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ABUSO SEXUAL INFANTIL: DELITO DE INSTANCIA PÚBLICA

“La acción es el poder que el individuo tiene para que todos los mecanismos y aparatos del Estado preocupados por la vigencia del sistema normativo se pongan en marcha para proteger el derecho vulnerado”

Giuseppe Chiovenda

En estos días se publicó la Ley 27.455 que prevé una modificación al Código Penal en materia de acciones dependientes de instancia privada. Dicho texto modifica precisamente el artículo 72 del libro primero, título XI de dicho Código.  

La acción de los delitos contra la integridad sexual, como el abuso sexual simple o la violación, siguen siendo dependientes de instancia privada (la víctima tiene la responsabilidad de iniciar el proceso penal), pero con la modificación hay que poner atención, que en el caso que la víctima de abuso o violación, sea un niño, niña, adolescente o incapaz, la acción se convertirá en una acción pública (el Estado tiene la facultad de ejercer por sí mismo), cuando antes era de instancia privada.

Esto implicaría que cualquier persona, ante el conocimiento de un caso de abuso o violación a menores pueda acercarse a la policía o a la fiscalía a denunciar el hecho.

También, significa que el Estado deberá actuar, intervenir, investigar e impulsar el proceso penal ante el conocimiento del hecho delictivo.

Antes, la necesidad de que un familiar de la víctima ratificara la denuncia terminaba por ser un obstáculo para que se haga justicia, por que lamentablemente el 90% de los casos el abusador es un familiar directo y como consecuencia de eso solo se denuncia el 10% de los casos. Bien sabemos que estos hechos son muy delicados y a su vez difíciles de afrontar para el círculo familiar, más aún si el abuso es intrafamiliar, además que impacta e influye en toda la sociedad en general.

La ventaja que presenta ésta modificación está relacionada con el respaldo por parte del estado que recibiría la víctima y la familia de ésta, a la hora de afrontar el engorroso trámite del proceso penal; además la posibilidad de hacer valer sus derechos, ya que el estado cuenta con muchos más recursos y posibilidades para poder llegar a la solución que espera la víctima y su familia.   

Datos Estadísticos e imagen: Red por la Infancia
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  • Denuncian que empresarios ofrecieron coimas a un sindicalista para que no empiecen las clases

     

     La Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública de Chubut inició una investigación tras la denuncia presentada por un sindicalista contra un empresario y un ex funcionario, quienes lo habrían querido coimear para que no empiecen las clases.

    La fiscal

    Julieta Gamarra solicitó allanamientos en los domicilios de los involucrados y

    en la empresa donde se habría llevado a cabo la reunión en la que le ofrecieron un soborno al secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Trelew, José Severiche. En los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares y cámaras de seguridad.

    Severiche denunció que recibió un llamado de Ricardo Traversini, empresario local que fue investigado por presunta evasión, quien le manifestó que su jefe, Gonzalo Carpintero, quería reunirse con él.

    Carpintero tuvo una extensa trayectoria como funcionario público vinculado al peronismo. Fue director general de Niñez, Adolescencia y Familia; subsecretario de Desarrollo Social; ministro de Familia y Promoción Social; concejal de Trelew; y viceministro coordinador de Gabinete, entre otros cargos. Su carrera concluyó con una condena por corrupción, tras acreditarse un incremento patrimonial superior al 500% y el cobro de coimas y sobresueldos en las causas conocidas como «Embrujo» y «Revelación».

    Tras el llamado, Severiche se dirigió a la oficina que Carpintero comparte con el empresario pesquero Raúl «Tato» Cereseto. Allí, según consta en la denuncia, le habría solicitado «que haga quilombo con el gremio para que no empiecen las clases en las escuelas de la provincia el próximo 23 de febrero».

    «Me aclaró que tenía que generar el conflicto antes del 23, sino no servía. Me agregó que habría otros actores que me ayudarían a generar discordia», declaró el sindicalista.

    Raúl «Tato» Cereseto

    En su presentación judicial, Severiche aseguró que Carpintero le prometió «una retribución económica» y que luego se realizarían «paritarias» para compensarlo si accedía al pedido. «Creo que Carpintero me ofrece dinero a cambio de que yo trate de impedir que empiecen las clases porque él me conoce bien y sabe que tengo problemas económicos», afirmó.

    Más allá de la cuestión política, fuentes del Gobierno indicaron que el interés de los empresarios y del ex funcionario condenado estaría vinculado a evitar el pago de impuestos adeudados, que rondarían los $1.200 millones, frenar el incremento del canon pesquero y bloquear el eventual envío del proyecto de «Ley de Ficha Limpia para la Pesca» que el Ejecutivo analiza presentar.

