ABUSO SEXUAL INFANTIL: DELITO DE INSTANCIA PÚBLICA

Mientras La Libertad Avanza repite el discurso contra la “casta” y el empleo público, uno de sus referentes marplatenses registra antecedentes como empleado estatal en el Concejo Deliberante local.

Por Roque Pérez para NLI

David Urbani, presentado hoy como referente libertario en Mar del Plata y todo el partido de General Pueyrredón, construyó su perfil político con un libreto conocido: rechazo al Estado, demonización del empleo público y exaltación del “mérito individual”. Sin embargo, los archivos oficiales muestran una historia bastante menos disruptiva.

Según consta en el Decreto N.º 268 del 11 de diciembre de 2003, Urbani fue designado Auxiliar Administrativo en el Bloque de Concejales de CREAR MÁS LIBERTAD dentro del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredón. Es decir, un cargo rentado en el Estado municipal, sostenido con fondos públicos.

El dato resulta incómodo para un espacio político que convirtió la crítica al “vivir del Estado” en una bandera identitaria. Más aún cuando se trata de un dirigente que hoy se muestra como parte de una supuesta renovación antipolítica, pero que inició su recorrido precisamente dentro de la estructura institucional que ahora denosta.

El doble discurso libertario

El caso de Urbani no es una excepción, sino un patrón que se repite en La Libertad Avanza: dirigentes que construyen discurso contra el sector público mientras registran antecedentes laborales en organismos estatales, legislaturas o bloques políticos. El problema no es haber trabajado en el Estado, sino ocultarlo o negarlo mientras se estigmatiza a otros trabajadores.

En sus apariciones públicas y en redes sociales, Urbani suele apuntar contra el “gasto político”, los “ñoquis” y la supuesta ineficiencia estatal. Sin embargo, su designación como auxiliar administrativo demuestra que su vínculo con el Estado no fue solo retórico, sino también contractual y concreto.

El contraste se vuelve todavía más marcado si se tiene en cuenta que ese tipo de cargos —auxiliares administrativos en bloques— forman parte del engranaje básico de la actividad legislativa, la misma que el libertarismo califica de parasitaria cuando se trata de otros espacios políticos.

La casta siempre es el otro

En Mar del Plata, La Libertad Avanza intenta consolidarse como fuerza “antisistema”, aunque muchos de sus cuadros locales, como Urbani, muestran trayectorias que desmienten ese relato. El paso por el Concejo Deliberante no es un pecado, pero sí deja en evidencia la hipocresía de un discurso que señala con el dedo mientras esconde su propio prontuario administrativo.

La pregunta que queda abierta no es si Urbani trabajó o no en el Estado —los documentos lo confirman—, sino por qué ese pasado desaparece cuando se construye el personaje libertario. Tal vez porque, una vez más, la casta no es una categoría política real, sino un recurso discursivo que siempre se aplica a los demás.

El diputado nacional de Unión por la Patria Agustín Rossi lanzó una dura advertencia contra el DNU 941, mediante el cual el Gobierno amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Para el ex ministro de Defensa, la norma representa un retroceso institucional de enorme gravedad y abre la puerta a prácticas propias de los años más oscuros de la Argentina.

Por la Redacción de NLI

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Rossi afirmó sin rodeos que “estamos en presencia del intento de convertir a la SIDE en una policía secreta”, al tiempo que confirmó que la oposición buscará rechazar el decreto en el Congreso durante febrero, sin esperar al inicio de las sesiones ordinarias.

Detenciones sin juez y reminiscencias de la dictadura

Uno de los puntos que Rossi calificó como “gravísimo” es la posibilidad de que agentes de la SIDE realicen aprehensiones temporales de ciudadanos y ciudadanas sin autorización judicial, algo que —según remarcó— ni siquiera aclara cuánto tiempo puede durar esa detención.

Pero el cuestionamiento no termina ahí. El diputado santafesino alertó que el decreto también habilita al jefe de la SIDE a involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de inteligencia interior, con una simple solicitud administrativa. Para Rossi, esto remite directamente al funcionamiento del aparato represivo durante la dictadura militar, cuando los militares realizaban inteligencia interna y la SIDE detenía personas.

En ese sentido, fue categórico: “Sin ninguna duda es un hecho gravísimo. Vamos a hacer todo el esfuerzo necesario para tratar de rechazar el DNU”.

El Congreso puede actuar en pleno receso

Frente al argumento oficial de que el tratamiento parlamentario debería esperar a marzo, Rossi aclaró que no existe ningún impedimento legal para avanzar durante el receso. Al tratarse de un decreto de necesidad y urgencia, explicó, el Parlamento está obligado a abordarlo de manera inmediata.

Según detalló, la ley establece que el jefe de Gabinete debe remitir el DNU al Congreso dentro de los diez días hábiles de su firma. Una vez cumplido ese plazo, la comisión bicameral puede tratarlo, y aun si eso no ocurre, cualquiera de las cámaras queda habilitada para llevarlo al recinto.

“Yo creo que en febrero podemos tratarlo”, anticipó Rossi, dejando en claro que la oposición buscará frenar en el Congreso una avanzada que consideran incompatible con el sistema democrático.

El cuestionamiento al DNU 941 se suma a una creciente preocupación por la concentración de poder y el debilitamiento de los controles institucionales bajo el gobierno de Milei, en un contexto donde las facultades extraordinarias parecen transformarse en regla y no en excepción.