“La acción es el poder que el individuo tiene para que todos los mecanismos y aparatos del Estado preocupados por la vigencia del sistema normativo se pongan en marcha para proteger el derecho vulnerado”
Giuseppe Chiovenda
En estos días se publicó la Ley 27.455 que prevé una modificación al Código Penal en materia de acciones dependientes de instancia privada. Dicho texto modifica precisamente el artículo 72 del libro primero, título XI de dicho Código.
La acción de los delitos contra la integridad sexual, como el abuso sexual simple o la violación, siguen siendo dependientes de instancia privada (la víctima tiene la responsabilidad de iniciar el proceso penal), pero con la modificación hay que poner atención, que en el caso que la víctima de abuso o violación, sea un niño, niña, adolescente o incapaz, la acción se convertirá en una acción pública (el Estado tiene la facultad de ejercer por sí mismo), cuando antes era de instancia privada.
Esto implicaría que cualquier persona, ante el conocimiento de un caso de abuso o violación a menores pueda acercarse a la policía o a la fiscalía a denunciar el hecho.
También, significa que el Estado deberá actuar, intervenir, investigar e impulsar el proceso penal ante el conocimiento del hecho delictivo.
Antes, la necesidad
de que un familiar de la víctima ratificara la denuncia terminaba por ser un
obstáculo para que se haga justicia, por que lamentablemente el 90% de los
casos el abusador es un familiar directo y como consecuencia de eso solo se
denuncia el 10% de los casos. Bien sabemos que estos hechos son muy delicados y
a su vez difíciles de afrontar para el círculo familiar, más aún si el abuso es
intrafamiliar, además que impacta e influye en toda la sociedad en general.
La ventaja que
presenta ésta modificación está relacionada con el respaldo por parte del
estado que recibiría la víctima y la familia de ésta, a la hora de afrontar el
engorroso trámite del proceso penal; además la posibilidad de hacer valer sus
derechos, ya que el estado cuenta con muchos más recursos y posibilidades para
poder llegar a la solución que espera la víctima y su familia.
Mañana Villa Regina vuelve a asistir a las urnas para elegir su intendente. Tendrá por segunda vez en su historia la posibilidad dual de decidir entre ambos géneros, rompiendo con el esquema conservador y clásico representativo de la ciudad de los candidatos hombres. #Elecciones #Domingo #Intendente #PadrónDigital #DesgasteDemocrático #Estabilidad #Crecimiento #LaTapa #Periodismo #Compromiso La tecnología domina la…
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El desdoblamiento electoral en la provincia de Buenos Aires entró en una zona de turbulencias. La posibilidad de una elección en mayo se desvanece ante el fracaso del gobierno de Javier Milei de eliminar las PASO y ante la imposibilidad de la Legislatura de discutir un paquete de leyes tan sensible como las normas electorales.
Si el gobierno libertario no consigue eliminar la PASO, Axel Kicillof se verá obligado a llevar adelante la primaria bonaerense el mismo día en lo hace el gobierno nacional.
El artículo 2 de la ley 14.086 establece que cuando el Ejecutivo nacional convoque a primarias nacionales, la primaria bonaerense se debe hacer el mismo día. Esa ley se aprobó en el Senado bonaerense en 2009 sin ese párrafo. Sin embargo, Néstor Kirchner enfureció y ordenó sumar ese condicionante para evitar que Daniel Scioli (entonces gobernador) pueda despegar la elección provincial de la nacional.
Pero además, existe otra ley que impide un desdoblamiento para lograr una elección general en mayo. La ley 5.109 establece en su artículo 116 que las elecciones deberán realizarse en una fecha comprendida entre 30 y 120 días anteriores a la culminación del mandato del gobernador. Por tanto, ese plazo no le permite a Kicillof convocar sólo mediante decreto a una elección general en mayo.
Fuentes del Ejecutivo aceptan que la normativa actual complica el desdoblamiento. Pero también advierten que las complicaciones logísticas que Kicillof planteó el año pasado y con las que argumentó la necesidad de desdoblar se mantienen intactas. «Organizar elecciones concurrentes en la Provincia se presenta de muy difícil concreción», aseguran.
La afirmación es importante toda vez que existe cierta desconfianza en el arco político bonaerense respecto de la posibilidad de que Kicillof -en tanto candidato a la presidencia- gire en su discurso y prefiera avanzar con una elección concurrente (elecciones el mismo día, pero con sistemas diferentes).
Alejandro Dichiara.
Lo cierto es que las trabas que impone tanto la ley de primarias como la ley electoral se pueden sortear con modificaciones a esas leyes. Sin embargo, las condiciones para que senadores y diputados alcancen acuerdos mínimos parece imposible.
Ninguna de las dos cámaras de la Legislatura consiguió sesionar una vez en lo que va del año. La semana pasada el Senado pudo conformar las comisiones de trabajo después de fuertes tensiones dentro del peronismo. En Diputados el escenario no es mejor: este viernes se comunicaron algunas comisiones en medio de una interna que no se ordena.
En principio Diputados sesionará el 28 de mayo sin asuntos importantes. Los propios legisladores entienden que de llegar un proyecto importante del Ejecutivo, la Legislatura se vuelve a paralizar.
Por lo pronto, esta semana el secretario electoral del Juzgado Federal 1 que tiene la competencia electoral en la provincia destacó la implementación de la Boleta Única en Papel en el territorio bonaerense. Leandro Luppi dijo que fue «un diseño muy sencillo y un instrumento de comunicación electoral eficaz».
Verónica Magario.
