Los gobernadores Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora y Rogelio Frigerio le hicieron un gesto al círculo rojo y acordaron una medida conjunta para amortiguar el impacto del tarifazo energético sobre las industrias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.
El tema del costo energético fue uno de los reclamos de la Unión Industrial Argentina en el acto por el Día de la Industria a la que el gobierno libertario vació y no mandó a ningún funcionario. La tirantez dejó a la entidad al borde de la ruptura.
Tras el choque, las tres provincias anunciaro que financiarán en ocho cuotas los cargos retroactivos correspondientes al Mercado Eléctrico Mayorista que deben afrontar los Grandes Usuarios de la Distribuidora, conocidos como GUDI. El beneficio será voluntario y alcanzará a las empresas que adhieran al mecanismo.
«Esto es posible porque ninguna de las tres provincias privatizó la energía», explicó un alto funcionario santafesino a LPO. En efecto, el mecanismo se instrumentará a través de la EPE de Santa Fe, EPEC de Córdoba y Enersa de Entre Ríos, las distribuidoras que permanecen bajo control provincial.
Las empresas eléctricas emitirán una nota de crédito por la totalidad del cargo que debería pagar cada industria al vencimiento original. A partir del mes siguiente, incorporarán en las facturas las notas de débito correspondientes a cada una de las ocho cuotas.
Por ejemplo, en septiembre vencen cargos correspondientes al consumo de junio. La distribuidora dejará sin efecto ese pago mediante una nota de crédito y comenzará a cobrarlo en ocho cuotas mensuales desde octubre, explicaron desde Economía de Santa Fe.
Pullaro en el acto por el Día de la Industria
A su vez, el costo financiero quedará a cargo de las provincias. Como las distribuidoras deben pagarle de contado a Cammesa por la energía consumida, los tesoros provinciales cubrirán el descalce mediante una asistencia financiera reembolsable a sus respectivas empresas eléctricas.
La decisión marca una diferencia básica con el gobierno de Milei: Pullaro, Llaryora y Frigerio utilizarán recursos propios para sostener a las industrias y el tejido productivo de sus provincias, en esta oportunidad, para afrontar el fuerte incrementode tarifas eléctrica dispuesta por Cammesa.
«Las tres provincias brindarán asistencia financiera para que las industrias alcanzadas puedan pagar en cuotas los cargos correspondientes al Mercado Eléctrico Mayorista», anunció Pullaro. El gobernador sostuvo que la medida busca dar previsibilidad al ecosistema productivo.
Esto es posible porque ninguna de las tres provincias privatizó la energía. Las tres provincias brindarán asistencia financiera para que las industrias alcanzadas puedan pagar en cuotas los cargos correspondientes al Mercado Eléctrico Mayorista
Los gobernadores de la Región Centro venían reclamándole al gobierno nacional una solución para los grandes consumidores industriales. Ante la falta de una respuesta de la Casa Rosada, resolvieron avanzar con un esquema propio para aliviar la situación financiera de las fábricas y contener el impacto del tarifazo sobre la producción y el empleo.
En paralelo, Pullaro aprovechó el acto por el Día de la Industria en la Unión Industrial de Santa Fe para profundizar sus diferencias con Milei: «para este Gobierno, la industria es el principal aliado, porque genera valor agregado y empleo», afirmó el gobernador, que advirtió que una fábrica que cierra no puede reemplazarse porque detrás existen años de inversión, conocimiento acumulado y puestos de trabajo.
El santafesino cuestionó tanto al populismo como a las posiciones que proponen «liberalizarlo todo y dejar que el mercado regule». «No creo en ninguno de los dos», sostuvo Pullaro, que reclamó un modelo de desarrollo basado en mejores rutas, infraestructura energética, financiamiento y políticas públicas que acompañen al sector privado.
El gesto contrastó con la decisión de Milei de vaciar el acto de la Unión Industrial Argentina, donde no participó ningún funcionario nacional de primera línea. Mientras la Casa Rosada profundiza la apertura económica y el ajuste sobre la producción, Pullaro buscó mostrarse junto a los empresarios y reivindicó una identidad productivista: «Para generar igualdad, no hay que distribuir plata; hay que generar desarrollo productivo».
