Ahora: atraparon a los cuatro prófugos de la cárcel de Senillosa

El joven talento del Barcelona, Lamine Yamal, fue liberado de la convocatoria para los partidos contra Georgia y Turquía, pero el motivo no fue una simple lesión. Detrás de su baja se esconde un escándalo de comunicación y procedimientos médicos que desató el «malestar» de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El jugador se sometió a un tratamiento sin el consentimiento ni la notificación previa del equipo médico nacional.

El detonante fue un procedimiento invasivo de radiofrecuencia al que Lamine Yamal fue sometido esa misma mañana para tratar molestias en el pubis. Según un comunicado oficial de la RFEF, los servicios médicos de la Selección se enteraron de la intervención a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, el día que todos debían concentrarse. La Federación expresó su «sorpresa y malestar» al descubrir que un jugador convocado había pasado por un tratamiento de esta índole sin comunicación previa al cuerpo médico de ‘La Roja’.

La situación se agravó cuando, solo a las 22:40 de ese día, la RFEF recibió un reporte médico que confirmaba la intervención y recomendaba un periodo de reposo de entre siete y diez días para el futbolista. Ante este escenario, la Federación tomó la drástica decisión de desvincular temporalmente a Yamal para priorizar su salud y recuperación total. La RFEF dejó claro que, si bien desean su pronta mejoría, la falta de coordinación y la autonomía médica ejercida desató un conflicto protocolario a nivel nacional.

El impacto en España ha sido notable. Con solo 18 años, Lamine Yamal es considerado una de las grandes promesas del fútbol europeo y una pieza esencial en los planes de la Selección de Luis de la Fuente de cara al Mundial 2026. Para cubrir su inesperada baja, el seleccionador ya ha convocado a Jorge de Frutos, jugador del Rayo Vallecano. Este incidente pone el foco en la tensión entre los clubes y las selecciones nacionales en el manejo de las lesiones y los tratamientos de sus estrellas.

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Julieta Makintach manifestó sentirse “desilusionada” tras la destitución dictaminada por el Jurado de Enjuiciamiento y remarcó: “Esperaba una absolución”.

La ex magistrada dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y confirmó que apelará el fallo ante la Corte Suprema.

La ex titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número 2 de San Isidro y subrogante del TOC 3 expresó su «desilusión» luego de la resolución por unanimidad de los 12 jurados.

En este sentido, Makintach, quien se encuentra acompañada por su familia, resaltó que «esperaba una absolución» en la audiencia realizada en el Anexo del Senado bonaerense.

«Había quedado demostrado que no había nada irregular. No tenía interés ni participación ni injerencia en una idea creativa de terceros», subrayó respecto al documental que provocó la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

Según la imputada en la causa penal, «yo todavía no sé cómo estuvo afectada mi imparcialidad, nadie me lo supo explicar».

La mujer, que también fue inhabilitada de por vida para ejercer cargos, se ausentó de la jornada porque «su hijo tenía vómitos», había anticipado a NA por la mañana antes de que comience la citación.

El escándalo por Justicia Divina estalló a fines de mayo cuando se conocieron imágenes de Makintach que manejó su auto hasta los Tribunales de la calle Ituzaingó 340 y mientras caminaba por los pasillos y subía las escaleras del edificio.qMQYIA

A su vez, ofreció una entrevista en su despacho sobre el caso y fue filmada en el recinto donde se llevaban a cabo las audiencias, en las que votó a favor de la expulsión del abogado Rodolfo Baqué y la detención del ex jefe de seguridad de Maradona Julio César Coria.

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Foto: NA / Damián Dopacio.

La decisión la tomó la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Tramitará la acción de amparo presentada por más de 20 organizaciones gremiales contra las Resoluciones 893/2024 y 901/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación. Aseguran que las normas implican la “criminalización del ejercicio del derecho a huelga”. Por InfoGremiales.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó este martes el rechazo inicial de una acción que denuncia la criminalización de la protesta gremial y la injerencia ilegítima del Ministerio de Seguridad, de Patricia Bullrich, en asuntos laborales.

En una resolución clave para la defensa de los derechos sindicales, la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó tramitar la acción de amparo presentada por organizaciones gremiales contra las Resoluciones 893/2024 y 901/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación.

