Te dejamos las actividades para este finde: opciones para las infancias, música, gastronomía y deportes, estrenos en el cine.
SÁBADO 5 DE MARZO
El cierre de la edición verano de las JORNADAS RECREARTE será en B° Villa Alberdi desde las 15 hs. Actividades de escritura, títeres, teatro, organizadas por Cultura y la Secretaría de Desarrollo Social.
Por la tarde, espectáculos musicales en el marco de VERANO CULTURAL. Como siempre, se desarrollarán al aire libre en Plaza de los Próceres desde las 20 hs.
Evento de Hip-Hop y Freestyle en el Anfiteatro Chico, desde las 16:30 hs, pueden acercarse competidores y público a disfrutar de batallas de freestyle:
De Cerca, cierra con artistas regionales imperdibles este sábado 5 de marzo a las 21 hs. Se presenta Emi Alessandroni y el dúo Cecilia Pérez y Sebastián González con poesía y música. Es un evento con reserva previa (2984 500715).
A bailar con todo en Mon bohemi con Matías LeMusic trayendo el mejor #freestylermx:
DOMINGO 6 DE MARZO
Triatlón de la Vendimia: para corredores de Huergo a Chichinales se entregarán kits el día sábado 5 a las 19 hs en el Polideportivo Cumelén. Para visitantes de otras localidades la entrega será en la concentración previa al evento en la Isla 58, de 8 a 8,30 hs. El reconocimiento del circuito será el sábado 5 a las 14 hs.
Domingos de plaza, en Plaza de los Próceres desde las 20 hs.
Y si elegís ir al cine, vas a encontrar el estreno imperdible de Batman y dos películas del espacio INCAA sobre temáticas relacionadas con el 8M. Revisá la cartelera en www.circuloitaliano.ar
Juan Bautista le hizo un guiño importantísimo a Mauricio Macri. El ministro de Justicia de Javier Milei envío al Senado el pliego de Jorge Djivaris, para que integre la Sala B de la Cámara Comercial que tiene que tratar la causa del vaciamiento del Correo, la que más preocupa y en la que está mas comprometido, el ex presidente.
Djivaris es un cuadro importante en la estructura judicial del macrismo. Secretario de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires durante distintas gestiones, también integró la Procuración de la Ciudad de la que proviene Mahiques y hasta tuvo una posición clave en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño.
La movida de Mahiques, que forma parte de una jugada más amplia para rediseñar la Sala B de la Cámara Comercial del fuero ordinario, abona la teoría que su desembarco en el Ministerio de Justicia es parte de un buen nivel de diálogo entre Karina Milei y el Tanto Angelici, el principal operador en la justicia del macrismo.
Un entendimiento que coincide con la cercanía de Mahiques a los capos de la AFA, Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, este último muy cercano a Angelici. De hecho, en esta misma Sala que quiere colonizar Mahiques podrían recaer litigios por la discusión de las SAD en la AFA.
Bajo esos cálculos, el titular de la cartera de Justicia mandó la semana pasada la prórroga de la jueza Matilde Evangelina Ballerini, que cumplirá 75 años en septiembre, para que continúe en ese juzgado. Ese expediente se suma al envío del pliego de Djivaris
Ballerini, además de ocupar una butaca en la Sala B, está subrogando en la Sala C del mismo fuero, donde podría desembocar un recurso de apelación de la causa «World Eleven/ Tofoni» contra la AFA, relacionada al presunto desvío de fondos millonarios a través de sociedades fantasma en el exterior, con foco en Estados Unidos.
Djivaris es un cuadro importante en la estructura judicial del macrismo. Secretario de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires durante distintas gestiones, también integró la Procuración de la Ciudad de la que proviene Mahiques y hasta tuvo una posición clave en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño.
Guillermo Tofoni es el empresario que se encargaba de organizar los partidos amistosos de la Selección Argentina y denunció que la AFA utilizó un esquema de intermediarios para desviar dinero proveniente de contratos de patrocinio y derechos de TV. Por eso, pidió el embargo del 30% de los fondos que la asociación percibe por los compromisos deportivos y la intervención de la entidad.
La investigación se centra en el supuesto desvío de U$S 42 millones hacia firmas sin actividad aparente en Estados Unidos y Tofoni tramitó una medida cautelar ante el tribunal de Javier Cosentino, que rechazó esos reclamos pero concedió la queja.