ALIVIO PARA EL SECTOR INDUSTRIALLos gobiernos de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe acordaron una medida conjunta para seguir acompañando a quienes producen, invierten y generan trabajo en la región.Las tres provincias brindarán asistencia financiera para que las industrias…
El Senado debate cambios al Súper RIGI para atraer megacentros de datos e inversiones en inteligencia artificial. La gran pregunta: ¿qué gana Argentina?
Por Ignacia Fratelint para NLI
La Argentina está a punto de tomar una decisión que puede parecer, a primera vista, una cuestión técnica reservada para especialistas en tecnología, energía y legislación tributaria, pero que en realidad toca uno de los debates económicos más importantes de los próximos años: qué quiere hacer el país con su energía, sus recursos naturales y su infraestructura cuando la inteligencia artificial se convierta en uno de los mayores consumidores eléctricos del planeta. El proyecto conocido como Súper RIGI, que busca avanzar esta semana en el Senado con modificaciones negociadas por el oficialismo con bloques aliados, incorpora entre sus objetivos la llegada de grandes inversiones vinculadas con centros de datos, inteligencia artificial, semiconductores y otras actividades consideradas estratégicas. El Gobierno sostiene que se trata de una oportunidad para atraer capitales hacia industrias que todavía no tienen desarrollo comercial significativo en el país, mientras sus críticos advierten que los beneficios fiscales pueden terminar subsidiando emprendimientos de enorme consumo energético cuyo impacto sobre el empleo y el entramado productivo nacional podría ser mucho menor del que promete el discurso oficial.
La discusión adquirió especial intensidad en las últimas horas porque uno de los puntos que el oficialismo aceptó modificar está relacionado precisamente con el abastecimiento energético de los megacentros de datos. La cuestión no es menor: entrenar y operar modelos avanzados de inteligencia artificial requiere instalaciones capaces de procesar cantidades gigantescas de información durante períodos prolongados, y esas instalaciones necesitan electricidad de manera permanente, con niveles de demanda que pueden convertir a un único proyecto en un consumidor energético de escala comparable con grandes establecimientos industriales. Las modificaciones negociadas en el Senado buscan establecer condiciones específicas para esos emprendimientos, en particular respecto de quién debe garantizar la energía necesaria para ponerlos en funcionamiento, en un momento en que la infraestructura eléctrica argentina todavía enfrenta restricciones y necesita inversiones considerables para acompañar cualquier salto significativo de la demanda.
La nueva frontera no es el petróleo: es la electricidad
Durante buena parte del siglo XX, las grandes disputas económicas internacionales estuvieron relacionadas con el acceso al petróleo. En el siglo XXI, esa competencia continúa, pero empieza a complementarse con otra disputa cada vez más evidente: quién tendrá acceso a suficiente energía para sostener la infraestructura digital que mueve la nueva economía. Un centro de datos no se parece a una oficina llena de computadoras; es una instalación industrial donde miles de servidores funcionan simultáneamente, procesando información y generando calor que debe ser disipado de manera constante, razón por la cual la disponibilidad de electricidad barata, abundante y relativamente estable se convirtió en uno de los factores decisivos para decidir dónde instalar este tipo de infraestructura.
Argentina tiene algunos elementos que la vuelven atractiva para esa carrera. Posee gas natural abundante en Vaca Muerta, potencial hidroeléctrico, capacidad creciente de generación renovable, disponibilidad territorial y una comunidad científica y tecnológica con experiencia en áreas vinculadas con software, inteligencia artificial y servicios basados en conocimiento. El atractivo, por lo tanto, no es inventado: existe una oportunidad real. El problema es determinar qué condiciones debe establecer el Estado para que esa oportunidad tecnológica no termine reducida a la explotación de una ventaja energética.
El proyecto oficial busca precisamente aprovechar esa combinación. Según la información difundida sobre el Súper RIGI, el régimen apunta a actividades que todavía no cuentan con desarrollo comercial previo en el país o que se encuentran en fases experimentales o piloto, incluyendo megacentros de datos destinados al entrenamiento de modelos de inteligencia artificial y otras industrias tecnológicas. Para acceder al régimen se plantea un umbral de inversión de 1.000 millones de dólares, lo que coloca el programa en una escala muy diferente de la de las políticas tradicionales destinadas a pequeñas y medianas empresas.
