Autor: Invitad@ Especial

 

El gobierno de Jorge Macri sumó a nueve bancos al Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal de la Ciudad, una iniciativa que nació de un proyecto presentado por el legislador opositor Leandro Santoro y terminó convertida en ley después de una negociación con el Ejecutivo porteño. 

La medida busca atender uno de los problemas que más creció en los últimos meses: las familias que acumularon deudas de tarjetas y préstamos y ya no pueden sostener las cuotas. 

Banco Ciudad, Santander, ICBC, Supervielle, Credicoop, Comafi, BBVA, Galicia y Banco Piano adhirieron al programa. La incorporación de las entidades amplía considerablemente el alcance de una herramienta que hasta ahora dependía de conseguir que los bancos aceptaran las condiciones fijadas por la Ciudad. 

El esquema permite refinanciar deudas en mora originadas en tarjetas de crédito y préstamos personales. El plazo será de hasta 24 meses y la tasa fija no podrá superar el 35% nominal anual. El trámite se realizará directamente ante el banco o entidad financiera adherida. 

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El programa surgió de la Ley 6.959, sancionada por la Legislatura porteña el 18 de junio. El proyecto original fue presentado por Santoro junto con los legisladores Alejandro Grillo y Claudia Neira. 

Las familias porteñas podrán refinanciar sus deudas de tarjetas de crédito y préstamos en mora con más plazo y una tasa de interés fija. Es un alivio para la clase media que trabaja, se esfuerza y quiere ponerse al día. 

La norma tiene como objetivo facilitar la refinanciación de las deudas de consumo, evitar la exclusión del sistema crediticio y reducir la carga financiera sobre los hogares porteños. 

La ley alcanza a las deudas registradas hasta el 1° de junio pasado. Para ingresar, el deudor deberá encontrarse en situación 2 o 3 del Banco Central, es decir, acumular entre 60 y 180 días de atraso. 

Además, los ingresos del grupo familiar deberán ser inferiores a diez salarios mínimos y el pago mensual de las deudas deberá representar más del 30% de los ingresos del hogar. 

También se exige acreditar domicilio real en la Ciudad durante al menos los últimos dos años. No podrán ingresar quienes tengan más de un inmueble, vehículos de menos de cinco años de antigüedad -salvo que acrediten su utilización para trabajar-, embarcaciones, aeronaves o bienes suntuarios sujetos a registro. 

Tampoco quienes posean activos financieros superiores a la deuda que pretenden refinanciar o hayan comprado divisas durante el período en que se generaron los compromisos impagos. 

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Para conseguir que los bancos entren al programa, la Ciudad puso además una ficha propia sobre la mesa. Las entidades adheridas tendrán una reducción del 50% de Ingresos Brutos sobre los intereses que perciban por estas refinanciaciones. 

Es el incentivo fiscal que permitió convertir el acuerdo político en una herramienta con participación del sistema financiero. 

«Las familias porteñas podrán refinanciar sus deudas de tarjetas de crédito y préstamos en mora con más plazo y una tasa de interés fija. Es un alivio para la clase media que trabaja, se esfuerza y quiere ponerse al día», afirmó Jorge Macri. 

La decisión marca una diferencia política con el gobierno de Milei. Mientras la Ciudad diseñó una regulación, ofreció un beneficio fiscal y fijó condiciones para la refinanciación, Luis Caputo sostuvo que el endeudamiento de las familias es un tema entre privados y descartó una asistencia directa del Estado. 

El jefe de Gobierno destacó además que la iniciativa fue trabajada «en conjunto entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura para convertirla en una ley financieramente viable». 

La decisión marca una diferencia política con el gobierno de Javier Milei en dos terrenos sensibles. El primero es la intervención estatal frente al salto de la morosidad. Mientras la Ciudad diseñó una regulación, ofreció un beneficio fiscal y fijó condiciones para la refinanciación, Luis Caputo sostuvo que el endeudamiento de las familias es un «tema entre privados» y descartó una asistencia directa del Estado. «Tampoco hay mucho en lo que nosotros podamos hacer ahí», dijo el ministro. 

