“La acción es el poder que el individuo tiene para que todos los mecanismos y aparatos del Estado preocupados por la vigencia del sistema normativo se pongan en marcha para proteger el derecho vulnerado”
Giuseppe Chiovenda
En estos días se publicó la Ley 27.455 que prevé una modificación al Código Penal en materia de acciones dependientes de instancia privada. Dicho texto modifica precisamente el artículo 72 del libro primero, título XI de dicho Código.
La acción de los delitos contra la integridad sexual, como el abuso sexual simple o la violación, siguen siendo dependientes de instancia privada (la víctima tiene la responsabilidad de iniciar el proceso penal), pero con la modificación hay que poner atención, que en el caso que la víctima de abuso o violación, sea un niño, niña, adolescente o incapaz, la acción se convertirá en una acción pública (el Estado tiene la facultad de ejercer por sí mismo), cuando antes era de instancia privada.
Esto implicaría que cualquier persona, ante el conocimiento de un caso de abuso o violación a menores pueda acercarse a la policía o a la fiscalía a denunciar el hecho.
También, significa que el Estado deberá actuar, intervenir, investigar e impulsar el proceso penal ante el conocimiento del hecho delictivo.
Antes, la necesidad
de que un familiar de la víctima ratificara la denuncia terminaba por ser un
obstáculo para que se haga justicia, por que lamentablemente el 90% de los
casos el abusador es un familiar directo y como consecuencia de eso solo se
denuncia el 10% de los casos. Bien sabemos que estos hechos son muy delicados y
a su vez difíciles de afrontar para el círculo familiar, más aún si el abuso es
intrafamiliar, además que impacta e influye en toda la sociedad en general.
La ventaja que
presenta ésta modificación está relacionada con el respaldo por parte del
estado que recibiría la víctima y la familia de ésta, a la hora de afrontar el
engorroso trámite del proceso penal; además la posibilidad de hacer valer sus
derechos, ya que el estado cuenta con muchos más recursos y posibilidades para
poder llegar a la solución que espera la víctima y su familia.
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El gobierno de Javier Milei se aseguró el apoyo a la reforma laboral en el Senado luego de que Toto Caputo cediera y aceptara retirar el capítulo de Ganancias, como pedían los gobernadores.
La posición de las provincias se terminó de aceptar esta mañana durante una reunión de la mesa política en la que entre otros participaron el ministro de Economía y los encargados de negociar la ley, Diego Santilli y Patricia Bullrich. Por la tarde, la jefa del bloque de La Libertad Avanza el acuerdo con los dialoguistas en una conferencia junto a los aliados del Senado.
El ministro del Interior y la senadora terminaron siendo internamente los ganadores, aunque a nivel general se impuso la postura de los gobernadores que no aceptaban el capítulo de Ganancias. La decisión de retirarlo confirma que el oficialismo no tenía los votos para sacar la ley sin cambios, a pesar que filtraban que estaban «sobrados» de votos.
LPO había adelantado el lunes que Patricia convocó a una reunión de urgencia a los jefes de bloques aliados para sacar la baja de Ganancias de la reforma laboral, en alerta porque LLA no tenía asegurado los votos para la sesión del miércoles.
Meter la baja de ganancias en la reforma laboral fue idea de Toto y ahora le cuesta aceptar la derrota.
La reunión duró casi cuatro horas y los aliados se fueron con la idea de que el Gobierno sacaría el capítulo de Ganancias, pero faltaba el aval final de Toto Caputo que se había negado sistemáticamente a ceder, pese a los insistentes pedidos de Bullrich y Diego Santilli, a cargo de conseguir los votos para la reforma.
«Meter la baja de ganancias en la reforma laboral fue idea de Toto y ahora le cuesta aceptar la derrota», afirmó a LPO un senador al tanto de las negociaciones.
Como contó este medio, la dureza del ministro se aflojó con el dato de la recaudación de enero, que cayó 7 puntos en términos real y marcó su sexta baja consecutiva. En un sector del gobierno empezaron a preocuparse y entendieron que no es momento de seguir resignando recursos.
Para los gobernadores, que viven la misma caída de la recaudación que Nación, no había manera de resignar cuatro puntos de ganancias. El primero en alertar sobre el impacto de esta reforma en las cajas provinciales fue el diputado Guillermo Michel en una columna exclusiva para LPO.
En un principio, Caputo había barajado la alternativa de que la baja de ganancias a las empresas recién se active cuando la economía crezca al 4 por ciento, como una especie de cláusula gatillo. Luego, sugirió que se podría patear para 2028 como una forma de mantener el relato de la baja de impuestos.
Otro dato de último momento en las negociaciones es que también se caería el traspaso del fuero laboral a la Ciudad. En el oficialismo dicen que Victoria Villarruel habría sido clave en evita el traspaso, en un abierto desafío a Milei. Pero no está claro como haría la vice para bloquear un artículo que está en la ley que votarán senadores que no le responden.
