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ABUSO SEXUAL INFANTIL: DELITO DE INSTANCIA PÚBLICA

“La acción es el poder que el individuo tiene para que todos los mecanismos y aparatos del Estado preocupados por la vigencia del sistema normativo se pongan en marcha para proteger el derecho vulnerado”

Giuseppe Chiovenda

En estos días se publicó la Ley 27.455 que prevé una modificación al Código Penal en materia de acciones dependientes de instancia privada. Dicho texto modifica precisamente el artículo 72 del libro primero, título XI de dicho Código.  

La acción de los delitos contra la integridad sexual, como el abuso sexual simple o la violación, siguen siendo dependientes de instancia privada (la víctima tiene la responsabilidad de iniciar el proceso penal), pero con la modificación hay que poner atención, que en el caso que la víctima de abuso o violación, sea un niño, niña, adolescente o incapaz, la acción se convertirá en una acción pública (el Estado tiene la facultad de ejercer por sí mismo), cuando antes era de instancia privada.

Esto implicaría que cualquier persona, ante el conocimiento de un caso de abuso o violación a menores pueda acercarse a la policía o a la fiscalía a denunciar el hecho.

También, significa que el Estado deberá actuar, intervenir, investigar e impulsar el proceso penal ante el conocimiento del hecho delictivo.

Antes, la necesidad de que un familiar de la víctima ratificara la denuncia terminaba por ser un obstáculo para que se haga justicia, por que lamentablemente el 90% de los casos el abusador es un familiar directo y como consecuencia de eso solo se denuncia el 10% de los casos. Bien sabemos que estos hechos son muy delicados y a su vez difíciles de afrontar para el círculo familiar, más aún si el abuso es intrafamiliar, además que impacta e influye en toda la sociedad en general.

La ventaja que presenta ésta modificación está relacionada con el respaldo por parte del estado que recibiría la víctima y la familia de ésta, a la hora de afrontar el engorroso trámite del proceso penal; además la posibilidad de hacer valer sus derechos, ya que el estado cuenta con muchos más recursos y posibilidades para poder llegar a la solución que espera la víctima y su familia.   

Datos Estadísticos e imagen: Red por la Infancia
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    Milei en caída libre: una encuesta marca que el 65% de los argentinos desaprueba su gestión

     

    Un nuevo relevamiento profundiza el deterioro de la imagen del gobierno de Javier Milei: la desaprobación ya alcanza niveles críticos y confirma una tendencia sostenida de desgaste político, económico y social.

    Por Roque Pérez para NLI

    El gobierno de Javier Milei atraviesa uno de sus peores momentos desde que asumió, y ya no se trata de percepciones aisladas sino de una tendencia consolidada. Según una encuesta de la consultora Zuban Córdoba, el 65% de los argentinos desaprueba su gestión, un dato que marca un quiebre en la relación entre el oficialismo y la sociedad.

    La cifra no aparece en el vacío. Por el contrario, se inscribe en un contexto donde distintos estudios de opinión vienen mostrando un deterioro sostenido. Relevamientos recientes ubican la desaprobación en torno al 60% o más, mientras la aprobación cae por debajo del 40%, confirmando que el núcleo de apoyo libertario se achica mes a mes.

    Un desgaste que ya no se puede disimular

    El dato del 65% de rechazo refleja algo más profundo que una simple fluctuación estadística: evidencia un cambio de clima social. Incluso consultoras que inicialmente habían sido favorables al gobierno coinciden en que la imagen presidencial se encuentra en su punto más bajo desde el inicio de la gestión.

    Este desgaste tiene múltiples causas. En primer lugar, la economía cotidiana no logra acompañar los indicadores macro que el oficialismo intenta exhibir. Aunque algunos datos muestran mejoras parciales, amplios sectores sociales perciben que el salario pierde poder adquisitivo, el empleo se precariza y el consumo sigue deprimido.

    A esto se suma un fenómeno cada vez más visible: la fragmentación social. Mientras ciertos sectores vinculados a actividades financieras o extractivas logran sostener niveles de consumo, la mayoría de la población enfrenta un deterioro en sus condiciones de vida, lo que alimenta el malestar generalizado.

    Corrupción, crisis política y pérdida de credibilidad

    El otro factor clave en la caída de la imagen oficial es la acumulación de escándalos. Las denuncias de corrupción —como el caso de la criptomoneda $LIBRA o las investigaciones que salpican a funcionarios cercanos— comenzaron a erosionar uno de los pilares discursivos del gobierno: su supuesta lucha contra “la casta”.

    En ese marco, la percepción social se vuelve cada vez más crítica. Encuestas recientes señalan que la corrupción, el desempleo y la inflación encabezan las preocupaciones de la población, configurando un escenario adverso para el oficialismo.

    Pero además, hay un elemento político central: el gobierno parece haber perdido el control de la agenda pública. La narrativa que en un inicio ordenaba el debate —basada en el shock económico y la promesa de cambio— hoy aparece desgastada y sin capacidad de generar expectativas positivas.

    De la promesa al desencanto

    El núcleo del problema es que el contrato electoral empieza a resquebrajarse. Milei llegó al poder prometiendo sacrificios temporales a cambio de una mejora rápida. Sin embargo, esa mejora no se materializa en la vida cotidiana de la mayoría.

    La consecuencia es directa: las expectativas se deterioran y el humor social se vuelve cada vez más negativo. El rechazo ya no se limita a sectores opositores tradicionales, sino que empieza a expandirse hacia votantes que inicialmente acompañaron el proyecto libertario.

    En ese contexto, el dato del 65% de desaprobación no es solo una cifra: es una señal política contundente. Marca el pasaje de un gobierno con respaldo significativo a uno que enfrenta una crisis de legitimidad en expansión.

     

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