“La acción es el poder que el individuo tiene para que todos los mecanismos y aparatos del Estado preocupados por la vigencia del sistema normativo se pongan en marcha para proteger el derecho vulnerado”
Giuseppe Chiovenda
En estos días se publicó la Ley 27.455 que prevé una modificación al Código Penal en materia de acciones dependientes de instancia privada. Dicho texto modifica precisamente el artículo 72 del libro primero, título XI de dicho Código.
La acción de los delitos contra la integridad sexual, como el abuso sexual simple o la violación, siguen siendo dependientes de instancia privada (la víctima tiene la responsabilidad de iniciar el proceso penal), pero con la modificación hay que poner atención, que en el caso que la víctima de abuso o violación, sea un niño, niña, adolescente o incapaz, la acción se convertirá en una acción pública (el Estado tiene la facultad de ejercer por sí mismo), cuando antes era de instancia privada.
Esto implicaría que cualquier persona, ante el conocimiento de un caso de abuso o violación a menores pueda acercarse a la policía o a la fiscalía a denunciar el hecho.
También, significa que el Estado deberá actuar, intervenir, investigar e impulsar el proceso penal ante el conocimiento del hecho delictivo.
Antes, la necesidad
de que un familiar de la víctima ratificara la denuncia terminaba por ser un
obstáculo para que se haga justicia, por que lamentablemente el 90% de los
casos el abusador es un familiar directo y como consecuencia de eso solo se
denuncia el 10% de los casos. Bien sabemos que estos hechos son muy delicados y
a su vez difíciles de afrontar para el círculo familiar, más aún si el abuso es
intrafamiliar, además que impacta e influye en toda la sociedad en general.
La ventaja que
presenta ésta modificación está relacionada con el respaldo por parte del
estado que recibiría la víctima y la familia de ésta, a la hora de afrontar el
engorroso trámite del proceso penal; además la posibilidad de hacer valer sus
derechos, ya que el estado cuenta con muchos más recursos y posibilidades para
poder llegar a la solución que espera la víctima y su familia.
Cristian Jerónimo es considerado entre sus pares uno de los dirigentes más lúcidos de la nueva generación de sindicalistas. Secretario General del Sindicato del Vidrio, recibe a LPO en su despacho en el tercer piso del mítico edificio de la CGT de la calle Azopardo. Una decena de trabajadores del gremio conversa bulliciosamente en la antesala, después del Consejo Directivo que resolvió la movilización al Congreso para el próximo miércoles, cuando el Senado debata el proyecto de reforma laboral.
Jerónimo conversa con Omar Plaini, emblemático jefe de los canillitas, y otros dirigentes de la central que lidera desde el año pasado, en el triunvirato que comparte con Jorge Sola y Octavio Argüello. Suenan teléfonos, entran y salen dirigentes en medio del frenesí, ante el desafío histórico que el presidente Milei le planteó al sindicalismo argentino.
Este joven líder sindical, advierte que la nueva conducción de la CGT no teme discutir la reforma laboral. «Lo que nosotros planteamos es que eso se tiene que dar dentro de un ámbito de negociación con las partes interesadas, que son el sector empresarial y el sector sindical y tenemos una herramienta estratégica para eso, que es el convenio colectivo».
Finalmente, una compañera del sindicalista invita a pasar a su oficina a LPO, disculpándose por la demora en medio de la vorágine. «Es que Cristian no vino a calentar la silla», aclara.
-¿Qué decisión tomó la CGT frente al inminente tratamiento de la reforma laboral?
-La decisión fue movilizar el 11 de febrero, a las 15:00 a la Plaza de los dos Congresos, repudiando este proyecto de ley de reforma laboral regresivo, que tiene un impacto negativo en el mundo del trabajo con quita de derechos colectivos e individuales. El Consejo Directivo de la CGT ratificó el plan de acción que había aprobado ya en diciembre, con la movilización a Plaza de Mayo y logrando la postergación del debate para febrero. En ese momento, el Gobierno decía que era un trámite exprés. Ahora se ratificó el plan de acción y, en la medida que vaya pasando el tiempo, iremos escalando en las acciones.
