En virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia del Gobierno Nacional N° 334 que suspende la presencialidad en distintas actividades y en función de garantizar la prestación de los servicios esenciales y necesarios para afrontar la emergencia sanitaria en el marco de las nuevas disposiciones nacionales, la Municipalidad de Villa Regina informa cómo será la atención en las distintas dependencias durante los días 26, 27 y 28 de mayo:
-Tránsito: se suspende la atención al público. Las charlas de educación y seguridad vial que iban a dictarse en estas jornadas serán reprogramadas.
-Desarrollo Social: atención al público con un equipo reducido.
-Cultura: atención al público en el horario de 7 a 14 horas. Se informa que las bibliotecas barriales, el Museo y la Escuela de Arte permanecerán cerrados.
-Catastro: sin atención al público.
-Obras Públicas: habrá atención al público con personal reducido.
-Obras Sanitarias: se trabajará normalmente.
-Turismo: sin atención al público. Se ponen a disposición los siguientes canales de comunicación: Tel y WhatsApp 2984 904350 / Facebook e Instagram.
-Ambiente: habrá atención al público.
-OMIC: sin atención al público.
-Juzgado de Faltas: habrá atención al público de 8 a 13 horas.
-Bromatología: habrá atención al público.
-Deportes: habrá atención al público.
-Edificio central: atención al público en el horario de 7,30 a 13.
Se recuerda que la atención del público estará destinada sólo a garantizar la prestación de los servicios esenciales y ante casos que requieran una urgente intervención.
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La libertaria Juliana Santillán anunció este martes, durante el plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria, que el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT, por su sigla en inglés) alcanzaba 57 firmas y se convertía en dictamen de mayoría para ser tratado en recinto en la próxima sesión. Con este trámite, Federico Sturzenegger avanzó un paso más en su pelea contra Hugo Sigman y los laboratorios locales.
La Libertad Avanza obtuvo los apoyos de la UCR, Provincias Unidas, los tucumanos de Independencia, el santacruceño José Garrido, Karina Banfi e Innovación Federal, representado en la reunión por el misionero Alberto Arrúa. Los integrantes de las comisiones por el PRO, Emmanuel Bianchetti, Martín Yeza, Florencia de Sensi, Daiana Fernández Molero y Antonela Giampieri, respaldaron pero en disidencia, acaso influidos por la directiva de Mauricio Macri quien mandó a su bloque a votar contra Manuel Adorni si llega la ocasión de removerlo de su cargo.
LPO informó el mes pasado que el gobierno no llegaría a darle sanción al PCT antes del 30 de abril, tal como se había comprometido con Estados Unidos. Incluso, los laboratorios llevaron de viaje a un evento del MIT a los legisladores que integran la RAP, una excursión que las empresas, los funcionarios del gobierno y los diputados aprovecharon para ponerse de acuerdo en la reserva -o apartamiento- del título II del proyecto para mitigar la resistencia de la industria farmacéutica local.
En efecto, esa parte del articulado regula «el examen de patentabilidad» a nivel internacional antes de habilitar la producción en el plano nacional, algo que conspiraría contra la producción de genéricos en el ámbito local.
El secretario de Modernización y ex diputado radical, Alejandro Cacace, uno de los que viajó con la RAP y los laboratorios el mes pasado, dijo en pleno debate que la iniciativa «implica cooperación y no resigna la soberanía en patentes». «Le estamos dando (la oportunidad) a los inventores argentinos que no tengan que andar peregrinando y hagan una sola solicitud», argumentó.
El diputado Maximiliano Ferraro le salió al cruce en seguida. «Le diría que estamos frente al episodio de los desreguladores más locos del mundo, que se brindan a los pies del lobby de la industria farmacéutica con nombre y apellido», expresó en referencia a los laboratorios argentinos.
Aunque el legislador lilito admitió que comparte con el oficialismo la intención de «bajar el precio de los laboratorios de la Argentina», objetó «la reserva del título II» e impugnó que se la comparase con la decisión que tomó el parlamento uruguayo en 2024. «No es comparable en la escala con respecto a Uruguay, la adhesión parcial representaría una señal totalmente negativa», sostuvo Ferraro al fundamentar la presentación de su propio dictamen, sin tachar el título II.