Sin embargo, advirtió que la elección que se viene es general y que supone más cargos electivos que pueden complicar la votación. «Tenemos que tomar este éxito relativo con precaución y usar lo que hemos aprendido para trabajar muy en serio, comprometernos en las elecciones del año próximo», dijo en declaraciones que reproduce Buenos Aires/12.
El funcionario puso además luces de alerta ante la posibilidad de que las PASO no sean derogadas y que la elección nacional y provincial se realicen el mismo día. «Si volvemos a tener elecciones simultáneas con la Provincia, que va a sumar dos o tres categorías, puede ser complicado», dijo.
Aunque divididos, en el peronismo trazan líneas para dar forma a un calendario electoral que les permita retener el control de la provincia. Uno de los ejes tiene que ver con separar por completo la elección provincial de la nacional. Esto es definir por completo la elección en la provincia y ya con un gobernador electo, empezar a discutir las candidaturas de la elección nacional.
De ahí surge la fecha de mayo para la elección general en la provincia. Pasados esos comicios, recién ahí se abriría una discusión de cara al cierre de listas de la elección nacional.
En la 4ta fecha del Top Race el piloto reginense Facu Aldrighetti alcanzó su primer podio del campeonato, en la previa Facu había anticipado que con la nueva puesta a punto de su Mercedez Benz iba a ser más competitivo dándole pelea a los punteros de igual a igual. Y así fue, este fin de…
El Gobierno consolida mecanismos para que el sistema financiero cobre primero.
Por Roque Pérez para NLI
El Gobierno nacional oficializó este jueves un nuevo esquema de descuentos automáticos sobre salarios estatales mediante el Decreto 352/2026 publicado hoy, una medida presentada como una “modernización administrativa” pero que, en los hechos, profundiza un fenómeno cada vez más visible en la Argentina de Milei: la financierización extrema del ingreso de los trabajadores públicos.
El mecanismo habilita a bancos, mutuales, cooperativas y otras entidades autorizadas a cobrar créditos, cuotas y consumos directamente desde el recibo de sueldo de empleados estatales nacionales. Es decir: el dinero puede ser retenido antes incluso de que el trabajador vea depositado su salario. En un país donde la caída del poder adquisitivo empuja a millones a endeudarse para sobrevivir, el Estado pasa a convertirse en garante directo del negocio financiero.
La medida aparece en un contexto económico particularmente delicado. Con salarios públicos deteriorados por la inflación, recortes presupuestarios y pérdida sostenida del consumo, el endeudamiento dejó de ser una herramienta excepcional para transformarse en una condición estructural de supervivencia. Tarjetas, préstamos personales, refinanciaciones y créditos de corto plazo son hoy parte del paisaje cotidiano de amplios sectores asalariados.
En ese escenario, el decreto funciona como una señal política clara: en lugar de discutir recomposición salarial o recuperación del ingreso, el Gobierno consolida mecanismos para que el sistema financiero cobre primero.
Un Estado al servicio del cobro automático
El decreto reglamenta un sistema de “códigos de descuento” aplicable a trabajadores de la Administración Pública Nacional. La lógica parece técnica, pero sus consecuencias son profundamente políticas. Cuanto más automatizado y garantizado es el cobro de préstamos y cuotas, menor es el riesgo para financieras y entidades crediticias.
Y cuando el riesgo baja, el negocio crece.
El sistema de descuento por haberes es especialmente codiciado por bancos y mutuales porque reduce casi a cero la posibilidad de incobrabilidad. No importa si el trabajador llega ajustado a fin de mes: la cuota se descuenta antes. El acreedor cobra primero; el asalariado administra lo que queda.
La paradoja es brutal. Mientras el Gobierno sostiene un discurso de “libertad económica” y retiro estatal, el aparato público se transforma en una estructura de aseguramiento para el circuito financiero privado.
En otras palabras: el Estado se corre de áreas sociales, pero permanece firme cuando se trata de garantizar el flujo de pagos hacia bancos y entidades de crédito.
Salarios débiles, deuda fuerte
La financierización del salario no es nueva en Argentina, pero sí adquiere una intensidad particular en esta etapa. La combinación entre caída de ingresos, apertura económica, tarifazos y recesión genera un terreno ideal para la expansión del crédito de supervivencia.
Ya no se toma deuda para crecer o invertir. Se toma deuda para comer, pagar servicios o llegar al día 20.
En ese marco, el decreto oficializa una lógica preocupante: asumir que el endeudamiento permanente del trabajador estatal es un dato normal del funcionamiento económico. La discusión deja de ser cómo mejorar salarios y pasa a ser cómo hacer más eficiente el cobro de las cuotas.
El problema no es solamente económico. También es político y social. Un trabajador altamente endeudado tiene menos margen de conflicto, menos capacidad de organización y mayor dependencia del ingreso mensual. El salario deja de ser una herramienta de autonomía para convertirse en un flujo parcialmente comprometido de antemano.
El trasfondo silencioso del modelo Milei
La medida encaja además con una dinámica más amplia del modelo económico actual: licuación salarial, retracción del consumo y expansión de mecanismos financieros de corto plazo.
En medio de una economía paralizada, muchas entidades encuentran en el descuento automático sobre haberes uno de los pocos negocios relativamente seguros. Y el Gobierno parece decidido a fortalecer ese esquema.
Detrás del lenguaje administrativo del decreto aparece una definición de fondo: frente a una sociedad crecientemente endeudada, el Estado ya no interviene para limitar la dependencia financiera sino para facilitarla.
Porque cuando el salario no alcanza, la deuda deja de ser una excepción. Y cuando el Estado garantiza el cobro de esa deuda, la precariedad económica se institucionaliza.
