El cierre intempestivo de la tradicaional autopartista Crucianelli de la ciudad de Córdoba volvió a poner en evidencia la profundidad de la crisis que atraviesa la industria metalmecánica cordobesa y abrió un nuevo frente interno en el cordobesismo.
Mientras los trabajadores encontraron los portones de la planta soldados y sin ninguna comunicación oficial de la empresa, Juan Schiaretti aprovechó el episodio para cuestionar el rumbo económico de Javier Milei, en contraste con la estrategia de acercamiento que Martín Llaryora viene ensayando con la Casa Rosada, potenciada desde la llegada de Diego Santilli a la jefatura de Gabinete.
La autopartista, ubicada sobre avenida Armada Argentina de la ciudad de Córdoba, dejó a unos 20 operarios altamente capacitados sin trabajo. El caso tuvo un fuerte impacto simbólico por la forma en que se produjo el cierre: los obreros llegaron a cumplir su jornada habitual y encontraron la fábrica completamente clausurada, con los portones soldados. Como se sabe, no se trata de una situación aislada.
En el Gobierno provincial admiten que el problema excede ampliamente a una empresa. La metalmecánica cordobesa acumula meses de caída de actividad, reducción de personal y establecimientos en procedimientos preventivos de crisis; golpeada por la retracción del mercado interno y la apertura de importaciones con un dólar poco competitivo.
El episodio, además, quedó rápidamente atravesado por la disputa política.
Schiaretti publicó un mensaje en redes sociales advirtiendo sobre el deterioro del aparato productivo. El exgobernador dijo que la automotriz es una «economía regional clave» que precisa «previsibilidad para su desarrollo».
En ese marco, pidió a La Libertad Avanza que prorrogue las leyes de «Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo» y la de «Promoción de Inversiones Automotrices». «Argentina se ubica en el cuarto lugar en la producción de pickups en el mundo, un logro que se alcanzó gracias al esfuerzo de todos», dijo Schiaretti.
El pedido de Schiaretti fue tras reunirse con el clúster automotriz de Córdoba, que tiene como principal objetivo mejorar la competitividad de la cadena industrial automotriz de Córdoba». El posteo de Schiaretti fue 48 horas después de la foto de Llaryora con Santilli.
Repasemos los posteos anteriores de Schiaretti, El 24 de junio avisó que no votaría el Súper RIGI porque este esquema, en su visión, «sólo beneficia a grandes corporaciones en detrimento de otras actividades productivas». Antes, el 12 de junio, Schiaretti había pedido la cabeza de Manuel Adorni: «El Gobierno nacional no puede seguir sosteniendo una mentira más», había dicho Schiaretti en X.
En paralelo, Llartora viene profundizando un vínculo pragmático con Milei. La relación mejoró sensiblemente durante los últimos meses a partir de acuerdos fiscales, negociaciones por obras públicas y un diálogo permanente con la Casa Rosada que le permitió recuperar fondos nacionales y mostrar una imagen de cooperación institucional. Con la llegada de Santilli el Gobierno de Córdoba espera profundizar el entendimiento de cara a las elecciones provinciales del año que viene.
Por eso, en el oficialismo provincial procuran evitar cualquier confrontación directa con el Presidente, incluso cuando los indicadores económicos empiezan a encender alarmas entre empresarios y sindicatos. En ese contexto, el cierre de la autopartista Crucianelli vuelve a poner a prueba ese delicado equilibrio.
A una semana del traspaso, las rutas privatizadas por Luis Caputo ya registran aumentos en las tarifas de peaje cercanas al 20%. Eso, luego de los despidos masivos que el Gobierno aplicó en los corredores días antes de entregarlos a las empresas.
Corresur, el consorcio integrado por las firmas Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco que se quedó con el control de las rutas 3, 205, 226 y la autopista Ricchieri, anunció un incremento del 19,14% en los peajes de la 226 que se suma al aumento del 16% que la estatal Corredores Viales había aplicado meses atrás.
En paralelo, el consorcio privado que tendrá el control de estas rutas durante los próximos 20 años planteó obras menores y de mantenimiento para el corto plazo, confirmando las alertas que entidades de usuarios viales habían lanzado sobre la ausencia de inversiones de magnitud en los pliegos de concesión.
Concretamente, se especificaron tareas como reparación de banquinas, sellado de fisuras y el reemplazo de elementos de seguridad vial dañados, además de trabajos puntuales sobre tramos de las rutas 3 y 226.
