Una empresa vinculada a Nicky Caputo quedó muy cerca de retener los parquímetros. Se trata de MECHP SRL que gestiona el estacionamiento medido en la Ciudad y le ganó la licitación a Boldt.
Asociada con Blinkay, MECHP tiene la concesión de los parquímetros porteños desde 2022. La licitación porteña tiene un presupuesto de 12 mil millones de pesos y una duración de 24 meses que puede extenderse hasta 48 meses.
Están en juego 10 mil lugares de estacionamiento en Retiro, Monserrat, San Nicolás, San Telmo, Recoleta y Balvanera y en los alrededores del Hospital Alemán y del Hospital Italiano.
Es un negocio de cerca de 500 millones de pesos mensuales. De ese monto el concesionario se queda con una cuarta parte y el estado el 75% restante. El estacionamiento funciona sin parquímetros físicos y se paga a través de una app.
Como contó LPO, para en la licitación de 2022 Boldt no logró imponerse. Mechp ganó asociada con la española Integra Parking, desarrolladora de la app Blinkay. El lobby de Nicky Caputo fue clave para acercar a los españoles con Mechp.
Si bien cerca de Caputo negaron que Mechp estuviera vinculada a uno de sus hijos, fuentes porteñas confirmaron la relación. Incluso todas las iniciales de la empresa coinciden con los apellidos de sus socios. Salvo la letra C.
En 2022 ganaron la licitación ofertando valores muy por debajo del precio de mercado. La intención de los socios era rediscutir las tarifas con Jorge Macri, que rechazó la idea. Todo está encaminado para que MECHP vuelva a retener la explotación del estacionamiento medido.
Durísimo fracaso de la ofensiva de Javier Milei contra el diario La Nación, que incluyó un dato inquietante al interior de la interna libertaria y los movimientos del establishment por encontrar un candidato alternativa al Presidente para el 2027.
El juez federal Marcelo Aguinsky, muy cercano a Patricia Bullrich, archivó en un trámite relámpago la denuncia penal contra Saguier por la presunta evasión agravada de unos 3.000 millones de pesos contra la firma Buenos Aires Arena SA, razón social que administra el Movistar Arena, que pertenece al grupo La Nación.
El organismo recaudador argumentó que la firma manipuló su declaración jurada de ganancias del 2023, presentando una actualización -sin respaldo- de quebrantos de años anteriores por inflación y evadió así más de 2.360 millones, que junto a multas y una parte que está en discusión en el Tribunal Fiscal, generaría una deuda de unos 3.000 millones.
Pero lo más grave es que junto con este reclamo económico, el gobierno denuncio penalmente al presidente del grupo, Julio Saguier y otras autoridades por evasión agravada, un delito que preve penas que no son excarcelables. La decisión se parece mucho a un intento del gobierno de presionar al diario, que mantiene una cobertura crítica de la administración libertaria.
Un experto en impuestos que conoce el caso, desestimó los argumentos del gobierno en diálogo con LPO: «Está mal planteada la denuncia de ARCA, el tema de los ajustes por inflación está en debate y el monto de la evasión no da para denuncia penal», afirmó.
Milei está obsesionado con La Nación y como reveló LPO, los intentos de acercamiento entre el directos del diario Fernán Saguier y el presidente, terminaron de muy mala manera.
El juez federal Marcelo Aguinsky, muy cercano a Patricia Bullrich, archivó en un trámite relámpago la denuncia penal contra Saguier por presunta evasión de 2.300 millones de pesos del Movistar Arena, que pertenece al grupo La Nación.
Milei ve la mano de Mauricio Macri detrás de cada uno de los titulares que lo sacan de quicio y ordenó a sus funcionarios equiparar a los Saguier con Cristóbal López, que tiene una causa en la Justicia por apropiación indebida de tributos por miles de millones.
Fue en el marco de esa pelea la agencia recaudadora ARCA (ex AFIP) presentó la denuncia contra La Nación y sus directivos. La agencia fiscal está conducida por Andrés Vázquez, que enfrenta sus propias denuncias por no declarar inmuebles en Miami, como publicó el diario, provocando el enojo de Santiago Caputo, jefe político del funcionario.
