Alfredo Cornejo denunció que le armaron un video con inteligencia artificial en el que aparecería besando a una chica en una cita romántica en París.
El gobernador de Mendoza denunció a las cuentas Mandril mendocino y Orko polentero, entre otras, por la difusión del video en el que aparece una persona idéntica a él tomando unos tragos en un restó chic.
El gobernador estuvo esta semana en París promocionando la vitivinicultura mendocina y por eso denunció que el Mandril y el Orko Polentero tergiversaron los hechos. Por eso aclaró que «el video en cuestión fue grabado en Mendoza, en un espacio abierto y habilitado». «No fue en París, como maliciosamente se intenta hacer creer. Es una mentira deliberada», dijo el radical.
«Mi vida privada no es materia de operaciones ni de construcciones ficticias. Y frente a la mentira organizada, respondo por la vía institucional que corresponde, la Justicia», tuiteó Cornejo.
«No podemos naturalizar que en redes sociales se inventen hechos, se alteren contextos, se utilicen herramientas tecnológicas o de inteligencia artificial para fabricar noticias falsas sin consecuencias», denunció Cornejo.
Vecinos de Almagro reclaman que un terreno pronto a subastarse se convierta en un espacio verde. El predio pertenece a Nación y saldrá a la venta el 26 de febrero.
Se trata de un lote de 230 metros cuadrados ubicado en Acuña de Figueroa al 900. Es un baldío donde se desarrolló una frondosa vegetación.
El terreno está en manos del AABE, que intentó subastarlo con una base de 472 mil dólares en diciembre, pero no hubo oferentes.
El gobierno nacional volverá a sacarlo a la venta con una base 50 mil dólares más baja el 26 de febrero, según informó revista El Abasto.
Vecinos organizados bajo el colectivo Relieve, presentaron a fines del año pasado un proyecto en la Legislatura para que el gobierno porteño negocie la cesión del predio y que lo transforme en una «micro reserva urbana».
Para desarrollar el proyecto, desde Relieve reunieron a urbanistas, paisajistas y organizaron visitas de los vecinos al terreno.
Argumentan que el espacio necesita «de un mínimo de tareas de mantenimiento o de intervención, ya que de por sí solo representa un pulmón verde, de los que tanto precisamos en la Ciudad».
Con una sola plaza, Almagro es el barrio con menor superficie de espacios verdes por habitante. Se calcula que cada uno de los 130 mil vecinos tiene 0,02 metros cuadrados. En la última década se sumó un área de esparcimiento en Bartolomé Mitre y la vía, pero la única plaza real está ubicada entre Bulnes, Perón, Salguero y Sarmiento.
Por la mañana el gobierno anunció que levantaba las sanciones disciplinarias contra policías que habían abandonado el servicio. Era una acción concertada frente a la dureza de la protesta de uniformados que no aflojaba. Pero una vez más ese anticipo fue un búmeran que volvió duro. Quizá la imagen más elocuente fue que el jefe de policía de la provincia recibió insultos y hasta fue escupido por grupos que estaban frente a la Jefatura de Rosario. Los patrulleros siguieron hasta las 17 de la tarde estacionados, los efectivos a cara limpia sin prestar tareas y sus familiares en inmediaciones.
Así estaban a las 17.45 cuando Maximiliano Pullaro habló desde la Casa de Gobierno para anunciar por segunda vez en cinco días una recomposición salarial. La primera más que atemperar las protestas pareció echarles más leña.
La de este miércoles a la tarde todavía está en proceso de ser digerida pero implicó un desembolso más notorio. Ningún policía de Santa Fe que tenga tareas iniciales en la fuerza percibirá menos de 1.350.000 pesos. Los que presten tareas en la calle en las ciudades de mayor riesgo ganarán más de 2.300.000 pesos.
Eso implicó que tras una semana de protestas de intensidad sostenida el conflicto se levantara. Los policías apostados en Jefatura celebraron con expresiones de júbilo y abrazos el reconocimiento salarial que pasó a ser sustancial. Y que pese a ser más suculento para el personal que asume más riesgos, el que está en la calle, también alcanza a los efectivos no operativos, que son más del 60 por ciento del plantel de 25 mil policías santafesinos.
El aumento salarial se decidió frente a una crisis que parecía haber roto la cadena de mando policial y que arrinconó al gobierno santafesino, al que una protesta inorgánica pero masiva y muy visible socavó en su capacidad de negociación política. También deja en pie incógnitas sobre cuestiones de manejo de la autoridad.
