Dos encuestas nacionales realizadas en los últimos días de julio muestran que Javier Milei está lejos de un triunfo en primera vuelta en las elecciones de 2027 y con el peronismo cerca de dejarlo segundo.
LPO accedió a los sondeos de las consultoras Zuban Córdoba y CB Global Data, que tienen proyecciones similares respecto al escenario electoral del año que viene.
En ambas encuestas Milei está lejos del 40% de los votos, el primer requisito que establece el sistema electoral para ganar en primera vuelta. Además de ese 40%, el candidato ganador necesita sacarle diez puntos de diferencia al segundo. Mucho más lejos está Milei del 45% que le daría la reelección automáticamente.
En la encuesta de CB Global Data, Milei lidera la intención de voto con un 32,4 por ciento contra 15,2% de Cristina Kirchner y 14,7% de Axel Kicillof, en un escenario de división del peronismo. Ambas opciones sumadas dan un 29,9%, a dos puntos y medio de Milei, es decir que la diferencia estaría dentro de un margen de error.
La consultora que dirige Cristian Buttié también midió un escenario de ballotage, donde Kicillof queda mejor posicionado que Cristina. En el primer caso, Milei aventaja al gobernador con 43% contra 41,6% y casi 9 puntos de indecisos. En el segundo escenario, el libertario le ganaría a la expresidenta por 44,88% contra 39% y los indecisos bajan a 4,5.
En la encuesta de Zuban Córdoba, la consulta es por espacios políticos y no por candidatos, pero los números son similares. La diferencia principal es que el peronismo como espacio supera a La Libertad Avanza en los dos escenarios que mide.
La consultora de Paola Zuban y Gustavo Córdoba parte de la hipótesis de un peronismo unido. En el primer escenario, el peronismo tiene 31,3% de intención de voto contra 28% de La Libertad Avanza y 6,8% del PRO. En el segundo escenario, sin el PRO, el peronismo lidera con 35,3% contra 33,8 de LLA.
Este trabajo también marca que la desaprobación del gobierno nacional llega al 65,3% y la imagen negativa de Milei trepa al 61%. En línea con eso, el 61,9% dice que votaría por un cambio de gobierno en 2027.
El Gobierno de Milei anunció inspecciones en escuelas durante el paro docente para controlar el cumplimiento del servicio educativo. La Provincia de Buenos Aires rechazó la medida y advirtió sobre una invasión de competencias federales.
Por Redacción de NLI
El conflicto docente sumó un nuevo capítulo y dejó expuesta una disputa más profunda sobre el rol del Estado nacional y el federalismo educativo argentino. En el marco del paro nacional convocado por los gremios docentes, el Gobierno de Javier Milei anunció que desplegará inspecciones en establecimientos educativos de todo el país para verificar el cumplimiento de un supuesto piso mínimo de funcionamiento del servicio educativo. La decisión generó una fuerte reacción de la Provincia de Buenos Aires, que advirtió que la administración nacional pretende avanzar sobre facultades que corresponden a las jurisdicciones provinciales.
La medida impulsada por el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, se ampara en la declaración de la educación como servicio esencial establecida por la Ley 27.802, una de las normas impulsadas por el oficialismo dentro de su agenda de reforma laboral. Según explicó el Gobierno, los controles buscarán constatar que durante la huelga se garantice el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, y advirtió que ante eventuales incumplimientos podrían aplicarse sanciones a las organizaciones sindicales.
Pero detrás de la discusión sobre el porcentaje de clases garantizadas aparece una cuestión institucional de fondo: quién tiene autoridad sobre las escuelas argentinas. Desde la reforma constitucional de 1994, la educación es una competencia compartida, pero la administración directa de los establecimientos educativos corresponde principalmente a las provincias. En ese marco, el gobierno bonaerense cuestionó que funcionarios nacionales ingresen a escuelas provinciales para realizar controles sin coordinación con las autoridades educativas locales, interpretando la decisión como una avanzada sobre atribuciones propias.
El conflicto educativo detrás del operativo nacional
El paro docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) no surge únicamente por una discusión salarial. El reclamo gremial incluye la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el financiamiento educativo y mayores recursos para infraestructura, conectividad, becas y programas escolares.
