El mercado empezó a marcar una diferencia cada vez más pronunciada entre la capacidad de pago del gobierno de Javier Milei y la situación que podría enfrentar la próxima administración. Mientras el riesgo de default permanece contenido en el corto plazo, las probabilidades implícitas en los seguros contra incumplimiento aumentaron con fuerza para los vencimientos posteriores a 2027.
La señal aparece en la curva de Credit Default Swaps (CDS), los contratos que funcionan como seguros frente a un incumplimiento de la deuda soberana. Según un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI), durante agosto prácticamente no cambió la percepción sobre la capacidad del Gobierno para afrontar sus compromisos inmediatos, pero sí empeoró sensiblemente la evaluación de los plazos más largos.
La probabilidad acumulada de default a un año aumentó apenas 30 puntos básicos desde comienzos de mes y se ubica en torno al 2,8%. El movimiento es reducido y muestra que los inversores todavía asignan una elevada probabilidad de pago a las obligaciones más próximas.
El panorama cambia por completo cuando la curva se extiende más allá del mandato de Milei. De acuerdo con PPI, las probabilidades acumuladas de default a cuatro y diez años aumentaron 400 y 510 puntos básicos desde comienzos de agosto, respectivamente.
Así, el mercado asigna actualmente una probabilidad de default del 30,3% en el horizonte de cuatro años y del 61,5% cuando se extiende el análisis hasta diez años. La brecha con el riesgo a un año es enorme y revela que el principal interrogante de los inversores dejó de estar concentrado en la disponibilidad inmediata de dólares.
«El mercado hoy no está discutiendo demasiado si Argentina puede pagar el próximo vencimiento. Lo que está poniendo precio es qué pasa después de 2027 y si el próximo gobierno puede sostener el esquema sin volver a tener problemas de financiamiento», explicó un operador consultado por LPO.
La lectura coincide con el diagnóstico de PPI. Para la sociedad de Bolsa, el deterioro de las últimas semanas «se concentró principalmente en horizontes más largos», donde aparece una incertidumbre creciente respecto de la posibilidad de sostener la historia crediticia argentina en el tiempo.
El mercado hoy no está discutiendo demasiado si Argentina puede pagar el próximo vencimiento. Lo que está poniendo precio es qué pasa después de 2027 y si el próximo gobierno puede sostener el esquema sin volver a tener problemas de financiamiento
El movimiento resulta particularmente relevante porque se produce mientras buena parte de la curva soberana volvió a operar con rendimientos de dos dígitos. La corrección de los bonos argentinos durante las últimas semanas volvió a dejar precios que, según PPI, empiezan a mostrar una relación algo más equilibrada entre riesgo y retorno.
La firma considera que los bonos podrían estar cerca de una pausa en la caída e incluso ensayar algún rebote. Sin embargo, todavía no aparece un catalizador suficientemente fuerte para sostener una recuperación más contundente.
En el mercado siguen con atención los indicadores políticos y económicos que puedan modificar ese escenario. Uno de ellos será el Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, después del deterioro que ya mostró el Índice de Confianza del Consumidor. En sentido contrario, una continuidad de buenos datos de actividad y comercio exterior podría aliviar parcialmente la presión vendedora.
Otro factor detrás de la debilidad reciente de los bonos fue el comportamiento de los inversores argentinos. Al cierre del primer trimestre, los residentes concentraban el 23,7% de la deuda soberana bajo legislación de Nueva York, una participación significativa dentro del mercado de Globales.
PPI estima que ese porcentaje podría haberse reducido durante el segundo trimestre, producto del desarme de posiciones locales. Esa salida ayuda a explicar parte de la presión que enfrentaron los títulos en las últimas semanas y agrega otro elemento de cautela sobre la dinámica de corto plazo.
Para el operador consultado por LPO, la pendiente de la curva de CDS también refleja un problema que excede a Milei. «Para bajar de manera permanente el riesgo país no alcanza con demostrar que hay dólares para pagar durante uno o dos años. El mercado necesita creer que el programa es sostenible políticamente y que puede sobrevivir a un cambio de gobierno. Hoy esa confianza todavía no está», afirmó.
El resultado es una paradoja para el Gobierno: el mercado parece reconocer una capacidad de pago relativamente sólida durante el horizonte inmediato, pero todavía no convalida que esa estabilidad pueda extenderse mucho más allá del actual mandato. El propio informe de PPI resume esa cautela al advertir que el camino hacia 2027 todavía será «largo» y probablemente «sinuoso».
En medio de la avanzada de Karina Milei y los Menem, Santiago Caputo
perdió a otro funcionario clave. Se trata del titular de la Aduana, José Andrés Velis, que pidió licencia como una salida elegante, pero no volverá a su cargo.
Velis es un funcionario de la línea técnica de la Aduana, donde trabajaba desde hace más de 40 años, y responde al titular de ARCA y ex jefe de la DGI, Andrés Vázquez.
Toda la estructura de ARCA es uno de los espacios de poder que conserva Santiago Caputo, que es el impulsor y protector de Vázquez.