El gobierno decía que la reforma laboral era un trámite express y con la movilización a Plaza de Mayo logramos que posterguen el debate para febrero, ahora vamos a movilizar al Congreso, en la medida que vaya pasando el tiempo, iremos escalando en las acciones.
-En la reunión del Consejo Directivo debe haber habido diferentes posturas. Por ahí, algunos planteos de ir a un paro nacional, otros que pretendían un plan de lucha con medidas escalonadas. ¿Cómo fue esa deliberación?
-Los dirigentes tienen responsabilidad institucional. Sabemos que, en este momento tan difícil que vive la Argentina, está claro que no todos pensamos de la misma manera y somos muy respetuosos de las posiciones y los pensamientos que tenemos los distintos compañeros. Por eso somos un cuerpo colegiado y tenemos un consejo directivo, en el cual las diferencias se plasman y se termina aprobando lo que acompaña la mayoría.
-Y dada la gravedad que ustedes le atribuyen a la ley por la quita de derechos o por la regresividad de su contenido, ¿no sabe a poco simplemente una movilización sin paro?
-No, yo creo que no, porque nosotros tenemos una estrategia, plasmada y desarrollada ya desde diciembre para acá. Digo, no es que es una movilización y nos vamos a quedar en eso solamente. Vamos a seguir trabajando para erosionar lo más posible ese proyecto de ley.
-Estuvieron reuniéndose con legisladores y gobernadores de distinto signo político y la información que manejamos es que de parte de gobernadores del peronismo hay una demanda hacia ustedes de que agiten, muevan más y convenzan a los gobernadores que no son peronistas que manden a sus legisladores a rechazar la ley. ¿Qué sienten ustedes en esa conversación con los gobernadores peronistas?
-Nosotros hablamos con todos y no desde ahora. Desde hace unos meses, cuando empezó todo esto, nos juntamos con todos los gobernadores y les hicimos el planteo y marcamos cuál era nuestra posición. Y también les generamos conciencia que lo que se estaba discutiendo era cuál es el impacto real que tiene esta reforma en el mundo del trabajo, que es negativo, que no va a generar nuevas incorporaciones. La realidad es que acá lo que no está funcionando es el plan económico de este gobierno.
-¿Y qué les contestaron?
-En su momento muchos de los gobernadores lo que nos plantearon era que ellos no iban a acompañar nada que no estuviese acordado y avalado por la CGT. Nosotros entendíamos que era la posición correcta. A medida que va pasando el tiempo (fueron cambiando), por una cuestión de intereses propios que tienen de su provincia y con algunas cláusulas maliciosas que tiene este gobierno dentro del proyecto de ley para persuadir o extorsionar de alguna manera que acompañen este proyecto… por ejemplo, el tema del impuesto a las ganancias en la coparticipación.
Acá lo que no está funcionando es el plan económico del Gobierno. La reforma no va a generar empleo y nosotros vamos a seguir trabajando para erosionar lo más posible este proyecto de ley.
-Los gobernadores enfrentan una situación delicada de sus finanzas, comprometida aún más por la caída de la recaudación…
-Sabemos que las arcas de las provincias están desfinanciadas, que tienen una situación difícil, pero me parece que alguna vez tiene que primar la convicción y no olvidarse que los que los votan son el pueblo y, dentro del pueblo, están los trabajadores. La gente no se olvida fácilmente cuando su dirigente político le da la espalda con una medida de esta magnitud, que flexibiliza y deja a los trabajadores desguarnecidos. Lo que plantean algunos sectores, o este gobierno, cuando te dice ahora la gente joven quiere ser monotributista, es una falacia. Todos quieren tener derechos, todos quieren tener movilidad social ascendente, poder vivir mejor, tener un buen salario. Esperemos que los gobernadores manden tanto a sus senadores como senadoras con las convicciones necesarias para que no las dejen en la puerta del Senado. Que tengan claro lo que van a votar.
