La consultora brasileña Quaest publicó una encuesta en la que señala que la intervención de Javier Milei en San Pablo perjudicó a Flávio Bolsonaro.
El análisis fue difundido por el sitio brasileño Carta Capital y plantea que la asociación con el presidente argentino puede tener un efecto electoral negativo y que el apoyo de Milei corre el riesgo de ser «tóxico» para la candidatura del hijo de Jair Bolsonaro.
De esta manera, el 34% de los entrevistados considera que el apoyo de Milei a Flávio aumenta las chances que el electorado elija a Lula en las elecciones de octubre. Por su parte, el 27% dice que aumenta las posibilidades de votar por Flávio, mientras que el 17% asegura que no tiene ningún impacto.
Quaest sostiene que la advertencia aparece en un momento especialmente delicado de la campaña presidencial brasileña, dado que Flávio Bolsonaro intenta consolidarse como el principal candidato de la derecha, pero no logra reunir el apoyo de todo ese espectro político.
El 34% de los entrevistados considera que el apoyo de Milei a Flávio aumenta las chances de que el electorado elija a Lula en las elecciones de octubre. Por su parte, el 27% dice que aumenta las posibilidades de votar por Flávio, mientras que el 17% asegura que no tiene ningún impacto
A esta encuesta hay que agregar un informe realizado por el equipo de campaña de Lula que confirma un notable rechazo al libertario en la conversación pública en redes sociales a partir de su participación en el acto bolsonarista.
En efecto, señala que el 76% de las intervenciones fueron críticas hacia Milei contra un 15% de respaldo y un 9% de posiciones neutrales. «Para la campaña de Flávio, el dato es incómodo y la obliga a tomar distancia durante este tramo de la campaña electoral», explicó a LPO un integrante de la campaña de Lula.
El 76% de las intervenciones fueron críticas hacia Milei, frente a un 15% de respaldo y un 9% de posiciones neutrales. En ese contexto, el 27% de los comentarios cuestionó la falta de respeto hacia la Presidencia brasileña, mientras que un 18% consideró que Milei debería ocuparse de los problemas internos de Argentina en lugar de intervenir en la política brasileña
En ese contexto, el 27% de los comentarios cuestionó la falta de respeto hacia la presidencia brasileña, mientras que un 18% consideró que Milei debería ocuparse de los problemas internos de Argentina en lugar de intervenir en la política brasileña. Este análisis se realizó sobre 129.000 comentarios y habla de «quiebre del protocolo diplomático»
Por último, un 15% de los comentarios expresó apoyo a Lula y estableció una comparación favorable con Brasil. En esas intervenciones, el líder del Partido de los Trabajadores aparece asociado a la generación de empleo, los programas sociales, la defensa de los trabajadores y la situación económica del país. «Incluso algunos argentinos manifestaron desear para Argentina un liderazgo similar al de Lula», cierra el informe.
Mirgor, la empresa de Nicolás «Nicky» Caputo, echó a casi 300 empleados y agravó la crisis industrial de Tierra del Fuego, que desde que asumió Javier Milei perdió la mitad de los empleos que genera el Régimen de Promoción.
Según adelantó el sitio local Red23, la mayoría de los despedidos serían trabajadores efectivos y con antigüedad dentro del Grupo Mirgor, un dato que incrementó la preocupación entre los operarios ante la magnitud de la decisión de la empresa.
Desde las primeras horas del lunes, cientos de trabajadores comenzaron a concentrarse frente a las instalaciones de las plantas de Río Grande y cortaron las calles.
El Ministerio de Trabajo y Empleo de la provincia dictó la conciliación obligatoria que pone en suspenso los despidos por 15 días. Pero la realidad del sector tiene las características de una crisis terminal, según explicaron a LPO fuentes fueguinas.
Cuando asumió Milei, los empleos directos e indirectos que generaba el Régimen de Promoción Industrial eran alrededor de 12 mil. Ahora son la mitad y creen que para el año que viene, podrían ser no más de 3.000.