En la interna del gobierno se sabe que los Menem quieren avanzar sobre la agencia recaudadora y la salida de Velis es mencionada como un ajuste de cuentas interno contra Caputo.
El desplazamiento del jefe de la Aduana no fue confirmado oficialmente porque en rigor pidió licencia, aunque fuentes del organismo indicaron a LPO que no volverá al cargo. El cambio recién se oficializará cuando se designe a su sucesor. Según Clarín, sería Andrés Kunisz, subdirector de Control Aduanero.
Una versión que circuló en estas horas es que Velis habría renunciado por un problema judicial de su hijo Agustín, que es funcionario de ARCA. Pero fuentes judiciales cercanas al juez Pablo Yadarola, que tendría la supuesta causa, dijeron a LPO que no hay nada contra Velis hijo.
Golpeado, Santiago Caputo se enojó con el diario Clarín por poner como título principal de la tapa la salida del jefe de la Aduana. «Un ex directivo de Techint aceptó haberle pagado coimas a los kukas pero el título del diario Clarín es el dato no confirmado de una supuesta renuncia de un funcionario técnico de segunda línea sólo porque lo vinculan conmigo», escribió. «Voy a empezar a pensar que les gusto», ironizó.
Un ex directivo de Techint aceptó haberle pagado coimas a los kukas pero el título del diario Clarín es el dato no confirmado de una supuesta renuncia de un funcionario técnico de segunda línea sólo porque lo vinculan conmigo. Voy a empezar a pensar que les gusto. pic.twitter.com/G8MqLU769N
El postergado debate interno del peronismo sobre que hacer con la economía, en caso de volver al poder, tuvo este martes un muy interesante debate en la histórica sede del PJ en el barrio de Once.
Participaron del inusual encuentro la kirchnerista Teresa García, una de las dirigentes más cercanas a Cristina Kirchner: la economista albertista Mercedes D’Alessandro; el economista peronista ortodoxo Santiago Fraschina y el diputado nacional y uno de los líderes del peronismo de centro, Guillermo Michel.
Enseguida, quedaron en evidencia las contradicciones. Teresa García pidió «radicalizar» la propuesta económica frente a los poderes concentrados, Mercedes D’Alessandro cuestionó el RIGI como parte de una nueva etapa de «neocolonialismo extractivista» y Guillermo Michel advirtió sobre las restricciones jurídicas, fiscales y financieras que enfrentará quien intente modificarlo. Jorge Capitanich cerró con sus típicos discursos enrevesados de buenas intenciones, pero llamó a recuperar la regulación peronista sobre las inversiones extranjeras.
La discusión se dio durante el cierre del curso sobre «Modelo Económico Justicialista» que trabajosamente viene desplegando Fraschina, que abrió la discusión con una advertencia sobre la necesidad de llegar a las próximas elecciones con un plan para gobernar.
«Prefiero un debate de cuál es la propuesta que el peronismo tiene que llevar a la sociedad argentina el año que viene», dijo Fraschina. Y explicó que tiene «dos intenciones: una, para generar expectativa en la elección, que ese es el programa que se está debatiendo y discutiendo, y la otra es porque si llegamos tenemos que gobernar y tenemos que tener perspectiva de una salida justicialista y desarrollista».
Fraschina advirtió que la discusión estará atravesada por los intereses económicos. «Los grupos económicos locales, los fondos de inversión quieren un peronismo disciplinado, un peronismo disciplinado desarrollista, que sea la alternativa al orden financiero para no discutir la matriz distributiva», afirmó. «Si el peronismo no discute la matriz distributiva no la discutirá nadie en la Argentina, porque el peronismo nació discutiendo la matriz distributiva desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social», sostuvo.
Incluso puso un límite al desarrollismo como objetivo autónomo: «Ni siquiera la industrialización es un fin en sí mismo para el peronismo, es un medio. Porque si la industrialización no va asociada a la justicia social, entonces no es peronismo desarrollista».
Los grupos económicos locales, los fondos de inversión quieren un peronismo disciplinado, un peronismo disciplinado desarrollista, que sea la alternativa al orden financiero para no discutir la matriz distributiva.
Teresa García recogió ese planteo y llevó la discusión un paso más adelante. «Nos vamos a equivocar si aparecemos lavados frente a los poderes concentrados, que nos están mirando, obviamente, y que intentan ponerle la mano en el hombro a cualquiera que ande con ganas de ser sumiso ante los planteos de los sectores de poder», dijo la vicepresidenta del PJ.
García rechazó que esa posición implique volver a una discusión del pasado. «No es un discurso antiguo este, no es una mirada antigua sobre la situación política, todo lo contrario», afirmó.
La diputada kirchnerista Teresa García.
