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ABUSO SEXUAL INFANTIL: DELITO DE INSTANCIA PÚBLICA

“La acción es el poder que el individuo tiene para que todos los mecanismos y aparatos del Estado preocupados por la vigencia del sistema normativo se pongan en marcha para proteger el derecho vulnerado”

Giuseppe Chiovenda

En estos días se publicó la Ley 27.455 que prevé una modificación al Código Penal en materia de acciones dependientes de instancia privada. Dicho texto modifica precisamente el artículo 72 del libro primero, título XI de dicho Código.  

La acción de los delitos contra la integridad sexual, como el abuso sexual simple o la violación, siguen siendo dependientes de instancia privada (la víctima tiene la responsabilidad de iniciar el proceso penal), pero con la modificación hay que poner atención, que en el caso que la víctima de abuso o violación, sea un niño, niña, adolescente o incapaz, la acción se convertirá en una acción pública (el Estado tiene la facultad de ejercer por sí mismo), cuando antes era de instancia privada.

Esto implicaría que cualquier persona, ante el conocimiento de un caso de abuso o violación a menores pueda acercarse a la policía o a la fiscalía a denunciar el hecho.

También, significa que el Estado deberá actuar, intervenir, investigar e impulsar el proceso penal ante el conocimiento del hecho delictivo.

Antes, la necesidad de que un familiar de la víctima ratificara la denuncia terminaba por ser un obstáculo para que se haga justicia, por que lamentablemente el 90% de los casos el abusador es un familiar directo y como consecuencia de eso solo se denuncia el 10% de los casos. Bien sabemos que estos hechos son muy delicados y a su vez difíciles de afrontar para el círculo familiar, más aún si el abuso es intrafamiliar, además que impacta e influye en toda la sociedad en general.

La ventaja que presenta ésta modificación está relacionada con el respaldo por parte del estado que recibiría la víctima y la familia de ésta, a la hora de afrontar el engorroso trámite del proceso penal; además la posibilidad de hacer valer sus derechos, ya que el estado cuenta con muchos más recursos y posibilidades para poder llegar a la solución que espera la víctima y su familia.   

Datos Estadísticos e imagen: Red por la Infancia
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  • La Cámara Federal de Rosario pide una auditoría por las 8 mil causas cajoneadas

     

    La Cámara Federal de Rosario iniciará una auditoría que explique por qué se detectaron unos 8 mil casos paralizados en juzgados federales de primera instancia, que al no haber sido trasladadas a tiempo a las fiscalías no tuvieron ningún impulso investigativo, lo que puede implicar delitos no esclarecidos y con impunidad hacia sus posibles autores.

    La anomalía llegó a conocimiento de la Procuración General de la Nación, que está a cargo de todos los fiscales federales, luego de que en el Ministerio Público Fiscal de Rosario advirtieran que les cursaban extemporáneamente causas ingresadas a los juzgados federales 3 y 4, en algún caso hasta con seis años de demora. Algo que hizo que se pronunciara sobre esto con preocupación el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro. «Acá hay responsabilidades funcionales», declaró.

    El juzgado federal 3 está a cargo de Carlos Vera Barros y el 4 de Marcelo Bailaque, actualmente con prisión domiciliaria acusado por tres delitos en el desempeño de ese cargo considerados hechos de corrupción institucional.

    Detectan ocho mil causas penales paralizadas en los juzgados federales de Rosario

    Frente a esta situación, que dio a conocer LPO, la Cámara Federal de Rosario ordenó este martes a los secretarios de los juzgados 3 y 4 que informen en 48 horas los criterios de actuación utilizados para supervisar la información documentada que explique que esas causas hayan quedado paralizadas.

    La Cámara Federal pide eso para cotejar el número excedente con las cifras que se confeccionaron en mayo de 2024 cuando dejó de tener vigencia el sistema de juicio escrito y comenzó el modelo acusatorio. Entonces los juzgados hicieron un listado de los expedientes que estaban en trámite para una transición hasta que tuvieran sentencia. Eran según fuentes de la Procuración unos 1.180 legajos. Pero ahora aparece una cifra de ocho mil adicionales que son anteriores a esa fecha límite y que no se comunicaron.

