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Ambiente participó de la entrega de certificados de la capacitación de guardias ambientales

El Director de Ambiente y Desarrollo Sustentable Hugo Curzel participó el sábado de la entrega de certificados de la capacitación de guardias ambientales que se desarrolló desde el 23 de septiembre y durante todo el mes de octubre.

El cierre se llevó a cabo en la Estación de Piscicultura de Villa Regina. La iniciativa de capacitación y sensibilización denominada “El cuidado de nuestra casa común- Desarrollo, ambiente y producción” fue organizada por la Comisión Asesora de Saneamiento Ambiental y el Consejo Local de Ecología, Ambiente y Desarrollo Sustentable en el marco de la Ordenanza 039/2013. Se entregaron en total 47 certificados, entre asistentes y capacitadores.

Constó de seis módulos de aprendizaje organizados por especialistas y destacados profesionales en la temática.

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    Escándalo cripto sin fin: documentos revelan que Milei tenía vínculos con otra empresa mientras crecía la trama de $LIBRA

     

    La causa $Libra sigue escalando y sumando elementos comprometedores para Milei. A la ya documentada relación con los impulsores del fallido token, ahora se agregan pruebas que lo conectan con otra estructura del mundo cripto y con una empresa que habría firmado acuerdos vinculados a estos negocios. Lejos de tratarse de un episodio aislado, la investigación empieza a mostrar un entramado mucho más amplio.

    Por Roque Pérez para NLI

    Bartosz Lipiński, el CEO de Cube, participó del Tech Forum y de una reunión con Karina Milei en Rosada.

    La causa $Libra sumó en las últimas horas documentación clave que complica aún más a Milei. A los contratos, chats y negociaciones ya conocidos, ahora se agregan pruebas que lo conectan con otra estructura del mundo cripto y con la empresa Cube Exchange Australia Pty Ltd, con domicilio declarado en 401 North Morgan Street, Chicago, IL 60642 (una especie de salón de eventos) vinculada al empresario Bartosz Lipiński. El caso deja de ser un episodio aislado y empieza a mostrar una red de negocios con actores identificables, montos concretos y acuerdos formales.

    Lipiński participó del Tech Forum, el evento en el que se cruzaron buena parte de los protagonistas de esta historia. En octubre, hizo un gran anuncio sobre su alianza con Argentina aunque sin mayores detalles del proyecto. En septiembre, organizó un exclusivo after party en Puerto Madero con Travis Scott. En julio, estuvo en una reunión con Karina Milei en Casa Rosada junto Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Hayden Davis. Y unos días antes, en junio, patrocinó al youtuber preferido del gobierno, Agustín Laje.


    Documentos que amplían el alcance del escándalo

    La investigación judicial por la criptomoneda $Libra incorporó nuevos documentos que revelan un dato central: Milei no solo estaba vinculado al proyecto que terminó en colapso, sino también a otras iniciativas cripto en paralelo.

    Según la documentación difundida, en esos papeles aparece mencionado el llamado “Instituto Milei”, una estructura que habría funcionado como canal de articulación con distintos emprendimientos del ecosistema digital. Allí no solo se discutía el lanzamiento del token, sino también otros desarrollos que apuntaban a replicar el mismo modelo de negocio.

    Este punto es clave porque introduce una dimensión distinta: la existencia de una estrategia más amplia y no de una participación ocasional o improvisada.


    Cube Exchange Australia Pty Ltd y el rol de Bartosz Lipiński

    El dato más concreto que surge de la información publicada por Perfil es la aparición de Cube Exchange Australia Pty Ltd, una empresa del sector cripto que habría tenido un rol directo en la formalización de acuerdos.

    Dentro de esa estructura aparece el nombre de Bartosz Lipiński, identificado como uno de los actores centrales detrás de la firma. Según la investigación periodística, esta empresa habría sido la encargada de firmar contratos vinculados a los proyectos en los que orbitaba Milei, lo que introduce un elemento jurídico concreto: ya no se trata solo de contactos informales, sino de instrumentos contractuales.

    La presencia de Cube Exchange en la trama permite entender mejor cómo se organizaba el esquema: empresarios, intermediarios y figuras políticas conectados a través de acuerdos que buscaban capitalizar el auge de las criptomonedas.


    Contratos por millones y evidencia acumulada

    Los nuevos datos no aparecen en el vacío. Se suman a una serie de elementos que ya venían complicando al entorno de Milei dentro de la causa $Libra.

    Entre ellos, se destacan documentos hallados en dispositivos de los involucrados que mencionan acuerdos económicos por cifras millonarias, incluyendo un borrador que establecía un pago de 5 millones de dólares a cambio de la promoción del proyecto. A eso se agregan registros de chats y comunicaciones donde se discuten condiciones, tiempos y estrategias de lanzamiento.

    En ese entramado aparece también la figura de Mauricio Novelli como intermediario, funcionando como nexo entre los empresarios cripto y el entorno político. Las conversaciones muestran que no se trataba de un vínculo superficial, sino de negociaciones sostenidas en el tiempo.

    La incorporación de Cube Exchange y de Bartosz Lipiński a este escenario refuerza la hipótesis de que existía una estructura organizada, con roles definidos y objetivos económicos claros.


