ABUSO SEXUAL INFANTIL: DELITO DE INSTANCIA PÚBLICA
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ABUSO SEXUAL INFANTIL: DELITO DE INSTANCIA PÚBLICA

“La acción es el poder que el individuo tiene para que todos los mecanismos y aparatos del Estado preocupados por la vigencia del sistema normativo se pongan en marcha para proteger el derecho vulnerado”

Giuseppe Chiovenda

En estos días se publicó la Ley 27.455 que prevé una modificación al Código Penal en materia de acciones dependientes de instancia privada. Dicho texto modifica precisamente el artículo 72 del libro primero, título XI de dicho Código.  

La acción de los delitos contra la integridad sexual, como el abuso sexual simple o la violación, siguen siendo dependientes de instancia privada (la víctima tiene la responsabilidad de iniciar el proceso penal), pero con la modificación hay que poner atención, que en el caso que la víctima de abuso o violación, sea un niño, niña, adolescente o incapaz, la acción se convertirá en una acción pública (el Estado tiene la facultad de ejercer por sí mismo), cuando antes era de instancia privada.

Esto implicaría que cualquier persona, ante el conocimiento de un caso de abuso o violación a menores pueda acercarse a la policía o a la fiscalía a denunciar el hecho.

También, significa que el Estado deberá actuar, intervenir, investigar e impulsar el proceso penal ante el conocimiento del hecho delictivo.

Antes, la necesidad de que un familiar de la víctima ratificara la denuncia terminaba por ser un obstáculo para que se haga justicia, por que lamentablemente el 90% de los casos el abusador es un familiar directo y como consecuencia de eso solo se denuncia el 10% de los casos. Bien sabemos que estos hechos son muy delicados y a su vez difíciles de afrontar para el círculo familiar, más aún si el abuso es intrafamiliar, además que impacta e influye en toda la sociedad en general.

La ventaja que presenta ésta modificación está relacionada con el respaldo por parte del estado que recibiría la víctima y la familia de ésta, a la hora de afrontar el engorroso trámite del proceso penal; además la posibilidad de hacer valer sus derechos, ya que el estado cuenta con muchos más recursos y posibilidades para poder llegar a la solución que espera la víctima y su familia.   

Datos Estadísticos e imagen: Red por la Infancia

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  • Tensión entre Toto Caputo y Milei por la relación con Reino Unido y el destino del oro del Banco Central

     

     La ofensiva de Javier Milei contra Reino Unido por la explotación petrolera en Malvinas generó malestar en Luis «Toto» Caputo. En Economía preocupa que la escalada con Londres pueda derivar en represalias sobre activos argentinos que se encuentran bajo jurisdicción británica. En particular, vuelve al centro de la escena el oro de las reservas del Banco Central que salió del país en 2024 y que las versiones más fuertes del mercado ubican en Londres. 

    La preocupación de Caputo apareció después de grabar la cadena nacional en la que Milei endureció como nunca su posición frente a Reino Unido. El Presidente reaccionó al avance de Sea Lion, el proyecto petrolero offshore ubicado al norte de las Islas Malvinas que opera Navitas Petroleum junto con la británica Rockhopper Exploration. 

    «No lo vamos a permitir. La Argentina no se quedará de brazos cruzados», dijo Milei. Y anunció que el Gobierno desplegará «todas las herramientas del Estado: diplomáticas, económicas, judiciales y legales» para frenar a las compañías involucradas en la explotación de recursos naturales en las islas. 

    La amenaza no alcanza solamente a las petroleras. El Presidente anticipó castigos para accionistas, directores y proveedores y afirmó que las compañías involucradas directa o indirectamente en proyectos en Malvinas serán inhabilitadas para operar en Argentina. 

    «Quienes operan en nuestras islas a espaldas del gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad», afirmó Milei. Y remató: «No se pueden hacer las dos cosas». 

    La decisión prende fuego una parte central de la narrativa libertaria. El gobierno que hizo de la retirada del Estado de las relaciones económicas una bandera ahora propone utilizar todo el peso del Estado para interferir sobre una explotación entre empresas privadas. 

    Navitas y Rockhopper tomaron una decisión empresarial, consiguieron financiamiento y avanzan con una inversión que Argentina considera ilegal porque se desarrolla sobre recursos ubicados en un territorio cuya soberanía reclama. 

    Pero la incomodidad es todavía mayor porque Sea Lion consiguió algo que el gobierno de Milei busca desesperadamente para los grandes proyectos argentinos: una decisión final de inversión. Navitas y Rockhopper aprobaron en diciembre de 2025 la FID de la primera etapa y pocos días después alcanzaron el cierre financiero. El proyecto tiene contratos centrales firmados, USD 1.000 millones de deuda para su desarrollo y apunta a producir el primer petróleo en el primer trimestre de 2028. 

