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ABUSO SEXUAL INFANTIL: DELITO DE INSTANCIA PÚBLICA

“La acción es el poder que el individuo tiene para que todos los mecanismos y aparatos del Estado preocupados por la vigencia del sistema normativo se pongan en marcha para proteger el derecho vulnerado”

Giuseppe Chiovenda

En estos días se publicó la Ley 27.455 que prevé una modificación al Código Penal en materia de acciones dependientes de instancia privada. Dicho texto modifica precisamente el artículo 72 del libro primero, título XI de dicho Código.  

La acción de los delitos contra la integridad sexual, como el abuso sexual simple o la violación, siguen siendo dependientes de instancia privada (la víctima tiene la responsabilidad de iniciar el proceso penal), pero con la modificación hay que poner atención, que en el caso que la víctima de abuso o violación, sea un niño, niña, adolescente o incapaz, la acción se convertirá en una acción pública (el Estado tiene la facultad de ejercer por sí mismo), cuando antes era de instancia privada.

Esto implicaría que cualquier persona, ante el conocimiento de un caso de abuso o violación a menores pueda acercarse a la policía o a la fiscalía a denunciar el hecho.

También, significa que el Estado deberá actuar, intervenir, investigar e impulsar el proceso penal ante el conocimiento del hecho delictivo.

Antes, la necesidad de que un familiar de la víctima ratificara la denuncia terminaba por ser un obstáculo para que se haga justicia, por que lamentablemente el 90% de los casos el abusador es un familiar directo y como consecuencia de eso solo se denuncia el 10% de los casos. Bien sabemos que estos hechos son muy delicados y a su vez difíciles de afrontar para el círculo familiar, más aún si el abuso es intrafamiliar, además que impacta e influye en toda la sociedad en general.

La ventaja que presenta ésta modificación está relacionada con el respaldo por parte del estado que recibiría la víctima y la familia de ésta, a la hora de afrontar el engorroso trámite del proceso penal; además la posibilidad de hacer valer sus derechos, ya que el estado cuenta con muchos más recursos y posibilidades para poder llegar a la solución que espera la víctima y su familia.   

Datos Estadísticos e imagen: Red por la Infancia
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     En medio del reacomodamiento del peronismo, Natalia de la Sota pasó por Rosario donde sectores agitan la posibilidad de que la diputada cordobesa integre una fórmula con Axel Kicillof.

    En el entorno de la cordobesa evitan hablar de candidaturas en términos cerrados, pero admiten que el gobernador bonaerense tiene aspiraciones y que cualquier discusión debe partir de un acuerdo programático. «Primero hay que definir qué país queremos y después ver los nombres», dijeron en medio de la recorrida.

    La diputada cordobesa desembarcó en la ciudad junto al ex ministro de Transporte, el massita Diego Giuliano, el intendente de Pérez Pablo Corsalini y la dirigente de Ciudad Futura Caren Tepp, en una foto que representa a uno de los sectores del peronismo que se muestra para disputarle la interna a Perotti en la carrera a la gobernación.

    La idea que empujan para Nación es la de construir una alternativa con «mirada federal», que incorpore a las provincias y no quede condicionada por las disputas del conurbano y consideran que la interna entre Cristina Kirchner y Kicillof es un problema acotado a la provincia de Buenos Aires y no debería ordenar el resto del armado nacional.

    «Hay que avanzar en qué queremos para el país para que no vuelva a pasar que se arma un amontonamiento para ganar una elección y después no se sabe qué hacer», explican en su entorno, en una crítica al mismo peronismo que redujo su proyección al AMBA.

    También buscan dejar atrás viejas tensiones. En el espacio remarcan que las disputas que tuvieron entre el kirchnerismo y el delasotismo forman parte del pasado y que el desafío es construir una propuesta hacia adelante con «coherencia» como valor central.

    Por otro lado, en el entorno de la cordobesa descartan un acuerdo con Provincias Unidas, la coalición de gobernadores que armaron Llaryora y Pullaro entre otros: «votaron la Ley Bases, la Reforma Laboral y el Presupuesto», dijeron marcando la distancia.

