“La acción es el poder que el individuo tiene para que todos los mecanismos y aparatos del Estado preocupados por la vigencia del sistema normativo se pongan en marcha para proteger el derecho vulnerado”
Giuseppe Chiovenda
En estos días se publicó la Ley 27.455 que prevé una modificación al Código Penal en materia de acciones dependientes de instancia privada. Dicho texto modifica precisamente el artículo 72 del libro primero, título XI de dicho Código.
La acción de los delitos contra la integridad sexual, como el abuso sexual simple o la violación, siguen siendo dependientes de instancia privada (la víctima tiene la responsabilidad de iniciar el proceso penal), pero con la modificación hay que poner atención, que en el caso que la víctima de abuso o violación, sea un niño, niña, adolescente o incapaz, la acción se convertirá en una acción pública (el Estado tiene la facultad de ejercer por sí mismo), cuando antes era de instancia privada.
Esto implicaría que cualquier persona, ante el conocimiento de un caso de abuso o violación a menores pueda acercarse a la policía o a la fiscalía a denunciar el hecho.
También, significa que el Estado deberá actuar, intervenir, investigar e impulsar el proceso penal ante el conocimiento del hecho delictivo.
Antes, la necesidad
de que un familiar de la víctima ratificara la denuncia terminaba por ser un
obstáculo para que se haga justicia, por que lamentablemente el 90% de los
casos el abusador es un familiar directo y como consecuencia de eso solo se
denuncia el 10% de los casos. Bien sabemos que estos hechos son muy delicados y
a su vez difíciles de afrontar para el círculo familiar, más aún si el abuso es
intrafamiliar, además que impacta e influye en toda la sociedad en general.
La ventaja que
presenta ésta modificación está relacionada con el respaldo por parte del
estado que recibiría la víctima y la familia de ésta, a la hora de afrontar el
engorroso trámite del proceso penal; además la posibilidad de hacer valer sus
derechos, ya que el estado cuenta con muchos más recursos y posibilidades para
poder llegar a la solución que espera la víctima y su familia.
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El endurecimiento del reclamo argentino sobre las Islas Malvinas tuvo una reacción inmediata en uno de los dirigentes más representativos del nacionalismo británico. Boris Johnson, ex primer ministro del Reino Unido y hombre que hasta hace poco elogiaba públicamente a Javier Milei, reclamó que Londres envíe refuerzos militares al archipiélago, incluyendo cazas, tropas y unidades navales. La respuesta expone una paradoja incómoda para el Gobierno argentino: la afinidad ideológica con figuras de la derecha británica no modifica, cuando se trata de Malvinas, la defensa cerrada que esas mismas figuras hacen de la ocupación colonial.
Por Luis Bulnes Valdez para NLI
Durante años Javier Milei hizo de su admiración por Margaret Thatcher uno de los aspectos más provocadores de su construcción política, aun cuando la ex primera ministra británica fue quien condujo al Reino Unido durante la guerra de 1982. También cultivó relaciones con referentes conservadores británicos y fue presentado por el propio Boris Johnson como una suerte de emblema internacional de la batalla contra el Estado y el intervencionismo económico. Pero el conflicto de soberanía demostró una vez más los límites concretos de esas afinidades: cuando Buenos Aires elevó el tono sobre Malvinas, Johnson abandonó cualquier camaradería ideológica y pidió incrementar la capacidad militar británica frente a la Argentina.
De los elogios a Milei al pedido de militarización
Johnson publicó una columna en el Daily Mail después de la cadena nacional en la que Milei volvió a colocar la cuestión Malvinas en el centro de la agenda argentina. El dirigente conservador reclamó al gobierno británico de Andy Burnham que actúe con rapidez y envíe refuerzos a las islas, planteando explícitamente la posibilidad de sumar aviones de combate, efectivos militares o unidades navales. Su artículo fue presentado bajo una consigna inequívoca: Londres debía “tomar el control” de la situación y reforzar inmediatamente el archipiélago.
El pedido no surge en el vacío. Milei anunció el endurecimiento de las sanciones contra compañías que exploten hidrocarburos en el área de Malvinas sin autorización argentina, anticipó modificaciones legales para ampliar la capacidad punitiva del Estado y ratificó la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego. El principal foco económico es Sea Lion, el gigantesco proyecto petrolero operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, cuya explotación proyectada volvió a transformar el conflicto territorial en una disputa inmediata por recursos estratégicos.
En su intervención, Johnson también vinculó el cambio de clima diplomático con las recientes declaraciones de Donald Trump, quien admitió que Washington está revisando su posición sobre Malvinas. Estados Unidos mantiene históricamente una posición formalmente neutral respecto de la disputa de soberanía, aunque en 1982 el gobierno de Ronald Reagan terminó dando apoyo decisivo al Reino Unido durante la guerra. Trump no anunció todavía una modificación concreta de esa política, pero la sola posibilidad de una revisión fue interpretada por sectores británicos como una señal que obliga a Londres a extremar precauciones.