Teresa García fue todavía más explícita cuando discutió qué perfil debería presentar el peronismo. «No nos van a elegir por más lavadito, más café con leche. La sociedad va a elegir por aquel que plantee las antípodas de lo que está viviendo hoy en día, después del gobierno de Macri por un lado y luego del gobierno de Milei por otro», sostuvo. «Yo creo que el peronismo tiene que radicalizar su postura», afirmó García. Y remató: «Nosotros somos la antítesis de todo lo que vino sucediendo en el gobierno de Macri y de Milei».
Mercedes D’Alessandro tomó otro camino para llegar a una conclusión igualmente crítica. La economista sostuvo que el peronismo tiene que actualizar su discusión distributiva porque cambió el capitalismo. «Estamos entrando a un nuevo momento político, social, económico, no solo en Argentina, sino a nivel mundial», dijo. «La inteligencia artificial no es una cosa abstracta, es una transformación del capitalismo», sostuvo D’Alessandro.
D’Alessandro vinculó ese salto tecnológico con la brutal concentración de riqueza posterior a la pandemia. Los grandes empresarios tecnológicos, explicó, no solamente acumularon fortunas sino poder político. «Son personas que tienen ganas de hacer política, tienen influencia sobre los mercados, tienen un montón de poder», dijo. «Ellos son dueños de muchas de las plataformas que usamos todos los días: de Facebook, de Instagram, de WhatsApp. Ellos son dueños de las plataformas que usamos para comunicarnos, para vender, para comprar», afirmó. «Son dueños también de todo el desarrollo de inteligencia artificial y son dueños también de los data centers».
No nos van a elegir por más lavadito, más café con leche. La sociedad va a elegir por aquel que plantee las antípodas de lo que está viviendo hoy en día, después del gobierno de Macri por un lado y luego del gobierno de Milei por otro. Yo creo que el peronismo tiene que radicalizar su postura. Nosotros somos la antítesis de todo lo que vino sucediendo en el gobierno de Macri y de Milei.
Para D’Alessandro, ese control incluye además los datos con los que las plataformas pueden orientar consumos y comportamientos. «Cuando digo vendernos cosas digo desde el heladito y la pizza hasta un candidato político», afirmó.
La transformación también llegó al mercado laboral. D’Alessandro habló de alrededor de un millón de personas incorporadas a las plataformas y comparó ese universo con las cerca de 1,2 millones de trabajadoras de casas particulares. Describió una relación laboral en la que ya ni siquiera hace falta un jefe de carne y hueso: la plataforma asigna viajes, fija condiciones y administra premios y castigos.
«Hoy nosotros estamos frente a una nueva etapa de neoextractivismo, neocolonialismo extractivista». La economista planteó que la explosión de la inteligencia artificial y los data centers disparará una demanda gigantesca de energía. Es ahí donde ubicó el lugar que pueden ocupar Vaca Muerta, el petróleo, el gas y el litio argentino en la nueva economía global. «El litio, pero todo se lo damos sin encadenamiento local, sin que nos dejen ninguna regalía, sin retenciones», cuestionó.
«Esa es la inserción extractivista y colonialista en la que nosotros somos otra vez proveedores de materias primas, como antes. Somos los proveedores de energía barata para que ellos hagan la transición tecnológica y después nos vendan Meta, la nube donde guardamos nuestras fotos, Instagram», sostuvo D’Alessandro.
Y planteó: «Ahí tenemos un gran desafío: cómo vamos a hacer para capturar esa agenda también y ver qué vamos a plantear a esto, porque no vamos a detener el paso tecnológico».
El diputado Guillermo Michel.
El planteo de Guillermo Michel chocó con esa perspectiva cuando la discusión bajó a qué puede hacer efectivamente un próximo gobierno con el RIGI. Michel cuestionó el régimen de Milei, pero advirtió que los proyectos ya incorporados cuentan con garantías, estabilidad y mecanismos internacionales de resolución de controversias que limitan el margen para simplemente desarmarlo.
Michel marcó además una diferencia política con el pedido de radicalización de García. «A mí no me van a ver bajando de Sierra Maestra con la remera del Che Guevara, no me van a ver radicalizado», dijo.
El ex titular de Aduana puso en cambio como prioridad la restricción presupuestaria. Planteó que un gobierno peronista deberá ejercer «un control estricto de lo que eran los ingresos y los gastos, sobre todo los ingresos del Estado, para tener las cuentas públicas saneadas».
Después entró en el sistema impositivo. «Por favor, no repitamos la estupidez que me repiten los consultores de los 184 impuestos como un verso», reclamó Michel. «Con cinco impuestos se obtiene la mayor parte de la recaudación», explicó, y enumeró IVA, seguridad social, Ganancias, derechos vinculados al comercio exterior y créditos y débitos bancarios. Michel también defendió mecanismos para hacer más progresivo el sistema.
A mí no me van a ver bajando de Sierra Maestra con la remera del Che Guevara, no me van a ver radicalizado.
Recordó la devolución del IVA mediante tarjeta de débito y sostuvo que esa política «le quitaba la famosa regresividad al IVA, que es que pague el mismo impuesto siempre».