La decisión de dar marcha atrás con las sanciones supone un problema ante una fuerza basada en un principio vertical de obediencia. Una especie de instructivo para la próxima vez ya que ante las medidas disciplinarias hubo primero desafío y después concesiones en el sentido de lo demandado.
Queda en pie una situación contradictoria. El gobierno de Pullaro aceptó levantar los pases a disponibilidad de 20 efectivos a los que señaló por abandono de servicio. Pero las denuncias penales que el mismo gobierno promovió ya tramitan por otra vía que es la del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Este jueves a la mañana 11 de estos policías están citados por la Unidad Fiscal Especializada en Corrupción Funcional y Violencia Institucional. Al mismo tiempo que Pullaro hacía los anuncios, los fiscales Pablo Socca y José Luis Caterina elaboraban la imputación que en unas horas formularán ante un juez.
Este es un capítulo que seguirá frente a un tema complicado. Hubo una demanda laboral de parte de la policía reconocida por el gobernador. Pero en el marco de esos reclamos por condiciones de trabajo y de ingresos hubo policías sancionados que ahora serán imputados. La incógnita poderosa en términos políticos es si cometieron actos dolosos al demandar mejoras de trabajo que el mismo gobernador reconoce aunque su gestión los denunció penalmente.
En el mayor escenario de la protesta, el portón de Jefatura de Rosario por calle Ovidio Lagos, había una atmósfera de fiesta. Los policías sentían que habían torcido a su favor una demanda justa donde había efectivos que estaban por debajo de la línea de pobreza para un grupo familiar con sus ingresos por debajo del millón de pesos.
«Es un aumento histórico», decía un comisario a LPO frente a la estación de servicio YPF. «Personas del escalafón técnico que no portan armas pasan de ganar 780 mil pesos a 1.300.000. Es más de un 50 por ciento de suba», graficó. Un comisario con veinte años de antigüedad pasa según los cálculos rápidos que se hacían en la zona de 3.500.000 a cinco millones de pesos.
Un día agitado
Este miércoles Pullaro se presentó a hacer los anuncios flanqueado por su ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y el jefe de policía de provincia, Luis Maldonado. El gobernador dijo a la prensa que sostener al jefe de policía a su lado en los anuncios era una revalidación explícita de su conducción. Por la mañana había sido insultado de arriba abajo cuando ingresaba a la Jefatura de Rosario y hasta hubo quien lo escupió. Pullaro deslizó que eso no lo hicieron policías activos sino actores mezclados en la protesta.
El piso salarial pasó a ser para policías y penitenciarios santafesinos iniciales de 1.350.000 pesos. «Ningún policía que esté en funciones operativas va a ganar menos de $ 1.438.835», dijo Pullaro en la conferencia de prensa que dio en la tarde del miércoles. Si ese mismo suboficial cumple tareas de calle en Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria o Santo Tomé, las zonas de mayor demanda de servicio de seguridad en la provincia, recibirá un plus de 500 mil pesos, por lo que su ingreso total será de $ 1.938.835.
«Si este policía maneja el vehículo policial, con el riesgo que eso implica, va a ganar $ 2.188.835 por mes a partir de febrero», dijo Pullaro. Para el personal del Comando Radioeléctrico, el Cuerpo de Guardia de Infantería y otras secciones con adicionales específicos, precisó que percibirán $ 2.084.000 si no conducen y $ 2.334.535 si manejan patrullero. Los suplementos se estratifican en tres niveles. «No es lo mismo patrullar una zona de alta violencia que otra de menor tensión», dijo el gobernador.
Pullaro hizo un reconocimiento a la policía a la que consideró fundamental para bajar los niveles de violencia. Dijo que en lo que va del año hay 13 homicidios. Y que hace solo tres años a la misma altura había 60. «Estamos profundamente agradecidos del trabajo realizado en los últimos dos años y casi dos meses para reducir los indicadores de violencia y de inseguridad que padecían los rosarinos», dijo el gobernador. «No fueron casualidad, sino producto de una estrategia sostenida y del compromiso de miles de hombres y mujeres de la fuerza», dijo.
Las idas y vueltas
El martes por la noche el gobierno asistía a dos jornadas de protestas sostenidas, como más de 60 patrulleros estacionados en la Jefatura de Rosario, un acuartelamiento a cielo abierto que obligó a que se utilizaran fuerzas especiales y hasta agentes penitenciarios para las tareas de custodia. En ese contexto a las 23.30 el ministro de Seguridad Cococcioni y su par de Economía Pablo Olivares acudieron a una reunión en Jefatura con referentes tras las negociaciones trabadas previamente.
