“La acción es el poder que el individuo tiene para que todos los mecanismos y aparatos del Estado preocupados por la vigencia del sistema normativo se pongan en marcha para proteger el derecho vulnerado”
Giuseppe Chiovenda
En estos días se publicó la Ley 27.455 que prevé una modificación al Código Penal en materia de acciones dependientes de instancia privada. Dicho texto modifica precisamente el artículo 72 del libro primero, título XI de dicho Código.
La acción de los delitos contra la integridad sexual, como el abuso sexual simple o la violación, siguen siendo dependientes de instancia privada (la víctima tiene la responsabilidad de iniciar el proceso penal), pero con la modificación hay que poner atención, que en el caso que la víctima de abuso o violación, sea un niño, niña, adolescente o incapaz, la acción se convertirá en una acción pública (el Estado tiene la facultad de ejercer por sí mismo), cuando antes era de instancia privada.
Esto implicaría que cualquier persona, ante el conocimiento de un caso de abuso o violación a menores pueda acercarse a la policía o a la fiscalía a denunciar el hecho.
También, significa que el Estado deberá actuar, intervenir, investigar e impulsar el proceso penal ante el conocimiento del hecho delictivo.
Antes, la necesidad
de que un familiar de la víctima ratificara la denuncia terminaba por ser un
obstáculo para que se haga justicia, por que lamentablemente el 90% de los
casos el abusador es un familiar directo y como consecuencia de eso solo se
denuncia el 10% de los casos. Bien sabemos que estos hechos son muy delicados y
a su vez difíciles de afrontar para el círculo familiar, más aún si el abuso es
intrafamiliar, además que impacta e influye en toda la sociedad en general.
La ventaja que
presenta ésta modificación está relacionada con el respaldo por parte del
estado que recibiría la víctima y la familia de ésta, a la hora de afrontar el
engorroso trámite del proceso penal; además la posibilidad de hacer valer sus
derechos, ya que el estado cuenta con muchos más recursos y posibilidades para
poder llegar a la solución que espera la víctima y su familia.
Toto Caputo volvió de Washington eufórico porque logró destrabar un desembolso de USD 1.000 millones del FMI y se llevó la promesa de otros USD 2.000 millones del Banco Mundial, pero el efecto en el mercado fue el contrario al buscado: confirmó que está en dificultades para pagar los vencimiento de deuda que tiene por delante.
En las reuniones que mantuvo el equipo económico en Estados Unidos con fondos de inversión, el clima fue cauto. Hubo preguntas sobre reservas, deuda y riesgo político. Los fondos no se retiraron, pero tampoco aumentaron exposición. La sensación general es de pausa, no de entusiasmo. Un clima que se repite en el sistema financiero argentino.
El ex vicepresidente del Banco central, Jorge Carrera, explicó que el peso creciente en la deuda de la Argentina de organismos como el FMI, el Banco Mundial o el BID introduce una desventaja: tienen prioridad de cobro. Esa «subordinación implícita» puede sumar entre 100 y 200 puntos básicos al riesgo país, afirmó Carrera.
El mercado ya refleja esa tensión. Este marte el riesgo país subió 1,33% y llegó a 533 puntos básicos. Los bonos en dólares operaron en baja en casi toda la curva.
«Palazo para los bonos en dólares. Pasan los meses y Caputo no puede bajar el riesgo país. Si se come el trimestre de oro de ingreso de dólares, va a llegar a las elecciones 2027 colgado del travesaño.», posteó Sergio Chouza de la consultora Sarandí.
Varias entidades financieras pusieron por escrito ese diagnóstico. El Banco Galicia sintetizó dos preguntas que dominan las reuniones: qué amortiguadores tendrá Argentina para enfrentar una eventual volatilidad en 2027 por las elecciones, como la que tuvo en 2025; y cuándo volverá a los mercados voluntarios de deuda.
Palazo para los bonos en dólares. Pasan los meses y Caputo no puede bajar el riesgo país. Si se come el trimestre de oro de ingreso de dólares, va a llegar a las elecciones 2027 colgado del travesaño.