La pregunta, entonces, no debería ser simplemente si Argentina quiere tener centros de datos. Por supuesto que debería interesarle desarrollar infraestructura digital propia y atraer inversiones tecnológicas. La cuestión verdaderamente relevante es bajo qué condiciones esas inversiones se incorporarán a la economía argentina.
Porque un centro de datos puede estar físicamente ubicado en nuestro territorio, consumir energía producida aquí y utilizar infraestructura nacional sin necesariamente generar un ecosistema industrial comparable al de una fábrica tradicional. Su principal activo son los servidores, el software, los sistemas de refrigeración, la conectividad y el capital tecnológico, y una vez construido puede funcionar con una cantidad de trabajadores relativamente reducida respecto de la magnitud de la inversión involucrada.
Eso no significa que carezca de impacto laboral o económico. Puede generar empleo especializado, demandar servicios, ampliar la infraestructura de telecomunicaciones y atraer otras inversiones. Pero no es razonable equiparar automáticamente 1.000 millones de dólares invertidos en infraestructura digital con 1.000 millones invertidos en una cadena industrial intensiva en empleo.
El punto que incomoda: ¿quién paga la energía?
Aquí aparece el cambio que el Senado está discutiendo y que probablemente sea uno de los aspectos más importantes del debate. Los grandes centros de datos necesitan energía en cantidades extraordinarias y, si su llegada implica aumentar significativamente la demanda eléctrica, la pregunta inevitable es quién asumirá el costo de esa expansión de infraestructura.
La modificación negociada por el oficialismo incorpora justamente la cuestión de que los proyectos electrointensivos, especialmente los vinculados con inteligencia artificial, puedan tener que garantizar su propio abastecimiento energético. La diferencia parece técnica, pero en realidad expresa una discusión política de fondo: si una empresa decide instalar en Argentina una infraestructura que demanda enormes cantidades de electricidad, ¿debe esa empresa adaptar su consumo a la capacidad existente o debe el sistema eléctrico argentino adaptarse para satisfacer sus necesidades?
La diferencia puede traducirse en miles de millones de dólares de inversión pública o privada.
Una cosa es que un centro de datos se instale utilizando capacidad eléctrica disponible y pagando por ella como cualquier otro usuario industrial. Otra muy diferente es que para abastecerlo sea necesario construir nuevas líneas de transmisión, ampliar subestaciones, desarrollar generación adicional o modificar redes que también utilizan hogares, comercios y pequeñas industrias.
Por eso el debate energético no puede quedar separado del debate tributario. Si el Estado concede beneficios fiscales extraordinarios para atraer una inversión y además debe realizar inversiones en infraestructura para que esa inversión pueda funcionar, la rentabilidad privada del proyecto puede estar acompañada por un costo público que no aparece en el anuncio inicial de los millones de dólares comprometidos.
La cuestión tampoco consiste en rechazar toda inversión tecnológica. Al contrario: Argentina necesita desesperadamente ampliar su infraestructura digital y aprovechar el conocimiento que produce. Pero una política industrial seria debería preguntarse qué condiciones permiten que una inversión extranjera se convierta en una plataforma para desarrollar proveedores nacionales, formar trabajadores especializados, generar investigación local y aumentar la capacidad tecnológica del país.
Si la respuesta es que solamente traerá servidores y consumirá electricidad, el resultado será bastante diferente.
El riesgo de convertirse en una enorme usina para otros
Existe una tentación comprensible detrás de la propuesta: Argentina posee un recurso que el mundo necesita —energía relativamente barata en comparación con otros mercados— y existe una industria global que necesita cada vez más electricidad. ¿Por qué no aprovecharlo?
La respuesta puede encontrarse en una palabra que América Latina conoce demasiado bien: enclave.
Un enclave económico aparece cuando una actividad productiva está integrada principalmente hacia afuera, utiliza recursos locales pero mantiene buena parte de sus decisiones, tecnología y beneficios fuera del territorio donde opera. Históricamente, América Latina conoció esa lógica con la minería, los grandes complejos agroexportadores y los hidrocarburos. El desafío contemporáneo consiste en evitar que la economía digital reproduzca exactamente el mismo esquema bajo una apariencia completamente diferente.