Como contó LPO, el Gobierno avanzó en despidos masivos de trabajadores de peajes de esa ruta, días antes de hacer el traspaso a Corresur, que ya anunció que las estaciones operarán sin pago en efectivo y, por ende, el cobro será por medios electrónicos y automáticos.
Además de los 120 trabajadores que se desempeñaban en el tramo de la Ruta Nacional 226 que tiene como epicentro el peaje de Hinojo, en Olavarría, la estatal Corredores Viales echó a 45 empleados del peaje El Dorado, entre Balcarce y Mar del Plata y a otros 35 del peaje La Vasconia entre Tandil y Balcarce.
Mientras, Caputo acelera con la concesión de otro paquete de rutas nacionales. Esta semana se realizó la apertura del segundo sobre de ofertas económicas de la licitación de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones.
Esa etapa incluye más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales distribuidos en los Tramos Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte. En esta instancia se presentaron 13 oferentes y 31 ofertas.
«Vialidad Nacional será el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de los contratos mediante un esquema de control por resultados», señalaron en Economía, donde autorizaron que Corresur aplique un aumento del 19% en peajes a seis días de tomar el control.
En el Gobierno definen a la Red Federal de Concesiones como un nuevo modelo que «se desarrollará sin subsidios del sector público». No obstante, ya en su primer tramo concesionado, Nación lanzó créditos multimillonarios del BICE, el banco que controla Economía, para que las empresas que ganen las concesiones financien las obras.
El ejército estadounidense lanzó nuevos ataques contra objetivos estratégicos en Irán en represalia por la ofensiva contra embarcaciones comerciales que circulaban por el estrecho de Ormuz, según informó este martes el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).
A través de un comunicado subido a X, el CENTCOM anunció que los bombardeos fueron ordenados por el presidente Donald Trump luego de que tres buques fueran atacados, presuntamente, por Irán. Un puerto al sur de la República Islámica ubicado, sobre el estrecho de Ormuz, fue blanco del fuego estadounidense.
Los bombardeos tuvieron como objetivo imponer «costos significativos» al régimen iraní por las supuestas agresiones contra buques civiles. «Los ataques tienen como objetivo imponer un alto costo a Irán por atacar embarcaciones comerciales tripuladas por civiles inocentes en una vía marítima internacional», apuntó el CENTCOM.
«La agresión demostrada por Irán fue injustificada, peligrosa y constituyó una clara violación del alto el fuego», sigue el comunicado del comando encargado de custodiar los intereses norteamericanos en el Golfo Pérsico.
El canciller iraní Abbas Araghchi.
De momento, las autoridades iraníes no se refirieron a la ofensiva estadounidense ni a las denuncias de intimidación en el estrecho de Ormuz, un punto en el mapa altamente sensible para el comercio global, por donde circula buena parte del petróleo y el gas que exportan los países de Medio Oriente.
La agresión demostrada por Irán fue injustificada, peligrosa y constituyó una clara violación del alto el fuego
La escalada compromete la frágil tregua acordada tras varios meses de negociaciones entre la Casa Blanca y la cúpula chiíta. Esta misma semana, Trump había prometido que suspendería los ataques durante dos semanas con la condición de que Irán reabriese el estrecho de Ormuz, invocando las negociaciones de paz que lleva adelante Pakistán.
Trump publicó el anuncio de la tregua en su red social Truth, donde detalló que «basado en conversaciones con el Primer Ministro Shehbaz Sharif y el Mariscal de Campo Asim Munir, de Pakistán, y dado que solicitaron que detuviera la fuerza destructiva que se estaba enviando esta noche a Irán, y sujeto a que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del Estrecho de Ormuz, acepto suspender el bombardeo y ataque a Irán por un período de dos semanas».
La nueva economista jefe del FMI nació en Tucumán, se formó en la universidad pública de su provincia, obtuvo un doctorado en Harvard y terminó en la cúspide de la tecnocracia global. Silvana Tenreyro asumirá en agosto como consejera económica y directora del Departamento de Investigación del Fondo. En Washington la presentaron con el idioma prolijo de los organismos: excelencia académica, liderazgo intelectual y experiencia en política económica. Pero el apellido Tenreyro trae otra historia. Una que no entra fácil en un paper.