Tras esa cita los ministros dijeron que la seguridad pública nunca se había resentido, que la operatividad siempre se mantuvo al 90 por ciento sin hechos graves y con todas las incidencias atendidas.
Pero Cococcioni marcó, como lo haría más tarde Pullaro, que todos los reclamos eran atendibles. Y entonces hizo el anuncio crucial en relación a las medidas disciplinarias, es decir, los veinte efectivos puestos en disponibilidad en Rosario. También había inicialmente 42 efectivos de la Policía Motorizada en Santa Fe con inicio de trámites para su desafectación provisoria.
«A quienes fueron notificados de medidas administrativas les solicitamos que se presenten, tomen su arma y su chaleco y se reincorporen de inmediato al servicio ordinario. Esto implica que salen de inmediato de la situación preventiva en la que habían sido colocados», sostuvo el titular de Seguridad. Su colega de Economía ponderó «la alta dedicación y la elevada carga horaria» del personal policial.
Ahí está un asunto que entronca casi en la definición sociológica del conflicto. Todo el gobierno reconoce que se trató de una crisis laboral donde los policías hicieron reivindicaciones por ingresos y mejoras de trabajo. «Entendemos que fue un reclamo justo y genuino por parte de las fuerzas de seguridad», dijo Pullaro en la conferencia de prensa.
Solo que en una fuerza no sindicalizada la explicitación de los reclamos que esta vez estallaron es esporádica. ¿En qué lugar quedan entonces los que fueron denunciados por el mismo gobierno y mañana serán imputados? ¿Es conciliable que estuvieran haciendo una demanda laboral y al mismo tiempo cometieran actos dolosos por los que en unas horas serán imputados?
En materia de bienestar policial, Pullaro detalló que se ampliaron las frecuencias de transporte para agentes del norte provincial que trabajan en Rosario -hoy son doce recorridos- y que se avanza en soluciones para los «fines de ruta» hacia Casilda, Constitución y Cañada de Gómez. Indicó que «no hay inconveniente en sumar más servicios si son necesarios».
Asimismo, señaló que se reforzó el gabinete psicológico de la Dirección de Bienestar Policial, que ya atiende a 570 efectivos, y que la tarjeta alimentaria pasó de $ 84.000 a $ 168.000. Además, explicó que se habilitarán lugares de pernocte para quienes viajan largas distancias: «Si el personal estaba estresado por la carga de trabajo y el traslado, podrá quedarse a dormir aquí, como lo hacen las fuerzas federales».
Finalmente, cerró con un mensaje político claro: «Habiendo atendido todas las demandas, creemos y entendemos que no hay ninguna razón para que siga habiendo una movilización pacífica fuera de la Unidad Regional II».
De la conferencia, realizada en la sede de Gobierno en Rosario, participaron también el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, y el jefe de la Policía de la Provincia de Santa Fe, Luis Maldonado.
Los números de la cadena de supermercados La Anónima exponen el fuerte deterioro del mercado interno y el quiebre de la cadena de pagos en la economía doméstica. Una señal difícil de ignorar. El balance de una de las cadenas históricas del consumo masivo argentino refleja el enfriamiento de la economía y el deterioro del ingreso real.
La empresa de Federico Braun informó un fuerte aumento de la morosidad vinculada al financiamiento a clientes. El cargo por incobrabilidad alcanzó los $19.255 millones, contra $2.830 millones del mismo período del año anterior, un salto cercano a siete veces. El dato no sólo impactó en los resultados contables. Expone un problema más profundo: hogares que sostienen el consumo a crédito pero con creciente dificultad para cerrar el mes.
El negocio principal también acusó el golpe. Las ventas del segmento supermercados, que representan más del 87% de la facturación, retrocedieron 4,2% interanual pese a la apertura de nuevas sucursales. El fenómeno no es aislado. En el sector admiten que hay menos tickets y compras más chicas. El ajuste del gasto cotidiano se volvió visible incluso en regiones donde la cadena mantiene posiciones dominantes.
La rentabilidad acompañó esa tendencia. El resultado operativo cayó 46% y la ganancia neta se redujo a $9.709 millones, apenas el 0,65% de los ingresos, muy por debajo del margen del año anterior. Los costos laborales y operativos crecieron en línea con las paritarias y la adaptación de las estructuras a un menor nivel de actividad. El negocio sigue funcionando, pero con márgenes cada vez más estrechos.
