Autor: Invitad@ Especial

 

Impensadamente, el presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba y principal vocero del círculo rojo cordobés, Manuel Tagle, le pidió a Javier Milei un «proceso ligeramente más gradual», aunque destacó que el plan económico «debe continuar».

Histórico aliado de Mauricio Macri (le vendió el lote en el exclusivo country El Terrón, donde el expresidente hizo una casa), Tagle se alineó rápidamente con el libertario y abrió la sede de la Bolsa de Comercio a las exposiciones de Javier Milei, Luis Caputo y Patricia Bullrich. En ese marco, el viernes pidió la vuelta del gradualismo.

Tagle destacó la «solidez de los fundamentos económicos» del plan libertario que no tambaleó por la guerra, y lanzó: «Como dijo el ministro Caputo cuando sostuvo que no hay mucho margen para profundizar el ajuste, es una señal clara que Gobierno nacional está viendo que debe continuar con su plan, con sus convicciones, pero quizá haya que tener un proceso ligeramente más gradual».

«El presidente es consciente en que tiene que persistir en este rumbo a pesar de algunos movimientos que hay en estos momentos, tanto políticos como empresarios y de sectores productivos que piden, no sé si cambiar el rumbo, pero sí suavizarlo, atemperarlo; y creo que es una cuestión de sintonía fina que debemos tener cuidado», dijo al incluirse como actor del plan de gobierno.

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En ese marco el jefe de la Bolsa de Comercio pidió a Milei «convalidar el rumbo y buscar la sintonía fina para que socialmente el plan tenga el éxito que va a tener en el corto plazo». Hizo suyas el pedido de paciencia que Milei hizo el jueves: «Estamos pidiendo paciencia porque el ritmo al que nos gustaría ir no es el que estamos teniendo por la guerra que ha afectado la tasa de inflación de este mes y posiblemente del próximo».

«Hay sectores que se están quejando porque la actividad ha disminuido un poco, pero hay sectores que están muy bien. El Gobierno no puede ir fábrica por fábrica para ver qué necesitan, el mercado va a tener que hacer esta regulación. Para esto, los gobiernos, no sólo el nacional, tienen que bajar los impuestos para tener un gasto público controlado», dijo Tagle con la ductilidad que lo caracteriza como vocero de ideas liberales y proveedor del Gobierno provincial.

 

 

Los defensores de un rugbier implicado en varias causas de corrupción pidieron que se cite a declarar como testigo a Héctor Daniel Marchi, que durante años manejó los millonarios recursos que administra la Corte Suprema de la Nación. El motivo es que un arrepentido en este juicio, que era un funcionario de máxima jerarquía de la ex AFIP, sostuvo que Marchi fue el impulsor de una extorsión contra dos agentes bursátiles de Rosario.

El pedido lo formulan los abogados que defienden a Santiago Busaniche, un lobbysta de la Justicia Federal, conectado con jueces y funcionarios de Comodoro Py y con el mundo de los servicios de inteligencia, sospechado de haber gestionado pagos indebidos para diversos magistrados.

Los defensores de Busaniche solicitaron que a Marchi se lo exima del juramento de decir la verdad, que es obligatorio para quien declara como testigo. Esto se hace en los casos en que se presume algún tipo de compromiso ilícito, ya que una persona en esas condiciones queda liberado del peso de declarar algo que la perjudique. También solicitaron que le secuestren el teléfono.

Héctor Daniel Marchi es un contador oriundo de Rafaela, que fue funcionario del gobierno de Jorge Obeid, y que en 2003 llegó a administrador general de la Corte Suprema mediante el impulso del ministro Ricardo Lorenzetti, que es de la misma ciudad. Desde ese cargo durante 15 años Marchi manejó los fondos multimillonarios del Poder Judicial de la Nación hasta que fue desplazado en 2023 frente al estallido de una interna. Quien resistió su relevo, así lo reflejó la prensa por entonces, fue justamente Lorenzetti.

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Según analizaron abogados en el ámbito de la Justicia Federal de Rosario que hablaron con LPO, estas medidas de citación a Marchi y otras personas como testigos puede favorecer la estrategia defensiva, que busca que sectores de mayor poder que Busaniche se movilicen para defenderlo.

En estos días se conocerá además el fallo de la sala de la Cámara de Casación que hace tres semanas recibió un pedido de la defensa de Busaniche para recusar a los fiscales que participan de la investigación al escribano y de invalidar la causa. Los tres jueces que recibieron el planteo son los camaristas Mariano Borinsky, José Luis Gemignani y Carlos Mahiques.