    En el armado de «Defendamos Córdoba», que lidera de la Sota, admitieron las diferencias con el gobernador Martín Llaryora y no descartan jugar por afuera si no endurece su postura frente al modelo de Milei, «ojalá no sea necesario», dijeron.

    Por su parte, el ex ministro de Transporte Diego Giuliano recordó que durante su gestión al frente de la cartera el intendente Pablo Javkin: «se quería ir a atar a la Plaza de Mayo porque una vez nos atrasamos dos días en las transferencias y ahora que Milei le sacó a Santa Fe 40 millones de dólares para los colectivos no dicen nada», lanzó el ex ministro.

     

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     El sinceramiento del costo de la energía duró poco. En apenas tres meses, el Gobierno pasó de exhibir recortes a enfrentar un salto explosivo en los subsidios que deja al descubierto una tensión difícil de ocultar: las tarifas suben, pero el Estado paga cada vez más.

    En el primer trimestre de 2026, los subsidios a la energía registraron un incremento real interanual del 180,5% frente al mismo período de 2025. El dato surge de los informes de ejecución presupuestaria relevados por ASAP. 

    Los números son contundentes. En el acumulado del primer bimestre, el gasto en subsidios económicos, con fuerte peso de la energía, trepó un 151,1% nominal, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Descontada la inflación, el aumento real fue del 89,8%. Pero el punto de inflexión llegó en marzo: ese mes, los subsidios energéticos saltaron un 141,8% real interanual.

    La paradoja es evidente. Mientras las facturas suben, también lo hace el esfuerzo fiscal. La explicación está en los costos. Generar electricidad y gas se encareció a un ritmo más rápido que el traslado a tarifas. La brecha entre lo que cuesta el sistema y lo que pagan los usuarios se amplió, y alguien tiene que cubrirla.

    Ese alguien volvió a ser el Estado. Y no por decisión explícita, sino por el diseño mismo de la política. La reforma de la resolución 400 redistribuyó los costos de generación: alivió a las industrias y cargó sobre los usuarios residenciales. Pero ese traslado quedó a mitad de camino. Las tarifas no pudieron absorber ese salto.

    El resultado es un esquema tensionado. En marzo de 2026, el precio de la energía para usuarios residenciales se ubicó en 113.234 pesos por MWh. Sin embargo, el precio estacional medio que efectivamente pagan, con bonificaciones, fue de 76.432 pesos. La cobertura quedó en torno al 67%. Es decir, el usuario cubre apenas dos tercios del costo.

    El detalle es más crudo cuando se mira la segmentación. En el segmento subsidiado, la cobertura cae al 31%. En otras palabras, el Estado financia cerca del 70% del costo de la energía para esos hogares. Un sistema donde el precio de referencia corre por un carril y la factura real por otro.

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    «El sistema quedó armado al revés: subieron el costo a niveles impagables y al mismo tiempo aumentaron la cantidad de usuarios subsidiados», resumió una fuente del sector.

    En los números agregados, la demanda estacionalizada de marzo alcanzó los 8.554 GWh, con un precio medio de 107.038 pesos por MWh y una cobertura del 77%. Si se suma la demanda no estacionalizada (GUDI), el total asciende a 9.486 GWh, con una cobertura del 79%. 

    La dinámica fiscal expone un punto ciego. La recaudación viene cayendo en términos reales, golpeada por la contracción de la actividad y el enfriamiento del consumo, lo que achica el margen para sostener el superávit. En ese esquema, los subsidios energéticos aparecen como una de las pocas partidas donde el Gobierno podría ajustar con rapidez. Por eso inquieta tanto que estén creciendo a este ritmo. 

    No es un dato neutro: en Washington siguen de cerca esta evolución. El FMI viene reclamando reducir subsidios y transparentar el costo real de la energía. Este desvío, en un frente sensible, complica la hoja de ruta oficial ante el organismo.

    Como si fuera poco, el frente externo suma presión. El Estado retomó la compra directa de GNL tras abortar la privatización del esquema por los altos precios ofertados. Ya adquirió el primer buque a Naturgy, pero no informó el valor pagado.

    La falta de transparencia encendió alarmas. «Daniel González otra vez queda al límite de la ilegalidad por falta de información sobre un precio estratégico clave para la economía argentina», comentó a LPO un ex funcionario de Energía.

     

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