Argentina y los hombres lobo: la extraña ley que no existe en ningún otro país
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Argentina y los hombres lobo: la extraña ley que no existe en ningún otro país

 

Aunque suene a leyenda rural o a cuento de terror, Argentina es el único país del mundo que conserva una ley nacional vigente inspirada en el miedo popular a los hombres lobo. Mientras en Europa las supersticiones quedaron en tradiciones olvidadas, acá se transformaron en norma escrita, con firma presidencial y todo.

Por Alcides Blanco para NLI

Una superstición que llegó al Boletín Oficial

Durante siglos, en amplias zonas de Europa y América Latina circuló la creencia de que el séptimo hijo varón estaba condenado a convertirse en hombre lobo. En el Río de la Plata, esa figura adoptó nombre propio: el lobizón, una criatura nocturna, maldita y temida, que supuestamente atacaba ganado y personas durante las noches de luna llena.

Ese miedo no era solo simbólico. En comunidades rurales, los séptimos hijos eran marginados, estigmatizados e incluso amenazados, todo por una superstición heredada de la colonización europea y mezclada con mitos guaraníes. El problema no era el monstruo: era la violencia social que generaba el mito.

De la leyenda al Estado

Para frenar esa persecución silenciosa, en 1974 se sancionó la Ley 20.843, conocida como Ley de Padrinazgo Presidencial. La norma establece que el Presidente de la Nación debe apadrinar al séptimo hijo varón o séptima hija mujer, otorgándole reconocimiento oficial y beneficios materiales.

El mensaje era claro: si el Estado reconoce al niño, no hay maldición posible. La ley no menciona hombres lobo, pero su origen está directamente ligado al intento de neutralizar el miedo al lobizón. Fue una forma institucional de combatir la superstición sin nombrarla.

Desde entonces, miles de chicos fueron apadrinados por presidentes argentinos, recibiendo medallas, diplomas y becas. Una política pública nacida del folclore, algo impensado en otros países.

Del mito rural al Congreso Nacional

Lejos de haber surgido de la nada, la Ley 20.843 tiene antecedentes concretos y documentados en la historia argentina. El primer caso registrado de padrinazgo presidencial se remonta a 1907, cuando un matrimonio de inmigrantes alemanes del Volga radicados en Coronel Pringles solicitó al entonces presidente José Figueroa Alcorta que apadrinara a su séptimo hijo varón, siguiendo una tradición heredada de la Rusia zarista, donde se creía que ese nacimiento estaba ligado a la maldición del hombre lobo. El pedido fue aceptado y sentó un precedente informal que se repitió durante décadas. Recién en 1974, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, esa práctica fue llevada al plano institucional: el Congreso sancionó la norma que obliga al Presidente de la Nación a asumir el padrinazgo del séptimo hijo varón o séptima hija mujer. El fundamento oficial no hablaba de monstruos ni supersticiones, pero sí de protección social, integración y educación, en un contexto donde el Estado buscaba evitar la discriminación y la violencia simbólica que todavía pesaban sobre estos nacimientos. Así, una creencia popular que había generado miedo y exclusión terminó transformándose en política pública escrita en el Boletín Oficial.

Europa: mitos sí, leyes no

En Francia y Bélgica, existieron tradiciones similares de padrinazgo del séptimo hijo, pero nunca se consolidaron como leyes modernas y permanentes. En Italia, Portugal o Rumania, los hombres lobo —lupo mannaro, lobisomem, vârcolac— formaron parte del imaginario popular, pero la respuesta fue religiosa o comunitaria, no estatal.

En algunos casos, la Iglesia promovía bautismos urgentes; en otros, las autoridades intentaban erradicar las supersticiones. Ningún país llevó el mito al nivel de una ley nacional vigente, como sí ocurrió en Argentina.

Una rareza jurídica con raíz popular

Lo que distingue al caso argentino no es la creencia, sino la decisión política de legislar contra el daño social de la superstición. Sin discursos racionalistas ni campañas educativas, el Estado eligió una solución pragmática: dar protección oficial a quienes podían ser víctimas del mito.

Así, Argentina terminó siendo —al menos en los papeles— el país más seguro del mundo para nacer en luna llena siendo el séptimo hijo. No porque crea en hombres lobo, sino porque decidió enfrentar una superstición con herramientas institucionales.

Una ley insólita, sí. Pero también un recordatorio de que el folclore, cuando se mezcla con el miedo, puede convertirse en un problema político real.

 

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    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    El Gobierno nacional dispuso la apertura de una investigación antidumping contra las importaciones de lavarropas de origen chino, a partir de un pedido de la empresa Drean S.A.. La medida, formalizada a través de la resolución 10/2026 del Ministerio de Economía, se apoya en informes técnicos que detectan precios artificialmente bajos y una amenaza concreta de daño a la producción local.

    Sin embargo, en el contexto político actual, la decisión no puede leerse de manera aislada ni ingenua. Mucho menos cuando proviene de una administración que ha demostrado escaso interés en defender la industria nacional y que ha hecho del alineamiento automático con Estados Unidos una de sus banderas internacionales.


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    Al mismo tiempo, la CNCE aclaró que todavía no existe un daño importante consumado a la industria nacional. Las dificultades atravesadas por la empresa solicitante se explican, en buena medida, por la caída del consumo interno y no exclusivamente por el ingreso de importaciones.

    El problema aparece cuando se observa la dinámica reciente. China pasó de representar el 50 % del total importado en 2022 al 66 % en 2024, y durante los primeros nueve meses de 2025 los envíos hacia la Argentina se dispararon un 590 %. La amenaza ya no es teórica: es estadística.


    Precios bajos, stocks acumulados y presión futura

    China no es un actor más en el comercio global. Concentra casi la mitad de las exportaciones mundiales de lavarropas, posee una capacidad productiva descomunal y enfrenta medidas antidumping en otros mercados relevantes. En ese contexto, la Argentina aparece como un destino cada vez más atractivo para colocar excedentes a bajo precio.

    La CNCE detectó además que los lavarropas chinos ingresaron al país a precios inferiores a los nacionales, incluso luego de su nacionalización. Esa subvaloración presiona directamente sobre la industria local, que compite en condiciones claramente desiguales.

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    Milei, Trump y el trasfondo geopolítico

    Hasta aquí, los datos técnicos. Pero la política nunca es neutra.

    La apertura de la investigación se produce en un momento en el que Donald Trump vuelve a presionar a terceros países para que limiten su vínculo comercial con China, y cuando el Gobierno argentino busca respaldo externo, financiamiento y aval político. En ese marco, activar un expediente antidumping contra China resulta funcional: no implica ruptura ni sanción inmediata, pero envía una señal clara.

    La paradoja es evidente. Un Gobierno que promueve la apertura importadora, la desregulación y el repliegue del Estado termina habilitando una herramienta clásica de defensa del mercado interno. No lo hace desde un discurso industrialista ni desde la protección del empleo, sino desde una combinación de obligación técnica y conveniencia política.

    La pregunta que queda flotando es incómoda: si el caso no involucrara a China, y si no existiera este contexto geopolítico, ¿la investigación se habría abierto igual? La experiencia reciente invita a dudar.

     

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