La apertura indiscriminada de importaciones fue un mazazo para el régimen, que atraviesa su peor momento en 50 años. En parte porque las dos grandes jugadoras del mercado, beneficiadas históricamente por el régimen de promoción fueguino, no están peleando por el interés de la isla como en otros años. Tanto Newsan de Rubén Cherñajovsky como Mirgor de Caputo se diversificaron en otros rubros ajenos a la electrónica, acaso previendo este escenario crítico.
Antes de volver a Casa Rosada para participar de la reunión que Karina Milei convocó con legisladores bonaerenses de La Libertad Avanza, Diego Valenzuela buscó dar una señal de alineamiento para descongelar su relación con el presidente y su entorno.
Publicó en X un informe de la Universidad de San Martín (Unsam) relativo al panorama del empleo industrial en el conurbano a partir del cual celebró que Tres de Febrero generó 365 puestos industriales en un año y medio, entre enero de 2024 y junio de 2025.
«Con la misma macroeconomía, algunos municipios crean y otros pierden empleo», dijo. Lo curioso es que el cuadro que armó con Inteligencia Artificial para festejar los datos de su municipio, terminó exponiendo con nitidez el derrumbe industrial generalizado, con el 70% de los municipios del GBA en rojo, con pérdida de empleo.
Empleo industrial en el Conurbano. Con la misma macroeconomía, algunos municipios crean y otros pierden empleo. pic.twitter.com/GingdDyLkz
De 20 municipios, solo seis aparecieron con indicadores positivos y tres de ellos con un crecimiento ínfimo. Como contrapartida, 14 distritos sufrieron una fuerte caída del empleo industrial, cinco de ellos con más de mil puestos perdidos.
Ante eso, numerosos usuarios lo cruzaron contrastando los 1.400 puestos creados con los 10.700 perdidos. También, le marcaron que la data utilizada abarca hasta junio de 2025, cuando -según datos del Indec- en el primer semestre de 2026 la tasa de desocupación en el conurbano trepó al 9,7%.
Por caso, el estudio citado por Valenzuela no abarca los despitos registraros por el cierre de Whirlpool en Pilar o de Fate en San Fernando.
Tampoco contempla la reducción de personal de autopartistas a partir del derrumbe productivo en plantas automotrices como la de Stellantis, precisamente en Tres de Febrero, que cerró un turno de producción y avanza en un agresivo plan de retiros voluntarios.
El propio informe que usó Valenzuela para congraciarse con Milei indicó que fue el programa de ajuste libertario el que «generó un descenso del consumo interno» por el que «las industrias orientadas al mercado doméstico, que representan la mayor parte de la trama productiva del Conurbano, fueron las más impactadas».
Frente a los 365 empleos nuevos que festejó Valenzuela, el cuadro que diagramó con IA expuso que en el GBA se perdieron 10.700 puestos industriales
Como contó LPO, quedó huérfano en el mundo libertario y juega sus fichas a Patricia Bullrich mantener en pie su candidatura a gobernador, en un contexto donde los desayunos con Javier Milei en Olivos ya son cosa del pasado.
Con el frente interno abierto en su municipio, el biógrafo de Belgrano y Sarmiento buscó dar una señal de alineamiento con Milei horas antes de volver a verse cara a cara con Karina, quien precisamente frenó su designación en Migraciones y que provocó que Valenzuela señalara a su entorno: «Karina lo tiene secuestrado a Milei».
Pero los datos del derrumbe del empleo expuestos por el hombre de Tres de Febrero no ayudaron a un descongelamiento de las relaciones, al punto que fuentes del Gobierno lo acusan de «darle letra» a los industriales de la UIA, días después del cruce que tuvieron con Luis «Toto» Caputo que tildó de «tarados» a quienes plantean un escenario de crisis de la industria nacional.