    Del impulso inicial al colapso: el núcleo del caso

    El punto de partida sigue siendo la promoción de $Libra por parte de Milei, que generó un salto abrupto en el valor del token. Esa suba inicial permitió que quienes estaban mejor posicionados dentro del esquema obtuvieran ganancias rápidas, antes de que el activo se desplomara.

    El resultado fue contundente: miles de inversores perjudicados y una transferencia de recursos hacia un grupo reducido que operó con información privilegiada o mayor capacidad de reacción.

    A la luz de los nuevos documentos, ese episodio empieza a ser interpretado por los investigadores no como un hecho aislado, sino como una maniobra inscripta en un modelo de negocios repetible, donde la promoción pública funciona como disparador de valor.

     

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  • Mahiques cedió a la presión de Comodoro Py y postergó otro año la reforma que pasa el poder a los fiscales

     

    El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, hizo saber este viernes que el nuevo modelo penal de enjuiciamiento se posterga hasta febrero de 2027. Es el tercer atraso en la implementación de un modelo que ayudaría a reducir la politización de los juzgados federales y que fue la bandera del ex ministro Mariano Cúneo Libarona, que dejó el gobierno sin lograr su instrumentación.

    Ahora, Mahiques adujo razones ligadas a los recursos para justificar esta nueva postergación, cuando hace unos días había indicado que no era ese motivo para suspender su inicio. El modelo ya se aplica en doce provincias pero se posterga en el fuero más sensible, porque juzga los casos de corrupción de los funcionarios del gobierno nacional.

    Definido por la Constitución de 1994, el acusatorio lleva un retraso de 31 años en su aplicación. Su implementación provoca un cambio total de funciones y de influencias. Los todopoderosos jueces federales pierden su poder de investigar que pasa a los fiscales. Los tiempos eternos de las causas se terminan. Los trámites dejan de ser secretos y cada acto se transparenta en una audiencia pública.

    Comodoro Py no tiene ninguna urgencia por cambiar esa realidad. Hoy los jueces de Retiro reciben una denuncia, la pisan años y la usan como herramienta de negociación política. «La saco y en un minuto tengo sentado a un diputado, a un ministro o al jefe de gabinete. La meto en un cajón y consigo que me deban algo», le dice un juez santafesino a LPO.

    El gobierno ahora no descarta abrir la negociación de la Corte con Comodoro Py para acordar una «paz judicial» 

    Otro tema central que también complica su instrumentación es la interna que existe para elegir el fiscal coordinador del nuevo sistema. Una suerte de mini procurador que tendrá peso en la definición de quien tomará cada causa.

    Un tema central que también complica la instrumentación del sistema acusatorio es la interna que existe para elegir el fiscal coordinador del nuevo sistema. Una suerte de mini procurador que definirá quien tomará cada causa.

    En el acusatorio son los fiscales los que, al controlar las investigaciones, toman el poder de los jueces. Lo que vienen rosqueando entre el Ministerio de Justicia y la Procuración General de la Corte es quién se queda con el rol de fiscal coordinador que define la línea de persecución y la asignación de cargas de trabajo. La interna se disputa entre tres exponentes del Ministerio Público Federal porteño.

    Uno es Diego Luciani, fiscal de la causa Vialidad, que terminó en condena contra Cristina Kirchner. El otro es Carlos Stornelli, el fiscal de instrucción de la causa Cuadernos con una historia polémica, como estar en rebeldía en la causa por espionaje ilegal donde fue condenado Marcelo D’Alessio. El tercero es Ramiro González, el que celebró su cumpleaños con una fiesta de lujo en la que cantó Cristian Castro, y en la que estuvieron jueces federales, el operador macrista Daniel Angelici y hasta el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti.

    Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña.

    «La pelea sigue siendo la misma, quién dirige la Procuración y el fiscal responsable. Hasta que ellos no tengan el nombre de quien va a alinear la tropa en Comodoro Py no van a hacer nada», dice un analista y funcionario que tiene su despacho en Retiro.

    Coincide con esto Javier Alfie, director Ejecutivo del Instituto en Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). «No hay nada más allá que una lucha de tribus al interior de la Procuración para definir cómo se tramitan causas que involucran corrupción. En esta pelea intervienen mafias judiciales que controlan Comodoro Py por quien se queda con la manija. Esta indefinición rutinaria que traba el acusatorio lo que hace es buscar que se prolongue un modelo garante de impunidad sistémica», le dijo a este medio.

    El fiscal que investigó a Cristina por Vialidad suena como coordinador del nuevo modelo acusatorio

    En el Inecip indican que van 13 años desde que se aprobó el Código Procesal Penal. Son tres años desde que el gobierno reactivó su implementación en todo el país, que anunció que lo haría en dos años. Y dos años desde que por primera vez se anunció una fecha de entrada en vigencia para Comodoro Py.

    Esta indefinición rutinaria que traba el acusatorio lo que hace es buscar que se prolongue un modelo garante de impunidad sistémica.

