“La acción es el poder que el individuo tiene para que todos los mecanismos y aparatos del Estado preocupados por la vigencia del sistema normativo se pongan en marcha para proteger el derecho vulnerado”
Giuseppe Chiovenda
En estos días se publicó la Ley 27.455 que prevé una modificación al Código Penal en materia de acciones dependientes de instancia privada. Dicho texto modifica precisamente el artículo 72 del libro primero, título XI de dicho Código.
La acción de los delitos contra la integridad sexual, como el abuso sexual simple o la violación, siguen siendo dependientes de instancia privada (la víctima tiene la responsabilidad de iniciar el proceso penal), pero con la modificación hay que poner atención, que en el caso que la víctima de abuso o violación, sea un niño, niña, adolescente o incapaz, la acción se convertirá en una acción pública (el Estado tiene la facultad de ejercer por sí mismo), cuando antes era de instancia privada.
Esto implicaría que cualquier persona, ante el conocimiento de un caso de abuso o violación a menores pueda acercarse a la policía o a la fiscalía a denunciar el hecho.
También, significa que el Estado deberá actuar, intervenir, investigar e impulsar el proceso penal ante el conocimiento del hecho delictivo.
Antes, la necesidad
de que un familiar de la víctima ratificara la denuncia terminaba por ser un
obstáculo para que se haga justicia, por que lamentablemente el 90% de los
casos el abusador es un familiar directo y como consecuencia de eso solo se
denuncia el 10% de los casos. Bien sabemos que estos hechos son muy delicados y
a su vez difíciles de afrontar para el círculo familiar, más aún si el abuso es
intrafamiliar, además que impacta e influye en toda la sociedad en general.
La ventaja que
presenta ésta modificación está relacionada con el respaldo por parte del
estado que recibiría la víctima y la familia de ésta, a la hora de afrontar el
engorroso trámite del proceso penal; además la posibilidad de hacer valer sus
derechos, ya que el estado cuenta con muchos más recursos y posibilidades para
poder llegar a la solución que espera la víctima y su familia.
La crisis policial en Santa Cruz no cesa. Tras más de un mes de rebelión en reclamos de mejores salariales, el gobiernos y los efectivos policiales se reunieron con el gobierno de Claudio Vidal pero la negociación fracasó.
Según el medios locales, el gobierno patagónico «terminó por coronar el fracaso de siete intentos de acuerdos previos por diferencias sustanciales de los aumentos pactados está en el tiempo y en la cantidad de sumas en negro».
Vidal ofreció un salario de $ 1.600.000 de acá al mes de diciembre pero las dificultades se dieron en la integración del mismo ya que los efectivos pretendían que el monto se integrara a partir de este mes y el gobierno se lo desdoblaba en todo un semestre.
Por otra parte si bien algunos ítems se regularizaron, aún restan muchas sumas en negro que no son aceptadas por los efectivos en servicio, por cuanto a quienes se retiren, esas sumas integraran el salario y a los que hoy son retirados, no les correspondería cobrarlas por su carácter no remunerativo.
En ese marco, los policías decidieron profundizar la manifestación en las calles con carpas frente a la casa de gobierno, cortes de calle y la instalación de una carpa en pleno invierno, una de ellas en la residencial de Vidal en Río Gallegos.
En medio de la crisis, filtraron un video que presenta imágenes de un operativo policial realzado en 2015 en donde aparecen detenidos Vidal y su ministro de Seguridad, Pedro Prodromos por el homicidio de Reinaldo Vargas ocurrido el 9 de abril de ese año en Caleta Olivia. Vargas era un joven militante de la UOCRA que murió de un disparo en la cabeza en un enfrentamiento con el sindicato de petroleros de Vidal.
Lo cierto es que la crisis está poniendo en jaque la gestión del gobernador patagónico que, como contó LPO, viajó a Buenos Aires el 30 de junio para negociar una ayuda económica que le permita desactivar la rebelión.
Sin respaldo político y con una crisis social en ascenso, el gobernador patagónico consiguió al menos que la secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano dictara un cuarto intermedio hasta este miércoles, con el objetivo de que la provincia pudiera diseñar una oferta para salir del conflicto con los uniformados.
Dirigentes opositores a Vidal dijeron que el gobernador «no está controlando nada» y advirtieron que «si consigue dinero para pagar un aumento a la Policía, se le van a ir al humo todos». Esa apreciación apunta a que el malestar también alcanza a los gremios docentes y el sector de la salud.
