La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina se prepara para vivir un fin de semana con muchas actividades e invita a los vecinos a sumarse a las diferentes propuestas.
El sábado 17 a las 14 horas ‘Tardes Dulces’ en la Oficina de Turismo con la participación de la emprendedora Cassia Repostería.
A las 15 horas, se dará inicio a la caminata recreativa familiar, actividad organizada junto a la Dirección de Deportes. El punto de encuentro será el pie del Sendero a la Capilla. Los cupos son limitados y los interesados deberán inscribirse comunicándose a los teléfonos 2984-651398 (Deportes) o 2984-904350 (Turismo) con nombre, DNI y fecha de nacimiento.
El domingo 18 desde las 14 horas continúa ‘Tardes Dulces’ junto al emprendedor ‘Cubanitos Regina’ con variedad de cubanitos y pochoclos para los más chicos. Y a la misma hora la clásica Feria ReEmprender especial Día del Amigo en las casitas de los artesanos en la Plaza Primeros Pobladores.
Como en la apertura del Campeonato Nocturno de Karting 2022, la segunda fecha sostuvo el más de un centenar de pilotos participantes y la gran convocatoria de público que se dieron cita en el Kartódromo del Moto Club Reginense. Fue nuevamente una noche donde las luces y el espectáculo conformaron un gran show deportivo que…
“Aquí no volverá a haber elecciones, para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder”. Así fue como Daniel Ortega anuló los comicios programados para noviembre de este año. Para ello, contó el presidente de Nicaragua, va a trabajar con la Asamblea Nacional con el objetivo de aprobar leyes que sirvan de “muro” para que la oposición no llegue al poder. Estas palabras se pronunciaron en el acto de conmemoración del 47° aniversario de la Revolución Sandinista. En la lengua de Daniel Ortega, la palabra revolución hace convivir dos estrategias prácticas: mantener y conservar el poder para sí (a cualquier precio) y perpetuar una dinastía política y económica.
Ante la novedad, se impone una pregunta: ¿por qué el sandinismo —que cuenta con el apoyo de partidos que legitiman su proyecto, con empresarios que intentan adecuarse con recelo y temor a la dinámica económica, y con un marco donde los disidentes están presos o exiliados— decide clausurar las elecciones?
Para responder esta pregunta es necesario revisar lo ocurrido durante las últimas décadas. En primer lugar, este experimento político no es novedoso. Ya lo hizo Anastasio Somoza García, quien construyó un sistema de poder autoritario que le permitió a su familia controlar Nicaragua desde 1933 a 1979. Daniel Ortega se le parece a “Tacho” Somoza en dos aspectos: ambos provienen del mundo de las armas (uno del Frente Sandinista de Liberación Nacional; el otro de la Guardia Nacional) y comparten una mirada sobre la centralización autoritaria para mantenerse en el poder.
En la lengua de Daniel Ortega, la palabra revolución hace convivir dos estrategias prácticas: mantener y conservar el poder para sí (a cualquier precio) y perpetuar una dinastía política y económica.
El sandinismo —que había tomado el poder en 1979— perdió las elecciones de 1990 y comenzó el tiempo de su reconfiguración en un proceso cruento en el que Ortega desplazó a los disidentes sandinistas y fortaleció su jefatura. Entre 1994 y 1995 se afianzó el punto cero de su liderazgo y empezó la carrera por llegar al poder. En 2006 ganó las elecciones y asumió la presidencia acordando con partidos tradicionales, con la Iglesia católica y con empresarios para construir un gobierno estable hasta 2018. En esos doce años consolidó su poder, lo amplificó con el apoyo de las fuerzas armadas y policiales, y logró expandirse hacia territorios electorales que ocupaban otros partidos. También se vio beneficiado por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, un acuerdo con la Venezuela chavista a partir del cual Nicaragua obtuvo petróleo barato y subsidios para los sectores populares.
Este sistema —que gozaba de legitimidad, estabilidad y crecimiento sostenido (en promedio, un 4% anual desde 2006)— se quiebra en 2018 desatando una rebelión civil, a partir de un decreto que modificaba el sistema de pensiones, algo percibido por la ciudadanía como un gesto autoritario. Dos años antes, en las elecciones de 2016, hubo un punto de quiebre: la esposa de Ortega, Rosario Murillo, se convirtió en vicepresidenta y empezaron ciertas tensiones con un sistema de poder que la miraba de reojo.
