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ABUSO SEXUAL INFANTIL: DELITO DE INSTANCIA PÚBLICA

“La acción es el poder que el individuo tiene para que todos los mecanismos y aparatos del Estado preocupados por la vigencia del sistema normativo se pongan en marcha para proteger el derecho vulnerado”

Giuseppe Chiovenda

En estos días se publicó la Ley 27.455 que prevé una modificación al Código Penal en materia de acciones dependientes de instancia privada. Dicho texto modifica precisamente el artículo 72 del libro primero, título XI de dicho Código.  

La acción de los delitos contra la integridad sexual, como el abuso sexual simple o la violación, siguen siendo dependientes de instancia privada (la víctima tiene la responsabilidad de iniciar el proceso penal), pero con la modificación hay que poner atención, que en el caso que la víctima de abuso o violación, sea un niño, niña, adolescente o incapaz, la acción se convertirá en una acción pública (el Estado tiene la facultad de ejercer por sí mismo), cuando antes era de instancia privada.

Esto implicaría que cualquier persona, ante el conocimiento de un caso de abuso o violación a menores pueda acercarse a la policía o a la fiscalía a denunciar el hecho.

También, significa que el Estado deberá actuar, intervenir, investigar e impulsar el proceso penal ante el conocimiento del hecho delictivo.

Antes, la necesidad de que un familiar de la víctima ratificara la denuncia terminaba por ser un obstáculo para que se haga justicia, por que lamentablemente el 90% de los casos el abusador es un familiar directo y como consecuencia de eso solo se denuncia el 10% de los casos. Bien sabemos que estos hechos son muy delicados y a su vez difíciles de afrontar para el círculo familiar, más aún si el abuso es intrafamiliar, además que impacta e influye en toda la sociedad en general.

La ventaja que presenta ésta modificación está relacionada con el respaldo por parte del estado que recibiría la víctima y la familia de ésta, a la hora de afrontar el engorroso trámite del proceso penal; además la posibilidad de hacer valer sus derechos, ya que el estado cuenta con muchos más recursos y posibilidades para poder llegar a la solución que espera la víctima y su familia.   

Datos Estadísticos e imagen: Red por la Infancia
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    Acorralado por las denuncias, Adorni dejó la Jefatura de Gabinete y profundiza la crisis del Gobierno de Milei

     

    La renuncia de Manuel Adorni puso fin a meses de creciente desgaste político y judicial para uno de los funcionarios más cercanos a Milei. El ahora exjefe de Gabinete presentó una carta en la que negó las acusaciones en su contra, pero su salida expone una crisis que el oficialismo ya no pudo contener.

    Por Ramiro C. Ferrante para NLI

    Después de semanas de sostener públicamente que no pensaba abandonar el cargo, Manuel Adorni presentó este sábado su renuncia como jefe de Gabinete, una decisión que sacudió al Gobierno y confirmó el fuerte impacto que tuvieron las investigaciones judiciales sobre su patrimonio y el creciente aislamiento político dentro del oficialismo. La salida se produjo luego de varios meses de denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, incompatibilidades y utilización de recursos públicos, un escenario que terminó erosionando incluso el respaldo que hasta hace pocos días le brindaba Milei.

    La carta de renuncia, difundida por el propio funcionario, insistió en que es inocente y sostuvo que demostrará su situación patrimonial ante la Justicia. Sin embargo, el gesto político tuvo una lectura inevitable: el Gobierno perdió a quien había sido durante más de dos años la principal cara de su estrategia comunicacional y luego el coordinador de todo el gabinete nacional.

    De vocero blindado a funcionario insostenible

    El recorrido de Adorni sintetiza buena parte de la evolución del gobierno libertario. Llegó a la administración nacional como vocero presidencial, luego concentró el manejo de la comunicación oficial y, tras el recambio político de fines de 2025, fue promovido a la Jefatura de Gabinete como uno de los hombres de mayor confianza de Milei.

    Pero ese ascenso comenzó a desmoronarse cuando distintas investigaciones periodísticas revelaron gastos, viajes, adquisiciones patrimoniales y movimientos económicos difíciles de compatibilizar con los ingresos declarados por el funcionario. Las denuncias derivaron en expedientes judiciales que fueron sumando presión política y pedidos de explicaciones desde la oposición. Según trascendió, Adorni terminó reconociendo la existencia de fondos que inicialmente no habían sido incluidos en sus declaraciones patrimoniales, aunque insistió en que su origen era lícito.

    Un golpe político para Milei

    La renuncia representa un golpe político de magnitud para Milei. Durante meses el Presidente sostuvo públicamente a su jefe de Gabinete, denunció una supuesta persecución política y mediática y rechazó los pedidos para desplazarlo. Sin embargo, la acumulación de cuestionamientos judiciales, la pérdida de respaldo dentro del propio oficialismo y el costo institucional terminaron haciendo inviable su continuidad.

    La crisis también volvió a poner sobre la mesa una de las principales contradicciones del discurso libertario. Un gobierno que llegó al poder prometiendo terminar con «la casta» y combatir los privilegios terminó atravesado por denuncias que involucran a uno de sus funcionarios más emblemáticos. Mientras desde la Casa Rosada intentan presentar la salida como una decisión personal de Adorni para defenderse en los tribunales, la oposición sostiene que se trata de una renuncia forzada por la magnitud del escándalo.

    Con la salida de Adorni se abre además una nueva etapa de incertidumbre política. La búsqueda de un reemplazante para coordinar el gabinete ocurre en un contexto de fuerte tensión parlamentaria y de creciente desgaste del Gobierno, que deberá afrontar las consecuencias políticas de uno de los episodios más delicados desde la llegada de Milei al poder.

     

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