Héctor Daniel Marchi es un contador oriundo de Rafaela, que fue funcionario del gobierno de Jorge Obeid, y que en 2003 llegó a administrador general de la Corte Suprema mediante el impulso del ministro Ricardo Lorenzetti, que es de la misma ciudad. Desde ese cargo durante 15 años Marchi manejó los fondos multimillonarios del Poder Judicial.

El caso en el que está implicado Busaniche tiene al ex juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque y al financista Fernando Whpei en prisión preventiva y procesados por cohecho. La trama empezó a develarse cuando el ex director regional de la AFIP en Rosario y Santa Fe, Carlos Vaudagna, admitió que en 2019 entre ellos tres armaron una causa judicial contra los agentes bursátiles Claudio Iglesias y Jorge Oneto en un asado en la casa del ex magistrado. En su declaración ampliatoria como arrepentido, en octubre pasado, Vaudagna declaró que Marchi impulsaba desde Buenos Aires ese chantaje, presionando a Busaniche para que a su vez empujara el armado de la causa penal.

En una de sus declaraciones como imputado colaborador, Vaudagna afirmó que Marchi estuvo en la gestión de esa extorsión, presionando para que se concretara. El financista Fernando Whpei, que está procesado y también actúa como arrepentido, admitió haber cobrado de parte de Iglesias 160 mil dólares en cinco pagos para que paralizaran la causa en su contra. Dos años después de iniciada esa causa, Bailaque le dictó la falta de mérito a Iglesias.

Busaniche está registrado en el teléfono de Vaudagna pidiendo en varias ocasiones que agilice desde la AFIP el informe que permitiría implicar a los empresarios que serían objeto de la extorsión y que fue el documento con el que se abrió la causa judicial para, según los fiscales, chantajear a los damnificados. Esta conversación ocurrió el 29 de noviembre de 2019. Dos días después el juez Bailaque mandó allanar a Iglesias

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Los abogados de Busaniche, Diego Pirotta y Débora Lichtmann, dicen desde el inicio que a su cliente lo introducen de manera falaz en el caso. Sin embargo, Busaniche quedó formalmente acusado de instigar los delitos de allanamiento ilegal, falsificación de documento e incumplimiento de deberes de funcionario público, ya que con esas maniobras se consumó la extorsión. No se probó que haya cobrado pero sí que fue partícipe para que la maniobra se concretara.

Estas medidas de citación a Marchi y otras personas como testigos puede favorecer la estrategia defensiva, que busca que sectores de mayor poder que Busaniche se movilicen para defenderlo. 

Hasta ahora cada uno de los planteos de la defensa de Busaniche fue desestimado por los jueces federales a cargo de las audiencias, tanto Eduardo Rodrígues da Cruz como en otra causa Carlos Vera Barros. Pero ahora que el trámite por la extorsión entra en etapa de control probatorio, sus defensores piden que citen a declarar a Marchi como testigo. Según los defensores la fiscalía nunca lo convocó pese a que Vaudagna hizo esa declaración implicando al ex administrador de la Corte. Ellos aspiran a que Marchi como testigo desbarate la acusación y de ese modo despegue a Busaniche.

Para ello también propusieron a otros testigos con ese mismo fin. Entre ellos a la propia hermana de Marchi, ya que Vaudagna la mencionó. Y a todos los empleados que trabajaron con Marchi en el ámbito de la Corte.

Asimismo piden que comparezcan Vaudagna y Whpei, los dos acusados de la extorsión junto al juez Bailaque. En el caso de Whpei piden que analicen en su teléfono si tiene agendado a alguien que aparece bajo el contacto «hermanito» que, sugieren los defensores de Busaniche, podría ser Marchi.

El empresario Fernando Whpei.

Para entender otras citaciones propuestas por la defensa hay que analizar el contexto de la supuesta extorsión. Claudio Iglesias, el empresario chantajeado, era en esa época directivo de la empresa aseguradora San Cristóbal, y aspiraba a llegar a la presidencia. Si bien esa posibilidad era remota, la causa penal en su contra lo terminó de sacar de carrera.

Los defensores Pirotta y Lichtmann citaron como testigo al abogado Ricardo Silberstein, que fue decano de la Facultad de Derecho de la UNR y ministro de Justicia del ex gobernador de Santa Fe, el socialista Miguel Lifschitz. Adujeron que Silberstein integraba el directorio de San Cristóbal. Y que Vaudagna lo mencionó como «el interesado o beneficiado en perjudicar al señor Iglesias».

