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ABUSO SEXUAL INFANTIL: DELITO DE INSTANCIA PÚBLICA

“La acción es el poder que el individuo tiene para que todos los mecanismos y aparatos del Estado preocupados por la vigencia del sistema normativo se pongan en marcha para proteger el derecho vulnerado”

Giuseppe Chiovenda

En estos días se publicó la Ley 27.455 que prevé una modificación al Código Penal en materia de acciones dependientes de instancia privada. Dicho texto modifica precisamente el artículo 72 del libro primero, título XI de dicho Código.  

La acción de los delitos contra la integridad sexual, como el abuso sexual simple o la violación, siguen siendo dependientes de instancia privada (la víctima tiene la responsabilidad de iniciar el proceso penal), pero con la modificación hay que poner atención, que en el caso que la víctima de abuso o violación, sea un niño, niña, adolescente o incapaz, la acción se convertirá en una acción pública (el Estado tiene la facultad de ejercer por sí mismo), cuando antes era de instancia privada.

Esto implicaría que cualquier persona, ante el conocimiento de un caso de abuso o violación a menores pueda acercarse a la policía o a la fiscalía a denunciar el hecho.

También, significa que el Estado deberá actuar, intervenir, investigar e impulsar el proceso penal ante el conocimiento del hecho delictivo.

Antes, la necesidad de que un familiar de la víctima ratificara la denuncia terminaba por ser un obstáculo para que se haga justicia, por que lamentablemente el 90% de los casos el abusador es un familiar directo y como consecuencia de eso solo se denuncia el 10% de los casos. Bien sabemos que estos hechos son muy delicados y a su vez difíciles de afrontar para el círculo familiar, más aún si el abuso es intrafamiliar, además que impacta e influye en toda la sociedad en general.

La ventaja que presenta ésta modificación está relacionada con el respaldo por parte del estado que recibiría la víctima y la familia de ésta, a la hora de afrontar el engorroso trámite del proceso penal; además la posibilidad de hacer valer sus derechos, ya que el estado cuenta con muchos más recursos y posibilidades para poder llegar a la solución que espera la víctima y su familia.   

Datos Estadísticos e imagen: Red por la Infancia
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    El jefe del bloque libertario en Diputados, Gabriel Bornoroni, atraviesa uno de los momentos más complejos desde que le toca ser el referente de los hermanos Milei en Córdoba. Porque, más allá del microclima de crisis libertaria, hay una cuestión que lo deja en una posición incómoda a la hora de sumar aliados en territorio cordobés: la demanda de los intendentes por la deuda de Pami en el interior provincial.

    Cifra que, según estiman los alcaldes cordobeses, alcanza casi un total de 9.000 millones de pesos en concepto de -entre varios ítems- atenciones en hospitales y dispensarios que se brindaron a cargo de los municipios, pero que todavía no logran cobrar desde la obra social estatal.

    El problema es que para que eso ocurra, Karina le tiene que soltar fondos al caputista Mario Lugones, el ministro de Salud que responde al asesor presidencial y a quien la hermana del Presidente tiene en la mira. Y, como casi con seguridad es difícil que esto suceda en lo inmediato, el reclamo de intendentes a Bornoroni, el dueño de la botonera de Pami y Anses en Córdoba, seguirá creciendo.

    LPO reveló la semana pasada que Lugones le está reclamando a Toto Caputo fondos para el PAMI por un equivalente a mil millones de dólares, ante la amenaza de proveedores de empezar a cortar servicios y cobrar copagos. La tensión es tal que este lunes la oficina anti fake news que dirige Santiago Caputo tuvo que salir a negar la renuncia del ministro de Salud.

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    Por esto, en un intento por recuperar la iniciativa y volver a levantar el perfil después de varios días de hermetismo, el libertario cordobés concretó este lunes un pase que se venía anunciando hace rato: la incorporación del radical de Río Cuarto, Gabriel Abrile. El excandidato larretista en la elección municipal del 2021 se sumó a las filas libertarias de la mano de la radical Soledad Carrizo, la exdiputada y actual directora del Inaes que ejerce la pata UCR dentro del armado opositor a Llaryora en Córdoba.

    Según estiman los alcaldes cordobeses, la deuda del PAMI alcanza casi un total de 9.000 millones de pesos

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