El Gobierno porteño adjudicó una licitación para incorporar una plataforma de inteligencia artificial conversacional capaz de hablar con los vecinos mediante voces sintéticas de alta fidelidad. El sistema estará destinado a los canales digitales de la Ciudad y podrá mantener conversaciones, procesar información de los trámites, analizar las interacciones y medir cuántos problemas resuelve sin intervención humana. La contratación abre una discusión que va mucho más allá de la tecnología: qué sucede cuando el Estado empieza a reemplazar la conversación entre personas por máquinas diseñadas para sonar como personas.
Por Roque Pérez para NLI
Hasta ahora, cuando un vecino tenía un problema con el Estado porteño, la relación podía ser incómoda, burocrática, lenta o frustrante, pero existía —al menos en principio— una dimensión humana detrás del mostrador, del teléfono o de la pantalla. Había alguien a quien explicarle una situación, alguien que podía escuchar una excepción, interpretar un problema que no encajaba exactamente en un formulario y, eventualmente, hacerse cargo de una respuesta. Esa relación está empezando a cambiar en la Ciudad de Buenos Aires: el Gobierno porteño acaba de adjudicar una licitación para incorporar una plataforma de inteligencia artificial conversacional y síntesis de voz de alta fidelidad que permitirá atender interacciones mediante agentes capaces de hablar con los ciudadanos utilizando voces artificiales cada vez más parecidas a las humanas.
La contratación fue adjudicada el pasado viernes 7 de agosto de 2026 mediante la Resolución 130/SECITD/26. El expediente corresponde a la Licitación Pública 2051-0661-LPU26 y tiene como destino la Dirección General Canales Digitales, dependiente de la Subsecretaría Ciudad Inteligente de la Secretaría de Innovación y Transformación Digital. El propio objeto de la licitación resulta revelador: “Plataforma de IA Conversacional y Síntesis de Voz de Alta Fidelidad Modalidad SaaS”. No se trata, entonces, de comprar simplemente un sistema que convierta textos en audios, sino de incorporar una infraestructura tecnológica pensada para establecer conversaciones entre los ciudadanos y agentes artificiales.
Incorporar una infraestructura tecnológica pensada para establecer conversaciones entre los ciudadanos y agentes artificiales.
Cuando el Estado empieza a hablar con voz de máquina
La tecnología contratada tiene una característica que modifica radicalmente la experiencia: la inteligencia artificial no se limitará a responder por escrito. La plataforma elegida es ElevenLabs, una herramienta especializada en generación y síntesis de voz, y la contratación contempla además servicios de contingencia y consultoría, soporte y mantenimiento evolutivo del denominado “ecosistema de voz”. El contrato fue adjudicado a Solar Insights S.A. por $3.020.928.204,80, de los cuales $950.366.524,80 corresponden a la suscripción de ElevenLabs, $1.198.050.000 a servicios de contingencia (una bolsa equivalente a 4,2 millones de minutos, cuyo uso dependerá de las necesidades y consumo del sistema) y $872.511.680 a consultoría, soporte y mantenimiento.
La cifra, por supuesto, merece ser observada, pero reducir la historia a cuánto dinero se gastó sería perder lo más importante. La verdadera transformación está en el vínculo que el Estado pretende establecer con quien necesita de sus servicios. La pregunta ya no es solamente cuánto cuesta la herramienta, sino qué clase de administración pública empieza a construirse cuando una máquina puede recibir una queja, reconocer el lenguaje utilizado, contestar con una voz natural y continuar la conversación sin que necesariamente aparezca un trabajador estatal del otro lado.
La propia estructura de la contratación revela esa orientación. La Dirección General Canales Digitales tiene entre sus responsabilidades coordinar las interfaces entre plataformas digitales y canales conversacionales, además de establecer estándares de experiencia conversacional para los bots utilizados por el Gobierno porteño. La nueva plataforma se incorpora, por lo tanto, dentro de una estrategia más amplia de digitalización de la relación entre la administración y sus ciudadanos.
Y hay una palabra particularmente significativa en esta transformación: “conversacional”. Una pantalla que devuelve información es una cosa. Una voz que responde “entiendo su problema”, hace una pausa, formula una pregunta y continúa la conversación es otra completamente distinta. La segunda construye una apariencia de vínculo interpersonal. La máquina no solamente transmite información: simula una presencia humana.