Pero hay una segunda diferencia, esta vez estrictamente política. Macri tomó un proyecto impulsado por Santoro, principal referente opositor en la Ciudad, lo negoció con la Legislatura y lo convirtió en una política del Ejecutivo. 

La operación tiene, por supuesto, una lectura política. Santoro consiguió instalar desde la oposición una iniciativa que terminó convertida en política pública y Jorge Macri se quedó con la ejecución y la incorporación de los bancos. En el medio quedaron las familias endeudadas, que son finalmente las que explican el acuerdo. La mora hizo algo que la política nacional viene encontrando bastante más difícil: sentar al oficialismo y a la oposición alrededor de la misma mesa.

 

 

Victoria Villarruel profundiza su juego propio y en su entorno ya hablan abiertamente de una posible candidatura presidencial. La vicepresidenta busca correr a Milei por derecha y uno de los ejes que eligió para hacerlo es el campo: pidió eliminar las retenciones, una promesa incumplida del presidente. 

Lo hizo al visitar este sábado una muestra rural en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. «El futuro de nuestro campo y de nuestra industria debe ser sin retenciones a las exportaciones», afirmó.

Campo, Malvinas y defensa del personal de las fuerzas armadas y de seguridad que enfrentan los peores sueldos de las últimas décadas, son ejes centrales de su estrategia de construir una candidatura de derecha nacionalista, que el peronismo ve con excepctativa porque le puede sacar a Milei los puntos que le impidan ganar en primera vuelta.

Cerca de Villarruel creen que tiene niveles de conocimiento y una capacidad electoral muy superior a la de otros dirigentes que buscan instalarse para 2027 ante la debilidad de Milei, como Daniel Hadad o el banquero Jorge Brito. 

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En ese camino empezó a tender puentes hacia sectores que están fuera del universo libertario. Villarruel recibe en el Senado a dirigentes del peronismo y del radicalismo y explora una construcción transversal para ampliar su base política. 

El dato más llamativo es Mauricio Macri. Villarruel mantenía un diálogo fluido con el expresidente, pero este se interrumpió después del reciente acercamiento del fundador del PRO a Milei. La lectura en el entorno de la vicepresidenta es que Macri terminó demasiado cerca del Gobierno para servir como interlocutor de una alternativa. 

Villarruel mantenía un diálogo fluido con Macri, pero este se interrumpió después del reciente acercamiento del fundador del PRO a Milei.

El Senado funciona así como su principal plataforma política. Desde allí puede conversar con gobernadores, senadores y dirigentes opositores sin depender de la estructura libertaria. Es un terreno especialmente cómodo para una vicepresidenta que quedó afuera de las decisiones centrales del Ejecutivo pero conserva una de las posiciones institucionales más importantes del país. 

La ofensiva sobre las retenciones encaja en esa estrategia. Villarruel reclamó eliminar los derechos de exportación al campo, una bandera con fuerte recepción entre los productores y que además le permite disputar un sector que Milei considera propio.

Todavía falta un año y no existe un lanzamiento formal. Pero alrededor de la vicepresidenta ya dejaron de tratar la hipótesis como una fantasía. La ruptura con Milei, el corte del diálogo con Macri, las conversaciones con peronistas y radicales y ahora la ofensiva sobre las retenciones dibujan una misma hoja de ruta. 

 

 

El Gobierno logró construir algunos puntos de apoyo para desplegar su modelo económico. El resultado fiscal es el más sólido. La política monetaria y el frente cambiario aportaron otros, bastante más movedizos. Pero al programa le falta el protagonista capaz de hacer de la estabilización una cuestión sostenible: las inversiones. Y los números muestran que, lejos de llegar, están retrocediendo. 

