ABUSO SEXUAL INFANTIL: DELITO DE INSTANCIA PÚBLICA

 

En 1813 Manuel Belgrano destinó los 40.000 pesos de su premio militar a dotar cuatro escuelas públicas. La historia de ese legado y su vigencia dos siglos después.

Por Alcides Blanco para NLI

Cada 11 de septiembre, cuando la Argentina recuerda a los maestros y vuelve sobre la figura de Domingo Faustino Sarmiento, existe una tentación comprensible pero históricamente incompleta: pensar que la educación pública argentina comenzó con el gran proyecto escolar de la segunda mitad del siglo XIX. Sarmiento tuvo, sin dudas, un papel decisivo en la expansión de la enseñanza primaria, la formación profesional de los docentes y la construcción de instituciones educativas. Pero mucho antes de aquella etapa, cuando las Provincias Unidas todavía estaban atravesadas por la guerra de la Independencia y ni siquiera existía el Estado nacional argentino tal como lo conocemos, Manuel Belgrano ya había pensado la educación como una responsabilidad pública y como una herramienta indispensable para construir la nueva sociedad. En 1813, después de recibir una importante recompensa por sus victorias militares, tomó una decisión que todavía sorprende por su dimensión: resolvió destinar los 40.000 pesos del premio a la dotación de cuatro escuelas públicas de primeras letras.

Sarmiento no se llamaba Domingo ni nació cuando se conmemora

No se trata de una tradición transmitida únicamente por los manuales escolares. El Archivo General de la Nación conserva el documento mediante el cual el Gobierno aprobó el destino de esos fondos, y la documentación oficial identifica expresamente las cuatro ciudades: Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. El 27 de abril de 1813 quedó formalizada la decisión. Belgrano había recibido aquel premio por sus servicios a la causa revolucionaria y decidió que el dinero no se incorporara a su patrimonio personal, sino que se transformara en un fondo destinado a la educación.

La diferencia no es menor. El documento original del reglamento redactado por Belgrano el 25 de mayo de 1813 comienza señalando que había resuelto dotar las cuatro escuelas con los cuarenta mil pesos que le había concedido la Asamblea. El artículo primero establece que el capital debía distribuirse en 10.000 pesos para cada escuela, de manera que sus réditos permitieran sostenerlas. El reglamento incluso fija el destino de esos recursos: una parte debía utilizarse para el sueldo del maestro y otra para los gastos necesarios de funcionamiento. No estamos, entonces, frente a una declaración abstracta sobre la importancia de educar: Belgrano estaba diseñando un mecanismo concreto para financiar escuelas públicas.

Un reglamento para formar ciudadanos

El valor histórico del documento aumenta cuando se lo lee completo. Belgrano no se limitó a entregar dinero y dejar que otros decidieran qué hacer con él. Escribió personalmente el reglamento que debía organizar las cuatro escuelas, estableciendo criterios para la elección de los maestros, sus obligaciones, la enseñanza, la disciplina y hasta determinados gastos cotidianos.

Uno de los aspectos más significativos aparece en el artículo 18. Allí Belgrano sostiene que el maestro debía procurar con su conducta inspirar en sus alumnos “amor al orden”, respeto, moderación y dulzura en el trato, sentimientos de honor, amor a la virtud y a las ciencias, inclinación al trabajo y desapego del interés particular. También debía fomentar un espíritu que llevara a los alumnos a preferir el bien público al privado.

La formulación resulta extraordinariamente significativa para 1813. La escuela que imaginaba Belgrano no debía limitarse a enseñar a leer y escribir: debía formar ciudadanos. Y el maestro tenía que ser, por su propia conducta, parte de esa formación. El reglamento establecía además que el acceso al cargo docente debía realizarse mediante oposición, una forma temprana de pensar la selección y profesionalización de quienes estaban al frente de la enseñanza.

Belgrano también contemplaba a los sectores más pobres. El proyecto incluía recursos para materiales escolares y establecía previsiones para que los niños que no pudieran afrontarlos no quedaran excluidos. Esa concepción encaja con otras expresiones del propio Belgrano sobre la importancia de la educación para el desarrollo de los pueblos. En una de las formulaciones que el Estado argentino ha recuperado de su pensamiento sostuvo: “Un pueblo culto nunca puede ser esclavizado”.

