A partir de hoy, hasta el 10 de febrero artistas y colectivos nacionales e internacionales podrán inscribirse para participar de la Bienal Internacional de Arte de Río Negro 2022 que se llevará a cabo desde el 18 al 27 de marzo 2022 en Valcheta.
La Bienal Internacional de Arte Río Negro es organizada por la Secretaría de Estado de Cultura provincial junto a la Municipalidad de Valcheta. Es un evento que pretende desarrollar espacios de acción artística bajo el lenguaje del arte contemporáneo, abordando el espacio urbano y paisaje del entorno de la ciudad como lienzo contenedor de estas acciones artísticas.
Los y las artistas y colectivos nacionales e internacionales que deseen presentar proyectos artísticos en el marco de esta Bienal deberán inscribirse en la página cultura.rionegro.gov.ar y también podrán realizar consultas al mail [email protected]
Los proyectos artísticos podrán abordar las siguientes disciplinas o categorías de creación: Artes Visuales, Arte y espacio Público, Arte en el espacio Urbano, Arte y Naturaleza, Arte y Acción social.
Se seleccionarán hasta 20 obras que se generarán en espacios naturales, y habrá conversatorios, presentación de portafolios, talleres en escuelas, y espacios para la discusión teórica, vinculando artistas de diferentes latitudes, todo reunido en la localidad de Valcheta.
Las inscripciones cerrarán el 10 de febrero y el día 25 de ese mes el jurado notificará el listado de las obras seleccionadas.
La Bienal aborda un sentido comunitario y social, de identidad, diversidad y experimentación. La elección de la localidad de Valcheta para la realización de este gran evento artístico elimina los sitios comunes para proponer y habitar espacios y vivencias diferentes. El Gobierno provincial continúa de esta manera fortaleciendo la cultura rionegrina.
Carlos D’Alessandro, el diputado que rompió el bloque libertario la semana pasada junto a Marcela Pagano, le preguntó a Guillermo Francos este miércoles si se hubieran evitado los escándalos de corrupción del gobierno con no designar a Martín Menem al frente de la Cámara Baja.
“¿Usted piensa que si no hubiéramos puesto a Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados no hubiéramos tenido estos hechos de corrupción?”, dijo el legislador puntano ante la mirada furiosa del riojano, que se encontraba presidiendo la sesión informativa.
Antes de formular esa pregunta, D’Alessandro recordó una reunión de los legisladores electos de La Libertad Avanza con el propio Francos, en diciembre de 2023, antes de la elección de las autoridades de la cámara.
Según el diputado, Francos “comentó que se había pensado en el señor Cristian Ritondo como presidente de la Cámara de Diputados” pero que el acuerdo entre Mauricio Macri y Javier Milei tornaba ociosa la concesión a un sector político que ya estaba dentro del esquema del gobierno entrante. “Como el PRO ya estaba con nosotros, ese acuerdo estaba roto y adónde iban a ir”, repuso D’Alessandro para interpretar el razonamiento del actual jefe de Gabinete.
Por eso, contó que Francos consideró delante de la tropa libertaria que “la mejor idea era ponerlo como presidente de la cámara de Diputados al señor Florencio Randazzo”. “Y este diputado, que se opuso en ese momento, le dijo que cualquier diputado libertario era mejor que cualquiera de los de ellos”, reconoció, y agregó que “después surgió como presiente el doctor Martín Menem”.
Esa introducción le sirvió al diputado para contextualizar su pregunta contra el riojano porque, a su entender, “el apellido Menem viene vinculado a todos los hechos de corrupción que enfocan directamente sobre el presidente Javier Milei, desgastan la imagen de este gobierno”.
Francos, Rolandi y Menem.
En ese sentido no se detuvo en el caso de las coimas de la Andis que blanqueó Diego Spagnuolo, sino que también apuntó “el problema de corrupción que se ve en otros lados, como los contratos del Banco Nación asignados a la familia Menem y la obra social intervenida de Osprera”.
Mientras D’Alessandro enunciaba su inquietud, sus ex colegas de bancada le gritaban “traidor”, ofendidos por su articulación con Pagano para armar el bloque Coherencia junto a Lourdes Arrieta y el formoseño Gerardo González.