«Toda política fiscal, monetaria o cambiaria es discutible. No sólo por sus resultados. También porque inevitablemente distribuye costos y beneficios, define ganadores y perdedores y modifica la relación entre sectores. Pero cualquier modelo que pretenda crecer de manera sostenida necesita inversión. Sin capital que amplíe la capacidad productiva, incorpore maquinaria, construya infraestructura y genere empleo, la estabilidad tiene patas cortas», comentó a LPO un ex ministro de economía. 

Ahí aparece uno de los datos más incómodos del programa de Javier Milei. La Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) cayó 11,6% interanual. La inversión no está acompañando la estabilización: se está achicando. 

La gran apuesta del Gobierno para llenar ese vacío es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Pero la información que obtuvo LPO mediante un pedido de acceso a la información pública permite mirar debajo del número de anuncios. 

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Al cierre del primer trimestre había 12 proyectos aprobados, por una inversión total declarada de 26.436 millones de dólares. De ese monto, 24.691 millones fueron considerados «activos computables» para acceder a los beneficios del régimen. 

Ese concepto es clave. Los activos computables no son un registro de dólares que ya ingresaron al país ni de inversiones efectivamente realizadas desde la aprobación del RIGI. Son los gastos que la normativa admite para determinar si un proyecto alcanza el piso de inversión necesario para entrar al régimen. 

Lo que estoy viendo, y esta es la parte que me preocupa, es que no estoy viendo inversiones grandes. La inversión cae, el empresario está viendo que esto no levanta. 

Economía aclaró incluso que pueden computarse inversiones realizadas desde la entrada en vigencia del RIGI aunque sean anteriores a la adhesión formal del vehículo empresario. Es decir, una parte del número puede corresponder a inversiones que ya estaban en marcha. 

Los anexos muestran además qué hay adentro de esos montos. No todo consiste en nuevas plantas construidas con producción y trabajo local. Los planes incluyen compra de equipamiento, maquinaria, materiales, ingeniería, logística, instalaciones eléctricas, software, servicios y construcción. En varios de los grandes proyectos, una porción relevante corresponde a bienes de capital y equipos que pueden ser importados. 

El detalle entregado por Economía, sin embargo, no discrimina qué porcentaje será de origen nacional y cuál importado, por lo que tampoco permite traducir automáticamente los millones anunciados en impacto sobre proveedores o empleo local. 

El caso del parque solar El Quemado sirve para entenderlo. Sus 211,6 millones de dólares de costos de construcción incluyen 42,7 millones en paneles, 22,3 millones en trackers, 9,4 millones en inversores, 8,3 millones en la estación de potencia, 7,9 millones en transformadores y otros equipos. 

El RIGI contabiliza esas erogaciones como inversión del proyecto, pero la documentación oficial no informa dónde se fabricarán esos bienes ni cuánto valor agregado quedará en Argentina. 

Hay casos todavía más contundentes. El proyecto Rincón de litio presenta 2.299 millones de dólares en activos computables dentro de una inversión total de 2.744 millones. Allí aparecen 320 millones en paquetes tecnológicos, 254 millones en equipamiento mecánico, 106 millones en materiales e instalaciones eléctricas y sólo 85 millones en mano de obra directa. El desglose permite ver por qué el monto de inversión no puede leerse linealmente como generación de empleo: son variables distintas. 

También hay inversiones que no nacieron con el RIGI. VMOS declara un plan total de 2.900 millones de dólares, pero el anexo identifica 42 millones como inversiones previas a la vigencia de la ley. El Gobierno, además, aprobó como ampliaciones proyectos que ya existían, como Veladero y Fénix. 

La concentración sectorial termina de achicar la foto. De los 26.436 millones de dólares aprobados, 15.156 millones corresponden solamente al proyecto de licuefacción de Southern Energy y otros 2.900 millones a VMOS. Después aparecen los grandes proyectos mineros que buscan financiamiento. Fuera de hidrocarburos, minería y generación eléctrica, la lista se reduce prácticamente a la acería de Sidersa y la Terminal Multipropósito Timbúes. 