La máquina no solamente transmite información: simula una presencia humana.
Ese detalle tiene consecuencias sociológicas que suelen quedar ocultas detrás de palabras como innovación, eficiencia o modernización. Durante décadas, la burocracia estatal fue criticada por su despersonalización: formularios, números de expediente, ventanillas, sellos y turnos convertían a las personas en números administrativos. La paradoja de la nueva revolución digital es que ahora puede ocurrir algo diferente: el Estado puede despersonalizar todavía más la atención mientras utiliza máquinas diseñadas para parecer personales.
La burocracia del futuro podría no tener una ventanilla fría ni un empleado que responde mecánicamente. Podría tener una voz amable, cálida y perfectamente modulada que haga exactamente lo mismo.
La máquina que escucha, interpreta y mide al ciudadano
El salto tecnológico no está solamente en que la IA pueda hablar. También está en lo que ocurre alrededor de esa conversación. La documentación técnica de la contratación contempla una infraestructura capaz de trabajar con agentes conversacionales, integrar información y evaluar las interacciones. Entre los objetivos aparece la medición de la resolución autónoma de las conversaciones, es decir, cuánto puede resolver el sistema sin intervención de un operador humano.
Esto cambia el criterio con el que se evalúa la atención pública. Durante décadas, la calidad de un servicio podía medirse por la capacidad de una persona para resolver un problema, orientar a un vecino o comprender una situación particular. En el nuevo esquema aparece otra variable: qué porcentaje de ciudadanos puede ser atendido completamente por una máquina.
No es un detalle menor. Significa que la automatización deja de ser solamente una herramienta auxiliar y comienza a convertirse en un objetivo de gestión. Cuanto mayor sea la proporción de conversaciones que el sistema resuelva sin derivarlas a una persona, más eficiente será considerado el mecanismo.
La tecnología también permite trabajar con voz, transcripciones y análisis de las conversaciones, lo que introduce otra dimensión delicada: el ciudadano no solamente habla con el Estado, sino que esa interacción puede convertirse en información susceptible de ser procesada algorítmicamente. La Agencia de Acceso a la Información Pública viene advirtiendo precisamente sobre la necesidad de incorporar transparencia y protección de datos personales durante todo el ciclo de vida de los sistemas de IA. Su guía para entidades públicas y privadas señala que la transparencia y la protección de datos son dimensiones centrales de una IA responsable.
El ciudadano no solamente habla con el Estado, sino que esa interacción puede convertirse en información susceptible de ser procesada algorítmicamente
La propia AAIP creó en 2023 un programa específico sobre transparencia y protección de datos personales en el uso de inteligencia artificial, con el objetivo de fortalecer las capacidades estatales frente a los riesgos asociados a estos sistemas. El organismo remarcó que la privacidad y la protección de los datos deben ser consideradas desde la recopilación hasta la utilización, almacenamiento y supresión de la información.
Por eso, en este nuevo escenario aparece una pregunta inevitable: ¿qué sabe exactamente la máquina de la persona con la que está hablando? Y otra todavía más importante: ¿qué sabe esa persona acerca de la máquina con la que está hablando?
¿El vecino sabrá que del otro lado no hay una persona?
Aquí aparece uno de los puntos más sensibles de la contratación.
En la documentación pública que pudimos revisar no encontramos una cláusula expresa que establezca que el ciudadano deba ser informado, al comenzar la conversación, de que está interactuando con una inteligencia artificial. Tampoco la resolución de adjudicación establece una obligación semejante. Esto no permite afirmar que la Ciudad vaya necesariamente a ocultarlo: puede existir una instrucción posterior de implementación, una política de privacidad o una advertencia incorporada al sistema que no forme parte de la resolución publicada. Pero, al menos en los documentos analizados, no aparece de manera explícita esa obligación de identificación frente al ciudadano.
Y la cuestión no es trivial. Cuanto más natural resulte una voz artificial, más importante se vuelve saber quién está hablando.
