“La acción es el poder que el individuo tiene para que todos los mecanismos y aparatos del Estado preocupados por la vigencia del sistema normativo se pongan en marcha para proteger el derecho vulnerado”
Giuseppe Chiovenda
En estos días se publicó la Ley 27.455 que prevé una modificación al Código Penal en materia de acciones dependientes de instancia privada. Dicho texto modifica precisamente el artículo 72 del libro primero, título XI de dicho Código.
La acción de los delitos contra la integridad sexual, como el abuso sexual simple o la violación, siguen siendo dependientes de instancia privada (la víctima tiene la responsabilidad de iniciar el proceso penal), pero con la modificación hay que poner atención, que en el caso que la víctima de abuso o violación, sea un niño, niña, adolescente o incapaz, la acción se convertirá en una acción pública (el Estado tiene la facultad de ejercer por sí mismo), cuando antes era de instancia privada.
Esto implicaría que cualquier persona, ante el conocimiento de un caso de abuso o violación a menores pueda acercarse a la policía o a la fiscalía a denunciar el hecho.
También, significa que el Estado deberá actuar, intervenir, investigar e impulsar el proceso penal ante el conocimiento del hecho delictivo.
Antes, la necesidad
de que un familiar de la víctima ratificara la denuncia terminaba por ser un
obstáculo para que se haga justicia, por que lamentablemente el 90% de los
casos el abusador es un familiar directo y como consecuencia de eso solo se
denuncia el 10% de los casos. Bien sabemos que estos hechos son muy delicados y
a su vez difíciles de afrontar para el círculo familiar, más aún si el abuso es
intrafamiliar, además que impacta e influye en toda la sociedad en general.
La ventaja que
presenta ésta modificación está relacionada con el respaldo por parte del
estado que recibiría la víctima y la familia de ésta, a la hora de afrontar el
engorroso trámite del proceso penal; además la posibilidad de hacer valer sus
derechos, ya que el estado cuenta con muchos más recursos y posibilidades para
poder llegar a la solución que espera la víctima y su familia.
Nuevamente el curso de la guerra no es la que Donald Trump esperaba. El presidente de Estados Unidos anunció un prórroga del alto el fuego con Irán por tiempo indeterminado a petición de Pakistán, horas antes de su vencimiento porque no lograba cerrar un acuerdo con el régimen persa.
En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que la Armada estadounidense continuaría con el bloqueo de los puertos iraníes, pero que extendería el alto el fuego hasta que los «líderes y representantes del país puedan llegar a una propuesta unificada».
«Por lo tanto, he ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que continúen el bloqueo y, en todos los demás aspectos, que permanezcan preparadas y capacitadas, y por consiguiente, extenderé el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y se concluyan las conversaciones, de una forma u otra», dijo Trump.
El alto el fuego de dos semanas que comenzó el 8 de abril expiraba a las 19:50 (hora del este), según declaró el ministro de Información paquistaní, Attaullah Tarar, en una publicación en X, aunque Trump afirmó que la fecha límite era el miércoles por la noche.
He ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que continúen el bloqueo y, en todos los demás aspectos, que permanezcan preparadas y capacitadas, y por consiguiente, extenderé el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y se concluyan las conversaciones, de una forma u otra
El martes por la mañana, Trump declaró a CNBC que era «muy improbable» que aceptara una prórroga. Si no se llega a un acuerdo, «espero bombardear, porque creo que esa es una mejor actitud para afrontarlo… Estamos listos para actuar», dijo Trump. Sin embargo, esto no ocurrió.
Abbás Araghchi, canciller de Irán.
En este contexto, el vicepresidente JD Vance suspendió el martes sus planes de viajar a Islamabad ante la incertidumbre sobre la asistencia de los iraníes a la segunda ronda de conversaciones directas.
Según informes, Irán comunicó a los mediadores que no enviaría un equipo negociador a la capital pakistaní para dialogar antes de que se levante el bloqueo estadounidense.
La prórroga del alto el fuego se produce después de que tropas estadounidenses abordaran un buque cisterna en el Océano Índico durante la noche, en lo que supuso la segunda interceptación por parte del ejército estadounidense de un buque vinculado a Irán en aguas internacionales en pocos días.
Por otra parte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el martes sanciones contra más de una docena de personas, entidades y aeronaves con base en Irán, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos que, según afirmó, estaban involucradas en la adquisición o el transporte de armas en nombre de Irán.