Tenreyro será una de las voces centrales del Fondo en un momento sensible para la Argentina. El organismo informó que reemplazará a Pierre Olivier Gourinchas y que asumirá el 10 de agosto. Kristalina Georgieva la definió como «globally respected economist» y destacó su experiencia en bancos centrales, academia e instituciones internacionales. El cargo no es decorativo: desde allí se ordena la mirada técnica del Fondo sobre inflación, crecimiento, deuda, comercio, crisis externas y programas de estabilización.
El currículum impresiona. Se recibió de economista en la Universidad Nacional de Tucumán en 1997. Después hizo una maestría en Harvard en 1999 y el doctorado en 2002. Sus directores fueron Alberto Alesina, Robert Barro y Kenneth Rogoff. No se fue por el kirchnerismo, como podría ordenar rápido alguna sobremesa porteña. Se fue antes. A los pocos meses de graduarse ya estaba en Massachusetts. La crisis de 2001 la encontró afuera, mirando desde Harvard el derrumbe de la convertibilidad y el país en llamas.
Antes había estudiado en el colegio Santa Rosa de Tucumán y había trabajado como asistente de investigación de Víctor «Turco» Elías, uno de los economistas tucumanos más reconocidos. La Gaceta la presentó en 2017 como una «chica 10» tucumana cuando fue designada en el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra. En esa nota se recordaba que había obtenido uno de los mejores promedios en la UNT y que ya tenía experiencia en bancos centrales.
Su carrera después tuvo escala global. Fue economista de la Reserva Federal de Boston entre 2002 y 2004. En 2004 entró a la London School of Economics. Fue lecturer, reader, profesora y desde 2025 ocupa la cátedra James E. Meade. Integró el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra entre 2017 y 2023. También fue miembro externo del comité del Banco Central de Mauricio entre 2012 y 2014, visitante académica del Banco Central Europeo y parte del grupo asesor externo de la directora gerente del FMI desde 2023.
Tenreyro será una de las voces centrales del Fondo en un momento sensible para la Argentina. El cargo de economista jefe del FMI no es decorativo: desde allí se ordena la mirada técnica del Fondo sobre inflación, crecimiento, deuda, comercio, crisis externas y programas de estabilización.
La lista sigue. Fue presidenta de la European Economic Association entre 2021 y 2022. Es fellow de la British Academy, de la Econometric Society y de la Royal Economic Society. En 2023 recibió la distinción de Comandante de la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la economía. Ganó el premio Yrjö Jahnsson en 2021, el Birgit Grodal en 2022 y el Bernhard Harms en 2025. Tiene publicaciones sobre política monetaria, comercio internacional, volatilidad, desarrollo, Brexit, dominancia del dólar, fragmentación comercial e inflación.
Su producción no es la de una economista de manual. Trabajó sobre cómo la política monetaria se transmite a la economía real. Es decir, cómo una tasa no queda encerrada en una planilla: pega sobre empleo, salarios, producción y demanda. En una entrevista con Martín Kanenguiser, en Infobae, dijo que su objetivo era entender «cómo se transmite la política monetaria a la economía real». También marcó que las rigideces salariales son clave para explicar el efecto de una baja de tasas sobre empleo y producción.
En esa misma conversación defendió «la apertura al comercio internacional» como una vía para diversificar shocks domésticos. Su argumento fue que las economías más ricas y abiertas tienden a ser «menos volátiles» porque tienen más compradores, más proveedores y tecnologías más variadas. También sostuvo que, en una crisis, las políticas monetarias y fiscales óptimas son contracíclicas, y que idealmente debería verse una «expansión fiscal y monetaria». Un razonamiento bastante menos lineal que el reflejo pavloviano de cortar gasto ante cualquier incendio.
La propia Tenreyro explicó alguna vez por qué estudió economía. Dijo que quería trabajar en políticas para combatir pobreza, desigualdad, desempleo e inflación. Y dejó una frase que ahora toma otro peso: «mi abuelo, desaparecido en el 76, era también economista». Ese abuelo era Juan Eduardo Tenreyro, funcionario del gobierno peronista de Amado Juri en Tucumán.
Los registros de organismos de Derechos Humanos ubican a Juan Eduardo Tenreyro Díaz como detenido desaparecido. El Parque de la Memoria consigna que fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 en San Miguel de Tucumán, que tenía 64 años y que era contador público nacional. Según consta en la Comisión Bicameral de Tucumán fue Seecretario de Hacienda de Amado Juri. O sea, era parte del poder constitucional tucumano que Antonio Domingo Bussi vino a arrasar.
