El Director de Ambiente y Desarrollo Sustentable Hugo Curzel participó el sábado de la entrega de certificados de la capacitación de guardias ambientales que se desarrolló desde el 23 de septiembre y durante todo el mes de octubre.
El cierre se llevó a cabo en la Estación de Piscicultura de Villa Regina. La iniciativa de capacitación y sensibilización denominada “El cuidado de nuestra casa común- Desarrollo, ambiente y producción” fue organizada por la Comisión Asesora de Saneamiento Ambiental y el Consejo Local de Ecología, Ambiente y Desarrollo Sustentable en el marco de la Ordenanza 039/2013. Se entregaron en total 47 certificados, entre asistentes y capacitadores.
Constó de seis módulos de aprendizaje organizados por especialistas y destacados profesionales en la temática.
Cristina Kirchner se quedó con lugares estratégicos en la AGN y el Consejo de la Magistratura, dos organismos de control institucional clave para la oposición, y se activaron las alarmas entre los gobernadores peronistas que se reunieron el martes pasado en la Casa de La Pampa. Por allí pasaron Axel Kicillof, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela, Elías Suárez, Gildo Insfrán y Gustavo Melella para coordinar «la agenda parlamentaria» con alrededor de 20 legisladores, un encuentro que ilusionó a los que aspiran a construir oposición con autonomía de La Cámpora.
Los movimientos de la ex Presidenta, tal como informó LPO, son producto de las conversaciones que sus emisarios mantienen con el entorno de Karina Milei para cubrir las vacantes en el Poder Judicial, que van desde los más de 200 cargos en los juzgados federales hasta la Procuración General y los dos lugares vacantes en la Corte Suprema.
En ese contexto, Máximo Kirchner fue uno de los negociadores que pactó con Martín Menem los nombres de los tres auditores que se votaron a las tres de la madrugada de este jueves, en una escandalosa sesión y juraron luego de esperar escondidos atrás de las cortinas.
«Que el Gobierno haya aceptado pagar el costo de cerrar un acuerdo con el kirchnerismo por los lugares en la Auditoría sugiere que ahora se puede empezar a destrabar los pliegos de los jueces federales y la Corte», afirmó a LPO el jefe de uno de los estudios de abogados más importantes del país.
Ese acuerdo, que implicó sacarle un auditor al PRO, terminó con la designación de la polémica Rita Mónica Almada por LLA, Pamela Calletti por Gustavo Sáenz y los gobernadores del norte y Juan Ignacio Forlón por el cristinismo, lo que causó malestar entre los sectores del peronismo que discuten el liderazgo de Cristina.
Que el Gobierno haya aceptado pagar el costo de cerrar un acuerdo con el kirchnerismo por la Auditoría sugiere que ahora se puede empezar a destrabar los pliegos de los jueces federales y la Corte.
La irritación se monta, además, sobre la reciente designación de la senadora Anabel Fernández Sagasti, una de las embajadoras de San José 1111 en la Cámara Alta, como miembro del Consejo de la Magistratura. Esa designación produjo una concentración de dos cuatro sillas que le corresponden al PJ en manos de Cristina: además de la mendocina, ocupa un lugar en representación del Senado su colega Mariano Recalde, mientras que por Diputados asisten los legisladores Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley.
Por eso, los jefes provinciales del peronismo volcaron su bronca en el grupo de WhatsApp que comparten este viernes. «Los kirchneristas se reparten los lugares entre ellos, sin apertura de diálogo ni ningún tipo de consenso», afirmó a LPO el asesor de uno de los gobernadores.
En esa cuenta cargan la AGN, el Consejo de la Magistratura y hasta las autoridades del bloque de diputados. Al mismo tiempo, ven con preocupación el avance de Cristina en la negociación por el máximo tribunal y los jueces federales, un nicho de sumo interés para cualquier gobernador.
Uno de ellos fue terminante: «Con lo de la AGN, se saltearon todo y negociaron ellos directamente con el gobierno». «Cristina tensó hasta donde pudo, después mandó a Máximo a negociar y ahora hay mucha calentura», agregó.
Cerca del líder de La Cámpora explicaron que «Máximo fue parte de la negociación porque representa una parte importante del peronismo, fue consensuado, no se entiende que haya gente disgustada».
LPO informó sobre la voluntad de los gobernadores por acordar con el gobierno los cargos judiciales vacantes. Es verdad que en el enjuague que se cristalizó en la madrugada de este jueves, los gobernadores del norte se llevaron un auditor, pero la centralidad del acuerdo la tuvo Máximo Kirchner..
Cristina tensó hasta donde pudo, después mandó a Máximo a negociar y ahora hay mucha calentura.
En este marco, Cristina dejó trascender que hasta marzo no se discutirán las vacantes en el Poder Judicial, una afirmación lógica porque los pliegos se analizarían cuando el Senado retome sus sesiones ordinarias.