También fijó posición sobre Ganancias. «Para mí el ingreso de los trabajadores, no los altos ingresos, el trabajador, el que tiene Ganancias en una remuneración, eso no tiene que pagar impuesto a las Ganancias», afirmó.
El contrapunto con D’Alessandro se hizo más evidente al hablar de inversión. Michel defendió expresamente los regímenes de promoción. Recordó instrumentos utilizados durante gobiernos peronistas como la amortización acelerada de Ganancias y la devolución de IVA.
Michel coincidió con D’Alessandro en cuestionar que una minera pueda recibir beneficios y después importar todos sus equipos. Criticó «eliminar totalmente los derechos de importación y que la minera esté importando personalmente de China, porque eso no genera empleo en Argentina». Según Michel, los esquemas de promoción anteriores tenían «un punto de racionalidad» que el RIGI perdió. «Los esquemas anteriores buscaban activar el valor agregado en la cadena de proveedores locales», señaló.
También cuestionó el costo fiscal del régimen. Michel estimó que puede alcanzar un punto del PBI y tradujo ese número en unos 7.000 millones de dólares. «¿Qué son 7.000 millones de dólares?», preguntó, antes de compararlo con los recursos necesarios para mejorar los ingresos de los jubilados.
Pero ahí se separó del planteo más confrontativo que atravesó las intervenciones anteriores. Michel sostuvo que los beneficios otorgados a los proyectos RIGI no desaparecerán simplemente porque cambie el gobierno. Los contratos prevén distintos mecanismos de resolución de controversias y habilitan instancias internacionales.
El senador Jorge Capitanich.
Michel agregó una dificultad todavía mayor. «El principal régimen es YPF. Usted sabe que la accionista mayoritaria de YPF es el propio Estado», señaló. Es decir, el próximo gobierno podría terminar discutiendo un esquema del que participa una compañía controlada por el propio Estado argentino.
Así, frente a la idea de atacar el modelo asociado al RIGI, Michel puso sobre la mesa los límites jurídicos y fiscales de esa decisión. «La política se hace en la realidad», dijo.
El planteo no fue conservar el régimen tal como está, sino asumir que un próximo gobierno deberá convivir con parte de los derechos ya concedidos mientras modifica hacia adelante la política de incentivos.
La otra prioridad de Michel fue todavía más concreta: el Fondo Monetario Internacional. El ex funcionario sostuvo que el FMI sobreendeudó a la Argentina y calculó que el exceso del financiamiento respecto de parámetros razonables ronda los 32.000 millones de dólares. «Por cualquier criterio técnico razonable no debería haberse otorgado semejante volumen de recursos», sostuvo.
Según Michel, el endeudamiento argentino con el organismo supera largamente los parámetros vinculados a la cuota del país y a su capacidad futura de repago.
Michel hizo incluso una diferenciación que generó sorpresa en el auditorio. «Los bonistas actuaron de manera mucho más responsable que el Fondo Monetario Internacional», afirmó.
Su propuesta tampoco fue dejar de pagar. «Nos toca pagarlo, porque hay una continuidad del Estado, hay una continuidad de los gobiernos», dijo sobre las obligaciones asumidas por Argentina.
Lo que propuso fue «presentarse y discutir» con el Fondo Monetario, los bonistas privados y el Club de París una estructura de vencimientos vinculada «a la disponibilidad de generar dólares».
Jorge Capitanich quedó a cargo del cierre y eligió un registro mucho más doctrinario. Llegó con documentos, recordó su libro sobre economía peronista y arrancó con una arenga ante un auditorio compuesto fundamentalmente por militantes.
«A nosotros los peronistas no nos van a poder ganar nunca, porque somos muchos y somos muy persistentes. Y aparte somos los mejores y en esto no hay que tener falsa modestia», dijo el ex gobernador del Chaco.
Capitanich llevó una copia de una de las primeras leyes de inversión extranjera de Perón, para discutir el argumento de que poner condiciones al capital implica rechazar inversiones.
«Nosotros también tuvimos leyes que propiciaron la atracción de inversiones extranjeras directas», recordó. Pero destacó que aquellas normas planteaban «una regulación muy clara respecto al tema de remisión de utilidades, regalías, dividendos y liquidación de importación». Capitanich contrapuso ese modelo al RIGI y calificó a la administración libertaria como el gobierno «más gorila, más vendepatria de la historia argentina».
La escena final dejó así expuesta las dificultades del peronismo para sintetizar una propuesta económico y lo demorado que viene ese debate interno. Ante una platea militante todos podían coincidir en la crítica a Milei. La síntesis se volvió bastante más difícil cuando apareció la pregunta sobre qué hacer al día siguiente de volver al poder.
El escándalo que bordea al legislador del peronismo cordobés Ramón «Cañito» Flores desencadenó un nuevo capítulo en la fricción entre el PJ y la vicegobernadora, la radical Myrian Prunotto. Con cruces por responsabilidades administrativas que se disparan de un lado y del otro, pases de facturas y una oposición agazapada que aguarda la sesión de este miércoles para dar la estocada en el corazón del oficialismo.