Agustín Romo acordó con Sebastián Pareja su salida de la jefatura del bloque de La Libertad Avanza en Diputados de la provincia para pasar a ser vice de la Cámara, en lo que será un enroque con el platense Juan Osaba, alineado al armador de Karina.
Fuentes con llegada a la cúpula libertaria detallaron a LPO que ese cambio que se formalizará en la próxima sesión de mediados de mayo responde a las crecientes tensiones derivadas de la injerencia de Pareja en la operatividad de la bancada.
La derrota libertaria en las legislativas de septiembre pasado había parido, no obstante, un triunfo personal para Pareja, que logró meter en la Legislatura más de una docena de dirigentes propios. Con esos desembarcos, el bloque LLA en Diputados pasó a contar con 20 asientos, convirtiéndose en la segunda minoría.
Frente a la nueva fisonomía de la bancada con amplia mayoría parejista, en diciembre Romo había propuesto dejar la jefatura para alguien con mayor ascendencia en el grueso del bloque y, en su caso, pasar a ocupar una de las vicepresidencias destinadas a la oposición provincial.
En aquel entonces, Pareja se negó, mantuvo a Romo al frente de la bancada y puso a su hombre de confianza en Diputados, Osaba, como vice de la Cámara.
Pareja junto al nuevo jefe del bloque libertario, Juan Osaba
No obstante, reflotarían las fricciones internas cuando Pareja quiso poner a los secretarios Administrativo y Legislativo del bloque, encargados de controlar los contratos y la letra fina de los proyectos.
Romo resistió a esa avanzada argumentando que en esas cuestiones se juega su firma como cabeza de bloque. Poco después, el armador bonaerense de Karina Milei insistió en imponer su liderazgo y ordenó que tenían que pasar por él todos los proyectos y contrataciones. Ahí, el diputado con base en San Miguel dijo basta.
Dentro de la bancada libertaria admitieron a LPO las tensiones que ganaron volumen en la interna recientemente y advirtieron que en los últimos tiempos Osaba ya se estaba manejando «como si fuese el presidente del bloque».
Incluso, en las última actividad legislativa del bloque, referida a la implementación de la Boleta Única de Papel, tanto Romo como el diputado de Las Fuerzas del Cielo Nahuel Sotelo, estuvieron ausentes.
Dentro de la bancada libertaria admitieron a LPO las tensiones que ganaron volumen en la interna recientemente y advirtieron que en los últimos tiempos Osaba ya se estaba manejando «como si fuese el presidente del bloque».
Bajo ese clima, Romo le planteó a Pareja ir hacia el esquema que le había propuesto en diciembre. El armador de Karina dio el visto bueno pero le encomendó la negociación con el peronismo para avanzar en el reemplazo de Osaba en una de las vicepresidencias de la Cámara, algo que Romo cerró en las últimas horas.
El Intendente Marcelo Orazi y la Gobernadora Arabela Carreras dejaron hoy oficialmente inauguradas dos obras emblemáticas de la actual gestión municipal: la Comisaría de la Familia y la renovada calle Libertad. El traslado de la Comisaría de la Familia fue iniciado en los primeros meses del año por el Intendente ante la Secretaria de Estado…
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Los defensores de un rugbier implicado en varias causas de corrupción pidieron que se cite a declarar como testigo a Héctor Daniel Marchi, que durante años manejó los millonarios recursos que administra la Corte Suprema de la Nación. El motivo es que un arrepentido en este juicio, que era un funcionario de máxima jerarquía de la ex AFIP, sostuvo que Marchi fue el impulsor de una extorsión contra dos agentes bursátiles de Rosario.
El pedido lo formulan los abogados que defienden a Santiago Busaniche, un lobbysta de la Justicia Federal, conectado con jueces y funcionarios de Comodoro Py y con el mundo de los servicios de inteligencia, sospechado de haber gestionado pagos indebidos para diversos magistrados.
Los defensores de Busaniche solicitaron que a Marchi se lo exima del juramento de decir la verdad, que es obligatorio para quien declara como testigo. Esto se hace en los casos en que se presume algún tipo de compromiso ilícito, ya que una persona en esas condiciones queda liberado del peso de declarar algo que la perjudique. También solicitaron que le secuestren el teléfono.
