“La acción es el poder que el individuo tiene para que todos los mecanismos y aparatos del Estado preocupados por la vigencia del sistema normativo se pongan en marcha para proteger el derecho vulnerado”
Giuseppe Chiovenda
En estos días se publicó la Ley 27.455 que prevé una modificación al Código Penal en materia de acciones dependientes de instancia privada. Dicho texto modifica precisamente el artículo 72 del libro primero, título XI de dicho Código.
La acción de los delitos contra la integridad sexual, como el abuso sexual simple o la violación, siguen siendo dependientes de instancia privada (la víctima tiene la responsabilidad de iniciar el proceso penal), pero con la modificación hay que poner atención, que en el caso que la víctima de abuso o violación, sea un niño, niña, adolescente o incapaz, la acción se convertirá en una acción pública (el Estado tiene la facultad de ejercer por sí mismo), cuando antes era de instancia privada.
Esto implicaría que cualquier persona, ante el conocimiento de un caso de abuso o violación a menores pueda acercarse a la policía o a la fiscalía a denunciar el hecho.
También, significa que el Estado deberá actuar, intervenir, investigar e impulsar el proceso penal ante el conocimiento del hecho delictivo.
Antes, la necesidad
de que un familiar de la víctima ratificara la denuncia terminaba por ser un
obstáculo para que se haga justicia, por que lamentablemente el 90% de los
casos el abusador es un familiar directo y como consecuencia de eso solo se
denuncia el 10% de los casos. Bien sabemos que estos hechos son muy delicados y
a su vez difíciles de afrontar para el círculo familiar, más aún si el abuso es
intrafamiliar, además que impacta e influye en toda la sociedad en general.
La ventaja que
presenta ésta modificación está relacionada con el respaldo por parte del
estado que recibiría la víctima y la familia de ésta, a la hora de afrontar el
engorroso trámite del proceso penal; además la posibilidad de hacer valer sus
derechos, ya que el estado cuenta con muchos más recursos y posibilidades para
poder llegar a la solución que espera la víctima y su familia.
Mientras impulsa un cambio en el proceso de selección de magistrados, Carlos Rosenkrantz traba un concurso para cubrir una vacante clave en la Capital Federal.
Junto con Ricardo Lorenzetti, Rosenkrantz busca modificar el reglamento con el que el Consejo de la Magistratura selecciona a los jueces. Asegura que el proyecto busca transparentar la elección de magistrados, pero en realidad la fuerza motora de ese cambio parece ser el sector más concentrado del establishment.
Pero la presión no cesa. Según publicó La Nación, Lorenzetti y Rosenkrantz comenzaron a citar a la Corte a los consejeros a reuniones individuales y personales para persuadirlos de que no debatan ni modifiquen el proyecto que ellos redactaron, en sintonía con las cámaras empresariales. Una presión pocas veces vista en la historia del Consejo de la Magistratura.
«Nos citaron a declarar. No recuerdo una apretada así», bromeó un consejero ante la consulta de LPO.
La falta de jueces y fiscales es uno de los mayores problemas que tiene la administración de justicia. Para comenzar a subsanarlo, en los últimos meses se enviaron al Senado 62 pliegos para cubrir una parte de las más de 360 vacantes en la justicia.
Nos citaron a declarar. No recuerdo una apretada así.
Esos pliegos habían pasado por el Consejo, que elevó ternas al poder ejecutivo. Tras el cambio de ministro de Justicia, Milei envió un listado al Senado.
Rosenkrantz parece haber puesto todo su empeño en la transparencia de la selección de jueces, aunque aún no entregó el informe correspondiente al Concurso 527, en el que se desempeña como jurado.
Ese concurso es para avanzar con un cargo clave en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Capital. La presidenta del TSJ porteño, Inés Weinberg, también es parte del jurado junto a Carlos Hugo Valdéz y Cintia Marcela Bayardi Martínez.
Rosenkrantz debería haber elevado su informe el 6 de marzo pasado, pero aún no lo envió. El reglamento del concurso prevé que demora más de 10 días en entregar su informe perderá los honorarios estipulados y no podrá intervenir en ningún otro concurso por cuatro años.
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A las cuatro de la tarde del miércoles 15 de octubre de 2025 más de cuarenta periodistas salieron del edificio del Pentágono en Washington DC cargando cajas con sus pertenencias. Habían trabajado durante años acreditados en la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Fue la reacción ante la revocación de credenciales a un grupo de ellos y las restricciones impuestas por el gobierno de Donald Trump para informar sobre las actividades militares. Cinco meses después, el 20 de marzo de 2026, un tribunal declaró inconstitucionales las restricciones a la prensa del gobierno federal.