Después de los gestos de Casa Rosada al llaryorismo, y viceversa, este martes el esquema opositor en Córdoba tuvo un manto de tranquilidad por la foto en jefatura de Gabinete entre Diego Santilli, Gabriel Bornoroni y Luis Juez. Reunión que fue casi a pedido del senador para tratar de enfriar el fantasma del pacto que agita el peronismo cordobés con los Milei de cara al 2027.
Y que, en el último tiempo, se tradujo con envío de fondos adeudados a la provincia y otra sintonía desde que el gobernador Martín Llaryora puso como interlocutor con Balcarce 50 al nuevo jefe de gabinete provincial, Manuel Calvo. En un rol casi inédito para la orgánica del cordobesismo en este cuarto de siglo.
Si bien a la salida de la reunión de la oposición cordobesa con Santilli, el libertario Bornoroni se mostró exultante en redes; el más apurado de ambos por la demostración de una foto que sirva para seguir conteniendo tropa y rechazar el acuerdo entre el peronismo y la Casa Rosada era Juez. Molesto, sobre todo en el último tiempo, por los envíos de partidas del Gobierno nacional y una foto que rápidamente logró Calvo con Santilli.
«Juez necesitaba que Bornoroni se de cuenta que hay cosas que le están pasando por el lado, como el envío de 400 mil millones de pesos de un saque, y eso el peronismo lo va a capitalizar. Porque son pícaros y hace rato que están en esto», dijo una fuente al tanto de lo que ocurrió en la reunión con ‘el Colorado’.
En las últimas semanas, Bornoroni y Juez -con mucha más vehemencia que el libertario- salieron a desestimar la posibilidad de un acuerdo de la Nación con el cordobesismo y repiten a coro que los Milei quieren ganar Córdoba. Análisis que no comparten en el PJ mediterráneo donde ven la posibilidad de reeditar el pacto con Macri del 2015 y el 2019, con el rol del exgobernador Juan Schiaretti jugando en el tablero nacional para dividir el voto PJ.
Posibilidad de la que descreen por completo en el juecismo. «Ya lo liquidó el año pasado (Gonzalo) Roca en la elección. Esos famosos 7 puntos que dicen que tiene Schiaretti son del 2023. ¿Vos te crees que después de la paliza del año pasado los conserva?», lanzó un juecista frente a la hipótesis de un Schiaretti al servicio de la reelección de Llaryora.
En tanto, hay otro factor que observa el Frente Cívico y no está en el fantasma del pacto, sino en la chance de que Bornoroni quiera jugar la doble chance: candidatura a gobernador primero (la elección sería entre marzo y abril) y después al Senado en caso de derrota. «Si gana de arranque en la primera, no hay por qué pensar en el Senado», dicen.
No obstante, esa receta en el manual de Karina y Lule Menem existe: jugar a ganador con Bornoroni en la Provincia y, en caso de que no funcione, llevar al libertario al Senado. Porque, como ya contó LPO, los Milei quieren puros en el Congreso en caso de una reelección del libertario.
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La decisión del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva de retirar a su embajador en Buenos Aires marca un hecho sin precedentes en cuatro décadas de democracia. La escalada llega después de una nueva serie de agravios públicos de Milei contra el presidente brasileño y vuelve a poner en discusión el costo político, económico y comercial de una diplomacia basada en la confrontación permanente.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La relación entre Argentina y Brasil acaba de ingresar en uno de sus momentos más delicados desde el retorno de la democracia. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva decidió retirar a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y reducir la representación diplomática al nivel de encargado de negocios, una señal política de enorme gravedad que en la práctica implica congelar el vínculo institucional entre las dos principales economías de Sudamérica mientras persistan las agresiones de Milei. La medida fue comunicada oficialmente por el Palacio de Itamaraty luego de una nueva escalada verbal protagonizada por el mandatario argentino, quien durante el fin de semana volvió a descalificar públicamente a Lula con insultos personales y cuestionamientos políticos.
La decisión brasileña constituye mucho más que un gesto protocolar. Desde la reconstrucción democrática iniciada en los años ochenta, Argentina y Brasil construyeron una política de Estado basada en la cooperación estratégica, la integración económica y la consolidación del Mercosur como herramienta de desarrollo regional. Gobiernos de distintos signos políticos mantuvieron ese principio incluso en momentos de profundas diferencias ideológicas. Carlos Menem convivió con Fernando Henrique Cardoso; Néstor Kirchner y Cristina Fernández fortalecieron la alianza con Lula; Mauricio Macri preservó los canales institucionales con Michel Temer y posteriormente con Jair Bolsonaro. Nunca antes un conflicto estrictamente político había derivado en una degradación formal de la representación diplomática de semejante magnitud.