Una voz humana transmite mucho más que palabras: genera confianza, autoridad, cercanía y, en determinadas circunstancias, empatía. Si un ciudadano escucha una voz perfectamente natural diciéndole que su reclamo fue recibido, puede interpretar que detrás existe una persona que comprendió su situación. Pero una voz humana no significa que exista una persona. La diferencia entre ambas cosas puede volverse prácticamente invisible.
La Argentina, de hecho, ya reconoce institucionalmente que el uso de inteligencia artificial exige reglas de transparencia. La AAIP sostiene que el Estado debe garantizar que los sistemas sean comprensibles y responsables, y sus recomendaciones para el uso de IA señalan que los proyectos públicos deben contemplar la transparencia, la protección de los datos y los riesgos de los procesos automatizados.
El problema, entonces, no es estar a favor o en contra de la inteligencia artificial. El problema es quién controla la relación entre la máquina y el ciudadano y cuánto sabe el ciudadano acerca de esa relación. Porque una cosa es que el Estado diga: “Esta es nuestra inteligencia artificial; puede ayudarte a resolver este trámite y, si no puede hacerlo, te comunicará con una persona”. Y otra muy diferente es construir una experiencia en la que el usuario tenga la impresión de estar conversando con un empleado cuando en realidad está hablando con un sistema automatizado. La primera situación puede ser una herramienta tecnológica. La segunda plantea un problema de transparencia y autonomía.
La eficiencia como nueva forma de deshumanización
Hay una cuestión todavía más profunda. La incorporación de IA suele justificarse mediante una palabra que parece indiscutible: eficiencia. Una máquina puede atender miles de consultas simultáneamente, no se enferma, no tiene horarios, puede responder de manera uniforme y no necesita multiplicar la cantidad de trabajadores a medida que crece la demanda.
Todo eso puede ser cierto. Pero la eficiencia no es el único valor que debería organizar una administración pública.
Un Estado no existe solamente para procesar trámites. Existe para relacionarse con personas que, muchas veces, llegan a él precisamente porque tienen un problema. El ciudadano que reclama porque perdió un turno, porque no puede acceder a un beneficio, porque necesita resolver una infracción, porque tiene dificultades con un trámite o porque no comprende una decisión administrativa no siempre necesita únicamente una respuesta correcta. A veces necesita que alguien pueda comprender que su situación es excepcional.
La máquina trabaja extraordinariamente bien con aquello que puede ser convertido en datos. El problema comienza cuando la vida real no entra en el formulario.
La promesa de la IA es que esos límites podrán reducirse. Y probablemente sea así. Pero mientras más decisiones y respuestas se automaticen, mayor será la necesidad de preservar mecanismos de atención humana para los casos que no encajen en las categorías previstas por el algoritmo.
El riesgo no es que una computadora sea fría. El riesgo es más profundo: que el Estado termine considerando que una conversación está resuelta cuando el sistema logró cerrar el ticket, aunque la persona siga teniendo el problema.
La Ciudad acaba de dar un paso importante en esa dirección. La resolución del 7 de agosto formalizó la adjudicación de una herramienta que puede convertirse en una nueva puerta de entrada a la administración porteña. La licitación recibió cuatro ofertas y finalmente fue adjudicada a Solar Insights S.A., presidida por Matías Bedacarratz; las otras tres fueron desestimadas por no cumplir con las condiciones del pliego.
No estamos, entonces, ante una fantasía futurista. La transformación ya tiene expediente, licitación, empresa adjudicataria, presupuesto y una tecnología concreta. Lo que todavía está abierto es la discusión democrática sobre qué límites deberá tener esa transformación. Porque una ciudad inteligente no debería ser solamente aquella que responde más rápido. También debería ser aquella que sabe cuándo una persona necesita hablar con otra persona.
Y quizás esa sea la pregunta más importante que deja esta contratación: si el Estado puede construir una máquina capaz de sonar como nosotros, ¿quién se asegurará de que detrás de esa voz siga existiendo un Estado capaz de escucharnos como seres humanos?