Curiosamente, Cosentino estuvo ternado para la Sala C, a partir del Concurso 374 del Poder Judicial. Su pliego, incluso, había llegado al Senado pero fue retirado. Acaso el fallo más rimbombante de este magistrado fue el que decretó la quiebra de Oil Combustibles, la empresa de Cristóbal López, en 2018.
El ex secretario de Justicia porteño, Jorge Djivaris junto al actuam ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia.
Como sea, la pelea de Tofoni podría escalar hasta el juzgado que subroga Ballerini y tendría que pronunciarse, lo cual alimenta la sospechas en los pasillos judiciales acerca de una eventual inclinación suya para favorecer a la AFA con el objetivo de conseguir la prórroga en la Sala B.
Además, la jueza es cercana a María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, la madre de Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta del Consejo de la Magistratura y mano derecha en el organismode Horacio Rosatti. Durante la presidencia de Mauricio Macri, Díaz Cordero y Mahiques trabajaron juntos en el Ministerio de Justicia.
En mayo de 2022, Ballerini fue fundamental para que la defensa de los Macri lograra la suspensión del proceso judical en la causa Correo hasta que la Corte Suprema se expidiera acerca de la competencia bajo la órbita del TSJ o la Justicia nacional, fallo que se produjo recién el 29 de diciembre de 2024 con un guiño al líder del PRO y los votos favorables de Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, que al día siguiente se jubiló.
Djivaris había quedado rankeado en el puesto 12°, con 156 puntos, pero escaló al 4° lugar en el orden de mérito definitivo, gracias a las entrevistas personales.
El pliego de Djivaris, por su parte, fue remitido al Senado el último 30 de marzo. Hasta el año pasado, el postulante ocupó un cargo administrativo en el TSJ y antes fue secretario de Justicia de Horacio Rodríguez Larreta.
Además de Ballerini, la Sala B está integrada por María Guadalupe Vásquez y se completaría con Djivaris.
Paradójicamente, Mahiques habría contribuido a reforzar los argumentos de Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz con la acordada 4/26 para la selección de jueces. En el Concurso 478, Djivaris había quedado rankeado en el puesto 12°, con 156 puntos, pero escaló una posición después de las impugnaciones. Finalmente, trepó del 11° lugar al 4° en el orden de mérito definitivo, gracias a las entrevistas personales. Todo un prodigio en el mano a mano.
La vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, Agustina Díaz Cordero.
El Municipio de Villa Regina, a través de la Dirección de Cultura, presenta el Reglamento vigente para la participación en el concurso de Vidrieras en adhesión a la 42º Fiesta Provincial de la Vendimia 2022. Objetivo: Premiar a la mejor vidriera, acompañando a los festejos que se realizarán los días 18, 19, y 20 de…
Martin Frullani (44), es arquitecto y escultor reginense. Es el creador de las obras de «La Manzana” en General Roca y hace unos días inauguró la obra «El Ciclista” en Allen. Dos trabajos artísticos de relevancia en la provincia. Las dos miden más de 5 metros de altura y en conjunto suman más de 5…
El fuerte incremento de la participación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), el fondo soberano de la Anses, en las principales empresas argentinas abrió preguntas en el mercado, que se preguntan los motivos de este giro «estatizador» del gobierno libertario. Sobre todo porque ocurre en medio del rally financiero, la remonetización que impulsa Luis Caputo y la necesidad oficial de conseguir más crédito sin volver a emitir pesos.
Los datos surgieron de las presentaciones que las empresas hicieron ante la SEC en Estados Unidos y fueron revelados por la periodista Florencia Donovan en La Nación. Galicia informó que la participación estatal en el grupo pasó de 16,8% a 22,5%. En Loma Negra de Mindlin saltó de 5,33% a 9,2%. En TGS avanzó de 24% a 25,33%. En Banco Macro pasó de 28,8% a 29,75%. En Byma trepó de 3,34% a 8%. Y en YPF la tenencia de acciones subió de 1,46% a 8% del paquete que está en manos del mercado.
Detrás de esos números aparece un dato relevante. Entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025 el FGS realizó compras de acciones por el equivalente a USD 1.426 millones al contado con liquidación. Más de la mitad de esas adquisiciones se concentraron en YPF. Otro 27% fue a Galicia. El resto se repartió entre once compañías.