Un megacentro de datos podría convertirse en una pieza de una estrategia tecnológica nacional si se articula con universidades, empresas argentinas, centros de investigación, proveedores locales, formación profesional y desarrollo de software. También podría generar una demanda energética que impulse nuevas inversiones en generación y transmisión, beneficiando al conjunto del sistema. Pero también podría terminar funcionando simplemente como una enorme infraestructura privada conectada a los recursos energéticos argentinos para prestar servicios digitales a consumidores ubicados en otros países.
En ambos casos habría inversión. En ambos casos habría exportaciones. En ambos casos podrían aparecer cifras millonarias en los anuncios oficiales. Pero el impacto estructural sobre el país sería completamente distinto.
Ese es precisamente el tipo de diferencia que una ley de promoción de inversiones debería contemplar.
El espejismo de medir el éxito solamente en dólares
El RIGI original permite observar ya una primera experiencia. Según un seguimiento basado en datos oficiales del Boletín Oficial, hacia fines de agosto había 22 proyectos aprobados por unos 47.074 millones de dólares, con una estimación de 95.975 empleos directos e indirectos, aunque esos compromisos se encuentran en distintas etapas de ejecución y no equivalen a dinero ya ingresado o a puestos de trabajo efectivamente creados.
La diferencia entre inversión comprometida, inversión efectivamente ejecutada y actividad económica generada resulta fundamental para evaluar cualquier régimen de incentivos. Un proyecto puede anunciar una inversión gigantesca que se desarrollará durante una década y generar relativamente pocos empleos directos una vez que entre en funcionamiento. Eso no convierte al proyecto en negativo, pero obliga a medirlo por sus resultados reales y no solamente por el número que aparece en el comunicado de prensa.
El problema aparece cuando los beneficios fiscales se conceden durante períodos prolongados y la sociedad debe esperar décadas para comprobar si el crecimiento prometido efectivamente se produjo.
Ese es uno de los puntos que hacen especialmente sensible al Súper RIGI. El propio Gobierno lo presenta como una herramienta destinada a industrias que prácticamente no existen todavía en Argentina y busca ofrecer condiciones capaces de atraer inversiones que, de otro modo, podrían dirigirse hacia otros países.
La competencia internacional existe y Argentina no puede ignorarla. Pero competir por inversiones no significa necesariamente ofrecer las mayores ventajas posibles. También significa construir una propuesta que resulte atractiva porque combina recursos naturales, infraestructura, talento, estabilidad normativa y un mercado capaz de generar valor.
Una política tecnológica inteligente debería intentar que el centro de datos sea solamente el primer eslabón, no el producto final.
Si llegan servidores pero no se desarrolla industria nacional alrededor de ellos, la oportunidad será limitada. Si llega capital pero no aumenta la formación tecnológica, el efecto será menor. Si se consume energía pero no se fortalece el sistema eléctrico, el costo puede terminar socializándose. Y si se conceden beneficios tributarios extraordinarios sin mecanismos claros para evaluar resultados, el Estado puede quedar comprometido durante años con una inversión cuyo impacto económico real sea difícil de medir.
La Argentina ante una decisión que va mucho más allá del Súper RIGI
El debate que atraviesa al Senado esta semana puede parecer una discusión más dentro de la larga lista de reformas económicas del Gobierno, pero en realidad anticipa una cuestión que va a acompañar a la Argentina durante las próximas décadas. La inteligencia artificial necesita territorio, energía, agua, minerales, infraestructura y trabajadores, aunque su producto final parezca completamente inmaterial.
Detrás de cada consulta que hacemos a una herramienta de inteligencia artificial existe una infraestructura física gigantesca que consume electricidad, necesita refrigeración, requiere redes de transmisión de datos y depende de equipos fabricados con minerales y componentes provenientes de distintas partes del mundo. La nube, en definitiva, no está en el aire: está en edificios, cables, centrales eléctricas y servidores.
