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ABUSO SEXUAL INFANTIL: DELITO DE INSTANCIA PÚBLICA

“La acción es el poder que el individuo tiene para que todos los mecanismos y aparatos del Estado preocupados por la vigencia del sistema normativo se pongan en marcha para proteger el derecho vulnerado”

Giuseppe Chiovenda

En estos días se publicó la Ley 27.455 que prevé una modificación al Código Penal en materia de acciones dependientes de instancia privada. Dicho texto modifica precisamente el artículo 72 del libro primero, título XI de dicho Código.  

La acción de los delitos contra la integridad sexual, como el abuso sexual simple o la violación, siguen siendo dependientes de instancia privada (la víctima tiene la responsabilidad de iniciar el proceso penal), pero con la modificación hay que poner atención, que en el caso que la víctima de abuso o violación, sea un niño, niña, adolescente o incapaz, la acción se convertirá en una acción pública (el Estado tiene la facultad de ejercer por sí mismo), cuando antes era de instancia privada.

Esto implicaría que cualquier persona, ante el conocimiento de un caso de abuso o violación a menores pueda acercarse a la policía o a la fiscalía a denunciar el hecho.

También, significa que el Estado deberá actuar, intervenir, investigar e impulsar el proceso penal ante el conocimiento del hecho delictivo.

Antes, la necesidad de que un familiar de la víctima ratificara la denuncia terminaba por ser un obstáculo para que se haga justicia, por que lamentablemente el 90% de los casos el abusador es un familiar directo y como consecuencia de eso solo se denuncia el 10% de los casos. Bien sabemos que estos hechos son muy delicados y a su vez difíciles de afrontar para el círculo familiar, más aún si el abuso es intrafamiliar, además que impacta e influye en toda la sociedad en general.

La ventaja que presenta ésta modificación está relacionada con el respaldo por parte del estado que recibiría la víctima y la familia de ésta, a la hora de afrontar el engorroso trámite del proceso penal; además la posibilidad de hacer valer sus derechos, ya que el estado cuenta con muchos más recursos y posibilidades para poder llegar a la solución que espera la víctima y su familia.   

Datos Estadísticos e imagen: Red por la Infancia
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    Hace varias semanas que el gobernador Martín Llaryora le busca la vuelta a la caída de la imagen y la gestión de Daniel Passeerini en la capital cordobesa. El motivo es uno solo y simple: los flacos números del intendente cordobés ponen en riesgo la reelección provincial. Es decir, la continuidad de un modelo que lleva más de un cuarto de siglo al frente del poder en Córdoba.

    En Córdoba, a un mes del caso Agostina, el peronismo quedó en la mira por el impacto político del femicidio de la adolescente de 14 años y el cargo en el Municipio que tenía Claudio Barrelier, el principal acusado del crimen. Además de la polémica habilitación del bar Wachitas.

    Pero también, los cuestionamientos por la diaria a la gestión de la Ciudad pusieron a los herederos del cordobesismo en el momento más crítico desde que ambos asumieron en sus cargos en Provincia y Municipio en el 2023.

    Llaryora y Passerini mantuvieron una conversación hace algunos días y se mostraron juntos en una recorrida en la puesta en valor de un espacio verde. Sin embargo, en las segundas líneas de ambas gestiones la comunicación no fluye, las diferencias se acrecientan y las internas también. Más aún porque Passerini no tiene reelección y la carrera por su sucesión desató una interna feroz entre funcionarios municipales y aquellos que ocupan despachos provinciales.

    Al punto que hace unos días, en la reunión de una mesa ministerial y política que tiene Llaryora, un ministro llegó a esbozar la idea de intervenir la Ciudad con cuadrillas propias y diferenciarse de «lo que no hace el Municipio». Decisión que Llaryora observó pero que, por el momento, decidió pisar.

    «Hay una falta de liderazgo en la Capital (cordobesa) que preocupa. Passerini decidió encerrarse en lo que le cuentan un par de funcionarios y desoye los consejos o sugerencias de Llaryora. Entonces, es complicado», dijo una persona que conoce pormenores de la relación.

    Y que, además, es crítico con ambos por el liderazgo. Es más, resume ese cuestionamiento con una observación que hacen los integrantes de la Vieja Guardia y fueron funcionarios del exgobernador Juan Schiaretti. «Cuando ‘el Gringo’ asumió su última gestión juntó a todo el gabinete y preguntó quién estaba ahí para ser candidato a futuro. Y les marcó a todos: ‘si alguno quiere ser candidato a algo es el momento de decirlo así no sigue. No estoy en contra de que sea candidato, sino que no priorice esta gestión’. Eso es lo que ahora no se ve», contó la fuente.

    En El Panal algunos no coinciden de manera lineal con este argumento, aunque sí están al tanto de la preocupación de Llaryora por la gestión de la Ciudad y dicen que el gobernador decidió regular las recorridas por los barrios de la capital cordobesa porque se encontró con dos síntomas: el primero, le piden que vuelva a la Ciudad; el segundo, le recuerdan que él dejó a Passerini.

    Por último, hay encuestas en Córdoba donde marcan que, de las tres gestiones -Nación, Provincia y Municipio-, el único que tiene la imagen negativa por encima de la positiva es Passerini. «En los otros dos casos hay valores que tienen una diferencia, pero en un comparativo sobre las tres administraciones lo que queda en evidencia es que Passerini tiene la negativa por encima de la positiva. Y eso, a menos de un año de la elección, preocupa», dijo un consultor.

     

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