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ABUSO SEXUAL INFANTIL: DELITO DE INSTANCIA PÚBLICA

“La acción es el poder que el individuo tiene para que todos los mecanismos y aparatos del Estado preocupados por la vigencia del sistema normativo se pongan en marcha para proteger el derecho vulnerado”

Giuseppe Chiovenda

En estos días se publicó la Ley 27.455 que prevé una modificación al Código Penal en materia de acciones dependientes de instancia privada. Dicho texto modifica precisamente el artículo 72 del libro primero, título XI de dicho Código.  

La acción de los delitos contra la integridad sexual, como el abuso sexual simple o la violación, siguen siendo dependientes de instancia privada (la víctima tiene la responsabilidad de iniciar el proceso penal), pero con la modificación hay que poner atención, que en el caso que la víctima de abuso o violación, sea un niño, niña, adolescente o incapaz, la acción se convertirá en una acción pública (el Estado tiene la facultad de ejercer por sí mismo), cuando antes era de instancia privada.

Esto implicaría que cualquier persona, ante el conocimiento de un caso de abuso o violación a menores pueda acercarse a la policía o a la fiscalía a denunciar el hecho.

También, significa que el Estado deberá actuar, intervenir, investigar e impulsar el proceso penal ante el conocimiento del hecho delictivo.

Antes, la necesidad de que un familiar de la víctima ratificara la denuncia terminaba por ser un obstáculo para que se haga justicia, por que lamentablemente el 90% de los casos el abusador es un familiar directo y como consecuencia de eso solo se denuncia el 10% de los casos. Bien sabemos que estos hechos son muy delicados y a su vez difíciles de afrontar para el círculo familiar, más aún si el abuso es intrafamiliar, además que impacta e influye en toda la sociedad en general.

La ventaja que presenta ésta modificación está relacionada con el respaldo por parte del estado que recibiría la víctima y la familia de ésta, a la hora de afrontar el engorroso trámite del proceso penal; además la posibilidad de hacer valer sus derechos, ya que el estado cuenta con muchos más recursos y posibilidades para poder llegar a la solución que espera la víctima y su familia.   

Datos Estadísticos e imagen: Red por la Infancia
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  • La Cámara confirmó la exclusión de los querellantes de Libra y se cae la causa

     

    La investigación judicial por la estafa con la criptomoneda Libra marcha rumbo al olvido. La Cámara Federal confirmó el apartamiento de los querellantes y el único impulso que le queda a la causa es el fiscal Eduardo Taiano, que hasta ahora no ha mostrado interés en avanzar.

    El pacto de impunidad entre el gobierno de los hermanos Milei y Comodoro Py sumó un nuevo capítulo, acaso el que más le interesaba a la Casa Rosada. La causa por la estafa cripto va rumbo a terminar cajoneada en los tribunales de Retiro.

    En un fallo firmado por los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, al que el Senado le acaba de aprobar el pliego para continuar en ese cargo, quedó firma la exclusión de las querellas que representaban a los damnificados por la estafa. La decisión se tomó antes de la llegada a la Cámara del nuevo integrante, el juez Pablo Yadarola.

    Pacto de impunidad: tras la renuncia de Adorni, corren a los querellantes de la causa Libra

    La Cámara intervino ante la apelación de los querellantes al fallo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, que en julio hizo lugar a un planteo del lobista Mauricio Novelli, amigo de Milei, y apartó a cinco querellas. Esta medida implica que se quedan sin acceso al expediente ni pueden pedir pedir medidas de prueba, con lo cual la investigación queda únicamente con impulso del fiscal.

    El camarista Pablo Bertuzzi

    En el fallo al que accedió LPO, Llorens y Bertuzzi dicen que está «diluida» la hipótesis de «un plan organizado desde las altas esferas gubernamentales» para llevar a cabo una estafa junto a un grupo de actores del mundo cripto. La realidad es que la pesquisa de Taiano y Martínez De Giorgi nunca avanzó seriamente con esa hipótesis, ni ninguna otra.

    El texto de los camaristas parece centrar toda la culpa en los estafados, que dice «decidieron invertir fondos a través de instrumentos cuya volatilidad y riesgo es mayor». «Ninguno de los aquí apelantes ha logrado demostrar, a los fines de su legitimación, el ardid o la afirmación falsa concreta que los hubiera determinado a adquirir el token», sostienen. «Los apelantes solo se han limitado a describir una sucesión de eventos sin identificar la falsedad concreta que los impulsó a efectuar la compra», agregan para despegar a Milei por su tuit en el que promocionó Libra.

    Como ya hizo Martínez De Giorgi, Bertuzzi y Llorens parecen establecer los argumentos para que la causa termine en la nulidad. Dicen que el lanzamiento de Libra fue en un contexto «de un negocio de por sí volátil, caracterizado por la ausencia de regulación financiera y una fuerte exposición al riesgo» y que quienes invirtieron sabían eso. Los camaristas dicen que los inversores «asumieron voluntariamente los riesgos inherentes a esa clase de compra» y el dinero que perdieron fue «consecuencia de ese riesgo».

    Mariano Llorens

    La causa Libra ha estado atravesada por la discusión entre la Casa Rosada, una pelea que se vio más descarnadamente en la investigación judicial contra Manuel Adorni y que quedó atrás cuando el ministro Juan Bautista Mahiques empezó a agilizar el envío de pliegos de jueces y fiscales.

    El fallo de primera instancia de Martínez De Giorgi fue la primera señal del pacto de impunidad, concretado luego con una sucesión de fallos favorables para el gobierno como el que firmaron ahora Llorens y Bertuzzi. En el medio, la causa Adorni se ralentizó casi por completo.

    Los pliegos de Bertuzzi y Yadarola para la Sala I de la Cámara Federal porteña fueron la garantía que Mahiques le ofreció a Karina Milei para garantizarse la impunidad en la causa Libra, aunque en este caso ni siquiera hizo falta la intervención de Yadarola. Esta sala también debe intervenir en la investigación de la corrupción en Andis.

     

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