Así quedaron los cruces de octavos de final del Torneo Clausura

 

La nueva conformación del Congreso Nacional tanto en Diputados como en Senadores tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones nacionales, recibirá los proyectos de reforma laboral y tributaria. El presidente Javier Milei hizo trascender esa novedad, al tiempo que se estimó que convocará a sesiones extraordinarias para su tratamiento.  

Los proyectos se tratarían con la nueva conformación legislativa, donde el oficialismo nacional tendrá un tercio en ambas cámaras. De esta manera, se acercó al número que le permitiría aprobar leyes sin depender de la oposición. No obstante, el Ejecutivo deberá mantener contactos con algunos aliados provinciales.

En esa línea se expresó Guillermo Francos, jefe de Gabinete: “hay una voluntad del Gobierno para tener consensos y conseguir modificar la ley de Contrato de trabajo, las reformas tributarias”, dijo en diálogo con Radio Mitre.

Y agregó: “Estamos en condiciones de hablar en otra posición de fuerza, no es lo mismo tener 35 diputados que 90 y pico. Ahora nos convertimos en el bloque más importante de la Cámara, es otra cosa. Pero siempre con posición de búsqueda de acuerdos y consenso para avanzar en lo que el país necesita”.

En el Ejecutivo ya trabajan con sectores dialoguistas la letra chica de la iniciativa, para conseguir apoyos durante el tratamiento de ella. Ejemplo de ello es el Consejo de Mayo, que debate el Pacto de Mayo, y en donde figuran estos cambios. El grupo se reúne una vez por mes, y representa a Diputados, al Senado, al Gobierno, a las empresas y a los sindicatos.

Diálogo con gobernadores

Ahora, se suma el diálogo con los gobernadores que convocó Javier Milei durante su discurso en la sede de LLA. “Esa política ya está decidida. No se definió cuándo se los va a llamar, pero la idea es que vengan en el corto plazo a hablar con los interlocutores de la Casa Rosada”, expresó un funcionario en Balcarce 50.

Ante la consulta sobre quiénes son esos interlocutores, en el oficialismo aclaran que las personas válidas para hablar con los distintos actores son Guillermo Francos, Santiago Caputo, Lisandro Catalán y hasta el propio Presidente.

Lo que adelantó el secretario de Trabajo

Días atrás, Julio Cordero (secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social) anticipó que la iniciativa que busca reformar las leyes laborales incluye el concepto de “salarios dinámicos”, el cierre de convenios por empresas en vez de por actividad y la posibilidad de negociar paritarias por empresas.

De esta manera, se implementarían adicionales salariales individuales “por mérito”, la creación de un banco de horas trabajadas y la opción de pagar sueldos en distintas monedas.

Según explicó Cordero durante una exposición en la Comisión de Presupuesto de Diputados, el objetivo es que las negociaciones salariales puedan adaptarse a la realidad de cada empresa y región, y no queden sujetas a los convenios colectivos por rama de actividad, como ocurre actualmente.

Frente a este escenario, el propio Javier Milei defendió el proyecto laboral. “Los sindicatos saben que el sistema como está no funciona. Y la reforma permitirá que muchos informales pasen a la formalidad, lo que subirá la recaudación y permitirá a la vez duplicar los fondos para las jubilaciones. Ganamos todos”, aseguró en diálogo con A24.

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Bajo el lema «Hacia una PFA moderna y orientada hacia la investigación», el presidente Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron los alcances del decreto 383/2025, que modifica la ley orgánica de la fuerza, la separa de la Justicia y amplía su autonomía para realizar ciber patrullaje de las redes sociales, requisas, allanamientos y detenciones de personas y vehículos sin orden judicial. Además, habilita a la PFA a «esgrimir ostensiblemente sus armas» y redefine su función central como ejecutora de las políticas de «seguridad nacional». En este marco, inauguraron el Departamento Federal de Investigaciones (DFI). «Vamos a aprender de Estados Unidos e Israel y a colocar a la PFA en los estándares del FBI», celebró Milei. Mientras que Bullrich anunció que «el corazón de esta nueva PFA» será «llegar al hueso de cada una de las organizaciones que intentan tener poder y dinero en este país». María del Carmen Verdú, abogada e integrante de CORREPI, alertó: «ya no estamos en un estado de excepción no declarado, sino ante un declarado cambio de régimen, con destrucción de derechos, garantías y libertades democráticas. Están reestructurando todo el sistema represivo estatal», aseguró. El Estado policial avanza. Por ANRed.