Alejandro Cacace, secretario de Modernización.
El ex canciller Santiago Cafiero y el ex jefe de Gabinete Agustín Rossi, actualmente diputados de UP, fueron los encargados de informar sobre el dictamen de rechazo del peronismo. Cafiero consideró que el gobierno se movía con «urgencia» para sostener el acuerdo de Javier Milei con Scott Bessent: «para nosotros es un acuerdo que ya se cayó porque la Corte Suprema de Estados Unidos le dijo a Donald Trump que no podía negociar sobre las bases que había negociado con Argentina», indicó.
Además, objetó el argumento de Cacace acerca de «la cantidad de investigadores y centros universitarios que solicitaron durante 20 años patentes bajo este paraguas del tratado internacional». «¿Saben dónde están hoy todas esos centros universitarios? No están presentando patentes, están reclamando en la plaza el presupuesto que ustedes les chorean», dijo.
Le diría que estamos frente al episodio de los desreguladores más locos del mundo, que se brindan a los pies del lobby de la industria farmacéutica con nombre y apellido.
Rossi, por su parte, recordó que la versión original del PCT se produjo en 1970, durante el apogeo de la dictadura de Juan Carlos Onganía, y recordó que su objetivo fue desmontar las regulaciones que diseñó Arturo Oñativia, el ministro de Salud de Arturo Illia entre 1963 y 1966. «La historia cuenta que las decisiones que tomó Illia en materia de medicamentos y laboratorios fueron una de las causantes del golpe de 1966. La ley trataba de no generar que las empresas multinacionales tuvieran posiciones dominantes y reconocía procesos de producción», expuso.
También apuntó que el 29 de diciembre de 1997 se terminó votando en el Senado, por unanimidad, la media sanción del PCT. El defensor del proyecto por el oficialismo fue en aquel momento Eduardo Menem, padre del actual presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, y el líder opositor era José Genoud, presidente de la UCR.
¿Van a bajar los precios de los medicamentos o no van a bajar? Porque ese es el debate central que hoy deberíamos tener. Este apuro corresponde a una exigencia para ver si alguna vez podrá el gobierno tener el acuerdo con Estados Unidos.
Sin embargo, Rossi repuso que en 2001 el PCT tuvo una adenda. «¿Qué es lo que estamos tratando? ¿El PCT de Menem y Genoud o el PCT con la adenda de 2001? Si estamos tratando la versión con la adenda, no estamos tratando la media sanción y esta sería la cámara de origen. Y si estamos tratando la media sanción, no estamos tratando el tratado vigente», explicó.
El santafecino consideró que se asistía a «una enorme irregularidad parlamentaria» pero señaló que lo más preocupante era que nadie aclaraba si los precios de los medicamentos bajarían. «¿Van a bajar los precios de los medicamentos o no van a bajar? Porque ese es el debate central que hoy deberíamos tener. Este apuro corresponde a una exigencia para ver si alguna vez podrá el gobierno tener el acuerdo con Estados Unidos», concluyó.
La directora global de riesgo soberano de Moody’s, Marie Diron, lanzó una advertencia que golpeó de lleno sobre uno de los principales objetivos financieros del Gobierno: sostuvo que el mercado sigue percibiendo a la Argentina como un país más riesgoso de lo que indican sus calificaciones crediticias.
«Hay un precio de mercado del riesgo para la Argentina que es algo más alto de lo que nuestras calificaciones implicarían», afirmó Diron en una entrevista con Bloomberg Línea. La declaración cayó en un momento sensible para el equipo económico, que esperaba que la mejora de nota de Fitch ayudara a consolidar una baja más pronunciada del riesgo país y una recuperación más firme de los bonos soberanos.
La observación de Moody’s apareció además acompañada por los propios movimientos del mercado. Después de perforar los 500 puntos y tocar un piso de 496 unidades tras la mejora de Fitch, el riesgo país rebotó durante cuatro ruedas consecutivas hasta superar los 535 puntos, acercándose nuevamente a los valores previos al upgrade.
