El Director de Ambiente y Desarrollo Sustentable Hugo Curzel participó el sábado de la entrega de certificados de la capacitación de guardias ambientales que se desarrolló desde el 23 de septiembre y durante todo el mes de octubre.
El cierre se llevó a cabo en la Estación de Piscicultura de Villa Regina. La iniciativa de capacitación y sensibilización denominada “El cuidado de nuestra casa común- Desarrollo, ambiente y producción” fue organizada por la Comisión Asesora de Saneamiento Ambiental y el Consejo Local de Ecología, Ambiente y Desarrollo Sustentable en el marco de la Ordenanza 039/2013. Se entregaron en total 47 certificados, entre asistentes y capacitadores.
Constó de seis módulos de aprendizaje organizados por especialistas y destacados profesionales en la temática.
Las cinco fuerzas federales llevarán a cabo una inédita protesta el próximo 2 de abril en reclamo a los bajos salarios. Es la primera vez en la historia que miembros de Prefectura, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Servicio Penitenciario Federal y Policía Federal convocan de manera conjunta a una protesta, que en este caso consistirá en un abrazo solidario en el edificio Centinela de Retiro, sede de la Gendarmería.
La situación de los efectivos de seguridad, exhibe una profunda contradicción con la narrativa del gobierno que, por un lado, dice «cuidar a quienes nos cuidan» y por el otro paga salarios por debajo de la línea de la pobreza a los efectivos, que tienen que buscar un trabajo alternativo para llegar a fin de mes, como manejar un Uber.
Si a esto se le suma la crisis de la obra social Iosfa, el combo es explosivo. Los integrantes d elas fuerzas de seguridad habían pasado a la obra social de los militares que vació el ex ministro Luis Petri, dejándola en una situación tan terminal que fue necesario liquidarla. Ahora el gobierno la dividió en dos: OSFFESEG para las fuerzas de seguridad y OSFA para los militares. Y prometió un plan muy básico de OSDE para gendarmes y prefectos. Pero todo está en el aire. La realidad es que los uniformados están casi sin prestación médica. «Los grupos de Whasapp están en llamas», confirmó a LPO un uniformado.
La ex ministra Patricia Bullrich benefició a los jefes de la Gendarmería por su relación personal con el jefe de la fuerza, Claudio Miguel Brilloni. Esto tuvo un doble efecto que está eclosionando ahora: generó un malestar en los rangos bajos que no fueron alcanzados por la mejora salarial, y bronca en el resto de las fuerzas que se sintieron discriminadas.
La situación de los efectivos de seguridad, exhibe una profunda contradicción con la narrativa del gobierno que, por un lado, dice «cuidar a quienes nos cuidan» y por el otro paga salarios por debajo de la línea de la pobreza a los efectivos, que tienen que buscar un trabajo alternativo para llegar a fin de mes, como manejar un Uber.
Pero la preocupación más fuerte que corre por estas horas en la Casa Rosada apunta a la cuestionada ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a quien señala como una «académica» sin capacidad de conducción de las fuerzas.
«Monteoliva no tiene don de mando y puso como segundo a un chico que no entiende donde está», explicó a LPO un experto en seguridad con paso por varias gestiones.
El volante convocando a la protesta que circula en los grupos de Whatsapp y las redes.
Existe además un antecedente que genera escalofríos en el Gobierno. Algunos funcionarios de primer nivel recuerdan que fue la misma Monteoliva la que conducía el ministerio de Seguridad de Córdoba cuando el 3 y 4 de diciembre de 2013, la Policía se acuarteló y la Capital provincial vivió horas dramáticas. Por este hecho, la ministra fue eyectada del cargo.
A la crisis de los salarios, hay que sumar la interna de la ministra de Seguridad con un su ex jefa Bullrich porque la ministra decidió cerrar filas con Karina Milei en su feroz interna con la actual senadora. En el marco de esta disputa es que Bullrich cuestionó la represión a un camarógrafo de A24 en una marcha contra la Ley de Glaciares. Como derivada de esa tensión, Monteoliva tiene un enfrentamiento durísimo con el jefe de la Gendarmería, Brilloni.
