“La acción es el poder que el individuo tiene para que todos los mecanismos y aparatos del Estado preocupados por la vigencia del sistema normativo se pongan en marcha para proteger el derecho vulnerado”
Giuseppe Chiovenda
En estos días se publicó la Ley 27.455 que prevé una modificación al Código Penal en materia de acciones dependientes de instancia privada. Dicho texto modifica precisamente el artículo 72 del libro primero, título XI de dicho Código.
La acción de los delitos contra la integridad sexual, como el abuso sexual simple o la violación, siguen siendo dependientes de instancia privada (la víctima tiene la responsabilidad de iniciar el proceso penal), pero con la modificación hay que poner atención, que en el caso que la víctima de abuso o violación, sea un niño, niña, adolescente o incapaz, la acción se convertirá en una acción pública (el Estado tiene la facultad de ejercer por sí mismo), cuando antes era de instancia privada.
Esto implicaría que cualquier persona, ante el conocimiento de un caso de abuso o violación a menores pueda acercarse a la policía o a la fiscalía a denunciar el hecho.
También, significa que el Estado deberá actuar, intervenir, investigar e impulsar el proceso penal ante el conocimiento del hecho delictivo.
Antes, la necesidad
de que un familiar de la víctima ratificara la denuncia terminaba por ser un
obstáculo para que se haga justicia, por que lamentablemente el 90% de los
casos el abusador es un familiar directo y como consecuencia de eso solo se
denuncia el 10% de los casos. Bien sabemos que estos hechos son muy delicados y
a su vez difíciles de afrontar para el círculo familiar, más aún si el abuso es
intrafamiliar, además que impacta e influye en toda la sociedad en general.
La ventaja que
presenta ésta modificación está relacionada con el respaldo por parte del
estado que recibiría la víctima y la familia de ésta, a la hora de afrontar el
engorroso trámite del proceso penal; además la posibilidad de hacer valer sus
derechos, ya que el estado cuenta con muchos más recursos y posibilidades para
poder llegar a la solución que espera la víctima y su familia.
Se informa a los ciudadanos de Villa Regina que los descuentos vigentes para el pago anual las Tasas Municipales son los siguientes: pagando hasta el 30 de enero será de un 22 %, mientras que quienes decidan hacerlo en el mes de febrero, tienen tiempo hasta el 28 y el porcentaje de descuento aplicado será…
En Argentina el mundo del padel está atravesado por una feroz grieta que tuvo días atrás un incidente serio cuando un representante de jugadores recibió una feroz paliza durante la fecha del Premier Padel que se disputó en Parque Roca.
El trasfondo de las tensiones tiene que ver con la pelea por el control del negocio en Argentina, donde se baten todos los récords de público. Por caso, a las semifinales de edición del Premier de Buenos Aires asistieron casi 17.000 personas.
Por un lado está Santiago Brito, uno de los seis hijos de Jorge Brito, el banquero fallecido en 2020 cuando su helicóptero se estrelló en Salta. Santiago es el presidente de la Asociación de Padel Argentino (APA), una entidad creada por su padre, y mantiene una sociedad fuerte con históricos de ese deporte en el país como Alejandro Lasaigues y Facundo Mazzuchi.
Quien busca remover a Brito de la APA es Lisandro Borges, un amigo muy cercado de Mauricio Macri. Borges es empresario y dueño del World Padel Center de Nordelta, uno de los clubes más lujosos. Supo tener la representación de los torneos internacionales hasta que Brito se los arrebató. Ahí empezó la guerra.
Ambos arrastran además un pelea familiar, toda vez que Borges estuvo casado con Milagros Brito, hermana de Santiago, y una reconocida empresaria del mundo del real estate. Milagros fue además, la primera esposa de Roberto García Moritán, el ahora ex novio de Pampita.