-¿El objetivo de la CGT sigue siendo frenar o voltear la reforma laboral o ya hay en marcha algún plan B como modificarla o atenuarla?
-La CGT rechaza de plano esta ley, como lo dijimos el primer día. Estamos trabajando para tratar de conseguir la mayoría de los votos para que sea rechazada y no nos resignamos hasta último momento. En el caso que no sea así, tenemos una estrategia distinta para encarar y ver cómo hilamos y rompemos la matriz de este proyecto de ley, que tiene ciertos artículos que tienen un impacto muy regresivo.
-Hay dirigentes, incluso de la CGT, que plantean en voz baja que sostener la negociación por rama antes que por empresa, mantener la ultraactividad de los convenios o también la cuota sindical podría verse como un triunfo del movimiento obrero contra el Gobierno. ¿Compartís esa mirada?
-Nosotros no queremos resguardar solamente lo colectivo, que es el financiamiento de las estructuras sindicales y que es la fortaleza para poder defender los derechos individuales. Ahora, si rompen las instituciones sindicales, ¿desde qué lugar vamos a defender los derechos individuales? Hay que tener muy claro y estar con la cabeza muy fría, que a la hora de definiciones tenemos que tratar de salir lo mejor posible con un proyecto que realmente no haga el daño que ellos aspiran a hacer, porque tiene una carga muy ideológica la redacción de este proyecto. A la Argentina la quieren llevar a parecerse, sin calificar a ningún otro país… Pero, digo, veamos cómo funciona en Perú, con el 80% de su población trabajadora en la informalidad, con salarios por abajo de la línea de pobreza.
-El gobierno dice que bajó la pobreza…
-Sin ir más lejos, el escándalo que acaba de pasar con el índice inflacionario, digo, terminan marcando una realidad que nosotros lo venimos planteando hace un tiempo, que no es la realidad (lo que muestra el Indec), no tiene impacto real en la economía de los trabajadores.
-¿Con qué índice van a ir a negociar paritarias este año?
-Nos vamos a poner a trabajar con equipos técnicos y estamos hablando con algunos sectores académicos para poder construir nuestro propio índice de inflación.
Nosotros no queremos resguardar solamente lo colectivo, que es el financiamiento de las estructuras sindicales y que es la fortaleza para poder defender los derechos individuales. Ahora, si rompen las instituciones sindicales, ¿desde qué lugar vamos a defender los derechos individuales?
-¿Te parece que el Gobierno ganó una pulseada al instalar públicamente que la discusión pasaba por la negociación del capítulo de ganancias con los gobernadores y no, por ejemplo, con lo referido a indemnizaciones y lo que le capturan al ANSES?
-Creo que también distorsionan un poco, ¿no? Este fin de semana salieron en los medios diciendo que tenían los votos como para que se genere un ambiente de frustración, pero nosotros en diciembre del año pasado, un día antes que se discutiera la aprobación, estuvimos en el Senado y daban como un hecho que al otro día se aprobaba y no sucedió. Hasta el miércoles, hasta la hora que se sienten, nosotros vamos a seguir trabajando para que esto no pase.
-¿El Gobierno dice a los periodistas que tiene los votos, pero en algún canal de comunicación con ustedes, sugiere que no es tan así?
-No existen los canales informales. El gobierno, hacia afuera, demuestra que ellos están dispuestos a negociar, pero a la hora de la verdad nunca generan el ámbito de negociación.
-Pero había un canal formal de diálogo con el Gobierno. ¿Eso se rompió?
-No, no existe. Una cosa es dialogar y otra cosa es que ese diálogo no lleve a ninguna definición concreta. Los diálogos se tienen que dar en la medida que se puedan definir cosas concretas que nosotros estamos pidiendo, que el gobierno tiene que recepcionar.
-¿A qué pedidos te referís?
