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ABUSO SEXUAL INFANTIL: DELITO DE INSTANCIA PÚBLICA

“La acción es el poder que el individuo tiene para que todos los mecanismos y aparatos del Estado preocupados por la vigencia del sistema normativo se pongan en marcha para proteger el derecho vulnerado”

Giuseppe Chiovenda

En estos días se publicó la Ley 27.455 que prevé una modificación al Código Penal en materia de acciones dependientes de instancia privada. Dicho texto modifica precisamente el artículo 72 del libro primero, título XI de dicho Código.  

La acción de los delitos contra la integridad sexual, como el abuso sexual simple o la violación, siguen siendo dependientes de instancia privada (la víctima tiene la responsabilidad de iniciar el proceso penal), pero con la modificación hay que poner atención, que en el caso que la víctima de abuso o violación, sea un niño, niña, adolescente o incapaz, la acción se convertirá en una acción pública (el Estado tiene la facultad de ejercer por sí mismo), cuando antes era de instancia privada.

Esto implicaría que cualquier persona, ante el conocimiento de un caso de abuso o violación a menores pueda acercarse a la policía o a la fiscalía a denunciar el hecho.

También, significa que el Estado deberá actuar, intervenir, investigar e impulsar el proceso penal ante el conocimiento del hecho delictivo.

Antes, la necesidad de que un familiar de la víctima ratificara la denuncia terminaba por ser un obstáculo para que se haga justicia, por que lamentablemente el 90% de los casos el abusador es un familiar directo y como consecuencia de eso solo se denuncia el 10% de los casos. Bien sabemos que estos hechos son muy delicados y a su vez difíciles de afrontar para el círculo familiar, más aún si el abuso es intrafamiliar, además que impacta e influye en toda la sociedad en general.

La ventaja que presenta ésta modificación está relacionada con el respaldo por parte del estado que recibiría la víctima y la familia de ésta, a la hora de afrontar el engorroso trámite del proceso penal; además la posibilidad de hacer valer sus derechos, ya que el estado cuenta con muchos más recursos y posibilidades para poder llegar a la solución que espera la víctima y su familia.   

Datos Estadísticos e imagen: Red por la Infancia
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    Con los subsidios congelados y el fuerte aumento de los combustibles, las empresas de colectivos ya están operando con menos unidades en el AMBA y La Plata, lo que genera reducción de las frecuencias y largas esperas de los usuarios.

    Ese caos se espiraliza en los grandes centros urbanos del interior de la provincia de Buenos Aires, donde las empresas de transporte están reclamando fuertes subas en el boleto. Por eso, en las cámaras del sector no descartan la posibilidad de una parálisis total de los servicios.

    «Es inviable», dijo Marcelo Pasciuto, director de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba) y del Grupo Dota, que concentra el 35% del servicio en el AMBA.

    Pasciuto sostuvo que, a la par del fuerte aumento del combustible, el Gobierno aún no giró el 60% del subsidio, por lo que las empresas no cuentan con el dinero para pagar los sueldos. De persistir el panorama, el empresario no descartó un paro total.

    «Que mañana (miércoles) funcione el transporte depende de que entreguen gasoil, que los bancos den descubierto y que colabore el sindicato, sino mañana no se qué empresa va a trabajar», dijo a Futurock.

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    En las empresas transportistas se quejan de una desactualización del subsidio nacional que ya venía altergando la renovación del parque automotor. Ahora, la disparada del precio de la nafta a partir de la guerra en medio oriente complicó más el panorama.

    En Mar del Plata, la cámara empresaria que opera el servicio de colectivos en la ciudad balnearia pidió al municipio que les habilite un incremento del 65% en la tarifa, lo que se traduce en un impacto de más de mil pesos, llevando el boleto plano de 1.550 a 2.569 pesos.

    En Bahía Blanca, hay quejas por el fuerte incremento registrado en el boleto del colectivo que une esa ciudad con Punta Alta. La empresa a cargo de ese servicio aplicó una suba del 127%, llevando el pasaje de 1.846 a 4.190 pesos.

    Por ser una línea interjurisdiccional, ese aumento fue avalado por la Provincia. Ante eso, en Punta Alta le reclamaron al gobierno de Kicillof que dé a conocer el estudio de costos en el que se basó para aprobar semejante incremento. «Entra en la discusión el tema de los subsidios que recibe el transporte del interior», dijo a Radio Altos el concejal de Punta Alta Daniel Medina.

    En Junín, en tanto, la crisis del sector desató despidos. Los trabajadores de la empresa 8 de octubre desarrollan desde el lunes un paro total en las cuatro líneas que recorren esta ciudad del noroeste bonaerense, ante la desvinculación intempestiva de un chofer.

    Frente a las advertencias de parálisis del servicio por parte de las cámaras, en el gobierno nacional convocaron a las empresas a una reunión, prevista para este jueves a la mañana en la Secretaría de Transporte. Ahí, la discusión en torno a la actualización del subsidio, será central para saber si se descompromirá el conflicto y si avanzará a un paro total. 

     

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