La senadora Patricia Bullrich.
El expediente aterrizó en el juzgado penal económico de Marcelo Aguinsky, quien tras analizar la denuncia de ARCA, rechazó la presentación y advirtió que había sido la propia empresa la que avisó a la agencia recaudadora que había realizado una actualización en sus gastos «por desvalorización monetaria/inflación de los quebrantos impositivos contra ganancias gravadas», en el pasado.
En un trámite express el juez decidió archivar la denuncia y subió la tensión de la interna libertaria. Aguinsky es muy cercano a Patricia Bullrich y formó parte de sus equipos de trabajo cuando la hoy senadora se había lanzado a la presidencia.
La decisión de Aguinsky coincide con un deslizamiento en la cima del poder, revelado por LPO, del que están advertidos en la Casa Rosada: Bullrich es vista por buena parte del establishment, empezando por Paolo Rocca, como una opción interesante para reemplazar a Javier Milei en las presidencial del 2027, si el libertario llega en tan malas condiciones que pone en peligro la continuidad del actual modelo.
Manuel Adorni gastó más de 9 millones de pesos en una escapada familiar a Bariloche y no cierran sus cuentas personales.
En el gobierno estaban satisfechos con el desempeño de Adorni en el Congreso. Sin embargo, siguen saliendo a la luz gastos difíciles de justificar con un sueldo que hasta 2026 era de 3 millones de pesos mensuales.
Los libertarios se entusiasmaron con poder dar vuelta la página y retomar la iniciativa, pero las revelaciones sobre los lujosos consumos de Adorni no terminan. En el gabinete aseguran que el ex vocero mintió a los hermanos Milei sobre los gastos que no podía justificar.
Adorni tiene más de 70% de imagen negativa con una marcada caída desde que estalló el escándalo. Además de complicar la marcha económica, el costo de mantenerlo en el gabinete es altísimo y afecta la imagen del gobierno.
A los viajes a Punta del Este en un avión privado, el pasaje de su pareja a Nueva York en Business y las vacaciones en Aruba, se suma la estadía en el hotel Llao-Llao.
Se trata de uno de los hoteles más caros del país y pertenece a IRSA y a los dueños del Alvear. Y la familia Adorni eleigió para alojarse la nueva ala Moreno de super lujo donde las habitaciones van de los 700 a los 1.550 dólares por noche. Sólo para ricos.
Los Adorni gastaron, según publicó Clarín, 4,9 millones de pesos de alojamiento y 2,5 millones en excursiones, comidas y también en la peluquería del Llao-Llao, un servicio super exclusivo. Pero lo más irregular es que se fueron del hotel sin pagar y abonaron la factura cuatro meses después, algo que no está permitido a casi ningún huesped.
Documentos desclasificados revelan que la Secretaría de Inteligencia del Estado impulsó de manera deliberada una campaña clandestina para instalar uno de los discursos más funcionales al encubrimiento del terrorismo de Estado. Lejos de una interpretación espontánea del pasado, la llamada “teoría de los dos demonios” aparece ahora como una operación política diseñada desde las entrañas del aparato de inteligencia.
Por Alcides Blanco para NLI
La historia argentina vuelve a sacudirse con una revelación que confirma lo que durante décadas denunciaron organismos de derechos humanos: la disputa por la memoria no fue —ni es— inocente. Los archivos desclasificados de la SIDE muestran que la instalación de la teoría de los dos demonios no surgió como una lectura académica o social del pasado, sino como una estrategia deliberada de propaganda.
Según la documentación revelada, un funcionario identificado como “Subsecretario A”, perteneciente a la Dirección 8-Interior del organismo, ordenó directamente la elaboración de un material con fines políticos: un libro diseñado para difundir esa interpretación y legitimar un relato funcional al poder. La tarea no fue marginal ni improvisada: incluyó redacción, edición y distribución sistemática.
