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El cierre de “Reloj de Arena”, el ciclo que Liliana López Foresi conducía desde hacía casi cinco años en Radio 10, dejó mucho más que nostalgia entre sus oyentes. La decisión, comunicada apenas días antes del último programa, abrió interrogantes sobre el rumbo de los medios de comunicación y sobre los límites que hoy parecen imponerse a las voces críticas en la radio argentina.

Por Roque Pérez para NLI

La propia periodista confirmó el final con un mensaje cargado de dignidad y melancolía. “Hoy navegaremos por última vez el navío de #RelojDeArena”, escribió en sus redes, en una despedida donde evitó cualquier tono victimista y eligió apoyarse en una frase de Silvio Rodríguez para describir el momento: “Soy mujer de buenos encuentros, y todavía mejores despedidas”. El mensaje contrastó con la brusquedad con la que, según contó al aire, le informaron el levantamiento del programa: apenas tres días antes y “cortita y al pie”.

Lo llamativo del caso es que no se trataba de un ciclo marginal ni de bajo impacto. “Reloj de Arena” había conseguido consolidarse dentro de la programación dominical de Radio 10, acumulando reconocimientos y una audiencia fiel. Incluso había sido distinguido con el Premio Argentores en la categoría Editorial radial.

Una voz incómoda en tiempos de uniformidad

En su despedida, López Foresi dejó frases que sonaron tanto a balance profesional como a crítica velada hacia la lógica empresarial que domina gran parte de los medios. “No despreciamos al pueblo”, sostuvo, reivindicando un periodismo que apuesta a elevar la discusión pública en lugar de rebajarla para perseguir clics, escándalos o gritos televisivos. También recordó que detrás de los grandes grupos mediáticos existe una estructura de poder económico que condiciona contenidos, agendas y márgenes de libertad.

No es un detalle menor. En una época donde la comunicación política parece reducida a operaciones permanentes, slogans y provocaciones diseñadas para redes sociales, “Reloj de Arena” conservaba una lógica distinta: editoriales largas, análisis históricos, referencias culturales y una mirada profundamente crítica sobre el deterioro democrático y social argentino. Su salida del aire no puede separarse del clima general que atraviesa hoy al periodismo.

La propia trayectoria de López Foresi explica parte de esa incomodidad. La periodista arrastra décadas de enfrentamientos con estructuras de poder político y mediático. Desde los años noventa denunció censuras y presiones vinculadas a los grandes grupos de comunicación, y en los últimos años mantuvo una posición abiertamente crítica frente al modelo económico actual.

El vaciamiento silencioso de los espacios críticos

El final del programa también impacta por el contexto general de la radiofonía argentina. Mientras crecen formatos cada vez más veloces, superficiales y orientados al impacto inmediato, los espacios de reflexión política profunda empiezan a desaparecer de las grillas o quedan relegados a horarios marginales. El levantamiento de “Reloj de Arena” parece encajar en esa tendencia.

Durante su último envío, López Foresi eligió no convertir la despedida en un escándalo. Habló de puertos, barcos y despedidas, utilizando metáforas para evitar una confrontación directa. Pero debajo de esa elegancia quedó flotando una pregunta inevitable: ¿por qué levantar un programa exitoso y reconocido sin explicaciones públicas claras?

La ausencia de precisiones alimentó versiones y malestar entre oyentes y colegas. Más aún en un contexto donde muchas voces periodísticas críticas denuncian reducción de espacios, presiones económicas y creciente concentración mediática. La salida de López Foresi no parece un episodio aislado sino parte de un fenómeno más amplio: la dificultad creciente para sostener discursos que no encajen en la lógica dominante.

El adiós de “Reloj de Arena” deja así una sensación extraña. No solo porque desaparece uno de los pocos programas radiales que todavía apostaban a la palabra pausada y al análisis complejo, sino porque ocurre en un momento político donde el debate público parece cada vez más condicionado por operaciones, algoritmos y obediencias empresariales. Y en ese paisaje, el silencio alrededor de la salida de Liliana López Foresi dice casi tanto como sus propias palabras de despedida.

La escena se repite cada vez con más frecuencia y expone una realidad alarmante. Este mediodía, estudiantes que intentaban viajar con el boleto estudiantil secundario en la línea 8 recibieron una respuesta tan contundente como preocupante: «No hay más secundario», les dijo el chofer del interno 722. A partir de allí, los jóvenes quedaron ante una disyuntiva imposible: pagar una tarifa que muchos no pueden afrontar o descender de la unidad y perder la posibilidad de llegar a la escuela o retornar a sus hogares.