YPF aceptó la oferta de Edenor por Metrogas y cerró una de las operaciones más importantes del sector energético. La distribuidora eléctrica controlada por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti ofreció USD 780 millones por el paquete de la petrolera estatal y se impuso en el proceso organizado por Citigroup.
La operación tiene una sorpresa. Edenor no compra solamente el 70% de Metrogas. YPF también le vende su 5% directo en MetroENERGÍA, la comercializadora de gas controlada por la propia Metrogas. El hecho relevante enviado este lunes a la CNV confirma que YPF se desprende de la totalidad de sus participaciones en ambas sociedades.
La propuesta fue aprobada por el directorio de YPF este lunes y todavía debe superar las autorizaciones regulatorias. Entre ellas, la del descabezado Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) en concurso de autoridades. Es un detalle importante porque la operación vuelve a colocar en el centro una vieja discusión sobre concentración e integración vertical en el mercado energético.
Manzano llegaba con ventaja a la definición. Ya tenía el 9,23% de Metrogas a través de Integra Gas Distribution y en el sector energético se sabía que Edenor había presentado la oferta económica más agresiva. Finalmente fueron USD 780 millones. Una cifra considerable para quedarse con el control de una empresa cuya capitalización bursátil completa se ubicaba alrededor de los USD 800 millones.
YPF no se está sacando de encima un problema. Metrogas es la mayor distribuidora de gas del país, tiene alrededor de 2,5 millones de clientes y concentra cerca del 28% del mercado. Además, es superavitaria. La recomposición tarifaria mejoró fuerte sus resultados, redujo el endeudamiento y permitió que volviera a distribuir dividendos después de más de dos décadas.
Los últimos datos publicados por la propia compañía muestran ventas netas por USD 836,6 millones en 2025, un EBITDA de USD 176,4 millones y una utilidad neta de USD 91 millones.
La explicación oficial de Horacio Marín es otra. YPF afirmó que la venta forma parte de la estrategia de «optimizar su portafolio de activos» y concentrar inversiones en Vaca Muerta, con el objetivo de convertirse en una compañía shale de escala global. En el comunicado que anunció la operación, la petrolera no presentó la venta como consecuencia de una obligación legal de desprenderse de Metrogas.
Ese silencio no es menor. Como contó LPO, alrededor de Metrogas existe desde hace años un laberinto regulatorio. La Ley 24.076 limita la integración vertical entre productores y distribuidores de gas y ese criterio fue utilizado para cuestionar que YPF controlara Metrogas. Pero la historia tiene una vuelta bastante incómoda: en 2013, cuando YPF ya estaba nuevamente bajo control estatal, el propio Enargas autorizó la operación mediante la cual la petrolera pasó a controlar indirectamente el 70% de la distribuidora.
Años después, el regulador cambió el criterio y exigió a YPF adecuar su participación accionaria. La petrolera discutió esa interpretación y sostuvo que había adquirido Metrogas con las autorizaciones correspondientes. Por eso, presentar la venta como el simple cumplimiento de una obligación legal es, como mínimo, incompleto. Hay normas y decisiones regulatorias cruzadas y una autorización específica de 2013 que complica bastante esa lectura.
El punto adquiere otra dimensión porque YPF está entregando una empresa rentable. No es una privatización para tapar un agujero. Metrogas genera caja, domina el mayor mercado residencial de gas del país y tiene por delante la posibilidad de extender durante otros veinte años una licencia que vence en diciembre de 2027. El Enargas ya recomendó esa prórroga.
Pero la verdadera novedad del paquete está en MetroENERGÍA. La sociedad fue creada para operar en el mercado desregulado y comercializa gas a grandes usuarios. El 95% pertenece a Metrogas y el 5% restante estaba directamente en manos de YPF. Con la operación anunciada este lunes, Edenor compra también ese 5%. Es decir, no se lleva solamente los caños que distribuyen el gas: entra también en el negocio de comercializarlo.
