AGENDA CULTURAL

El modelo social, como se ha conceptualizado en la literatura, no es solo una estructura económica, sino una arquitectura institucional históricamente consolidada que gestiona las relaciones entre el mercado, el Estado y la sociedad. Refleja cómo se coordina el mercado laboral con los sistemas de protección social a los cuales Argentina ha llegado por varias vías institucionales, a veces con mayor éxito y otras con mayores desgracias.

Este pacto institucional parece estar cambiando de forma estructural.

Estudios recientes de nuestro equipo en el Instituto Gino Germani muestran dinámicas preocupantes en el mercado laboral, caracterizadas —de manera deliberada o no— por lo que podría definirse como un (no) modelo. Más allá del cierre de fábricas y la aceleración de quiebras, cuyo caso más emblemático es Fate, los datos oficiales —técnicamente cuestionables y objeto de una profunda deslegitimación académica— muestran una tendencia regresiva: el empleo formal cayó a su mínimo histórico (45%), con 407 mil puestos destruidos y apenas 226 mil precarios creados. El 72% de los ocupados gana menos que la canasta básica y uno de cada cinco trabajadores con jornada completa es pobre, lo que genera casi como humorada la desaceleración del divorcio y padres y madres que pasan un mayor tiempo en casa. El pluriempleo afecta al 12%, mientras la industria y la construcción se contraen frente a servicios precarios. La pobreza bajó al 31,8% por ingresos informales frágiles, no por empleo de calidad: dos tercios de la fuerza laboral padece precariedad o desocupación.

Vivimos un momento particular.

La reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei cambia las reglas de juego entre empleados y empresas, entre el trabajo y el capital; y el árbitro —el Estado— comienza a ser profundamente parcial.

Un punto crítico del proyecto es la modificación del sistema de indemnizaciones por despido, donde se reemplaza el esquema tradicional por fondos de cese laboral o sistemas de capitalización individual, similares a los vigentes en la construcción. La propuesta legislativa contempla ampliar el período de prueba más allá de los tres meses, estableciendo una duración variable que podría extenderse hasta seis u ocho en función del tamaño de la empresa.

Para los contratos antiguos, la nueva ley marca un quiebre: si un trabajador con muchos años de servicio es despedido tras su promulgación, el cálculo de su liquidación se regirá íntegramente por las nuevas reglas, sin considerar su antigüedad previa. Además, la jornada laboral podrá extenderse hasta 12 horas.

La reconfiguración global de las economías, marcada por el desarrollo tecnológico, la modernización de los procesos productivos y el crecimiento exponencial del sector de servicios, ha actuado como un poderoso motor de cambio social. En nuestra particular economía, un grueso de la misma está despojada de la protección, la tecnología, la mayor productividad y de un potencial bienestar. Más allá de las métricas puramente económicas, estos fenómenos han contribuido decisivamente a la erosión de las solidaridades colectivas tradicionales y al ascenso de un individualismo contemporáneo que redefine las expectativas de los ciudadanos frente al mercado, el Estado y la comunidad.

El núcleo de esta transformación reside en una mutación profunda de la estructura laboral y social. La modernización ha propiciado la emergencia de nuevas clases medias de servicios, cuyo espacio de trabajo difiere radicalmente del de la fábrica fordista. Estos profesionales ya no se agrupan en grandes plantas industriales; sino que trabajan en pequeñas oficinas, microempresas o de forma autónoma, en entornos donde la interacción social es débil y fragmentaria. Este proceso de socialización frágil y atomizado fomenta estrategias de desarrollo estrictamente personales e individuales. La antigua lealtad a una gran compañía, que ofrecía una carrera vitalicia y un sentido de pertenencia colectiva se desvanece frente a la lógica del proyecto personal, la empleabilidad y la marca individual.

Paralelamente, la atomización del tejido industrial —con la externalización de servicios, la deslocalización y el auge de las plataformas digitales— ha quebrado los comportamientos colectivos que antes surgían de la experiencia compartida en el espacio de trabajo. Este fenómeno es, en gran medida, un efecto directo de la segmentación de los mercados laborales, que divide a los trabajadores entre un núcleo estable y cualificado y, por otro lado, una periferia precaria y desprotegida.

La consecuencia más visible de este proceso es el declive histórico de las tasas de afiliación sindical. Los sindicatos, diseñados para representar a masas de trabajadores homogéneos en industrias concentradas, encuentran enormes dificultades para organizar a una fuerza laboral dispersa, diversa y a menudo individualista en sus aspiraciones. Y no fueron solamente los baluartes de las conquistas sociales de los más débiles, sino que, incluso fuera de Argentina, pudieron conseguir, en sus procesos de demanda, mejores resultados distributivos.