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Tras publicar esta madrugada en el Boletín Oficial el decreto 383/2025, este martes 17 de junio a las 14.15 en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en el barrio porteño de Palermo, el presidente Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron los detalles del DNU, que separa a la Policía Federal de la Justicia y amplía su autonomía para realizar ciber patrullaje de las redes sociales, requisas, allanamientos y detenciones de personas y vehículos sin orden judicial. Además, el DNU autoriza a la PFA a «esgrimir ostensiblemente sus armas» y redefine su función central como ejecutora de las políticas de «seguridad nacional».

«Vamos a aprender de Estados Unidos e Israel y a colocar a la PFA en los estándares del FBI«, celebró Milei, haciendo referencia a país del norte gobernado de forma autoritaria por Donald Trump, que reprime y amenaza a buena parte de su población por protestar en las calles contra las redadas masivas antimigrantes, acumulando episodios espantosos, crueles y disparatados; y al país de Medio Oriente gobernado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, que acumula repudios en todo el mundo por sus incontables crímenes de guerra en el marco del genocidio planificado que desata día a día sobre la población palestina en la Franja de Gaza.

Siguiendo su entusiasmo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló que «el corazón de esta nueva PFA» va a estar concentrada «en una tarea fundamental: llegar al hueso de cada una de las organizaciones que intentan tener poder y dinero en este país«.

Además de inaugurar el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), el decreto 383/2025, que expresa el objetivo de «reorientar la misión de la institución hacia una policía de investigación enfocada en cierto tipo de delitos», autoriza a la PFA a «realizar tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas». En la misma línea, la reglamentación también habilita a la fuerza a realizar detenciones sin orden de un juez.

Realizar, sin necesidad de autorización judicial, tareas de prevención del delito en espacios públicosdigitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas, conforme a las pautas yprincipios rectores dictados para dichas actividades por la autoridad competente

En esa línea, el DNU le permite también a la PFA «tener acceso a información y bases de datos públicas con el fin de llevar adelante, de manera justificada, tareas de investigación o de inteligencia criminal«, además de la facultad de «solicitar el acceso a bases privadas«.

También, en su artículo 6, inciso 8, habilita a la fuerza a «registrar y calificar a personas dedicadas habitualmente a actividades que debe reprimir», sin orden judicial, además de requisar a personas o bienes, cuando haya elementos suficientes que «hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo». Es decir, la posibilidad de requisar o detener queda sujeto al criterio discrecional de cada agente o de las órdenes de la mismísima Bullrich.

El DNU incluye, además, la prohibición de la posibilidad de que la fuerza sea conducida por un civil. En ese sentido, en el artículo 20 del capítulo II del Anexo establece que «la Jefatura de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA será ejercida por UN (1) Oficial Superior de la máxima jerarquía de la institución en actividad o retiro, que designará al efecto el PODER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL».

Finalmente, el decreto firmado por Milei, Bullrich y el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, crea un Programa Presupuestario de Modernización de la Policía Federal Argentina», bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, destinado a realizar inversiones en bienes y soluciones tecnológicas, y que señala que será financiado con el ahorro derivado de la reducción de la cantidad de ingresantes. Asimismo, el punto 9 del DNU declara en emergencia a la Federal por dos años, lo que concede discrecionalidad al ministerio que conduce Bullrich para hacerse cargo de las licitaciones express.

«Estamos ante un declarado cambio de régimen, con destrucción de derechos garantías y libertades democráticas»

Entrevistada esta tarde por Alejandro Bercovich en «Pasaron Cosas» (Radio Con Vos), María del Carmen Verdú, abogada y militante de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), consideró que con este nuevo DNU del gobierno nacional «ahora la Policía Federal pasa a ser una especie de ejecutora o garante de la seguridad nacional«, porque «le dan facultades para hacer ciberpatrullaje, las páginas web que visitamos, requisas, detenciones y allanamientos«.

