“La acción es el poder que el individuo tiene para que todos los mecanismos y aparatos del Estado preocupados por la vigencia del sistema normativo se pongan en marcha para proteger el derecho vulnerado”
Giuseppe Chiovenda
En estos días se publicó la Ley 27.455 que prevé una modificación al Código Penal en materia de acciones dependientes de instancia privada. Dicho texto modifica precisamente el artículo 72 del libro primero, título XI de dicho Código.
La acción de los delitos contra la integridad sexual, como el abuso sexual simple o la violación, siguen siendo dependientes de instancia privada (la víctima tiene la responsabilidad de iniciar el proceso penal), pero con la modificación hay que poner atención, que en el caso que la víctima de abuso o violación, sea un niño, niña, adolescente o incapaz, la acción se convertirá en una acción pública (el Estado tiene la facultad de ejercer por sí mismo), cuando antes era de instancia privada.
Esto implicaría que cualquier persona, ante el conocimiento de un caso de abuso o violación a menores pueda acercarse a la policía o a la fiscalía a denunciar el hecho.
También, significa que el Estado deberá actuar, intervenir, investigar e impulsar el proceso penal ante el conocimiento del hecho delictivo.
Antes, la necesidad
de que un familiar de la víctima ratificara la denuncia terminaba por ser un
obstáculo para que se haga justicia, por que lamentablemente el 90% de los
casos el abusador es un familiar directo y como consecuencia de eso solo se
denuncia el 10% de los casos. Bien sabemos que estos hechos son muy delicados y
a su vez difíciles de afrontar para el círculo familiar, más aún si el abuso es
intrafamiliar, además que impacta e influye en toda la sociedad en general.
La ventaja que
presenta ésta modificación está relacionada con el respaldo por parte del
estado que recibiría la víctima y la familia de ésta, a la hora de afrontar el
engorroso trámite del proceso penal; además la posibilidad de hacer valer sus
derechos, ya que el estado cuenta con muchos más recursos y posibilidades para
poder llegar a la solución que espera la víctima y su familia.
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El gobierno consiguió este miércoles darle media sanción a la ley que modifica el régimen se Zonas Frías para subsidiar a los hogares alcanzados por la norma vigente desde 2021, en el consumo de gas. Con 132 votos por la afirmativa, 105 por la negativa y las abstenciones de los tres catamarqueños de Raúl Jalil y el lilito Maximiliano Ferraro, el oficialismo aprobó su iniciativa cerca de las 22, después de casi 12 horas de sesión.
Al igual que con el quórum, los libertarios contaron con el respaldo del PRO, la UCR, el MID, los sanjuaninos de Marcelo Orrego, los tucumanos de Osvaldo Jaldo y casi todos los representantes de Innovación Federal, la bancada que responde a Carlos Rovira y Gustavo Sáenz. Para obtener ese apoyo, Diego Santilli gastó los teléfonos de los gobernadores en la previa de la sesión prometiendo un alivio para las tarifas eléctricas bajo la forma de un canje de «zona cálida por zona fría».
Durante el debate, los libertarios acusaron al peronismo de hacer «populismo tarifario» y se jactaron de proponer una iniciativa que busca reparar ese problema. El mendocino Facundo Correa Llano, miembro informante del oficialismo, dijo que «la política argentina se construyó sobre subsidios indiscriminados, sobre distorsiones, sobre privilegios», y agregó: «eso nos llevó a confundir lo que es la sensibilidad social con desorden, subsidios con privilegios, y política energética con populismo tarifario».
En su intervención, no mencionó que la mutilación de las zonas frías estaba contemplada en el capítulo 11 del proyecto de presupuesto que la oposición abortó con la media sanción de la Cámara Baja, en diciembre del año pasado, un golpe a la trampa que había montado Luis Toto Caputo para profundizar el ajuste. De hecho, Correa Llano reivindicó «el camino basado en el equilibrio fiscal, en la inversión privada, en reglas claras, en un sistema energético sostenible y en subsidios focalizados».
La cordobesa Laura Rodríguez Machado, que saltó en 2025 del PRO a LLA, presumió que el gobierno está «desarmando una bomba que dejó el kirchnerismo». «Estamos en contra de darle subsidios a quienes no lo necesitan», dijo, y concluyó: «nosotros cuidamos la plata de los argentinos asignándola a los recursos de quienes realmente la necesitan».
Horas más tarde le respondería la diputada Carolina Basualdo, también oriunda de Córdoba pero integrada al interbloque de Provincias Unidas. «Tomo la palabra en nombre de las 688 mil familias cordobesas a las que les quitan los subsidios», anunció antes de criticar que «la política energética de la Nación no puede diseñarse desde un escritorio en Buenos Aires».
Basualdo coincidió con el salteño Bernardo Biella en su preocupación sobre el destino del 7,5 por ciento de la factura que todos los consumidores pagan para la constitución del Fondo Fiduciario que financia los subsidios. «Los cordobeses vamos a seguir aportando», dijo con orgullo la diputada de Martín Llaryora.
Biella, por su parte, se preguntó si el dinero tributado sería imputado al pago de obras, como debería suceder con el impuesto a los combustibles, o jubilaciones. Miembro del bloque Innovación Federal, que responde a Gustavo Sáenz, el legislador había dicho antes de dar quórum que votaría contra la ley porque «en Salta hace más frío que en Mendoza».