La propia Tenreyro explicó alguna vez por qué estudió economía. Dijo que quería trabajar en políticas para combatir pobreza, desigualdad, desempleo e inflación. Y dejó una frase que ahora toma otro peso: «mi abuelo, desaparecido en el 76, era también economista». Ese abuelo era Juan Eduardo Tenreyro, funcionario del gobierno peronista de Amado Juri en Tucumán.
La Comisión Bicameral describió la represión contra el gobierno justicialista de Tucumán como una ofensiva directa contra las autoridades constitucionales. Amado Juri estuvo detenido casi tres años. Funcionarios, legisladores y dirigentes fueron encarcelados, torturados, perseguidos o desaparecidos. En esa lista aparecen Dardo Molina, Juan Eduardo Tenreyro, Guillermo Vargas Aignasse y José Chebaia, entre otros. No fue sólo una cacería ideológica. Fue también la demolición de un elenco político completo.
En noviembre de 2003, el fiscal federal Emilio Ferrer acusó al ex gobernador Antonio Bussi por el secuestro y la desaparición de Juan Eduardo Tenreyro. Bussi ya estaba detenido por la desaparición del ex senador peronista Guillermo Vargas Aignasse. Ferrer sostuvo que el militar tenía una responsabilidad penal «fuera de toda discusión y duda» y pidió además la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final por inconstitucionales.
El operativo contra Tenreyro fue en la madrugada del golpe. Según el expediente, lo secuestraron en su casa de avenida Mitre 224. Los hombres que llegaron se identificaron como policías y se movían en un Ford Falcon. Pocos minutos después apareció personal del Ejército bajo las órdenes del mayor Capitán, con la excusa de cumplir una orden de detención. Para el fiscal, ese grupo no iba a detenerlo. Iba a comprobar que la misión hubiera salido bien.
Juan Gelman reveló un ángulo todavía más oscuro en una contratapa de Página/12 publicada a fines de los noventa. El texto se tituló «Revisiones» y retomó el testimonio de Andrés Francisco Valdez, un preso por delitos comunes que dijo haber actuado como asesor de inteligencia. Gelman escribió que Valdez había viajado a Tucumán enviado por el Batallón 601 y que había quedado bajo las órdenes del coronel Ramón Fernández.
En esa columna, Gelman citó la declaración de Valdez sobre Chebaia, Vargas Aignasse, Dardo Molina y Tenreyro. Según ese relato, Tenreyro fue interrogado el 27 de marzo en la Jefatura de Policía. Valdez dijo que la orden había sido de Bussi y que luego fue «muerto y fondeado». Gelman subrayó además una confusión reveladora: Valdez hablaba del dique «El Acheral», aunque en Acheral no hay dique. La referencia real, escribió, conducía al Cadillal.
Gelman agregó otra hipótesis, más incómoda todavía. En Tucumán, escribió, era «secreto a voces» que Chebaia y Tenreyro habían sido secuestrados por tierras en Taco Ralo con las que terminaron quedándose militares. La represión, entonces, no sólo disciplinaba cuerpos y partidos. También iba a por las propiedades y los negocios.
Ahí está el pliegue de la historia. La nieta de un funcionario peronista desaparecido por Bussi llega a la jefatura económica del FMI. La casa que durante décadas le habló a la Argentina de equilibrio, disciplina y reformas ahora tendrá como principal voz técnica a una tucumana cuya biografía familiar remite al costado más brutal del poder económico y militar.
Javier Milei anunció el envío al Congreso de un proyecto de shutdown para estrangular el gasto público cuando se agota una partida presupuestaria, algo que hasta en la bancada libertaria del Senado juzgan «inconstitucional».
El Presidente posteó en sus redes sociales que se está empezando «a ultimar los detalles en la Reforma de la Carta Orgánica del BCRA, las bases del SHUTDOWN del Estado, la nueva ley para el Mercado de Capitales y el inicio de la desregulación del Mercado de seguros». Además, acompañó el mensaje en X con una foto en la que se lo ve junto al ministro de Economía, Luis Toto Caputo, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.
