“La acción es el poder que el individuo tiene para que todos los mecanismos y aparatos del Estado preocupados por la vigencia del sistema normativo se pongan en marcha para proteger el derecho vulnerado”
Giuseppe Chiovenda
En estos días se publicó la Ley 27.455 que prevé una modificación al Código Penal en materia de acciones dependientes de instancia privada. Dicho texto modifica precisamente el artículo 72 del libro primero, título XI de dicho Código.
La acción de los delitos contra la integridad sexual, como el abuso sexual simple o la violación, siguen siendo dependientes de instancia privada (la víctima tiene la responsabilidad de iniciar el proceso penal), pero con la modificación hay que poner atención, que en el caso que la víctima de abuso o violación, sea un niño, niña, adolescente o incapaz, la acción se convertirá en una acción pública (el Estado tiene la facultad de ejercer por sí mismo), cuando antes era de instancia privada.
Esto implicaría que cualquier persona, ante el conocimiento de un caso de abuso o violación a menores pueda acercarse a la policía o a la fiscalía a denunciar el hecho.
También, significa que el Estado deberá actuar, intervenir, investigar e impulsar el proceso penal ante el conocimiento del hecho delictivo.
Antes, la necesidad
de que un familiar de la víctima ratificara la denuncia terminaba por ser un
obstáculo para que se haga justicia, por que lamentablemente el 90% de los
casos el abusador es un familiar directo y como consecuencia de eso solo se
denuncia el 10% de los casos. Bien sabemos que estos hechos son muy delicados y
a su vez difíciles de afrontar para el círculo familiar, más aún si el abuso es
intrafamiliar, además que impacta e influye en toda la sociedad en general.
La ventaja que
presenta ésta modificación está relacionada con el respaldo por parte del
estado que recibiría la víctima y la familia de ésta, a la hora de afrontar el
engorroso trámite del proceso penal; además la posibilidad de hacer valer sus
derechos, ya que el estado cuenta con muchos más recursos y posibilidades para
poder llegar a la solución que espera la víctima y su familia.
El Secretario de Coordinación de la Municipalidad de Villa Regina Ariel Oliveros participó de la reunión virtual convocada por la Subsecretaría de Relaciones Municipales del gobierno nacional en la que se presentaron aspectos técnicos a tener en cuenta para la elaboración de proyectos en el marco del programa ‘Municipios de pie’. El objetivo del encuentro…
La decisión de los prácticos de no aceptar nuevos servicios en rechazo al Decreto 690/2026 mantiene bloqueado el ingreso y egreso de buques en los principales puertos del país. El Gobierno defiende la desregulación como una apertura a la competencia, mientras el sector denuncia un intento de desmantelar una actividad estratégica y anticipa una batalla judicial.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La política de desregulación impulsada por el gobierno de Milei abrió un nuevo frente de conflicto con impacto directo sobre uno de los sectores más sensibles de la economía argentina. Desde el fin de semana, los prácticos de buques mantienen una medida de fuerza que paralizó el ingreso y la salida de embarcaciones de ultramar en los principales puertos del país, especialmente en el complejo agroexportador del Gran Rosario, corazón de las exportaciones nacionales.
La protesta surgió inmediatamente después de la publicación del Decreto 690/2026, mediante el cual el Gobierno modificó de manera integral el régimen de practicaje y pilotaje vigente desde hace más de tres décadas. Para el Ejecutivo, la normativa elimina privilegios corporativos, reduce costos logísticos y favorece la competencia. Para los profesionales del sector, en cambio, representa una desregulación que compromete la seguridad de la navegación y destruye un esquema construido sobre criterios técnicos antes que comerciales.
Una actividad clave para que funcione el comercio exterior
El práctico es el profesional que asesora al capitán de un buque durante las maniobras de ingreso, navegación y salida de puertos, ríos y canales. Su intervención es obligatoria en gran parte del sistema fluvial argentino debido a la complejidad de la navegación en la Hidrovía Paraná-Paraguay y en otros corredores estratégicos.
