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ABUSO SEXUAL INFANTIL: DELITO DE INSTANCIA PÚBLICA

“La acción es el poder que el individuo tiene para que todos los mecanismos y aparatos del Estado preocupados por la vigencia del sistema normativo se pongan en marcha para proteger el derecho vulnerado”

Giuseppe Chiovenda

En estos días se publicó la Ley 27.455 que prevé una modificación al Código Penal en materia de acciones dependientes de instancia privada. Dicho texto modifica precisamente el artículo 72 del libro primero, título XI de dicho Código.  

La acción de los delitos contra la integridad sexual, como el abuso sexual simple o la violación, siguen siendo dependientes de instancia privada (la víctima tiene la responsabilidad de iniciar el proceso penal), pero con la modificación hay que poner atención, que en el caso que la víctima de abuso o violación, sea un niño, niña, adolescente o incapaz, la acción se convertirá en una acción pública (el Estado tiene la facultad de ejercer por sí mismo), cuando antes era de instancia privada.

Esto implicaría que cualquier persona, ante el conocimiento de un caso de abuso o violación a menores pueda acercarse a la policía o a la fiscalía a denunciar el hecho.

También, significa que el Estado deberá actuar, intervenir, investigar e impulsar el proceso penal ante el conocimiento del hecho delictivo.

Antes, la necesidad de que un familiar de la víctima ratificara la denuncia terminaba por ser un obstáculo para que se haga justicia, por que lamentablemente el 90% de los casos el abusador es un familiar directo y como consecuencia de eso solo se denuncia el 10% de los casos. Bien sabemos que estos hechos son muy delicados y a su vez difíciles de afrontar para el círculo familiar, más aún si el abuso es intrafamiliar, además que impacta e influye en toda la sociedad en general.

La ventaja que presenta ésta modificación está relacionada con el respaldo por parte del estado que recibiría la víctima y la familia de ésta, a la hora de afrontar el engorroso trámite del proceso penal; además la posibilidad de hacer valer sus derechos, ya que el estado cuenta con muchos más recursos y posibilidades para poder llegar a la solución que espera la víctima y su familia.   

Datos Estadísticos e imagen: Red por la Infancia
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    En la licitación para la concesión por 20 años del corredor de la autopista Ricchieri, el Gobierno corrió de competencia a la estatal bonaerense Aubasa y, de las 11 ofertas en pugna, dejó en carrera a seis. Entre ellas, sorprendió la presencia de CPC, de Cristóbal López.

    Dentro de las licitaciones de la Red Federal de Concesiones que Toto Caputo pretende tener adjudicadas antes de mitad de año, la constructora del empresario patagónico vinculado al kirchnerismo también pasó el filtro para el tramo de la Ruta Nacional 5 que conecta el oeste bonaerense con Santa Rosa, La Pampa.

    Según se desprende del dictamen de preclasificación al que tuvo acceso LPO (ver abajo), las ofertas de CPC -que hizo de manera conjunta con Clear Petroleum- fueron admitidas pese a la medida cautelar informada respecto de esa firma. Para el aval, se citó la sentencia que declaró concluido el concurso preventivo.

    Distinta fue la consideración que tuvieron en el Ministerio de Economía con Aubasa, a la que objetaron argumentando que la documentación de la estatal bonaerense «da cuenta de tareas de operación, pero no acredita la ejecución material de obras con recursos y estructura propia, en los términos exigidos por el pliego».

    En el Gobierno aducen que ese requisito apunta a que se trate de una empresa que ejecute efectivamente las obras por sí misma y no de contratistas que las tercericen. También, acusaron que la oferta de Aubasa presentó un «incumplimiento de los requisitos económico-financieros».

    Caputo amenaza con una purga en Transporte si no se concesionan todas las rutas antes de julio

    Pero en la administración de Axel Kicillof hablan de una «exclusión arbitraria». La empresa estatal que comanda el massista José Arteaga refutaron los argumentos de la Secretaría de Transporte nacional y marcaron que Aubasa «viene ejecutando un plan de obras inédito en sus rutas de concesión actual»

    Sobre el aspecto económico-financiero, en la Provincia acusaron «deficiencias metodológicas y omisiones relevantes en la evaluación», incluyendo la falta de consideración de documentación «presentada en tiempo y forma» por la empresa, así como «la ausencia de una fundamentación clara de los criterios utilizados».

     En el sector miran con atención el avance en esta licitación de la constructora de Cristóbal López y lo leen como señales de un diálogo abierto entre el gobierno libertario y el dueño del Grupo Indalo. 

    «Se observa una posible afectación al principio de igualdad de trato, en tanto se habría aplicado a Aubasa un criterio más restrictivo que el utilizado respecto de otros oferentes», denunciaron en la empresa estatal bonaerense que presentó una impugnación que puede generar una dilación del proceso licitatorio de esta etapa.

    En el sector miran con atención el avance en esta licitación de la constructora de Cristóbal López y lo leen como señales de un diálogo abierto entre el gobierno libertario y el dueño del Grupo Indalo.

    En esa clave hay quienes también observan las negociaciones que encaran con Milei Ricardo Benedicto, Manuel Lao y Federico de Achával para traspasar por decreto los barcos casino y el Hipódromo de Palermo a la órbita nacional, como reveló LPO.

    Achával y Benedicto negocian con Milei que traspase el Barco Casino y el Hipódromo a Nación, en un golpe a Macri 

    Sucede que Benedicto es quien le compró a Cristóbal López su participación en los casinos en una operación que aún no terminó de saldarse.

    En el caso del corredor de la Ricchieri, la constructora del empresario patagónico competirá con las ofertas de Roggio-Chediack; Creditch-Ceosa; Panedile-Supercemento-Eleprint; Vial Agro-Fontana Nicastro y Concret Nor-Marcalba-Pose-Coarco. Entre las descartadas, además de Aubasa, figuró Sacde, de Marcelo Mindlin. 

     

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