Otro ejemplo de la gestión errática de Alejandra Monteoliva se produjo semanas atrás cuando la ministra levantó o dejó que levanten la custodia de las fuerzas federales a 60 establecimientos vinculados a la colectividad judía en la Capital y encendió protestas -por ahora reservadas- de la DAIA.
El timing de Monteoliva no podía ser peor: la decisión se tomó justo cuando Irán catalogó a Javier Milei como enemigo y en la semana del aniversario del atentado a la embajada de Israel.
Lo más preocupante del caso es que la ministra, ante la revelación exclusiva de LPO, negó el hecho y una simple constatación personal en la sede de la DAIA le hubiera permitido confirmar su veracidad. «O miente o no le informan, que sería peor», afirmó a LPO un funcionario al tanto de las tensiones que levantó el caso.
El equipo económico ya empezó a analizar la posibilidad de reestructurar la deuda con el FMI que vence el año próximo, para aligerar un muro de vencimientos externos que ronda los USD 19 mil millones. Con el riesgo país por encima de los 600 puntos Toto Caputo prepara un plan de contingencia por si no puede volver a los mercados voluntarios de deuda.
Los vencimientos suman USD 18.927 millones y su renegociación es posible si Milei consigue respaldo político de Trump. Ese monto es el total que la Argentina debería pagar el año próximo sumando tres grandes bloques de deuda en moneda extranjera: FMI, otros organismos multilaterales y acreedores privados. Es la proyección del propio FMI.
El desglose revela la estructura del problema. Por un lado, el FMI explica USD 5.544 millones en 2027. Es la parte más rígida. Y tiene un cronograma muy concentrado: pagos en marzo, junio, septiembre y diciembre, combinados con intereses y sobretasas trimestrales. Es el corazón de la «muralla».
Los pagos se distribuyen a lo largo del año, pero con momentos críticos. Marzo abre con más de USD 580 millones. En junio aparece otro pico de USD 625 millones. Septiembre es el mes más pesado, con más de USD 900 millones. Y diciembre vuelve a concentrar pagos por otros USD 625 millones. A eso se suman intereses y sobretasas en mayo, agosto y noviembre. Es un esquema que obliga a tener dólares disponibles casi todos los meses.
El segundo bloque es el de organismos multilaterales excluido el FMI: Banco Mundial, BID, CAF. Ahí aparecen USD 5.897 millones en 2027. Se dividen casi en partes iguales entre intereses y amortizaciones. Es deuda más dispersa, pero igual de exigente. No tiene la visibilidad del Fondo, pero suma presión constante durante todo el año.
El gobierno enfrenta la herencia de Guzmán. No fue una reestructuración de la deuda de Macri, sino un nuevo préstamo para cancelar el anterior. Una refinanciación. Guzmán pateó los vencimientos hacia adelante, pero no modificó la lógica del endeudamiento.
El tercer bloque es el de los acreedores privados en moneda extranjera, con USD 5.245 millones proyectados para 2027. Acá entra la deuda reestructurada por Martín Guzman en 2020 y las emisiones posteriores.
Los bonos surgidos del canje de 2020 pagan intereses en enero y julio. Ahí se concentra buena parte del flujo anual. Pero además, en 2027 se suma un dato clave: el bono USD 2038 empieza a amortizar capital en julio. Es decir, deja de ser solo pago de intereses y pasa a exigir desembolsos de capital.
A eso se le suma la nueva deuda emitida en los últimos meses. El BONAR 2029N paga cupones en mayo y noviembre, mientras que el bono AO27 introduce una lógica distinta: pagos mensuales de intereses desde 2026 hasta su vencimiento en octubre de 2027, cuando además se amortiza todo el capital. Es un goteo constante que termina en un desembolso final.