Héctor Daniel Marchi es un contador oriundo de Rafaela, que fue funcionario del gobierno de Jorge Obeid, y que en 2003 llegó a administrador general de la Corte Suprema mediante el impulso del ministro Ricardo Lorenzetti, que es de la misma ciudad. Desde ese cargo durante 15 años Marchi manejó los fondos multimillonarios del Poder Judicial de la Nación hasta que fue desplazado en 2023 frente al estallido de una interna. Quien resistió su relevo, así lo reflejó la prensa por entonces, fue justamente Lorenzetti.
Según analizaron abogados en el ámbito de la Justicia Federal de Rosario que hablaron con LPO, estas medidas de citación a Marchi y otras personas como testigos puede favorecer la estrategia defensiva, que busca que sectores de mayor poder que Busaniche se movilicen para defenderlo.
En estos días se conocerá además el fallo de la sala de la Cámara de Casación que hace tres semanas recibió un pedido de la defensa de Busaniche para recusar a los fiscales que participan de la investigación al escribano y de invalidar la causa. Los tres jueces que recibieron el planteo son los camaristas Mariano Borinsky, José Luis Gemignani y Carlos Mahiques.
Héctor Daniel Marchi es un contador oriundo de Rafaela, que fue funcionario del gobierno de Jorge Obeid, y que en 2003 llegó a administrador general de la Corte Suprema mediante el impulso del ministro Ricardo Lorenzetti, que es de la misma ciudad. Desde ese cargo durante 15 años Marchi manejó los fondos multimillonarios del Poder Judicial.
El caso en el que está implicado Busaniche tiene al ex juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque y al financista Fernando Whpei en prisión preventiva y procesados por cohecho. La trama empezó a develarse cuando el ex director regional de la AFIP en Rosario y Santa Fe, Carlos Vaudagna, admitió que en 2019 entre ellos tres armaron una causa judicial contra los agentes bursátiles Claudio Iglesias y Jorge Oneto en un asado en la casa del ex magistrado. En su declaración ampliatoria como arrepentido, en octubre pasado, Vaudagna declaró que Marchi impulsaba desde Buenos Aires ese chantaje, presionando a Busaniche para que a su vez empujara el armado de la causa penal.
En una de sus declaraciones como imputado colaborador, Vaudagna afirmó que Marchi estuvo en la gestión de esa extorsión, presionando para que se concretara. El financista Fernando Whpei, que está procesado y también actúa como arrepentido, admitió haber cobrado de parte de Iglesias 160 mil dólares en cinco pagos para que paralizaran la causa en su contra. Dos años después de iniciada esa causa, Bailaque le dictó la falta de mérito a Iglesias.
Busaniche está registrado en el teléfono de Vaudagna pidiendo en varias ocasiones que agilice desde la AFIP el informe que permitiría implicar a los empresarios que serían objeto de la extorsión y que fue el documento con el que se abrió la causa judicial para, según los fiscales, chantajear a los damnificados. Esta conversación ocurrió el 29 de noviembre de 2019. Dos días después el juez Bailaque mandó allanar a Iglesias
Los abogados de Busaniche, Diego Pirotta y Débora Lichtmann, dicen desde el inicio que a su cliente lo introducen de manera falaz en el caso. Sin embargo, Busaniche quedó formalmente acusado de instigar los delitos de allanamiento ilegal, falsificación de documento e incumplimiento de deberes de funcionario público, ya que con esas maniobras se consumó la extorsión. No se probó que haya cobrado pero sí que fue partícipe para que la maniobra se concretara.
Estas medidas de citación a Marchi y otras personas como testigos puede favorecer la estrategia defensiva, que busca que sectores de mayor poder que Busaniche se movilicen para defenderlo.
Hasta ahora cada uno de los planteos de la defensa de Busaniche fue desestimado por los jueces federales a cargo de las audiencias, tanto Eduardo Rodrígues da Cruz como en otra causa Carlos Vera Barros. Pero ahora que el trámite por la extorsión entra en etapa de control probatorio, sus defensores piden que citen a declarar a Marchi como testigo. Según los defensores la fiscalía nunca lo convocó pese a que Vaudagna hizo esa declaración implicando al ex administrador de la Corte. Ellos aspiran a que Marchi como testigo desbarate la acusación y de ese modo despegue a Busaniche.
