“La acción es el poder que el individuo tiene para que todos los mecanismos y aparatos del Estado preocupados por la vigencia del sistema normativo se pongan en marcha para proteger el derecho vulnerado”
Giuseppe Chiovenda
En estos días se publicó la Ley 27.455 que prevé una modificación al Código Penal en materia de acciones dependientes de instancia privada. Dicho texto modifica precisamente el artículo 72 del libro primero, título XI de dicho Código.
La acción de los delitos contra la integridad sexual, como el abuso sexual simple o la violación, siguen siendo dependientes de instancia privada (la víctima tiene la responsabilidad de iniciar el proceso penal), pero con la modificación hay que poner atención, que en el caso que la víctima de abuso o violación, sea un niño, niña, adolescente o incapaz, la acción se convertirá en una acción pública (el Estado tiene la facultad de ejercer por sí mismo), cuando antes era de instancia privada.
Esto implicaría que cualquier persona, ante el conocimiento de un caso de abuso o violación a menores pueda acercarse a la policía o a la fiscalía a denunciar el hecho.
También, significa que el Estado deberá actuar, intervenir, investigar e impulsar el proceso penal ante el conocimiento del hecho delictivo.
Antes, la necesidad
de que un familiar de la víctima ratificara la denuncia terminaba por ser un
obstáculo para que se haga justicia, por que lamentablemente el 90% de los
casos el abusador es un familiar directo y como consecuencia de eso solo se
denuncia el 10% de los casos. Bien sabemos que estos hechos son muy delicados y
a su vez difíciles de afrontar para el círculo familiar, más aún si el abuso es
intrafamiliar, además que impacta e influye en toda la sociedad en general.
La ventaja que
presenta ésta modificación está relacionada con el respaldo por parte del
estado que recibiría la víctima y la familia de ésta, a la hora de afrontar el
engorroso trámite del proceso penal; además la posibilidad de hacer valer sus
derechos, ya que el estado cuenta con muchos más recursos y posibilidades para
poder llegar a la solución que espera la víctima y su familia.
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El problema político para Milei es que la discusión por la Hidrovía empieza a parecerse demasiado a las viejas estructuras de poder que prometía erradicar.
Por Tomás Palazzo para NLI
La caída de la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay dejó algo más grave que un fracaso administrativo. Lo que empezó como una discusión técnica sobre dragado y navegación terminó exponiendo una feroz interna empresaria, operadores históricos del negocio marítimo y vínculos incómodos para un Gobierno que llegó prometiendo terminar con “la casta”.
La llamada Vía Navegable Troncal no es un contrato más. Por allí circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas, especialmente granos, aceites y derivados agroindustriales. El control del sistema implica manejar peajes millonarios, logística estratégica y una enorme capacidad de influencia sobre el comercio exterior argentino.
Por eso la pelea alrededor de la Hidrovía nunca fue solamente técnica.
El rol de Juan Manuel Ondarcuhu y Emilio Elías
En el centro de las versiones que circulan en el sector marítimo aparece el nombre de Juan Manuel Ondarcuhu, ligado al grupo naviero Maruba, una de las empresas históricas del transporte fluvial argentino.
Ondarcuhu es un actor conocido dentro del mundo portuario y marítimo. Su nombre empezó a sonar con más fuerza alrededor de la discusión por la Hidrovía debido a presuntos movimientos de lobby y articulación empresarial vinculados a la futura concesión del corredor fluvial.
Junto a él aparece mencionado Emilio Elías, señalado por distintos actores del sector como otro de los operadores con influencia dentro de las negociaciones informales que rodearon el proceso licitatorio impulsado por el Gobierno.
La importancia política del tema radica justamente ahí: la discusión sobre la Hidrovía empieza a mostrar la presencia de los mismos grupos empresarios y operadores históricos que desde hace décadas orbitan alrededor de los grandes negocios del Estado.
Una licitación envuelta en sospechas
La administración de Milei había presentado la nueva licitación como una demostración de transparencia y apertura al sector privado. Sin embargo, el proceso terminó convertido en un problema político.
La licitación fue anulada luego de que sólo quedara una oferente formal, la empresa belga DEME. A partir de ahí comenzaron las acusaciones cruzadas, las denuncias de presiones empresariales y las sospechas sobre posibles intentos de direccionamiento de los pliegos.
Dentro del sector naviero aseguran que detrás de la caída del proceso existió una guerra silenciosa entre grupos económicos con intereses en el control del negocio portuario y del dragado.
Y es ahí donde empiezan a aparecer los nombres de operadores, estudios jurídicos, empresarios marítimos y compañías vinculadas históricamente al comercio exterior argentino.
Mucho más que barcos
La Hidrovía concentra uno de los negocios estratégicos más importantes de la región. No se trata solamente de barcos circulando por el Paraná.
Lo que está en juego incluye: peajes multimillonarios, control logístico, acceso privilegiado a información comercial, influencia sobre puertos privados y capacidad de presión sobre buena parte del ingreso de dólares al país.
Por eso cada movimiento alrededor de la concesión genera tensión política y económica.
En despachos oficiales y empresas del sector existe preocupación por la posibilidad de que comiencen a trascender reuniones reservadas, gestiones privadas y contactos informales vinculados al armado de la licitación.
Si el expediente escala judicialmente, la situación podría transformarse en uno de los mayores dolores de cabeza para el Gobierno.
El choque entre el discurso anticasta y los viejos operadores
El problema político para Milei es evidente.
Mientras el oficialismo construyó su identidad alrededor del combate contra “la casta”, la discusión por la Hidrovía muestra la persistencia de estructuras empresariales tradicionales con fuerte capacidad de influencia sobre áreas estratégicas del Estado.
La aparición de nombres ligados históricamente al negocio marítimo y portuario alimenta además la sensación de que detrás del relato libertario siguen operando viejos mecanismos de poder económico.
La pelea por la Hidrovía expone justamente eso: una disputa feroz entre sectores empresarios por el control de una de las cajas más importantes de la Argentina.
Y en ese tablero, nombres como Juan Manuel Ondarcuhu, Emilio Elías, Maruba y los grupos vinculados al negocio portuario empiezan a quedar cada vez más cerca del centro de la escena política.