Ahí aparece una curiosidad regulatoria difícil de pasar por alto. La integración vertical que durante años se le cuestionó a YPF y que funcionó como argumento para que se desprendiera de una compañía superavitaria no parece despertar el mismo celo cuando la cadena queda en manos privadas.
Manzano ya controla Edenor, la mayor distribuidora eléctrica del país. Ahora suma el control de Metrogas y, a través de ella, de MetroENERGÍA. El grupo queda así parado sobre distintos escalones del negocio energético: comercialización de gas, distribución de gas y distribución de electricidad. El gas, además, es uno de los principales combustibles utilizados para generar la electricidad que después circula por las redes de Edenor.
El mapa puede extenderse todavía más, aunque allí conviene distinguir propiedad de asociación empresaria. Manzano mantiene estrecha relación con Mercuria a través de Phoenix Global Resources. El trader suizo avanzó sobre los activos de Raízen en Argentina, que incluyen la red de estaciones Shell, la refinería de Dock Sud y terminales de combustibles.
Y las estaciones tienen un valor que ya no termina en el surtidor. Son uno de los lugares naturales para desplegar cargadores rápidos de vehículos eléctricos. La electromovilidad abre así una nueva frontera donde pueden volver a encontrarse las redes eléctricas, los grandes comercializadores de energía y las estaciones de servicio.
La operación de Metrogas deja entonces una pregunta para el regulador. Si la integración vertical era un problema suficientemente serio como para reclamar durante años que YPF abandonara el control de una empresa superavitaria, deberá explicar dónde coloca ahora la línea roja cuando el comprador ya controla Edenor y suma Metrogas y su comercializadora de gas.
YPF, mientras tanto, se queda con los USD 780 millones y concentra sus fichas en Vaca Muerta. Manzano se queda con una compañía rentable, 2,5 millones de clientes y otra pieza de un tablero energético que ya abarca buena parte del AMBA. .
La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva pasó por Córdoba, donde encabezó el almuerzo de la Bolsa de Comercio. Y allí, frente al Círculo rojo mediterráneo salió a bancar el accionar de Gustavo Gauna, el comisario de la Federal que disparó, de civil, en la marcha contra la Ley de Tierras del pasado jueves.
Monteoliva respaldó la portación de arma por parte del efectivo de civil al decir que «es probable que el comisario o subcomisario (sic) haya tenido su placa colgada». «Con respecto al arma es una escopeta de estruendo. ¿Qué sale de un perdigón de estruendo? Ruido, estruendo», dijo la cordobesa Monteoliva en la disertación en la Bolsa de Comercio.
Situación, la del comisario Gauna que derivó en una denuncia y una citación a la integrante del Gabinete nacional al Congreso por parte de la oposición.
«Los que tienen que explicar son los que van con una masa, un martillo, que expliquen los que queman a los gendarmes o los escupen. Tengo personas con lesiones en columnas, irrecuperables. Tengo 200 efectivos que quedaron con lesiones por la marcha del jueves», dijo Monteoliva, visiblemente molesta.
Tensión que se hizo más notoria cuando le preguntaron en el recinto, y frente al empresariado cordobés, por la polémica de la bandera de Malvinas en el Mundial. «Lo aclaro una vez más: las recomendaciones no fueron mías. Quien define los parámetros es la FIFA», dijo e insistió con «el dibujito de las banderas», frase que repitió este mediodía en Córdoba.
«Lo que hicimos fue comunicar para que la gente no se quedara con la entrada en la mano y la camiseta puesta. Este es el Gobierno que más hizo por la recuperación de Malvinas. Hay otros que hablan mucho, pero cuando estuvieron no hicieron nada», afirmó Monteoliva.
De los líderes de la oposición, particularmente de ese eje que componen el diputado Gabriel Bornoroni y el senador Luis Juez, quien estuvo fue el referente libertario. No así el integrante de la Cámara alta, muy crítico de Monteoliva por su pasado como funcionaria de De la Sota en el acuartelamiento policial en el 2013 y muy cercana, ahora, al ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros. Quien se sentó en la mesa central junto a Bornoroni y al presidente de la entidad, Manuel Tagle.
