareciera inferior al de César y habría tomado un día de febrero para llevar agosto a 31.

La explicación es atractiva porque encaja perfectamente con la imagen de la política romana, pero los especialistas advierten que no existe evidencia sólida de que esa haya sido realmente la razón de la distribución moderna de los días. La estructura de los meses ya había sufrido modificaciones anteriores y la historia del calendario es bastante más compleja que una supuesta competencia personal entre dos emperadores.

Es un buen ejemplo de cómo las explicaciones históricas pueden simplificarse hasta convertirse en una anécdota popular que sobrevive porque resulta fácil de recordar, aunque la evidencia disponible sea más complicada.

El día que inventamos porque el año no alcanza

El 29 de febrero constituye, en cierto sentido, una de las soluciones más ingeniosas que desarrolló la humanidad para resolver una contradicción entre el tiempo astronómico y el tiempo que necesitamos para organizar nuestras vidas. El año no dura exactamente 365 días, pero tampoco podemos trabajar con calendarios que tengan una fracción de día, porque necesitamos que las fechas puedan ser contadas mediante jornadas completas.

La solución consiste en acumular esa fracción hasta reunir aproximadamente un día entero y agregarlo periódicamente al calendario. En el sistema moderno, los años divisibles por cuatro suelen ser bisiestos, aunque existe una excepción importante: los años que terminan en dos ceros no lo son, salvo que sean divisibles por 400. Esa regla forma parte de la reforma gregoriana introducida en 1582 para corregir una pequeña desviación que todavía persistía en el calendario juliano.

La diferencia puede parecer mínima, pero demuestra algo fundamental: incluso una fracción relativamente pequeña de tiempo puede convertirse en un problema gigantesco cuando se acumula durante siglos.

¿Y por qué no hacemos todos los meses iguales?

Desde una perspectiva moderna, la pregunta parece inevitable: si estamos diseñando un calendario, ¿por qué no hacer doce meses exactamente iguales y olvidarnos del problema?

La dificultad está en que doce meses de igual duración no encajan perfectamente ni con el año solar ni con las tradiciones históricas que fueron formando nuestro calendario. Además, los meses dejaron de ser simples divisiones matemáticas para convertirse en unidades culturales profundamente arraigadas: tienen nombres, fiestas, aniversarios, períodos escolares, estaciones, ciclos laborales y tradiciones que se remontan a generaciones.

Cambiar la estructura del calendario significa cambiar una de las formas más profundas mediante las cuales una sociedad organiza el tiempo.

Hubo numerosos proyectos para reformar el calendario a lo largo de la historia, especialmente durante los siglos XIX y XX, pero ninguno consiguió reemplazar de manera generalizada el sistema de doce meses heredado de la tradición romana y reformado posteriormente por el calendario juliano y el gregoriano.

Una rareza romana que todavía organiza nuestra vida

Lo fascinante de febrero es que su particularidad no desapareció con Roma. El Imperio cayó, las lenguas cambiaron, los sistemas políticos se transformaron, Europa atravesó siglos de guerras y revoluciones, aparecieron los Estados nacionales y la humanidad desarrolló relojes atómicos capaces de medir el tiempo con una precisión inimaginable para los antiguos romanos.

Sin embargo, seguimos esperando que febrero tenga 28 días.

Cada cuatro años, salvo las excepciones establecidas por la regla de los años seculares, agregamos uno más. La estructura básica del calendario que utilizamos para organizar nuestras vidas conserva así una herencia que atraviesa más de dos milenios de historia.

Y quizás esa sea la parte más interesante de toda esta historia: cuando miramos un calendario colgado en una pared, estamos observando mucho más que una herramienta para saber qué día es. Estamos viendo una acumulación de decisiones tomadas por sociedades antiguas que intentaron ordenar el tiempo, corregir sus errores y hacer coincidir sus instituciones con los movimientos del cielo.

Febrero quedó atrapado en esa historia como el mes diferente, el que recibió menos días, el que se convirtió en el lugar donde podía agregarse una jornada adicional y el que, por una combinación de tradiciones religiosas, decisiones políticas y necesidades astronómicas, terminó teniendo una duración que ningún otro mes posee.

Por eso, la próxima vez que alguien pregunte por qué febrero tiene solamente 28 días, la respuesta no debería ser simplemente que “porque el calendario es así”. Febrero tiene 28 días porque durante miles de años la humanidad estuvo intentando resolver un problema que parece sencillo, pero que en realidad consiste en hacer coincidir tres cosas que nunca encajan perfectamente: el movimiento de la Tierra, las matemáticas y nuestra necesidad de dividir el tiempo en unidades comprensibles.

Y en esa larga historia, los romanos dejaron una pequeña rareza que todavía aparece cada vez que llega febrero: un mes que parece incompleto, pero que en realidad es uno de los testimonios más persistentes de cómo las sociedades aprendieron a domesticar el tiempo.