Asimismo, tras historizar los fallos a favor y en contra y debates judiciales en torno a la cuestión particular de las requisas durante los últimos 40 años, Verdú recordó que «en los últimos fallos la Corte iba en contra de estas requisas», y consideró que «lo que hace esta resolución es habilitar de forma absolutamente discrecional las requisas sobre cualquier persona o vehículo en cualquier circunstancia» y, al respecto, parafraseó al periodista y militante Rodolfo Walsh, quien sostenía: «ya sabemos que los antecedentes y el fierro también lo ponen los policías».

Pero, principalmente, hizo hincapié en la gravedad del último párrafo del DNU, que habilita «la exhibición ostensible del arma de fuego», cuando la policía lo considere necesario.

«Lo que pretende Patricia Bullrich es esto de convertir a la PFA en una especie de FBI, cuando en realidad la PFA tiene funciones muy claras. Tienen todo el paquete de delitos federales a su cargo. Tienen dos funciones básicas: la de la prevención y la judicial. Distingamos, como es en EE.UU., la policía de prevención, que está en la calle, y otra la de investigación, que es la policía judicial, que tiene que depender de los jueces«, remarcó.

Para finalizar, consideró: «es una medida más que se suma a todas las que venimos padeciendo desde diciembre de 2023 a la fecha, que explican porqué decimos que ya no estamos, como con Macri y Bullrich, en un estado de excepción no declarado, sino que estamos ante un declarado cambio de régimen, con destrucción de derechos garantías y libertades democráticas. Nos va a costar muchísimo volver a donde estábamos. Porque están haciendo pelota todo el sistema normativo y reestructurando todo el sistema represivo estatal», alertó.

En tanto, en un comunicado titulado «Nuevo estatuto orgánico de la PFA: Menos libertad, más represión«, CORREPI remarcó que a partir del nuevo DNU, «en lugar de investigar hechos o personas a pedido del poder judicial, es la policía la que decide qué elementos reunir, respecto de qué hecho, para luego dar inicio a una causa judicial», y que, para eso, «también pueden acceder a información y bases de datos públicas y privadas y elaborar sus propias bases de datos y sistemas de información». También, remarca que «la PFA decidir qué allanamientos, detenciones o secuestros hay que efectuar y requerir a los magistrados la autorización para hacerlos».

El organismo antirrepresivo también destaca «la habilitación a la fuerza para realizar requisas personales, de vehículos y pertenencias sin orden judicial, especialmente en la vía pública o en lugares de acceso público». Es decir, «basta que armen un control rutinario de la circulación para poder requisar a su gusto personas, pertenencia y vehículos», advierte CORREPI.

Asimismo, alerta: «en consonancia con el protocolo de uso del arma de fuego vigente desde diciembre de 2023 y el proyecto de reforma del art. 34 del Código Penal presentado por el poder ejecutivo en el Congreso, la resolución faculta a la PFA a hacer uso de la fuerza para el cumplimiento de sus funciones y específicamente a esgrimir ostensiblemente sus armas para asegurar la defensa oportuna de las personas o derechos de terceros o los propios, sin referencia alguna a las leyes y convenios internacionales supra constitucionales que imponen como requisito para usar el arma una amenaza equivalente y del mismo grado».

«Este decreto y su anexo reglamentario se suman al conjunto de medidas ya implementadas desde el gobierno nacional, que vienen ampliando al infinito las facultades policiales, reduciendo controles y garantizando la impunidad de sus ejecutores y mandantes, lo que ya se refleja en el abultado aumento de los fusilamientos de gatillo fácil, las detenciones arbitrarias y la represión cotidiana a la protesta social«, finaliza el comunicado de CORREPI.

 

 

La jueza Julieta Makintach denunció el lunes por la noche a su par Maximiliano Savarino «por falso testimonio» tras haber declarado en el jury de enjuiciamiento contra ella por estar acusada de participar en el documental que provocó la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

Fuentes judiciales informaron que la medida la tomó la defensa de Makintach, luego de que Savarino señalara que no había observado que había personas filmando dentro de la sala durante la primera audiencia, cuando supuestamente le habián avisado de esas presencias.

«No observé el primer día de la audiencia, cuando empezó el juicio oral, a las personas que después de la investigación aparecen filmando a escondidas, de donde estoy yo, en el lado izquierdo, al fondo de la sala, en la última o en la penúltima hilera. No los vi, porque si lo hubiese visto, les hubiese llamado la atención, e impedido hacerlo (…) «, afirmó el magistrado.

