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ABUSO SEXUAL INFANTIL: DELITO DE INSTANCIA PÚBLICA

“La acción es el poder que el individuo tiene para que todos los mecanismos y aparatos del Estado preocupados por la vigencia del sistema normativo se pongan en marcha para proteger el derecho vulnerado”

Giuseppe Chiovenda

En estos días se publicó la Ley 27.455 que prevé una modificación al Código Penal en materia de acciones dependientes de instancia privada. Dicho texto modifica precisamente el artículo 72 del libro primero, título XI de dicho Código.  

La acción de los delitos contra la integridad sexual, como el abuso sexual simple o la violación, siguen siendo dependientes de instancia privada (la víctima tiene la responsabilidad de iniciar el proceso penal), pero con la modificación hay que poner atención, que en el caso que la víctima de abuso o violación, sea un niño, niña, adolescente o incapaz, la acción se convertirá en una acción pública (el Estado tiene la facultad de ejercer por sí mismo), cuando antes era de instancia privada.

Esto implicaría que cualquier persona, ante el conocimiento de un caso de abuso o violación a menores pueda acercarse a la policía o a la fiscalía a denunciar el hecho.

También, significa que el Estado deberá actuar, intervenir, investigar e impulsar el proceso penal ante el conocimiento del hecho delictivo.

Antes, la necesidad de que un familiar de la víctima ratificara la denuncia terminaba por ser un obstáculo para que se haga justicia, por que lamentablemente el 90% de los casos el abusador es un familiar directo y como consecuencia de eso solo se denuncia el 10% de los casos. Bien sabemos que estos hechos son muy delicados y a su vez difíciles de afrontar para el círculo familiar, más aún si el abuso es intrafamiliar, además que impacta e influye en toda la sociedad en general.

La ventaja que presenta ésta modificación está relacionada con el respaldo por parte del estado que recibiría la víctima y la familia de ésta, a la hora de afrontar el engorroso trámite del proceso penal; además la posibilidad de hacer valer sus derechos, ya que el estado cuenta con muchos más recursos y posibilidades para poder llegar a la solución que espera la víctima y su familia.   

Datos Estadísticos e imagen: Red por la Infancia
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    El dato de la inflación de julio de Córdoba confirma el anticipo de las principales consultoras, en julio se frenó la baja de la inflación que registró junio. Según los datos de la provincia la inflación volvió a ubicarse en el 2% en julio, revirtiendfo la baja a 1,9% del mes anterior. 

    Ese dato se combina con otros registros muy malos que hablan de una economía exhausta por el ajuste: la caída del consumo, el endeudamiento para comprar alimentos y el deterioro de la situación social se agravaron, consolidando un escenario de fuerte fragilidad que golpea a las familias y a los pequeños comercios. 

    El relevamiento del Centro de Almaceneros, que funciona como un anticipo del registro oficial, determinó una inflación mensual del 2,05%, con un acumulado del 19,3% en los primeros siete meses del año y una variación interanual del 33,8%. 

    Sin embargo, la Canasta Básica Alimentaria aumentó un 37,3% en doce meses, por encima del índice general, una diferencia que explica por qué la desaceleración de los precios todavía no se traduce en una mejora del poder adquisitivo. Para una familia tipo de cuatro integrantes, no caer debajo de la línea de pobreza ya exige ingresos por $1.997.833, mientras que evitar la indigencia demanda $1.090.624 mensuales. 

    Las consultoras anticipan que pese a la baja de junio, la inflación volverá a acelerarse

    El dato que más preocupa al sector comercial es que el consumo continúa desplomándose. Las ventas en los comercios de proximidad dedicados a alimentos registraron una caída interanual del 8,3%, una tendencia que ya lleva varios meses consecutivos y que ni siquiera el movimiento extraordinario generado por el Mundial de fútbol logró revertir. La consecuencia empieza a trasladarse directamente a la supervivencia de los negocios. 

    El relevamiento del Centro de Almaceneros de Córdoba revela que el12,5% de los comerciantes considera que, si el nivel actual de ventas continúa, su comercio será económicamente inviable dentro de los próximos seis meses. Es decir, uno de cada ocho almacenes, autoservicios o pequeños negocios ya observa un horizonte de cierre antes de terminar el año.

    El 12,5% de los comerciantes considera que, si el nivel actual de ventas continúa, su comercio será económicamente inviable dentro de los próximos seis meses. Es decir, uno de cada ocho almacenes, autoservicios o pequeños negocios ya observa un horizonte de cierre antes de terminar el año. 

    El deterioro comercial tiene un correlato directo en la situación social. El informe muestra que el 76,1% de las familias considera que hoy se alimenta peor que hace un año, mientras que el 57,1% reconoce que durante julio no pudo cubrir satisfactoriamente la Canasta Básica Alimentaria. 

    Jumbo y las tarjetas aprovechan la necesidad de la gente para «financiar» la comida con tasas cercanas al 100%

    Incluso entre quienes sí lograron alcanzarla, siete de cada diez necesitaron algún tipo de asistencia estatal para hacerlo. La inseguridad alimentaria también dejó de expresarse únicamente en el reemplazo de productos por otros más baratos. Ahora impacta directamente sobre la cantidad de comida consumida. 

    El 38,3% de los hogares admite que algún adulto redujo sus porciones para priorizar al resto de la familia. Y en el 27,8% de las viviendas donde viven niños, alguno de ellos tuvo que comer menos por falta de dinero. El otro gran fenómeno que detecta el informe es el endeudamiento para sobrevivir. 

    El 88,5% de los hogares tuvo que financiar la compra de alimentos durante el último mes. El mecanismo más utilizado fue el fiado en comercios de barrio (39,3%), seguido muy de cerca por las tarjetas de crédito (37,9%). Un mecanismo que deja a las famialias a merced de las tasas usurarias que cobran tarjetas e hipermercados y que en los hechos hace que el precio d ela comida está muy por arriba de lo que marca el precio de góndola, como reveló LPO.

    El crédito dejó de utilizarse para consumos extraordinarios y pasó a financiar necesidades básicas. El panorama financiero de las familias tampoco ofrece margen para absorber nuevos golpes. El 92% de los hogares asegura que podría sostener sus gastos durante menos de un mes si perdiera sus ingresos, y dentro de ese universo, el 58% apenas resistiría una semana. A su vez, el 87% no podría afrontar con recursos propios un gasto extraordinario de $150.000.

     

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