Autor: Invitad@ Especial

 

La semana pasada se desató un fuerte escándalo en Bahia Blanca a partir de la desaparición del hospital municipal de 25 ampollas de fentanilo, un potente analgésico aplicado solo en intervenciones complejas o situaciones de dolor intenso, por lo que su circulación es estrictamente controlada.

Días después, encontraron 25 ampollas vacías en el quirófano donde se denunció el faltante.

Eso abrió interrogantes sobre cómo se vulneraron los controles en un sector de acceso restringido donde, tres días antes de la denuncia, se había realizado con normalidad el conteo semanal de medicamentos.

Frente a eso, en el bloque de concejales de La Libertad Avanza pidieron citar a las autoridades del hospital municipal Leónidas Lucero (director, jefa de Compras y jefa de Farmacia) para que den explicaciones de lo sucedido y enfrentarse a las preguntas de los ediles.

Sin embargo, ese proyecto fue rechazado por los concejales del oficialismo y aliados, por lo que fuentes de la bancada libertaria señalaron a LPO que esa actitud de los concejales que responden al intendente peronista Federico Susbielles apunta a «blindar» a las autoridades del hospital ante el escándalo.

 La aparición de la sustancia en un lugar al que sólo tenía acceso personal autorizado, encendió las alarmas y aceleró la investigación. 

Así, en La Libertad Avanza de Bahía sostienen que la actitud del municipio refuerza las sospechas de «un entramado de desmanejos políticos, incompatibilidades y manejos espurios».

Actualmente, la investigación por la desaparición de fentanilo la lleva adelante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°19 a cargo de Mauricio Del Cero. La aparición de la sustancia en un lugar al que sólo tenía acceso personal autorizado, encendió las alarmas y aceleró la investigación de parte del fiscal.

El 29 de diciembre, el Concejo Deliberante de Bahía Blanca había aprobado por mayoría el presupuesto 2026, pero rechazó los recursos asignados al Hospital Leónidas Lucero (votaron en contra los 9 concejales de La Libertad Avanza y los dos de Somos Bahía), en medio de acusaciones contra el intendente Susbielles por la falta de una planificación integrada de salud pública.

Cerca de la bancada libertaria sostienen que el rechazo oficialista a citar a las autoridades del hospital responde al objetivo de la gestión de Susbielles de «blindar» a esos funcionarios frente al escándalo. 

«Pusimos la lupa en los cargos jerárquicos. Nos preguntamos por qué pasaron de 12 jerárquicos a 27 en los últimos diez años; y no encontramos ninguna respuesta. Esos cargos jerárquicos están de más, sobran, ni siquiera son médicos», dijo por aquel entonces el concejal Martín Salaberry.

En la oposición a Susbielles señalan que en el último tiempo se reformó el estatuto del centro médico con el objetivo de designar a Facundo Arnaudo, a quien atribuyen un vínculo estrecho con el director de Ciencia, Tecnología y Educación del hospital.

«El aumento exponencial del gasto en cargos jerárquicos en los últimos años contrasta con las políticas del Poder Ejecutivo cuya Secretaria de Salud tiene unidades sanitarias sin médicos o que sólo funcionan unas pocas horas al día; despidos de personal; reducción de las prestaciones y políticas preventivas casi inexistentes», acusan cerca de LLA.

En la oposición también se preguntan por el vínculo entre el director del hospital, Gustavo Carestía, y la jefa de Compras, Silvina Gerardi y el impacto que esto podría tener en las licitaciones y el control de insumos hospitalarios.

 

 

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, participó este viernes de la inauguración de la nueva sede del Banco Macro, junto al presidente de la entidad, Jorge Brito, que comenzó a coquetear con la política.

LPO anticipó en exclusiva que políticos y empresarios mencionan a Brito como una opción de «centro» para el 2027.

La sucursal, ubicada en 25 de Mayo 342, en el centro de San Isidro, incorpora la última tecnología y ofrece un moderno espacio de atención al cliente. La nueva sede generará 12 puestos de trabajo en atención al público.

