“La acción es el poder que el individuo tiene para que todos los mecanismos y aparatos del Estado preocupados por la vigencia del sistema normativo se pongan en marcha para proteger el derecho vulnerado”
Giuseppe Chiovenda
En estos días se publicó la Ley 27.455 que prevé una modificación al Código Penal en materia de acciones dependientes de instancia privada. Dicho texto modifica precisamente el artículo 72 del libro primero, título XI de dicho Código.
La acción de los delitos contra la integridad sexual, como el abuso sexual simple o la violación, siguen siendo dependientes de instancia privada (la víctima tiene la responsabilidad de iniciar el proceso penal), pero con la modificación hay que poner atención, que en el caso que la víctima de abuso o violación, sea un niño, niña, adolescente o incapaz, la acción se convertirá en una acción pública (el Estado tiene la facultad de ejercer por sí mismo), cuando antes era de instancia privada.
Esto implicaría que cualquier persona, ante el conocimiento de un caso de abuso o violación a menores pueda acercarse a la policía o a la fiscalía a denunciar el hecho.
También, significa que el Estado deberá actuar, intervenir, investigar e impulsar el proceso penal ante el conocimiento del hecho delictivo.
Antes, la necesidad
de que un familiar de la víctima ratificara la denuncia terminaba por ser un
obstáculo para que se haga justicia, por que lamentablemente el 90% de los
casos el abusador es un familiar directo y como consecuencia de eso solo se
denuncia el 10% de los casos. Bien sabemos que estos hechos son muy delicados y
a su vez difíciles de afrontar para el círculo familiar, más aún si el abuso es
intrafamiliar, además que impacta e influye en toda la sociedad en general.
La ventaja que
presenta ésta modificación está relacionada con el respaldo por parte del
estado que recibiría la víctima y la familia de ésta, a la hora de afrontar el
engorroso trámite del proceso penal; además la posibilidad de hacer valer sus
derechos, ya que el estado cuenta con muchos más recursos y posibilidades para
poder llegar a la solución que espera la víctima y su familia.
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Juan Bautista Mahiques está a punto de incumplir el encargo más importante al que se comprometió ante Karina Milei para blindarla en la causa de las coimas de la Andis, por demorar el trámite para la continuidad de Martín Irurzun en la Cámara Federal porteña. La bronca del juez, cuyo pliego para prorrogar su cargo en la Sala II todavía no mandó el gobierno, amenaza con transformar la situación de la secretaria general de la Presidencia en un calvario.
En efecto, Irurzun cumpliría 75 años el 18 de julio próximo y tramitó la solicitud para renovar su lugar en el tribunal el año pasado, igual que Carlos «Coco» Mahiques. Sin embargo, Javier Milei envió al Senado el pliego del padre del ministro de Justicia en febrero, Patricia Bullrich ya le consiguió el dictamen para aprobarlo en recinto e Irurzun sigue esperando.
Fuentes judiciales dijeron a LPO que el juez de la teoría del poder residual y las prisiones preventivas le habría puesto un ultimátum a Mahiques: si no se envía el pliego antes del próximo martes, el supuesto control político que el ministro había prometido a la Casa Rosada quedaría destrozado.
En Comodoro Py aseguran que Irurzun habría accedido a un pedido de Martín Menem para mantener abierta la causa que impugna los audios de Spagnuolo, una jugada que busca complicar la investigación del caso que lleva adelante el fiscal Franco Picardi, en el juzgado que subrogó Sebastián Casanello hasta el último verano y ahora retomó Ariel Lijo. El argumento utilizado era que todo se había originado a partir de la obtención de los audios de Diego Spagnuolo de forma ilegal, lo que se conoce como la teoría del fruto prohibido.
En Comodoro Py aseguran que Irurzun habría accedido a un pedido de Martín Menem para mantener abierta la causa que impugna los audios de Spagnuolo, una jugada que busca complicar la investigación del caso que lleva adelante el fiscal Franco Picardi.