    Al mismo tiempo, la Cámara también pidió al Ministerio Público Fiscal que les remita un listado de esas 1.180 causas a fin de contrastarlo con los guarismos de los informes que ahora encargan a los juzgados.

    Pullaro criticó a la justicia federal por las 8 mil causas paralizadas en Rosario

    Esta situación de limbo en el que quedaron esas causas puede deberse a motivos burocráticos que impliquen negligencia pero no intenciones deliberadas de ocultarlos. «Puede haber una mala gestión de los expedientes u otra cosa más grave que se verá», dijo a LPO una fuente de la Cámara Federal. Pero esto ocurre en una jurisdicción donde hay causas penales en curso por expedientes cajoneados sin explicación o hechos que prescribieron por falta de impulso, en especial delitos tributarios, que tienen como infractores a personas de capacidad económica. 

     

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    La Casa Argentina en París, otro escándalo que el Gobierno de Milei intenta apagar antes de que llegue a Francia

     

    Santiago Muzio renunció a la Casa Argentina en París tras meses de polémicas por su gestión, memoria histórica y vínculos con sectores de ultraderecha.

    Por Redacción de NLI

    La renuncia de Santiago Muzio a la dirección de la Casa Argentina en París cerró, al menos por ahora, un capítulo incómodo para el gobierno de Milei. El funcionario, designado por la actual administración en 2024, dejó el cargo después de meses de cuestionamientos por su gestión, denuncias de residentes y polémicas que incluyeron el retiro de una placa en homenaje a los desaparecidos durante la última dictadura y actividades vinculadas a sectores de ultraderecha. La salida, además, ocurre a pocas semanas de una nueva visita de Milei a Francia, en un contexto en el que el Gobierno habría buscado evitar que el escándalo siguiera creciendo y terminara salpicando directamente al Presidente.

    La Casa Argentina funciona dentro de la Cité Universitaire de París y tiene una particularidad que vuelve especialmente sensible cualquier disputa sobre su conducción: no es simplemente una residencia para argentinos que estudian o investigan en Francia, sino también una institución vinculada con la presencia cultural y académica argentina en el exterior. Por eso, lo ocurrido durante la gestión de Muzio excede una discusión interna sobre administración. La controversia terminó involucrando memoria histórica, convivencia universitaria, política exterior y la orientación ideológica que el Gobierno pretende imprimirle a espacios que tradicionalmente estuvieron vinculados con la universidad pública, la cultura y la investigación.

    Una gestión atravesada por denuncias y polémicas

    Muzio había llegado a la conducción de la Casa Argentina durante el gobierno de Milei y su administración fue acumulando cuestionamientos. El funcionario enfrentaba denuncias y que el Gobierno terminó presionándolo para evitar que el conflicto adquiriera mayor dimensión política antes de la visita presidencial a Francia.

    Uno de los episodios que mayor repercusión generó fue el retiro de una placa que recordaba a los desaparecidos durante la dictadura argentina. El hecho resulta particularmente significativo porque la memoria de los crímenes de lesa humanidad constituye una de las construcciones democráticas más importantes de la Argentina desde 1983 y porque la Casa Argentina se encuentra inserta en un ámbito universitario internacional donde esa dimensión histórica no puede separarse de la propia identidad del país.

    La controversia se profundizó con cuestionamientos relacionados con residentes y con la realización o recepción de encuentros vinculados a sectores de extrema derecha. Distintos medios señalaron que la gestión de Muzio había quedado bajo observación por decisiones internas y por sus vínculos con ámbitos políticos de ese espacio ideológico.

    La combinación es políticamente explosiva para un gobierno que hizo de la batalla cultural uno de los ejes centrales de su identidad: una institución argentina en París, estudiantes y residentes, una placa de memoria retirada y actividades asociadas a la ultraderecha. Todo ello en el marco de una administración que desde su llegada al poder modificó radicalmente el discurso oficial sobre derechos humanos, memoria y el papel del Estado.