La explicación ofrecida por Brasil fue contundente. Desde Itamaraty señalaron que las reiteradas agresiones personales de Milei contra Lula, sumadas a los cuestionamientos dirigidos contra instituciones brasileñas, tornaron imposible mantener la normalidad diplomática. La decisión implica que el embajador Bitelli no regresará a Buenos Aires mientras persista el actual escenario político, dejando la representación brasileña en manos de un funcionario de menor rango, una figura utilizada habitualmente cuando las relaciones atraviesan una crisis seria pero sin llegar a la ruptura formal.
La respuesta del Gobierno argentino no modificó el tono del conflicto. La Cancillería calificó la decisión brasileña como «unilateral» y sostuvo que responde a motivaciones «ideológicas», aunque evitó hacer cualquier referencia a las expresiones utilizadas por Milei contra Lula. El comunicado oficial volvió a responsabilizar exclusivamente al gobierno brasileño por el deterioro del vínculo, una postura que profundiza la distancia entre ambas administraciones y reduce aún más las posibilidades de una recomposición inmediata.
Detrás del conflicto diplomático aparece un dato imposible de ignorar: Brasil es el principal socio comercial de la Argentina, el principal destino de las exportaciones industriales nacionales y un actor determinante para sectores como la industria automotriz, la maquinaria agrícola, la energía, la producción metalúrgica y numerosos complejos manufactureros. Cada deterioro político termina generando incertidumbre entre empresas, inversores y exportadores que dependen de un flujo comercial construido durante décadas. Si bien la decisión brasileña no implica por ahora restricciones económicas, el mensaje político introduce un factor adicional de inestabilidad para un país que atraviesa una profunda recesión, dificultades para generar divisas y una creciente dependencia del financiamiento externo.
La crisis también representa un golpe para el Mercosur. Mientras el bloque intenta redefinir su papel frente a un escenario internacional cada vez más competitivo, la confrontación entre Buenos Aires y Brasilia debilita la capacidad de negociación regional y erosiona uno de los pilares históricos del proceso de integración sudamericano. No se trata únicamente de una diferencia entre presidentes, sino de un conflicto que afecta el funcionamiento de instituciones, mecanismos de coordinación y agendas comunes desarrolladas durante décadas.
Desde la llegada de Milei al poder, la política exterior argentina abandonó la tradicional búsqueda de consensos regionales para privilegiar los alineamientos ideológicos. Los enfrentamientos con gobiernos latinoamericanos, las tensiones con organismos multilaterales y la identificación casi exclusiva con determinados liderazgos internacionales fueron modificando el perfil diplomático argentino. La relación con Brasil constituye probablemente el ejemplo más evidente de esa transformación: un vínculo históricamente considerado estratégico quedó subordinado a la confrontación política y a declaraciones públicas que, finalmente, terminaron produciendo consecuencias institucionales concretas.
Contenido simbólico
La decisión de Lula adquiere además un fuerte contenido simbólico. Brasil eligió responder mediante los mecanismos tradicionales de la diplomacia, evitando una ruptura total pero dejando en claro que considera inaceptables los ataques reiterados del presidente argentino. En términos internacionales, retirar a un embajador constituye una de las sanciones políticas más severas antes de la ruptura de relaciones, y suele reservarse para situaciones excepcionales.
Mientras tanto, Argentina enfrenta un escenario complejo. La crisis se produce en momentos en que el Gobierno necesita recuperar inversiones, fortalecer el comercio exterior y mejorar su inserción internacional. Sin embargo, la política exterior vuelve a convertirse en un frente de conflicto que suma incertidumbre a una economía ya golpeada por la caída del consumo, el deterioro industrial y la fragilidad financiera. El episodio deja una pregunta abierta sobre los costos que puede tener para el país una estrategia diplomática basada más en la confrontación personal que en la defensa pragmática de los intereses nacionales.
Escribe Mica Martinez De a poco vuelven las actividades en esta nueva normalidad, como se denomina en estos tiempos al contexto post pandemia que venimos atravesando, y el arte vuelve a disfrutarse en espacios públicos y también en teatros y salas. La experiencia del teatro es única porque cada función así lo es: “si bien…