La eliminación de transferencias nacionales hacia las provincias fue uno de los puntos centrales del deterioro de la relación entre el Gobierno nacional y los gobernadores. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, la administración libertaria redujo programas educativos financiados desde Nación y dejó en manos de las provincias mayores responsabilidades presupuestarias, en un contexto donde muchas jurisdicciones denuncian dificultades para sostener salarios y servicios básicos.
La respuesta oficial, en lugar de abrir una instancia de negociación, fue trasladar la discusión al terreno del control y la sanción. El Ministerio de Capital Humano anunció operativos de inspección y planteó que, si se detectan incumplimientos, se activarían mecanismos sancionatorios contra los gremios. Para el Gobierno, la prioridad es garantizar el derecho a la educación; para los sindicatos, la estrategia oficial busca limitar el derecho constitucional a la protesta frente a una pérdida salarial y un ajuste sobre el sistema educativo.
Buenos Aires rechaza la presencia de inspectores nacionales
La Provincia de Buenos Aires, que concentra la mayor matrícula educativa del país, fue una de las primeras jurisdicciones en rechazar el mecanismo. Desde el gobierno de Axel Kicillof señalaron que la Nación no puede disponer unilateralmente controles dentro de escuelas que dependen de la administración provincial, ya que la gestión cotidiana del sistema educativo está bajo responsabilidad de cada distrito.
La disputa tiene una dimensión política evidente. Desde el inicio de su gestión, Milei construyó una narrativa donde el Estado nacional debe reducir su intervención y limitarse a funciones consideradas esenciales. Sin embargo, en el caso educativo, el Ejecutivo nacional decidió adoptar una postura activa de supervisión sobre estructuras administradas por las provincias, generando una contradicción entre el discurso de descentralización y una práctica de mayor intervención.
El episodio también vuelve a poner sobre la mesa una tensión histórica del federalismo argentino: mientras la Nación conserva capacidad de establecer políticas generales y distribuir recursos, son las provincias las que sostienen la infraestructura educativa, pagan buena parte de los salarios docentes y administran las escuelas. La disputa por las inspecciones no es solamente administrativa; es una discusión sobre el equilibrio de poder entre el Gobierno central y los territorios.
Una pelea que excede al paro docente
El conflicto educativo se inscribe dentro de una serie de enfrentamientos entre el Gobierno nacional y sectores estatales que cuestionan el impacto del ajuste. La Casa Rosada intenta presentar cada protesta como una resistencia corporativa frente a sus reformas, mientras que los gremios sostienen que se trata de una reacción frente a la pérdida del poder adquisitivo y el debilitamiento de políticas públicas.
En este escenario, el paro docente se convirtió en un nuevo punto de choque entre dos modelos de país. Por un lado, un oficialismo que plantea que el Estado debe intervenir menos y aplicar reglas de mercado y disciplina fiscal. Por otro, sectores sindicales y gobiernos provinciales que reclaman que la educación sea considerada una inversión estratégica y no solamente un servicio sujeto a restricciones presupuestarias.
La decisión de enviar inspectores nacionales a escuelas provinciales agrega un nuevo capítulo a esa disputa. Más allá del resultado concreto del operativo, el conflicto deja una pregunta abierta sobre los límites del poder nacional en un sistema educativo federal y sobre cómo se resolverán las diferencias cuando las políticas de ajuste choquen con las estructuras históricas del Estado argentino.
La reforma impulsada por el Gobierno nacional presenta al practicaje como un servicio costoso que debe abrirse a la competencia. Sin embargo, detrás de esa definición existe una profesión altamente especializada, indispensable para el funcionamiento de los puertos de todo el mundo y cuya desregulación genera preocupación entre especialistas en navegación. Cómo opera realmente el sistema, por qué ningún capitán puede reemplazar fácilmente a un práctico y qué riesgos plantea el Decreto 690/2026 para el principal complejo exportador argentino.