De hecho, Irurzun jugó a fondo y convenció a Roberto Boico de votar a favor para que esa denuncia se sostuviera en la cámara y condicionara el trabajo de Picardi, dejando a Eduardo Farah con un pronunciamiento en contra. El problema es que Mahiques jamás aceleró el trámite para garantizarle a Irurzun su continuidad más allá de su próximo cumpleaños y el juez empezó a inquietarse.
Un viejo adversario del ministro consideró que «Mahiques tuvo un grave error de cálculo sobre la situación del expediente y se sobregiró por su capacidad política para reacomodar los tantos en la Cámara, en medio de la tensión con Lijo» en la carrera hacia la Procuración General de la Nación, una puja que ya publicó LPO.
En efecto, Irurzun integra el eje de poder al interior de Tribunales que comandan entre Lijo y Ricardo Lorenzetti, quien a su vez decidió urdir mayoría con Carlos Rosenkrantz en la Corte para atormentar a Horacio Rosatti con la acordada del cambio de reglas para la selección de magistrados. La iniciativa es un pedido de las cámaras empresarias, como las que se agrupan en el G6.
Para colmo, LPO reveló en exclusiva que Lorenzetti se reunió con Mauricio Macri y pactaron el desplazamiento de Rosatti de la presidencia del máximo tribunal, mientras que el ex presidente especula con limar a Milei con fallos judiciales que lo debiliten políticamente antes de las elecciones de 2027.
En Casa Rosada se activaron las alarmas con la furia de Irurzun porque un operador judicial le habría enviado un mensaje a la legisladora porteña Pilar Ramírez, mano derecha de Karina, para que dé aviso a su jefa sobre el «descuido» de Mahiques. El cierre eventual de la causa sobre la legitimidad de los audios disolvería la única estrategia defensista del gobierno y dejaría el camino allanado para que Picardi profundice la investigación, apuntando a los responsables políticos de la trama.
Esa vulnerabilidad del gobierno podría haber sido el motor de un encuentro secreto entre otro juez poderoso de Comodoro Py y Karina, que estaría empezando a desconfiar del ministro que designó. «Juan vendió que resolvía todo pero se movió solo, eso cayó mal en ‘Py’ y la hipotética liberación de Irurzun de cualquier compromiso por el incumplimiento con él, es el punto ciego que estaría por arrastrar a Karina y los Menem a una profundización de sus problemas judiciales», explicó alguien que conoce al ministro desde hace tiempo.
Esa vulnerabilidad del gobierno podría haber sido el motor de un encuentro secreto entre Lijo y Karina, que estaría empezando a desconfiar del ministro que designó.
Tanto en Comodoro Py como en el Congreso observan que Mahiques actúa con «indolencia» y que habría convencido a los Menem que «dejar caer a Irurzun no tendría costo». Sus detractores cuentan entre las dotaciones del camarista el respaldo de Lijo en los tribunales de Retiro y Lorenzetti en el Palacio Talcahuano, razón por la cual suponen que la jubilación forzada abriría una seguidilla de pedidos de indagatorias contra Karina.
En rigor, Irurzun ya inició una cuenta regresiva que se le agota en menos de 90 días y es una pieza clave para resolver la causa Andis. Un cambio de criterio del juez puede convertir el 2 a 1 a favor del argumento defensista del gobierno en un 1 a 2 en contra, pero incluso se especula con que el voto que acompañó a Irurzun por solidaridad con su situación, el de Boico, también cambie de orientación debido al destrato a su colega.
Como sea, el fallo que permitió hasta ahora discutir la legitimidad de los audios funcionó como un compás de espera de los jueces, atentos a la complejidad del contexto político. Esa pausa puede cortarse con la recepción de los argumentos que propician la nulidad de la causa o como una indicación al fiscal Picardi para que profundice la investigación y que la densidad de los hallazgos desmonten el cuestionamiento de los audios.
El cumpleaños de Irurzun, que marca el deadline de este conflicto, cae justo un día antes de la final del Mundial.
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