Hay allí una concepción política de la educación que merece ser recuperada: la libertad conquistada por las armas necesitaba ser sostenida por ciudadanos capaces de ejercerla.

Las cuatro escuelas y una deuda que atravesó dos siglos

El destino posterior de aquellas cuatro escuelas fue mucho más complejo que lo que suele contar la efeméride.

La documentación del Instituto Nacional Belgraniano señala que las escuelas funcionaron de manera discontinua debido a las guerras de Independencia y a los enfrentamientos internos posteriores. También registra problemas con el envío del dinero y con las rentas destinadas a sostenerlas. Es decir, el proyecto educativo de Belgrano quedó atrapado en las mismas dificultades políticas y financieras que atravesaron a las Provincias Unidas durante aquellos años.

La primera en abrir fue la de Santiago del Estero. Según el Instituto Nacional Belgraniano, comenzó a funcionar en 1822, por iniciativa del gobernador Felipe Ibarra, y se estima que permaneció abierta hasta 1826. Belgrano ya había muerto cuando aquella escuela comenzó sus actividades, pero la apertura representaba el cumplimiento, aunque fuera parcial y tardío, de la voluntad expresada nueve años antes.

En Jujuy, la situación fue diferente. El Instituto Belgraniano registra la inauguración de la escuela en 1825, con funcionamiento hasta aproximadamente 1828. La historia posterior de aquel legado terminó dando lugar, casi dos siglos más tarde, a la Escuela N.º 452 “Legado Belgraniano”, inaugurada en San Salvador de Jujuy en 2004, después de una obra que había comenzado en 1999. La institución existe actualmente y continúa llevando ese nombre, aunque su edificio es, naturalmente, contemporáneo y no el establecimiento de 1813.

El caso de Tarija es todavía más extraordinario porque la ciudad pasó a formar parte de Bolivia después de la independencia. La escuela prevista por Belgrano no se concretó en el siglo XIX. Según los Anales del Instituto Nacional Belgraniano, el Poder Ejecutivo argentino creó formalmente la escuela mediante un decreto de abril de 1967 y Argentina financió el proyecto, la construcción y el equipamiento. El establecimiento fue entregado al Gobierno boliviano el 27 de agosto de 1974, bajo el nombre de Escuela Argentina Manuel Belgrano, es decir, 161 años después de la donación original.

Tucumán tuvo la historia más prolongada y problemática. El propio Estado argentino reconoció décadas después que allí quedaba una deuda pendiente. En 2022, el Ministerio de Educación de la Nación anunció la construcción de una nueva Escuela de la Patria Manuel Belgrano y habló explícitamente de la necesidad de “saldar definitivamente” esa deuda histórica. En mayo de 2023 comenzaron obras de ampliación y refacción del establecimiento, destinadas a los niveles inicial y primario, con nuevas aulas y espacios deportivos para una comunidad educativa de alrededor de 1.300 estudiantes.

Y la historia no terminó allí. La Escuela de la Patria Manuel Belgrano continúa funcionando en Tucumán: en julio de 2025 el Ministerio de Educación provincial informó que el establecimiento funcionaba normalmente y en 2026 alumnos de esa escuela participaron en los actos oficiales por el aniversario de la Independencia.

El recorrido de las cuatro escuelas permite comprender algo que suele perderse cuando se reduce la historia a una fecha y una estatua: el proyecto de Belgrano fue inmediato en su concepción, pero extraordinariamente lento en su concreción. Santiago del Estero y Jujuy tuvieron experiencias escolares tempranas pero discontinuas; Tarija necesitó 161 años para materializarse en la forma que conocemos; y Tucumán atravesó una larga historia institucional que todavía obligó al Estado argentino a realizar obras en el siglo XXI.

Belgrano murió pobre, pero dejó una idea de riqueza pública

El gesto adquiere todavía mayor dimensión cuando se observa qué ocurrió con el propio Belgrano.

No convirtió aquella recompensa militar en una fortuna personal. Y tampoco terminó su vida disfrutando de una posición económica acorde con el reconocimiento que había recibido. Murió el 20 de junio de 1820 en una situación de extrema precariedad económica, después de años de servicio, enfermedades, dificultades financieras y salarios que el Estado le adeudaba.