Por Tomás Palazzo para NLI
Durante los últimos días, millones de argentinos escucharon por primera vez hablar de los prácticos de puerto. El conflicto desatado tras la publicación del Decreto 690/2026, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, derivó en una medida de fuerza que paralizó el ingreso y la salida de buques en buena parte del sistema portuario nacional. Sin embargo, la cobertura mediática se concentró casi exclusivamente en el enfrentamiento entre el Gobierno y los profesionales del sector, dejando de lado una pregunta mucho más importante: ¿qué hace realmente un práctico y por qué prácticamente todos los países marítimos del mundo consideran indispensable su trabajo? La respuesta permite comprender que la discusión excede ampliamente una cuestión gremial o tarifaria y se introduce en un terreno mucho más sensible: la seguridad de la navegación, la protección ambiental y el funcionamiento del comercio exterior de un país cuya economía depende, en gran medida, de las exportaciones que salen por la Hidrovía Paraná-Paraguay.
La lógica con la que el Gobierno abordó esta reforma no es nueva. Desde su llegada al poder, Milei y Sturzenegger vienen impulsando una profunda desregulación de múltiples actividades bajo una misma premisa: cuando existen pocos oferentes, la competencia es insuficiente y los precios son elevados, el Estado debe eliminar restricciones para permitir el ingreso de nuevos actores. Esa mirada puede resultar razonable cuando se trata de mercados comerciales tradicionales. Sin embargo, comienza a mostrar importantes limitaciones cuando se traslada mecánicamente a actividades cuya principal función no es competir por precio sino minimizar riesgos que pueden generar consecuencias económicas, humanas y ambientales de enorme magnitud. El practicaje pertenece precisamente a esa categoría.
Cuando navegar se hace difícil
Para comprender la dimensión del problema conviene imaginar el recorrido que realiza un buque cerealero que parte desde China o Europa con destino al complejo agroexportador del Gran Rosario. Luego de atravesar océanos durante varias semanas, la embarcación arriba al Río de la Plata y debe internarse en uno de los sistemas fluviales más complejos del planeta. A diferencia de lo que ocurre en alta mar, donde los grandes buques disponen de enormes márgenes para maniobrar, los canales navegables argentinos presentan profundidades limitadas, curvas pronunciadas, bancos de arena que cambian constantemente, fuertes corrientes, variaciones provocadas por crecientes o bajantes extraordinarias y un intenso tráfico de otras embarcaciones comerciales. Navegar por ese corredor exige un conocimiento extremadamente específico que ningún capitán extranjero puede adquirir durante un viaje ocasional.
Es justamente allí donde aparece la figura del práctico. Contrariamente a la imagen simplificada que suele difundirse, no se trata de un acompañante ni de un asesor administrativo. El práctico es un capitán de ultramar especialmente habilitado para conducir técnicamente la navegación dentro de una jurisdicción determinada, aportando un conocimiento local que no figura en ninguna carta náutica ni puede ser reemplazado por la tecnología satelital. Su trabajo comienza incluso antes de subir al barco. Debe analizar el estado del río, la profundidad disponible, el tránsito existente, las condiciones meteorológicas, el comportamiento de los remolcadores y la situación operativa del puerto de destino. Una vez a bordo, coordina cada maniobra junto al capitán, indicando velocidades, puntos de giro, utilización de remolcadores, cruces con otros buques y márgenes de seguridad para evitar encallamientos o colisiones.
En términos jurídicos, el capitán nunca deja de ser la máxima autoridad del barco. Sin embargo, en la práctica sigue las indicaciones del práctico porque sabe que ese profesional posee un conocimiento imposible de improvisar. La experiencia internacional demuestra que un capitán puede haber navegado durante treinta años por todos los océanos del mundo y, aun así, desconocer completamente las particularidades de un canal determinado. Los ríos cambian permanentemente. Una creciente puede modificar un banco de arena en cuestión de días; una bajante histórica puede alterar profundidades que durante años fueron seguras; una obra de dragado puede generar nuevas condiciones de navegación. Ese conocimiento dinámico sólo puede obtenerse mediante años de trabajo cotidiano en una misma zona.