 

 

El 22 de agosto de 1966, la dictadura de Onganía cerró 11 ingenios de Tucumán y provocó una profunda crisis social, económica y demográfica que todavía perdura.

Por Alcides Blanco para NLI

Hay decisiones de gobierno que pueden medirse en decretos, estadísticas o balances económicos, pero existen otras cuya verdadera dimensión solamente aparece cuando se observa qué ocurre con las personas que quedan del otro lado de una medida administrativa. El 22 de agosto de 1966, la dictadura de Juan Carlos Onganía dispuso la intervención y el cierre de numerosos ingenios azucareros de Tucumán, una decisión presentada entonces como parte de un programa destinado a ordenar una actividad considerada ineficiente y a reducir una supuesta sobreproducción, pero que terminó provocando una transformación económica y social de enormes proporciones en una provincia cuya historia estaba íntimamente ligada a la caña de azúcar. La medida no significó simplemente que algunas fábricas dejaran de funcionar: en un territorio donde el ingenio constituía alrededor del cual se organizaban pueblos enteros, empleos directos e indirectos, comercios, escuelas, clubes y redes comunitarias, cerrar una fábrica significaba alterar la vida completa de una región. A seis décadas de aquella decisión, la memoria tucumana continúa asociando el 22 de agosto con uno de los grandes quiebres sociales de su historia contemporánea.

Una industria que era mucho más que azúcar

Para entender por qué el cierre de los ingenios tuvo semejante impacto hay que retroceder mucho más allá de 1966. La producción azucarera había adquirido una importancia decisiva en Tucumán desde el siglo XIX y se había convertido progresivamente en el eje de una estructura económica que articulaba a productores, trabajadores rurales, obreros industriales, transportistas, comerciantes y familias enteras vinculadas directa o indirectamente con la actividad. La caña no representaba únicamente una mercancía destinada a convertirse en azúcar: constituía un modo de organización territorial, porque alrededor de los ingenios se desarrollaban poblaciones y se consolidaban relaciones sociales que excedían largamente las paredes de las fábricas. La propia provincia reivindica una tradición azucarera de más de dos siglos y señala que ya existen registros históricos de plantaciones de caña en Tucumán desde el siglo XVII, mientras que durante el siglo XIX la actividad adquirió una escala industrial que terminó convirtiéndola en una de las principales bases económicas del norte argentino.

El problema era que hacia mediados del siglo XX la industria atravesaba dificultades reales, entre ellas una estructura productiva desigual, problemas de rentabilidad y una relación conflictiva entre productores, industriales y trabajadores. El diagnóstico de la dictadura, sin embargo, partió de una premisa que tendría consecuencias mucho más profundas de las que sugería su lenguaje técnico: para reorganizar el sector era necesario reducir drásticamente la cantidad de establecimientos. El gobierno de Onganía intervino entonces la actividad y ordenó el cierre de 11 ingenios tucumanos, una política que buscaba disminuir la producción y concentrar el negocio azucarero en las empresas consideradas viables. Lo que desde Buenos Aires podía aparecer como una operación de racionalización productiva adquirió en Tucumán una dimensión completamente distinta, porque detrás de cada establecimiento había comunidades cuya subsistencia dependía de que esas chimeneas continuaran funcionando.

La decisión tampoco puede separarse del carácter político del régimen que la tomó. Onganía había llegado al poder mediante el golpe de Estado de junio de 1966, que derrocó al presidente Arturo Illia y estableció una dictadura que había eliminado los mecanismos institucionales de representación política. En ese contexto, los trabajadores afectados por el cierre de los ingenios no contaban con los canales democráticos habituales para disputar una política pública que modificaba radicalmente sus condiciones de vida. La intervención estatal no surgía de un debate parlamentario ni de una negociación política abierta, sino de la lógica de un gobierno militar que concebía la reorganización económica como una cuestión que podía resolverse desde el poder central.

Cuando una fábrica que cierra se lleva un pueblo entero

La dimensión humana del proceso comenzó a hacerse visible rápidamente. Los ingenios intervenidos dejaron de funcionar o redujeron drásticamente sus actividades, mientras miles de trabajadores quedaron sin su fuente habitual de ingresos. Pero el impacto no terminó en los trabajadores fabriles: la crisis se extendió hacia los pequeños comerciantes, los trabajadores temporarios de la cosecha, los transportistas y todos aquellos que dependían del movimiento económico generado durante la zafra. Cuando una economía local tiene una actividad dominante, el cierre de una planta industrial produce un efecto multiplicador en sentido inverso: el desempleo de un trabajador se transforma en la caída de las ventas de un almacén, la reducción del transporte, el deterioro de los servicios y la pérdida de población.