LPO reveló que Cristina quería convertirse en la interlocutora del gobierno en el debate por la reforma laboral y la CGT habría terminado de comprenderlo esta semana, cuando José Mayans comunicó que los peronistas no integrarían la comisión de Trabajo en el Senado ante la ilegalidad de la conformación diseñada por Patricia Bullrich para despojar a sus opositores. Fuentes legislativas comentaron a LPO que los dirigentes sindicales habrían planteado que el peronismo debía dar la discusión en cada instancia para introducir modificaciones, pero el formoseño habría seguido indicaciones de Cristina, con la amenaza de preparar el terreno para impugnar el desarrollo irregular del trámite en sede judicial.
Un senador y un diputado, por caso, admitieron que la jugada de la AGN habría circulado en la conversación con los gobernadores y luego habría llegado al bloque peronista, donde discutieron el asunto Máximo, Germán Martínez y Victoria Tolosa Paz. Esto acaso revela que la tensión entre Cristina y los gobernadores por quedarse con la interlocución del Gobierno, no necesariamente conduce a una ruptura.
Con un escrito de la Fiscalía de Estado, el gobierno de Santa Fe recusó a última hora a cuatro ministros de la Corte Suprema provincial, que en forma inminente debe decidir sobre incidentes previsionales, iniciados luego de que Maximiliano Pullaro impulsara y lograra un cambio de la ley que fija retenciones sobre los haberes de pasivos del Poder Judicial. Los recusados son cuatro de los ministros con más edad del máximo tribunal.
El motivo esgrimido es que los recusados se encuentran en condiciones de recibir la jubilación, o ya la tramitaron. Según el planteo del Poder Ejecutivo, estaría comprometida su imparcialidad para resolver un caso que los tendrá en breve como beneficiarios.
Los apuntados son los ministros Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco y Rubén Weder. Los tres primeros, que anunciaron que se retiran el año que viene, tienen en curso el trámite jubilatorio desde hace tiempo. El último, que se incorporó este año al máximo tribunal, ya es jubilado y suspendió el beneficio al ser aprobado su pliego.
La ley jubilatoria de Pullaro provocó una oleada de protestas en empleados y funcionarios judiciales, que tuvo una de sus manifestaciones más expresivas en la movilización en la puerta de los Tribunales provinciales de Rosario, con un centenar de jueces para demostrar su contrariedad.
En 2024, la Legislatura de Santa Fe sancionó una ley previsional que entre otras cosas implementó un aporte solidario para jubilados con haberes superiores a cierto umbral (unos 3 haberes mínimos, alrededor de 1.533.171 pesos en diciembre 2025), que van del 2% al 6% según el monto. También estableció un tope jubilatorio máximo, equivalente a 20 haberes mínimos (cerca de siete millones de pesos), buscando equilibrar el sistema.
Los apuntados son los ministros Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco y Rubén Weder. Los tres primeros, que anunciaron que se retiran el año que viene, tienen en curso el trámite jubilatorio desde hace tiempo.
Estos dos planteos fueron objetados por muchos jubilados del Poder Judicial, por inconstitucionales. Jueces de primera instancia y camaristas de distintas jurisdicciones provinciales se pronunciaron de diferentes maneras y ahora muchos de los trámites los dirime la Corte de Santa Fe. Fue por esto que el gobierno provincial, a través de un dictamen del Fiscal de Estado de Santa Fe, Domingo Rondina, recusó este viernes a cuatro de los siete ministros de la Corte.
El presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérez.
El tema no es solamente un pleito jurídico sino que fue desde el inicio de la discusión legislativa de la ley de una altísima litigiosidad política en Santa Fe. Desde distintos sectores del Poder Judicial y de los patrocinantes de los recursos indican que el planteo del gobierno es pobre desde lo conceptual y lo muestran como una jugada política. Aducen que todos los jueces serán jubilados algún día, por tanto no hay ningún magistrado que al resolver no disponga algo que lo incumbe directamente. No solo les concierne, dicen, a los que se jubilan de modo más inminente, como pasa con los cuatro ministros que se busca desplazar.
Pero además aluden a otro motivo técnico, por lo que arguyen el caso debe ser rechazado in límine. Indican que las recusaciones no pueden ser planteadas cuando el caso termina. Los impulsores debieron hacerlas no cuando el tema llegó finalmente a la Corte, sino cuando se constituyó el tribunal. Ahora, dicen, el tribunal está consentido.
Los planteos cuestionan, por un lado, el aporte previsional de emergencia y, por otro, los topes para haberes más altos, donde hay mucha jurisprudencia nacional sobre la intangibilidad de los haberes de magistrados, que corren tanto para los activos como para los pasivos.
«Un ministro de la Corte jubilado gana unos 14 millones de pesos. Con el tope pasa a ganar 7 millones. Eso no guarda racionalidad con los principios de la intangilibidad. Le baja el ingreso a la mitad», es el argumento.