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Silberstein nunca fue implicado en esta causa judicial. En una consulta con este medio a fines del año pasado dijo que era incomprensible que Vaudagna lo hubiera aludido. «No lo conozco, jamás tuve un encuentro con él, tampoco con Whpei o Busaniche. No entiendo por qué me involucran repentinamente en algo así en una causa que de repente se llenó de arrepentidos. Iglesias no fue nunca candidato a presidir San Cristóbal», dijo.

Busaniche también está procesado junto a otro juez federal de Rosario, Gastón Salmain, por la gestión de cobro de un soborno. Es el caso en donde Salmain obligó mediante un amparo al BCRA a venderle al fideicomiso Attila administrado por Fernando Whpei 10 millones de dólares para el pago de una deuda en el exterior durante la vigencia del cepo cambiario.

Es justamente por descargos como éste que los defensores quieren que declare Silberstein y también su secretario privado en la época de los hechos. Silberstein será en octubre próximo candidato a presidir San Cristóbal. Los defensores piden que al ex ministro santafesino se lo releve de la obligación de jurar como testigo y también que le secuestren su teléfono.

Respecto de la citación como testigo a Marchi la pretensión es la misma. Que el ex administrador de la Corte señale si tuvo intervención en la extorsión como indica Vaudagna y que manifieste si conoce a Bailaque y a Busaniche.

El ex juez federal, Marcelo Bailaque.

Busaniche tiene un perfil muy llamativo y reconocible en el campo de los lobbies al interior de la Justicia Federal. De 53 años, fue empleado de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, a donde ingresó por impulso del ex diputado provincial Julio Gutiérrez, de quien es su yerno. Hace 25 años reside en Buenos Aires, en el Palacio Paz, y se mueve entre funcionarios del mayor nivel del Poder Judicial de la Nación y de los servicios de inteligencia del Estado. Le atribuyen gravitación en las designaciones de personal en el ámbito de la Justicia Federal de Rosario, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires.

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Busaniche también está procesado junto a otro juez federal de Rosario, Gastón Salmain, por la gestión de cobro de un soborno. Es el caso en donde Salmain obligó mediante un amparo al BCRA a venderle al fideicomiso Attila administrado por Fernando Whpei 10 millones de dólares para el pago de una deuda en el exterior durante la vigencia del cepo cambiario. Los procesó el juez federal Vera Barros y hace dos semanas la Cámara Federal de Rosario confirmó la medida por unanimidad.

El escrito de la defensa de Busaniche que pide la comparecencia de Marchi fue presentado en febrero y trasciende cuando promedia abril, en el contexto de recrudecimiento de internas dentro de la Corte Suprema, tras la presentación desde el tribunal máximo de un proyecto que cambia la reglamentación para la elección de jueces.

 

 

Un empresario en medio de un juicio en Río Negro afirmó que compró una estancia en El Bolsón con dos millones de dólares «donados» por un jeque árabe y desató un escándalo en el frente Juntos Somos Río Negro del gobernador Alberto Weretilneck.

En Río Negro se sobresaltaron en febrero por la visita a Bariloche de uno de los hombres más poderosos del mundo: Mohamed bin Zayed Al Nahyan, el presidente de Emiratos Árabes Unidos y Emir de Abu Dabi.

Pese a un operativo de hermetismo de película, los medios locales pudieron consignar que el arribo del Emir se produjo en el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria de Bariloche a borde de un Boeing 787-9 Dreamliner, la aeronave VIP utilizada por el gobierno emiratí bajo la denominación «Abu Dhabi Amiri Flight», con matrícula A6-PFG.

Su presencia no parece casual. En un juicio local por una ocupación mapuche, el presunto propietario de una mega estancia de 14 mil hectáreas junto a la frontera, confesó que compró el campo gracias a la «donación» de dos millones de dólares del Emir Mohamed bin Zayed Al Nahyan. La legislación vigente prohíbe vender a extranjeros tierras de frontera, una interdicción que también pesa sobre la mansión den Lago Escondido del inglés Joe Lewis.

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Una vez en Bariloche, el jeque se trasladó a la estancia Las Marías, ubicada en el paraje El Manso, cerca del paradisíaco Rio Manso, aproximadamente a 100 kilómetros de Bariloche. Las Marías es lindera a Lago Escondido, la estancia del magnate británico Joe Lewis, que impide el acceso al lago. 

En un juicio local por una ocupación mapuche, el presunto propietario de una mega estancia de 14 mil hectáreas junto a la frontera, confesó que compró el campo gracias a la «donación» de dos millones de dólares del Emir Mohamed bin Zayed Al Nahyan. La legislación vigente prohíbe vender a extranjeros tierras de frontera.

