“La acción es el poder que el individuo tiene para que todos los mecanismos y aparatos del Estado preocupados por la vigencia del sistema normativo se pongan en marcha para proteger el derecho vulnerado”
Giuseppe Chiovenda
En estos días se publicó la Ley 27.455 que prevé una modificación al Código Penal en materia de acciones dependientes de instancia privada. Dicho texto modifica precisamente el artículo 72 del libro primero, título XI de dicho Código.
La acción de los delitos contra la integridad sexual, como el abuso sexual simple o la violación, siguen siendo dependientes de instancia privada (la víctima tiene la responsabilidad de iniciar el proceso penal), pero con la modificación hay que poner atención, que en el caso que la víctima de abuso o violación, sea un niño, niña, adolescente o incapaz, la acción se convertirá en una acción pública (el Estado tiene la facultad de ejercer por sí mismo), cuando antes era de instancia privada.
Esto implicaría que cualquier persona, ante el conocimiento de un caso de abuso o violación a menores pueda acercarse a la policía o a la fiscalía a denunciar el hecho.
También, significa que el Estado deberá actuar, intervenir, investigar e impulsar el proceso penal ante el conocimiento del hecho delictivo.
Antes, la necesidad
de que un familiar de la víctima ratificara la denuncia terminaba por ser un
obstáculo para que se haga justicia, por que lamentablemente el 90% de los
casos el abusador es un familiar directo y como consecuencia de eso solo se
denuncia el 10% de los casos. Bien sabemos que estos hechos son muy delicados y
a su vez difíciles de afrontar para el círculo familiar, más aún si el abuso es
intrafamiliar, además que impacta e influye en toda la sociedad en general.
La ventaja que
presenta ésta modificación está relacionada con el respaldo por parte del
estado que recibiría la víctima y la familia de ésta, a la hora de afrontar el
engorroso trámite del proceso penal; además la posibilidad de hacer valer sus
derechos, ya que el estado cuenta con muchos más recursos y posibilidades para
poder llegar a la solución que espera la víctima y su familia.
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Juan Domingo Perón explicaba que sin ciencia y tecnología propias no hay soberanía, y sin soberanía no hay desarrollo posible. Exactamente a la inversa del proyecto libertario.
Por Walter Onorato para NLI
Hay textos que no envejecen: se actualizan. No porque el tiempo los haya tratado bien, sino porque las contradicciones que describen siguen vigentes —o incluso agravadas—. El capítulo dedicado a la ciencia y la tecnología en Modelo argentino para el proyecto nacional es uno de ellos. Allí, Juan Domingo Perón no sólo reflexiona sobre el desarrollo científico-tecnológico, sino que lo inscribe en una estrategia integral de liberación nacional, enfrentada de manera frontal al dogma liberal y a la dependencia estructural de los países periféricos.
El planteo parte de una definición clave: la tecnología no es neutra. Es poder social cristalizado, acumulable, transferible, comerciable, y por lo tanto, objeto de disputa política. Perón la define como una forma particular de “mercadería” inmaterial que entra en la producción, genera dependencia y condiciona las decisiones soberanas de un país cuando es controlada desde el exterior. Esta caracterización desmonta de raíz la visión tecnocrática que separa ciencia de política: para el peronismo, no hay desarrollo técnico sin proyecto nacional.
Perón escribe con claridad que los países de menor desarrollo relativo no pueden aceptar pasivamente la división internacional del conocimiento. La llamada “internacionalización del saber” —presentada muchas veces como cooperación desinteresada— encubre, en realidad, relaciones asimétricas de dominación. La dependencia tecnológica, advierte, es incluso más difícil de revertir que la financiera o la comercial, porque requiere largos procesos de acumulación, inversión sostenida y planificación estratégica. No se cambia de proveedor como se cambia de banco: se construye capacidad nacional o se profundiza la subordinación.
Este punto es central: sin base científico-tecnológica propia no hay liberación posible. La afirmación no es retórica ni abstracta. Perón la vincula directamente con la capacidad de decidir qué producir, cómo producir y para quién producir. La tecnología importada sin control nacional impone modelos productivos, ritmos de crecimiento y prioridades ajenas al interés popular. Por eso insiste en que toda incorporación tecnológica —sea externa o incluso nacional— debe estar gobernada por criterios políticos claros, orientados al modelo de sociedad que se busca construir.
En este marco, Perón rechaza explícitamente una política científico-tecnológica de tipo liberal. No hay aquí concesiones: la conducción del sistema científico debe estar en manos del Estado, con centralización estratégica y ejecución descentralizada. La ciencia no puede quedar librada al mercado ni a intereses extranjeros, porque su orientación define el perfil productivo del país. No se trata de acumular conocimiento por el conocimiento mismo, sino de identificar aquel saber indispensable para fortalecer el poder nacional de decisión.
El rol del científico y del tecnólogo ocupa un lugar destacado en el texto. Perón exige condiciones materiales y simbólicas para su desarrollo: estabilidad, reconocimiento social, remuneración digna, equipamiento adecuado y, sobre todo, utilidad social del conocimiento producido. Resulta especialmente contundente cuando señala la incoherencia de formar especialistas para luego expulsarlos —por falta de oportunidades— al exilio intelectual. La famosa “fuga de cerebros” no es un fenómeno natural: es una consecuencia directa de modelos dependientes que desprecian el conocimiento propio.
Hay, además, una dimensión ética profundamente peronista en esta concepción. Perón sostiene que el científico debe tener la capacidad de negarse a producir conocimientos que resulten perjudiciales para el país. Esta afirmación rompe con la idea liberal de neutralidad científica y plantea una responsabilidad social del saber, anticipando debates contemporáneos sobre tecnología, ambiente y desarrollo sustentable.
Finalmente, el texto propone incluso la constitucionalización de ciertos principios científico-tecnológicos, entendiendo que el desarrollo nacional no puede quedar sujeto a vaivenes coyunturales ni a gobiernos entreguistas. La ciencia y la tecnología, para Perón, son pilares estructurales del proyecto nacional, al mismo nivel que la industria, el trabajo y la justicia social.
Leído desde el presente, este capítulo funciona como una interpelación directa a las políticas de desfinanciamiento, extranjerización y mercantilización del sistema científico argentino. Frente al ajuste, la precarización y la subordinación tecnológica, Perón ofrece una hoja de ruta clara: planificación, soberanía y poder popular aplicado al conocimiento. No es nostalgia: es vigencia política.