En los despoblados tribunales rosarinos había furia. De los siete ministros de la Corte quedarán tres, que son Daniel Erbetta, Margarita Zabalza y Jorge Baclini, para resolver este diferendo. Se le deberán agregar cuatro conjueces. «Van a digitar todo para que salga un fallo para defender la ley del gobierno», masculló un juez que habló con LPO caliente como una estufa.
Un ministro de la Corte jubilado gana unos 14 millones de pesos. Con el tope pasa a ganar 7 millones. Eso no guarda racionalidad con los principios de la intangilibidad. Le baja el ingreso a la mitad.
Esto ocurre, además, cuando Pullaro presionó de manera manifiesta para desplazar a los tres ministros de la Corte que aún perduran y que ya cumplieron los 75 años de edad. Luego de una acción de fuerte exposición y desgaste, los ministros en cuestión -Spuler, Falistocco y Gutiérrez- anunciaron que se retiran entre septiembre y noviembre de 2026. El gobernador firmó hace dos días el decreto con los que postulará para reemplazarlos. Son tres ministros muy cercanos a su ideario político y el de su espacio de aliados.
Uno es el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde. Otro es Diego Maciel, que es el secretario legislativo del senador radical Felipe Michlig, el principal articulador del gobernador en la Cámara Alta. La restante es la abogada rosarina y jueza de faltas, Jorgelina Genghini, impulsada por Julián Galdeano, armador político del radicalismo y secretario de Vinculación Institucional del gobierno provincial, y por su hermano Lucas Galdeano, presidente del Colegio de Abogados de Rosario.
Este sábado se realizará en Villa Regina el primer “Meeting” que reunirá a los amantes del K-Pop y del Animé en el Polideportivo Municipal Cumelen. El encuentro se llevará a cabo en el gimnasio N° 2 del Polideportivo, desde las 15 hasta las 20 del sábado 22. La entrada es libre y gratuita. Oliver y…
En el gobierno de Lucas Ghi entienden que detrás de los disturbios del martes, que dejaron destrozos y algunos heridos en el Concejo Deliberante, estuvo la feroz interna entre el intendente y Martín Sabbatella.
«Por los relatos de algunos trabajadores si hay influencia (del sabbatellismo). Los trabajadores no se pelearían entre trabajadores, todos se conocen y se respetan», dijo a LPO una fuente cercana al intendente.
«Cuando ves imágenes que están redireccionadas a los cargos de los funcionarios municipales se nota más esa influencia», agregó esa fuente en referencia a los papelitos arrojados durante la protesta en los que se instaba a reclamar al celular de Lucas Ghi y de su jefa de Gabinete, Estefanía Franco.
El martes, un grupo de trabajadores municipales destrozaron el Concejo en un reclamo por falta de pago de salarios. La protesta se realizó en la previa a una sesión en la que se iba a aprobar el presupuesto de ese municipio del oeste del conurbano.
En una de las dependencias municipales donde se concentran las áreas de Servicios Públicos hubo quema de cubiertas. También cortes de tránsito en el centro de la ciudad, precisamente en Plaza San Martín, frente al Palacio Municipal.
Fuentes del municipio explicaron a LPO que hubo dos trabajadores municipales heridos a causa de piedrazos. Ambos estaban trabajando en la oficina de Economía y Tasas. En ese momento había vecinos que debieron retirarse para protegerse.
El motivo de la protesta fue la falta de pago de horas extras por parte de la administración de Ghi. Desde el municipio sostienen que el sueldo fue depositado a todos los trabajadores. También se depositó el salario anual complementario. «Quienes cobraron cero es porque tienen descuentos y tienen problemas en sus cuentas», dijeron a LPO desde Morón.
Por caso, apenas sucedieron los incidentes el concejal sabbatellista, Diego Spina, salió a cuestionar al gobierno municipal: «es muy injusto y doloroso lo que está haciendo el ejecutivo con los empleados municipales», dijo y siguió: «la falta de previsibilidad para el pago de las horas extras es una irresponsabilidad de gestión».
Ghi y Sabbatella mantienen un fuerte enfrentamiento desde hace meses. El intendente se encuadró detrás de Axel Kicillof en el Movimiento Derecho al Futuro, mientras que su ex jefe político se mantiene como un incondicional de Cristina Kirchner.
La derrota en las elecciones de octubre detonó la tregua impuesta en la interna de Morón que duró mientras duró la campaña. En medio de una guerra interna que incluyó el desplazamiento del sabbatellismo del gabinete municipal y la puja por el control del Concejo Deliberante, la derrota de la boleta de Fuerza Patria en Morón terminó por exacerbar el estallido.
El Intendente Marcelo Orazi junto a los Ministros de Gobierno y Comunidad Rodrigo Buteler y de Desarrollo Humano y Articulación Comunitaria Juan José Deco realizaron durante este lunes una serie de visitas por distintas instituciones de Villa Regina, como parte de la agenda de trabajo conjunta entre el Municipio y la Provincia de Río Negro….
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