El cuadro que publicó la consultora 1816 muestra la magnitud de las tenencias. Galicia representa hoy USD 1.507 millones valorizados al CCL dentro del FGS. Banco Macro otros USD 1.415 millones. YPF USD 1.362 millones. TGS USD 1.206 millones y Pampa Energía USD 1.048 millones. El FGS concentra así una porción decisiva de su cartera accionaria en bancos y energía. Justamente los sectores que el mercado cree que podrían liderar el próximo ciclo exportador argentino.
El FGS concentra una porción decisiva de su cartera accionaria en bancos y energía. Sectores que el mercado cree que podrían liderar el próximo ciclo exportador argentino.
En algunas mesas lo leen como una señal alcista para las acciones argentinas. Interpretan que el FGS está aprovechando precios todavía bajos para acumular equity en sectores estratégicos. «Cuando un jugador de este tamaño compra, manda una señal», resumió un operador bursátil.
La movida se produce en medio de las tensiones entre el ministro de Economía, Toto Caputo, y su par de Capital Humano, Sandra Pettovello, por el manejo de la Anses, que reveló LPO.
Pero al mismo tiempo apareció una inquietud política. Varias empresas buscan recomprar parte de esas tenencias porque temen que, ante una eventual derrota de Milei en el 2027 y el regreso del peronismo, el Estado vuelva a ganar influencia dentro de los directorios.
La explicación que circula afuera tiene otra profundidad. Fuentes financieras de Wall Street hablan directamente de un «arbitraje temporal». La lógica es que el equity argentino sigue barato medido en dólares, sobre todo en minería, energía y utilities. Entonces el FGS compra hoy activos castigados con una estrategia de salida prácticamente definida de antemano. «Si sabés quién te va a comprar mañana y a qué precio, reducís muchísimo el riesgo», explicó a LPO una fuente que sigue la operatoria desde Nueva York.
Ahí aparece el concepto de «exit strategy». Financieramente implica una acumulación contracíclica con salida predefinida para capturar renta en moneda extranjera. En otras palabras, afuera ya hablan de promesas o pactos futuros sobre determinados activos argentinos. Como si el Estado estuviera juntando fichas antes de abrir la puerta de salida.
Wall Street hablan directamente de un «arbitraje temporal». La lógica es que el equity argentino sigue barato medido en dólares. Entonces el FGS compra hoy activos castigados con una estrategia de salida. «Si sabés quién te va a comprar mañana y a qué precio, reducís muchísimo el riesgo», explicó a LPO una fuente que sigue la operatoria desde Nueva York.
En Buenos Aires la versión es distinta. «Es espalda financiera para sostener la remonetización y expandir préstamos», dijo a LPO una fuente con acceso a despachos oficiales. El Gobierno necesita más pesos circulando sin volver a disparar la emisión y el FGS aparece como una caja capaz de empujar crédito y liquidez desde abajo.
El propio informe estadístico del FGS muestra otro movimiento interesante. El fondo pasó de 106,1 billones de pesos en diciembre de 2025 a 112,6 billones en marzo de 2026. El incremento fue de 6,1% trimestral. Pero quedó por debajo de la inflación acumulada del período, que rondó 9,4%.
Aun así, medido en dólares el panorama cambia. Según el informe oficial, si el stock en pesos, que representa el 83% de la cartera, se convirtiera al tipo de cambio oficial, el FGS equivaldría a USD 76.356 millones. Eso implicaría una suba de 9,7% en moneda dura. El fenómeno explica parte del entusiasmo oficial con la valorización financiera de la cartera.
La composición también se movió. Los títulos públicos nacionales siguen representando cerca del 77% del total del fondo, pero en acciones el FGS aumentó peso en energéticas y redujo participación relativa en servicios financieros respecto de 2024. Las principales posiciones incluyen Ternium, Banco Macro, Transener, Pampa, Galicia e YPF.
La consultora Delphos Investment calculó que el FGS ya representa cerca del 13% del mercado accionario argentino. Tiene participaciones en más de 40 compañías y posiciones especialmente fuertes en bancos, energía y utilities. También señaló que el 75,6% de los activos sigue invertido en títulos públicos del Tesoro y que la valorización reciente estuvo impulsada por el rally de bonos soberanos.