Todo arrancó hace un par de semanas con la detención de una persona que, hasta hace poco era asesor de Flores, el legislador del departamento Río Seco. Sin embargo, en ese momento nadie en la Unicameral cordobesa quería pensar que el arresto de José Villarreal derivaría en un escándalo que abrió nuevas heridas similares a las del episodio Bondiola, el capítulo con Guillermo Kraisman, el puntero del peronismo cordobés que terminó detenido por robar bondiola de un supermercado. Liberado y arrestado meses más tarde por pretender cobrar el sueldo con el DNI de una mujer que, después se supo, era parte de la Legislatura y terminó sindicada como la empleada fantasma. Similitudes con el caso Chocolate de la Legislatura bonaerense.
Este episodio es peor. Los detenidos del entorno de Flores están acusados de abuso sexual en perjuicio de cuatro adolescentes, algunas de las cuales les hicieron colocar un chip anticonceptivo y que derivó en una compleja causa que investiga la fiscal Analía Cepede.
Acorralado, el futuro de Flores se definirá en las próximas horas. Porque el pedido de licencia que hizo aun no fue tratado en el recinto y si avanza con esa intención, la discusión se podría dar en la sesión de este miércoles; con una oposición que irá a la carga y donde algunos bloques, como el radicalismo y Encuentro Vecinal no ven otra salida que la expulsión del legislador del PJ.
En el peronismo no descartan una ‘invitación’ a renunciar. De la misma forma que se hizo con el ahora ex concejal Ricardo Moreno, abogado de Claudio Barrelier, el acusado del femicidio de Agostina Vega.
Sin embargo, el lodo no termina únicamente en el caso del legislador Flores. En una situación que salpica incluso a otros intendentes y ex alcaldes del norte cordobés. Sino que el contexto le empantanó la Legislatura al cordobesismo que debía avanzar en el tratamiento del pliego del sucesor de la jueza electoral Marta Vidal.
El lodo no termina únicamente en el caso del legislador Flores. En una situación que salpica incluso a otros intendentes y ex alcaldes del norte cordobés
Donde, cuyo concurso, tuvo como ganador a Guillermo Arias, quien hasta ahora se desempeña como secretario legislativo en la Unicameral y es parte del microclima que vio conmocionado en las últimas semanas. Es decir, en medio de esta tensión debe estar expectante sobre la definición de su futuro, porque la licencia que pidió Vidal vence el domingo próximo y el recinto tiene que debatir el pliego de Arias para convalidar esa sucesión.
A semanas de la elección en Marcos Juárez que tendrá el estreno del nuevo juez electoral.
En 1927, San Juan reconoció el voto femenino y permitió que las mujeres fueran elegidas, dos décadas antes de la ley nacional de 1947.
Por Alcides Blanco para NLI
Mucho antes de que la Argentina aprobara el voto femenino a nivel nacional, mucho antes de que Eva Perón convirtiera esa conquista en una de las grandes banderas políticas del primer peronismo y mucho antes de que las mujeres pudieran participar plenamente en las elecciones nacionales, hubo una provincia que decidió adelantarse varias décadas a su tiempo. San Juan reconoció en 1927 el derecho de las mujeres a votar y a ser elegidas, y lo hizo mediante una reforma constitucional provincial que convirtió a ese territorio cuyano en un laboratorio político extraordinario para una sociedad en la que la ciudadanía seguía siendo concebida fundamentalmente en términos masculinos. La experiencia tuvo una importancia histórica enorme porque permitió que las sanjuaninas no solamente concurrieran a las urnas, sino que también ocuparan cargos electivos, algo que en el resto del país todavía parecía una posibilidad remota. La historia de aquel experimento democrático, sin embargo, también muestra hasta qué punto los avances en materia de derechos pueden depender de las disputas políticas de cada época: lo que parecía una conquista irreversible terminó siendo parcialmente desmantelado pocos años después por una intervención federal.
Una provincia que decidió romper el molde
La Argentina de la década de 1920 estaba lejos de ser una democracia plenamente inclusiva. La Ley Sáenz Peña de 1912 había establecido el voto secreto y obligatorio para los ciudadanos varones argentinos, pero las mujeres permanecían excluidas de las elecciones nacionales. La exclusión no era presentada necesariamente como una prohibición explícita basada en una teoría única sobre la inferioridad femenina; estaba incorporada a un sistema político construido alrededor de la figura del ciudadano varón, mientras las mujeres quedaban asociadas principalmente al ámbito doméstico y familiar. En ese contexto, las organizaciones feministas, socialistas y sufragistas venían reclamando desde hacía décadas la ampliación de los derechos políticos, pero sus demandas todavía chocaban con una estructura institucional profundamente conservadora.