¿Usted piensa que si no hubiéramos puesto a Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados no hubiéramos tenido estos hechos de corrupción?
Finalmente, Francos se deslindó de la elección de Menem como titular de la Cámara Baja, aunque manifestó el “orgullo” del Poder Ejecutivo “por el trabajo que viene haciendo”.
Dale Play y espera unos segundos a que comience De un pibe que se quedó huérfano y se crio en la calle se dice que puede tocar y acompañarse solo al mismo tiempo. Al hijo de una india toba que se murió de hambre y un hachero que se suicidó de pobreza van a golpearlo…
La falla en miles de pasaportes argentinos, confirmada por el propio Gobierno, vuelve a poner bajo la lupa la impericia de Milei y su idea de un Estado reducido a su mínima expresión, incapaz de garantizar los controles más elementales.
Por Tomás Palazzo para Noticias La Insuperable
Un papelón internacional
La noticia explotó a partir de reportes de controles migratorios en el exterior, donde máquinas de lectura alertaron sobre anomalías invisibles al ojo humano en pasaportes argentinos. La falla está relacionada con una tinta negra de seguridad provista por una empresa alemana que abastece al país hace más de diez años.
La diferencia esta vez no estuvo en el proveedor, sino en la ausencia de mecanismos de control interno que permitan detectar los problemas antes de que los documentos lleguen al público. Un Estado presente y con controles sólidos hubiera identificado la irregularidad antes de que sean entregados.
Pasaportes en revisión
El RENAPER confirmó que los documentos afectados corresponden a la serie AAL, dentro de los rangos numéricos:
AAL314778 a AAL346228
AAL400000 a AAL607599
AAL616000 a AAL620088
En total, el universo comprometido supera los 300 mil pasaportes, aunque se estima que los defectuosos reales son entre 5.000 y 6.000. El problema: el propio RENAPER no puede precisar cuáles son los fallados, obligando a revisar uno por uno.
Ciudadanos en el medio
Miles de personas que tramitaron su documento en los últimos meses quedaron atrapadas en la incertidumbre. La situación ya provocó devoluciones masivas de pasaportes en consulados argentinos, especialmente en San Pablo, Brasil, y podría repetirse en otros destinos.
En lugar de garantizar certezas, el Gobierno se limitó a pedir que todos los pasaportes dentro de esos rangos sean presentados en consulados o en el RENAPER. Si el documento está en regla, será devuelto; si presenta la falla, se imprimirá uno nuevo “sin costo”.
La fragilidad del modelo Milei
Más allá de los tecnicismos, lo que se desnuda es el trasfondo político: un Estado desguazado por la motosierra de Milei no puede garantizar ni los documentos de identidad. No se trata de un error aislado, sino de la consecuencia lógica de un gobierno que desprecia la estructura pública, recorta personal y reduce áreas de control consideradas “gasto”.
El pasaporte es, quizás, la máxima carta de presentación internacional de un país. Que hoy esté en duda su validez habla de una fragilidad institucional y operativa alarmante.
Un problema que no se esfuma
Aunque el Gobierno insiste en que la situación productiva “se encuentra resuelta” desde hace semanas, lo cierto es que los afectados siguen peregrinando entre oficinas y consulados. Y mientras Milei repite su mantra del “Estado mínimo”, la realidad vuelve a demostrar que sin controles estatales, los errores se multiplican y los ciudadanos quedan desprotegidos.
Domingo 24 15:50 hs Se recibe llamado telefónico informando de un incendio en chacra 40 Lote 3. Hacia el lugar se dirigieron tres dotaciones de bomberos con 12 voluntarios en los Móviles N° 11 Unidad Forestal, N° 8 Unidad Cisterna, N° 15 Unidad Forestal de Ataque Rápido. 17:10 hs Se recibe llamado telefónico informando de un incendio de pastizales sobre Juan…
La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina recuerda que este miércoles 8 tendrá lugar la Masterclass de Fernando Ciancio en el marco de las capacitaciones de la Orquesta Filarmónica de Río Negro. Ciancio es trompeta solista de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. La capacitación es gratuita y está destinada a estudiantes…
El bloque del oficialismo santafesino logró prevalecer en la reforma judicial a consagrarse en la futura Constitución de la provincia. La política se asegura preponderancia en mecanismos vitales en la redistribución de poder que implica toda carta magna. El gobernador elegirá de manera discrecional, sin concurso, al fiscal general que diseña la persecución penal. Los legisladores, que son decisivos para la designación de jueces, serán mayoría en el tribunal facultado para removerlos.