El lunes 6 de abril, en Argentina, la escena tuvo una réplica. La Casa Rosada revocó las credenciales de varios periodistas acreditados. El argumento fue una investigación periodística que, con documentos filtrados y sin pruebas, informaba que sus medios habrían recibido presuntos pagos por parte del gobierno ruso para publicar notas con el objetivo de desestabilizar al gobierno de Javier Milei. Esos periodistas no habían firmado los artículos señalados. Unos días antes, a uno de ellos que ya no podía entrar a la sala de prensa, el Jefe de Gabinete libertario le había dicho que era “apenas un periodista” cuando le preguntó por la causa judicial por enriquecimiento ilícito en la que está siendo investigado. En menos de un mes, los periodistas argentinos pasaron de ser catalogados como “apenas un periodista” por el vocero presidencial Manuel Adorni a “traidores a la Patria” por el Presidente. De la deslegitimación a la estigmatización.
Las dos escenas -Washington y Buenos Aires- sucedieron en contextos donde los gobiernos han convertido a la prensa en blanco de ataques sistemáticos. La diferencia no estuvo en el gesto del poder. Sí en la reacción de los periodistas. Y eso abre una serie de preguntas para el debate.
En Estados Unidos, la respuesta institucional y judicial fue rápida. En Argentina, en cambio, la reacción fue fragmentada: hubo comunicados, apoyos y muestras de solidaridad en redes sociales, desmentidas. Mucho ruido. Ninguna acción colectiva sostenida.
La prohibición del ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada fue el lunes 6 de abril. Después de los cuatro días de Semana Santa en los que el presidente Milei “escribió 86 tuits contra la prensa y republicó otros 874 emitidos originalmente por militantes libertarios, funcionarios o usuarios desconocidos”, según publicó Martín Rodríguez Yebra en el diario La Nación. Fue una nueva escalada de su campaña NONSALP, “No odiamos lo suficiente a los periodistas”, acompañada por ministros y funcionarios. El miércoles 8 sumó una entrevista en la Televisión Pública en la que aseguró que “el 95 por ciento de los periodistas argentinos son delincuentes” y explicó: “escriben por mandatos o financiados por otros países o en medios que tienen conflictos con el Gobierno porque quieren prebendas o responden a empresaurios, empresarios prebendarios. Por lo cual el 95 por ciento del periodismo está contaminado”.
“La revocación de mi acreditación es una manera de imponer miedo”, dice Liliana Franco, periodista de Ámbito con más de 30 años de trabajo en la sala de prensa de la Presidencia. Y sostiene: “A ningún gobierno le caen simpáticos los periodistas y es parte del juego. No estamos para ser aplaudidores del gobierno de turno”.
Mientras espera los resultados de la reunión en Casa Rosada entre los directivos de Ámbito y funcionarios para el descargo que demostraría que nunca habían recibido dinero del gobierno de Vladimir Putin, Franco hace un diagnóstico que va más allá del Gobierno: “Lo digo con tristeza, la mayoría de mis colegas cree que hacer su trabajo es llevarse bien con los voceros. Obviamente así es más fácil transitar los pasillos del poder. Por cosas muy menores, hace tiempo, la sala reaccionaba en conjunto. Esta vez solo hubo una pregunta en off a funcionarios. Hay excepciones pero ese es el nivel de periodismo, entonces los gobiernos avanzan”.
Franco entonces va contra su protagonismo individual de estas horas. “¿Sabes cuál es la noticia que importa? Que es muy malo para la democracia argentina que en la Casa Rosada se prohíba el trabajo de periodistas acreditados, como también es muy malo que en la sede del Gobierno nacional haya periodistas que no honren la profesión”.
Si algo muestra la falta de reacción conjunta es que el universo de periodistas argentino está atomizado, precarizado y sin capacidad de acción colectiva. La irrupción de Internet y, sobre todo de los buscadores como Google y las redes sociales, quitó del centro a los medios de comunicación como principales actores del ecosistema informativo y el modelo de negocios de las empresas periodísticas perdió su principal fuente de financiamiento: la publicidad que migró a las grandes empresas de tecnología. Los periodistas entendimos tarde que ese cambio iba a afectar nuestras condiciones de trabajo. La baja de salarios, llevó a que el pluriempleo sea la norma para llegar a un ingreso digno y ya se habla también de la uberización de los periodistas, porque según SIPREBA, son muchos los que deben manejar autos de aplicación o tener otras changas para completar los ingresos. En ese escenario, con la irrupción de la Inteligencia Artificial Generativa que pronostica el fin de los buscadores, de los seguidores en las redes y la automatización de la producción de contenidos, los periodistas, esta vez, reaccionamos. La manera de hacerlo quizás sea un debate que hay que dar. Al menos eso apareció en las conversaciones privadas que registró Anfibia y en algunos comentarios públicos de referentes.