-A que nosotros no decimos que no hay que discutir una modernización laboral. No estamos en desacuerdo con sentarnos a discutir con la contraparte natural, que son los sectores empresariales, sobre este nuevo mundo de trabajo. El trabajo, tal cual como lo conocíamos, ha mutado. Lo que nosotros planteamos es que eso se tiene que dar dentro de un ámbito de negociación. Ahí tienen que estar las partes interesadas, que son el sector empresarial y el sector sindical, y hay una herramienta que para nosotros es estratégica, que hasta acá funciona y funcionó muy bien, que es el convenio colectivo de trabajo. Nunca tuvieron la predisposición realmente de sentarse a discutir un proyecto que esté asociado a la realidad de lo que necesita la Argentina. Porque tampoco nos olvidemos que estamos en un país que tiene arriba del 50% de informalidad laboral. Entonces, si este gobierno plantea que este proyecto, tal cual como está redactado, va a incorporar a todos los trabajadores, que empiece por no perder todos los días arriba de 10 o 20 mil puestos de trabajo.
-A propósito de la informalidad laboral, el peronismo supone que la mejor reforma laboral es la creación de condiciones económicas para que se generen puestos de empleo y eso incorpore trabajadores registrados, pero durante la década kirchnerista persistió un nivel de informalidad también alto, incluso con crecimiento a tasas chinas.
-Creo que se han cometido errores en el mejor momento del país. Cuando tuvimos la oportunidad de dar discusiones mucho más profundas, muchas veces por la propia comodidad de la política… En la Argentina hay una deuda que no se pudo saldar desde el 2001 para acá, cuando el país tocó fondo y un montón de trabajadores y trabajadoras se cayeron del sistema. Nunca realmente se dio una política para pensar cómo se hacía estratégicamente para incorporarlos. También, en alguna medida, se sobregiraron con la famosa economía popular y los planes sociales, entendiendo que eso terminaba siendo un ordenador social y, para los que abrazamos y reivindicamos la causa del peronismo, el ordenador social es el trabajo con dignidad, con cobertura, salud.
Si este gobierno plantea que este proyecto, tal cual como está redactado, va a incorporar a todos los trabajadores, que empiece por no perder todos los días arriba de 10 o 20 mil puestos de trabajo.
-Por más que sea clara tu identificación con el peronismo y la de la CGT, o por más que históricamente se haya dicho que el movimiento obrero era la columna vertebral del peronismo, ¿podemos decir que hoy la central obrera se ha quedado sin proyecto político por la crisis del peronismo?
-Yo creo que el movimiento obrero sigue siendo la columna vertebral del peronismo. Muchas veces las vanidades y los egos de algunos dirigentes no permiten transitar la construcción de un proyecto más amplio que vuelva a representar y vuelva a interpelar a la sociedad argentina, que vuelva a sentirse que ese proyecto político le va a volver a dar la dignidad necesaria y la esperanza a la que muchos aspiran. Lo que se ve en Argentina es un grado de frustración muy grande y de poca previsibilidad. La gente termina apostando a un proceso político que la arrincona hacia un abismo.
-Por qué el peronismo no logra articular un liderazgo alternativo a Milei?
-Desde el peronismo habrá que tener la capacidad suficiente, con nuevos actores, nuevas caras. Soy muy respetuoso de todos aquellos que han pasado por un proceso en la Argentina dentro del peronismo. Porque, para mí, el 2003-2015 fue un proceso virtuoso. No creo que haya sido malo todo lo que se le quiere endilgar, que no hubo movilidad social ascendente. Se generaron casi 2 millones de puestos de trabajo, hubo un montón de conquistas que sucedieron del 2003 al 2015, tanto con Néstor Kirchner como con Cristina Fernández de Kirchner, y yo creo que desde el 2015 para adelante había cosas que corregir.
-¿Qué fue lo que pasó?
-No es que estaba todo bien, había que cosas que corregir. En algún momento, quedaron un poco encerrados en algún relato que se había construido. La realidad es que hoy se ve que en la Argentina se fueron miles de empresas, se perdieron miles y miles de puestos de trabajo. Si nosotros no volvemos a generar certidumbre, seguridad jurídica, seguridad política, quién puede venir a invertir en Argentina. Todas las políticas y las modificaciones que hizo este Gobierno diciendo que iban a atraer las famosas inversiones, nunca llegan.