Durante el acto, Lanús resaltó la transformación que ha vivido el distrito en materia de habilitaciones comerciales: «Desde que eliminamos la tasa de habilitación y digitalizamos por completo el trámite, ya son más de 600 los comercios que abrieron sus puertas en San Isidro, generando servicios y empleo para nuestra comunidad», señaló el intendente.

«Junto con la de habilitación, eliminamos unas 400 tasas, derechos y conceptos fiscales. Queremos un Estado que no moleste a comerciantes y emprendedores, y que no ponga trabas para desarrollarnos», cerró.

 

 

Sergio Uñac recibió un guiño de Cristina Kirchner para avanzar con la idea de una interna abierta del peronismo y ahora propone hacer un supermartes de elecciones internas por regiones para definir al candidato que enfrentará a Javier Milei en 2027.

El senador sanjuanino recibió un llamado de la ex presidenta y, según adelantaron a LPO fuentes al tanto de la conversación, tuvieron una charla amigable que derivó en la propuesta de Uñac de internas partidarias para este mismo año.

Ahora, el ex gobernador propone copiar el modelo que tiene Estados Unidos para definir los candidatos tanto del partido republicano como el demócrata. La idea es hacerlo a padrón abierto para que cualquier ciudadano mayor pueda votar y dividir los comicios por regiones para votar de manera escalonada. El objetivo es abaratar los costos de la logística que requeriría hacer una elección en todo el país en simultáneo.

Quien opera para que Cristina acepte una candidatura de Uñac es Juan José «Juanjo» Álvarez, histórico dirigente del peronismo del Conurbano. Su laxitud le permitió tener un lugar de privilegio en el armado duhaldista, kirchnerista y massista.

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Cristina receló en un principio y, tras una discusión ardiente con Juanjo, terminó aceptando la posibilidad de apoyar al sanjuanino. «No tengo otro», le admitió el primer intendente de la historia de Hurlingham.

A Uñac le reconocen que San Juan fue una de las siete provincias en las que el peronismo ganó en las elecciones del año pasado, en una fecha negra para la historia electoral del PJ.

Cristina receló en un principio y, tras una discusión ardiente con Juanjo, terminó aceptando la posibilidad de apoyar al sanjuanino. ‘No tengo otro’, le admitió el primer intendente de la historia de Hurlingham. 

Tras el aval de Cristina, Uñac ya comenzó a moverse como candidato y recibió a empresarios que están a la búsqueda de una alternativa razonable a Milei. 

El sanjuanino también empezó a recibir dirigentes y el pasado miércoles se reunió en sus oficinas porteñas a emisarios de la Red Peronismo Federal, entre los que estaban Ramón Prades García del Think Thank Ideas Argentinas y Federico Martelli del MUP. Además del ex intendente de San Antonio de Areco, el kirchnerista Francisco «Paco» Durañona.

Más allá de la interna que propone Uñac, en el peronismo aseguran que las dos opciones más realistas son que compita otra vez por la gobernación de San Juan o que se meta en la fórmula peronista como vicepresidente.

La otra opción que se está barajando en el peronismo, como anticipó LPO, es la del empresario Jorge Brito. El ex presidente de River es impulsado por Emilio Monzó para competir en unas internas con Axel Kicillof, hasta ahora el candidato que más mide.

 

 

Mariano Borinsky se reunió este viernes en Casa Rosada con Santiago Caputo y se reavivaron las especulaciones sobre la negociación del gobierno con un sector de Comodoro Py, liderado por Ariel Lijo, para completar las vacantes de la Corte.

Tal como reveló LPO, Lijo, Borinsky, Marcelo Martínez de Giorgi y María Romilda Servini conforman un cuarteto que combina aspiraciones por escalar en el Poder Judicial con la concentración de las causas que más complican a la Casa Rosada. Mientras que Martínez de Giorgi está a cargo del juzgado que investiga la estafa $Libra, Lijo tiene en sus manos las causas de Adorni y las coimas de la Andis, que involucra directamente a Karina Milei.