Esta característica explica también por qué el acceso a la profesión está tan regulado en todo el mundo. Para convertirse en práctico no alcanza con obtener un título universitario ni con aprobar un examen teórico. El aspirante debe haber desarrollado previamente una extensa carrera como oficial y capitán de buques de gran porte, acreditar miles de horas efectivas de navegación, superar exigentes evaluaciones técnicas y realizar un prolongado período de entrenamiento específico sobre la jurisdicción donde pretende trabajar. Cada habilitación corresponde exclusivamente a una zona determinada. Un práctico autorizado para operar en Bahía Blanca no puede trasladarse automáticamente a Rosario. Del mismo modo, quien conoce cada recodo del Paraná no necesariamente está capacitado para ingresar a Ushuaia o al puerto de Buenos Aires. La profesión se construye sobre el conocimiento local acumulado durante años y no sobre una licencia genérica para navegar.
Este aspecto suele ser omitido cuando se habla de «abrir el mercado». La discusión no gira alrededor de una matrícula que el Estado entrega arbitrariamente a un grupo reducido de personas. Lo que limita naturalmente el número de prácticos es la enorme cantidad de años de formación necesarios para alcanzar el nivel de experiencia requerido. No existe una universidad que gradúe prácticos en cuatro o cinco años. La profesión constituye el último escalón de una carrera marítima extremadamente extensa, donde la experiencia vale tanto como el conocimiento académico.
Un poco de Historia
La propia historia de la navegación ayuda a comprender por qué esta función sobrevivió prácticamente intacta durante siglos. Desde la Antigua Grecia y el Imperio Romano existían navegantes especializados en conducir embarcaciones hacia puertos peligrosos o atravesar estrechos particularmente complejos. Con el desarrollo del comercio internacional, esa práctica fue institucionalizándose hasta transformarse en una profesión reconocida por todos los Estados marítimos modernos. Hoy, la Organización Marítima Internacional considera al practicaje uno de los componentes esenciales de la seguridad de la navegación, aunque deja la regulación concreta en manos de cada país. Lejos de desaparecer por efecto de la tecnología, el practicaje ganó importancia a medida que crecieron las dimensiones de los buques y aumentó el volumen del comercio mundial.
Qué sucede en el mundo
Por esa razón resulta llamativo que la discusión pública argentina haya sido presentada como si el practicaje constituyera una rareza corporativa propia del país. En realidad, ocurre exactamente lo contrario. Estados Unidos mantiene uno de los sistemas de practicaje más estrictamente regulados del planeta, administrado por cada Estado bajo supervisión de la Guardia Costera. Canadá organiza el servicio mediante corporaciones públicas regionales. Reino Unido delega la administración en autoridades portuarias especialmente habilitadas. Países Bajos, Alemania, Francia, España, Bélgica, Japón, Singapur, Corea del Sur, Australia, Brasil y Uruguay también exigen la presencia obligatoria de prácticos locales para la mayoría de los grandes buques que ingresan a sus puertos. Cambian los modelos administrativos, los mecanismos de contratación y las formas de fijar honorarios, pero prácticamente ningún país desarrollado considera que la navegación en zonas críticas pueda quedar librada exclusivamente a la lógica del mercado.
El desconocimiento de Sturzenegger
El Decreto 690/2026 modifica profundamente ese esquema en la Argentina. Bajo el argumento de reducir costos logísticos y fomentar la competencia, elimina diversas restricciones para el acceso a la actividad, habilita un registro abierto, modifica el sistema tarifario, permite nuevas modalidades de contratación y flexibiliza determinados supuestos en los que algunos capitanes podrían quedar exceptuados de contratar un práctico. Para el Gobierno, estas medidas terminarán con un sistema que considera cerrado y excesivamente costoso para el comercio exterior. Desde la perspectiva oficial, el practicaje constituye un servicio económico que debe funcionar bajo las mismas reglas de competencia que cualquier otro mercado.
