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APROBAR Y NO ACOMPAÑAR

Si se aprueba y no se acompaña, por el contrario se ponen palos en la rueda, se demuestra que la aprobación de tal proyecto fue meramente protocolar, como muchos dicen: “Para la tribuna”.

El 7 de agosto se votó por unanimidad en #VillaRegina la ORDENANZA que adhiere a la Ley O N° 3654 de la Provincia de Río Negro y su modificación por la Ley N° 5052 que habilita a certificar firmas para que el proyecto de iniciativa popular sobre regulación del cannabis medicinal, que contempla el autocultivo del usuario y el solidario a través de un registro, sea tratado en la legislatura, sumándose así a una larga lista de ciudades rionegrinas que ya adhirieron.

Un proyecto de iniciativa popular debe obtener un total de firmas certificadas del 3% del último padrón electoral, en nuestra provincia aproximadamente serían unas 17mil personas. Algunas de las ciudades que ya adhirieron son: Valcheta, Viedma, Río Colorado, Chichinales, Cipolletti, Roca, Bariloche y Jacobacci, entre otras. Siendo San Antonio Oeste pionera en la provincia y vanguardista a nivel nacional con una ordenanza en vigencia que contempla un registro de cultivadores y un ente regulador del mismo, siendo uno de los primeros municipios de Argentina en entregar certificados a los cultivadores. Sobre esta ordenanza se basa el proyecto de regulación.

En Regina, una vez aprobada la ordenanza nos encontramos (como en otras ciudades adheridas a la ley) que el maquillaje que a veces se colocan los ediles para aprobar proyectos de iniciativa popular se cae rápido y de la aprobación por unanimidad a los obstáculos burocráticos hay poca distancia.  La negativa a habilitar vecinos a certificar firmas es el problema, decisión que conculca con el espíritu del derecho de iniciativa popular para la presentación de proyectos ante la Legislatura, que justamente es participar activamente de la construcción de una ley.

Contraponiéndose con los términos expresos en el art. 2º de dicha ordenanza que expresa:…“autoriza a los fines de la certificación de firmas a los/las Concejales/as Municipales, miembros de la Junta Electoral Municipal, integrantes del Tribunal de Cuentas Municipal, y/o las personas designadas por resolución que oportunamente se dicte desde la Presidencia del Concejo Deliberante, Tribunal de cuenta o Junta electoral de la Municipalidad de la localidad de Villa Regina”.

El 7 de agosto la abogada Julieta Peralta presentó una nota al presidente del Concejo Deliberante Edgardo Vega proponiendo más espacios para la certificación de firmas mediante comerciantes de la ciudad que asumieron la responsabilidad de certificar que quienes firman son personas de carne y hueso, extendiendo con esta posibilidad los horarios disponibles además de sumar más espacios donde se pueda firmar. Hasta el momento solo se puede firmar en el municipio, el tribunal de cuentas y el concejo deliberante; que están trabajando en horarios acotados. El pedido fue negado por presidencia sin fundamentación.

Por lo mencionado anteriormente es, en parte, que la negativa para abrir otros lugares para juntar firmas es un error, si la ordenanza por la cual adhirieron y que ellos mismos votaron habilita que haya otros certificadores y hay vecinos que de manera voluntaria y espontánea se ofrecen para cumplir con ese rol, asumiendo para sí mismos esa responsabilidad de la certificación, no debería existir inconveniente para que el presidente del CD Edgardo Vega apruebe lo solicitado atribuyendo una facultad a los vecino que la misma ordenanza así lo permite.Además de no contar con elementos válidos para negarla.

“Cada firma debe ser certificada como corresponde. No es una cuestión menor. Los comercios no tienen esa facultad. Esa es la razón” fue la respuesta de Vega al pedido de Peralta violando un derecho que está garantizado por la constitución provincial a través del derecho de iniciativa popular. Una actitud que puede considerarse un acto discriminatorio contra los vecinos que se ofrecieron a certificar firmas negándoles la posibilidad de participar activamente en la construcción de una ley.

Dotar el proyecto de trabas burocráticas, va en contra precisamente del espíritu de la ley de iniciativa popular y obviamente de la misma ordenanza que el concejo aprobó por unanimidad hace un par de meses. 

Si bien la ley exige que las firmas sean certificadas, esa exigencia no es a los fines de corroborar las razones de legalidad sobre lo que se está firmando, no es la escritura de una casa o la entrega de un poder para a un juicio. Es simplemente volcar la adhesión de un vecino a una iniciativa parlamentaria solicitando que se discuta (ni siquiera que se apruebe), para que al menos se debata un proyecto para avanzar sobre una temática de salud pública como lo es el autocultivo de cannabis para la salud.

Justamente la incorporación de la exigencia de la certificación de la firma en la ley está puesta al sólo efecto de que haya alguien que se haga cargo de que quienes suscriben son genuinamente personas de carne y hueso, y que así no se trata de una persona que empieza a completar datos de vecinos falsificando firmas. El tribunal Electoral y luego la Comisión de Asuntos Constitucionales y legislación general es la encargada de verificar dichos cumplimientos. Por eso es al solo efecto de que exista alguien que tome la responsabilidad para sí de certificar que son personas las que están firmando y suscribiendo de puño y letra cada una de esas adhesiones que se manifiestan en las planillas.