La demanda, promovida por más de 20 organizaciones sindicales, denuncia que las mencionadas resoluciones instauran un protocolo que permite la intervención de fuerzas de seguridad, la identificación de manifestantes y hasta la remisión de sus datos a la justicia penal, configurando un mecanismo de represión y criminalización del ejercicio del derecho a huelga.

Según los actores, las normas atacadas constituyen una avanzada inconstitucional sobre la libertad sindical, permitiendo que una autoridad administrativa defina, sin control judicial, si una medida gremial constituye un “bloqueo” pasible de intervención policial, despido laboral o persecución penal. Todo ello, en abierta contradicción con la Constitución Nacional, los convenios de la OIT y tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.

La Cámara, al revocar el fallo de primera instancia que había rechazado “in limine” la acción, sostuvo que el amparo sindical previsto en el artículo 47 de la Ley 23.551 es una herramienta procesal adecuada para cuestionar actos estatales que puedan interferir con el ejercicio regular de los derechos colectivos.

Asimismo, destacó que las resoluciones emitidas por el Ministerio de Seguridad, en tanto podrían incidir sobre la actividad gremial en los ámbitos de representación de las entidades actoras, configuran un escenario que justifica la apertura del proceso y la revisión judicial, ante el riesgo cierto de afectación a garantías constitucionales vinculadas a la libertad sindical.

Ahora queda por resolver la medida cautelar solicitada por el juzgado de origen, dónde se solicito la suspensión de las resoluciones ministeriales mientras se tramite el fondo de la cuestión.

El fallo:

Revoca Sentencia Interlocutoria Ordena

Fuente: https://www.infogremiales.com.ar/la-justicia-laboral-revoco-el-rechazo-inicial-y-acepto-un-amparo-de-mas-de-20-gremios-contra-las-resoluciones-de-bullrich-que-atacan-el-derecho-a-huelga/

El pasado viernes se realizo un megaoperativo simultaneo contra el narcotráfico, que incluyó a la ciudad de Neuquén, Centenario, Añelo y Andacollo.

La Policía del Neuquén logró importantes avances en la lucha contra el narcotráfico y el microtráfico. Bajo la coordinación de la Dirección Antinarcóticos y la intervención de diversas fiscalías, se llevaron a cabo múltiples allanamientos simultáneos en distintos puntos de la provincia. Los procedimientos resultaron en detenciones, secuestro de drogas, armas, dinero y vehículos utilizados para el comercio ilegal.

En Neuquén capital, tras más de un mes y medio de investigaciones, se desarticuló una red dedicada a la venta y distribución de estupefacientes en los barrios San Lorenzo y Z1. Los agentes allanaron tres domicilios que funcionaban como punto de venta, depósito de droga y centro de recaudación de dinero. Durante el operativo se secuestraron más de 50 gramos de cocaína, marihuana, casi un millón de pesos, dólares, armas, vehículos y diversos elementos de fraccionamiento.

En Andacollo, el personal de la División Antinarcóticos Chos Malal llevó adelante un allanamiento nocturno con el apoyo de la Fiscalía de la V Circunscripción Judicial. El principal sospechoso utilizaba la modalidad “delivery” para entregar drogas en distintos puntos del pueblo y espacios públicos. En el lugar se hallaron cocaína, semillas de cannabis, balanzas, dinero y dispositivos electrónicos vinculados a la venta ilegal.

Mientras tanto, las divisiones de Centenario y Añelo culminaron investigaciones paralelas que permitieron desmantelar otros dos puntos de venta de drogas. En ambos casos, la investigación se inició gracias a denuncias ciudadanas realizadas mediante la aplicación “Neuquén Te Cuida” y el código QR del Ministerio Público Fiscal. En total, se incautaron más de 90 gramos de cocaína y cannabis, dinero en efectivo, motocicletas y un arma de fabricación casera.

Las autoridades provinciales destacaron la efectividad de los operativos y el rol de la comunidad en la detección temprana de estos delitos. Todos los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia, mientras los detenidos enfrentarán cargos por tráfico y comercialización de estupefacientes. Estos procedimientos refuerzan la política de tolerancia cero al narcotráfico impulsada en Neuquén, que combina investigación, tecnología y participación ciudadana para erradicar los puntos de venta en los barrios.