A partir de ese entonces, no solo se alejan los empresarios del acuerdo con el gobierno sandinista, sino que se erosiona la sostenibilidad del Estado. Los subsidios y el petróleo barato venían cayendo desde 2014 (con el derrumbe del precio internacional del barril) y para 2018 se desplomó la cooperación financiera entre Venezuela y Nicaragua en un 73 por ciento. El desgaste presupuestario del Estado nicaragüense y la caída del crecimiento implicaron ajustes que empujaron a gran parte de la sociedad a la calle. La desigualdad social y la pobreza empezaron a crecer en 2017 en una sociedad que ya tenía entre el 78 y 82 por ciento de informalidad laboral. La protesta anti autoritaria de las calles se combinó con el agotamiento de un sistema de poder que tenía más de diez años.
¿Por qué el sandinismo —que cuenta con el apoyo de partidos que legitiman su proyecto, con empresarios que intentan adecuarse con recelo y temor a la dinámica económica, y con un marco donde los disidentes están presos o exiliados— decide clausurar las elecciones?
Como indica Elvira Cuadra, socióloga e investigadora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, el autoritarismo de Ortega y Murillo se radicalizó a partir de 2018. El camino para recuperar el control del liderazgo y acallar esas protestas —como ya había pasado entre 1994 y 1995— fue a partir de una fuerte y capilar represión: 355 personas asesinadas y la persecución de opositores provocaron el miedo social y un masivo exilio político. Entre 2019 y 2024, la pareja presidencial logró que la Asamblea Nacional vote una serie de leyes para aumentar la capacidad represiva, el control ideológico y la clausura del sistema democrático: más persecución, menos garantías. Se clausuró la libertad de expresión y se sometió a opositores al despojo de la nacionalidad y a ser considerados traidores a la patria.
En cuanto a la política social, el gobierno sandinista se alejó de la atención de los problemas sociales y descansó, paradojalmente, en las remesas que recibían las familias nicaragüenses de quienes habían emprendido el exilio provocado por las represiones del sandinismo y por su propio modelo económico. Hoy, entre el 25 y el 30 por ciento del PBI lo representan las remesas. La política social está en manos de exiliados que se han escapado del régimen sandinista.
La disputa al liderazgo de Ortega desde las protestas opositoras de 2018 tuvo como resultado el rediseño del sistema político: el sandinismo compitió en las elecciones de 2021 contra partidos que colaboraban con el gobierno. El FSLN ganó unos comicios controlados y obtuvo, con el 75,2 por ciento, el control mayoritario del parlamento.
La política social de Nicaragua está en manos de exiliados que se han escapado del régimen sandinista.
Ahora bien, volviendo a la pregunta sobre por qué clausurar las elecciones, modificar la constitución y la ley electoral, podríamos responder que Ortega busca asegurar el poder más allá de su propia biología y, como indica Cuadra, resolver el problema de la sucesión. La primera propuesta para definir al sucesor fue la reforma constitucional de 2024 que estableció la copresidencia, cargo asumido por Rosario Murillo. Esta nueva posición en el Ejecutivo le permitió acceder a todas las instituciones del Estado y poner en cuestión la división de poderes. A la radicalización del autoritarismo le siguió la aceleración de la concentración de poder. La segunda propuesta se pronunció el pasado 19 de julio: Ortega, en el proyecto que enviará a la Asamblea, desea extender el mandato presidencial a siete años y que la continuidad, en vez de ser decidida en las urnas, pueda renovarse por el mismo parlamento en el que tiene mayoría. De esta manera, intenta constitucionalizar el fin de la alternancia política, blindar a Rosario Murillo —quien no cuenta en el sandinismo con los apoyos que sí tiene su esposo— y perpetuar una dinastía que se piensa más allá de la actual dupla presidencial. Algunos de los hijos de Ortega ya han asumido roles políticos y económicos relevantes. Entre ellos, Laureano Ortega Murillo, a quien nombraron Asesor Presidencial para las Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional y hace las veces de canciller paralelo, tejiendo alianzas con China, Rusia y Bielorrusia mediante acuerdos de inversión en infraestructuras. Esto también lo posiciona, en caso de que las tensiones con Estados Unidos aumenten, en un lugar relevante para futuras negociaciones.
Esta propuesta de clausurar la alternancia política y de radicalizar la concentración de poder bicéfalo no llega en momentos de bienestar económico. Si bien las remesas ayudan a muchas familias y sostienen la demanda social, la informalidad superó al 80 por ciento, cayó el poder de compra y empeoró la situación de aquellos hogares que no reciben remesas. El deterioro de las prestaciones públicas y de los programas de transferencia directa van en aumento, al igual que los costos de la energía y el transporte. A esto se agrega el temor a que la política migratoria estadounidense afecte el envío de dinero a Nicaragua.