Sin ese servicio resulta prácticamente imposible que numerosos buques puedan operar con normalidad. Por esa razón, la decisión de los prácticos de no aceptar nuevos servicios comenzó a paralizar progresivamente la operatoria portuaria, con riesgo de afectar exportaciones de granos, aceites, harinas, combustibles y otras cargas de enorme importancia para el ingreso de divisas.
El conflicto adquiere además una dimensión macroeconómica. Argentina depende en gran medida del complejo agroexportador para generar dólares, por lo que cualquier interrupción prolongada en la logística portuaria puede traducirse en demoras comerciales, mayores costos y dificultades para cumplir contratos internacionales.
Qué cambia el decreto de Milei
El Decreto 690/2026 elimina buena parte del esquema regulatorio vigente desde comienzos de los años noventa.
Entre sus principales modificaciones aparecen la apertura del registro de prácticos sin cupos, la libre contratación de profesionales independientes, la posibilidad de que determinados capitanes extranjeros con experiencia acreditada naveguen sin contratar prácticos argentinos, la fijación de tarifas máximas por parte de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y la liberalización del transporte utilizado para el embarque y desembarque de los profesionales.
El Gobierno sostiene que el régimen anterior generaba barreras artificiales de ingreso, favorecía posiciones dominantes y encarecía innecesariamente los costos logísticos del comercio exterior.
Sin embargo, desde el sector cuestionan que la actividad sea tratada como un mercado cualquiera. Argumentan que el practicaje constituye un servicio altamente especializado, vinculado directamente con la seguridad de la navegación, la protección ambiental y la prevención de accidentes en una de las principales rutas comerciales del país.
Una pulseada que excede el conflicto gremial
Aunque el Gobierno presenta la medida como una disputa con sectores corporativos, el conflicto tiene un alcance mucho mayor.
La desregulación del practicaje forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la administración libertaria para modificar numerosos mercados considerados «cerrados» o «sobre regulados». La lógica oficial consiste en eliminar restricciones, abrir la competencia y reducir la intervención estatal.
Los críticos de esa estrategia sostienen que el mismo criterio se está aplicando sobre actividades cuya regulación no responde únicamente a razones económicas sino también a cuestiones de seguridad pública, infraestructura estratégica y soberanía sobre vías navegables.
En ese contexto, la discusión deja de ser exclusivamente laboral para transformarse en un debate sobre cuál debe ser el papel del Estado en la administración de servicios considerados esenciales para el funcionamiento del país.
El Gobierno prepara reemplazos y el conflicto podría escalar
Previendo una prolongación del conflicto, el decreto incorporó mecanismos extraordinarios para garantizar la continuidad del servicio.
Entre ellos figura la posibilidad de que la Prefectura Naval Argentina y la Armada Argentina puedan intervenir de manera excepcional para prestar servicios de practicaje, además de habilitar temporalmente a capitanes con conocimiento de zona en situaciones de emergencia.
No obstante, distintas informaciones periodísticas indican que los intentos oficiales para encontrar reemplazos inmediatos encontraron resistencia y que los propios capitanes consultados señalaron que no cuentan con las habilitaciones específicas para asumir esa función.
Mientras tanto, los prácticos adelantaron que además del lock-out impulsarán acciones judiciales para intentar frenar la aplicación del decreto, por considerar que vulnera aspectos centrales de la actividad y modifica de manera unilateral un sistema construido durante décadas.
La pulseada recién comienza. Pero mientras el Gobierno apuesta a sostener una de las desregulaciones más profundas del sector marítimo, cada jornada con los puertos parcialmente paralizados incrementa la incertidumbre sobre el comercio exterior argentino y vuelve a mostrar el delicado equilibrio entre las reformas económicas y el funcionamiento efectivo de actividades estratégicas para el país.
