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ABUSO SEXUAL INFANTIL: DELITO DE INSTANCIA PÚBLICA

“La acción es el poder que el individuo tiene para que todos los mecanismos y aparatos del Estado preocupados por la vigencia del sistema normativo se pongan en marcha para proteger el derecho vulnerado”

Giuseppe Chiovenda

En estos días se publicó la Ley 27.455 que prevé una modificación al Código Penal en materia de acciones dependientes de instancia privada. Dicho texto modifica precisamente el artículo 72 del libro primero, título XI de dicho Código.  

La acción de los delitos contra la integridad sexual, como el abuso sexual simple o la violación, siguen siendo dependientes de instancia privada (la víctima tiene la responsabilidad de iniciar el proceso penal), pero con la modificación hay que poner atención, que en el caso que la víctima de abuso o violación, sea un niño, niña, adolescente o incapaz, la acción se convertirá en una acción pública (el Estado tiene la facultad de ejercer por sí mismo), cuando antes era de instancia privada.

Esto implicaría que cualquier persona, ante el conocimiento de un caso de abuso o violación a menores pueda acercarse a la policía o a la fiscalía a denunciar el hecho.

También, significa que el Estado deberá actuar, intervenir, investigar e impulsar el proceso penal ante el conocimiento del hecho delictivo.

Antes, la necesidad de que un familiar de la víctima ratificara la denuncia terminaba por ser un obstáculo para que se haga justicia, por que lamentablemente el 90% de los casos el abusador es un familiar directo y como consecuencia de eso solo se denuncia el 10% de los casos. Bien sabemos que estos hechos son muy delicados y a su vez difíciles de afrontar para el círculo familiar, más aún si el abuso es intrafamiliar, además que impacta e influye en toda la sociedad en general.

La ventaja que presenta ésta modificación está relacionada con el respaldo por parte del estado que recibiría la víctima y la familia de ésta, a la hora de afrontar el engorroso trámite del proceso penal; además la posibilidad de hacer valer sus derechos, ya que el estado cuenta con muchos más recursos y posibilidades para poder llegar a la solución que espera la víctima y su familia.   

Datos Estadísticos e imagen: Red por la Infancia
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    La definición del oficialismo se basa en que, por un lado, sería el propio Adorni el que está decidido a concurrir a la Cámara Baja. Pero, por otro lado, sería el gobierno quien le ofrecería al jefe de Gabinete la última oportunidad para defenderse públicamente.

    Por eso, el propio Menem aseguró que los 95 integrantes de la bancada libertaria estarán en el recinto para respaldar a Adorni, algo que consideran inconveniente en los bloques aliados que van desde el PRO y la UCR hasta el MID. El diputado Oscar Zago fue impiadoso al pedir la renuncia del vocero demudado.

    Fuentes del gobierno comentaron a LPO que la apuesta de la Casa Rosada es que el jefe de Gabinete monte «un gran show» y se despache «con chicanas contra la oposición», una actitud cuya efectividad habrá de comprobarse in situ. Además, el gabinete de Javier Milei anhela que Adorni «empiece a dar explicaciones consistentes de una buena vez».

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    En suma, una fuente al tanto de la situación aseguró a LPO que los hermanos Milei creen que, al haberse jugado tan fuerte en defensa de Adorni, cualquier resolución que contradiga el respaldo inicial implicaría «una desautorización política terrible». «Quedarían en una posición de debilidad y después van a ir por ellos», sintetizó la fuente.

    Martín Menem.

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    Este planteo se hizo a la sala de Casación integrada por Mariano Borinsky, Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques el pasado 26 de marzo. La Cámara indicó entonces que en 20 días hábiles difundiría su veredicto.

     

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