El RIGI consiguió volumen anunciado, pero todavía no muestra una ola de inversión. Y existe un problema adicional para medir cuánto de todo eso ya ocurrió. Economía reconoció ante el pedido de LPO que el seguimiento está distribuido entre distintas áreas técnicas y que, por el «volumen, dispersión y heterogeneidad» de los datos, no tiene sistematizada una información integral sobre los mecanismos de control. 

Los mismos empresarios creen que la economía va a crecer, pero no prevén aumentar la inversión. El 74% espera crecimiento del PBI y el 68% proyecta una inflación menor. Pero apenas el 43% prevé aumentar sus inversiones.

Tampoco realizó revisiones posteriores del ratio exigido a los proyectos frente a eventuales cambios de precios, costos, cronogramas o generación de caja. En otras palabras, el Gobierno puede informar con precisión cuánto prometieron invertir las empresas para entrar al RIGI, pero la respuesta oficial no ofrece una cifra consolidada de cuánto de esa inversión ya se ejecutó.

«Lo que estoy viendo, y esta es la parte que me preocupa, es que no estoy viendo inversiones grandes», dijo el economista Fausto Spotorno en el stream Ahora Play. «La inversión cae, cae, cae», agregó. Para Spotorno, el fenómeno tampoco puede explicarse simplemente por desconfianza política. «El empresario está viendo que esto no levanta», sostuvo. 

Spotorno también puso el foco en la distancia entre los anuncios del RIGI y el volumen de capital efectivamente desplegado. «No es que no hay, hay. Pero que eso esté puesto en la cancha y genere volumen grande todavía no lo vemos», explicó. Y marcó una excepción: «El sector energético es lejos el que está invirtiendo más. Está invirtiendo fangotes». 

Según los cálculos que maneja el economista, el sector energético recibe un flujo anualizado del orden de los 12.000 millones de dólares. Parece una montaña hasta compararla con las necesidades de capital del conjunto de la economía. 

Spotorno estima que Argentina necesita inversiones cercanas a los 120.000 millones de dólares por año. Incluso el sector que más capital atrae representa así alrededor de una décima parte de ese volumen. 

En el mercado hacen una lectura parecida, con un agregado importante: Vaca Muerta juega un campeonato bastante separado del resto de la economía. «Vaca Muerta mueve las mismas inversiones con cualquier gobierno porque está despegada del ciclo económico. Son 12 mil millones por año. Así y todo la cuenca necesita cerca de 20 mil millones para desarrollar su potencial», explicó a LPO una fuente que sigue de cerca las inversiones del sector. 

La cautela aparece también entre los propios empresarios. La última Encuesta de Expectativas de Ejecutivos de IDEA, realizada entre 218 directivos, mostró que la proporción de empresas que trabaja cerca de su capacidad máxima aumentó del 36% al 46%. Sin embargo, la inversión anual como porcentaje de la facturación cayó del 14% al 10%. 

El contraste es mayor porque esos mismos empresarios creen que la economía va a crecer, pero no prevén aumentar la inversión. El 74% espera crecimiento del PBI y el 68% proyecta una inflación menor. Pero apenas el 43% prevé aumentar sus inversiones.

Alejandro «Topo» Rodríguez, ex diputado nacional y economista, introduce otra diferencia clave para leer los números. «Hay que distinguir entre las inversiones que ‘se anuncian’ y las que efectivamente se realizan. Con Milei, se inició un proceso de desinversión que se explica por la contracción de la demanda y la caída de la rentabilidad esperada», dijo a LPO. 

El planteo toca uno de los problemas centrales del programa: la inversión no depende solamente de bajar impuestos o conceder beneficios. Una empresa invierte cuando espera vender lo suficiente como para recuperar el capital y obtener rentabilidad. Ese es el agujero que queda detrás de los avances que el Gobierno exhibe en la macro. 