Sin embargo, allí aparece el núcleo de la controversia. Quienes cuestionan la reforma sostienen que el análisis de Sturzenegger parte de una premisa equivocada: considerar al practicaje exclusivamente como un costo logístico. En realidad, afirman, se trata de un sistema de gestión del riesgo. El honorario que percibe un práctico representa una fracción mínima del valor transportado por un buque cerealero o petrolero. En cambio, el costo potencial de un accidente puede ascender a cientos de millones de dólares si un barco bloquea un canal estratégico, produce un derrame de hidrocarburos o interrumpe durante semanas el funcionamiento de la principal vía exportadora del país. La ecuación económica, sostienen los especialistas, no debería medirse únicamente por el precio del servicio sino por el enorme volumen de pérdidas que contribuye a evitar.
La discusión adquiere una dimensión todavía mayor cuando se observa el peso que la Hidrovía tiene sobre la economía argentina. Por ese corredor sale la inmensa mayoría de las exportaciones agroindustriales, principal fuente de ingreso de divisas para el país. Cada demora en la operatoria portuaria repercute sobre contratos internacionales, cronogramas logísticos, costos de flete y disponibilidad de dólares. En otras palabras, el funcionamiento del practicaje no sólo interesa a quienes trabajan en los puertos; constituye una pieza esencial de un sistema del que depende buena parte de la estabilidad económica nacional.
Quizás el aspecto más preocupante del debate sea que la discusión pública terminó reducida a una confrontación entre el Gobierno y un supuesto «privilegio corporativo», sin que prácticamente nadie explicara cuál es la función concreta que cumplen estos profesionales. Cuando una actividad permanece invisible durante décadas suele ser porque funciona correctamente. Recién adquiere notoriedad cuando deja de hacerlo. Eso ocurrió con los prácticos. Millones de argentinos descubrieron su existencia únicamente cuando los puertos comenzaron a paralizarse. Pero la verdadera importancia de esta profesión no reside en la medida de fuerza sino en el hecho de que, durante décadas, permitió que miles de buques ingresaran y salieran de los puertos argentinos sin que la mayoría de la sociedad siquiera advirtiera su presencia.
La reforma impulsada por Federico Sturzenegger plantea, en definitiva, una discusión que excede largamente el practicaje. Lo que está en juego es si todas las actividades pueden analizarse exclusivamente desde la óptica de la competencia y la reducción de costos o si existen funciones estratégicas donde la prioridad debe seguir siendo la seguridad, la experiencia profesional y la protección de intereses nacionales permanentes. La respuesta no sólo definirá el futuro de una profesión centenaria. También permitirá saber hasta dónde puede llegar una política de desregulación cuando se aplica sobre uno de los engranajes más delicados del comercio exterior argentino.
La decisión de los prácticos de no aceptar nuevos servicios en rechazo al Decreto 690/2026 mantiene bloqueado el ingreso y egreso de buques en los principales puertos del país. El Gobierno defiende la desregulación como una apertura a la competencia, mientras el sector denuncia un intento de desmantelar una actividad estratégica y anticipa una batalla judicial.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La política de desregulación impulsada por el gobierno de Milei abrió un nuevo frente de conflicto con impacto directo sobre uno de los sectores más sensibles de la economía argentina. Desde el fin de semana, los prácticos de buques mantienen una medida de fuerza que paralizó el ingreso y la salida de embarcaciones de ultramar en los principales puertos del país, especialmente en el complejo agroexportador del Gran Rosario, corazón de las exportaciones nacionales.
La protesta surgió inmediatamente después de la publicación del Decreto 690/2026, mediante el cual el Gobierno modificó de manera integral el régimen de practicaje y pilotaje vigente desde hace más de tres décadas. Para el Ejecutivo, la normativa elimina privilegios corporativos, reduce costos logísticos y favorece la competencia. Para los profesionales del sector, en cambio, representa una desregulación que compromete la seguridad de la navegación y destruye un esquema construido sobre criterios técnicos antes que comerciales.
Una actividad clave para que funcione el comercio exterior
El práctico es el profesional que asesora al capitán de un buque durante las maniobras de ingreso, navegación y salida de puertos, ríos y canales. Su intervención es obligatoria en gran parte del sistema fluvial argentino debido a la complejidad de la navegación en la Hidrovía Paraná-Paraguay y en otros corredores estratégicos.