Maximiliano Pullaro se aseguró tener la chance de disputar su reelección a partir de un acuerdo con un cuerpo poderoso, el Senado de la provincia, varios de cuyos 19 miembros son convencionales constituyentes. La contrapartida es que el Senado preserva su peso corporativo en todo lo que significa reparto de poder. Ya lo habían hecho sus miembros al asegurarse en la ley que declaró la necesidad de la reforma que no entraría a la Convención nada que afectara la bicameralidad. Pero ahora, incluso, se garantizan mayor peso específico.
Ya no habrá concurso, como hasta ahora y desde que Santa Fe asumió el modelo acusatorio de juicio, para nominar al fiscal general y defensor general de la provincia. Lo hará el gobernador a dedo con acuerdo de la Asamblea Legislativa. El nombramiento de los jueces quedará a cargo de un órgano asesor. Estará en el ámbito del Poder Ejecutivo.
Pero a diferencia de lo que quería Pullaro, que era integrar los aprobados en concurso en una lista de orden alfabético para que el gobernador escoja libremente al candidato, se limitará esa discrecionalidad. Según lo que indican los convencionales socialistas, el gobernador elegiría de una lista donde el consejo asesor, a partir de la evaluación del tribunal del concurso, establece el mérito de los aspirantes. Salvo que en la ley de reglamentación de concursos se termine imponiendo la aspiración del actual gobernador, que es elegir libremente más allá de los mejores calificados.
Pero en la remoción de los jueces la política tendrá la palabra. Jueces, procuradores, fiscales y defensores serán juzgados por un jurado de enjuiciamiento con modelo acusatorio de modo oral y público. Habrá un órgano técnico que acuse y un jurado. El que presidirá el tribunal será un ministro de la Corte, el fiscal General o Defensor General según el funcionario juzgado. Habrá dos magistrados, dos abogados de la matrícula provincial, tres senadores y tres diputados con representación de minorías.
Esto quiere decir que, de los once miembros, seis son del estamento político. La política a la vez nombra y remueve. Hoy el modelo de enjuiciamiento es una desmesura sin parangón en ningún lado, cuestionada por las organizaciones vinculadas a la lucha contra la corrupción. Actualmente es la comisión de Acuerdos de la Legislatura y la Asamblea Legislativa la que remueve. Eso se lo dio en 2016 por unanimidad la misma Legislatura, muchos de cuyos miembros que votaron eso son convencionales, cuando cinco senadores fueron denunciados por manejo irregular de subsidios. La respuesta que se dieron los legisladores fue otorgarse el poder disciplinario sobre quienes los investigaran.
Lisandro Enrico.
Ahora esto cambia pero entra en la Constitución un predominio del estamento político. Suaviza la grosería del modelo anterior, pero seguramente será motivo de discusión sobre su inconstitucionalidad.
El argumento de la minoría es un tanto enclenque. En Santa Fe, hace muchos años se habla capciosamente de partido del Senado, que junta a mayoría y minoría en un mismo bloque de actuación. Para entenderlo: cuando le pidieron el desafuero por corrupción al senador Armando Traferri (de la mayoría peronista entonces) el que defendió el rechazo al reclamo de los fiscales fue el radical Lisandro Enrico (radical de la primera minoría).
Enrico esta vez dijo que en Córdoba el tribunal que juzga jueces se integra hace veinte años con un juez y cuatro legisladores. Y que es aventurado pensar que los seis legisladores como mayoría se puedan poner de acuerdo para definir la suerte de un magistrado o fiscal bajo proceso disciplinario. En Santa Fe, sin embargo, 69 legisladores ya convinieron por unanimidad y sin debate, hace muy poco, que la Legislatura era el órgano de juicio de los fiscales y defensores. No es un agravio decir que habrá que verlo.