El encuentro de Borinsky con Caputo, en este contexto, es un desafío directo al ministro Juan Bautista Mahiques, quien Karina Milei nombró para que consiga disimuladamente el freno de esas causas, bajo la promesa que lo postularían a la Procuración General de la Nación, cargo que detenta de forma interina Eduardo Casal desde 2016.

El problema es que también Lijo, que se mueve como primus inter pares con Borinsky y muchos de sus colegas de Comodoro Py, apuesta a recalar en el sillón de Casal. Su puesto es más que codiciado por jueces de peso porque, con la eventual puesta en marcha del modelo acusatorio, el jefe de los fiscales ganaría un poder casi inconmensurable.

Lijo, que se mueve como primus inter pares con Borinsky y muchos de sus colegas de Comodoro Py, apuesta a recalar en el sillón de Casal. Su puesto es más que codiciado por jueces de peso porque, con la eventual puesta en marcha del modelo acusatorio, el jefe de los fiscales ganaría un poder casi inconmensurable.

Por lo demás, el nombre de Borinsky se convirtió en un comodín ante cada vacante de envergadura que aparece en la Justicia y las de la Corte no son la excepción. Aunque convertirse en supremo sea una de las apuestas que se le atribuyen tanto en el Congreso como en los pasillos judiciales, en los tribunales de Retiro dicen que el magistrado se complace con los trascendidos y se cuida de parecer ansioso.

Del encuentro entre Borinsky y el joven Caputo participó, además, Sebastián Amerio, ex viceministro de Justicia desplazado a la Procuración del Tesoro con el desembarco de Mahiques.

Desde el entorno de los funcionarios aseguraron que el presidente Milei está decidido a reformar el Código Penal pero exige que los impulsores originales, como Borinsky, lleguen a un acuerdo con Mahiques que podó ese articulado. Acaso ese sea un objetivo difícil de conseguir en medio de la disputa por las vacantes en la Corte, la Procuración, los juzgados federales y hasta la reforma del reglamento de selección de jueces que impulsan Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.

Ariel Lijo.

En efecto, LPO publicó que fueron Karina y Mahiques los que decidieron enterrar el proyecto de reforma de Borinsky y otros colegas, que trabajaron durante dos años. La hermana presidencial y el ministro colaron subas para casi todos los delitos, menos para los de la corrupción política. El efecto Adorni dispara esquirlas sin control.

Lo curioso es que Karina volteó la iniciativa de Borinsky después de la primera reunión entre Mahiques y Milei.

Como sea, la reunión del camarista de la Casación con el asesor presidencial y Amerio demuestra que la pelea descontrolada de Comodoro Py contra el eje de Karina y Mahiques no se detiene. La interna del Poder Judicial podría tramitarse ahora también en la discusión del nuevo Código Penal.

 

 

El escándalo que involucra a Manuel Adorni resquebrajó el pilar nodal del relato libertario y, a la vez, empezó a instalar el aspecto patrimonial en el centro de las disputas internas territoriales.

Eso emergió en las últimas horas en Olavarría, donde concejales libertarios se enrostraron camionetas último modelo, sospechas patrimoniales y cargos incompatibles.

Como contó LPO, Adela Casamayor se alejó del bloque de LLA tras denunciar «aprietes» de uno de los armadores para aparecer en una foto de unidad de los concejales de Milei en el distrito. Por eso, lanzó su bloque del Partido Libertario.

En la primera sesión con ese sello, Casamayor hizo un pedido de informes centrado en el doble cargo de Guillermo Lascano, concejal de LLA y titular del Pami local. «La dieta de concejal dice que la dona, no sé a dónde porque nunca hizo mención de eso», apuntó la concejal.

«Me compré una Terrritory, sí. ¿Le duele que tenga una camioneta? El tiene una mejor que la mía y nadie le dice nada», apuntó Casamayor para salir al cruce de las acusaciones del concejal Lascano, a quien apuntó por incompatibilidad de cargos.