Sin ese servicio resulta prácticamente imposible que numerosos buques puedan operar con normalidad. Por esa razón, la decisión de los prácticos de no aceptar nuevos servicios comenzó a paralizar progresivamente la operatoria portuaria, con riesgo de afectar exportaciones de granos, aceites, harinas, combustibles y otras cargas de enorme importancia para el ingreso de divisas.
El conflicto adquiere además una dimensión macroeconómica. Argentina depende en gran medida del complejo agroexportador para generar dólares, por lo que cualquier interrupción prolongada en la logística portuaria puede traducirse en demoras comerciales, mayores costos y dificultades para cumplir contratos internacionales.
Qué cambia el decreto de Milei
El Decreto 690/2026 elimina buena parte del esquema regulatorio vigente desde comienzos de los años noventa.
Entre sus principales modificaciones aparecen la apertura del registro de prácticos sin cupos, la libre contratación de profesionales independientes, la posibilidad de que determinados capitanes extranjeros con experiencia acreditada naveguen sin contratar prácticos argentinos, la fijación de tarifas máximas por parte de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y la liberalización del transporte utilizado para el embarque y desembarque de los profesionales.
El Gobierno sostiene que el régimen anterior generaba barreras artificiales de ingreso, favorecía posiciones dominantes y encarecía innecesariamente los costos logísticos del comercio exterior.
Sin embargo, desde el sector cuestionan que la actividad sea tratada como un mercado cualquiera. Argumentan que el practicaje constituye un servicio altamente especializado, vinculado directamente con la seguridad de la navegación, la protección ambiental y la prevención de accidentes en una de las principales rutas comerciales del país.
Una pulseada que excede el conflicto gremial
Aunque el Gobierno presenta la medida como una disputa con sectores corporativos, el conflicto tiene un alcance mucho mayor.
La desregulación del practicaje forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la administración libertaria para modificar numerosos mercados considerados «cerrados» o «sobre regulados». La lógica oficial consiste en eliminar restricciones, abrir la competencia y reducir la intervención estatal.
Los críticos de esa estrategia sostienen que el mismo criterio se está aplicando sobre actividades cuya regulación no responde únicamente a razones económicas sino también a cuestiones de seguridad pública, infraestructura estratégica y soberanía sobre vías navegables.
En ese contexto, la discusión deja de ser exclusivamente laboral para transformarse en un debate sobre cuál debe ser el papel del Estado en la administración de servicios considerados esenciales para el funcionamiento del país.
El Gobierno prepara reemplazos y el conflicto podría escalar
Previendo una prolongación del conflicto, el decreto incorporó mecanismos extraordinarios para garantizar la continuidad del servicio.
Entre ellos figura la posibilidad de que la Prefectura Naval Argentina y la Armada Argentina puedan intervenir de manera excepcional para prestar servicios de practicaje, además de habilitar temporalmente a capitanes con conocimiento de zona en situaciones de emergencia.
No obstante, distintas informaciones periodísticas indican que los intentos oficiales para encontrar reemplazos inmediatos encontraron resistencia y que los propios capitanes consultados señalaron que no cuentan con las habilitaciones específicas para asumir esa función.
Mientras tanto, los prácticos adelantaron que además del lock-out impulsarán acciones judiciales para intentar frenar la aplicación del decreto, por considerar que vulnera aspectos centrales de la actividad y modifica de manera unilateral un sistema construido durante décadas.
La pulseada recién comienza. Pero mientras el Gobierno apuesta a sostener una de las desregulaciones más profundas del sector marítimo, cada jornada con los puertos parcialmente paralizados incrementa la incertidumbre sobre el comercio exterior argentino y vuelve a mostrar el delicado equilibrio entre las reformas económicas y el funcionamiento efectivo de actividades estratégicas para el país.
Javier Milei descartó que el gobierno contemple algún plan de ayuda para los millones de argentinos endeudados. «Nadie les puso una pistola en la cabeza para endeudarse», los culpó.
Al igual que Luis Caputo, el presidente se desentendió de un problema que afecta al 12,8% de las familias argentinas, según el último informe del Banco Central. Según una encuesta de Opina Argentina, la mitad de los argentinos se endeudó para pagar gastos cotidianos, como la comida.