Por Tomás Palazzo para NLI

El episodio no aparece como un hecho aislado. Según denuncian usuarios y familias, situaciones similares comienzan a multiplicarse en distintas líneas de transporte, en un contexto marcado por el aumento permanente de los combustibles, la crisis financiera que atraviesa el sector y la reducción de la asistencia estatal. Sin embargo, detrás de cada estudiante obligado a pagar o a bajarse de un colectivo existe una pregunta de fondo: ¿quién debe garantizar el acceso a la educación, las empresas privadas o el Estado?

Cuando la crisis la pagan los estudiantes

El boleto estudiantil no es un beneficio comercial ni una concesión graciosa de las empresas. Se trata de una herramienta destinada a garantizar el acceso a la educación pública, evitando que el costo del transporte se transforme en una barrera para miles de familias trabajadoras.

Cuando una empresa decide desconocer ese derecho o limitar su aplicación, el impacto no recae sobre balances empresariales ni sobre funcionarios. Lo sufren directamente los estudiantes. Cada viaje que deja de estar cubierto implica un gasto adicional para hogares que ya enfrentan aumentos constantes en alimentos, tarifas, alquileres y servicios.

La consecuencia es tan sencilla como brutal: estudiar se vuelve más caro. Y cuando la educación pública comienza a incorporar costos que antes estaban garantizados por políticas estatales, quienes terminan pagando son los sectores populares.

La situación remite inevitablemente a una larga historia de luchas estudiantiles. El reclamo por el boleto estudiantil forma parte de una tradición de organización juvenil que tuvo uno de sus capítulos más trágicos durante la dictadura con la recordada Noche de los Lápices, cuando estudiantes secundarios fueron secuestrados, torturados y desaparecidos tras participar, entre otras reivindicaciones, de la defensa de ese derecho. Por eso, cada retroceso en esta materia tiene una carga simbólica que trasciende la discusión económica.

El Estado se corre y los derechos quedan a merced de privados

La situación también expone una tendencia cada vez más visible durante la gestión de Milei: la retirada del Estado de áreas sensibles y la transferencia de responsabilidades públicas hacia actores privados.

Desde NLI ya habíamos advertido sobre este fenómeno el pasado 26 de mayo, cuando se conoció la eliminación de compensaciones para los pasajes gratuitos de personas con discapacidad, en una decisión que no tuvo la trascendencia necesaria ni la dimensión esperada, oculta tras el mando de discusiones internas o Declaracines Juradas no presentadas. En aquel caso, el Gobierno dejó de financiar una política pública y trasladó la carga económica a las empresas, convirtiéndolas de hecho en administradoras de un derecho que debería estar garantizado por el Estado.

Ahora el mecanismo parece repetirse. Mientras el transporte enfrenta aumentos de costos y problemas de financiamiento, los controles estatales brillan por su ausencia y los usuarios quedan atrapados en el medio. En lugar de garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos adquiridos, el Gobierno parece optar por correrse y dejar que cada empresa resuelva la situación como considere conveniente.

El resultado es previsible: cuando los números no cierran, quienes primero sufren las consecuencias son los sectores más vulnerables.

Un nuevo golpe contra la educación pública

La negativa a reconocer el boleto estudiantil no puede analizarse únicamente como un conflicto de transporte. También constituye un nuevo capítulo en el deterioro de las condiciones de acceso a la educación pública.

Durante los últimos meses, estudiantes, docentes y universidades protagonizaron múltiples reclamos frente a recortes presupuestarios, pérdida salarial y reducción de programas de asistencia. Ahora, a ese escenario se suma la incertidumbre sobre una herramienta fundamental para que miles de jóvenes puedan asistir a clases.

Detrás de cada estudiante obligado a pagar un pasaje que antes estaba cubierto existe una definición política. Porque cuando el Estado abandona su rol de garante y permite que derechos básicos queden sujetos a la capacidad económica de empresas privadas, lo que está en discusión ya no es solamente una tarifa de colectivo. Lo que está en juego es la igualdad de oportunidades.

Y una vez más, quienes terminan soportando el peso del ajuste son aquellos que menos tienen y más necesitan de la presencia estatal para ejercer derechos que deberían estar fuera de cualquier discusión.