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ABUSO SEXUAL INFANTIL: DELITO DE INSTANCIA PÚBLICA

“La acción es el poder que el individuo tiene para que todos los mecanismos y aparatos del Estado preocupados por la vigencia del sistema normativo se pongan en marcha para proteger el derecho vulnerado”

Giuseppe Chiovenda

En estos días se publicó la Ley 27.455 que prevé una modificación al Código Penal en materia de acciones dependientes de instancia privada. Dicho texto modifica precisamente el artículo 72 del libro primero, título XI de dicho Código.  

La acción de los delitos contra la integridad sexual, como el abuso sexual simple o la violación, siguen siendo dependientes de instancia privada (la víctima tiene la responsabilidad de iniciar el proceso penal), pero con la modificación hay que poner atención, que en el caso que la víctima de abuso o violación, sea un niño, niña, adolescente o incapaz, la acción se convertirá en una acción pública (el Estado tiene la facultad de ejercer por sí mismo), cuando antes era de instancia privada.

Esto implicaría que cualquier persona, ante el conocimiento de un caso de abuso o violación a menores pueda acercarse a la policía o a la fiscalía a denunciar el hecho.

También, significa que el Estado deberá actuar, intervenir, investigar e impulsar el proceso penal ante el conocimiento del hecho delictivo.

Antes, la necesidad de que un familiar de la víctima ratificara la denuncia terminaba por ser un obstáculo para que se haga justicia, por que lamentablemente el 90% de los casos el abusador es un familiar directo y como consecuencia de eso solo se denuncia el 10% de los casos. Bien sabemos que estos hechos son muy delicados y a su vez difíciles de afrontar para el círculo familiar, más aún si el abuso es intrafamiliar, además que impacta e influye en toda la sociedad en general.

La ventaja que presenta ésta modificación está relacionada con el respaldo por parte del estado que recibiría la víctima y la familia de ésta, a la hora de afrontar el engorroso trámite del proceso penal; además la posibilidad de hacer valer sus derechos, ya que el estado cuenta con muchos más recursos y posibilidades para poder llegar a la solución que espera la víctima y su familia.   

Datos Estadísticos e imagen: Red por la Infancia
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     Maximiliano Pullaro logró que el gobierno de Javier Milei reactive el envío de fondos a la Caja de Jubilaciones de Santa Fe luego de haber transcurrido más de dos años sin transferencias que profundizó el déficit del sistema previsional provincial.

    El acuerdo establece giros por $10 mil millones mensuales durante un año, lo que garantiza un ingreso total de $120 mil millones para sostener el sistema jubilatorio estatal. El flujo había sido interrumpido por Nación en 2024, lo que empujó a la provincia a judicializar el reclamo ante la Corte Suprema por la falta de financiamiento.

    Ahora, el entendimiento incluye una tregua: Santa Fe suspenderá por 180 días las demandas mientras se abre una negociación por la deuda acumulada. En el gobierno de Pullaro aseguran que la suspensión no significa renunciar al reclamo.

     Santa Fe suspenderá por 180 días las demandas mientras se abre una negociación por la deuda acumulada. En el gobierno de Pullaro aseguran que la suspensión no significa renunciar al reclamo 

    Según las estimaciones del gobierno provincial, el pasivo gira entre $1,5 y $2 billones. El acuerdo llega después de la escalada judicial que encaró Santa Fe contra la Nación por la deuda previsional en 2023 cuando Pullaro elevó el tema a la Corte Suprema por las diferencias en los montos que la Anses debía girar para cubrir el déficit de la Caja.

     [Caputo prometió a Pullaro cederle una ruta clave, pero en Santa Fe son cautos: «ya lo anunció tres veces»]

    La tensión se agravó en 2024, cuando el gobierno de Milei cortó de manera unilateral las transferencias mensuales, lo que motivó una nueva demanda para que se restituyan los giros y se pague el stock adeudado y de allí surge la cifra de varios millones.

    Por otro lado, el gobernador santafesino cuando asumió impulsó una profunda reforma del sistema previsional para enfrentar el creciente déficit de la Caja que avivó tensiones con los trabajadores estatales que aún continúan.

    Ahora, el acuerdo se da en un contexto de acercamiento con la Nación, que en los últimos días incluyó otros gestos hacia Santa Fe de parte del ministro de Economía Toto Caputo que en la Bolsa de Comercio prometió transferir la ruta A012, clave para los puertos del Gran Rosario, aunque en la provincia mantienen cautela porque ese anuncio ya fue reiterado sin avances concretos.

    Desde la oposición analizan si el convenio con Anses no debe pasar por la Legislatura provincial. Desde el bloque de Perotti alertaron que en las negociaciones se prevé la opción de cancelar parte de los montos pendientes (2022 a 2025) mediante los mecanismos previstos del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (Reor) y como Santa Fe no tiene deuda con Nación, el canje debería ser con bienes.

    «De todos modos, primero hay que de ponerse de acuerdo en el monto adeudado y luego evaluar distintas alternativas de pago», dijeron en el bloque peronista a LPO. Además, señalaron que el tema de la suspensión de los reclamos judiciales depende de los plazos procesales que se encuentran corriendo en los juicios donde el ejecutivo provincial no tiene forma de interceder, remarcaron

     

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