Traferri en la Convención Constituyente.
Pullaro dice que no quiere más que un poder elegido indirectamente defina el diseño y los nombres de los que integrarán el Poder Judicial. Lo que dice tiene un razonable arraigo histórico. En Santa Fe la Justicia fue definida por el Poder Ejecutivo pero con los nombres que le pasaban lobbies, como estudios de abogados consistentes, como el famoso estudio Cerruti de Rosario en los años 80, o los miembros de los colegios de magistrados a través de la Corte Suprema. Pero Pullaro quiso reemplazar eso por un método de selección de jueces sin mérito, con discrecionalidad y a su propio riesgo a la hora de rendir cuentas por desaciertos. Según los convencionales oficialistas, especialmente los aliados socialistas de Pullaro, lo que se logró es una transacción que evitará una cosa y la otra.
Las leyes que reglamenten todo esto saldrán en un plazo máximo de dos años terminada la Convención y aprobada la Nueva Constitución. Para entonces, la Legislatura de Santa Fe tendrá otra integración.
Habrá también controles cruzados y limitaciones. El gobernador no puede dictar decretos de necesidad y urgencia. Se instalaron frenos a las reelecciones indefinidas a los legisladores: si bien los actuales podrán ser reelegidos y tener chances de permanencia hasta 2035, no podrán desde 2031 repetir más que por dos períodos consecutivos. También se levantaron los fueros que daban inmunidad de proceso a diputados y senadores. Algo con una lógica elemental: Santa Fe es hasta ahora uno de los escasos distritos donde no se puede no ya detener sino enjuiciar a un legislador si sus pares no le levantan la inmunidad.
Lionella Cattalini.
Otro cambio de relevancia es el que fija en la Constitución el número de miembros de la Corte Suprema. Serán siete de manera fija, con ponderación de que haya equilibrio de género y también de la procedencia territorial de sus integrantes. La diputada socialista Lionella Cattalini dijo en el debate que fijar la cantidad de ministros en el texto constitucional evita que gobernadores intenten modificar por ley su integración para lograr Cortes adictas. Y también celebró que no se exija una mayoría especialísima de dos tercios de los miembros presentes de la Legislatura para avalar los nombramientos de aspirantes a la Corte. Sostuvo que lograr un consenso tan exigente termina siendo una limitación restrictiva, favorable a los sectores conservadores que impiden innovar.
Un punto importante es la condición extrapoder que tendrá el cuerpo de fiscales provinciales y la defensa pública. Tendrán autonomía, autarquía financiera y no estarán bajo la esfera de los tres poderes. Esto implica que gobernarán sus recursos y sus designaciones, que hasta ahora están bajo dependencia y condicionamiento del Poder Judicial. El personal de estos dos ministerios -el de la acusación y el de la defensa-ya no dependerá del ámbito judicial. Lo que generó zozobra y temores en empleados y funcionarios sobre la posibilidad de perder derechos laborales.
Lo que Maximiliano Pullaro cerró con el espacio del justicialismo especialmente, de manera general, fue la gobernabilidad de los próximos años en Santa Fe. Es un acuerdo general sobre el funcionamiento del poder que se cristalizó en la Constitución y donde fue clave el armado de los senadores preservando sus resortes de influencia. Eso redunda, más allá de las valoraciones, en una fortaleza del gobernador santafesino. La negociación y la potencia del que tiene poder real está más allá de las normativas por valiosas que estas sean.
Lo deja claro esta nota. En marzo pasado este medio publicó quiénes estaban llamados a imponerse en un concurso para fiscal regional de Rosario y en el de camaristas penales. Aún no estaba terminado el trámite. Lo que expone que existe siempre, sobre las reglas de juego que se ponderan, una discrecionalidad. Que lo da el vigor político y la capacidad de imponer la voluntad en las negociaciones. El último envío de pliegos de jueces fiscales y defensores en Santa Fe esta semana deja clarísima una negociación. Los mecanismos de designación de magistrados y de órganos extrapoder en la nueva Constitución santafesina a esas discrecionalidades no las clausura y las legitima.
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