Una teoría construida desde el poder
La llamada “teoría de los dos demonios” sostiene que la violencia estatal desplegada durante la última dictadura cívico-militar es equiparable a la ejercida por organizaciones guerrilleras. Esa equiparación, sin embargo, fue históricamente rechazada por la Justicia y por los organismos de derechos humanos, que señalaron el carácter sistemático, planificado y estatal del terrorismo ejercido entre 1976 y 1983.
Lo que ahora aportan los archivos es una pieza clave: esa narrativa no solo fue discutida en el terreno político o mediático, sino que fue activamente promovida desde el aparato de inteligencia del Estado. Es decir, no fue una lectura posterior, sino parte de una política concreta de construcción del sentido.
El dato no es menor. Implica que el intento de relativizar el genocidio no fue una consecuencia espontánea del debate democrático, sino una maniobra diseñada para intervenir en la memoria colectiva y condicionar la interpretación histórica.
Memoria en disputa, ayer y hoy
La desclasificación de estos documentos se inscribe en un proceso más amplio de apertura de archivos que abarca el período 1973-1983 y que busca reconstruir el accionar del aparato estatal durante años clave. Sin embargo, también reabre un interrogante incómodo: qué se muestra y qué se oculta cuando el propio Estado decide qué parte de su pasado revelar.
El contexto actual no es ajeno a esa disputa. En los últimos meses, el gobierno nacional volvió a impulsar discursos que retoman elementos de la teoría de los dos demonios bajo la idea de una “memoria completa”, en abierta tensión con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia construidas desde 2003.
La coincidencia entre los documentos del pasado y los discursos del presente no pasa desapercibida. Lo que ayer fue una operación clandestina hoy reaparece en formatos institucionales, mediáticos y culturales.
El sentido profundo de los archivos
Los archivos no son solo papeles: son pruebas de cómo el poder intenta moldear la historia. Que la SIDE haya intervenido activamente en la difusión de una narrativa destinada a relativizar el terrorismo de Estado revela hasta qué punto la batalla por la memoria fue —y sigue siendo— una batalla política.
En un país donde los juicios por crímenes de lesa humanidad establecieron responsabilidades concretas y donde la desaparición forzada fue reconocida como política sistemática, estos documentos aportan un elemento central: el intento deliberado de diluir esas responsabilidades no fue casual.
La historia, entonces, no solo se escribe en tribunales o en libros: también se fabrica en oficinas de inteligencia. Y cuando esos archivos salen a la luz, lo que queda expuesto no es solo el pasado, sino las continuidades incómodas del presente.
Axel Kicillof encabeza la intención de voto para las elecciones de 2027 con el 44%, un número que lo deja a un paso de ganar en primera vuelta. Además, según un trabajo de Zubán Córdoba, el 72% de los encuestados pide un cambio de gobierno.
Ante una candidatura de Kicillof, el 44,1% dice que lo votaría, seguido por 34,6% de Sergio Massa contra 32,4% de Patricia Bullrich y 31,7% de Victoria Villarruel. Javier Milei aparece quinto con 31,4% y un 57,2% de «no lo votaría».
El 64,5% de los encuestados desaprueba la gestión libertaria contra el 34,3% de aprobación. Desde Zuban-Córdoba explicaron que, a pesar de una leve mejora respecto de los números de abril muestran una tendencia negativa que se «consolida». Solo 3 de cada 10 mujeres aprueban la gestión de Milei y 4 de cada 10 hombres tienen una opinión positiva.
Javier Milei tiene una imagen positiva de 34,8% y lo supera Myriam Bregman con 35,1%. Además, el presidente tiene la negativa más alta de los posibles candidatos presidenciales con 60,6 y sólo lo supera Mauricio Macri con 62,8%.
En ese rubro lidera Axel Kicillof con 45,2 de positiva y 46,3 de negativa. Lo sigue Villarruel con 40,6% y 42,3% y Bullrich con 37,3% de positiva y 55,5% de negativa.
De los dirigentes con peor imagen analizados en la encuesta, Adorni tiene 65,7% de negativa y solo quedó por debajo de Karina Milei. Sacando quienes no conocen al jefe de gabinete y los no sabe/ no contesta, la negativa del ex vocero se eleva hasta 72%.