San Juan tomó otro camino. Durante la gobernación de Federico Cantoni, la provincia impulsó una reforma constitucional que amplió de manera significativa la participación política de las mujeres. El texto aprobado en 1927 estableció derechos electorales femeninos y permitió que las sanjuaninas participaran activamente de la vida política provincial. La medida formaba parte de un programa más amplio de transformación impulsado por el cantonismo, una fuerza política provincial que había construido su identidad alrededor de un discurso de modernización y de confrontación con las estructuras tradicionales del poder. La incorporación de las mujeres al electorado no fue, por lo tanto, una concesión aislada, sino parte de una disputa más amplia sobre quiénes debían ser considerados sujetos políticos dentro de la provincia.
La importancia de aquella reforma se comprende mejor cuando se observa la enorme distancia que existía con el escenario nacional. Mientras San Juan avanzaba hacia una ciudadanía política más amplia, en el Congreso de la Nación seguían fracasando distintas iniciativas destinadas a reconocer el sufragio femenino. La mujer argentina podía trabajar, estudiar, participar de organizaciones sociales, sostener actividades sindicales y desarrollar una intensa vida intelectual, pero no podía decidir mediante el voto quiénes ocuparían los principales cargos políticos del país. La ciudadanía estaba incompleta, y San Juan se convirtió en una excepción que demostraba que aquella exclusión no era inevitable.
Cuando las mujeres llegaron a las urnas
El verdadero alcance de la reforma quedó demostrado en las elecciones provinciales posteriores. Las mujeres sanjuaninas no fueron incorporadas al sistema como una figura decorativa, sino que participaron efectivamente del proceso electoral y algunas llegaron a ocupar cargos públicos. Entre ellas se destacó Emar Acosta, abogada, docente y militante vinculada al Partido Demócrata Nacional, que en 1934 fue elegida diputada provincial y se convirtió en la primera mujer legisladora de América Latina. Su llegada a la Legislatura fue un acontecimiento extraordinario para la época porque demostraba que el sufragio femenino no tenía como único efecto incorporar nuevas votantes: también podía abrir las puertas de las instituciones representativas a mujeres que hasta entonces habían sido excluidas de ellas.
La figura de Acosta resulta particularmente significativa porque permite escapar de una interpretación demasiado sencilla de la historia del voto femenino. No se trataba simplemente de que las mujeres recibieran el derecho de votar y comenzaran automáticamente a ocupar espacios de poder. La política continuaba siendo un territorio atravesado por disputas partidarias, diferencias sociales y conflictos ideológicos, y las mujeres que ingresaban a ella debían desarrollar estrategias propias para hacerse escuchar. Acosta, además de su actividad legislativa, impulsó iniciativas vinculadas con derechos civiles y cuestiones sociales, demostrando que la incorporación de las mujeres a la política podía modificar también la agenda de las instituciones.
Aquella experiencia sanjuanina tuvo un valor simbólico que trascendió las fronteras provinciales. El país podía observar que las mujeres no solamente estaban capacitadas para votar, sino que podían participar de campañas, intervenir en debates y ejercer responsabilidades públicas. El argumento de que el sufragio femenino produciría una ruptura del orden social comenzaba a perder fuerza frente a una evidencia concreta: las mujeres podían formar parte de la democracia sin que la sociedad se desintegrara por ello.
Pero la historia no siguió una línea ascendente. En 1930, el golpe de Estado que derrocó a Hipólito Yrigoyen modificó profundamente el escenario político argentino y en San Juan también se produjeron cambios decisivos. El régimen surgido de la interrupción institucional debilitó al cantonismo y posteriormente la provincia fue intervenida. Con la intervención y la modificación del orden político provincial, aquella experiencia de participación femenina perdió parte de su continuidad y las conquistas alcanzadas quedaron sometidas a las nuevas condiciones políticas.
El derecho que tardó veinte años en llegar a todo el país
La paradoja histórica es notable: San Juan había permitido votar a las mujeres veinte años antes de que el Congreso Nacional sancionara la Ley 13.010, promulgada en septiembre de 1947, que reconoció los derechos políticos de las mujeres argentinas en todo el territorio nacional. Durante ese período, las sanjuaninas habían demostrado que una ampliación de la ciudadanía era perfectamente posible, pero el país en su conjunto siguió atravesando gobiernos civiles, golpes militares, proscripciones y fuertes disputas sobre la naturaleza misma de la democracia.
Cuando el peronismo convirtió el sufragio femenino en una política nacional, la experiencia sanjuanina quedó parcialmente desplazada de la memoria pública. La figura de Eva Perón adquirió un protagonismo central en la campaña por la aprobación de la ley y, con justicia histórica, se convirtió en uno de los símbolos fundamentales de aquella conquista. Sin embargo, la historia del voto femenino argentino no comenzó en 1947, y tampoco puede explicarse exclusivamente a partir de una figura o de un gobierno. Antes hubo décadas de lucha sufragista, iniciativas parlamentarias, organizaciones feministas y experiencias provinciales que demostraron que la ampliación de derechos podía convertirse en realidad.