-Entonces, ¿por qué creés que lo sigue apoyando una parte de la sociedad, si no ve un horizonte promisorio?
-Yo creo que la gente está desencantada con la política tradicional, que se cansó del status quo. Como no se construya otra cosa que hable un idioma muy parecido a lo que quiere escuchar la gente, va a ser muy difícil. Milei es un outsider, pero no deja de ser una consecuencia de errores del pasado. Por errores que ha cometido la política en el pasado se terminó instalando y posicionando a un outsider de la política.
Desde el peronismo habrá que tener la capacidad suficiente, con nuevos actores, nuevas caras. Para mí, el 2003-2015 fue un proceso virtuoso con Néstor y Cristina, pero en algún momento, quedaron un poco encerrados en algún relato que se había construido.
-¿Qué pasa si sale la reforma laboral?
-Primero, confiamos en que no va a salir y, en el caso de que salga, que salga con el menor daño posible para el mundo de trabajo. Lo vamos a trabajar hasta el último minuto para que esto no salga, ¿eh? Y la realidad es que después de la reforma laboral en la Argentina, al otro día se va a estar discutiendo otra cosa. Acá, lo que tenemos que tener claro es que hay un plan económico que ya fracasó. Está a la vista de todos, se pierden todos los días puestos de trabajo, la gente no llega a fin de mes, cierran empresas. Entonces es fácil tapar el fracaso del proceso económico con un proyecto de ley que supuestamente viene a transformar la vida de las personas. Hoy te ponen esto en agenda, mañana inventarán otra cosa para que seguir distrayendo, pero yo creo que estamos ante un momento muy sensible y puede ser bisagra. Sabemos lo que pasa a lo largo y a lo ancho del país y que la sociedad un día es muy así y, por cualquier cosa, cambia de opinión.
-¿Y qué pasa si no se logra aprobar y fracasa el intento de la reforma laboral?
-Y si no sale, nosotros lo vamos a celebrar y lo vamos a festejar mucho, pero vamos a estar siempre resguardando que mañana no vengan con otra embestida contra el mundo del trabajo.
-La pregunta es si serviría eso como un punto de acumulación para los sectores populares y construir una alternativa a Milei…
-¿Pensando de cara al 2027? A mí algunas veces me dicen que soy demasiado optimista y si nosotros no somos optimistas…
-¿Te dicen optimista porque creés que Milei no va a revalidar en el 27?
-No, nosotros no nos podemos quedar en lo que ellos van a hacer, sino en lo que vamos a hacer nosotros. Si vos me decís ‘che, cuál es la oposición a este gobierno’, está fragmentada en mil pedazos, nunca tenés claro realmente cuál es y quién le puede discutir desde un lugar de fortaleza.
-Entonces, ¿cuál sería el camino?
-Queremos que la CGT vuelva realmente a ser un factor de poder, que sea protagonista y que, por sobre todas las cosas, vuelva a tener la centralidad de la discusión política de la Argentina de cara a los laburantes. Que los laburantes la vean como una representación genuina.
Las luces amarillas que vienen encendiéndose en distintas empresas ligadas al agro ahora alcanzaron a Metalfor, una de las fábricas de maquinaria agrícola más emblemáticas del interior productivo, que dejó un tendal de cheques rechazados por 120 millones.
El presidente de la empresa, Eduardo Borri, admitió que sufrieron episodios de «estrés financiero», pero en diálogo con LPO dijo que «el problema está resuelto». Lo curioso es que los problemas financieron coincidieron con el anuncio de un crédito por USD 50 millones de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC).
Como sea, Borri atribuyó los cheques impagos a «una combinación de factores», entre los que mencionó el encarecimiento abrupto del crédito, el cierre del mercado de capitales y un efecto contagio provocado por la crisis de otras firmas del sector.