En la City interpretan ese movimiento como una señal de que el mercado todavía no termina de comprar la idea de una normalización financiera acelerada. De hecho, los spreads argentinos continúan muy por encima de los que pagan países con calificaciones similares e incluso superiores a algunos soberanos con peores notas.
En esa línea, Martín Burgos, director de la consultora Lado B, relativizó el impacto inmediato de las mejoras de calificación sobre los activos argentinos y sostuvo que el mercado todavía considera que el país sigue jugando «en otra liga». Según explicó, mientras Argentina permanezca en las categorías más especulativas, los cambios de nota tienen un efecto limitado sobre el flujo de inversiones.
«Hay un montón de calificaciones que para el mercado son prácticamente iguales. Recién cuando pasás a Investment Grade eso tiene un efecto realmente importante, porque muchos fondos tienen reglas internas que les exigen tener determinado porcentaje de bonos de países con grado de inversión», explicó Burgos. En ese sentido, señaló que una mejora de esa magnitud sí podría generar un ingreso mucho más fuerte de capitales hacia los bonos argentinos.
Para el economista, eso explica por qué el riesgo país no logró sostener la baja incluso después de la mejora de Fitch. «El mercado está esperando más. Por eso el riesgo país sigue estancado», afirmó. Según sostuvo, los inversores entienden que para empezar a discutir una reinserción financiera más sólida Argentina debería acercarse a niveles de riesgo país del orden de los 300 puntos, muy lejos todavía de los valores actuales.
La comparación regional es una de las cuestiones que más inquietan al mercado. Ecuador, que comparte la calificación B- de Fitch y también arrastra antecedentes de defaults, opera con un riesgo país más de 100 puntos inferior al argentino. El Salvador, con la misma nota, directamente cotiza cerca de los 314 puntos.
El Gobierno viene intentando explicar esa diferencia a partir del denominado «riesgo kuka». Luis Caputo sostiene desde hace semanas que los inversores siguen asignando una probabilidad relevante a un eventual regreso del kirchnerismo en 2027 y que esa incertidumbre explica las tasas más altas que pagan los bonos argentinos.
Esa lectura aparece reflejada especialmente en los títulos más largos. Los bonos que vencen después de las elecciones presidenciales de 2027 continúan operando con rendimientos significativamente más elevados que los de corto plazo, algo que para el mercado refleja dudas sobre la sustentabilidad política y financiera del programa económico.
Sin embargo, otros analistas sostienen que el problema excede el calendario electoral. El ex viceministro Emmanuel Álvarez Agis aseguró que la principal fragilidad sigue siendo el bajo nivel de reservas y el creciente peso de la deuda senior, es decir, compromisos que tienen prioridad de cobro sobre los tenedores tradicionales de bonos. «Eso al bonista le pone los pelos de punta», resumió el economista.
Incluso economistas cercanos al mercado, como Hernán Lacunza, empezaron a plantear reparos sobre la dinámica financiera. El exministro de Economía advirtió que la Argentina no debería entrar en un año electoral con reservas netas tan bajas y sostuvo que el actual esquema todavía carece de «holgura».
En paralelo, informes privados comenzaron a enfriar las expectativas de una baja rápida del riesgo país. Un reporte del Banco Comafi señaló que «resulta demasiado optimista» pensar que Argentina pueda comprimir otros 150 puntos en la parte larga de la curva antes de las elecciones.
La discusión de fondo es que, aunque el Gobierno logró mostrar equilibrio fiscal y desaceleración inflacionaria, el mercado todavía sigue mirando otras variables más sensibles: la acumulación de reservas, la posibilidad de recuperar acceso pleno al financiamiento voluntario y, sobre todo, qué margen político tendrá Milei para sostener el programa económico más allá de 2027.
Homicidios, abusos, femicidios , mecheras, motochorros, pungas a punta de cuchillo, robos, accidentes viales a la orden del día, narcos; conceptos que se instalan en la sociedad ante una justicia nefasta que indefectiblemente no desentona ni con sus leyes, ni con quienes las ejecutan. Y para coronar toda esta parafernalia realista y triste la ignorancia…
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