ABUSO SEXUAL INFANTIL: DELITO DE INSTANCIA PÚBLICA
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ABUSO SEXUAL INFANTIL: DELITO DE INSTANCIA PÚBLICA

“La acción es el poder que el individuo tiene para que todos los mecanismos y aparatos del Estado preocupados por la vigencia del sistema normativo se pongan en marcha para proteger el derecho vulnerado”

Giuseppe Chiovenda

En estos días se publicó la Ley 27.455 que prevé una modificación al Código Penal en materia de acciones dependientes de instancia privada. Dicho texto modifica precisamente el artículo 72 del libro primero, título XI de dicho Código.  

La acción de los delitos contra la integridad sexual, como el abuso sexual simple o la violación, siguen siendo dependientes de instancia privada (la víctima tiene la responsabilidad de iniciar el proceso penal), pero con la modificación hay que poner atención, que en el caso que la víctima de abuso o violación, sea un niño, niña, adolescente o incapaz, la acción se convertirá en una acción pública (el Estado tiene la facultad de ejercer por sí mismo), cuando antes era de instancia privada.

Esto implicaría que cualquier persona, ante el conocimiento de un caso de abuso o violación a menores pueda acercarse a la policía o a la fiscalía a denunciar el hecho.

También, significa que el Estado deberá actuar, intervenir, investigar e impulsar el proceso penal ante el conocimiento del hecho delictivo.

Antes, la necesidad de que un familiar de la víctima ratificara la denuncia terminaba por ser un obstáculo para que se haga justicia, por que lamentablemente el 90% de los casos el abusador es un familiar directo y como consecuencia de eso solo se denuncia el 10% de los casos. Bien sabemos que estos hechos son muy delicados y a su vez difíciles de afrontar para el círculo familiar, más aún si el abuso es intrafamiliar, además que impacta e influye en toda la sociedad en general.

La ventaja que presenta ésta modificación está relacionada con el respaldo por parte del estado que recibiría la víctima y la familia de ésta, a la hora de afrontar el engorroso trámite del proceso penal; además la posibilidad de hacer valer sus derechos, ya que el estado cuenta con muchos más recursos y posibilidades para poder llegar a la solución que espera la víctima y su familia.   

Datos Estadísticos e imagen: Red por la Infancia

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    La Policía Federal realizó cinco allanamientos por orden del juez federal Sebastián Casanello, cuatro en la Ciudad de Buenos Aires y uno en Mar del Plata. En los procedimientos fueron secuestrados exactamente 367.110 dólares, encontrados entre un domicilio particular y una caja de seguridad ubicada en el microcentro porteño. El principal investigado es Julio Eduardo Gallé, que se desempeñaba como gerente comercial de Tandanor. 

    La Justicia intenta determinar si Gallé le exigió dinero al empresario Antonio Alejandro Napoleone, titular de Lucrimar SA, a cambio de condonarle una deuda que su compañía mantenía con el astillero estatal. La deuda rondaba los 200 mil dólares. 

    Según la hipótesis que reconstruyen los investigadores, Gallé habría ofrecido hacerla desaparecer a cambio de un pago. La maniobra investigada alcanza al menos los 220 mil dólares. Pero los allanamientos dejaron una pista todavía más comprometedora. Los investigadores encontraron un recibo manuscrito entre los involucrados por 100 mil dólares y 12,7 millones de pesos. También secuestraron cartas documento, extractos bancarios, comprobantes de transferencias, contratos, una notebook, una computadora, una tablet y tres teléfonos celulares. 

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    La causa nació de una auditoría interna realizada en Tandanor luego del recambio de autoridades. Las irregularidades detectadas terminaron en una denuncia de la propia empresa y Casanello delegó en mayo la investigación en la unidad especializada contra la corrupción de la Policía Federal. 

    El episodio atraviesa una empresa que LPO viene siguiendo desde el comienzo del gobierno libertario. Ana Laura Hernández había desembarcado en la presidencia de Tandanor durante la gestión de Nicolás Posse. 

    Ana Laura Hernández había desembarcado en la presidencia de Tandanor durante la gestión de Nicolás Posse. Su llegada estuvo acompañada por una fuerte reestructuración. Despidió trabajadores, incorporó directores y asesores con salarios elevados. En ese proceso también fue desarticulada la Gerencia de Control de Gestión. 

    Su llegada estuvo acompañada por una fuerte reestructuración. Hernández despidió trabajadores, incorporó directores y asesores con salarios elevados y contrató a BDO para realizar una auditoría. En ese proceso también fue desarticulada la Gerencia de Control de Gestión, precisamente el área que concentraba información sensible sobre el funcionamiento de la compañía. 

    La decisión generó una crisis interna. Silvia Martínez, presidenta de la Cámara de la Industria Naval Argentina y una de las integrantes del directorio, terminó alejándose de la empresa en medio de diferencias con el rumbo que había tomado la conducción. 

    La gestión de Hernández ocurrió además mientras dentro de Tandanor crecían las sospechas de que el gobierno preparaba el terreno para rematar activos de la empresa. El astillero no solamente tiene capacidad industrial estratégica: ocupa más de 30 hectáreas en uno de los terrenos más codiciados de Buenos Aires. 

    El interés inmobiliario siempre sobrevoló la discusión. Frente a Tandanor se encuentra el gigantesco desarrollo Solares de Santa María en la ex Ciudad Deportiva de La Boca. La posibilidad de liberar las tierras del astillero multiplicó las sospechas sobre qué había realmente detrás del interés libertario por desprenderse de la compañía. 

    Hernández finalmente dejó el cargo y en su lugar desembarcó Mauricio González Botto, otro hombre directamente vinculado a Posse. Antes de llegar a Tandanor, González Botto había tenido bajo su órbita el universo de las empresas públicas y participado del diseño inicial de las privatizaciones del gobierno. 

    Ahora, mientras el gobierno vuelve a mover las fichas alrededor del futuro del astillero, la Justicia reconstruye qué ocurrió puertas adentro durante aquella etapa. Los 367 mil dólares, el recibo escrito a mano y los movimientos bancarios secuestrados dejaron de ser una auditoría administrativa para convertirse en una causa federal por cohecho.

     

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