Preocupa en la Mesa de Enlace la situación financiera de algunas de sus entidades y, a la par, la baja participación que se viene registrando por parte de sociedades rurales locales y productores, dato que temen que sea un síntoma de «descreimiento» hacia las entidades.
De acuerdo a lo que se desprende del acta de la reunión de Consejo Directivo de Carbap de diciembre pasado, a la que tuvo acceso LPO, en ese encuentro se expuso la preocupación por el panorama financiero de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), entidad madre de Carbap.
Según consta en esa acta, en la charla de ruralistas de Carbap se señaló que «CRA ha estado económicamente a pérdida todos los meses, cerrando el año con ingresos de último momento relacionados con las exposiciones».
Siempre de acuerdo a la transcripción de esa reunión, dirigentes de Carbap señalaron que CRA analiza vender oficinas en desuso. «Muchísimas entidades tienen problemas porque cuesta sostener una entidad en general», dijo a LPO un alto dirigente del campo.
Fuentes cercanas a la cúpula de Carbap consultadas por LPO confirmaron que en la entidad que enrola a las rurales de Buenos Aires y La Pampa evalúan la posibilidad de vender oficinas que no usan y por las que pagan altas expensas. Más allá de eso, buscaron descomprimir la preocupación expuesta en las actas y señalaron que CRA «cerró positivo» el año tras varios meses a pérdida.
Como fuere, la inquietud por el «problema financiero» de CRA fue uno de los temas centrales de la reunión de Carbap. Según consta en las actas, se planteó una reforma del estatuto de CRA que modifique el actual esquema de aportes económicos que, por cuota, hacen cada una de las 16 confederaciones miembro, las que agrupan a cerca de 300 sociedades rurales en todo el país.
En ese punto, dirigentes de Carbap expresaron fastidio, al argumentar que en Buenos Aires y La Pampa pagan de cuota más del doble que la segunda confederada que más aporta, Cartez (Córdoba, La Rioja y Catamarca).
Por esa razón, ruralistas bonaerenses ponen el acento en la distribución de fondos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), al advertir que muchas confederadas reciben más dinero del IPCVA de lo que pagan de cuota a CRA.
Fundada en 1943, el crecimiento de CRA se detuvo en los últimos tiempos e incluso su representación territorial está siendo fuertemente desafiada por la Sociedad Rural Argentina (SRA).
Como contó LPO, desde la llegada de Javier Milei al Gobierno subyace una disputa territorial en la que dirigentes de CRA denuncian una creciente injerencia de la SRA en sus ateneos y rurales de base, en tiempos donde Nicolás Pino se impone la cucarda de ser el único interlocutor del campo con diálogo directo con el Ejecutivo.
En paralelo, los problemas financieros también se cruzan con fricciones internas. La renovación de autoridades en noviembre pasado, que revalidó la conducción de Castagnini, no fue acompañada por Carbap, que acusó ausencia de discusión previa en torno a la elección de los candidato.
En Carbap reclaman mayor injerencia, no solo por ser la confederación que más aporte económico hace a la actualidad, sino también por su gravitación territorial.
Siempre de acuerdo a lo que se desprende de las actas de Carbap de la reunión de diciembre última, hay dirigentes bonaerenses que exigen un cambio de estatuto que dé cuenta del eso de la confederación de Buenos Aires y La Pampa.
Hoy, las tres confederaciones que controlan CRA son Carsfe (Santa Fe) con Castagnini, Farer (Entre Ríos) con el vice primero José Ignacio Colombatto y Cartez (Córdoba) con el vice segundo Javier Rotondo.
Por otro lado, preocupa en carbap la baja participación de sus rurales. Un estudio encargado a la Facultad de Agronomía de la UBA expuso estadísticas que muestran una tendencia a la baja en la participación presencial de las rurales.
En Carbap, solo el 20% de las rurales tiene una participación superior al 75%. Además, 82 rurales (el 67%) prácticamente no participan de las reuniones de Comisiones.
Aunque la asistencia total (virtual y presencial) se mantiene alrededor de 48 rurales por consejo, pero solo 25 de manera presencial. Así, el 58% de las rurales prácticamente no participa de manera presencial en los consejos, asistiendo menos de una vez cada cinco reuniones en los últimos cinco años.
Al sumar la virtualidad, el 40% de las rurales no se conectó a una de cada cinco reuniones de Consejo y 18 rurales nunca se conectaron. En suma, solo el 20% de las rurales tiene una participación superior al 75%. Además, 82 rurales (el 67%) prácticamente no participan de las reuniones de Comisiones.
Frente a eso, en Carbap ven que las posibles causas de la baja participación incluyen «una dinámica institucional obsoleta, un cambio generacional en el productor, o una falta de compromiso real».
Así, estiman que la baja participación «podría significar un aval silencioso o una señal de desapego y descreimiento hacia la herramienta gremial».
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