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ABUSO SEXUAL INFANTIL: DELITO DE INSTANCIA PÚBLICA

“La acción es el poder que el individuo tiene para que todos los mecanismos y aparatos del Estado preocupados por la vigencia del sistema normativo se pongan en marcha para proteger el derecho vulnerado”

Giuseppe Chiovenda

En estos días se publicó la Ley 27.455 que prevé una modificación al Código Penal en materia de acciones dependientes de instancia privada. Dicho texto modifica precisamente el artículo 72 del libro primero, título XI de dicho Código.  

La acción de los delitos contra la integridad sexual, como el abuso sexual simple o la violación, siguen siendo dependientes de instancia privada (la víctima tiene la responsabilidad de iniciar el proceso penal), pero con la modificación hay que poner atención, que en el caso que la víctima de abuso o violación, sea un niño, niña, adolescente o incapaz, la acción se convertirá en una acción pública (el Estado tiene la facultad de ejercer por sí mismo), cuando antes era de instancia privada.

Esto implicaría que cualquier persona, ante el conocimiento de un caso de abuso o violación a menores pueda acercarse a la policía o a la fiscalía a denunciar el hecho.

También, significa que el Estado deberá actuar, intervenir, investigar e impulsar el proceso penal ante el conocimiento del hecho delictivo.

Antes, la necesidad de que un familiar de la víctima ratificara la denuncia terminaba por ser un obstáculo para que se haga justicia, por que lamentablemente el 90% de los casos el abusador es un familiar directo y como consecuencia de eso solo se denuncia el 10% de los casos. Bien sabemos que estos hechos son muy delicados y a su vez difíciles de afrontar para el círculo familiar, más aún si el abuso es intrafamiliar, además que impacta e influye en toda la sociedad en general.

La ventaja que presenta ésta modificación está relacionada con el respaldo por parte del estado que recibiría la víctima y la familia de ésta, a la hora de afrontar el engorroso trámite del proceso penal; además la posibilidad de hacer valer sus derechos, ya que el estado cuenta con muchos más recursos y posibilidades para poder llegar a la solución que espera la víctima y su familia.   

Datos Estadísticos e imagen: Red por la Infancia
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    El fuego avanza sin control en la Patagonia y tres decisiones de Javier Milei contribuyeron a agravar la situación. El desfinanciamiento de Parques Nacionales, el abandono de un proyecto clave que estaba finalizado al 80% y la negación del cambio climático quitaron capacidad de prevención y respuesta ante la tragedia.

    Para coordinar los 39 parques nacionales de la Argentina, el gobierno libertario eligió a un arquitecto que venía de administrar los trenes del estado y sin ninguna experiencia en conservación de recursos naturales.

    Sergio Martín Álvarez reemplazó a mediados de 2025 a Cristian Larsen, ex yerno de Hernán Lombardi que tampoco tenía conocimiento del sector, sino que se especializa en derecho tributario.

    Álvarez fue nombrado ad honorem y no puso ninguna objeción al recorte de fondos para Parques. En 2025 la poda de recursos había sido de 68,9% en términos reales respecto de 2023. Para 2026 la situación siguió agravándose: el gobierno dispuso un aumento del 0,08% que no logró compensar el desfinanciamiento e implicó una caída de 28,5%. El presupuesto para 2026 es de 111.459 millones de pesos.

    Cumbre de los gobernadores de la Patagonia para exigirle a Milei que declare la emergencia nacional por los incendios

    Álvarez tampoco criticó la disolución del «Fideicomiso Financiero y de Administración para la administración del ‘Fondo Nacional del Manejo del Fuego'», que dejó sin recursos al Plan Nacional de Manejo del Fuego. Ese dinero pasó a manos del Ministerio de Seguridad que en ese entonces conducía Patricia Bullrich.

    En diciembre, tras los primeros focos, varias cámaras empresarias de la Patagonia denunciaron a Álvarez por negligencia y reclamaron su renuncia. Hoy son 35 mil las hectáreas incendiadas en Chubut.

    Ante la catastrófica situación, el Parque Nacional Los Alerces fue intervenido el sábado 24 de enero. Los incendios de la zona comenzaron entre el 6 y el 8 de diciembre y se habrían originado por un rayo. Sin embargo, el fuego fue detectado recién el 9 de diciembre.

    Los pobladores de la zona denunciaron penalmente a los principales funcionarios de Los Alerces. Aseguran que desplegaron una dotación muy limitada para combatir el incendio de solo 30 brigadistas. Además, descartaron la participación de guardaparques especializados que estaban disponibles para intervenir.

    Milei también desactivó el proyecto Comando Unificado para combatir incendios forestales en la Patagonia que incluye a Río Negro, Neuquén y Chubut. Se trata de otra cuestión clave a la hora de controlar el fuego.

    El plan preveía cámaras de detección de incendios desarrolladas por INVAP, un avión observador equipado con tecnología infrarroja que podía ser utilizado por las provincias miembro, camiones cisterna, maquinaria vial y también drones policiales para el monitoreo aéreo.

    El proyecto había comenzado bajo el gobierno de Alberto Fernández y estaba listo en un 80%. Pero Milei decidió discontinuar los recursos y fueron las provincias quienes debieron financiarlo con recursos propios sin llegar a concretar el plan original.

    La tercera decisión del presidente que perjudicó el combate del fuego es ideológica. Está vinculada al negacionismo del cambio climático: la Patagonia se seca y en los últimos años disminuyeron entre 30% y 40% las precipitaciones en las altas cumbres según un informe del INTA.

    El déficit hídrico lleva 15 años y se nota en el paisaje. La cuestión no solo afecta las represas, sino que la falta de lluvias volvió más seco el sotobosque, que está a merced de fenómenos naturales o incendios intencionales.

    El descreimiento en el cambio climático, del que Milei se jactó en la cumbre de Davos del año pasado, imposibilitó políticas eficientes de prevención del fuego. 

     

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