El sandinismo tendrá que gestionar los próximos años con una situación económica muy precaria, en la que se impone el refuerzo de los “comités sandinistas”, que persiguen el control y asistencia barrio por barrio.
La clausura de la alternancia política generó el rechazo del gobierno de Estados Unidos, de Costa Rica —que cobijó a una importante cantidad de exiliados y emigrantes—, de la Unión Europea, entre otros. Si bien Venezuela apeló al principio de autodeterminación de los pueblos, su apoyo es retórico. Desde el secuestro de Nicolás Maduro y de la presión sobre Cuba, Ortega sabe que está solo. Nicaragua no tiene petróleo y ha sido un aliado eficiente de Estados Unidos a la hora de contener los flujos migratorios y el surgimiento de pandillas. Entiende que puede tener una vía de negociación con la Casa Blanca y más si Donald Trump pierde las elecciones de medio término en noviembre.
En estos días, la Asamblea y Rosario Murillo abrieron el proceso de consultas para una nueva reforma constitucional. Convocaron a los funcionarios estatales, al ejército, a la policía, a los empresarios y grupos sociales cercanos al gobierno. La mayoría de los analistas entienden que se abre la posibilidad de constitucionalizar el partido único acompañado de medidas que profundicen aún más la clausura de la vida democrática y de derechos fundamentales.
Daniel Ortega busca asegurar el poder más allá de su propia biología y, como indica Cuadra, resolver el problema de la sucesión.
Daniel Ortega, desde su llegada al poder en 2006, tuvo como meta concentrar el poder y quedarse. Provocar una simbiosis entre el sandinismo, el Estado y su propia persona. Actualmente está en marcha un laboratorio político que lo perpetúa más allá de la biología. Ortega busca afianzar una dinastía bicéfala, combinando, desde su regreso al poder, juego democrático, prácticas autoritarias, negación de derechos y garantías, represión y asesinato, tortura a manifestantes y acceso al poder estatal de algunos de sus hijos. Ha esgrimido distintos fundamentos narrativos: un mandato providencial para gobernar Nicaragua y el influjo del “poder popular” que les permite diseñar una constitución a medida.
El cierre de la alternancia democrática es un momento más de una estrategia donde en el centro de la escena está la estructura de poder construida sobre su propia figura. Ese guerrillero que le arrebató el poder a los Somoza, que nunca tuvo el carisma de otros guerrilleros y que pervive con algo de mesianismo entendió que ese hilo rojo de la historia nicaragüense vinculado a la concentración del poder (autoritaria o democrática) era un legado a rescatar para mantenerse a flote, gobernando y mandando a una sociedad cada vez más atemorizada, precarizada y con poco entusiasmo por la política.
INGRESARON PEDIDOS DE INFORMES DURANTE LA SESIÓN DEL JUEVES 27 Y FUERON REMITIDOS A PRESIDENCIA DEL DELIBERANTE PARA SU ELEVACIÓN AL PODER EJECUTIVO MUNICIPAL Desde el BLOQUE J.S.R.N. ingreso Pedido de Informe (Expte. 365), “solicitando nombre y apellido del personal interviniente en el control realizado sobre Av. Gral. Paz y Gobernador Castello el día sábado…
Funcionarios y personal de distintas áreas, además de profesores de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina participaron el jueves de la capacitación en el marco del programa Deporte Social, inclusión y contención ‘Dispositivo de prevención e intervención a través de la actividad física y el deporte como herramienta de Inclusión’ de…
El gobierno de Javier Milei decidió el desmantelamiento y virtual cierre de la Base Aeronaval de Punta Indio, creada en 1925 y motor del crecimiento del pueblo que, ahora, se ve amenazado con el traslado de 300 militares y 185 civiles que representan el principal movimiento de la economía local.
La decisión es mudar a la Base Comandante Espora de Bahía Blanca las escuadrillas de vigilancia marítima de aviones B2000 y la escuela que es considerada cuna de la aviación naval.
El intendente de Punta Indio, el peronista David Angueira, fue notificado de la medida este jueves en una reunión con el contraalmirante de las Fuerzas Armadas Enrique Olivero y el Jefe de Base Mariano Rivolta.