Por eso Argentina debería discutir su estrategia tecnológica con la misma seriedad con la que discute su estrategia energética. Tener gas y electricidad disponibles puede convertirse en una ventaja extraordinaria, pero vender energía barata para que otros países procesen sus datos no es necesariamente lo mismo que construir una economía tecnológica nacional.
El verdadero desafío consiste en conseguir que la infraestructura digital genere capacidades que permanezcan en el país incluso si mañana cambian las empresas, las plataformas o las tecnologías. Eso significa universidades fortalecidas, científicos trabajando, técnicos capacitados, proveedores locales, empresas argentinas capaces de integrarse a cadenas globales y un Estado con capacidad para establecer reglas que protejan el interés público sin cerrar la puerta a la inversión.
La Argentina tiene una oportunidad concreta. Sería absurdo negarla por prejuicio ideológico o por temor a cualquier participación extranjera. Pero sería igualmente equivocado aceptar que cualquier inversión es automáticamente buena por el solo hecho de traer dólares.
Porque la historia económica ofrece demasiados ejemplos de países que confundieron tener un recurso valioso con saber desarrollarlo.
La inteligencia artificial puede convertirse en una nueva frontera productiva para Argentina, pero solamente si el país decide qué quiere hacer con ella. Puede ser una oportunidad para transformar energía en conocimiento, conocimiento en industria y tecnología en empleos de calidad; o puede convertirse simplemente en otro mecanismo mediante el cual nuestros recursos naturales alimenten negocios cuyo mayor valor agregado se genera lejos de nuestras fronteras.
El Súper RIGI no resolverá por sí solo esa disyuntiva. Una ley de incentivos puede atraer inversiones, pero no puede reemplazar una política tecnológica, energética e industrial. Esa política todavía está por construirse.
Y quizás por eso el debate más importante no sea cuánto dinero promete cada megacentro de datos, sino qué parte de esa nueva economía queremos que quede efectivamente en la Argentina cuando los servidores se enciendan, las máquinas comiencen a procesar millones de operaciones y la electricidad producida aquí empiece a alimentar la inteligencia artificial del mundo.
Rodeado de las figuras más importantes del entramado productivo bonaerense, Axel Kicillof trazó un oscuro diagnóstico de la situación industrial y les advirtió a los referentes de cámaras sectoriales que es «la macro de Milei lo que los está fundiendo».
«El objetivo de Milei es desindustrializar el país. Es un objetivo central, constitutivo. Lo que yo les quiero decir es que no es que algo está andando mal. La política económica está funcionando en el sentido de dar los frutos esperados. Está quebrándolos a todos ustedes. Ese es el objetivo», dijo el gobernador durante el acto por el Día de la Industria.
La actividad se realizó en Morón, en el Parque Industrial Tecnológico Aeronáutico, y hubo una particularidad: diez industriales pudieron expresar frente a Kicillof y sus ministros los problemas que atraviesa su sector.
«Milei quiere cambiar la matriz industrial histórica. Ese es uno de los puntos centrales. Yo creo que el famoso proyecto económico y la batalla cultural tiene como eje central la desindustrialización de la Argentina», dijo el gobernador.
Hubo algunos contrapuntos, incluso entre los propios industriales. El flamante presidente de UIPBA, Alejandro Gentile, volvió a plantear la necesidad de eliminar Ingresos Brutos, un planteo que días atrás el industrial de Techint le llevó al propio Kicillof.
«Bajo ningún punto de viste buscamos achicar el Estado. Lo que queremos es acercar una propuesta para mejorar lo más rápido posible la situación de las PyMES», dijo y aclaró que «el peor de los males para la industria es la caída del consumo, el contrabando, la competencia desleal y China».
Milei quiere cambiar la matriz industrial histórica. Ese es uno de los puntos centrales. El proyecto económico y la batalla cultural tiene como eje central la desindustrialización de la Argentina.
Curioso, cuanto tocó el turno de Fernando Mutti, representante de Fenaba, le salió al cruce a Gentile. «Yo entiendo que hay que ir a una reforma tributaria, me encantaría no pagar ningún impuesto pero hay que cuidar a la provincia de Buenos Aires», dijo.