    Es esto, y no la mentada cuestión de recursos no asignados para el cambio, la que llevó a Mahiques a postergar el arranque de un sistema que, sin que se definieran nombramientos especiales, funciona en la mitad de la Argentina. Cuneo Libarona lo hizo dos veces. Debía empezar el 11 de agosto de 2025, lo cambió al 10 de noviembre del mismo año y al llegar esa fecha lo volvió a diferir para el 27 de abril de este año.

    El calendario vuelve a estirarse. La Procuración General de la Corte a cargo de Eduardo Casal, que lleva un interinato de ocho años, indica que para cambiar el modelo judicial primero hay que garantizar recursos humanos, tecnológicos y edilicios.

    Los problemas y justificativos que se dan para solicitar y obtener la venia del poder político para no empezar nunca con el acusatorio en Comodoro Py son materia pendiente de resolución en las 12 provincias que arrancaron con este sistema. Es un pretexto.

    «Es un pretexto absoluto ese planteo», dice un funcionario desde adentro de la Justicia Federal de Rosario. «Los problemas y justificativos que se dan para solicitar y obtener la venia del poder político para no empezar nunca con el acusatorio en Comodoro Py son materia pendiente de resolución en las 12 provincias que arrancaron con este sistema». Que rige en Mendoza, Rosario, Mar del Plata, Salta, Corrientes y Bahía Blanca entre otras jurisdicciones.

    En ningún lugar tienen resuelto los temas de nombramientos. En Rosario los jueces de garantías que afrontan las audiencias iniciales donde se imputa a un detenido son magistrados de Tribunales Orales que cubren esa función. En Corrientes para los juicios orales actúan un juez de General Roca y otro de Formosa.

    Los jueces Ercollini y Martínez di Giorgi.

    Los que en la Procuración definen con Casal para ver quién es el ungido como fiscal coordinador son Juan Manuel Olima y Juan Manuel Casanova. Pero nada saldrá sin la anuencia de la Casa Rosada o, por lo menos, una negociación.

    En ese rumbo la que está tratando de tender puentes con Comodoro Py es Karina Milei, quien tiene preocupación e interés en que les frenen las causas en contra en camino. Con una gestión que ya atraviesa los últimos dos años la sensibilidad y el poder de presión de los jueces federales se activa. Mahiques y Santiago Viola, como delegados de Karina, van a querer incidir en los nombramientos de fiscal coordinador y fiscal revisor con el fin de suavizar los compromisos judiciales en la Casa Rosada.

    Una reunión de Borinsky con Santiago Caputo agitó las versiones de su candidatura a la Corte

    La puja por poner el procurador de la Corte que conduce a los fiscales federales también es parte de esta martingala. Los que buscan sentarse en la silla de Casal son los jueces Ariel Lijo y Mariano Borinsky, que también suena como posible candidato a la Corte Suprema.

    Hay fiscales que se bancan sin una palabra que un juez federal tenga un pedido de indagatoria sin citar a los implicados durante siete años. Hay una morosidad tremenda del trabajo judicial en Comodoro Py, que tiene récord nacional en demoras y en cantidad de funcionarios.

    Lo que hace doblarse de ironía a funcionarios judiciales que siguen esta rosca eterna es la preocupación que, tanto en la Procuración como en el ámbito de los jueces federales, alegan por los posibles inconvenientes de la entrada del acusatorio.

    «Lo dicen muy serios fiscales que se bancan sin una palabra que un juez federal, por ejemplo, tenga un pedido de indagatoria sin citar durante siete años a los implicados. Hay una morosidad tremenda del trabajo judicial en Comodoro Py, que tiene récord nacional en demoras y en cantidad de funcionarios», dice el juez rosarino que habla con LPO.

    Esa capacidad política de jugar con los tiempos en el sistema acusatorio se termina. Los fiscales federales investigan desde el inicio, deben llevar de inmediato a audiencia de imputados a breve lapso, que no deciden ellos sino una oficina de gestión judicial. Los jueces solo valoran las pruebas en una sala frente a público que entra sin restricciones.

    Los jueces Borinsky y Hornos.

    El Inecip consignó en un documento del año pasado que los fiscales federales de la CABA tienen la carga de trabajo más baja de todo el país. «Solo el 1 % de las condenas de Comodoro Py corresponden a delitos de alto impacto. El sistema acusatorio es imprescindible para optimizar el uso de los recursos y mejorar la actual tasa de 1 % de eficacia político-criminal».

    Aunque después Comodoro Py le dobló el brazo, el año pasado a esos números Cuneo Libarona se los refregó a los fiscales que pedían prórroga porque no podrían enfrentar delitos complejos sin recursos. Le mandó una carta a Casal diciendo que solo el 3% de las causas que manejan son por delitos relevantes. Por ejemplo, en Comodoro Py las causas por narcocriminalidad representaron en 2024 el 0,84% del total, las de corrupción el 0,51% y las de criminalidad económica el 0,08%.

    «Y eso pasa en un fuero en CABA con una cantidad desproporcionada hacia otros distritos en relación a sus recursos humanos», dice Alfie. «Incluso las fiscalías por la cantidad de empleados son incomparables a las jurisdicciones del interior del país».

     

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