Para ello también propusieron a otros testigos con ese mismo fin. Entre ellos a la propia hermana de Marchi, ya que Vaudagna la mencionó. Y a todos los empleados que trabajaron con Marchi en el ámbito de la Corte.
Asimismo piden que comparezcan Vaudagna y Whpei, los dos acusados de la extorsión junto al juez Bailaque. En el caso de Whpei piden que analicen en su teléfono si tiene agendado a alguien que aparece bajo el contacto «hermanito» que, sugieren los defensores de Busaniche, podría ser Marchi.
El empresario Fernando Whpei.
Para entender otras citaciones propuestas por la defensa hay que analizar el contexto de la supuesta extorsión. Claudio Iglesias, el empresario chantajeado, era en esa época directivo de la empresa aseguradora San Cristóbal, y aspiraba a llegar a la presidencia. Si bien esa posibilidad era remota, la causa penal en su contra lo terminó de sacar de carrera.
Los defensores Pirotta y Lichtmann citaron como testigo al abogado Ricardo Silberstein, que fue decano de la Facultad de Derecho de la UNR y ministro de Justicia del ex gobernador de Santa Fe, el socialista Miguel Lifschitz. Adujeron que Silberstein integraba el directorio de San Cristóbal. Y que Vaudagna lo mencionó como «el interesado o beneficiado en perjudicar al señor Iglesias».
Silberstein nunca fue implicado en esta causa judicial. En una consulta con este medio a fines del año pasado dijo que era incomprensible que Vaudagna lo hubiera aludido. «No lo conozco, jamás tuve un encuentro con él, tampoco con Whpei o Busaniche. No entiendo por qué me involucran repentinamente en algo así en una causa que de repente se llenó de arrepentidos. Iglesias no fue nunca candidato a presidir San Cristóbal», dijo.
Busaniche también está procesado junto a otro juez federal de Rosario, Gastón Salmain, por la gestión de cobro de un soborno. Es el caso en donde Salmain obligó mediante un amparo al BCRA a venderle al fideicomiso Attila administrado por Fernando Whpei 10 millones de dólares para el pago de una deuda en el exterior durante la vigencia del cepo cambiario.
Es justamente por descargos como éste que los defensores quieren que declare Silberstein y también su secretario privado en la época de los hechos. Silberstein será en octubre próximo candidato a presidir San Cristóbal. Los defensores piden que al ex ministro santafesino se lo releve de la obligación de jurar como testigo y también que le secuestren su teléfono.
Respecto de la citación como testigo a Marchi la pretensión es la misma. Que el ex administrador de la Corte señale si tuvo intervención en la extorsión como indica Vaudagna y que manifieste si conoce a Bailaque y a Busaniche.
El ex juez federal, Marcelo Bailaque.
Busaniche tiene un perfil muy llamativo y reconocible en el campo de los lobbies al interior de la Justicia Federal. De 53 años, fue empleado de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, a donde ingresó por impulso del ex diputado provincial Julio Gutiérrez, de quien es su yerno. Hace 25 años reside en Buenos Aires, en el Palacio Paz, y se mueve entre funcionarios del mayor nivel del Poder Judicial de la Nación y de los servicios de inteligencia del Estado. Le atribuyen gravitación en las designaciones de personal en el ámbito de la Justicia Federal de Rosario, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires.
Busaniche también está procesado junto a otro juez federal de Rosario, Gastón Salmain, por la gestión de cobro de un soborno. Es el caso en donde Salmain obligó mediante un amparo al BCRA a venderle al fideicomiso Attila administrado por Fernando Whpei 10 millones de dólares para el pago de una deuda en el exterior durante la vigencia del cepo cambiario. Los procesó el juez federal Vera Barros y hace dos semanas la Cámara Federal de Rosario confirmó la medida por unanimidad.
El escrito de la defensa de Busaniche que pide la comparecencia de Marchi fue presentado en febrero y trasciende cuando promedia abril, en el contexto de recrudecimiento de internas dentro de la Corte Suprema, tras la presentación desde el tribunal máximo de un proyecto que cambia la reglamentación para la elección de jueces.
50 carteles de velocidad máxima permitida (40 km/h) fueron confeccionados en el taller de mantenimiento y señalización vial de la Dirección de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina. Los mismos serán colocados en las calles Cipolletti, Mitre, Juan XXIII, Brown, General Paz y arterias del casco céntrico con el objetivo de…