El Banco Comafi, enumeró cuatro focos de inquietud. Primero, el riesgo de mayor irregularidad del crédito, con mora de familias en máximos. Segundo, la debilidad de los sectores intensivos en empleo, como industria, construcción y comercio. Tercero, la capacidad de refinanciar los compromisos de deuda hacia 2027. Y cuarto, el factor político, con las elecciones ya instaladas en la agenda del poder.
Barclays también puso el acento en ese desequilibrio. Señaló que mientras los sectores vinculados a exportaciones y finanzas crecieron, los ligados al empleo masivo mostraron caídas. Eso, advirtió, puede afectar la popularidad de Javier Milei. JPMorgan, en cambio, recogió la versión oficial: las necesidades financieras de 2026 estarían cubiertas sin recurrir al mercado internacional. Para ese banco, los riesgos son más políticos que económicos.
Operadores de Wall Street.
Bank of America se sumó a esa mirada más optimista. Destacó el acuerdo con el FMI y el respaldo del Banco Mundial por USD 2000 millones para aliviar vencimientos. Proyectó un crecimiento del 3,5% con liderazgo de minería, energía, bancos y tecnología. Grit Capital aportó color: describió una Washington repleta de gestores de fondos discutiendo cómo atravesar el muro de vencimientos de 2026 y 2027. En ese circuito se habló del «Plan B»: conseguir financiamiento bancario con garantías multilaterales para evitar salir a tasas altas. Pero también se deslizó una duda: si ese puente alcanza o si habrá que ir a un manejo de pasivos más profundo. Caputo negó esa posibilidad la semana pasada.
Morgan Stanley bajó los números a tierra: las necesidades en dólares del Tesoro llegarían a USD 19.900 millones en 2026 y subirían a USD 23.400 millones en 2027. A eso se suman al menos USD 11.000 millones del BCRA entre Bopreal y repos. Gran parte de esos compromisos caen en los primeros meses del año electoral.
En ese contexto sorprendieron las críticas de Nicolás Dujovne, cercano al equipo económico. Planteó que la inflación será más alta de lo esperado y que el proceso no es lineal, sino lleno de avances y retrocesos. También relativizó el margen fiscal: «las mejoras posibles son marginales», afirmó. Y dejó una definición incómoda: «para crecer más, haría falta un salto en salarios que hoy no aparece».
Ya son varios los economistas que advierten sobre la fragilidad de la cuenta en pesos. Un mercado interno deprimido erosiona la recaudación y obliga a profundizar el ajuste para sostener la meta fiscal. Eso genera «bolsones de pobreza», como definió Ricardo Arriazu, que terminan alimentando el riesgo político. O sea, el regreso del peronismo.
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Juan Bautista Mahiques está a punto de incumplir el encargo más importante al que se comprometió ante Karina Milei para blindarla en la causa de las coimas de la Andis, por demorar el trámite para la continuidad de Martín Irurzun en la Cámara Federal porteña. La bronca del juez, cuyo pliego para prorrogar su cargo en la Sala II todavía no mandó el gobierno, amenaza con transformar la situación de la secretaria general de la Presidencia en un calvario.
En efecto, Irurzun cumpliría 75 años el 18 de julio próximo y tramitó la solicitud para renovar su lugar en el tribunal el año pasado, igual que Carlos «Coco» Mahiques. Sin embargo, Javier Milei envió al Senado el pliego del padre del ministro de Justicia en febrero, Patricia Bullrich ya le consiguió el dictamen para aprobarlo en recinto e Irurzun sigue esperando.
Fuentes judiciales dijeron a LPO que el juez de la teoría del poder residual y las prisiones preventivas le habría puesto un ultimátum a Mahiques: si no se envía el pliego antes del próximo martes, el supuesto control político que el ministro había prometido a la Casa Rosada quedaría destrozado.
En Comodoro Py aseguran que Irurzun habría accedido a un pedido de Martín Menem para mantener abierta la causa que impugna los audios de Spagnuolo, una jugada que busca complicar la investigación del caso que lleva adelante el fiscal Franco Picardi, en el juzgado que subrogó Sebastián Casanello hasta el último verano y ahora retomó Ariel Lijo. El argumento utilizado era que todo se había originado a partir de la obtención de los audios de Diego Spagnuolo de forma ilegal, lo que se conoce como la teoría del fruto prohibido.