En paralelo, en las mesas financieras circula otra hipótesis: que el FGS use parte de la valorización de acciones para rotar hacia ON corporativas hard dollar. Ahí aparece otro arbitraje posible. Vender equity caro para comprar deuda privada con rendimientos del 7% al 9% en dólares y riesgo percibido menor al soberano argentino.
Van a usar el FGS para darle bid al mercado.
El comentario que más se escucha ni siquiera es técnico. «Van a usar el FGS para darle bid al mercado», dijo otro de los operadores consultados. Otros hablan de convertirlo en un comprador estructural de obligaciones negociables. La jugada ayudaría a financiar empresas, profundizar el mercado de capitales y evitar emisión monetaria directa.
La lista de compañías donde ese esquema podría apoyarse coincide casi perfectamente con las empresas donde la Anses ya tiene presencia relevante: Galicia, Supervielle, BBVA, Pampa, TGS, Edenor, Transener y otras firmas energéticas. El propio FGS ya tiene antecedentes de inversión en ON, fideicomisos, deuda privada y fondos corporativos.
Lo concreto es que Milei, que se construyó cuestionando la intervención estatal y el uso político de los fondos públicos; busca dólares, crédito y liquidez, parece utilizar al FGS como una pieza central de ese armado. Un actor que compra, sostiene precios y aumenta su participación en las empresas mientras el mercado mira la pantalla esperando descubrir cuál es, en realidad, el plan de salida.
La Cámara Nacional de Casación Penal rechazó todos los planteos del escribano santafesino Santiago Busaniche, un operador judicial que actúa como lobista de la Justicia Federal que está implicado en causas de corrupción que involucran a jueces federales, financistas y funcionarios del aparato estatal.
Los defensores de Busaniche buscaban que se declaren nulas todas las causas judiciales en su contra, entre ellas las que tiene implicado por extorsión al ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, y que se apartaran de las investigaciones a todos los fiscales federales intervinientes.
Según las posiciones de un caso que implica una interna judicial al más alto nivel, la salida se interpretó como la decisión o de bajarle el pulgar o bien de soltarle la mano a Busaniche, un lobista que gravitó en designaciones de empleados a partir del intercambio de influencias y favores con funcionarios de jerarquía en la Justicia Federal, un hombre ligado al aparato de inteligencia estatal que tiene domicilio en el Palacio Paz, y estrecho conocimiento de magistrados de Comodoro Py, Santa Fe y Rosario.
Con su decisión de este martes, Casación mantuvo la pesquisa iniciada por los investigadores aunque con el voto en disidencia del camarista Mariano Borinsky que tuvo planteos a favor de Busaniche, por considerar que la acción penal está extinguida. Los que desnivelaron fueron los vocales Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques, quienes dieron importancia a que la investigación de la que Busaniche supone corrupción institucional y que Argentina es suscriptor de pactos internacionales que imponen perseguirla.
Uno de los casos que más comprometen a Busaniche es el que lo liga a Bailaque, juez federal que el año pasado renunció a su cargo acorralado por una denuncia por extorsión contra dos agentes de bolsa de Rosario, a uno de los cuales exigieron 200 mil dólares para frenar una causa en su contra por lavado de dinero. En esa trama delictiva, según los fiscales del caso, estuvieron también el financista Fernando Whpei y el ex director regional de la AFIP en Santa Fe Carlos Vaudagna. Los tres están con una causa penal. Los dos primeros en prisión domiciliaria y el último en libertad bajo medidas restrictivas.
Los defensores de Busaniche Carlos Pirotta y Débora Lichtmann señalaban que no hay razones para considerar un caso complejo esta investigación y que los fiscales tuvieron una conducta selectiva al formular sus imputaciones «por razones políticas». Para justificar esto dijeron que los acusadores obviaron citar por ejemplo a Héctor Daniel Marchi, ex administrador general de la Corte Suprema, quien según el antiguo director de la AFIP Carlos Vaudagna instigaba a Busaniche a impulsar las extorsiones a los empresarios.
Esa posición chocó contra los argumentos de los jueces que prevalecieron. «En el caso se encuentra involucrado al menos un funcionario público e integrante del Poder Judicial de la Nación, lo que impone reparar en los compromisos internacionales asumidos por Argentina en punto a la lucha contra actos de corrupción, que imponen un deber de debida diligencia reforzada en su investigación, juzgamiento, sanción y erradicación de este tipo de criminalidad en el ámbito público», afirmó Mahiques.