     

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  • Caputo amenaza con una purga en Transporte si no se concesionan todas las rutas antes de julio

     

    En medio de las crecientes denuncias por el abandono de las rutas nacionales por parte de Javier Milei, los reproches internos por el letargo de la promocionada «Red Federal de Concesiones» apuntan a Luis «Toto» Caputo, que ahora amenaza con una purga en Economía si antes de julio no hay avances concretos en este tema.

    Con el control de la Secretaría de Transporte y de Vialidad Nacional, el ministro agita desde 2024 este sistema de concesiones con peaje para la operación y mantenimiento de más de 9.000 kilómetros que dividió en tres etapas.

    Sin embargo, al momento solo una de esas tres etapas fue adjudicada, no sin polémica, a la empresa Alejandro Cartellone, involucrado en la causa Cuadernos.

    Además se trata del tramo más corto de los tres: 741 kilómetros de las rutas 12 y 14, con epicentro en Entre Ríos.

    Así, a más de un año de lanzada, la Red Federal de Concesiones de Caputo tiene más del 90% de su superficie sin concesionar.

     Todos los 9.000 kilómetros de corredores viales por donde pasa el 80% del transporte va a estar licitado en los próximos cuatro meses 

    Por eso, fuentes con llegada a Economía señalaron a LPO que el ministro lanzó un ultimátum en Vialidad y Transporte: si en la primera mitad de 2026 no está todo licitado, profundizará los despidos que ya aplicó en el área días atrás.

    Tal es la obsesión de Caputo por el tema, que ya hizo un compromiso público: «Todos los 9.000 kilómetros de corredores viales por donde pasa el 80% del transporte va a estar licitado en los próximos cuatro meses», dijo a Radio Mitre.

    Frente a la desesperación por mostrar signos de recuperación, Caputo salió a estimular el interés de los empresarios con créditos del BICE, banco que depende del Ministerio de Economía y que tiene entre sus autoridades a asesores y acérrimos defensores del ministro en redes sociales.

    Al final la primera obra pública de Milei se hará con fondos públicos

    Ya para la primera etapa, el BICE habilitó un crédito por hasta 56 mil millones o el 70% del total de la inversión.

    En tanto, parte de la Etapa II, que abarca las rutas 3, 205, 206 y autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza -Cañuelas, como así también la ruta 5 entre Luján y Santa Rosa están en proceso de licitación, con fecha de apertura de sobres para el 23 de febrero.

    Pero esos 1.872 kilómetros representan menos de la mitad de los 4.428 kilómetros previstos para la Etapa II, donde también figuran tramos como el Puntano (Ruta 8 a Villa Mercedes), el Mediterráneo, que va del norte bonaerense a Río Cuarto; y los Portuarios Sur (de Realicó a Rosario) y Norte (de Trenque Lauquen a Rosario).}

    Milei sacó un decreto contra la corrupción en la obra pública, pero el ganador de la ruta 12 está acusado en Cuadernos

    De estos tramos de la Etapa II no hay novedades para su llamado a licitación. Tampoco de la Etapa III, de casi 4.000 kilómetros en total.

    Esa tercera etapa comprende los tramos Centro, Mesopotámico, Centro-Norte, Noroeste, Litoral, Noreste, Chaco-Santa Fe y Cuyo. Ahí, figuran tramos detonados de la Ruta 9 (desde Santiago del Estero a Jujuy) y de la Ruta 7 en Mendoza.

    La impaciencia de Caputo por apurar estas licitaciones comprometen la posición de Marcelo Campoy, administradorde Vialidad que subsistió a los cambios que el ministro hizo recientemente y entre los que le dio salida a Luis Pierrini de Transporte, tras una denuncia por estafas con los fondos de la tarjeta SUBE.

     A más de un año de lanzada, la Red Federal de Concesiones de Caputo tiene más del 90% de su superficie sin concesionar.  

    En sector del Gobierno le endilgan a Vialidad el letargo en el avance de estas concesiones, sobre todo por las demoras en resolver algunos contratos por obras en rutas con constructoras que se arrastraban del gobierno anterior y que se congelaron desde la llegada de Milei. Sin cerrar esos casos, es imposible avanzar.

    La Red Federal de Concesiones viene siendo fuertemente objetada por organismos defensores de los usuarios viales, como Conaduv, que denunció que las concesiones viales de Milei triplican los peajes. «Es volver a un régimen nefasto y que fracasó en los 90», acusaron. 

     

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