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ABUSO SEXUAL INFANTIL: DELITO DE INSTANCIA PÚBLICA

“La acción es el poder que el individuo tiene para que todos los mecanismos y aparatos del Estado preocupados por la vigencia del sistema normativo se pongan en marcha para proteger el derecho vulnerado”

Giuseppe Chiovenda

En estos días se publicó la Ley 27.455 que prevé una modificación al Código Penal en materia de acciones dependientes de instancia privada. Dicho texto modifica precisamente el artículo 72 del libro primero, título XI de dicho Código.  

La acción de los delitos contra la integridad sexual, como el abuso sexual simple o la violación, siguen siendo dependientes de instancia privada (la víctima tiene la responsabilidad de iniciar el proceso penal), pero con la modificación hay que poner atención, que en el caso que la víctima de abuso o violación, sea un niño, niña, adolescente o incapaz, la acción se convertirá en una acción pública (el Estado tiene la facultad de ejercer por sí mismo), cuando antes era de instancia privada.

Esto implicaría que cualquier persona, ante el conocimiento de un caso de abuso o violación a menores pueda acercarse a la policía o a la fiscalía a denunciar el hecho.

También, significa que el Estado deberá actuar, intervenir, investigar e impulsar el proceso penal ante el conocimiento del hecho delictivo.

Antes, la necesidad de que un familiar de la víctima ratificara la denuncia terminaba por ser un obstáculo para que se haga justicia, por que lamentablemente el 90% de los casos el abusador es un familiar directo y como consecuencia de eso solo se denuncia el 10% de los casos. Bien sabemos que estos hechos son muy delicados y a su vez difíciles de afrontar para el círculo familiar, más aún si el abuso es intrafamiliar, además que impacta e influye en toda la sociedad en general.

La ventaja que presenta ésta modificación está relacionada con el respaldo por parte del estado que recibiría la víctima y la familia de ésta, a la hora de afrontar el engorroso trámite del proceso penal; además la posibilidad de hacer valer sus derechos, ya que el estado cuenta con muchos más recursos y posibilidades para poder llegar a la solución que espera la víctima y su familia.   

Datos Estadísticos e imagen: Red por la Infancia
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    Patricia Bullrich y el método del poder impune: seis casos, un mismo patrón

     

    Un tuit del abogado Gregorio Dalbón volvió a poner en foco un recorrido político atravesado por muertes, violencias, encubrimientos y relatos oficiales construidos antes de cualquier verdad judicial. Desde Nisman hasta el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, el nombre de Patricia Bullrich aparece siempre en el mismo lugar: el del poder que explica, señala y se desentiende.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    El planteo de Gregorio Dalbón no es una consigna suelta ni una reacción emocional. Es una enumeración precisa de seis hechos gravísimos de la historia reciente argentina en los que Patricia Bullrich tuvo un rol político directo o determinante, siempre desde lugares de poder estatal y siempre antes de que la Justicia pudiera hablar con pruebas y no con conferencias.

    No se trata de igualar causas ni de forzar comparaciones. Se trata de observar un patrón político reiterado: muertes o hechos violentos incómodos para el poder, una ministra que aparece rápido, un relato cerrado que exonera al Estado y una ausencia total de autocrítica cuando el tiempo demuestra que las explicaciones iniciales eran, como mínimo, falsas o incompletas.

    Seis casos, un mismo libreto

    En el caso Nisman, Bullrich fue una de las primeras dirigentes en instalar públicamente la hipótesis del asesinato, sin pruebas, empujando una operación política que convirtió una muerte aún no esclarecida en un arma contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Once años después, la causa sigue sin una sola evidencia firme que desmienta la hipótesis del suicidio, pero el daño político ya estaba hecho.

    En el caso Santiago Maldonado, como ministra de Seguridad, defendió a la Gendarmería desde el primer minuto, negó la desaparición forzada y acusó a la propia familia y a organismos de derechos humanos de “politizar” el hecho. La Justicia terminó estableciendo que Maldonado murió ahogado, pero Bullrich nunca explicó por qué encubrió el accionar represivo previo ni asumió responsabilidad política alguna.

    Con Facundo Molares, la escena se repitió: muerte en contexto de represión policial, relato inmediato de “descompensación”, respaldo automático a las fuerzas y ningún cuestionamiento interno. La violencia estatal se explicó sola y el poder se lavó las manos.

    El nombre de Fabrizia Pegoraro se suma a una lista menos mediática pero igual de inquietante: violencias institucionales minimizadas, responsabilidades diluidas y silencio político posterior. Cuando el caso deja de servir al discurso, desaparece del micrófono.

    En el caso de Pablo Grillo, nuevamente el esquema: intervención estatal, daños graves, justificaciones preventivas y una narrativa que corre el foco del rol del Estado hacia supuestos enemigos funcionales al orden que Bullrich dice garantizar.

    Y finalmente, el hecho más grave de todos: el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Allí Bullrich volvió a actuar como operadora política antes que como dirigente responsable: instaló la teoría del “loco suelto”, negó cualquier entramado político y mediático previo, y buscó clausurar de inmediato la pregunta central: cómo se construyó el clima de odio que habilitó el intento de magnicidio.

    Siempre antes, nunca después

    El hilo conductor es claro y demoledor: Bullrich siempre aparece antes del fallo, nunca después. Siempre con certezas anticipadas, nunca con dudas. Siempre señalando culpables ajenos, nunca haciéndose cargo del área que condujo.

    Cuando la verdad aprieta, el poder responde con fórmulas conocidas: alguien “se suicida”, alguien “se ahoga”, alguien “actuó solo”, alguien “se descompensó”. El Estado jamás falla, las fuerzas nunca se equivocan y la responsabilidad política queda sepultada bajo slogans de orden y seguridad.

    Esto no es una casualidad ni una suma de errores. Es un método político: construir autoridad desde el miedo, legitimar la violencia con discursos duros y garantizar impunidad desde el poder institucional.

    La responsabilidad que no prescribe

    La historia argentina demuestra algo que ningún marketing puede tapar: los funcionarios pasan, las víctimas quedan. Las conferencias se olvidan, los relatos se caen y las verdades, tarde o temprano, aparecen.

    Cuando ese momento llega, la pregunta no es quién dio la orden. La pregunta es quién estaba a cargo. Y en demasiados momentos oscuros de la Argentina reciente, la respuesta conduce al mismo nombre.

     

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