    Sea Lion está así varios casilleros por delante de buena parte de las inversiones que el Gobierno presenta como las futuras fábricas de dólares de Argentina. La FID es precisamente la frontera que todavía necesitan cruzar proyectos centrales para la estrategia oficial, entre ellos Argentina LNG y varios de los grandes desarrollos mineros. Una cosa es anunciar una inversión potencial y otra es que los accionistas pongan la firma, cierren el financiamiento y comprometan el capital para ejecutarla. 

    Navitas controla el 65% de Sea Lion y Rockhopper tiene el 35%. La primera fase contempla 11 pozos submarinos y el petróleo será procesado mediante un buque FPSO. Navitas afirma que las aprobaciones y el financiamiento necesarios para ejecutar el proyecto están asegurados y proyecta el primer petróleo para marzo de 2028. Además, las operaciones vinculadas al desarrollo se manejarán desde oficinas en Londres, Aberdeen y las islas. 

    Ese avance explica la dureza de Milei. «Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar», dijo. 

    Para el Presidente, permitirlo generaría «un incentivo para que el gobierno británico profundice la ocupación de las islas y la explotación de nuestros recursos». 

    Pero para Caputo la cuestión abre un problema adicional. En Economía temen que una escalada económica contra intereses británicos habilite una respuesta de Londres sobre activos argentinos. 

    Ahí reaparece una de las operaciones más opacas del comienzo del gobierno libertario: la salida del oro de las reservas del Banco Central. 

    Caputo defendió en 2024 la decisión de sacar los lingotes del país. El argumento del ministro fue que mantener el oro encerrado en las bóvedas del Central impedía obtener un rendimiento sobre ese activo. El BCRA terminó reconociendo que había realizado transferencias entre sus cuentas, pero nunca quiso revelar oficialmente cuánto oro salió, cuál fue su destino final, quién quedó como custodio ni bajo qué condiciones quedó depositado. 

    Las versiones más fuertes del mercado ubicaron los lingotes en Londres. El secreto que rodeó aquella operación adquiere ahora otra dimensión. La preocupación en el entorno de Caputo es qué capacidad tendría Reino Unido para tomar represalias sobre activos argentinos que estén bajo su jurisdicción si la escalada impulsada por Milei pasa de la retórica diplomática a las sanciones económicas. 

    El propio Milei convirtió esa posibilidad en un problema de seguridad nacional. «Cualquier avance adicional sobre las Islas Malvinas será considerado como una violación a nuestra seguridad nacional», dijo. Y enseguida amplió el concepto hacia el corazón del área que controla Caputo: «Atraer inversiones, proteger nuestra moneda, fortalecer nuestro sistema financiero y desarrollar nuestros recursos críticos son cuestiones de seguridad nacional». 

    La contradicción es incómoda para Toto. El ministro necesita acceso a los grandes centros financieros internacionales y fue quien defendió sacar el oro del país para convertir un activo inmovilizado en una herramienta financiera. Ahora Milei decidió escalar precisamente contra Reino Unido, mientras el Banco Central mantiene en secreto si parte de esas reservas permanece en Londres y bajo qué régimen jurídico.

    «Es claro que ellos recorren un camino de declive», lanzó además Milei sobre los británicos. 

    La frase cayó particularmente mal en la antesala de la Argentina Week que el Gobierno prepara en Londres. El encuentro fue concebido como una vidriera para atraer inversiones y acercar funcionarios argentinos a inversores y actores del mercado británico. La ofensiva por Malvinas amenaza con convertir ese desembarco en un escenario mucho más incómodo para el equipo económico. 

    Caputo queda atrapado en esa pinza. Necesita capital extranjero para conseguir que Argentina LNG, los proyectos mineros y otras grandes inversiones pasen de los anuncios a decisiones finales de inversión. Y Sea Lion, el proyecto que Milei ahora busca frenar utilizando la fuerza económica del Estado, ya consiguió justamente eso. 

    La prédica libertaria termina así chocando contra una razón de Estado. Milei reivindicó sanciones, prohibiciones, represalias económicas y la intervención sobre relaciones entre privados para defender la soberanía argentina. Caputo, mientras tanto, mira el otro lado del Atlántico y una pregunta que el Central lleva dos años evitando contestar. 

    Porque después de la cadena, la discusión sobre el oro dejó de ser solamente dónde están los lingotes. La pregunta que inquieta a Economía es mucho más urgente: si efectivamente están en Londres, qué margen tendría Reino Unido para afectar esos activos argentinos si decide responder a la ofensiva de Milei.