 

 

El gobierno tomó nota de la resistencia de los gobernadores reunidos en la cumbre del Norte Grande a la eliminación de las PASO y ahora evalúa patear el tema para fin de año. «No estamos apuradísimos», dijo un diputado libertario este viernes, y explicó que la supresión de las primarias formaría parte de una negociación y un diálogo «más amplios», que incluyen el recorte de Zonas Frías y la compensación a través de Zonas Cálidas.

La definición se empezó a barajar después del viaje que hizo Diego Santilli a Posadas el miércoles pasado. Allí el jefe de Gabinete pudo discutir de forma reservada con los jefes territoriales sobre la necesidad que tienen las provincias de contar con «garantías» de la sanción del subsidio por el uso intensivo de energía eléctrica a cambio de apoyar la ley de Medidas Energéticas, una iniciativa del oficialismo para reducir el dinero que se destina a los hogares con consumos más altos de gas para calefaccionar en invierno.

En Casa Rosada, están convencidos que contarán con los votos para Zonas Frías y la eliminación de las PASO, aunque los aliados del Senado lo pongan en duda, tal como informó LPO. Incluso, uno de los gobernadores que tuvo un mano a mano con Santilli le planteó que no podían discutir los proyectos «en el aire», sin contemplar lo que sucedería con las primarias y el calendario electoral, y el Jefe de Gabinete respondió que llevaría su mensaje a Lule Menem.

Ambos funcionarios, Santilli y el subsecretario de la Presidencia, están llevando la conversación con los gobernadores que no apoyan, a priori, ni la eventual candidatura de Javier Milei ni la de los posibles candidatos del peronismo.

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Por eso, aceleraron las charlas Sergio Massa, José Mayans, Germán Martínez, Máximo Kirchner, Axel Kicillof y los cuatro gobernadores de UP para blindar la defensa de las PASO, en una reunión de tres horas que mantuvieron el último martes, como publicó LPO. «La prioridad del gobierno es eliminar las primarias para garantizar la reelección de Milei», concluyeron dos de los dirigentes que participaron de esa conversación.

En la Casa Rosada, están convencidos que contarán con los votos para Zonas Frías y la eliminación de las PASO, aunque los aliados del Senado lo pongan en duda.

En efecto, tanto en Balcarce 50 como en los despachos más influyentes del oficialismo en el Congreso están convencidos que «Milei reelige». «Gana en primera vuelta, ya quedó demostrado que el peso de los gobernadores en una elección nacional es nulo y ahora vamos con el ancho de espadas», comentó un diputado de LLA sin contemplar el deterioro de su imagen en todas las encuestas por los efectos del hundimiento de la actividad productiva y el consumo.

El gobierno pretende que la derrota parlamentaria que implicó tener que sacar del proyecto de Inviolabilidad Privada los capítulos de extranjerización de la tierra y manejo del fuego no habrían sido tan hondos. «No perdimos, sacamos la media sanción pero nos ganaron la parada ante la gente porque no se explicó la ley, fallamos en la comunicación», dijo un legislador libertario, y agregó: «cuando tenés el dictamen, tenés que ir rápido al recinto para aprobar la ley».

Ese argumento es el que usó Martín Menem en la última reunión de mesa política contra Patricia Bullrich, a quien quiso colgarle la responsabilidad por el batacazo opositor contra el proyecto de Federico Sturzenegger. La jefa de la bancada en la cámara alta retrucó que no pudieron ir antes al recinto «por Manuel Adorni», en referencia al escándalo judicial alrededor del ex jefe de Gabinete.

Las dificultades para el oficialismo son acaso insondables. Por eso, los diputados libertarios deslizan que «hasta el 26 de agosto no se toca el tema de propiedad privada» y se entusiasman con la chance de darle antes la media sanción a los proyectos de Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del BCRA.