La presencia del jeque adquirió otra connotación esta semana, en medio de un juicio por usurpación contra una mujer mapuche llamada Soledad Cayunao, que terminó siendo declarada inocente. Lo que no esperaban los asistentes al juicio fue una revelación que cayó como una bomba en el gobierno rionegrino.

Hugo Alberto Barabucci, que era el denunciante de la supuesta usurpación, reveló ante la pregunta del abogado de la mujer mapuche que en 2017 compró 14.000 hectáreas en las nacientes del río Chubut con dos millones de dólares donados por el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. En 2017 Weretilneck atravesaba su segundo mandato como gobernador.

Barabucci dijo que vive hace más de dos décadas en los Emiratos y que gracias a esa «donación», le compró la estancia a Marcelo Mindlin, el titular de Pampa Energía.

La revelación se da cuando el gobernador de Río Negro es sospechado de hacer maniobras para privatizar el Cerro Catedral con otro peso pesado del Golfo, el Emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thanien. Los vínculos de Weretilneck con el qatarí aparecen nítidos en los audios, revelados por LPO, entre Pablo Toviggino y el arrepentido de la AFA, Juan Pablo Beacon.

La compra de las hectáreas de Mindlin podría haber violado la ley de tierras rurales (N° 26.737), que prohíbe que extranjeros adquieran tierras en zonas de frontera, ya sea de forma directa o «por interpósita persona». Javier Milei intentó derogar la ley mediante el DNU 70/2023, redactado por Federico Sturzenegger, pero finalmente la Justicia mantuvo la vigencia de la ley mediante medidas cautelares.

El frente de Weretilneck empezó a tener fisuras por la irrupción de los jerarcas árabes en los negocios de la provincia. Los propios integrantes de Juntos Río Negro admiten que Weretilneck violó las normas ambientales para otorgarle permisos a Barabucci, el emisario del jeque Al Nahyan, para que construyera su mansión sobre la ladera rocosa. 

A eso se suma el camino de gran extensión que atraviesa la montaña en el trayecto entre Bariloche y El Bolsón, que obliga a los pobladores locales a tener que pedir permiso al jefe si quieren utilizarlo. En caso contrario por la falta de rutas alternativas el trayecto es mucho más largo.

 

 

Mientras impulsa un cambio en el proceso de selección de magistrados, Carlos Rosenkrantz traba un concurso para cubrir una vacante clave en la Capital Federal.

Junto con Ricardo Lorenzetti, Rosenkrantz busca modificar el reglamento con el que el Consejo de la Magistratura selecciona a los jueces. Asegura que el proyecto busca transparentar la elección de magistrados, pero en realidad la fuerza motora de ese cambio parece ser el sector más concentrado del establishment.

De hecho, la iniciativa tuvo el sugestivo apoyo del G6, que aglutina a las principales corporaciones empresarias y exigió su inmediata aprobación, lo que molestó a los integrantes del Consejo de la Magistratura que estuvieron a punto de hacerla caer esta semana. Lorenzetti tuvo que negar que sea un proyecto del establishment.

Pero la presión no cesa. Según publicó La Nación, Lorenzetti y Rosenkrantz comenzaron a citar a la Corte a los consejeros a reuniones individuales y personales para persuadirlos de que no debatan ni modifiquen el proyecto que ellos redactaron, en sintonía con las cámaras empresariales. Una presión pocas veces vista en la historia del Consejo de la Magistratura.

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«Nos citaron a declarar. No recuerdo una apretada así», bromeó un consejero ante la consulta de LPO.

La falta de jueces y fiscales es uno de los mayores problemas que tiene la administración de justicia. Para comenzar a subsanarlo, en los últimos meses se enviaron al Senado 62 pliegos para cubrir una parte de las más de 360 vacantes en la justicia.

Nos citaron a declarar. No recuerdo una apretada así.

Esos pliegos habían pasado por el Consejo, que elevó ternas al poder ejecutivo. Tras el cambio de ministro de Justicia, Milei envió un listado al Senado.

Rosenkrantz parece haber puesto todo su empeño en la transparencia de la selección de jueces, aunque aún no entregó el informe correspondiente al Concurso 527, en el que se desempeña como jurado.

Ese concurso es para avanzar con un cargo clave en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Capital. La presidenta del TSJ porteño, Inés Weinberg, también es parte del jurado junto a Carlos Hugo Valdéz y Cintia Marcela Bayardi Martínez.

Rosenkrantz debería haber elevado su informe el 6 de marzo pasado, pero aún no lo envió. El reglamento del concurso prevé que demora más de 10 días en entregar su informe perderá los honorarios estipulados y no podrá intervenir en ningún otro concurso por cuatro años.