    La renuncia de Muzio no borra esos episodios. Apenas cambia el nombre que estará al frente de la institución.

    Cuando el problema deja de ser administrativo

    La salida adquiere otra dimensión si se observa el calendario. Muzio renunció a pocos días de que el escándalo pudiera convertirse en un problema diplomático y político para Milei en Francia. La prensa argentina informó que la salida se produjo en medio de la preocupación oficial por el impacto que la controversia podía tener sobre la visita presidencial y sobre la agenda vinculada a la Paris Week, prevista para fines de septiembre.

    Es allí donde una renuncia aparentemente menor empieza a revelar algo más profundo sobre el funcionamiento del Gobierno.

    La administración Milei ha construido buena parte de su política exterior alrededor de la exposición internacional del Presidente, sus encuentros con líderes extranjeros, sus intervenciones políticas y su particular estrategia de alineamiento con Donald Trump y otros referentes de la derecha global. En ese esquema, cualquier escándalo producido dentro de una institución argentina en el exterior puede dejar de ser un problema burocrático para transformarse rápidamente en una incomodidad presidencial.

    Y la Casa Argentina en París no es un lugar cualquiera. Está en una de las capitales políticas, culturales y diplomáticas más importantes del mundo y dentro de un espacio universitario de enorme visibilidad internacional. Una controversia vinculada con derechos humanos, estudiantes y organizaciones de ultraderecha difícilmente podía permanecer encerrada entre las paredes de una residencia.

    De allí que la renuncia de Muzio pueda leerse también como una operación de control de daños.

    Antes que asumir públicamente el costo político del escándalo, el Gobierno optó por cambiar al funcionario cuestionado.

    El problema de fondo: qué Argentina se representa afuera

    La discusión plantea además una pregunta que excede el nombre de Muzio: ¿qué Argentina quiere representar el gobierno de Milei en sus instituciones culturales y académicas en el extranjero?

    Durante décadas, las casas argentinas en distintas ciudades del mundo funcionaron como espacios de encuentro para estudiantes, investigadores, artistas y ciudadanos que construían su experiencia fuera del país. La política exterior cultural podía tener gobiernos de distinto signo, pero existía una continuidad vinculada con la universidad, la investigación, la cultura y la memoria democrática.

    El modelo libertario introdujo otra mirada sobre el Estado y sobre las instituciones públicas. En su concepción, buena parte de esas estructuras son vistas como espacios atravesados por privilegios, burocracias o intereses políticos que deberían ser revisados, reducidos o directamente eliminados. El conflicto de París aparece así como una expresión pequeña, pero significativa, de una disputa mucho mayor por el sentido de las instituciones argentinas.

    Porque quitar una placa de homenaje a los desaparecidos no es simplemente retirar un objeto de una pared. Tampoco lo es convertir una residencia universitaria en escenario de determinadas disputas ideológicas. Son decisiones que transmiten un mensaje acerca de qué acontecimientos se consideran dignos de memoria y qué sectores políticos son considerados legítimos interlocutores.

    En una institución que lleva el nombre de la Argentina, ese mensaje trasciende al funcionario de turno.

    Por eso la renuncia de Muzio no debería clausurar el debate. Si el Gobierno considera que hubo errores de gestión, deberá explicar cuáles fueron. Si existieron denuncias, deberá aclararlas. Y si la salida estuvo vinculada con la necesidad de evitar un costo político para Milei antes de su visita a Francia, también sería saludable que lo explicara.

    Porque cambiar al director puede apagar momentáneamente los titulares, pero no resuelve las preguntas que dejaron los meses de polémica.

    La Casa Argentina seguirá allí, en París, como una representación del país. Y el verdadero interrogante ahora será qué orientación tendrá esa institución después de la salida de Muzio y si el Gobierno pretende recuperar su perfil académico y cultural o profundizar la transformación ideológica que atravesó su gestión.

    La renuncia puede cerrar una crisis de nombres. Lo que todavía no está resuelto es la crisis de sentido.

     

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