Fue entonces cuando comenzó una transformación demográfica que marcaría durante décadas a Tucumán. Familias que habían vivido durante generaciones vinculadas a la industria azucarera tuvieron que buscar alternativas en otras provincias, especialmente en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, mientras muchos trabajadores rurales se desplazaron hacia las grandes ciudades en busca de empleo. La migración no fue únicamente un movimiento estadístico: significó la ruptura de comunidades, la separación de familias y la pérdida de una trama social construida alrededor del trabajo. Pueblos que habían tenido una actividad económica relativamente intensa comenzaron a experimentar un proceso de deterioro que modificó su paisaje urbano y su vida cotidiana.

La paradoja es particularmente fuerte cuando se observa la distancia entre los objetivos oficiales y las consecuencias sociales. La política pretendía corregir desequilibrios económicos mediante una reducción de la capacidad productiva, pero el costo de esa reorganización recayó de manera especialmente intensa sobre quienes dependían de la industria para vivir. El cierre de los ingenios no fue simplemente una modificación de la estructura productiva nacional: fue también una redistribución territorial de las oportunidades, porque mientras algunas empresas y regiones podían beneficiarse de la concentración de la actividad, otras quedaron sometidas a un largo proceso de decadencia.

La respuesta social no tardó en aparecer. Los trabajadores azucareros organizaron protestas y resistencias frente a los cierres, y el conflicto se incorporó a una tradición de movilización obrera que tendría un papel fundamental en la historia política tucumana de las décadas siguientes. La resistencia no puede entenderse solamente como una reacción sindical frente a una medida económica, porque para los trabajadores estaba en juego algo más profundo: el derecho a continuar viviendo en los lugares donde habían construido sus familias y sus comunidades. El reclamo por el ingenio era, simultáneamente, un reclamo por el trabajo, el territorio y la posibilidad de permanecer.

El precio de una política pensada desde arriba

La historia del cierre de los ingenios tucumanos obliga a discutir una cuestión que continúa siendo central en cualquier debate sobre desarrollo económico: qué ocurre cuando la eficiencia de una actividad se mide exclusivamente desde sus números y no desde el entramado social que la sostiene. Es indudable que la industria azucarera atravesaba problemas y que necesitaba transformaciones, pero una política de reconversión puede producir consecuencias muy diferentes según la forma en que se implemente, la existencia de alternativas laborales y la participación de quienes serán afectados. En Tucumán, la ausencia de una transición capaz de absorber semejante shock convirtió una reorganización productiva en una crisis social de largo alcance.

También resulta significativo que la medida haya sido adoptada por una dictadura. La falta de representación política no fue un detalle secundario, porque permitió que una decisión de semejante magnitud se ejecutara sin el proceso de discusión pública que habría obligado a confrontar sus costos sociales. El caso tucumano muestra así una de las características más problemáticas de los gobiernos autoritarios que intentan imponer transformaciones estructurales desde arriba: pueden tomar decisiones con una velocidad que un sistema democrático difícilmente permitiría, pero esa misma velocidad puede impedir que se escuchen las voces de quienes soportarán las consecuencias.

Con el paso de los años, algunos de aquellos ingenios desaparecieron físicamente o quedaron reducidos a estructuras abandonadas, mientras que otros fueron reconvertidos y la actividad azucarera sobrevivió en establecimientos que continuaron produciendo. Pero la provincia nunca volvió a ser exactamente la misma. La huella de 1966 quedó grabada en los pueblos que perdieron población, en las familias que emigraron y en una memoria colectiva que todavía identifica aquella fecha como el comienzo de una transformación traumática. En ese sentido, el 22 de agosto no pertenece solamente a la historia de la industria azucarera: pertenece a la historia de cómo las decisiones económicas pueden modificar la geografía humana de un país.

Sesenta años después, cuando se habla de productividad, competitividad, reconversión o reducción de costos, la experiencia tucumana ofrece una lección que conserva plena vigencia: detrás de cada fábrica existe una comunidad y detrás de cada puesto de trabajo hay una cadena de relaciones que no aparece en ninguna planilla contable. El cierre de los ingenios de 1966 demuestra que una economía puede ser reorganizada desde un despacho, pero sus consecuencias se viven en las casas, en las escuelas, en los comercios y en las calles. Por eso aquella decisión de Onganía permanece como una de las grandes heridas sociales de Tucumán: porque no solamente cerró fábricas, sino que modificó el destino de miles de personas y obligó a una provincia entera a reconstruirse después de que el poder político decidiera que una parte de su economía ya no era necesaria. La historia del azúcar tucumano, en definitiva, permite comprender que el desarrollo no consiste solamente en determinar cuánto produce una región, sino también en preguntarse qué sucede con quienes viven de esa producción cuando alguien decide, desde lejos, que ha llegado la hora de apagar las máquinas.