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ABUSO SEXUAL INFANTIL: DELITO DE INSTANCIA PÚBLICA

“La acción es el poder que el individuo tiene para que todos los mecanismos y aparatos del Estado preocupados por la vigencia del sistema normativo se pongan en marcha para proteger el derecho vulnerado”

Giuseppe Chiovenda

En estos días se publicó la Ley 27.455 que prevé una modificación al Código Penal en materia de acciones dependientes de instancia privada. Dicho texto modifica precisamente el artículo 72 del libro primero, título XI de dicho Código.  

La acción de los delitos contra la integridad sexual, como el abuso sexual simple o la violación, siguen siendo dependientes de instancia privada (la víctima tiene la responsabilidad de iniciar el proceso penal), pero con la modificación hay que poner atención, que en el caso que la víctima de abuso o violación, sea un niño, niña, adolescente o incapaz, la acción se convertirá en una acción pública (el Estado tiene la facultad de ejercer por sí mismo), cuando antes era de instancia privada.

Esto implicaría que cualquier persona, ante el conocimiento de un caso de abuso o violación a menores pueda acercarse a la policía o a la fiscalía a denunciar el hecho.

También, significa que el Estado deberá actuar, intervenir, investigar e impulsar el proceso penal ante el conocimiento del hecho delictivo.

Antes, la necesidad de que un familiar de la víctima ratificara la denuncia terminaba por ser un obstáculo para que se haga justicia, por que lamentablemente el 90% de los casos el abusador es un familiar directo y como consecuencia de eso solo se denuncia el 10% de los casos. Bien sabemos que estos hechos son muy delicados y a su vez difíciles de afrontar para el círculo familiar, más aún si el abuso es intrafamiliar, además que impacta e influye en toda la sociedad en general.

La ventaja que presenta ésta modificación está relacionada con el respaldo por parte del estado que recibiría la víctima y la familia de ésta, a la hora de afrontar el engorroso trámite del proceso penal; además la posibilidad de hacer valer sus derechos, ya que el estado cuenta con muchos más recursos y posibilidades para poder llegar a la solución que espera la víctima y su familia.   

Datos Estadísticos e imagen: Red por la Infancia
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    Patricia Bullrich anunció este martes que el proyecto de reforma laboral mantiene la eliminación de la ultraactividad, invierte la prelación de las negociaciones colectivas colocando los acuerdos por empresa encima de los que se hagan por rama y deroga los estatutos. Esos tres puntos formaban parte del listado de artículos que la CGT pretendía voltear, pero la jefa del bloque libertario los expuso, entre otros, como «un cambio estratégico en las relaciones laborales argentinas».

    En conferencia de prensa, la exministra de Seguridad defendió la «prelación de convenios de empresa». «Un convenio de empresa de una provincia prevalece por sobre un convenio de ámbito nacional», explicó.

    Ese cambio debilita a los sindicatos en las negociaciones paritarias por salario y condiciones laborales, acrecentando el peso de la patronal sobre las comisiones internas.

    Bullrich aclaró también que se mantendrá tal como está previsto en el dictamen firmado en diciembre el artículo referido a la ultraactividad, el concepto que garantiza la continuidad de los convenios hasta que aparezca uno nuevo en cada actividad. Tanto la CGT como la CAC, la CAME y ADIMRA peleaban porque no cayera esa cláusula porque, tal como informó LPO, la necesidad de volver a conveniar todos los años se torna inoperativa en términos administrativos y productivos hasta para los dueños de las firmas.

    Los gobernadores se impusieron y Toto Caputo sacó Ganancias de la reforma laboral

    La argumentación de la senadora fue que «en la redacción del artículo sobre ultraactividad se aclara que los convenios pueden seguir siempre que las partes acuerden eso», una manera ingeniosa de habilitar la disolución del instrumento salvo que empresarios y delegados pacten sistemáticamente la vigencia de los convenios.

    Por otro lado, se pavoneó con la derogación de los estatutos de profesionales, como el del periodista o el viajante de comercio. «Los estatutos son previos a los convenios y no va a quedar ninguno», dijo con tono marcial.

    Bullrich, junto a senadores del PRO, la UCR y LLA.

    Alrededor suyo se ubicaron senadores aliados en representación de la UCR, el PRO y la bancada de La Libertad Avanza. Estaban los radicales Eduardo Vischi y Mariana Juri, Martín Göerling en representación del partido amarillo y Bartolomé Abdala e Ivana Arrascaeta, entre otros, por los libertarios.

    Las únicas dos concesiones a la CGT anunciadas por Bullrich fueron la continuidad de las patronales como «agentes de retención» de los aportes para la «cuota sindical», con un tope de 2 por ciento, y el sostenimiento del 6 por ciento para las obras sociales, cuando el dictamen original reducía esa cifra a 5 puntos y le comía a los sindicatos alrededor de 800 millones de pesos. «Lo dejamos en 6 puntos porque consideramos que la salud es importante», dijo la senadora.

    Un convenio de empresa de una provincia prevalece por sobre un convenio de ámbito nacional.

    Los anuncios de Bullrich contra las conquistas del movimiento obrero no fueron conversados con representantes de la central de la calle Azopardo, pese a que fuentes del gobierno le anticiparon a LPO que el gobierno no daría el brazo a torcer en esos puntos. «Todo eso que dijo Bullrich habrá que verlo, está muy rosqueado», contestaron desde la CGT en medio de los preparativos para la marcha de este miércoles al Congreso.

    La exministra había dicho que «una ley no es la imposición de una parte sobre la otra sino un acuerdo», cuando tuvo que explayarse sobre las razones que llevaron al gobierno a declinar el capítulo de ganancias por la resistencia de los gobernadores. «No hay ganadores y perdedores, sino un acuerdo y en ese acuerdo se respetan las miradas», abundó para justificar un entendimiento que no se estaría produciendo con la CGT.

    No asistieron los senadores provinciales que comprometieron su respaldo a la reforma, como la tucumana Beatriz Ávila, la salteña Flavia Royón, el correntino Carlos «Camau» Espínola, la neuquina Julieta Corroza, la chubutense Edith Terenzi, la cordobesa Alejandra Vigo, los dos misioneros, Sonia Rojas Decut y Carlos Omar Arce, y los dos santacruceños, José María Carambia y Natalia Gadano. En total, serían 10 legisladores determinantes para que salgan los artículos durante la votación en particular o no pero, al cierre de esta nota, el oficialismo confiaba que rondaría los 40 votos por la afirmativa.

     

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