El Director de Ambiente y Desarrollo Sustentable Hugo Curzel participó el sábado de la entrega de certificados de la capacitación de guardias ambientales que se desarrolló desde el 23 de septiembre y durante todo el mes de octubre.
El cierre se llevó a cabo en la Estación de Piscicultura de Villa Regina. La iniciativa de capacitación y sensibilización denominada “El cuidado de nuestra casa común- Desarrollo, ambiente y producción” fue organizada por la Comisión Asesora de Saneamiento Ambiental y el Consejo Local de Ecología, Ambiente y Desarrollo Sustentable en el marco de la Ordenanza 039/2013. Se entregaron en total 47 certificados, entre asistentes y capacitadores.
Constó de seis módulos de aprendizaje organizados por especialistas y destacados profesionales en la temática.
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Esta semana Argentina tuvo que importar electricidad desde Uruguay para evitar un colapso energético, por el pico de calor. Así lo publicaron distintos medios en el país vecino.
La decisión desnuda una falta de previsión -o negocio- que le cuesta carísimo al Estado argentino, porque se paga una fortuna por electricidad que Uruguay produce con el gas barato que exporta Argentina desde Vaca Muerta.
El episodio ocurrió este miércoles en la franja más sensible del sistema. Entre las 19:12 y las 22 horas se importaron unos 830 MW, sumando a la potencia transferida desde Brasil. Para dimensionarlo: ese volumen representa cerca de la mitad de la demanda uruguaya en ese momento. Es decir, el rescate energético implicó que el vecino país destinara una porción significativa de su propio consumo para sostener al sistema argentino. Y así lo cobró.
Un dato llamativo aparece cuando se miran los números locales. La demanda máxima del día apenas superó los 20.000 MW. Sin embargo, el sistema argentino tiene capacidad instalada para generar hasta 30.000 MW. No faltó capacidad instalada. Lo que falló fue la coordinación, el despacho y la previsión. Una estructura que, en el momento clave, no logró responder. El episodio ya es una constante en la actual administración.
El episodio ocurrió este miércoles en la franja más sensible del sistema. Entre las 19:12 y las 22 horas se importaron unos 830 MW. Argentina pagó por esa energía importada valores que rondan entre los 150 y 200 dólares por MWh. El doble que la generación nacional promedio.
Argentina pagó por esa energía importada valores que rondan entre los 150 y 200 dólares por MWh. El doble que la generación nacional promedio. Esa electricidad, además, se genera, en parte con gas argentino.
El gas de Vaca Muerta se exporta a Uruguay, a través de acuerdos como el que mantiene Pan American Energy con la estatal uruguaya UTE, precios cercanos a los 3,5 dólares por millón de BTU, por debajo de los casi 5 dólares que se pagan en el mercado doméstico.
Con ese insumo, la central térmica de Punta del Tigre produce electricidad que luego se vende de regreso a la Argentina a precios varias veces superiores.
La ecuación es difícil de justificar. Argentina exporta gas barato y reimporta energía eléctrica cara producida con ese mismo recurso. En los hechos, subsidia el insumo y paga el valor agregado. Una lógica invertida que se vuelve más visible en momentos de estrés del sistema.
En el trasfondo, el manejo del SADI vuelve a quedar bajo cuestionamiento. La previsión de la demanda, la disponibilidad efectiva de generación y la coordinación regional no lograron alinearse. No fue una falla estructural. Fue una secuencia de decisiones que derivó en una importación evitable.
«Hay que apurar la comisión de interconexión. Le vendemos gas barato de Vaca Muerta para que generen en Punta del Tigre y después nos venden la electricidad carísima. Es un cuadrilátero que ya pagamos», explicó a LPO una fuente del sector.
La frontera es un teatro inmunológico en el que cada cuerpo es percibido como un enemigo potencial, y él y yo estamos a los dos lados en ese umbral para jugar el juego de la identidad y de la diferencia. Paul B. Preciado Paul B. Preciado nos conduce hasta los rincones menos pensados de la…
Axel Kicillof demora el envío al Senado de tres pliegos de candidatos a jueces de la Suprema Corte. Los nombres ya están en manos del gobernador y corresponden a los tres sectores mayoritarios del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Eos sectores afirman que el gobernador se comprometió a enviarlos en diciembre pasado.
En los primeros días de diciembre pasado, Kicillof selló un acuerdo con el kirchnerismo, el massismo, al que se sumó el radicalismo que conduce el senador Maxi Abad. En una oficina de la Ciudad de Buenos Aires llegaron Gabriel Katopodis y Mariano Cascallares, como negociadores de Kicillof. Facundo Tignanelli y Federico Otermin, por el kirchnerismo. Alexis Guerrera, por el massismo. Y Maxi Abad y Diego Garciarena por el radicalismo. «Kicillof participó vía teléfono en altavoz», afirmó a LPO un dirigente al tanto de las negociaciones.