El contraste es poderoso, aunque debe ser contado sin convertirlo en una leyenda sentimental. No sería correcto afirmar que Belgrano quedó pobre exclusivamente porque donó los 40.000 pesos: su situación económica tuvo múltiples causas. Pero sí es un hecho que cuando tuvo la posibilidad de disponer de una importante recompensa personal decidió transformarla en un fondo destinado a escuelas.

En su respuesta al reconocimiento de la Asamblea aparece con claridad el principio que guiaba aquella decisión. Belgrano sostuvo que “ni la virtud ni los talentos tienen precio” y que resultaba despreciable para un hombre de bien convertir el servicio público en una búsqueda de riqueza. Por eso decidió destinar los 40.000 pesos a las cuatro escuelas.

No hace falta idealizarlo para reconocer la magnitud de esa elección.

Belgrano tuvo la oportunidad de convertir una recompensa por sus victorias en patrimonio propio y decidió convertirla en patrimonio educativo.

Antes de Sarmiento ya existía una idea de educación pública

Reconocer esto no significa quitarle importancia a Sarmiento. Todo lo contrario: permite ubicarlo correctamente.

Cuando Sarmiento impulsó décadas después la expansión de la enseñanza primaria, la formación de maestros y la creación de escuelas normales, trabajó sobre un problema mucho más amplio y con instrumentos estatales que Belgrano no tenía a su disposición. La posterior Ley 1420 de 1884 tampoco fue obra de Belgrano ni de Sarmiento en forma individual. La educación pública argentina fue el resultado de un proceso prolongado en el que participaron gobiernos, provincias, legisladores, maestros, educadores y comunidades.

Pero Belgrano fue uno de sus antecedentes fundamentales.

En 1813 ya había pensado en escuelas públicas de primeras letras; había previsto recursos para sostenerlas; había reglamentado su funcionamiento; había establecido criterios para seleccionar a los maestros; había definido obligaciones pedagógicas y morales para ellos y había pensado en la provisión de materiales para los alumnos.

Todo eso ocurrió antes de la independencia definitiva, antes de la Constitución de 1853 y más de setenta años antes de la Ley 1420.

Por eso el documento conservado por el Archivo General de la Nación merece ser leído no como una curiosidad de museo, sino como una pieza de la historia política argentina. El manuscrito de 1813 muestra a un dirigente revolucionario pensando que una patria nueva no podía sostenerse solamente con ejércitos, armas y declaraciones políticas. Necesitaba escuelas.

Y esa idea sobrevivió a las guerras, a la anarquía, a los incumplimientos administrativos y a los cambios territoriales.

Dos siglos después, algunas de aquellas escuelas siguen existiendo y otras fueron reconstruidas o refundadas bajo el nombre de Belgrano. La de Tarija quedó como una expresión concreta de un compromiso argentino que finalmente se materializó en Bolivia; la de Jujuy convirtió en edificio escolar contemporáneo una deuda histórica que había atravesado 191 años; la de Tucumán continúa funcionando y conserva el nombre de Escuela de la Patria; y Santiago del Estero fue la primera en poner en marcha, en 1822, una experiencia que duraría algunos años.

No todas las escuelas que Belgrano imaginó sobrevivieron. No todas se construyeron cuando él quiso. No todo el dinero llegó a cumplir el destino previsto. Pero la idea sobrevivió.

Y quizás allí esté el verdadero legado.

Manuel Belgrano no solamente dejó una bandera. Dejó una concepción de patria en la que el conocimiento debía ser un bien público y la educación una herramienta para que la libertad pudiera ser ejercida por el conjunto de la sociedad.

En 1813, en medio de una guerra y cuando la Argentina todavía estaba naciendo, recibió dinero por haber ganado batallas.

Eligió convertirlo en escuelas.

Ese gesto, más de dos siglos después, sigue siendo una de las mejores definiciones de lo que significa pensar la patria como algo que pertenece a las generaciones que vienen.

 

 

El RA-10, proyecto iniciado en 2010 durante el gobierno de Cristina Kirchner, entra en su etapa final y podría transformar la producción argentina de radioisótopos para medicina nuclear.