Y añadió: «No sabía que existía una filmación oculta cuya responsabilidad atañe de manera exclusiva a la doctora  Julieta Makintach, Jueza del Tribunal en lo Criminal número 2 de San Isidro».

Estos dichos fueron tomados por Makintach y se impulsó una denuncia por falso testimonio, luego de que se ratificara la presencia de una cámara dentro del Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de San Isidro.

«El día 11 de marzo de 2025, en la causa 5628 del TOC Nro. 3 de San Isidro donde se debatía la muerte del señor Diego Armando Maradona, jornada de primer audiencia del debate, donde se pudo advertir la existencia de una cámara de filmación, la cual era de un importante tamaño, y a la vista de todos, al punto que el día 19 de agosto de 2025, la señora Laura Soledad Minici, secretaria del Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de San Isidro, ratificó la existencia de una cámara», señaló.

«En la primer jornada hubo una situación que Barrionuevo inicialmente me dice que había gente que no estaban presentados como periodistas, que tenían algún vínculo con Makintach y que querían estar como público. No se habían acreditado con Ezequiel Klass (subsecretario de Comunicación y Medios de la Suprema Corte de Justicia bonaerense). No sabíamos bien cuál era el vínculo que tenían con Makintach. Le dijeron a Daniela Barrionuevo quevenían de parte de ella. La primera jornada fue caótica, eran muchas partes», precisó Minici.

Y agregó: «Yo le transmití esto a los doctores Savarino y Verónica Di Tomasso, que estaban esas personas que decían que venían de parte de Makintach, les pregunté si los dejábamos con el público y me dijeron que sí, que después lo veían entre ellos. Cuando luego surge el tema de la grabación, una de esas personas estaban grabando con una cámara, me lo hace saber Barrionuevo. Ahí le hago saber nuevamente a los doctores Savarino y Di Tommaso y me dijeron ‘luego lo vamos hablar con Ezequiel Klass’».

Asimismo, detalló que dentro de la sala «sólo estaban algunos periodistas gráficos en esa primera jornada, en la sala, porque no podía haber cámaras«.

“Sólo se autorizó un minuto por reloj a que saquen fotos en la primera jornada. Se estaba transmitiendo en vivo por el canal de la Corte. Creo que Barrionuevo me transmitió que estaban grabando en algún cuarto intermedio y ahí yo se lo transmití a los jueces, no recuerdo bien cuando, fue muy extensa la primer jornada”, precisó.

Y cerró: «No recuerdo haber visto a esa persona grabando, yo lo transmití a mis superiores y me desentendí de eso (…) La respuesta de mis jueces fue que iban a hablar con Klass, yo ese día no volví a hablar del tema con ellos y luego no volví a hablar porque ya no se repitió la situación de que estén grabando».

El juicio continúa este martes

El jury de enjuiciamiento contra la jueza suspendida Julieta Makintach, por el escándalo en el documental grabado durante el debate por la muerte de Diego Armando Maradona, continúa hoy con importantes declaraciones como las de Dalma, Gianinna y una amiga de la acusada. Además, la magistrada solicitó volver a declarar.

Este martes a partir de las 9.00 se dará inicio a una nueva audiencia en el Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense, en la ciudad de La Plata, donde en pocos días se sabrá si Makintach continúa con el legado familiar o si la destituyen.

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Neuquén cerró octubre con una inflación del 2,7 por ciento, un registro levemente inferior al del mes anterior pero que volvió a ubicarse por encima del promedio nacional. El ritmo inflacionario provincial mostró nuevamente comportamientos dispares dentro de la canasta, con aumentos considerables en productos frescos y variaciones moderadas o incluso negativas en otros rubros esenciales.

El análisis desagregado de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos dejó en evidencia que las frutas y verduras marcaron el mayor impacto del mes. El limón encabezó las subas con un salto del 41 por ciento, mientras que la cebolla avanzó 33,1 por ciento. Entre las frutas, la banana tuvo un ajuste del 4,7 por ciento. También se registraron incrementos por encima del promedio en cortes de carne como la nalga, además del aceite de girasol, el azúcar, galletitas, jamón cocido y el yogurt firme.