Y por fuera de estos tres grandes bloques aparece el frente bilateral, encabezado por el Club de París, con pagos semestrales que se extienden hasta 2028. No es el componente principal, pero agrega presión en momentos específicos del calendario.
Para entender la situación hay que hacer una distinción clave: no es lo mismo refinanciar que reestructurar. En los primeros tramos de la negociación de Guzmán había consenso en que el objetivo era reestructurar la deuda tomada en 2018. Es decir, cambiar plazos, tasas y condiciones de un compromiso que ya entonces era considerado impagable.
Sin embargo, el acuerdo terminó siendo otra cosa. No fue una reestructuración, sino un nuevo préstamo para cancelar el anterior. Una refinanciación. Guzmán pateó los vencimientos hacia adelante, pero no modificó la lógica del endeudamiento.
La deuda original, tomada por el gobierno de Mauricio Macri en 2018, el mayor préstamo en la historia del FMI, por hasta USD 57.000 millones, con USD 45.000 millones efectivamente desembolsados; quedó intacta en su estructura.
El resultado es el calendario actual. Un esquema que alivió el corto plazo pero cargó el mediano. Ahora la deuda con el FMI no es un problema futuro. Es un problema presente que ya tiene fecha de vencimiento. Y ese calendario marca un punto crítico: 2027. Ahí se levanta una muralla de pagos que, hoy, nadie en el mercado cree que Argentina pueda afrontar sin una reestructuración.
El estado de situación con el Fondo suma incertidumbre. La revisión del programa, que debía resolverse en noviembre y luego se esperaba para marzo, volvió a postergarse. Ahora el Gobierno apunta a fines de abril, después de la cumbre del FMI y el Banco Mundial. Allí estará Luis Caputo.
Para los mercados, el diagnóstico es claro. Sin un «reschedule de payments» el riesgo país difícilmente baje de manera sostenida. Daniel Marx, Jefe de Negociación de Deuda Soberana entre 1988 y1993, cuando se estatizó la deuda de las empresas privadas, lo explica en términos estructurales: Argentina tiene una proporción inusualmente alta de deuda «privilegiada». Es decir, compromisos con organismos multilaterales y bilaterales que tienen prioridad de cobro. Esa porción representa cerca del 20% del total de la deuda pública, un nivel muy elevado en comparación internacional.
Esa estructura condiciona todo. Porque si no alcanza para pagarle al FMI que tiene prioridad de cobro, nada queda para cumplir con el resto. Y eso, logicamente, impacta en la percepción de riesgo. «Mientras esa carga siga así, el mercado va a mirar con desconfianza», explicó un operador.
En ese contexto, el estado de situación con el Fondo suma incertidumbre. La revisión del programa, que debía resolverse en noviembre y luego se esperaba para marzo, volvió a postergarse. Ahora el Gobierno apunta a fines de abril, después de la cumbre del FMI y el Banco Mundial. Allí estará Luis Caputo.
De esa revisión depende un desembolso de unos USD 1.000 millones y, sobre todo, el waiver por el incumplimiento de la meta de reservas. Sin esa dispensa, el programa queda en falta. «Este delay debe leerse como un reto, pero no hay soltada de mano», deslizó una fuente al tanto de las conversaciones.
Lo concreto es que Argentina corre sobre una cinta de Moebius. Sin acceso a los mercados internacionales, el Tesoro debe pagar sus vencimientos en efectivo. Para hacerlo, el Banco Central le vende los dólares. Es un circuito cerrado donde las reservas no crecen, pero acumular reservas es condición necesaria para conseguir financiamiento.
El balance cambiario pone en números la desconfianza del mercado. En febrero, el último dato disponible, se repitió el patrón que dominó gran parte de 2025: déficit de cuenta corriente, incluso morigerado por ingreso de capitales financieros. La cuenta financiera registró un déficit de USD 115 millones.