El periodista Ramón Indart escribió en su cuenta de X el 7 de abril todavía entre retuits de la campaña de violencia digital: “Off con empresario que entiende de medios. Me siento a tomar el café. Me mira. Tira de entrada: ‘porq naturalizan el odio contra ustedes. Va a ser difícil construir sobre lo destruido’. Lo naturalizamos?” Y no fue el único. Leandro Renou en la misma red social planteó: “Hay que armar agrupaciones de periodistas nuevas. Vivas. Modernas, renovadas y desafiantes de los contextos. Las q están no sirven absolutamente para nada”.
Por teléfono, Renou retoma la idea: “Me parece que lo que falta es una posición clara sobre la violencia contra los periodistas en el debate público, que son cuestiones que van más allá de lo salarial, que también hay que exigir. Cuando digo lo de la modernización me refiero a dejar de lado las cuestiones ideológicas o de intereses diferentes ante el gobierno, dejar lo institucional y pensar sin prejuicios el ejercicio profesional. Porque las entidades que supuestamente representan a periodistas permiten que el corte de acreditaciones sea selectivo. Incluso llegaron a publicar el informe sobre la operación rusa en algunos medios con notas pagas para desestabilizar sin tener pruebas. Lo que le da más pasto a las fieras”.
En estos días, quizás convenga pensar si el problema no es solo que los gobiernos ataquen al periodismo como política pública, sino que el periodismo -fragmentado, precarizado y dependiente de plataformas-, ya no tiene capacidad colectiva de responder.
La pregunta sobre cómo debe reaccionar el periodismo frente a los ataques del gobierno de Milei más allá de los desafíos por las cuestiones salariales y de rutinas de producción atravesadas por los cambios tecnológicos es crucial para Silvio Waisbord. Investigador y profesor de Periodismo y Comunicación Política en la Universidad George Washington, acepta que la acción siempre es reactiva.
“Lo que pasa es que el periodismo, por lo general, tiene una posición reactiva – asegura Waisbord- y la situación de precariedad laboral obviamente no contribuye a encontrar el tiempo para pensar la profesión. Entonces la única posibilidad de acción es la reacción frente a lo que va sucediendo que se mueve con otras lógicas que no son las periodísticas como la política, la geopolítica o la inteligencia. La flaqueza del periodismo es también justamente no tener una agenda propia”.
Para Waisbord también son reactivos el posicionamiento frente a los desafíos que plantea la economía digital y el rol de las plataformas, “porque los periodistas no controlan las condiciones en las cuales esos cambios suceden”. En su opinión, ante la violencia del gobierno de Milei se profundiza una condición estructural del periodismo reactivo: “así como se reacciona frente a lo que está circulando en las redes”.
El desafío ante este tipo de ataques de gobiernos sucede en otros países. Pero para Waisbord, “este gobierno es particularmente astuto en cómo actúa con la prensa y tiene el poder de plantar información. El dilema es si no respondes porque las mentiras o las falsedades quedan. O sea, no se puede ignorarlas, pero también responder es darle oxígeno”.
Esa disyuntiva es ética y la solución no es fácil, asegura Waisbord: “No creo, especialmente por cómo este Gobierno piensa la comunicación, que se pueda ignorar y no plantarse contra esa narrativa”.
Waisbord define al gobierno de la Libertad Avanza “especialmente astuto en comparación con otros gobiernos argentinos como el kirchnerista que fueron contra la prensa. Saben cómo, especialmente a través de las redes, imponer temas o desencadenar campañas coordinadas personalizadas. El periodismo incluso debilitado, queda como el único actor. La respuesta es casi individual porque se personaliza”.
La violencia digital, potenciada por procesos de automatización y algoritmos oscuros de grandes empresas tecnológicas, incide en la autocensura y en la redefinición del rol del periodismo en un contexto democrático. Sebastián Lacunza es uno de los periodistas que mantiene su actividad en X. “Mí pregunta es dónde hablar si no. En ese ámbito también se define el valor del periodismo tanto como la elaboración de una nota cuando te adentras en la Amazonía o como cuando agarrás la bici para ir a preguntar a los vecinos si Adorni vive en esa cuadra de Caballito. Es también parte del apego a la profesión y donde se construye un texto en ese maremagnum de redes corrompidas”.
La historia reciente del periodismo argentino influye en este escenario. Dice Lacunza al respecto: “Como colectivo profesional tienen una trayectoria bastante compleja. Entonces es difícil que se plantee ciertos criterios y posiciones comunes frente a un ataque generalizado, pero personalizado. Es un problema que termine en formas de reacciones individuales o de medios particulares. No hay una solidaridad abarcativa o una historia solidaria dentro del periodismo en estos últimos 25 años. No es un modelo de consenso, la idea de la grieta terminó de profundizar la polarización, pero creo que en los 90 hubo algunos esbozos de consensos comunes entre los periodistas. Banderas como la libertad de expresión, sobre la importancia de los trabajos de investigación, cosas básicas que hacen más fácil respuestas mancomunadas. Pero es verdad que también se necesita una sociedad civil y una política que apoye la defensa del periodismo y de la libertad de expresión”.