En lugar del antiguo “obrero-masa”, colectivo y con identidad de clase, hoy emerge una figura laboral más aislada. Este vacío no ha quedado desierto, sino que ha sido ocupado por formas de microcorporativismo. El individuo negocia de forma aislada sus condiciones con su empleador o, en el mejor de los casos, busca soluciones privadas a riesgos que antes eran colectivos (seguros de salud, planes de pensiones privados, horas extras, vacaciones). Este proceso de transformación, incubado desde la década de 1980, encontró en el pensamiento neoliberal su principal soporte ideológico. Su prédica a favor de la flexibilidad, la desregulación y la responsabilidad individual ha proporcionado el marco intelectual que justifica y acelera estas dinámicas.

El individualismo de mercado es pragmático y radical. Concibe al individuo como un agente autónomo que compite en una esfera mercantil con reglas mínimas. Su referencia jurídica, como plantea el investigador Antonio Martín Artiles, de la Universidad Autónoma de Barcelona, es el “common law”, flexible y basado en la jurisprudencia, que refleja esta concepción de un orden espontáneo y descentralizado. El Estado es visto con recelo y su rol queda relegado a garantizar contratos de carácter asimétrico, pero no el de un proveedor activo.

El individualismo institucionalizado, en cambio, se desarrolla dentro de un marco de instituciones robustas. Propio de culturas corporativistas, este modelo concibe al individuo como un titular de derechos y deberes precisos, garantizados por un Estado fuerte y un sistema de negociación colectiva. Su tradición jurídica es el derecho corporativo germánico, codificado y sistemático. Aquí, la autonomía individual no se opone a la solidaridad institucional, sino que se ejerce a través de ella.

Frente al avance de un espectro individualista, la cultura colectivista —cuyo principal exponente es la organización sindical— responde a una lógica sustancialmente distinta. Este paradigma ancla las expectativas de protección social en la ley, el Estado y la autoridad pública, configurando una visión jerárquica del orden social en la que el individuo se integra y es resguardado por marcos colectivos definidos desde arriba: la familia, el gremio, la nación, el partido. Sin embargo, este enfoque retrocede de manera constante ante la expansión de la modernización capitalista, la mercantilización de las relaciones sociales y el avance de la ideología del mérito individual.

El período actual de restauración conservadora y neoliberalismo extremo puede interpretarse sociológicamente como una reacción a la desestabilización de los órdenes tradicionales acelerada por la globalización y las crisis económicas. Se observa una lucha por la imposición de un nuevo “sentido común” que naturaliza la mercantilización de la vida (biopolítica neoliberal) y restaura jerarquías sociales y culturales percibidas como amenazadas, como los privilegios de la elites, la expectativa de ganancia empresarial y un mundo a ser vívido en su plenitud por los más ricos. Se manifiesta como una recomposición de alianzas de clase, donde élites económicas aprovechan el malestar social (precariedad, pérdida de identidad) para promover un individualismo competitivo radical y desmantelar estructuras de solidaridad colectiva.

Este período encarna la paradoja del neoliberalismo como orden antipolítico: al reducir a la ciudadanía a la mera gestión empresarial de sí misma, vacía la esfera pública y socava los fundamentos de la democracia deliberativa. Sobre ello se intenta desmantelar la protección de trabajadores y trabajadoras, pero sobre el propio proceso de desmantelamiento a la luz de los resultados sociales, parece iniciarse una lenta corrosión de un modelo hierático.

La entrada Frágiles, atomizados, individualizados se publicó primero en Revista Anfibia.

 La crisis en la industria comenzó a mostrar su dimensión estructural del modelo económico de Milei y a impactar en empresarios que hasta hace poco festejaron con bombos y platillos el proyecto libertario. Es el caso de Joaquín de Grazia, el dueño de Granja Tres Arroyos, que salió públicamente a defender la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional y ahora quedó de cara al precipicio por el ingreso de pollos de Brasil.

Según pudo saber en exclusiva LPO, tras el cierre de Fate, la crisis ahora afecta a la producción avícola y la principal procesadora de pollos del país Granja Tres Arroyos, atraviesan un panorama crítico por la apertura comercial y la creciente presencia de pollo importado desde Brasil a precios que el mercado local no logra igualar.

A fines del año pasado, la empresa de de Grazia enfrentó dificultades para para pagar salarios, pero el conflicto se controló en enero cuadno se normalizaron los pagos. A pesar de todo, el empresario defendió públicamente las políticas de Milei.

[ La UIA lamentó el cierre de FATE: «No es un hecho aislado, se perdieron 65 mil puestos de trabajo industrial»]

Pero además de la avalancha de pollos brasileños, la empresa también sufrió el cierre de exportaciones de carne avícola al mercado europeo a raíz de las restricciones sanitarias por el rebrote de la gripe aviar, lo que agravó el cuadro financiero en un sector donde la venta externa es clave para equilibrar costos.

El otro caso que alarma a la producción avícola es el destino de Cresta Roja, la empresa viene a los tumbos desde hace más de una década. Fue absorbida por Tres Arroyos y luego se hizo cargo la familia Peña de la Anónima, muy cercana a Macri, pero nunca superaron los conflictos. En 2024 hubo nuevos despidos de su planta de Esteban Echeverría y ahora hablan de cerrarla.