Por Ignacia Fratelint para NLI

Un proyecto científico que comenzó hace 16 años, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, está entrando finalmente en su etapa decisiva. El Reactor Argentino Multipropósito RA-10, una de las mayores apuestas tecnológicas de la historia reciente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), alcanzó un 96% de avance en su montaje y el Gobierno confirmó que antes de fin de 2026 comenzará el proceso de puesta en marcha, con el objetivo de completarlo durante los primeros meses de 2027. Detrás de esa obra hay una infraestructura destinada a producir radioisótopos para medicina nuclear, desarrollar tecnología para la industria y la ciencia y, potencialmente, convertir a la Argentina en uno de los principales proveedores internacionales de estos insumos estratégicos.

El dato político y temporal es importante porque el RA-10 no nació durante la actual administración ni fue concebido como respuesta a una necesidad coyuntural. El proyecto comenzó en 2010, cuando la CNEA inició el diseño de un nuevo reactor multipropósito destinado fundamentalmente a ampliar la producción nacional de radioisótopos. En aquel momento gobernaba Cristina Fernández de Kirchner y la Argentina atravesaba una etapa de fuerte impulso a la ciencia, la tecnología y el desarrollo de capacidades nucleares nacionales. Cuatro años después, en 2014, la Autoridad Regulatoria Nuclear otorgó la licencia de construcción y en marzo de 2016 comenzó la obra civil en el Centro Atómico Ezeiza.

Lo que está ocurriendo ahora, por lo tanto, es el cierre de un ciclo iniciado mucho antes. El reactor atravesó diferentes administraciones, etapas presupuestarias, modificaciones y períodos de distinto ritmo de ejecución hasta llegar al estado actual, en el que la obra civil ya está terminada y se realizan los ensayos preoperacionales necesarios para comprobar que todos sus sistemas funcionen de acuerdo con los parámetros previstos. La propia CNEA informa que el diseño demandó más de un millón de horas-hombre y más de 10.000 documentos técnicos, una dimensión que permite comprender que no se trata simplemente de levantar una construcción, sino de desarrollar y ensamblar una infraestructura tecnológica extremadamente compleja.

De un proyecto de 2010 a una herramienta contra la dependencia sanitaria

El RA-10 no es una central eléctrica. Es un reactor multipropósito de investigación y producción de 30 megavatios, diseñado para aprovechar los neutrones generados por la fisión nuclear en aplicaciones médicas, científicas e industriales. Una de sus funciones centrales será fabricar radioisótopos utilizados en medicina nuclear, entre ellos molibdeno-99, del que se obtiene tecnecio-99m, ampliamente utilizado para realizar estudios de diagnóstico por imágenes. También producirá lutecio-177, utilizado en terapias oncológicas dirigidas, e iridio-192, empleado tanto en medicina como en aplicaciones industriales.

La importancia de esta capacidad aparece con claridad cuando se observa cómo funciona actualmente el mercado internacional. La propia documentación de la CNEA señala que la provisión mundial de molibdeno-99 está fuertemente concentrada y que cinco empresas dominan más del 80% de la producción, mientras buena parte de los reactores utilizados para obtenerlo tienen más de tres décadas de operación. Las fallas y paradas de esas instalaciones pueden generar episodios de escasez que afectan directamente a los sistemas de salud que dependen de estos radioisótopos. Argentina logró históricamente sostener su abastecimiento mediante el reactor RA-3 de Ezeiza, pero ese reactor ya tiene más de 40 años, de modo que el RA-10 fue concebido precisamente para garantizar y ampliar esa capacidad en el futuro.

Ahí aparece una de las dimensiones menos visibles del proyecto: la soberanía sanitaria también depende de capacidades tecnológicas que casi nunca aparecen en las discusiones cotidianas sobre salud pública. Un hospital puede contar con médicos especializados y equipos de diagnóstico de última generación, pero determinados procedimientos requieren radioisótopos cuya producción depende de instalaciones nucleares altamente sofisticadas. Tener la posibilidad de producirlos localmente significa reducir la vulnerabilidad frente a interrupciones internacionales y, al mismo tiempo, construir una capacidad científica que puede proyectarse hacia otros países.

Las cifras proyectadas son particularmente importantes. El RA-10 podrá producir hasta 3.000 curies de molibdeno-99 por semana, una cantidad que la CNEA estima equivalente a aproximadamente una cuarta parte de la demanda mundial; también tendrá capacidad para producir hasta 6.000 curies mensuales de lutecio-177 y hasta 20.000 curies mensuales de iridio-192 medicinal. La capacidad prevista supera las necesidades internas proyectadas, por lo que el reactor fue pensado desde su origen no solamente como una herramienta para garantizar el abastecimiento argentino, sino también como una plataforma capaz de exportar productos de alto valor tecnológico.