El contraste apareció en otro lado. Mientras el consumo interno se debilitó, el negocio frigorífico creció 57,7% impulsado por exportaciones y mejores precios internacionales. La foto es elocuente: el mercado externo compensa lo que el mercado local ya no puede sostener. Una imagen conocida en la economía argentina, donde el sector exportador avanza mientras el consumo doméstico se repliega.
También el negocio financiero asociado a tarjetas propias mostró crecimiento, con una suba superior al 100% interanual, aunque todavía con un peso marginal dentro de la facturación total. En los hechos, el financiamiento deja de ser un incentivo a las ventas para convertirse en un riesgo. Cuando la mora sube, el crédito deja de empujar el consumo y pasa a revelar sus límites.
Detrás de la compañía aparece además una historia empresaria que excede al balance. Federico Braun forma parte de una de las familias más tradicionales del capitalismo argentino. Los Braun-Menéndez construyeron su poder económico en la Patagonia desde fines del siglo XIX, con estancias, comercio y redes logísticas. A comienzos del siglo pasado, el grupo amplió su presencia en el sistema financiero y mantiene hasta el día de hoy su participación societaria en el Banco Galicia a través de la red familiar que une a los Braun con los Escasany, uno de los núcleos tradicionales del empresariado local.
Federico Braun fue además uno de los empresarios que expresó respaldo público al rumbo económico del gobierno de Javier Milei, especialmente en lo referido a la desregulación y la apertura económica. Ese posicionamiento no es menor. La paradoja es que el mismo proceso que promete ordenar precios y costos expone hoy el límite del mercado interno: cuando el ajuste avanza sobre ingresos y consumo, incluso las empresas más consolidadas empiezan a mostrar tensiones en sus balances.
En ese sentido, el resultado de La Anónima funciona como un termómetro. No es sólo la historia de una cadena de supermercados. Es la señal de un cambio en la dinámica económica: el consumo deja de ser motor y pasa a ser variable de ajuste.
Como nunca en los últimos meses, el schiarettismo entendió que el bastión de esta rama fundadora del cordobesismo será el Congreso. Tal cual lo contó LPO la semana pasada, y en medio de algunas fricciones que existen entre el exgobernador Juan Schiaretti y su sucesor, el actual mandatario Martín Llaryora, el caudillo del peronismo cordobés asumirá este jueves en Diputados cuando se trate la baja de edad de imputabilidad que empuja Javier Milei.
Así lo anunció este martes el propio Schiaretti en sus redes sociales donde, también informó que lo hará renunciando a la dieta como diputado nacional y rechazará los gastos de representación.
Por lo que esta será la semana de estreno del schiarettismo como interlocutor en el diálogo entre Casa Rosada y Córdoba, debido a que el exgobernador, tras el alta médica, se sentará este jueves en su banca en Diputados y respaldará la iniciativa de Milei con la baja de edad de imputabilidad y porque, un día antes, su esposa, la senadora Alejandra Vigo garantizará el apoyo en general a la reforma laboral en la Cámara alta.
De manera tal que el schiarettismo mostrará musculatura y autonomía como contrapeso a algunos movimientos que Llaryora impulsó en los últimos meses y no cayeron bien entre los socios fundadores del modelo.
Sin embargo, y a pesar de que algunos muy cerca del exgobernador afirman que hay diálogo con Llaryora y que existió, no sólo la invitación a la apertura de sesiones de la Legislatura sino también al encuentro entre el actual mandatario cordobés y el santafesino Maximiliano Pullaro en Cosquín, otros reconocen algunos cortocircuitos. Todos, por ahora con control de daños.
El entorno de Schiaretti la semana pasada ratificó a LPO la regla básica del cordobesismo: el que gobierna, conduce. Casi como asegurando que el encargado de comandar todas las votaciones del Congreso será el propio Llaryora. Sin embargo, aquellos que tienen despacho en Córdoba y conocen a ambos dirigentes sostienen que, probablemente, esta vez el axioma no se aplique en su totalidad.
Schiarettistas puros en Diputados son cuatro de seis (el propio Schiaretti, Carlos Gutiérrez, Carolina Basualdo y Alejandra Torres) y en el Senado, la única banca del cordobesismo es la de Vigo. Con lo cual, crece el fantasma de la autonomía en el Congreso.
«Hay diálogo entre los dos, entre ‘el Gringo’ y Martín. Igual, lo único que no vamos a hacer es converger en un gran bloque con el resto del peronismo nacional como quieren algunos. De eso, que se olviden», dijo hace unos días una persona de diálogo directo con Schiaretti.