Milei dijo que el salto de la morosidad es un «problema entre privados». «¿Es correcto que yo le haga pagar a usted eso?», preguntó en una entrevista con Luis Majul.
El presidente sostuvo que «obviamente» los endeudados tienen responsabilidad y se mostró poco empático con la situación que atraviesan millones de argentinos. «¿Les pusieron una pistola en la cabeza para endeudarse? Bueno», afirmó.
«Decir que lo tiene que arreglar el Estado es pasarle la cuenta a todos los demás. Eso no está bien», agregó Milei y dijo que el gobierno «fomenta» que los bancos refinancien las deudas.
Los dichos de Milei están en línea con las declaraciones de Caputo, que sostuvo que «es un tema entre privados» y que los deudores tienen que hacerse cargo de sus decisiones. «Si yo te ayudo a vos porque tomaste mal un crédito… y yo no sé si vos tomaste mal el crédito porque no llegabas a fin de mes o porque alguien te había contado que Milei se iba y el dólar se iba a ir», indicó el ministro de Economía.
«Tampoco hay mucho que nosotros podamos hacer ahí. Es parte también de la gimnasia de los bancos. Nosotros en su momento le dijimos a más de un banco: ‘Si estás prestando plata al 10% mensual, los sueldos crecen al 2%, lo más probable es que esta gente no te pague'», completó Caputo.
Según la consultora EcoGo, hay 20,9 millones de argentinos con algún crédito vigente, pero el dato más alarmante es que 5,8 millones ya registran atrasos mayores a 90 días.
Desde una plaza vacía y frente a un Estado que negaba la existencia de miles de desaparecidos, un grupo de mujeres comenzó una lucha que terminó convirtiéndose en uno de los movimientos de derechos humanos más reconocidos del planeta. La historia de las Madres de Plaza de Mayo no es solamente la búsqueda de sus hijos e hijas secuestrados durante la última dictadura cívico-militar: es también la historia de cómo la sociedad argentina construyó una memoria colectiva que transformó el dolor en una bandera de democracia, justicia y resistencia frente al terrorismo de Estado.
Por Redacción de NLI
El 30 de abril de 1977, un grupo de mujeres decidió hacer algo que en aquel momento parecía imposible: reunirse en el corazón del poder político argentino para reclamar respuestas sobre el paradero de sus hijos desaparecidos. La Plaza de Mayo, escenario histórico de movilizaciones populares y acontecimientos políticos, se convirtió entonces en el lugar donde unas pocas madres comenzaron una protesta silenciosa contra uno de los aparatos represivos más violentos de la historia argentina. No tenían una estructura organizada, no contaban con respaldo institucional y muchas de ellas ni siquiera tenían experiencia política previa. Lo que las llevó allí fue una búsqueda desesperada: saber qué había ocurrido con sus hijos e hijas que habían sido secuestrados por las fuerzas represivas.
La dictadura cívico-militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983 había instalado un sistema clandestino de persecución, tortura y desaparición forzada de personas. Mientras el gobierno militar sostenía públicamente que en el país no ocurría nada irregular, miles de familias recorrían comisarías, cuarteles, juzgados e iglesias buscando información sobre seres queridos que habían sido arrancados de sus hogares. La respuesta del Estado fue el silencio, la negación y, en muchos casos, la complicidad con quienes llevaban adelante los secuestros.
En ese contexto nacieron las Madres de Plaza de Mayo. Aquellas mujeres comenzaron a encontrarse porque comprendieron que, aisladas, sus reclamos podían ser ignorados, pero juntas podían hacerse visibles. La decisión de caminar alrededor de la Pirámide de Mayo surgió porque las autoridades prohibían las reuniones públicas y les exigían “circular”. Aquella imposición terminó transformándose en una de las imágenes más poderosas de la historia argentina: una ronda que cada jueves desafiaba al miedo y demostraba que incluso frente a una dictadura era posible construir una voz colectiva.
El pañuelo blanco contra el silencio de la dictadura
Con el paso del tiempo, las Madres fueron convirtiéndose en un símbolo internacional de la lucha contra la impunidad. El pañuelo blanco que comenzaron a utilizar para identificarse entre ellas pasó a representar la búsqueda de verdad y justicia, pero también la resistencia de una sociedad que se negaba a aceptar que la desaparición de personas pudiera quedar enterrada bajo el silencio oficial.