De allí entonces que la intensidad de los requisitos para ser certificadores son al mínimo posible porque la idea precisamente es poder poner en prueba, en evidencia, un elemento constitucional de participación ciudadana, como lo es la iniciativa popular.

En otros términos rigen también los principios básicos del derecho administrativo, como la inderogabilidad por el acto administrativo individual, es decir, al solicitar que se habiliten comercios con estos vecinos que se ofrecen voluntariamente como certificadores el Presidente no puede derogar una norma que ya aprobaron.

Por todos estos fundamentos es que ante un nuevo pedido para la apertura de más espacios para la junta y certificación de firmas, los ediles reginenses debieran tomar el compromiso asumido y habilitar dicho requerimiento, justificando de este modo la aprobación de la ordenanza demostrando que no fue un “acto demagógico para la tribuna”, construcción que suele ser un pedido interno constante entre ediles en cada sesión del Concejo.

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    EXCUSA GUATEMALTECA: Espert blanqueó los 200 mil dólares, pero no pudo despegarse del narco Machado

     

    Cuando faltaban quince minutos para la medianoche, José Luis Espert publicó un video de seis minutos confirmando lo que ya se sabía: cobró 200 mil dólares. Lo hizo intentando despegarse de Fred Machado, el narco detenido dueño de los aviones que usó en su campaña de 2019. La explicación, lejos de aclarar, oscureció aún más el vínculo.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable


    El video de la medianoche

    En un mensaje grabado, leído de punta a punta y sin margen para improvisar, Espert aseguró: “Los pagos que se me hicieron no fueron de campaña ni del ejercicio de la función pública, sino producto de mi actividad privada”. Notar que dice «pagos» en plural, lo que abre la pregunta: ¿cuánto dinero recibió realmente?
    El escenario elegido —un escritorio, unas hojas impresas y una cortina beige detrás— buscaba transmitir seriedad. Pero el Bank of America, cuyos registros forman parte de la causa judicial en Texas, dice otra cosa: la transferencia salió de una de las empresas de Machado y terminó en una cuenta de Espert.


    La excusa guatemalteca

    El diputado libertario intentó desligarse afirmando que trabajó para un empresario de Guatemala, Iván Morales, de la empresa Minas del Pueblo. Según su relato, lo asesoró sobre proyectos mineros y reestructuración empresarial.
    El problema es que Machado también tenía inversiones en Guatemala. Y que los papeles bancarios no dejan lugar a dudas: el dinero provino de una firma controlada por el narco.

    “Puedo haber pecado de ingenuo, pero delincuente jamás”, se defendió Espert, repitiendo el guion de “operación kirchnerista” que luego reforzó Milei en redes.


    Milei, único sostén

    El presidente salió en su auxilio:
    “El PROFE @jlespert desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo. Los kirchneristas están tapados de causas de corrupción y como todo ladrón creen a otros de su misma condición”, escribió Milei en X.

    En la Rosada, sin embargo, la preocupación es otra: Bullrich y Francos presionaron públicamente para que Espert dé explicaciones claras, y la militancia libertaria en Buenos Aires ya se niega a repartir boletas con su cara.


    Candidato en la sombra

    La crisis se notó enseguida. Se suspendió un acto en La Plata, y en Ezeiza, durante el anuncio del nuevo Código Penal, a Espert lo mandaron a la tercera fila para esconderlo de las cámaras. Mientras Milei prometía “tolerancia cero con el crimen”, el candidato acusado de recibir dinero narco entraba al penal acompañado por personal del Servicio Penitenciario Federal.

    Ese mismo día pasó por Casa Rosada para ver a Santiago Caputo. Allí le confirmaron que no se baja, pero que deberá sostener el relato oficial: “operación kirchnerista”.


    La militancia, en crisis

    Mientras tanto, en el conurbano bonaerense la bronca crece.
    “En el territorio nos dicen: nos llegaron los panfletos con la cara de Espert, pero, ¿con qué cara le damos esto en el barrio?”, confió un referente de campaña a Noticias La Insuperable.


    Dos causas, un mismo patrón

    En tanto, el juez Marcelo Martínez de Giorgi investiga en la causa 1780/2021 los 35 vuelos en aviones de empresas vinculadas a Machado durante la campaña 2019. Allí el propio Espert reconoció que los usó con fines electorales, aunque intentó deslindar responsabilidades.
    En paralelo, el juez Lino Mirabelli analiza la denuncia de Juan Grabois por el pago de 200 mil dólares de una socia de Machado condenada en Texas por lavado narco.


    Final abierto

    El video de Espert pretendió ser un cierre, pero abrió más preguntas de las que respondió. El dinero llegó de Machado, los aviones eran de Machado, y las causas siguen vivas en Comodoro Py y en Texas.
    Mientras tanto, Milei insiste en blindarlo como amigo personal, aunque cada vez más sectores libertarios se preguntan: ¿cuánto costará políticamente seguir cargando con un candidato que no logra explicar ni un dólar de los que recibió?

     

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