La iniciativa del shutdown generó impacto inmediato en el Poder Legislativo en general y entre los libertarios en particular. Una senadora oficialista consideró que la medida sería «inconstitucional» porque «la Constitución Nacional consagra derechos que no se pueden dejar de sostener porque se agote una partida».
En efecto, la legisladora advirtió que «Milei está queriendo copiar la Constitución de Estados Unidos». «El shutdown norteamericano se ‘activa’ cuando no se aprueba el presupuesto pero acá se reconduce y se usa el presupuesto aprobado para el año anterior», argumentó, y agregó: «nuestra constitución consagra una cantidad enorme de derechos y garantías y todo lo que la Constitución fije como derecho, no podés desfinanciar al cero», explicó.
Un libertario con experiencia legislativa en su provincia de origen consideró que un gobierno «puede dar menos o más presupuesto a cada área pero no puede darle de baja».
Fuentes del oficialismo admitieron que la idea del shutdown tiene el aroma de las ocurrencias de Sturzenegger, que goza del reconocimiento del Presidente para la formulación de proyectos titulados con grandilocuencia y difíciles de defender hasta por su propia tropa. LPO consultó al entorno del ministro pero prefirieron no hacer comentarios sobre el pomposo anuncio.
BASES PARA LA NUEVA ERA DORADA Empezando a ultimar los detalles en la Reforma de la Carta Orgánica del BCRA, las bases del SHUTDOWN del Estado, la nueva ley para el Mercado de Capitales y el inicio de la desregulación del Mercado de seguros.VLLC!CC: @LuisCaputoAR@fedesturze… pic.twitter.com/meEwDvBWtm
El tuit de Milei se publicó después de la entrevista que le concedió a Alejandro Fantino en el streaming Neura. Allí el jefe de Estado dijo que trabaja, junto a su equipo, «en el armado del shutdown del Poder Ejecutivo, de la política», y aseguró: «cuando te agotás el presupuesto, no se puede gastar más y se apaga el Estado».
En rigor, el presupuesto argentino se rige por la ley de administración financiera, cuyo articulado establece que si no se aprueba un presupuesto para el año siguiente, a diferencia de lo que sucede con el shutdown estadounidense, «se reconduce» el presupuesto aprobado el año anterior. El espíritu que rige es el de no vaciar la ejecución de una política pública.
Osvaldo Jaldo se burló del proyecto de listas colectoras que impulsa la Rosada, anticipado por LPO, y recordó que los libertarios cuestionaban el sistema de acoples que tiene Tucumán.
El sistema de acoples habilita que un partido político pueda anexar sus candidaturas parlamentarias -tanto para la Legislatura como para los concejos deliberantes- a una postulación para una función ejecutiva provincial o municipal.
De este modo, cuanto más amplia sea la base de postulantes a cargos legislativos, mayores serán las posibilidades de que una fórmula gubernamental obtenga más votos. En 2023, en la última elección ejecutiva de Tucumán, el Frente de Todos tuvo 61 acoples y Juntos por el Cambio 15. Esa diferencia es la que suele definir al nuevo gobernador.
«Son noticias mediáticas, son conversaciones mediáticas. No sabemos, y no solo no sé yo, no saben los gobernadores de qué se trata todavía esto de colectoras. Porque la verdad que nosotros escuchábamos a La Libertad Avanza quejarse de los acoples en Tucumán», dijo Jaldo en una rueda de prensa. El gobernador tucumano ya había puesto reparos contra la eliminación de las PASO que impulsa el gobierno.
«Resulta que ahora parecería que las colectoras vienen de Buenos Aires hacia el interior del país. Bueno, alguien tendrá que explicarlo a esto. Alguien de La Libertad Avanza, alguien que ha venido cuestionando siempre los acoples aquí en la provincia de Tucumán le tendrá que explicar a los tucumanos qué diferencia hay en colectora con los acoples, o por qué ahora sí acople, colectoras y antes no», dijo Jaldo.
El gobernador se refirió de ese modo a Lisandro Catalán, el posible candidato de los libertarios para la gobernación. Catalán se dio por aludido y salió a responderle a Jaldo.
«Señor Gobernador, sobre la reforma política, por ahora todo lo que existe son trascendidos periodísticos. Lo único concreto es la intención del Gobierno nacional de eliminar las PASO», dijo Catalán, que desnudó de esa forma que no está al tanto de las estrategias electorales en las que trabaja la Rosada para el año que viene.
