Así quedaron los cruces de octavos de final del Torneo Clausura

Un escándalo de abuso de poder sacude a la policía de Tucumán. Cuatro personas —dos agentes y dos presos— fueron detenidas, mientras que dos altos mandos fueron pasados a disponibilidad por presuntamente facilitar la salida de reclusos de la Comisaría Chusca para que trabajaran como albañiles en la casa de veraneo de una autoridad policial.

La investigación surgió gracias a denuncias anónimas que alertaron sobre la circulación inusual de personas con antecedentes penales en la localidad de El Cadillal. La investigación interna llevó a la detención de los agentes y los dos presos, y a la disponibilidad inmediata del jefe, Gustavo Beltrán, y el subjefe, Sergio Juárez, de la Unidad Regional Norte, ya que los condenados realizaban remodelaciones en el domicilio que pertenecía a esta mayor autoridad.

Los reos fueron trasladados al complejo penitenciario Benjamín Paz. Por su parte, los mandos policiales fueron citados a declarar y se iniciaron sumarios administrativos. El ministro de Seguridad, Agüero Gamboa, calificó el hecho como un «golpe muy fuerte para la institución», pero remarcó la firmeza en la depuración: «Nadie está por encima de la ley, ni siquiera quienes tienen la responsabilidad de hacerla cumplir».

El ministro de Seguridad precisó que, por decisión del gobernador, los dos efectivos involucrados directamente y los dos altos mandos de la Unidad Regional Norte fueron dados de baja de inmediato. Las autoridades judiciales continuarán con los sumarios administrativos para esclarecer el caso de corrupción dentro de la fuerza provincial.

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Foto: Nico Ramos

En el marco de la masiva movilización que concentró a numerosos sectores frente al Congreso para sumarse al reclamo de Jubiladas y jubilados, junto a Agrupaciones feministas, antipatriarcales y antirracistas, trabajadores de la salud pública y de otros gremios, desde la Asamblea Discas en Lucha se sumaron a la marcha el pasado miércoles. «Nos plantamos fuerte en que discapacidad no es un insulto» dijo Laura Alcaide en respuesta a los reiterados agravios que vienen de parte del gobierno además de las medidas de ajuste y vaciamiento de instituciones. Por ANRed. 

El pasado miércoles durante la cobertura nos acercamos a la Universidad de las Madres. Allí estaba la Asamblea discas en lucha llevando su «ranchada» que le permita tener protección en caso de represión o situaciones complejas. Al rato salieron y pudimos conversar un rato con Laura Alcaide, una de las referentes de la asamblea antes de que se sumen a la columna de Jubilados para acompañarles en una ronda.

«Lo interesante de hoy es que estamos muchos sectores en lucha porque los sectores solos no podemos hacer nada, y uniéndonos logramos visibilidad y fuerza en lo que estamos pidiendo. En Discapacidad lo que estamos exigiendo es que se trate el proyecto de Emergencia en Discapacidad, pero con un proyecto de ley no hacemos nada. Lo que exigimos es una vida digna y salir de la crisis en la que estamos», comenta Laura.

Foto: Nico Ramos

Algunas de las denuncias que ya expresaron la semana pasada son la desjerarquización de la Agencia Nacional de Discapacidad y su confinamiento a la órbita del Ministerio de Salud, su vaciamiento, la falta de políticas públicas y el corrimiento de perspectiva hacia modelos ya trascendidos que reemplazan Derechos por asistencialismo; la quita de Pensiones No Contributivas, los obstáculos burocráticos para tramitarla y la trampa de “auditorías”: en la que les citan con muy poco margen de anticipación impidiendo que realicen las gestiones necesarias en el arrasado sistema público de salud, las direcciones falsas e inexactas a las que les dirigen y las eternas filas inhumanas a la intemperie; el deterioro planificado de Incluir Salud que se expresa en la falta de cobertura prestacional y de medicamentos; el incumplimiento del cupo laboral del 4%; la precarización laboral de les trabajadores de “talleres protegidos” que llevan varios meses sin cobrar y por el que perciben un salario de apenas 28.000 pesos al mes; la falta de adaptaciones en los puestos laborales públicos y privados de les trabajadores con discapacidad, entre otras demandas.

«Este gobierno logró juntarnos a todos los sectores: prestadores, instituciones, familias… pero sobre todo personas con discapacidad», agrega.

«Nos plantamos fuerte en que discapacidad no es un insulto. Nos vienen pisoteando y nos vienen insultando desde todos los ángulos. Ya habían usado la imagen de una persona con síndrome de Down para insultar a un gobernador y todo el tiempo están usando nuestra imagen como un insulto. Nuestras identidades no son un insulto y exigimos participación política de personas con discapacidad para tener garantías en nuestro sector», concluyó.

Tras intensas negociaciones en la 113° Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, que se desarrolla en Suiza, los representantes de los trabajadores lograron una victoria clave: la aprobación, por votación, de la elaboración de un Convenio Universal y vinculante que regule el trabajo en plataformas digitales. Por Agencia ACTA/CTA-A.

Tras intensas negociaciones en la 113° Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, que se desarrolla en Suiza, los representantes de los trabajadores lograron una victoria clave: la aprobación, por votación, de la elaboración de un Convenio Universal y vinculante que regule el trabajo en plataformas digitales.

La decisión fue adoptada luego de dos días de debates y resistencia por parte de varios gobiernos y del grupo de empleadores, representado en esta instancia por una delegada de Uber (Estados Unidos). Sin embargo, la postura firme de países como Uruguay, México, Indonesia y la mayoría de los gobiernos africanos resultó determinante para respaldar la propuesta de los trabajadores.