Johnson reconoció precisamente esa incomodidad. Según sostuvo, Milei habría aprovechado el nuevo escenario internacional para intensificar el reclamo argentino. El dato resulta particularmente significativo porque el ex premier británico conoce bien al Presidente argentino y anteriormente había destacado su admiración por Thatcher. Aquella simpatía política, sin embargo, termina exactamente donde comienza la cuestión territorial: para Johnson, Malvinas sigue siendo una posición británica que debe preservarse incluso mediante una ampliación de su despliegue militar.
Una ocupación sostenida por una estructura militar permanente
El reclamo de nuevos refuerzos tampoco parte de una presencia militar simbólica. El Reino Unido mantiene desde hace décadas una infraestructura permanente en las islas cuyo eje es el Mount Pleasant Complex, construido después de la guerra de 1982. La propia Royal Air Force informa actualmente que allí se encuentran desplegados cuatro cazas Typhoon FGR4, además de un avión cisterna Voyager y un transporte militar Atlas A400M. Londres define oficialmente a las British Forces South Atlantic Islands como una estructura destinada a realizar una “demostración visible” de su soberanía sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
El Ministerio de Defensa británico evita informar públicamente la cantidad exacta de efectivos actualmente destinados en el Atlántico Sur alegando razones de seguridad operativa. En marzo de este año, ante una pregunta formal presentada en el Parlamento británico sobre el nivel de fuerzas existente en Mount Pleasant, el gobierno se negó expresamente a proporcionar las cifras. Lo que sí sostiene Londres es que revisa periódicamente el despliegue y que su presencia militar posee, según su interpretación, carácter “defensivo”.
Esa caracterización resulta inevitablemente discutible desde la perspectiva argentina. Para Buenos Aires, las islas forman parte del territorio nacional ocupado ilegalmente por una potencia extranjera desde 1833, mientras que la disputa de soberanía permanece reconocida en el sistema de Naciones Unidas y la Argentina sostiene constitucionalmente que su recuperación debe realizarse respetando el derecho internacional y los intereses de los habitantes. Londres, en cambio, fundamenta su posición en el principio de autodeterminación y en el referéndum celebrado entre los habitantes de las islas en 2013. La existencia de esas posiciones contrapuestas es precisamente la razón por la que Naciones Unidas ha reclamado históricamente negociaciones entre ambos Estados.
El elemento nuevo es que la disputa dejó nuevamente de ser exclusivamente diplomática. La próxima explotación de hidrocarburos convierte al Atlántico Sur en un espacio donde se cruzan soberanía, petróleo, rutas marítimas, proyección antártica y presencia militar. El yacimiento Sea Lion tendría recursos estimados en alrededor de 1.700 millones de barriles, una dimensión suficiente para modificar estructuralmente la economía de las islas y consolidar todavía más la ocupación británica mediante ingresos provenientes de recursos cuya explotación la Argentina considera ilegítima.
El límite de las afinidades ideológicas
La reacción de Johnson deja además una enseñanza política que excede la coyuntura. Durante buena parte de su carrera, Milei subordinó numerosas definiciones internacionales a afinidades ideológicas y personales: su cercanía con Trump, su admiración por Thatcher o su identificación con dirigentes conservadores europeos y británicos fueron presentadas como herramientas capaces de mejorar la inserción argentina. Pero los Estados actúan primordialmente según intereses nacionales, y Malvinas vuelve a ofrecer una demostración difícilmente más gráfica.
Johnson puede elogiar el programa económico de Milei, compartir su discurso contra el Estado y celebrar su admiración por Thatcher. Nada de eso impide que, frente al reclamo argentino, pida más cazas, más soldados y más barcos británicos en territorio cuya soberanía reclama la Argentina. La afinidad partidaria desaparece allí donde Londres considera comprometido un interés estratégico propio.
El episodio también obliga a administrar cuidadosamente el nuevo giro discursivo del Gobierno argentino. Milei aseguró en su cadena nacional que la Argentina no busca una resolución militar y que su estrategia continuará dentro de los canales diplomáticos. La respuesta británica, sin embargo, demuestra cómo cualquier escalada retórica puede ser utilizada por los sectores más duros de Londres para justificar una mayor militarización del Atlántico Sur. Johnson cerró su planteo recuperando una máxima de tradición militar: la paz, sostuvo, exige estar preparado para la guerra.
Para la Argentina, el desafío es exactamente el inverso: fortalecer el reclamo soberano sin entregar argumentos para consolidar la ocupación militar que pretende cuestionar. Eso supone recuperar capacidad diplomática, construir apoyos internacionales, impedir jurídicamente la explotación unilateral de recursos y sostener una política de Estado consistente en el tiempo. Porque la respuesta de Boris Johnson acaba de recordarlo con una claridad brutal: detrás de las sonrisas, los elogios y las coincidencias ideológicas, cuando Londres escucha la palabra Malvinas, responde todavía pensando en términos de poder, recursos y control territorial.
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