En Comodoro Py aseguran que Irurzun habría accedido a un pedido de Martín Menem para mantener abierta la causa que impugna los audios de Spagnuolo, una jugada que busca complicar la investigación del caso que lleva adelante el fiscal Franco Picardi.
De hecho, Irurzun jugó a fondo y convenció a Roberto Boico de votar a favor para que esa denuncia se sostuviera en la cámara y condicionara el trabajo de Picardi, dejando a Eduardo Farah con un pronunciamiento en contra. El problema es que Mahiques jamás aceleró el trámite para garantizarle a Irurzun su continuidad más allá de su próximo cumpleaños y el juez empezó a inquietarse.
Un viejo adversario del ministro consideró que «Mahiques tuvo un grave error de cálculo sobre la situación del expediente y se sobregiró por su capacidad política para reacomodar los tantos en la Cámara, en medio de la tensión con Lijo» en la carrera hacia la Procuración General de la Nación, una puja que ya publicó LPO.
En efecto, Irurzun integra el eje de poder al interior de Tribunales que comandan entre Lijo y Ricardo Lorenzetti, quien a su vez decidió urdir mayoría con Carlos Rosenkrantz en la Corte para atormentar a Horacio Rosatti con la acordada del cambio de reglas para la selección de magistrados. La iniciativa es un pedido de las cámaras empresarias, como las que se agrupan en el G6.
Para colmo, LPO reveló en exclusiva que Lorenzetti se reunió con Mauricio Macri y pactaron el desplazamiento de Rosatti de la presidencia del máximo tribunal, mientras que el ex presidente especula con limar a Milei con fallos judiciales que lo debiliten políticamente antes de las elecciones de 2027.
En Casa Rosada se activaron las alarmas con la furia de Irurzun porque un operador judicial le habría enviado un mensaje a la legisladora porteña Pilar Ramírez, mano derecha de Karina, para que dé aviso a su jefa sobre el «descuido» de Mahiques. El cierre eventual de la causa sobre la legitimidad de los audios disolvería la única estrategia defensista del gobierno y dejaría el camino allanado para que Picardi profundice la investigación, apuntando a los responsables políticos de la trama.
Esa vulnerabilidad del gobierno podría haber sido el motor de un encuentro secreto entre otro juez poderoso de Comodoro Py y Karina, que estaría empezando a desconfiar del ministro que designó. «Juan vendió que resolvía todo pero se movió solo, eso cayó mal en ‘Py’ y la hipotética liberación de Irurzun de cualquier compromiso por el incumplimiento con él, es el punto ciego que estaría por arrastrar a Karina y los Menem a una profundización de sus problemas judiciales», explicó alguien que conoce al ministro desde hace tiempo.
Esa vulnerabilidad del gobierno podría haber sido el motor de un encuentro secreto entre Lijo y Karina, que estaría empezando a desconfiar del ministro que designó.
Tanto en Comodoro Py como en el Congreso observan que Mahiques actúa con «indolencia» y que habría convencido a los Menem que «dejar caer a Irurzun no tendría costo». Sus detractores cuentan entre las dotaciones del camarista el respaldo de Lijo en los tribunales de Retiro y Lorenzetti en el Palacio Talcahuano, razón por la cual suponen que la jubilación forzada abriría una seguidilla de pedidos de indagatorias contra Karina.
En rigor, Irurzun ya inició una cuenta regresiva que se le agota en menos de 90 días y es una pieza clave para resolver la causa Andis. Un cambio de criterio del juez puede convertir el 2 a 1 a favor del argumento defensista del gobierno en un 1 a 2 en contra, pero incluso se especula con que el voto que acompañó a Irurzun por solidaridad con su situación, el de Boico, también cambie de orientación debido al destrato a su colega.
Como sea, el fallo que permitió hasta ahora discutir la legitimidad de los audios funcionó como un compás de espera de los jueces, atentos a la complejidad del contexto político. Esa pausa puede cortarse con la recepción de los argumentos que propician la nulidad de la causa o como una indicación al fiscal Picardi para que profundice la investigación y que la densidad de los hallazgos desmonten el cuestionamiento de los audios.
El cumpleaños de Irurzun, que marca el deadline de este conflicto, cae justo un día antes de la final del Mundial.
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