Mutti lanzó varios elogios al gobernador y contó que gracias al gobierno provincial consiguió su empresa consiguió invertir en una maquina abocardadora (una máquina que utiliza para ensanchar de forma cónica el extremo de un tubo) que mandó a pedir a China. «Conseguimos el financiamiento gracias al gobierno bonaerense porque cuando el Estado se pone la camiseta de la industria, suceden cosas maravillosas», dijo.
Le siguió Pablo Gaspari, representante de la Cámara de Industriales Fundidores (CIFRA) quien no dudó en cruzar a Mutti por comprar en China lo que se puede fabricar en Argentina. «A mí me hubiese gustado que la abocardadora que compraron los de Fenaba se fabrique en Argentina. Acá tenemos la capacidad para fabricar la mayoría de las máquinas que necesita la industria», dijo. Gaspari además cruzó algunos números que mostró el ministro de Producción, Augusto Costa, al inicio del acto: «Nuestros números no coindicen con los de la provincia, son peores», le dijo.
El gobernador descartó la posibilidad de hacer cambios en Ingresos Brutos y citó un estudio de la Fundación FADA que establece que el 94% de los impuestos son nacionales. «Podemos hablar uno, dos o tres puntos menos de Ingresos Brutos pero no va a cambiar la ecuación», dijo.
Cuando escucho a los industriales decir: ‘bueno, pero la macro está bien’, siento que prácticamente es un daño autoinfligido.
Kicillof planteó que no se trata de libre mercado sino que las políticas del gobierno son decisiones deliberadas. «Se trata de la intervención del Estado. Hay un Estado fuerte que interviene en la economía para generar esta política económica que es de desindustrialización. Otra gran mentira. ¿Qué libre mercado? Si son todas decisiones del Estado desindustrializar», dijo el gobernador.
«Es la macro de Milei. La famosa macro que, teóricamente, anda bien tiene como objetivo desindustrializar el país», dijo Kicillof y siguió con una críticas hacia los industriales que festejan la macroeconomía del gobierno libertario.
«Cuando los escucho decir: ‘bueno, pero la macro está bien’, siento que prácticamente es un daño autoinfligido. Dicen ‘bueno, habría que cambiar tal cosa, pero dejemos la macro’. Es la macro lo que los está fundiendo».
El intendente de La Plata, Julio Alak, participó del Congreso Federal de Ciudades Inteligentes «Urban Cities», realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde planteó la necesidad de avanzar hacia un nuevo pacto fiscal para la Argentina que permita una distribución más equitativa de los recursos entre todas las provincias.
«Nuestro país necesita un nuevo pacto fiscal que garantice una distribución justa y equitativa de la coparticipación federal, dando respuestas a las necesidades de cada provincia y municipio», dijo el jefe comunal platense.
La provincia sufre una discriminación sistemática por parte del Gobierno nacional ya que aporta el 40% de los recursos nacionales y recibe apenas el 8%
Alak formó parte del panel «Federalismo desde los gobiernos locales: desafíos comunes y soluciones concretas», junto al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y los intendentes de Vicente López, Soledad Martínez; Córdoba, Daniel Passerini; San Juan, Susana Laciar; y San Salvador de Jujuy, Raúl «Chuli» Jorge.
«La provincia sufre una discriminación sistemática por parte del Gobierno nacional ya que aporta el 40% de los recursos nacionales y recibe apenas el 8%», ratificó el jefe comunal platense.
Durante su exposición, sostuvo que resulta necesario revisar el actual esquema de distribución de los recursos nacionales y reclamó un federalismo que contemple las necesidades y responsabilidades que afrontan los gobiernos provinciales y municipales.
El encuentro fue organizado por el Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y participaron 300 intendentes de todo el país.
La tensión entre la industria y el gobierno de Javier Milei terminó abriendo una interna feroz dentro de la propia central fabril. En pocas horas, Guillermo Moretti acusó a Luis Caputo de ser un «trader que no sabe lo que es un torno», Martín Rappallini reclamó por la caída de la actividad y el costo de la energía, Caputo respondió que no gobierna para «determinados empresarios» y, cuando todavía quedaba humo sobre el campo de batalla, el presidente de la UIA salió a desautorizar a su vicepresidente.