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Se trata del excomisario Luis Raúl Ponce Peralta, condenado por el secuestro, tortura y desaparición seguida de muerte de Andrés Núñez, ocurrida en septiembre de 1990. A 35 años de los hechos, se aguarda el nuevo juicio contra sus encubridores. «Yo seguiré luchando por Andrés y todas las causas», sostuvo su compañera Mirna Gómez. Por Valeria Jasper (La Izquierda Diario).

A 35 años de la desaparición de Andrés Núñez, la Cámara Penal de la ciudad denegó el pedido de prisión domiciliaria que había solicitado el ex comisario Luis Raúl Ponce Peralta, condenado en 2017 a reclusión perpetua por ser responsable de los delitos de “privación ilegal de la libertad calificada en concurso real con torturas seguidas de muerte”.

A Andrés Núñez lo secuestró, mató e hizo desaparecer una patota de la ex Brigada de Investigaciones (actual DDI) la madrugada del 27 al 28 de septiembre de 1990.

«Estoy muy contenta con lo que decidieron los jueces. Son 35 años de lucha, a pesar de que siguen encubriendo cosas en la causa», manifestó Mirna Gómez, compañera de Núñez, una gran referente en la lucha por los derechos humanos en la región. Y agregó: «Yo seguiré luchando no solo por Andrés, seguiré acompañando todas las luchas, mientras mi salud me lo permita. Agradezco el acompañamiento de todos estos años».

Desde octubre de 2018 la familia de Núñez espera que se ponga fecha al juicio contra otro grupo de policías, acusados de encubrimiento y otros delitos dentro del “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Se trata de los exoficiales Ernesto Zavala, César Carrizo y Gustavo Veiga. Había otros dos en la lista, los excomisarios Oscar Silva y Pedro Costilla, pero ambos murieron impunes.

La familia siempre denunció el encubrimiento del Estado a los criminales, entre ellos PAblo Martín GErez Duhalde, sobrino de Eduardo Duhalde que lleva tres décadas prófugo. Esperan que alguna vez el Estado se digne a encontrarlo y entregarlo para su juzgamiento. Es quien comandó el operativo en el que se llevaron a Núñez y proveyó el campo de General Belgrano (a unos 100 kilómetros de La Plata) donde se enterraron los restos incinerados de la víctima.

Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Caso-Andres-Nunez-niegan-la-prision-domiciliaria-a-uno-de-los-policias-condenados

La causa judicial que investiga una presunta asociación ilícita dentro de la Unidad Regional II de Rosario sumó un nuevo capítulo con la decisión de imponer prisión preventiva a 14 ex policías acusados de integrar una trama destinada a desviar fondos públicos. La maniobra habría funcionado durante al menos dos años mediante la adulteración en las cargas de combustible destinadas a los patrulleros.

Con estas nuevas medidas, ya son 28 los involucrados en el expediente, entre ellos varios civiles y personal policial que permanecía detenido desde etapas anteriores de la investigación. Las prisiones preventivas para ese primer grupo fueron extendidas hasta mediados de mayo de 2026, lo que refleja la complejidad y el volumen del caso.

La investigación avanza sobre una estructura que, según los elementos reunidos, habría operado desde el interior mismo de la fuerza. Entre los acusados aparecen ex jefes de áreas estratégicas de la Policía provincial, señalados como parte del entramado que facilitaba y supervisaba el desvío sistemático de recursos.

Los cargos que pesan sobre ellos incluyen cohecho pasivo, peculado y participación primaria en defraudación agravada por perjuicio al Estado. En varios casos, se sumó además una imputación por falsedad ideológica, vinculada a la manipulación de documentación utilizada para encubrir las maniobras.

La hipótesis fiscal sostiene que la organización logró consolidarse dentro de las secciones operativas de la Unidad Regional y que, mediante ese esquema, habría provocado una malversación cercana a los 45 millones de pesos. El mecanismo se apoyaba en registros adulterados, declaraciones fraguadas y un circuito interno que permitía sostener las maniobras sin levantar alertas inmediatas.