Borges y Macri son muy cercanos. El 24 de junio de 2023, cuando el PRO definía una durísima interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio se mostraba distante a esa rosca y se pasó el día jugando al padel en las canchas de Borges. El propio empresario publicaría las fotos de ese día en sus redes en la que aparece además Jonathan Kovalivker, dueño de la droguería Suizo Argentina, quien quedó vinculado a presuntas coimas en la provisión de medicamentos con la Agencia Nacional de Discapacidad.
La amistad entre el ex presidente y Borges es fuerte. Superó incluso el escándalo Scholas Ocurrentes en 2016, un episodio que generó tensión entre Macri y el Papa. El empresario del padel estuvo vinculado a esas maniobras que enfurecieron a Jorge Bergoglio.
Uno de los trasfondos de la pelea entre Borges y Brito tiene que ver con la representación de jugadores y las chances de éstos de estar en el mundial de padel, una selección que define la APA controlada por Santiago.
Santiago Brito, Victoria Villarruel y Guillermo Montenegro.
Borges es dueño de The Player Padel Agency, una agencia que representa a jugadores importantes como Leo Augsburger, actual número 8 del mundo y una de las promesas del padel mundial. Borges sabe que sus representados pueden ser boicoteados por Brito para conformar la selección argentina.
Una prueba de que la tensión entre Brito y Borges se está saliendo de control es el incidente ocurrido días atrás en el Premier de Buenos Aires cuando cuatro personas trompearon a Facundo Guzzetti, socio de Borges en The Player Padel Agency.
Facundo Guzzetti (a la izquierda) con Lisandro Borges y jugadores de The Player Padel Agency en Paris.
El episodio ocurrió en una zona pública, cerca de la carpa VIP. Guzzetti denunció que cuatro personas lo agarraron, le pegaron y lo sacaron del predio a la fuerza.
«Yo trabajo en la industria, trabajo con los jugadores y quise ir porque había un partido en el que jugaban tres representados por la agencia», relató Guzzetti en sus redes. «Estaba hablando con un periodista cuando siento una mano por atrás que me ahorca. Pensé que era una joda, pero enseguida me agarran las dos manos y mientras me pegaban me sacan del predio», contó. Según denunció, uno de los agresores es profesor de boxeo de Brito y su guardaespalda personal.
Al igual que Borges, Guzzetti también es un crítico de la gestión de Brito. Asegura que los padres de los chicos que buscan hacer una carrera en ese deporte están muy molestos con el presidente de la APA. Entre los motivos enumera que armó un torneo demasiado federal que resulta muy costos para los padres de los pibes. Además, las canchas en las que compiten son malas y también las instalaciones.
La Municipalidad de Villa Regina adhiere a la Resolución N° 4989 del Ministerio de Salud de Río Negro que dispuso extender las medidas sanitarias destinadas a contener los contagios de COVID-19 hasta el 16 de julio, inclusive. Se establecieron algunas modificaciones con respecto a las restricciones anteriores. Entre otras cosas, la cartera sanitaria provincial habilitó…
El gobierno libertario pone cada vez más restricciones.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El paquete de resoluciones publicado este miércoles por el Ministerio de Seguridad Nacional en el Boletín Oficial volvió a dejar expuesta una orientación política cada vez más definida del gobierno de Javier Milei: ampliar mecanismos de vigilancia, reforzar restricciones administrativas y consolidar herramientas de control preventivo sobre la vida social. Detrás de medidas que en apariencia aparecen fragmentadas —estadios, bases de datos, restricciones de concurrencia y sistemas federales de información— se perfila una arquitectura estatal donde el concepto de “seguridad” empieza a extenderse mucho más allá del delito consumado.
La resolución más significativa del día fue la ampliación del programa Tribuna Segura, un sistema que originalmente había sido presentado para controlar el ingreso de barras bravas y personas con antecedentes violentos en espectáculos deportivos. La nueva normativa incorpora ahora la posibilidad de aplicar restricciones vinculadas a incumplimientos civiles, como los registros de deudores alimentarios, y profundiza el uso de mecanismos administrativos para impedir accesos sin necesidad de condenas penales firmes.