El Intendente Marcelo Orazi acompañó este mediodía a la Gobernadora Arabela Carreras en el acto de entrega de maquinaria correspondiente al programa de financiamiento para la provisión de máquinas agrícolas destinadas a la producción rionegrina. Fueron 22 las herramientas rurales entregadas a productores del Alto Valle para mejorar la productividad y la competitividad del sector…
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La CNV impulsa una reforma laboral histórica: las indemnizaciones por despido se convierten en instrumentos financieros La Comisión Nacional de Valores (CNV) publicó hoy la Resolución 1066/25, que introduce un cambio radical en el régimen de indemnizaciones por despido en Argentina. La medida, implementada sin debate en el Congreso ni participación de los sindicatos, transforma…
En otro episodio que pone en duda el espíritu democrático de la gestión de Alejandra Monteoliva al frente del ministerio de Seguridad de la Nación, en los últimos días en la ciudad cordobesa de Río Tercero se produjo un hecho grave. Un hombre de 42 años fue detenido por la Policía Federal y trasladado a Villa María donde, horas después fue liberado.
El motivo que adujeron las personas que lo detuvieron en su propio domicilio fue un presunto ataque en redes sociales en contra del Gobierno.
El propio hombre detalló lo ocurrido en la mañana de este martes en FM Sol. «Tuve un episodio el viernes cuando vino una persona supuestamente del Correo Argentino a traerme un paquete a mi casa y me dijo que no me podía entregar por el documento. A los días busqué a mi mujer en el trabajo, me intercepta la policía, me dicen que tenían una orden de allanamiento y que me tenían que detener por amenazas al Gobierno. No entendía nada», dijo el hombre.
Con lo cual, deja traslucir que previo a la detención hubo inteligencia con la visita de un falso cartero de Correo Argentino. «Cuando me llevaron, me hablaron de una amenaza de muerte a una senadora a la que no conozco», dijo el hombre.
También contó que cuando fue liberado en Villa María horas más tarde, los efectivos de la Policía Federal le pidieron disculpas. Minutos después de que lo esposaran, sin tener ningún tipo de antecedentes y en una situación que describió como «chocante».
Vino una persona supuestamente del Correo Argentino a traerme un paquete a mi casa y me dijo que no me podía entregar por el documento. A los días busqué a mi mujer en el trabajo, me intercepta la policía, me dicen que tenían una orden de allanamiento y que me tenían que detener por amenazas al Gobierno. No entendía nada.
Le llevaron el celular con el argumento de que había una fecha y una hora en la que había registrado la amenaza. Por lo que debían peritar el aparato.
En declaraciones al diario Río Tercero, la madre del detenido dijo: «Fue de terror lo que vivimos, todavía nos tiemblan las piernas». Sin embargo, la persona detenida sostuvo además que «ayer me pintaron los dedos» y que debe ser citado a indagatoria porque la causa sigue abierta.
En la entrevista con FM Sol, el hombre admitió también que en el 2023 votó a Milei y que ahora vive «un garrón por tener que explicarle a todo el mundo».
Monteoliva estuvo el lunes en Córdoba en la Bolsa de Comercio, pero en ningún momento hizo referencia a esta situación que se produjo en Río Tercero. Como tampoco entró en demasiados detalles sobre la detención del comisario a cargo de Drogas Peligrosas en la delegación de la Federal en Córdoba de hace semanas.
Aunque sí se refirió a este medio como «la mentira online» después que publicara el pasado viernes su intención de ser candidata a diputada el año que viene.
«Eso existió. Hubo un sondeo con Santilli y se habló. Y tiró primero una candidatura al Senado para negociar arriba y después bajar. El tema es que lo hizo todo a espaldas de Patricia Bullrich, por eso el quilombo», dijo una fuente que conoce la dinámica de Casa Rosada y la interacción de Balcarce 50 con Córdoba.
En territorio mediterráneo, el bullrichismo pesa. Y tiene bancas en el Congreso, la Legislatura y el Concejo Deliberante, además de una porción de intendentes que reportan a la senadora. «Borno (por Gabriel Bornoroni) siempre dice que a ese espacio le habla por intermedio de Laura Rodríguez Machado. Por eso suena raro lo de Monteoliva puenteando a la pata cordobesa del armado», la ningunearon a la ministra este martes.