Otros alimentos subieron pero se mantuvieron por debajo del índice general, como la harina común, el asado, el pollo entero, distintos tipos de quesos, gaseosas y embutidos. En contraste, hubo productos que registraron bajas, entre ellos la leche entera en sachet, el pan, el arroz, los fideos, las hamburguesas congeladas, la manteca y varios vegetales de estación como papa, lechuga y zanahoria.

Las variaciones más fuertes del mes no provinieron solo de la canasta alimentaria. La división Bienes y servicios varios lideró el incremento con un 4,9 por ciento impulsado por alzas en cuidado personal y seguros. Le siguieron Prendas de vestir y calzado, con 4,4 por ciento, y Educación, con un 3,8 por ciento debido a aumentos en niveles primario y secundario.

Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles fue la división que tuvo mayor incidencia sobre el índice general, con un aporte de 0,67 puntos porcentuales, producto de subas en alquileres y, sobre todo, en el gas natural por red. Transporte también pesó en el resultado mensual con una variación del 3,4 por ciento a partir de los incrementos en combustibles, reparaciones de vehículos y vuelos de cabotaje.

Dentro del rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas, la variación fue del 1,9 por ciento, empujada por frutas frescas, productos de panificación, aceites y carne bovina. En el balance general, los bienes aportaron 1,19 puntos porcentuales a la inflación de octubre y los servicios 1,51, con aumentos vinculados a vivienda, educación, gastronomía y mantenimiento automotor.

Las categorías de análisis mostraron también comportamientos diferenciados: los bienes y servicios Núcleo aumentaron 2,4 por ciento, los Estacionales 3,5 y los Regulados 3,2. En términos interanuales, las subas se ubicaron entre el 18,9 y el 43,8 por ciento según la categoría evaluada, reflejando un escenario de correcciones constantes que continúa presionando sobre el bolsillo de los neuquinos.

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Un joven de 19 años fue imputado de explotación sexual agravada y tenencia de material de abuso sexual infantil, y detenido preventivamente por haber creado un falso organismo y un programa de becas con Inteligencia Artificial para hacer viajar a sus víctimas desde Santa Fe hasta Jujuy y así grabarlos en situaciones privadas.

El detenido, especialista en redes sociales, fue capturado en la capital jujeña el 23 de septiembre pasado, acusado de haber filmado en un baño y con una cámara espía a tres estudiantes -dos de ellas menores de edad-, a las que llevó engañadas desde la provincia de Santa Fe y alojó en un departamento para que participen en un evento estudiantil.

El imputado, que tenía 15 videos y 68 fotos de las damnificadas en sus dispositivos, hizo viajar a las víctimas hasta San Salvador, luego las trasladó y alojó en un departamento que alquiló en la capital, donde una de las estudiantes descubrió la cámara oculta en un reloj.

La adolescente notó que el artefacto no funcionaba, se trataba de un cronómetro colocado en un esquinero, en el sector de la ducha y, al manipularlo para ponerlo en hora, se percató que, en realidad, ocultaba una filmadora espía. Dado que el dispositivo también tenía registro de audio, las jóvenes alarmadas lo dejaron en el balcón y alertaron al imputado.

Según informó el sitio Fiscales.gob, el juez federal de Garantías N°1 de Jujuy, Eduardo Hansen, hizo lugar a la imputación contra G.F.F. (19) y, a pedido de la fiscalía, también dictó su prisión preventiva, en el marco de la audiencia de formalización realizada el pasado 28 de octubre.

La investigación está a cargo del titular del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Jujuy, el fiscal federal Federico Zurueta, y la auxiliar fiscal Romina Verdur.

La denuncia que dio lugar a la investigación fue formulada por tres jóvenes que habían llegado desde la provincia de Santa Fe, con el fin de participar de la Fiesta Nacional del Estudiante, que se celebró en la “Ciudad Cultural”, en San Salvador de Jujuy.

Explicaron que, tanto el acusado como las víctimas -de entre 17 y 21 años-, arribaron en un micro de larga distancia de una localidad del interior de esa provincia y se alojaron en un departamento alquilado por el acusado en el barrio Alto Padilla.

Según lo expuesto en la audiencia por la fiscalía, todo era una pantalla creada por el propio imputado, quien tiene un amplio conocimiento informático como “community manager” ya que trabaja como encargado de las redes sociales del centro de estudiantes de un colegio secundario y, además, es empleado municipal, en una localidad santafesina.