Ante eso, Lascano salió al cruce de Casamayor con acusaciones personales. Dijo que la bronca de la edil libertaria con él surgió porque la oficia local de Pami que comanda le negó a la pareja de Casamayor un traslado por un audífono.

«Son traslados para personas vulnerables. Su pareja estaba ocultando información. Si tenía los recursos para comprarse una Territory (Camioneta SUV de Ford), naturalmente tenía los recursos para llevar adelante el traslado», acusó.

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Enseguida, Casamayor lo cruzó: «Me compré una Terrritory, sí. Miren mi declaración jurada y la de mi marido. Me la compro porque trabajo y nadie me regala nada y puedo mostrar los papeles del crédito que tengo. ¿Le duele que tenga una camioneta? El tiene una mejor que la mía y nadie le dice nada».

Con la sesión totalmente descontrolada, emergieron de inmediato los pases de factura y acusaciones que desembocaron en la ruptura libertaria en el distrito.

En esa diáspora libertaria, el concejal Marcelo Petehs apuntó: «Hicimos una campaña donde veníamos a eliminar la casta y hoy no se está siendo consecuente con lo que pregonábamos».

 

 

La CGT salió a denunciar en las últimas horas una crisis «terminal» de las obras sociales, las cuales -según revela un informe de la central obrera- ya no pueden cubrir planes médicos básicos.

En concreto, se advirtió que la recaudación promedio está 25 puntos abajo del costo de las prestaciones mínimas ya que el 78,5% de los afiliados no genera aportes suficientes para costearlas.

El documento que lleva la firma de los triunviros Cristian Jerónimo, Octavio Arguello y Jorge Sola, además del secretario de Acción Social de la CGT, José Luís Lingeri, plantea un «agujero financiero» provocado por el sistema de monotributo y el desfinanciamiento del Fondo Solidario.

 La preocupación central de la CGT pasa por el desfasaje del Plan Médico Obligatorio (PMO). Ahí, alertan que, mientras que la recaudación promedio del sistema es de $67.525 por beneficiario, el costo estimado para cubrir el PMO está en $85.000 

«La situación económica financiera general del sistema está viviendo una crisis grave, que para muchas organizaciones es casi terminal por imposibilidad fáctica de brindar servicios básicos», alertó la CGT en un documento que expone la crisis.

Este panorama crítico se expone en paralelo a la avanzada interventora del Gobierno en obras sociales que -como contó LPO- desató denuncias de los gremios por maniobras tendientes a desfinanciar las entidades sindicales.

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En la CGT señalaron que se «limita cada vez más la posibilidad de cobertura» en un sistema de seguridad social que financia atención médica con un porcentaje del salario (9%) que -señalaron- «presenta una pérdida del poder adquisitivo que ronda el 30%,, sumado al incremento propio de los servicios asistenciales».

La preocupación central de la CGT pasa por el desfasaje del Plan Médico Obligatorio (PMO). Ahí, alertan que, mientras que la recaudación promedio del sistema es de $67.525 por beneficiario, el costo estimado para cubrir el PMO está en $85.000. Eso, implica un descalce del 25%.

 El informe de la CGT denunció que se abrió un «agujero financiero» con la incorporación de monotributistas ya que el aporte de estos afiliados (20 mil pesos promedio) es un 290% inferior al costo del PMO 

Así, se expuso que la mayoría de las obras sociales dependen hoy del auxilio financiero directo de sus gremios para evitar la quiebra.

En paralelo, la crisis impacta directo en la atención, con recurrentes cortes en la cadena de pagos a prestadores y demoras en turnos.

El informe de la CGT denunció que se abrió un «agujero financiero» con la incorporación de monotributistas ya que el aporte de estos afiliados (20 mil pesos promedio) es un 290% inferior al costo del PMO, a pesar de que este grupo suele presentar una carga de enfermedades mayor a la de los trabajadores activos. Así, señalan que muchos usan este régimen solo para acceder al sistema de salud a «precios irrisorios».