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AGENDA CULTURAL

Te dejamos las actividades para este finde: opciones para las infancias, música, gastronomía y deportes, estrenos en el cine.

SÁBADO 5 DE MARZO

El cierre de la edición verano de las JORNADAS RECREARTE será en B° Villa Alberdi desde las 15 hs. Actividades de escritura, títeres, teatro, organizadas por Cultura y la Secretaría de Desarrollo Social.

Por la tarde, espectáculos musicales en el marco de VERANO CULTURAL. Como siempre, se desarrollarán al aire libre en Plaza de los Próceres desde las 20 hs.

Evento de Hip-Hop y Freestyle en el Anfiteatro Chico, desde las 16:30 hs, pueden acercarse competidores y público a disfrutar de batallas de freestyle:

De Cerca, cierra con artistas regionales imperdibles este sábado 5 de marzo a las 21 hs. Se presenta Emi Alessandroni y el dúo Cecilia Pérez y Sebastián González con poesía y música. Es un evento con reserva previa (2984 500715).

A bailar con todo en Mon bohemi con Matías LeMusic trayendo el mejor #freestylermx:

DOMINGO 6 DE MARZO

Triatlón de la Vendimia: para corredores de Huergo a Chichinales se entregarán kits el día sábado 5 a las 19 hs en el Polideportivo Cumelén. Para visitantes de otras localidades la entrega será en la concentración previa al evento en la Isla 58, de 8 a 8,30 hs. El reconocimiento del circuito será el sábado 5 a las 14 hs.

Domingos de plaza, en Plaza de los Próceres desde las 20 hs.

Y si elegís ir al cine, vas a encontrar el estreno imperdible de Batman y dos películas del espacio INCAA sobre temáticas relacionadas con el 8M. Revisá la cartelera en www.circuloitaliano.ar

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    La discapacidad bajo ajuste: qué esconde el decreto 942/2025 de Milei

     

    Bajo el discurso de la “eficiencia”, la “transparencia” y el “orden administrativo”, el decreto 942/2025 firmado por Milei elimina la Agencia Nacional de Discapacidad y concentra todas las políticas del sector dentro del Ministerio de Salud. Detrás del lenguaje técnico, la medida implica más controles, más auditorías y un riesgo concreto de recorte de derechos para las personas con discapacidad.

    Por Roque Pérez para NLI

    La publicación del DNU 942/2025 pasó casi inadvertida en medio del cierre de año, pero su contenido es de enorme gravedad para uno de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina. El decreto no solo prorroga la emergencia sanitaria, sino que desmantela la estructura institucional que durante años tuvo a su cargo la política pública en discapacidad.

    La decisión central es clara: la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) deja de existir como organismo descentralizado y pasa a ser absorbida por el Ministerio de Salud bajo la figura de una Secretaría Nacional de Discapacidad. Lo que el texto presenta como una “reorganización” es, en los hechos, una fuerte centralización política y presupuestaria.

    El fin de la ANDIS y la pérdida de autonomía

    Hasta ahora, la ANDIS contaba con cierta autonomía funcional y administrativa. Eso le permitía tener un presupuesto propio, equipos técnicos especializados y un margen —limitado, pero real— para sostener políticas públicas específicas.

    Con el decreto de Milei, la discapacidad deja de ser una política integral de derechos y pasa a ser un área subordinada a las prioridades sanitarias y fiscales del Ministerio de Salud. Esto no es neutro: implica que las decisiones sobre discapacidad quedarán atravesadas por criterios de ajuste, “racionalización del gasto” y metas presupuestarias.

    En otras palabras, la discapacidad deja de ser un derecho humano garantizado y pasa a ser un costo a administrar.

    Pensiones por invalidez: auditorías, revisiones y posibles bajas

    Uno de los puntos más sensibles del decreto está en el nuevo inciso 39 del artículo 23 de la Ley de Ministerios. Allí se establece que el Ministerio de Salud tendrá a su cargo:

    “el otorgamiento, control, revisión y auditoría de las pensiones por invalidez”.

    La inclusión explícita de las palabras control, revisión y auditoría no es casual. El propio decreto justifica la medida hablando de “irregularidades”, “falencias” y “desorden administrativo”.

    La experiencia histórica en la Argentina es clara: cuando se anuncian auditorías masivas sobre pensiones por invalidez, lo que sigue son suspensiones, demoras y bajas, muchas veces injustificadas. Personas con discapacidad que dependen de ese ingreso quedan meses sin cobrar o deben atravesar procesos humillantes para volver a demostrar una condición que ya fue certificada.

    El decreto habilita legalmente ese escenario.

    El Certificado Único de Discapacidad, bajo la lupa

    El texto reconoce que existen problemas en la gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD): sistemas fragmentados, falta de interoperabilidad y demoras. Sin embargo, la solución que propone no es fortalecer el acceso, sino centralizar la información y endurecer los mecanismos de control.

    Esto puede traducirse en:

    • Trámites más lentos
    • Mayor discrecionalidad administrativa
    • Nuevos obstáculos para renovar o acceder al CUD

    Para miles de personas, sin CUD no hay prestaciones, transporte gratuito, medicamentos ni acompañamientos terapéuticos. Cualquier demora o restricción impacta directamente en su vida cotidiana.

    Prestaciones en riesgo y prestadores ahogados

    La Ley 24.901 garantiza un sistema de prestaciones básicas que incluye tratamientos, rehabilitación, transporte, apoyos y acompañantes terapéuticos. El decreto afirma que busca “transparentar contrataciones” y “optimizar el gasto”.

    En la práctica, este tipo de procesos suele derivar en:

    • Retrasos en los pagos a prestadores
    • Revisión de convenios
    • Reducción de coberturas
    • Prestadores que dejan de atender porque el Estado no paga

    No hace falta un recorte explícito: la asfixia administrativa también es una forma de ajuste.

    Mucha Convención, poca participación real

    El decreto cita reiteradamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero no crea ningún mecanismo nuevo y concreto de participación de las organizaciones del sector. Todo queda concentrado en la estructura ministerial.

    Esto contradice el espíritu mismo de la Convención, que exige la participación activa de las personas con discapacidad en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que las afectan.

    Emergencia sanitaria prorrogada: más discrecionalidad

    La prórroga de la emergencia sanitaria hasta diciembre de 2026 le otorga al Ejecutivo un margen extraordinario para tomar decisiones sin debate parlamentario. En ese marco, la política de discapacidad queda sujeta a resoluciones administrativas, reestructuraciones internas y cambios de criterio que pueden afectar derechos adquiridos.

    Menos Congreso, menos control, menos garantías.


    Un cambio de paradigma peligroso

    El decreto 942/2025 marca un giro claro: la discapacidad deja de ser abordada desde una perspectiva de derechos y pasa a ser tratada como un problema de gestión y gasto público.

    Detrás de palabras como “eficiencia”, “trazabilidad” y “orden”, se esconde un riesgo concreto de ajuste sobre quienes más necesitan del Estado. La eliminación de la ANDIS no es un hecho técnico: es una decisión política con consecuencias reales.

    En tiempos donde el gobierno de Milei repite que “no hay plata”, la pregunta es inevitable: ¿el ajuste también va a caer sobre las personas con discapacidad?

     

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