Martín Becerra coincide con Waisbord en posar la mirada en las últimas décadas del ejercicio periodístico en la Argentina y en el rol de los grandes medios que no mantuvieron un compromiso con la tarea de informar y la libertad de expresión que debe aparecer en momentos álgidos como estos. También subraya el rol activo que antes tuvieron organizaciones de la sociedad civil y del campo de los derechos humanos para apoyar con mecanismos claros los ataques a la libertad de expresión.
Para los fines del análisis, Becerra, especialista en medios de comunicación e investigador del Conicet, diferencia entre los periodistas “notorios”, que son más formadores de opinión, de la mayoría de los periodistas que trabajan día a día en los medios y no son conocidos. “Es la mayoría y están detonados. Frente a un ataque del Gobierno, o de la SIDE coordinado, con o sin trolls, que les pueden desde hackear las cuentas de mails, meterse con la familia, doxearlos o todas esas cosas juntas, los mecanismos de defensa institucionales clásicos como el de las empresas donde trabajan es casi inexistente en la actualidad. Primero, porque las corporaciones periodísticas no lo hacen como antes y segundo porque ya es muy difícil que un periodista trabaje para una sola empresa”.
Hace al menos dos décadas que el periodismo ya no sucede únicamente en las redacciones ni en los medios tradicionales. Además del ejercicio profesional, la vida pública transcurre en plataformas con sistemas de algoritmos opacos que definen qué se vuelve visible; que además amplifican la violencia y hasta incluso terminan induciendo a la autocensura. Tiene dueños. Cuando, en octubre de 2022, Elon Musk pagó 44.000 millones de dólares por Twitter, declaró: «El pájaro ha sido liberado» y explicó que compró la plataforma para asegurar una «plaza pública digital» libre para la expresión, esencial para el futuro de la civilización y el debate saludable, claro según lo que él cree que eso significa.
Waisbord señala que el periodismo argentino en gran parte, como en otros países, se ha tratado de acomodar lo mejor posible a las nuevas condiciones que imponen las plataformas porque ahí está el público. Ya nadie duda que las Big Tech tienen el acceso a las audiencias y “como no les vas a ganar, tenés que sumarte. Es un pacto con el diablo”, dice. Lo más llamativo es que las empresas periodísticas también pactan con ellas, que son sus principales competidoras por las audiencias. En las conversaciones para esta nota surgió un dato llamativo: representantes de Google suelen ocupar los escenarios de encuentros de entidades periodísticas para que capaciten a las redacciones en el uso de sus propias herramientas de IA.
Mientras ya se habla del fin de las redes sociales, del fin de los seguidores y de que la Inteligencia Artificial Generativa va a terminar de configurar un panorama en el que la circulación de la información tendrá menos jugadores se puede pensar que quienes tengan ese poder serán cada vez más poderosos y que los periodistas deberían ser mucho más necesarios. Si llegamos a ese futuro inmediato deberíamos responder al menos la pregunta sobre si el periodismo, tal como está hoy, puede reaccionar de una manera distinta y, en caso de que no suceda, cómo los periodistas podemos defender la democracia si no logramos pensar colectivamente nuestra propia existencia. Finalmente el problema no es solo el avance autoritario de un gobierno, lo que está en juego también es la propia relevancia de un oficio atado a la libertad.
El gobierno porteño clausuró un corralón ilegal que abastecía a las construcciones que se realizaban en el Barrio 31.
A fines de marzo, la Ciudad prohibió la entrada de materiales de construcción a la Villa 31 para evitar nuevas construcciones y frenar el crecimiento del barrio.
A partir de ese momento los inspectores porteños clausuraron cinco corralones. Además, la Ciudad realizó operativos de saturación para reforzar la seguridad, montó retenes policiales y peatonalizó calles para evitar que sigan entrando materiales de construcción
«Estaban acostumbrados a hacer cualquier cosa, pero se terminó. Por si no les quedó claro, los corralones que venden materiales para que crezca la Villa 31 no van más. Ley y orden», dijo Jorge Macri.
El corralón cerrado el martes ya había sido clausurado la semana pasada y el gobierno soldó el portón de acceso. Sin embargo, la entrada fue violentada.
Funcionarios porteños encontraron una persona que intentaba retirar materiales y fue detenida junto a otras tres que también habían ingresado al predio de manera ilegal.
Según explicaron desde el gobierno «el corralón clausurado acopiaba grandes cantidades de ladrillos, hierro, arena y otros insumos».
