Apuntan a represores y a un exfuncionario del socialismo condenado por corrupción detrás de la megaestafa Pilay
Los reclamos contra Pilay de ahorristas que pagaron un plan de viviendas durante 20 años y ahora los departamentos no aparecen, expuso una trama de poder de empresarios con estrechos vínculos políticos y judiciales en Santa Fe.
Entre sus protagonistas aparecen Javier Vigo Leguizamón, uno de los dueños de la firma y reconocido abogado que defendía a ex represores, y Marcelo Vorobiof, exdirector de la compañía y condenado por corrupción en su gestión al frente del Puerto de Santa Fe durante los gobiernos de Binner y Bonfatti. A esa historia también la protagonizan militares acusados de crímenes de lesa humanidad.
Como publicó LPO, los incumplimientos de Pilay encendieron las alarmas y se estima, en un cálculo preliminar, que los afectados podrían superar los 13 mil ahorristas. Desde la empresa sostienen que los terrenos están, atribuyen parte de las dificultades a cambios de zonificación y al desfasaje entre las cuotas y los costos de construcción, y plantean soluciones individuales.
Lo cierto es que los damnificados apuntan a una trama de poder que bloquean las causas en Tribunales. Uno de los señalados son la familia Vorobiof. Marcelo fue director de Pilay durante años y en paralelo funcionario del socialismo cuando en 2010 Hermes Binner lo designa en la administración del Puerto de Santa Fe y luego, Antonio Bonfatti lo ratificó en el cargo. Al frente del organismo público adjudicaba obras y administraba terrenos de alto valor inmobiliario.
[Ahorristas de Pilay denuncian una megaestafa con planes de viviendas]
El 2 de junio de 2022, Vorobiof fue condenado a tres años de prisión condicional por negociaciones incompatibles con la función pública y estafas por administración fraudulenta. El caso se cerró mediante un juicio abreviado donde el empresario admitió su responsabilidad y tuvo que pagar una multa de cinco millones de pesos.
Vorobiof le había adjudicado a empresas suyas que figuraban a nombre de familiares jugosos contratos a las que se le habían adjudicado pagos por obras que no se habían hecho o estaban en ejecución parcial.
Los Vorobiof estuvieron al frente de Pilay por años hasta que en octubre de este año, Fernando Vorobiof, hijo de Marcelo, renunció al directorio en medio del escándalo por los reclamos de los ahorristas, una movida que generó suspicacias en ámbitos judiciales.
La otra pata de esta historia la protagoniza Javier Vigo Leguizamó, un abogado que patrocina a la familia del coronel Argentino del Valle Larrabure en el intento de que su secuestro y muerte a manos del ERP sean considerados un crimen de lesa humanidad. Familiares de desaparecidos también lo señalan como organizador de visitas a represores presos, entre ellas las realizadas por diputados que en su momento reveló LPO.
Vigo mantiene fuerte incidencia en la justicia de Santa Fe. Damnificados que hablaron con LPO contaron que «tenemos tantos inconvenientes en la segunda instancia porque Vigo tiene mucha incidencia en la Cámara de Apelaciones». Los afectados atribuyen a esa influencia las dificultades para que prosperen las demandas colectivas.
Bauen-Pilay es la marca como se conoció durante décadas el sistema de ahorro hipotecario, una sociedad que nace en la década del ’70 y la explica Alicia Bernal, ahorrista afectada e hija de Tito Messiez, secretario de Organización del Partido Comunista secuestrado en septiembre de 1977 en el microcentro de Rosario y desde entonces está desaparecido.
En los primeros años de la convulsionada década, los arquitectos Schujman, Goldberg y Álvarez, con contactos con el Partido Comunista, se asocian al grupo empresario Pilay de los Vigo y Vorobioff: «Son vínculos difíciles de entender más allá de los negocios», comenta Bernal que cuando tenía 19 años se tuvo que poner al frente de la búsqueda de su padre «chupado» por los militares. Uno de los pocos desaparecidos que tuvo el PC.
Vigo Leguizamon fue funcionario nacional de la dictadura y la mansión que tiene en la capital de Santa Fe se la conoce como «La Casa de los Lamentos» porque por allí desfilaban desesperados los familiares de los secuestrados en busca de algún dato que les permitiese dar con el desaparecido.
Pero Vigo no es el único punto de contacto entre Pilay y la represión. En Rosario, una figura clave es Gonzalo Crespi, gerente general y director de Pilay, que tiene a su cargo cuestiones operativas y fue quien atendió los primeros reclamos hasta que intervino el estudio jurídico Casanovas Salvatierra.
Gonzalo es hijo del coronel Jorge Raúl Crespi, acusado en causas de delito de lesa humanidad por secuestros y torturas en la causa de El Vesubio. El militar estuvo a cargo de la Central de Reunión de Información de La Tablada, vinculada a la planificación de la represión ejecutada en ese centro clandestino. Cuando murió, el 24 de junio de 2020, el personal de Pilay publicó una participación en el diario La Capital.
El periodista Alfredo Montenegro reconstruyó parte de esa trama y mencionó a Jorge Crespi en su vínculo con Pilay y a Manuel Cunha Ferré, otro acusado por crímenes de lesa humanidad por haber sido jefe de la patota que secuestró e hizo desaparecer, entre muchos otros, a Héctor Oesterheld, el autor de El Eternauta.
Cunha Ferré administraba edificios de Bauen Pilay cuando fue detenido. Según la investigación de Montenegro, su hijo Luciano lo reemplazó y continuó la actividad junto con otros familiares. El vínculo con la empresa era concreto: tenía a su cargo la administración de inmuebles construidos bajo esa marca que tuvo auge en los oscuros años de la dictadura militar.