Sobre el debate acerca del financiamiento del Fondo Fiduciario que sostiene los subsidios, el ex diputado y director del Instituto Consenso Federal, Alejandro «Topo» Rodrígez, recordó que «presentó superávit en 2021, 2022 y 2023, pero apenas asumió Javier Milei entró en déficit». Según sus cálculos, en 2021 hubo un superávit de 16 mil millones de pesos; en 2022, fue de 7697 millones de pesos; y en 2023, alcanzó 39 mil millones de pesos de balance positivo, mientras que en 2024 cayó en un déficit de 54 mil millones de pesos.
El impacto de la reforma impulsada por la Casa Rosada afecta a 1,2 millones de hogares en la Provincia de Buenos Aires. Como hay 6 millones en total en ese distrito, el impacto se produce sobre el 20 por ciento de las familias. A nivel nacional, casi 4 millones de hogares serían alcanzados por el recorte.
La camporista Paula Penacca salió al cruce también de los colegas suyos que criticaban la política de subsidios de los gobiernos kirchneristas. «Desde que asumió Javier Milei, el aumento de tarifas fue de 980 por ciento mientras que la inflación fue del 240 por ciento», graficó.
Quizá como advertencia, el rionegrino Miguel Pichetto evocó: «allá por el 2000, el gobierno de Fernando De La Rúa tomó una medida igual con el subsidio del combustible».
La votación sobre el régimen de Zona Fría incluyó un articulado que busca compensa las deudas que las compañías eléctricas arrastran con la mayorista Cammesa, desde la época en la que las tarifas estaban congeladas. El avance de este mecanismo podría disparar las cotizaciones de Edenor y Edesur, las dos eléctricas que cotizan en la Bolsa.
La compensación es una idea de la secretaria de Energía, Martía Tettamanti, que entiende que los años de tarifas congeladas son un «activo regulatorio» de las distribuidoras que no tenían otra alternativa que dejar de pagarle a Cammesa, para no quebrar. «Las eléctricas no iba a pagar esa deuda y el Gobiero no se la iba a pagar, pero hacer esta compensación es importante porque le mejora el balance en los libros y ahora las compañías valen mucho más, si algún grupo las quiere comprar», explicó a LPO un directivo del sector.
El corazón de la discusión está en el artículo 4 del proyecto 03/PE-2026 enviado por Javier Milei bajo el título «Autosuficiencia económico financiera del Mercado Eléctrico Mayorista». Detrás del lenguaje técnico, la iniciativa habilita al Estado a reconocerles a las distribuidoras eléctricas «ingresos no percibidos» durante los años de congelamiento tarifario entre 2002 y 2015.
La idea es sencilla pero su implementación no tanto. La idea es que el Estado calculará cuánto dinero habrían dejado de ganar las empresas durante los años de tarifas pisadas y luego utilizaría ese monto para compensar las deudas que mantienen con Cammesa por compra de energía. Pero todavía no hay acuerdo sobre las cifras.
Según los balances de las propias compañías, Edenor mantiene una deuda con Cammesa de 395.698 millones de pesos al 31 de marzo de 2026. Pero la empresa reclama un «activo regulatorio» de 3,65 billones de pesos a valores de septiembre de 2024, presentado en la Revisión Quinquenal Tarifaria 2025. Es decir: el reclamo empresario supera más de diez veces la deuda que mantiene con Cammesa.
Para el mercado esto es potencialmente enorme. Si el Estado reconoce aunque sea parte de esos activos regulatorios, Edenor y eventualmente Edesur mejoran fuertemente patrimonio y resultados. Eso después se traduce en valuación bursátil.
Por eso, durante el tratamiento de la ley la oposición cuestionó que el articulado deja abierta una zona gris: qué ocurre con el excedente entre el «activo regulatorio» y la deuda con Cammesa. En efecto, el texto establece que el eventual crédito se utilizará «hasta el límite» de las obligaciones con Cammesa. Pero no aclara qué pasa con el saldo restante.
Como sea, un operador del mercado que sigue de cerca a las energéticas explicó a LPO que la lectura en la City es muy clara: «Si el Gobierno termina validando la compensación, las distribuidoras podrían mostrar una mejora patrimonial muy importante en sus balances y esto debería empujar las acciones», afirmó.
La secretaria de Energía, María Tettamanti.
«Para el mercado esto es potencialmente enorme. Si el Estado reconoce aunque sea parte de esos activos regulatorios, Edenor y eventualmente Edesur mejoran fuertemente patrimonio y resultados», explicó.
«El mercado interpreta que el Gobierno está dispuesto a ordenarles los balances a las distribuidoras y eso normalmente termina impactando en la cotización de las acciones», agregó.
El proyecto también establece que las sumas resultantes quedarían exentas del Impuesto a las Ganancias para las distribuidoras y transportistas eléctricas de jurisdicción federal.
Por eso, los críticos sostienen que el Gobierno está construyendo un privilegio fiscal y regulatorio para las distribuidoras, pero lo cierto es que en la City entienden que la combinación de reorganización tarifaria y compensación de deudas, no sólo limpia el balance de las empresas, si no que además las deja en condiciones objetivas para que mejore de manera importante su cotización bursátil.
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