La secuencia arrancó apenas una hora antes del acto oficial por el Día de la Industria. Moretti, uno de los vicepresidentes de la UIA y referente industrial de Santa Fe, decidió romper todos los diques. «Esta gente no conoce el país y no conoce lo que es la industria, no tiene idea», afirmó en una entrevista concedida a El Destape. Y apuntó directamente contra Caputo: «Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno». También cuestionó el crecimiento del patrimonio del ministro y sostuvo que sus finanzas personales habían aumentado «un 37% en dólares» mientras la Argentina se endeudaba.
Moretti fue bastante más lejos que la posición institucional que venía preparando la UIA. Habló directamente de «una política de desindustrialización» y vinculó la supervivencia fabril con las escuelas técnicas, las universidades, el CONICET y el INTI. También puso el foco sobre la diferencia entre los sectores beneficiados por el modelo. «Hay sectores en los que este Gobierno está apostando muy fuerte, el tema de la minería, energía y el petróleo», dijo, mientras describió a la industria manufacturera en una situación «muy difícil».
El clima ya venía cargado desde la víspera. Rappallini había anticipado que preparaba un discurso duro para el Día de la Industria y el Gobierno respondió vaciando políticamente el encuentro. El acto se hizo en la planta del Laboratorio Elea, en Malvinas Argentinas, ante unos 200 industriales y sin funcionarios nacionales de primera línea.
Sin embargo, cuando Rappallini subió al escenario, su discurso terminó pareciendo moderado al lado de la descarga de Moretti. El presidente de la UIA presentó números muy duros: la producción industrial está 10% por debajo de 2022, hay ramas con caídas de entre 25% y 30% y desde agosto de 2023 se perdieron 90.000 empleos asalariados registrados. «La economía no puede medirse solamente por la evolución de la inflación. Tenemos que mirar la actividad», afirmó.Ese punto toca uno de los nervios del programa económico de Caputo.
Rappallini destacó que durante los últimos dos años los precios industriales subieron alrededor de 140%, contra un incremento cercano al 190% del nivel general y del 400% en los servicios. «La industria le está poniendo el hombro en la estabilización», dijo.
Guillermo Moretti
El reclamo más concreto apareció con la energía. Rappallini denunció que numerosas empresas, especialmente pymes, recibieron facturas de gas y electricidad que se multiplicaron entre tres y cinco veces. La UIA atribuye parte del salto a la decisión oficial de trasladar a los industriales el diferencial generado por el costo de importación de energía y viene reclamando un mecanismo de compensación. «Seguimos aguardando una respuesta», lanzó.
Al mismo tiempo pidió que Vaca Muerta no sea únicamente una plataforma para exportar hidrocarburos sino también una palanca para exportar producción industrial argentina.
La central fabril desplegó además una agenda de siete puntos: recuperación de actividad y crédito, reducción del costo argentino, defensa frente a la competencia desleal, energía, morosidad, infraestructura y modernización laboral. Rappallini pidió un «puente» entre la economía que queda atrás y la economía competitiva que pretende construir Milei.
También reclamó un pacto fiscal industrial para reducir impuestos nacionales, provinciales y municipales y advirtió que en algunos sectores los productos ingresados por circuitos irregulares representan entre 30% y 50% del mercado. «Esto lejos está de ser libre mercado», afirmó.
Caputo no dejó pasar el desafío. Horas después, durante el foro Vientos de Cambio, defendió el programa económico y rechazó el diagnóstico industrial. «El camino en el que estamos es el correcto. Estamos en un proceso de reconversión», afirmó. Después trazó la frontera política de la discusión: «El mío como ministro es defender el interés de todos los argentinos, no el de algunos o el de alguien en particular».
El ministro endureció todavía más la respuesta. Dijo que el modelo anterior había protegido empresarios mediante subsidios en energía, tipo de cambio y precios, y aseguró que la economía ahora crecerá «en dos velocidades». Sobre Moretti fue tajante: «El feedback de las industrias no es el que dijo hoy el vice de la UIA». Según Caputo, muchos empresarios entienden que llegó el momento de «reconvertirse» e invertir. «Si no nos adaptamos al mundo, cerremos las fronteras», resumió.