La etapa que falta y el debate sobre la inversión privada

El anuncio realizado esta semana introduce, sin embargo, una nueva discusión. El Gobierno confirmó que la puesta en marcha del reactor comenzará antes de fin de año, pero también explicó que para transformar la producción del RA-10 en una actividad comercial a gran escala será necesaria una planta asociada destinada a procesar los materiales irradiados y obtener los radioisótopos. Para financiar su construcción y desarrollar las actividades productivas y comerciales vinculadas con ella, la Secretaría de Asuntos Nucleares anunció un esquema que permitirá incorporar capital privado. El Estado conservará la conducción de la política nuclear y las funciones regulatorias, de seguridad y fiscalización.

Es precisamente allí donde aparece una cuestión que merece discusión más allá de las posiciones políticas coyunturales. El RA-10 es producto de una acumulación de conocimiento científico y tecnológico desarrollada durante décadas por instituciones públicas, particularmente la CNEA, y cuenta además con la participación de INVAP en la gestión y los servicios especializados de ingeniería. Que una empresa privada participe posteriormente en la explotación comercial no borra ese origen, pero sí obliga a preguntarse de qué manera se distribuirá el valor generado por una tecnología que fue concebida, investigada y desarrollada con una fuerte participación estatal. La cuestión no es menor si el reactor efectivamente logra posicionar a la Argentina en un mercado internacional de altas barreras tecnológicas.

La propia historia del proyecto ofrece, además, una respuesta frente a la idea de que las políticas científicas pueden medirse únicamente por resultados inmediatos. Desde el comienzo del RA-10 hasta su puesta en marcha habrán transcurrido alrededor de 17 años, atravesados por distintos gobiernos, ciclos económicos y decisiones presupuestarias. La construcción de capacidades estratégicas requiere precisamente esa mirada de largo plazo: un reactor nuclear no se diseña ni se construye en cuatro años, y tampoco se puede reemplazar de manera rápida el conocimiento acumulado por equipos científicos, ingenieros, técnicos y trabajadores especializados. El RA-10 es, en ese sentido, también una muestra de cuánto tiempo puede demandar convertir una decisión de política científica en una infraestructura operativa.

El reactor tampoco se limitará a la medicina. Entre sus capacidades figura la producción de silicio dopado mediante transmutación neutrónica, un insumo utilizado para fabricar semiconductores de alta potencia destinados a sistemas eléctricos, transporte, energías renovables y otras aplicaciones industriales. También podrá realizar irradiación y ensayos de materiales y análisis por activación neutrónica para investigación y desarrollo. Es decir, detrás de los radioisótopos que pueden terminar en un hospital existe una plataforma tecnológica mucho más amplia, capaz de vincular salud, industria, ciencia y formación de profesionales.

El RA-10 llega así a su última etapa con una historia que permite mirar mucho más allá del anuncio de su futura inauguración. Fue concebido en 2010, comenzó a construirse en 2016 y ahora, en 2026, está a las puertas de su puesta en marcha, después de atravesar más de una década y media de desarrollo. La actual administración puede reivindicar haber llevado el proyecto hasta su fase final y tiene por delante la responsabilidad de ponerlo efectivamente en funcionamiento, pero la tecnología que está a punto de comenzar a operar pertenece a una trayectoria mucho más larga, en la que participaron sucesivos gobiernos, científicos, técnicos e instituciones del Estado argentino.

Si todo el proceso culmina como está previsto, la Argentina tendrá una nueva herramienta para producir medicamentos e insumos esenciales para la medicina nuclear, reducir su dependencia de proveedores externos, abastecer a sus hospitales y competir en un mercado internacional de altísima especialización. Esa posibilidad es, quizás, la dimensión más importante de una obra que durante años permaneció lejos de los grandes titulares. El reactor que comenzó a pensarse durante el gobierno de Cristina Kirchner está finalmente a punto de entrar en servicio, y su verdadero resultado no se medirá solamente por la inauguración de una instalación científica, sino por la capacidad de transformar ese conocimiento acumulado en salud, tecnología, industria y soberanía para las próximas décadas.