A la pregunta «¿Hace falta un cambio de gobierno en la Argentina?», el 71,2% dijo que sí contra 21% que se mostró en desacuerdo. El 76,5% de las mujeres están de acuerdo con la afirmación contra el 65,1% de los hombres.
El 40% de los votantes de Milei dice estar defraudado con el presidente. Además, el 28% de los consultados se inclina por votar al peronismo y 22% a los libertarios. El PRO y el Frente de Izquierda están muy lejos con 5%.
La encuesta fue realizada entre el 26 de abril y el 1 de mayo e incluyó 2000 casos con 20% de mailing y 80% CAWI.
Mientras el Gobierno avanza con su agenda de privatizaciones, crecen las críticas por el caso Intercargo: una firma estatal superavitaria que, lejos de ser una carga fiscal, genera ingresos propios y hoy queda en la mira del ajuste. Especialistas advierten inconsistencias económicas y políticas detrás de la decisión.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La ofensiva privatizadora de Milei sumó un nuevo capítulo con Intercargo, la empresa estatal que presta servicios de rampa en aeropuertos y que, paradójicamente, no solo no da pérdidas sino que registra superávit operativo. En ese contexto, empiezan a multiplicarse las voces que cuestionan el sentido económico —y también político— de desprenderse de una firma rentable.
El punto más contundente lo sintetizó el periodista económico Andrés Lerner, quien señaló que la compañía “podría comprarse a sí misma”, en alusión a su capacidad financiera y a la inconsistencia de vender un activo que genera recursos genuinos.
Una privatización difícil de justificar
El caso Intercargo expone una de las principales contradicciones del modelo económico actual: no se trata de una empresa deficitaria ni de un “agujero negro” del Estado, como suele argumentarse para justificar privatizaciones. Por el contrario, es una firma que funciona, que presta un servicio estratégico en el sistema aerocomercial y que además deja saldo positivo.
Esa realidad abre una pregunta incómoda: si el objetivo es reducir el déficit, ¿por qué vender una empresa que aporta ingresos? La respuesta, para muchos analistas, no está en la eficiencia sino en la lógica ideológica del Gobierno, que busca achicar el Estado incluso en áreas donde su presencia es rentable.
El negocio detrás del desguace
La discusión no es menor. Intercargo opera en un sector clave: el manejo de equipajes, asistencia en tierra y logística aeroportuaria, un servicio esencial para el funcionamiento del transporte aéreo. En ese marco, su eventual privatización implicaría transferir a manos privadas un negocio ya consolidado y con rentabilidad asegurada.
Además, la apertura del mercado aerocomercial y la desregulación impulsada por Milei ya venían anticipando este escenario: menos Estado, más competencia privada y un corrimiento deliberado de empresas públicas del centro de la actividad.
Superávit, pero igual en venta
El dato central que incomoda al relato oficial es que Intercargo no encaja en el discurso clásico de “empresa pública ineficiente”. Muy por el contrario, su condición de superavitaria la convierte en una rareza dentro del universo estatal… y al mismo tiempo en un botín atractivo.
De ahí surge la frase que resume la polémica: “podría comprarse a sí misma”, una forma de señalar que la operación no responde a una necesidad económica sino a una decisión política.
Privatizar por definición, no por necesidad
Lo que está en juego, entonces, es más profundo que una simple venta. Es un modelo de país. La decisión de avanzar sobre Intercargo revela que el criterio no es corregir desequilibrios sino reconfigurar el rol del Estado, incluso cuando eso implique desprenderse de activos rentables.
En ese marco, la privatización deja de ser una herramienta puntual para convertirse en un fin en sí mismo. Y allí es donde aparecen las mayores resistencias: no solo por lo que se pierde en términos económicos, sino por lo que significa en términos de soberanía y control de sectores estratégicos.
Porque cuando una empresa que funciona, gana plata y cumple un rol clave entra en la lista de venta, la discusión ya no es contable. Es política.