San Juan ocupa en esa historia un lugar particularmente importante porque permitió comprobar algo que después se volvería evidente a escala nacional: una democracia no se limita a establecer mecanismos para elegir autoridades, sino que debe definir quiénes tienen derecho a formar parte de la comunidad política. Durante mucho tiempo, la mitad de la población argentina quedó fuera de esa definición. La reforma sanjuanina de 1927 abrió una grieta en ese modelo y mostró que la frontera de la ciudadanía podía ser desplazada.
El caso también deja una enseñanza política que excede ampliamente la cuestión del voto femenino. Los derechos no siempre avanzan de manera lineal. Pueden ser conquistados, ampliados, restringidos e incluso parcialmente anulados dependiendo de las relaciones de poder existentes en cada momento. La experiencia sanjuanina demuestra que una reforma institucional puede adelantarse décadas a la legislación nacional y, al mismo tiempo, quedar vulnerable frente a una interrupción democrática. Por eso, recordar a las primeras mujeres que votaron y fueron elegidas en San Juan no consiste únicamente en celebrar una conquista del pasado, sino en comprender que las ampliaciones de ciudadanía necesitan instituciones capaces de protegerlas.
En 1927, las sanjuaninas ingresaron a las urnas cuando todavía faltaban veinte años para que ese derecho fuera reconocido en todo el país. Algunas de ellas también ingresaron a las legislaturas y demostraron que la política podía dejar de ser un territorio exclusivamente masculino. No esperaron a que la Argentina estuviera preparada para ellas: obligaron a la Argentina a demostrar que podía ser más democrática de lo que hasta entonces había sido. Esa es, quizá, la verdadera dimensión de aquella experiencia: San Juan no fue simplemente una excepción curiosa dentro de la historia electoral argentina, sino uno de los primeros lugares donde quedó demostrado que cuando una sociedad amplía la definición de ciudadanía, no pierde democracia; la gana.
En 1907, miles de inquilinos de Buenos Aires protagonizaron la Huelga de las Escobas contra los alquileres abusivos y las pésimas condiciones de los conventillos.
Por Alcides Blanco para NLI
A comienzos del siglo XX, Buenos Aires era presentada como la gran ciudad de un país destinado a convertirse en potencia agroexportadora, con una economía que crecía al ritmo de las exportaciones y una población que aumentaba aceleradamente por la llegada de inmigrantes. Pero detrás de aquella imagen de progreso que las elites exhibían como prueba del éxito del modelo había otra ciudad, mucho menos elegante y bastante más difícil de mostrar en las postales: la de los conventillos, las habitaciones minúsculas, los patios compartidos por decenas de familias, las condiciones sanitarias deficientes y unos alquileres que consumían una parte cada vez mayor de los ingresos de trabajadores que no tenían ninguna posibilidad real de acceder a una vivienda propia. En ese escenario, durante 1907, una protesta que comenzó en unos pocos inquilinatos terminó convirtiéndose en uno de los grandes conflictos sociales de la Argentina de comienzos del siglo XX: la huelga de inquilinos, conocida popularmente como la Huelga de las Escobas, porque fueron principalmente las mujeres quienes utilizaron esos elementos domésticos para enfrentar simbólicamente a quienes llegaban a los conventillos con órdenes de desalojo.
Cuando la vivienda dejó de ser solamente un problema privado
El conventillo no era simplemente una vivienda incómoda, sino una consecuencia concreta de la transformación económica y demográfica de Buenos Aires. La expansión del modelo agroexportador había generado una enorme concentración de población en la ciudad, mientras la construcción de viviendas no acompañaba en la misma proporción ese crecimiento. El resultado fue un mercado inmobiliario en el que miles de familias dependían del alquiler de una habitación dentro de grandes casas subdivididas, muchas veces antiguas residencias transformadas en inquilinatos, donde las condiciones de vida podían ser extremadamente precarias. El propio Departamento Nacional del Trabajo, al estudiar el problema después del conflicto, registró tanto el incremento de los alquileres como las deficiencias higiénicas y señaló que en numerosos conventillos la búsqueda de rentabilidad había relegado cuestiones elementales como la luz y el aire.
La cuestión, por lo tanto, no era únicamente cuánto costaba alquilar, sino qué podía exigir un propietario a cambio de ese dinero y qué margen de defensa tenía quien dependía del alquiler para conservar un techo. Los reclamos de los huelguistas fueron bastante precisos: pedían una rebaja del 30% de los alquileres, la eliminación de garantías adicionales, protección frente a los desalojos y mejoras en las condiciones higiénicas de las viviendas. No se trataba de una protesta abstracta contra la propiedad privada, sino de una disputa concreta sobre las condiciones de acceso a un bien indispensable, en una ciudad donde el crecimiento económico convivía con una profunda desigualdad en las condiciones materiales de vida.