Borri es un entusiasta de la administración de Milei y suele retuitear a los ministros, incluso a Federico Sturzenegger, uno de los más enfáticos en afirmar que la industria argentina debe desaparecer, si no logra ser competitiva.
Metalfor no es una empresa menor. Con más de 50 años de trayectoria, especializada en pulverización y fertilización, construyó un modelo de negocios poco habitual en la industria: integra toda la cadena comercial, con locales propios en lugar de concesionarios, toma máquinas usadas como parte de pago, las reacondiciona y las vuelve a colocar en el mercado entre pequeños productores y contratistas.
La empresa tiene dos plantas en Marcos Juárez, una en Noetinger y una unidad industrial en Ponta Grossa, en el estado brasileño de Paraná. En total emplea a unas 1.100 personas, muchas de ellas en localidades de menos de 10 mil habitantes. «Nuestro impacto se multiplica por cuatro en los lugares donde estamos», subrayan en la compañía, conscientes del peso político y social que tiene cualquier ruido financiero en el interior profundo.
Borri es un entusiasta de la administración de Milei y suele retuitear a los ministros, incluso a Federico Sturzenegger, uno de los más enfáticos en afirmar que la industria argentina debe desaparecer, si no logra ser competitiva.
Según Borri, el punto de quiebre llegó a fines de 2024 y comienzos de 2025, cuando varias empresas ligadas al agro empezaron a mostrar dificultades para refinanciarse. «Fue una especie de efecto puerta 12. Una estampida que nos terminó arrastrando», explicó. Entre diciembre de 2024 y julio de 2025, Metalfor canceló cerca de 20 millones de dólares en obligaciones negociables y recibió una capitalización adicional de 10 millones de dólares por parte de sus accionistas.
En paralelo, la empresa gestionaba un crédito clave con la Development Finance Corporation (DFC), el banco de desarrollo del Tesoro de Estados Unidos. El financiamiento, por unos 50 millones de dólares, terminó llegando más tarde de lo previsto, luego de completar su aprobación en el Senado norteamericano. «Fuimos la única empresa argentina aprobada en 2025», remarcan en Metalfor. Esos fondos se destinaron a cubrir el financiamiento que la firma tiene colocado en clientes y a ordenar su exposición en el mercado de capitales.
Una de las plantas de Metalfor.
El episodio de los cheques rechazados, que volvió a instalar el ruido en los últimos días, se dio en medio de un clima general de desconfianza y dificultades en la cadena de pago. La semana pasada, el presidente de Adeba advirtió públicamente sobre el fuerte aumento de cheques rechazados en el sistema, un dato que golpea de lleno a las empresas que dependen del financiamiento comercial para sostener ventas.
El punto de quiebre llegó a fines de 2024 y comienzos de 2025, cuando varias empresas ligadas al agro empezaron a mostrar dificultades para refinanciarse. Fue una especie de efecto puerta 12. Una estampida que nos terminó arrastrando.
Además, en el complejo industrial apuntan contra el funcionamiento del pagaré bursátil, un instrumento que se expandió con fuerza en los últimos años. «Cuando emitís una obligación negociable sabés a quién le debés. Con el pagaré bursátil no, y hubo una exageración en el uso de ese producto», contó a LPO un empresario de Santa Fe.
El tema se complicó aún más luego de la sequía histórica de 2023 que agregaron malas calificaciones crediticias y el escenario se terminó de entorpecer con reacomodamiento posterior a la devaluación del cambio de gobierno.
El caso Metalfor vuelve a exponer una tensión de fondo que recorre al agro y a la industria: empresas con facturación relevante -en este caso, unos 125 millones de dólares anuales- que dependen cada vez más de un mercado de capitales chico, caro y volátil, y que quedan expuestas a cualquier sacudón sistémico. «Si se eliminan las retenciones, el gringo compra de todo», resumen en la firma, como síntesis brutal de un problema estructural que va mucho más allá de un cheque rechazado.
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