 La situación es crítica y en el sector prevén un marzo complicado cuando se desafecten a más de 450 trabajadores entre los frigoríficos de Cresta Roja y Granja Tres Arroyo y si las exportaciones no se reabren en abril, pueden quebrar 

«La situación es crítica y en el sector prevén un marzo complicado cuando se desafecten a más de 450 trabajadores entre los frigoríficos de Cresta Roja y Granja Tres Arroyo y si las exportaciones no se reabren en abril, pueden quebrar», sostiene un informe de la consultora String-Agro.

El impacto más visible se registra en la localidad entrerriana de Concepción del Uruguay donde Granja Tres Arroyo tiene el frigorífico más grande del país luego de haber absorbido Becar, otra planta procesadora de pollos, hace unos años.

La industria aviar llegó a emplear cerca de 1.500 trabajadores. Hoy el número ronda los 700. En los últimos meses hubo unos 160 despidos y 300 trabajadores adhirieron al retiro voluntario, pero aún la empresa no pagó un peso de la indemnización pactada, dijeron fuentes locales a LPO.

Operarios de Granja Tres Arroyos

Es que más allá de la competitividad, la quiebra de un frigorífico que empleaba a más de mil operarios en empleo formal significaría una catástrofe para una ciudad de alrededor de 80 mil habitantes.

Mientras la situación de los frigoríficos argentinos se deteriora y se encienden las alarmas, en Concepción del Uruguay ven desconcertados la invasión de pollos de origen brasileño en las góndolas de los supermercados o en las granjitas de barrios que se multiplican proporcionalmente se derrumba el empleo formal.

Sucede que en la localidad entrerriana, la pérdida de empleo industrial no se limita al sector avícola. Meses atrás, cerró una planta de YPF que se abastecía por barcaza y proveía de combustible a la ciudad. Si bien esa planta no generaba grandes dividendos para la empresa estatal, no daba pérdida y ocupaba a 47 trabajadores.

Además, se sucedieron despidos en empresas del rubro maderero que profundizaron el deterioro de la industria de Concepción de Uruguay. Frente a ello, surgieron comercios pequeños y rotiserías como válvula de escape ante la falta de empleo formal.

En el sector admiten que, con costos internos dolarizados, energía cara y un tipo de cambio que no acompaña, competir contra el pollo brasileño resulta inviable. La amenaza inmediata es la desafectación de al menos 450 trabajadores en marzo y un escenario todavía más severo si no se reactivan plenamente las exportaciones en abril.

La mayoría de las consultoras estiman que la inflación de febrero bajará unas décimas del 2,9% que marcó en enero, pero se ubicaría cómoda por arriba del 3% si el gobierno no hubiera decidido abortar la implementación del nuevo IPC, que ponderaba de una manera más cercana a la realidad el peso de los servicios públicos en el costo de vida. 

Pero aún con el índice viejo, las principales consultoras privadas coinciden en que la inflación de febrero se ubicó más cerca del 3% que del 2%. Eco Go la estimó cerca del 2,7%, Analytica la ubicó en torno al 2,8% y Equilibra proyectó un número similar. C&T Asesores Económicos habló de 2,6%. LCG también registró un registro más elevado que enero. El consenso es claro: la inflación se acerca nuevamente al 3%.

Se trata de un número malísimo para Milei que proyectó en el Presupuesto aprobado por el Congreso una inflación para todo el 2026 del 10,1%. Si la suba de precios mantiene el rango actual, aún con el índice desactualizado, la meta anual se consumiría en el primer trimestre.

Un senador de Milei dijo que comer carne «es un lujo, como manejar una Ferrari» Pero el número real sería aún más alto si de ponderaran de manera adecuada los servicios que proyectan una serie de subas muy fuertes. La electricidad tendrá un aumento que, en un cálculo optimista, rondara el 5% para usuarios subsidiados. El agua aumentará 4%, los colectivos del AMBA subirán 7,7% y el subte aumentará 3,25%, con un boleto de $1.363. 

Los peajes de rutas nacionales subirán hasta un 19%. La nafta también aumentará, afectada además por la suba del precio internacional del petróleo por la guerra en Medio Oriente. Cada movimiento en surtidor tiene efecto en cadena sobre costos logísticos y precios finales. 

El patrón es claro.Y los servicios pesan cada vez más en el presupuesto de los hogares. No es un detalle técnico. Es la parte fija del gasto familiar. Luz, gas, agua, transporte. Lo que no se puede postergar. 

Esto explica porque el gobierno pagó el costo político de suspender el nuevo índice y empujar la renuncia de Marco Lavagna. El nuevo IPC le daba mayor participación a servicios, que hoy representan la mayor porción del ingreso destinado al consumo. Con esa actualización, el índice hubiera mostrado con más nitidez el impacto tarifario en una inflación que según las consultoras se habreia ubicado pro encima del 3%.