La protesta comenzó a organizarse en los conventillos de barrios populares como La Boca y Barracas, aunque el conflicto rápidamente superó esos límites. El Gobierno de la Ciudad señala que a fines de agosto de 1907 los habitantes del conventillo conocido como “Los Cuatro Diques”, ubicado en Ituzaingó 279 al 325, se declararon en huelga y presentaron sus reivindicaciones, mientras que el 13 de septiembre el Comité Central de la Liga de Lucha contra los Altos Alquileres e Impuestos realizó el llamado a una huelga general de inquilinos que se extendió por numerosos inquilinatos porteños y alcanzó también a otras ciudades.
Las mujeres y una forma inesperada de hacer política
Uno de los aspectos más interesantes de aquella huelga es que permite observar cómo la política podía surgir de espacios que las instituciones de la época consideraban ajenos a ella. Las mujeres de los conventillos tenían una participación decisiva en la administración cotidiana de hogares sometidos a condiciones de hacinamiento, falta de higiene y dificultades económicas, por lo que el aumento del alquiler no era para ellas una discusión distante sobre contratos: significaba decidir qué podía comerse, qué podía dejar de comprarse, cuánto podía durar una familia en una determinada habitación y hasta dónde podía resistirse antes de quedar en la calle.
Por eso las mujeres ocuparon un lugar central en las protestas y en la resistencia a los desalojos. El Archivo General de la Nación conserva fotografías que muestran aquella dimensión colectiva del conflicto y que permiten observar algo que muchas veces desaparece cuando la historia social se reduce a nombres de dirigentes y organizaciones: familias enteras participando de una disputa por el derecho a permanecer en su vivienda. En algunas de esas imágenes aparecen mujeres organizadas en los conventillos y en las calles, convirtiendo objetos cotidianos en herramientas de resistencia. De allí nació la denominación de “Huelga de las Escobas”, una expresión que terminó convirtiéndose en la imagen más recordada de aquel movimiento.
La presencia femenina también permite comprender por qué el conflicto tuvo una dimensión que excedía la relación contractual entre propietario e inquilino. La defensa del conventillo era, simultáneamente, la defensa de una comunidad, porque allí no vivía una persona aislada sino familias que compartían patios, pasillos, baños, cocinas y redes de solidaridad. Cuando llegaba una orden de desalojo, el problema afectaba a todo ese entramado. Las escobas, entonces, fueron mucho más que un símbolo pintoresco: representaron la entrada de las mujeres y de la vida cotidiana en el espacio público de la protesta, en una sociedad que todavía reservaba a los varones buena parte de las formas reconocidas de participación política.
Una ciudad que descubría que el alquiler también era una cuestión social
La huelga puso en evidencia una contradicción que atravesaría buena parte de la historia argentina: un país podía experimentar crecimiento económico y, al mismo tiempo, producir condiciones de vida profundamente desiguales para quienes sostenían ese crecimiento con su trabajo. El conflicto también mostró que los problemas habitacionales no podían ser reducidos a decisiones individuales, porque cuando una ciudad crecía más rápido que su capacidad de ofrecer viviendas adecuadas, el precio del techo terminaba convirtiéndose en un problema colectivo.
La reacción de las autoridades fue, en muchos casos, represiva. Los desalojos fueron ejecutados con presencia policial y quedaron registrados en fotografías conservadas por el Archivo General de la Nación y por el Archivo Nacional de la Memoria, donde pueden verse efectivos policiales interviniendo en conventillos y familias expulsadas de sus viviendas. La documentación histórica permite reconstruir así una escena en la que la discusión sobre el precio del alquiler terminó enfrentando a familias trabajadoras con propietarios y fuerzas del Estado.
Sin embargo, reducir aquella experiencia a una derrota sería desconocer su importancia histórica. La huelga contribuyó a instalar la cuestión de la vivienda dentro de la agenda de los conflictos sociales urbanos y mostró que los inquilinos podían organizarse colectivamente frente a condiciones que hasta entonces parecían formar parte del paisaje inevitable de la ciudad. El propio Departamento Nacional del Trabajo terminó estudiando las condiciones de los conventillos y dejó documentada la relación entre el aumento de los alquileres, el crecimiento demográfico y las deficiencias habitacionales.
Más de un siglo después, aquellas fotografías de mujeres levantando escobas en los patios de los conventillos conservan una potencia que excede ampliamente la anécdota. No muestran solamente a un grupo de habitantes enfrentándose a un aumento de alquileres en 1907: muestran el momento en que la vivienda dejó de ser entendida únicamente como un asunto privado y comenzó a ser reconocida como un problema social, atravesado por el salario, la especulación, la urbanización, la desigualdad y la capacidad de organización popular. En aquella Buenos Aires que se enorgullecía de su modernización, fueron precisamente quienes vivían en las habitaciones más pequeñas los que obligaron a mirar la cara menos celebrada del progreso. Y quizá por eso la imagen de aquellas escobas sigue siendo tan poderosa: porque recuerda que, mucho antes de que existieran las categorías contemporáneas para discutir el derecho a la vivienda, hubo trabajadores y, sobre todo, mujeres trabajadoras que comprendieron que un techo podía convertirse en una cuestión política cuando el precio para conservarlo comenzaba a ser incompatible con la propia vida.