Con sus conocimientos y el uso de la aplicación de Inteligencia Artificial Chat GPT, el imputado creó en la web toda la estructura necesaria para darle credibilidad al organismo mencionado, como así también al programa de becas educativas que, en realidad, era el anzuelo para captar a sus víctimas.

Para darle credibilidad a su ardid, colocó como domicilio la dirección de la Casa de Gobierno de Jujuy, creó un flyer, otros links de respaldo y los documentos del supuesto programa de becas, el que ofreció a una compañera de trabajo -la víctima de 21 años-, y a adolescentes del centro estudiantil, dos de las cuales -de 17 años– aceptaron.

La simulación fue tan creíble que ni las víctimas, ni sus padres advirtieron algún elemento que los hiciera sospechar, por lo que llenaron los papeles y firmaron luego los permisos de viajes y estadía necesarios para un evento en Jujuy, el que supuestamente era parte del programa de becas.

Tras haber encontrado el reloj y comunicarse con el imputado, él mismo les informó que supuestamente se había comunicado con los responsables del organismo, los que habían instruido que debía salir del departamento y dirigirse a la “Ciudad Cultural”.

Al llegar, las jóvenes le contaron lo sucedido a policías que poseen un puesto en ese lugar. Cuando los efectivos comenzaron a intervenir, el imputado se mostró nervioso y sostuvo que la cámara había quedado en el departamento, por lo que la mayor de las mujeres se dirigió a buscarla junto a un grupo de policías.

Como no la hallaron, las dos víctimas adolescentes y el imputado abordaron otro móvil para dirigirse al departamento, momento en el que una de las jóvenes vio cuando G.F.F. sacó la cámara de su mochila y la arrojó por la ventanilla del patrullero.

Los efectivos recuperaron el artefacto tecnológico, el acusado quedó detenido y las tres mujeres fueron puestas a resguardo, mientras se secuestraron los correspondientes elementos electrónicos, como celulares, pendrives, discos externos de memoria, una computadora y una tablet.

Los elementos contaban con un total de 15 videos y 68 fotos de la filmación de las tres víctimas, según revelaron los representantes de la fiscalía sobre un peritaje preliminar, así como apuntaron sobre el material fílmico de otras víctimas y material de abuso sexual infantil.

Este hallazgo agravó la imputación y llevó a la solicitud de peritajes complementarios, a fin de establecer si se trata de la tenencia de ese tipo de contenidos, o bien, es material pornográfico infantil producido por el propio imputado.

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El domingo 26 de octubre se realizarán las elecciones legislativas en Argentina, en las que se renovarán 127 bancas de Diputados y 24 del Senado. El voto es obligatorio para los ciudadanos mayores de 18 y menores de 70 años, salvo algunas excepciones.

Según el Código Electoral Nacional (Ley 19.945), quienes no concurran a votar y no justifiquen su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral (JNE) dentro de los 60 días posteriores deberán pagar una multa que va de $50 a $500, según la cantidad de infracciones.

Además, los infractores son incorporados al Registro de Infractores al Deber de Votar, lo que puede traer consecuencias administrativas. En algunos distritos, el valor de las sanciones puede ser superior debido a actualizaciones por “unidades fijas”.

Qué consecuencias tiene no votar

Más allá de la multa económica, la ley establece que quienes no justifiquen su ausencia quedarán inhabilitados durante un año para realizar trámites ante organismos nacionales, provinciales o municipales.
Esto incluye la renovación del DNI, la obtención del pasaporte, la inscripción en programas sociales o trámites jubilatorios.

En casos graves o de falsificación de certificados, las sanciones pueden escalar y alcanzar los $77.000, según la jurisdicción.

¿Cómo justificar la ausencia?

• Estar a más de 500 km del lugar de votación (acreditado ante la policía).
• Problemas de salud con certificado médico.
• Obligaciones laborales o de servicio público durante la jornada electoral.
• Causas de fuerza mayor, como emergencias familiares o climáticas.

Se puede justificar no votar por motivos como:

Las justificaciones deben presentarse dentro de los 60 días posteriores al comicio. Una vez aprobadas, el elector se elimina del registro de infractores.

Este año, las elecciones marcarán el debut de la Boleta Única de Papel, pero las obligaciones cívicas siguen intactas: no votar sin causa justificada puede generar multas y restricciones legales.

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