Detrás de la narrativa oficial sobre “orden” y “protección”, lo que aparece es otra cosa: el avance de un esquema de prevención estatal basado en el monitoreo permanente y la ampliación de facultades discrecionales del Ejecutivo. El cambio no es solamente operativo. Es político.
De la protesta social al control de conductas
Desde la implementación del protocolo antipiquetes, el Gobierno viene construyendo una lógica donde la protesta social dejó de ser tratada como un fenómeno político para pasar a encuadrarse dentro de la órbita de la seguridad interior. El corrimiento conceptual fue gradual, pero constante.
Las resoluciones publicadas este 13 de mayo profundizan ese camino. En los fundamentos administrativos del nuevo esquema de Tribuna Segura aparecen referencias a controles preventivos sobre manifestaciones y concentraciones públicas, consolidando la idea de que el Estado debe intervenir antes de que exista delito alguno.
No se trata solamente de impedir hechos violentos en una cancha. Se trata de construir herramientas permanentes de identificación, seguimiento y restricción de circulación aplicables a distintos ámbitos de la vida pública.
Ese punto es central porque modifica el paradigma histórico de actuación estatal. El foco ya no está únicamente en castigar delitos comprobados, sino en administrar riesgos potenciales mediante bases de datos, controles cruzados y sanciones preventivas.
Bases de datos, vigilancia y centralización
Otra de las resoluciones relevantes del día fue la vinculada al SIFCOP, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales. Aunque presentada como una actualización técnica y administrativa, la medida refuerza la centralización de información criminal, pedidos de captura, secuestros y alertas judiciales entre fuerzas federales y provinciales.
En términos prácticos, el Ministerio sigue avanzando en la integración nacional de sistemas de vigilancia e identificación. La interoperabilidad de datos permite acelerar operativos y controles, pero también incrementa el poder estatal sobre la circulación de información sensible de millones de personas.
El argumento oficial es la eficiencia. La discusión política, en cambio, pasa por otro lado: qué controles institucionales existen sobre estas herramientas y hasta dónde puede expandirse su utilización.
La preocupación no es abstracta. En los últimos meses el Gobierno ya había endurecido políticas sobre protestas, operativos callejeros y control de movilizaciones, en un contexto social marcado por despidos, ajuste económico y creciente conflictividad.
El orden como narrativa de gobierno
Las medidas difundidas este miércoles también revelan otro aspecto central del modelo Milei: el uso político de la seguridad como construcción discursiva. Deudores alimentarios impedidos de ingresar a estadios, barrabravas bloqueados, presos sin celulares y sistemas federales de monitoreo son decisiones diseñadas para generar impacto mediático inmediato y construir una narrativa de autoridad estatal.
La lógica es clara: instalar la idea de un Gobierno que “pone orden” frente a una sociedad presentada como caótica o fuera de control.
Pero detrás de esa construcción comunicacional aparece una tendencia más profunda y persistente: la expansión de mecanismos administrativos que permiten restringir derechos y movimientos sin intervención judicial plena ni condena firme.
La discusión de fondo recién empieza. Porque mientras el Gobierno presenta estas herramientas como medidas de seguridad modernas y eficientes, crecen las advertencias sobre el riesgo de consolidar un modelo de vigilancia permanente donde cada vez más aspectos de la vida social quedan bajo monitoreo estatal.
Consideramos al deporte una herramienta educativa de transformación social, es por eso que a través de los premios e-tapas queremos estimular el compromiso y la proyección de nuestros jóvenes deportistas locales. También queremos visibilizar la tarea de los clubes, escuelas deportivas y gimnasios que son agentes sociabilizadores primordiales en la formacion de las personas y…
La empresa Bioceres anunció que 25 molinos ya procesan el cuestionado trigo transgénico, que va acompañado con el agrotóxico glufosinato de amonio. El Poder Ejecutivo aprobó su comercialización y no estableció obligación de informar qué productos lo contienen. La población de Argentina es la primera, del mundo, en comer alimentos con harina transgénica. La empresa…