Un descubrimiento arqueológico en el extremo sur de América permitió confirmar con precisión la ubicación de una de las experiencias más trágicas de la colonización española: la ciudad Rey Don Felipe, conocida como “Puerto del Hambre”, donde más de 300 personas murieron abandonadas en el siglo XVI.
Por Alcides Blanco para NLI
El hallazgo que cerró una discusión histórica
Durante décadas, historiadores y arqueólogos debatieron la ubicación exacta de la efímera colonia española fundada en 1584 en el estrecho de Magallanes. Esa incertidumbre comenzó a resolverse con un hallazgo tan pequeño como contundente: una moneda de plata enterrada hace más de cuatro siglos en los cimientos de una iglesia.
El objeto, un “real de a ocho” acuñado en tiempos de Felipe II, fue encontrado exactamente en el lugar que había descrito el navegante Pedro Sarmiento de Gamboa en sus crónicas. La coincidencia entre documento histórico y evidencia material no solo valida las fuentes de la época, sino que permite reconstruir con precisión el asentamiento.
Lejos de ser un detalle menor, este tipo de hallazgos “in situ” constituye una de las pruebas más sólidas en arqueología histórica: la confirmación directa entre relato escrito y registro material.
Una colonia estratégica condenada al fracaso
La ciudad Rey Don Felipe fue parte de un ambicioso proyecto del Imperio español para controlar el paso interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico, en un contexto de disputa global por las rutas marítimas.
Ubicada en la costa norte del estrecho de Magallanes —una región inhóspita, aislada y de clima extremo—, la colonia nunca logró consolidarse. La combinación de factores fue letal: dificultades para el abastecimiento, condiciones climáticas severas y una planificación que subestimó el entorno.
De los aproximadamente 350 colonos que llegaron, la mayoría murió por hambre, enfermedades y abandono en pocos años. El episodio quedó grabado en la historia como una de las mayores tragedias coloniales en América.
“Puerto del Hambre”: el nombre que selló la tragedia
Tres años después de la fundación, en 1587, el corsario inglés Thomas Cavendish llegó al lugar y encontró una escena devastadora: un asentamiento organizado, pero repleto de cadáveres. Fue él quien lo rebautizó como “Port Famine” —Puerto del Hambre—, nombre que sintetiza el destino de la colonia.
La denominación no fue exagerada. Investigaciones actuales estiman que al menos 337 personas murieron por inanición, incluyendo soldados, colonos y religiosos.
Ese fracaso no solo marcó un límite para la expansión española en la región, sino que evidenció las dificultades reales de imponer enclaves coloniales en territorios extremos sin conocimiento del ambiente ni vínculos sólidos con las poblaciones originarias.
La arqueología como puente entre pasado y presente
El hallazgo de la moneda no es un hecho aislado, sino parte de un proyecto interdisciplinario que combina documentos históricos, tecnología de geolocalización y excavaciones de precisión milimétrica.
Gracias a este avance, hoy es posible proyectar la distribución del asentamiento: iglesia, viviendas, bodegas y estructuras defensivas mencionadas en mapas del siglo XVI.
Más aún, el descubrimiento abre nuevas líneas de investigación sobre la interacción entre los colonizadores y los pueblos originarios de la región, como los aonikenk y kawésqar, claves para comprender el contexto humano de la experiencia colonial.
Una moneda, una historia, una advertencia
El “real de a ocho” enterrado en 1584 no fue solo un gesto simbólico de fundación. Cuatro siglos después, se convirtió en una pieza clave para reconstruir una historia de ambición imperial, error estratégico y tragedia humana.
La colonia Rey Don Felipe —ese proyecto que pretendía dominar el extremo sur del mundo— terminó convertida en un recordatorio brutal de los límites del poder colonial.
Porque en el fin del continente, donde el clima, el aislamiento y la geografía imponen sus reglas, la historia no se escribe solo con decisiones políticas o militares, sino también con la capacidad —o incapacidad— de sobrevivir. Y esa lección, enterrada bajo una piedra durante siglos, recién ahora volvió a salir a la luz.
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