La respuesta de la dictadura fue intentar desacreditarlas. Desde el poder se las presentó como mujeres manipuladas, exageradas o ajenas a la realidad política del país. Sin embargo, su persistencia logró romper el cerco informativo que el régimen había construido. Mientras los medios controlados por los militares intentaban mostrar una Argentina ordenada y sin conflictos, las Madres llevaban al mundo una denuncia que terminaría generando una enorme presión internacional sobre el gobierno de facto.
El reclamo de esas mujeres también expuso una de las características más profundas del terrorismo de Estado: no solamente buscaba eliminar físicamente a quienes consideraba opositores, sino también borrar sus historias, aislar a sus familias y construir una sociedad dominada por el miedo. Frente a eso, las Madres hicieron exactamente lo contrario: recuperaron nombres, reconstruyeron memorias y transformaron historias individuales de dolor en una causa colectiva.
De la resistencia a una política de Estado
Con el regreso de la democracia en 1983, Argentina inició un camino inédito en la región al decidir juzgar a los máximos responsables de la dictadura. El Juicio a las Juntas, realizado durante el gobierno de Raúl Alfonsín, fue un acontecimiento histórico porque un tribunal civil juzgó a los principales integrantes de una dictadura militar por los crímenes cometidos desde el Estado.
Sin embargo, el camino hacia la justicia no fue sencillo. Durante los años siguientes, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida limitaron el avance de las investigaciones, mientras que los indultos otorgados durante la década de 1990 beneficiaron a numerosos represores condenados. Durante ese período, los organismos de derechos humanos continuaron reclamando que los crímenes de lesa humanidad no podían quedar impunes.
Esa lucha tuvo finalmente un punto de inflexión cuando la Justicia argentina declaró inconstitucionales esas normas y permitió la reapertura de los juicios. Desde entonces, cientos de responsables del terrorismo de Estado fueron juzgados y condenados, consolidando una política de memoria, verdad y justicia que convirtió a Argentina en un caso reconocido internacionalmente.
La experiencia argentina mostró que la democracia no solamente se construye mediante elecciones, sino también a través de la capacidad de una sociedad para revisar su pasado, reconocer a sus víctimas y establecer límites frente al abuso del poder estatal.
Una lucha que sigue interpelando al presente
La historia de las Madres de Plaza de Mayo continúa formando parte de los grandes debates políticos y culturales de la Argentina actual. Su recorrido, como ocurre con muchos movimientos históricos, también tuvo distintas etapas y discusiones internas, especialmente sobre el rol político que asumieron algunos sectores del movimiento con el paso de los años.
Pero más allá de esas discusiones, existe un hecho histórico difícil de negar: en el momento más oscuro de la Argentina contemporánea, cuando el Estado había utilizado su poder para perseguir y desaparecer personas, un grupo de mujeres comunes decidió enfrentarlo desde una plaza pública.
Su lucha trascendió las fronteras argentinas y se convirtió en una referencia mundial para otros pueblos que atravesaron dictaduras, guerras o procesos de violencia estatal. Las Madres demostraron que la memoria no es solamente un ejercicio del pasado, sino una herramienta del presente para defender la democracia.
En un contexto donde periódicamente reaparecen discursos que relativizan los crímenes cometidos durante la dictadura o buscan equiparar responsabilidades entre víctimas y victimarios, la historia de las Madres vuelve a adquirir una importancia central. La construcción del “Nunca Más” no fue automática: fue el resultado de décadas de movilización, reclamos y resistencia de familiares y organismos de derechos humanos.
La ronda de las Madres de Plaza de Mayo comenzó como un pedido desesperado de un grupo de mujeres que buscaban a sus hijos. Con el tiempo se transformó en una de las expresiones más fuertes de la defensa de los derechos humanos en el mundo. Su legado recuerda una verdad fundamental de la democracia argentina: cuando el Estado se convierte en instrumento de persecución, la sociedad tiene la responsabilidad histórica de exigir memoria, verdad y justicia.