El nuevo convenio —cuya redacción será elaborada en los próximos meses— establecerá que las relaciones laborales entre las plataformas digitales y sus trabajadores queden sujetas a normas laborales internacionales. Esto supone un cambio trascendental en la lucha contra la precarización laboral que afecta a repartidores (como los de Rappi) y conductores (como los de Uber), muchas veces excluidos de derechos básicos como salarios justos, protección social y condiciones seguras de trabajo.

Jorge Castro, secretario general de Uettel y dirigente de la Conducción Ejecutiva de la Central, participó de esta comisión. “El trabajo no es una mercancía”, reza la Declaración de Filadelfia, principio fundacional de la OIT que los representantes sindicales destacaron como guía para este logro.

Aprobado el inicio del proceso, el foco ahora se traslada al contenido del futuro convenio. Entre los temas prioritarios estarán la remuneración del tiempo de espera, el acceso a salud y seguridad laboral, la protección social y una regulación clara de las condiciones de empleo en el sector digital.

El resultado marca un precedente histórico en la regulación global del trabajo digital, y representa un paso firme hacia el reconocimiento de los derechos laborales en la economía de plataformas.

Fuente: https://ctaa.org.ar/historico-avance-en-la-oit-se-aprueba-convenio-vinculante-sobre-trabajo-en-plataformas/

Dos hermanos de nacionalidad chilena, quienes habían ingresado al país de manera ilegal y tenían antecedentes penales, fueron expulsados en el marco de un operativo supervisado  por el Ministerio de Seguridad, y que contó con la participación de agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA).

Precisamente, efectivos de la PFA arrestaron a los dos sujetos, quienes vivían en un hotel de la localidad de Ezeiza, en el sur bonaerense. Y tras la detención, ya fueron enviados a su país de origen, donde habían cometido diversos delitos, al igual que en Estados Unidos.

La investigación se inició a raíz de un pedido de colaboración de Sonia Harms, directora de Control de Permanencia de la Dirección Nacional de Migraciones, solicitando pesquisas para establecer el paradero de los acusados, uno de ellos tenía pedido de captura por secuestro extorsivo en Chile y el otro había sido deportado de Estados Unidos, por el robo a lujosos inmuebles.

Con esta información, a la que tuvo acceso Noticias Argentinas, los efectivos de la Comisaría de Asuntos Migratorios iniciaron un operativo y detectaron que los mismos se ocultaban en un hotel en el partido bonaerense de Ezeiza, donde finalmente fueron detenidos, tras un operativo en conjunto con personal de la Dirección Nacional de Migraciones y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

De esta manera, la Dirección Nacional de Migraciones ordenó la inmediata expulsión del país de los sindicados. Posteriormente, ambos fueron trasladados bajo custodia policial en un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Santiago de Chile, donde al llegar fueron detenidos por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), para continuar la prosecución judicial.

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Federico ‘Fred’ Machado, el empresario argentino acusado de tener vínculos con el narcotráfico y de ser uno de los responsables de financiar la campaña del diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert, sería extraditado este miércoles, según informaron fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas.

Actualmente, Machado es investigado por la justicia de Estados Unidos, particularmente por el Tribunal de Distrito del Este de Texas, por su supuesta participación en actividades de narcotráfico, lavado de dinero y estafas; tanto en el exterior como en nuestro país fue acusado de integrar una organización delictiva transnacional.

En abril del año 2021, fue detenido en el aeropuerto de la provincia de Neuquén, luego de que Estados Unidos solicitara su extradición; este año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación autorizó dicha solicitud, por lo que el empresario aeronáutico fue trasladado a Buenos Aires para ser entregado, este miércoles, a las autoridades norteamericanas.

La figura de Machado tomó importancia a nivel público cuando se descubrió su relación ‘amistosa’ con Espert, a quien, además de haberle financiado su campaña presidencial en 2019 con aparentes fondos del narcotráfico, le habría facilitado el uso de aviones y una camioneta en ese periodo.

Por otra parte, y durante la campaña para ser reelecto diputado nacional en octubre de este año, se confirmó una transferencia en la cuenta personal de Espert de 200.000 dólares en concepto de “asesorías” contables.

Esta situación derivó a que el legislador libertario no sólo renunciara a su candidatura, sino que también se tomara licencia en sus funcionen dentro del Congreso Nacional, donde era presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, hasta el próximo 8 de diciembre, un día antes de que termine su mandato.

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Denuncian al padre por “abandono de persona” tras el ingreso en grave estado de un joven con retraso madurativo en Cipolletti.

Un adolescente se encuentra internado en terapia intensiva del Hospital Pedro Moguillansky: está en coma, intubado y con múltiples escoriaciones en el cuerpo, y su vida corre peligro. Su madre presentó una denuncia judicial por “abandono de persona” contra el padre y la pareja. La causa está en manos del Ministerio Público Fiscal, que aguardará los peritajes y el informe de salud para definir los pasos procesales siguientes.

Según la denuncia y las primeras actuaciones, el menor —identificado como Diego M., con retraso madurativo— habría permanecido en condiciones de abandono y maltrato en la vivienda familiar: la madre afirma en un descargo publico, que estuvo “encerrado en un gallinero, sin agua, sin comida, sin ropa” y con quemaduras por agua caliente y grasa. Ante esas alegaciones, la Fiscalía solicitó un informe médico completo, un relevamiento del domicilio y la remisión de actuaciones del fuero de Familia para integrar la investigación.

La Policía y la Fiscalía realizaron un procedimiento para constatar las condiciones de la vivienda y se secuenciaron medidas urgentes en el plano judicial y sanitario. Por el momento, los cinco pasos procesales están en curso: recolección de pruebas médicas, inspección domiciliaria, toma de testimonios, coordinación con el fuero de Familia y evaluación de imputaciones potenciales contra quienes estaban a cargo del cuidado del adolescente.

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