Allí se acordó enviar al Senado bonaerense tres pliegos para que sean aprobados a fines de diciembre junto con el presupuesto 2026 y las autorizaciones de endeudamiento. Esos pliegos correspondían a los tres sectores del peronismo. En el entorno del gobernador consideraron en ese momento que mezclar las dos discusiones iba a terminar trabando la sanción del presupuesto y limitaron el reparto de cargos al directorio del Bapro.
Respecto de los nombres existe total hermetismo. Por el lado del gobernador suena el nombre de Santiago Pérez Teruel, hoy titular de la Asesoría General de Gobierno. En tanto, en las últimas semanas trascendió que el presidente del Honorable Tribunal de Cuentas, Federico Thea, también quiere ser.
En el massismo guardan hermetismo sobre su candidata para la Corte bonaerense, pero esta semana comenzó a sonar en despachos judiciales el nombre de Micaela Morán, una ex diputada nacional cercana a Malena Galmarini y siempre muy cuidada por el Frente Renovador.
Kicillof designó a Thea al frente de un cargo vitalicio por lo que resulta extraño que desista de ese asiento para pasar a la Suprema Corte. En tanto, el ala más progresista del gobierno bonaerense promueve que se elija a una mujer.
En el massismo hay algunos nombres. Esta semana comenzó a sonar en despachos judiciales el nombre de Micaela Morán, una ex diputada nacional cercana a Malena Galmarini y siempre muy cuidada por el massismo. Además de Morán, siempre estuvo en carpeta el nombre del diputado nacional Ramiro Gutiérrez, quizás el principal asesor de Massa en temas judiciales.
Micaela Morán y Ramiro Gutiérrez.
En el kirchnerismo el hermetismo es total. Desde el inicio de la gestión Kicillof, cuando se generaron las primeras vacancias en el Máximo Tribunal, el nombre que trascendió fue el de Marisa Herrera, autora de tratados de referencia en derecho de familia.
En el peronismo no están conformes con la decisión de Kicillof de postergar las designaciones. «El gobernador lleva más dos meses demorando el acuerdo», confió a LPO un dirigente involucrado en las decisiones.
Como sea, en la reunión de diciembre se acordó además que el cuarto pliego se enviará al Senado antes de la feria judicial de julio. Ese lugar debe ser para el radicalismo y todo indica que el sector de Abad impondrá el nombre de la vicerrectora de la Universidad de Mar del Plata, Marina Sánchez Herrero.
En el kirchnerismo el hermetismo es total. Desde el inicio de la gestión Kicillof, cuando se generaron las primeras vacancias en el Máximo Tribunal, el nombre que trascendió fue el de Marisa Herrera, autora de tratados de referencia en derecho de familia.
Pero a ese cuarto pliego se le podría sumar un quinto. Es que en el gobierno bonaerense dan por hecho la decisión de la jueza Hilda Kogan de jubilarse.
LPO había adelantado en noviembre pasado las versiones de salida de la jueza. Kogan tuvo que presidir la Junta Electoral de la provincia cuando Kicillof desdobló la elección provincial y fue la responsable de garantizar una elección casi inédita en la historia reciente de la provincia. «Hasta acá llegué», dijo tras el recuento definitivo de los votos.
La jueza bonaerense Hilda Kogan.
Todo indica que ese quinto lugar también quedará para el peronismo, que niega la posibilidad de que el PRO o La Libertad Avanza se quede con ese asiento en la Corte.
Argumentan que por un lado tienen los votos en el Senado para quedarse con todos los lugares, pero están decididos a respetar el acuerdo con el radicalismo que ocupa distintas posiciones de poder de la provincia. Además, sostienen que el último juez en sumarse al Tribunal fue Sergio Torres en 2019 y fue elegido por la entonces gobernadora, María Eugenia Vidal, de manera que el PRO ya tendría su magistrado
Hoy, la Suprema Corte funciona con apenas tres de los siete jueces que la componen, una anormalidad institucional que preocupa en todos los ámbitos políticos.
En los últimos años la Corte fue acumulando vacancias. En junio del año pasado se retiró Luis Genoud, antes habían renunciado Eduardo De Lázzari y Juan Carlos Hitters. También falleció en su cargo el juez Héctor Negri, en 2020. Kicillof siempre postergó el momento de cubrir esas vacancias. «Así como está funciona muy bien», repetían en el gobierno provincial.
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