En el municipio calculan que, entre militares y personal civil, la Base Aeronaval mueve en el distrito más de 600 millones de pesos mensuales. No contar con eso «es letal para la economía local, no hay manera de paliar esa situación», advierten.
«Esto significa un golpe muy fuerte para nuestra comunidad desde lo social y económico», dijo Angueira, que convocó este viernes a una asamblea en la que se creó una comisión de defensa de la Base, integrada por todas las instituciones de la comunidad y por concejales de todos los bloques, incluso de La Libertad Avanza.
«Está toda la comunidad movilizada. Muchos trabajadores no podían hablar del estado en que estaban, llorando por su puesto de trabajo, por el impacto que va a tener en la comunidad», dijo a LPO tras la asamblea el ex intendente de Punta Indio y actual subadministrador de Vialidad bonaerense, Hernán Y Zurieta.
Asamblea de vecinos e instituciones de Punta Indio en defensa de la Base Aeronaval.
Como primera acción, la comisión solicitó una audiencia de urgencia con el ministro de Defensa, Carlos Presti. «Queremos escuchar de su boca lo que tiene para decir y, si no se logra revertir el traslado, vamos a manifestarnos de distintas maneras. Esta decisión el pueblo de Punta Indio no la va a aceptar», sostuvo Y Zurieta.
En el municipio calculan que, entre militares y personal civil, la Base Aeronaval mueve en el distrito más de 600 millones de pesos mensuales. No contar con eso «es letal para la economía local, no hay manera de paliar esa situación», advierten.
En Punta Indio también hay bronca por la manera en que se comunicó una medida tan sensible para la comunidad. Nadie del Ministerio habló con el intendente, que fue convocado a la base por el comandante, que después convocó a los civiles e hizo una formación para dar el anuncio.
«No hubo forma de conmoverlo ni que entienda lo que estaba anunciando. Hoy todo el personal llorando no podía creer la frialdad con la que comunicaron esto», dijo Y Zurieta, que analizó que la llamada «reestructuración» planteada entrama el final de la Base.
En Punta Indio destacaron que todos los bloques políticos apoyaron la comisión en defensa de la Base. Incluso los dirigentes de La Libertad Avanza local le pidieron información dirigentes provinciales y nacionales
La medida establece el traslado a Bahía Blanca en enero para los militares, mientras que para el personal de civil le darán la opción de pedir el pase a otro destino de la Fuerza.
«Genera un golpe emocional muy fuerte porque es gente que está instalada en este pueblo y no se imagina yéndose de acá. Tienen sus hijos en nuestras escuelas, en nuestros clubes. Es un pueblo que con esto le están dando un golpe letal, le sacan el recurso más importante que tiene», dijo el ex intendente.
La localidad de Punta Indio cuenta con poco más de 1.000 habitantes, mientras que el distrito en su totalidad (con la ciudad de Verónica como cabecera), cuenta con más 12 mil habitantes. La Base Aeronaval se inauguró en 1925, poco después de la fundación del pueblo.
El impacto de la medida hizo que la asamblea de este viernes congregue a todas las instituciones del pueblo. Y en el plano político, la convocatoria del intendente tuvo el acompañamiento de concejales del PRO, UCR y de La Libertad Avanza.
«Todos apoyaron la comisión. Incluso los que tienen más responsabilidad, que son los de La Libertad Avanza, hablaron con algunos dirigentes. Ellos pidieron información y hablan de una reestructuración, que no se va a cerrar, pero lo que anunciaron es que se van los aviones», dijo Y Zurieta.
Trascendidos que llegaron a Punta Indio señalan que, a partir del traslado de casi toda la estructura, el Gobierno sostendría la Base abierta en 2027 pero no da garantías de continuidad a 2028, por lo que calculan un destino de cierre total.
«Hablan de una reestructuración que implica llevar a Bahía Blanca a los aviones destinados a custodiar el sur, pero no tiene sentido, porque se llevan aviones escuela que tranquilamente podrían quedarse acá. Es parte del ajuste», dijo Y Zurieta.
El actual funcionario de Vialidad bonaerense sostuvo que ya hablaron por este tema con Axel Kicillof. Este viernes, el gobierno provincial manifestó su «preocupación y rechazo» frente a esta medida y acompañó las medidas que surjan de la comisión de defensa de la Base.
La Dirección de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina informa que se reprogramarán las charlas de educación y seguridad vial que se iban a dictar en el transcurso de esta semana. Asimismo recuerda que en el lapso mencionado no habrá atención al público en las oficinas. Esto obedece a que el…
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