Para el magistrado es un imperativo «habilitar el avance en el juzgamiento de personas sospechadas de haber intervenido en presuntos hechos de corrupción conforme la obligación asumida en compromisos internacionales por el Estado Argentino en relación con dicha materia».
Santiago Busaniche.
En coincidencia con su colega, el camarista Yacobucci sostuvo que las decisiones objetadas, que habían sido validadas en las instancias judiciales previas, «cuentan con fundamentos válidos y suficientes y los agravios de la defensa sólo muestran una mera disconformidad con lo resuelto, habiéndose garantizado en el caso la doble conformidad judicial».
Los fiscales federales cuestionan a Busaniche en diferentes causas. Una es la aludida que tiene implicados también a Bailaque, Vaudagna y Whpei. Bailaque tiene un pedido de de diez años de prisión y a Busaniche le solicitan seis años de pena.
«Los hechos atribuidos fueron originariamente subordinados legalmente a los tipos penales de prevaricato, en concurso ideal con allanamiento ilegal, a su vez en concurso material con falsedades ideológicas de documento público reiteradas, todos ellos en calidad de partícipe necesario. En tales condiciones y a tenor de la imputación efectuada por el acusador público, no merece reparos la modificación a ‘complejo’ del presente proceso. En efecto, en este legajo se investiga a una pluralidad de sujetos, algunos de ellos funcionarios públicos de alto rango, por hechos de significativa entidad criminógena, que conllevan además significativa proyección y gravedad institucional», sostuvo Mahiques.
El segundo hecho analizado por Casación es la gestión atribuida a Busaniche para que el juez federal Gastón Salmain ordenara al BCRA el pago de 10 millones de dólares durante la vigencia del cepo cambiario para que el administrador de un fideicomiso, el ya mencionado Whpei, pagara una deuda con el exterior. A cambio de esa infrecuente resolución, cuestionada por el BCRA, Salmain habría solicitado un retorno del diez por ciento.
Al imputarlo, el fiscal Juan Argibay Molina sostuvo que Busaniche, es el escribano con la matrícula 320 de la provincia de Santa Fe que está ubicada en Hipólito Yrigoyen 2600 de la ciudad de Santa Fe. Según el fiscal desde 2023 la actividad principal declarada al fisco es servicios notariales. Busaniche estuvo en relación de dependencia en distintos poderes del Estado. Entre 1995 y 1997 en el Consejo de la Magistratura Nacional. Luego en relación de dependencia de la Cámara de Diputados de la Nación. Posteriormente en la Cámara de Senadores de Santa Fe. Está casado con una hija del ex diputado santafesino Julio Gutiérrez, que es primo político del ex gobernador Carlos Reutemann y fue su armador en la Legislatura provincial en los 90. Es hermano del camarista federal de Paraná Mateo Busaniche.
«Es importante saber que al inicio de los hechos que se investigan, agosto 2019, Busaniche no era funcionario del poder Judicial de Santa Fe ni del Ministerio Público ni de AFIP. Mantenía un vínculo laboral con la Cámara de Senadores de Santa Fe. Ejercitó este rol por fuera de relaciones laborales», indicó Argibay Molina en audiencia.
En este sentido es significativa la relación que Busaniche construyó según los investigadores con la Justicia Federal donde acredita notoria influencia sin ser ni empleado ni funcionario.
La defensa de Busaniche pedía apartar a los fiscales Federico Reynares Solari, Diego Velasco, Juan Argibay Molina, Matías Scilabra, Sergio Leonardo Rodriguez y Esteban Venditti, que pertenecen a distintas procuradurías y jurisdicciones.
El camarista Borinsky entendió que no es Casación la instancia donde recurrir como hacen los defensores pero sí le reconoce que hubo de parte del trámite acusatorio una «anormal forma de proceder respecto a Busaniche» y que eso «conllevó a que se continuara con el desarrollo de la imputación ampliándose los plazos legalmente previstos -que como se viene explicando la defensa no tuvo la oportunidad real de cuestionar y de recibir una respuesta jurisdiccional adecuada». Quedó en minoría.