En cuanto a las votaciones de la semana en el Congreso, ambas iniciativas que impulsan los libertarios serán respaldadas, aunque con sutiles diferencias. Con la reforma laboral, incluso los viguistas reconocen que la mujer de Schiaretti ya no tiene margen en este tipo de discusión para abstenciones o ausencias como ocurrió anteriormente; por lo que asoma un respaldo en general.
«La relación del ‘Gringo’ con el Círculo Rojo siempre fue buena. Schiaretti es un garante para el sector empresarial como todavía no llegan a serlo los que están ahora. Lo único que puede generar una duda con Vigo es el tema del sindicato de Amas de Casa que ella representa. Por eso no descarto que acompañe en general y rechace algún artículo», señaló un viguista que habla de manera asidua con el matrimonio.
En tanto, otro dirigente del peronismo cordobés reconoció además la incidencia de Santiago Caputo para bajar tensiones con los gobernadores y los gremios en el articulado final y tratar de quedar así, más cerca de la media sanción en el Senado.
Asimismo, y con respecto a la baja de edad de imputabilidad, acá el propio Llaryora fue más enfático en lo personal que con su postura frente a la reforma laboral. Con el régimen penal juvenil, el gobernador insistió en el respaldo, pero también en los fondos nacionales que puedan garantizar su cumplimiento. Y habló de la iniciativa que se impulsó en Córdoba en la primera parte de su mandato con letra de Liliana Montero, la actual secretaria de Salud que no tiene una buena sintonía con el schiarettismo y que, en las últimas horas, tuiteó sobre esto.
De todas maneras, los libertarios descuentan que contarán con ese respaldo en la Cámara baja este jueves.
Por último, y como para graficar los ruidos entre una porción de llaryoristas y una de schiarettistas. En el arranque de esta semana trascendió la posibilidad de un desprendimiento de legisladores provinciales que responden al exgobernador, para salir de la bancada llaryorista y armar un interbloque de todo el PJ conjunto. Chance que los que conocen los pasillos de la Unicameral desactivaron por completo: «no hay ninguna posibilidad; sería romper todo. Salvo que no haya una orden de muy arriba, eso no va a suceder. Es tirar mucho de la cuerda».
En plena discusión de la reforma laboral impulsada por Milei en el Senado, la periodista Nancy Pazos realizó una protesta de alto impacto simbólico frente al Congreso de la Nación: se presentó encadenada y amordazada, con una tela negra cubriéndole la boca, para denunciar la intención oficial de eliminar el Estatuto del Periodista Profesional.
Por Lola Santacreta para NLI
La escena no pasó desapercibida. Frente a cámaras, colegas y manifestantes, Pazos buscó representar lo que —según explicó— implicaría la reforma: periodistas sin derechos laborales y con menor protección frente a presiones del poder político y económico. La protesta se dio en el marco de movilizaciones sindicales que rechazan distintos capítulos del proyecto oficial.
Qué está en juego
El Estatuto del Periodista Profesional, vigente desde 1946, establece condiciones específicas para el ejercicio del periodismo, entre ellas estabilidad laboral, jornada regulada y garantías vinculadas a la libertad de expresión. Para amplios sectores del gremio, su eliminación no es un detalle técnico sino un cambio estructural que afecta la calidad democrática.
Pazos sostuvo que la libertad de prensa no se defiende únicamente con discursos sino también con condiciones materiales que permitan ejercer el oficio sin miedo a represalias o despidos arbitrarios. En ese marco, la imagen de la mordaza buscó denunciar lo que considera un intento de disciplinamiento.
Durante la protesta también se exhibieron máscaras con la palabra “alcahuete”, en alusión a lo que la periodista describió como el modelo comunicacional que, según su mirada, promueve el oficialismo: comunicadores dóciles y alineados.
Desde el entorno gubernamental minimizaron la protesta y la calificaron como exagerada. Sin embargo, el gesto logró instalar el debate sobre el alcance real de la reforma y sobre el futuro de los derechos laborales en el sector de prensa.
El trasfondo de la discusión es más amplio: el proyecto oficial propone una flexibilización general de las condiciones laborales, y el capítulo referido al Estatuto del Periodista se convirtió en uno de los puntos más sensibles por su dimensión simbólica e institucional.
En un contexto de fuerte polarización política, la imagen de Nancy Pazos encadenada frente al Congreso expuso una pregunta de fondo: ¿puede hablarse de libertad de prensa sin garantías laborales específicas para quienes la ejercen? La discusión recién empieza, pero la escena ya quedó instalada en el centro del debate público.
