“La acción es el poder que el individuo tiene para que todos los mecanismos y aparatos del Estado preocupados por la vigencia del sistema normativo se pongan en marcha para proteger el derecho vulnerado”
Giuseppe Chiovenda
En estos días se publicó la Ley 27.455 que prevé una modificación al Código Penal en materia de acciones dependientes de instancia privada. Dicho texto modifica precisamente el artículo 72 del libro primero, título XI de dicho Código.
La acción de los delitos contra la integridad sexual, como el abuso sexual simple o la violación, siguen siendo dependientes de instancia privada (la víctima tiene la responsabilidad de iniciar el proceso penal), pero con la modificación hay que poner atención, que en el caso que la víctima de abuso o violación, sea un niño, niña, adolescente o incapaz, la acción se convertirá en una acción pública (el Estado tiene la facultad de ejercer por sí mismo), cuando antes era de instancia privada.
Esto implicaría que cualquier persona, ante el conocimiento de un caso de abuso o violación a menores pueda acercarse a la policía o a la fiscalía a denunciar el hecho.
También, significa que el Estado deberá actuar, intervenir, investigar e impulsar el proceso penal ante el conocimiento del hecho delictivo.
Antes, la necesidad
de que un familiar de la víctima ratificara la denuncia terminaba por ser un
obstáculo para que se haga justicia, por que lamentablemente el 90% de los
casos el abusador es un familiar directo y como consecuencia de eso solo se
denuncia el 10% de los casos. Bien sabemos que estos hechos son muy delicados y
a su vez difíciles de afrontar para el círculo familiar, más aún si el abuso es
intrafamiliar, además que impacta e influye en toda la sociedad en general.
La ventaja que
presenta ésta modificación está relacionada con el respaldo por parte del
estado que recibiría la víctima y la familia de ésta, a la hora de afrontar el
engorroso trámite del proceso penal; además la posibilidad de hacer valer sus
derechos, ya que el estado cuenta con muchos más recursos y posibilidades para
poder llegar a la solución que espera la víctima y su familia.
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La renuncia de Alberto Baños a la Subsecretaría de Derechos Humanos expone el derrumbe de una política pública que Milei convirtió en blanco predilecto. Su gestión estuvo marcada por despidos, censura, negacionismo y el vaciamiento sistemático de los espacios de memoria. Su salida revela la feroz interna que atraviesa al oficialismo, donde Santiago Caputo y sus alfiles avanzan sobre lo poco que queda en pie.
Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable
Una renuncia que confirma el derrumbe
El éxodo de funcionarios dentro del gobierno volvió a sumar un nombre clave: Alberto Baños dejó la Subsecretaría de Derechos Humanos (SDH) luego de meses de escándalos, retrocesos institucionales y conflictos internos. Su gestión, desde el primer día, fue sinónimo de degradación, persecución laboral y negacionismo explícito, culminando con un organismo reducido a un tercio de su estructura original.
El mes pasado, Baños había representado al Estado argentino ante un comité de Naciones Unidas solo para minimizar el terrorismo de Estado, atacar a los organismos de derechos humanos y retomar el discurso negacionista de los 30.000 desaparecidos como “invención con fines económicos”.
Un funcionario sin credenciales y con un prontuario político
Baños llegó al cargo de la mano de su amigo Mariano Cúneo Libarona, arrastrando antecedentes polémicos: como juez, no investigó la desaparición del policía Arshak Karhanyan y permitió la excarcelación del ministro de la dictadura José Martínez de Hoz. Su paso por la SDH no mejoró esa imagen: despidos masivos, falta de designación de cargos clave y presencia de efectivos de la Policía Federal custodiando la sede dentro de la ex ESMA, un espacio de memoria que debería ser lo contrario a un cuartel.
Cierres, censura y persecución en los espacios de memoria
El inicio del año fue brutal. De un día para el otro, y a través de un simple mensaje de WhatsApp enviado por su secretaria, se anunció el cierre del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti y la licencia de todo su personal. Baños prometió su reapertura en varios medios, pero el Conti nunca volvió a abrir.
Tampoco dudó en censurar actividades ya programadas, impedir un recital en la ex ESMA e ir a la Justicia para prohibir eventos en El Faro, el sitio de memoria de Mar del Plata. Su estrategia fue clara: vaciar, silenciar y despedir.
Una agenda alineada con los sectores más reaccionarios
Baños también impulsó una “solución amistosa” ante la CIDH que equiparaba acciones de grupos guerrilleros con delitos de lesa humanidad, una maniobra repudiada incluso por especialistas internacionales.
Y mientras desarticulaba políticas públicas, mantenía línea directa con Ricardo Saint Jean, referente de Justicia y Concordia, organización conocida por militar beneficios para represores. Fuentes internas revelaron que Saint Jean le marcaba cada paso para lograr nuevas domiciliarias.
Además, permitió que Luis Petri y Patricia Bullrich atacaran públicamente a la Conadi, a la que definieron como un organismo “militante”.
La degradación institucional como política de Estado
El golpe final llegó en mayo, cuando Baños aceptó rebajar la Secretaría de Derechos Humanos a Subsecretaría. En simultáneo, el Museo Sitio ESMA y el Archivo Nacional de la Memoria fueron degradados y quedaron bajo la órbita del CIPDH, un espacio cada vez más ocupado por funcionarios cercanos a Santiago Caputo, el verdadero poder en las sombras del gobierno.
Las internas que estallaron por los aires
Desde la llegada de Milei, Cúneo Libarona quedó pintado al óleo frente al avance de su número dos, Sebastián Amerio, alfil directo del asesor presidencial. Baños, por su parte, sintió el avance de las “fuerzas del cielo” que han copado el CIPDH y que responden, sin escalas, a Caputo.
La situación se volvió insostenible cuando reapareció Alfredo Vitolo, viejo conocido del macrismo y defensor público del “perdón” a los represores. Vitolo fue designado como director nacional de Asuntos Jurídicos de la SDH y no tardó en chocar con Baños.
Su desplazamiento quedó sellado cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó una foto de Vitolo representando al país en una reunión donde Baños debía estar presente. Minutos después, a las 19.04, presentó su renuncia.
Una salida prolija para tapar un desastre
En su carta, Baños habló de “casi dos años de esforzada labor” y de “dejar a otros que continúen forjando un mejor país”. Cúneo Libarona lo despidió como a un “excelente funcionario”.
Pero para los trabajadores despedidos, los organismos de derechos humanos y los espacios de memoria vaciados, su gestión fue una pesadilla.
Por ahora, no hay reemplazo confirmado. Lo único seguro es que la SDH, que alguna vez fue un organismo emblemático, hoy es un cascarón vacío, víctima del desmantelamiento planificado por Milei y las internas feroces que se devoran al propio gobierno.