Milei completó la pinza esa misma tarde. En el mismo foro descartó cualquier flexibilización del programa por razones electorales. «El resultado fiscal no se negocia», afirmó. Y agregó: «No vamos a negociar la política monetaria porque no vamos a parar hasta terminar de derrotar la inflación». El Presidente condensó su posición en una frase que dejó poco margen para las demandas industriales: «Las buenas políticas no se negocian».
Pero cuando parecía que la historia quedaba reducida al choque entre el Gobierno y los industriales, apareció el capítulo más incómodo para la UIA. Rappallini salió públicamente a despegarse de Moretti. Y lo hizo con una dureza que llamó la atención.
Después llegó la estocada. En LN+, Rappallini buscó bajar la temperatura y se mostró mucho más conciliador con el Gobierno. «Nosotros estamos de acuerdo con el orden macroeconómico, estamos de acuerdo con el equilibrio fiscal, estamos de acuerdo con bajar la inflación», afirmó. Y aclaró que la discusión con Caputo pasa por la economía real: «Lo que planteamos es que ahora tenemos que crecer».
También buscó quitarle amortiguar el choque: «No estamos en contra del Gobierno, estamos planteando una agenda industrial». Rappallini defendió además el rumbo general y sostuvo que «hay muchas cosas que se hicieron bien», aunque advirtió que «la actividad está claramente amesetada».
Rappallini sostuvo que Moretti «puede tener su propia mirada», pero aclaró que sus declaraciones representan «una posición personal o provincial, no la posición institucional de la UIA». Incluso recordó que la entidad tiene ámbitos internos para procesar las diferencias antes de expresarlas hacia afuera. El presidente de la central fabril terminó marcándole los límites a su vicepresidente en público.
El contraste con Moretti quedó expuesto. El presidente de la UIA se preocupó por dejar un puente tendido hacia Economía.
Hay además un dato que vuelve más delicada la posición de Rappallini frente al Gobierno. El empresario es inversor del Proyecto San Jorge Cobre Mendocino, la mina de cobre y oro de Uspallata que ingresó al RIGI. El proyecto había sido presentado inicialmente por unos 630 millones de dólares y finalmente fue aprobado con una inversión total proyectada de 891 millones de dólares
La pelea con Caputo dejó así una grieta expuesta dentro de la principal organización industrial del país. Moretti pateó el tablero, Rappallini trató de ordenar las piezas y el Gobierno aprovechó para reafirmar que no piensa modificar el rumbo.
Javier Milei dijo que él tiene su futuro asegurado dando conferencias y que si los argentinos no lo votan el año que viene se estarán «suicidando» como sociedad.
El presidente lanzó esa mirada apocalíptica en el cierre del evento «Vientos de cambio», organizado por la Fundación Libertad y Progreso en el hotel Sheraton de Retiro.
«No puede ser que nos traguemos todas las mentiras de este conjunto de delincuentes», dijo en otro ataque a los periodistas. «Digo, no porque afecten a mi persona, miren, yo les digo algo: yo voy a seguir haciendo lo que me comprometí, yo ya tengo mi futuro asegurado, es decir, yo haciendo lo que corresponde, estoy asegurando mi futuro. Voy a vivir de dar conferencias, ya no es un problema mío, lo estoy diciendo por los propios argentinos», dijo el presidente.
«Esta vez, ustedes van a tener las ideas de la libertad, las ideas del progreso, las ideas de la prosperidad. Del otro lado, van a tener el modelo decadente. Y esta vez no solo les vamos a tirar las ideas por la cabeza, sino que además les vamos a tirar los datos. Si no ganamos, es porque como sociedad estamos decidiendo suicidarnos. Ahora, todo lo que estaba a mi alcance y de mi equipo lo estamos haciendo», dijo Milei.
«Si nosotros no mostramos resultados se hace difícil acompañar», dijo el jefe de Estado, en otro tramo de la conferencia en la que se contradijo de manera atroz.
En esa línea, Milei remarcó que la ciudadanía necesita constatar mejoras reales para volver a acompañarlo en las urnas, y pidió dar la «batalla cultural».
«Se necesita la batalla cultural, se necesita el músculo político y la gestión al momento de llegar al poder, porque si no tenemos resultados, también estamos en problemas», dijo.
