Fuerte tensión en la Mesa de Enlace por la incidencia en un puerto cerealero clave

Fuerte tensión en la Mesa de Enlace por la incidencia en un puerto cerealero clave

La designación del nuevo Directorio del Puerto Quequén por parte del gobierno de Axel Kicillof desató una fuerte controversia en la Mesa de Enlace por la gravitación en el tablero de control del puerto cerealero más importante de la provincia.

En Carbap salieron a rechazar esta nueva conformación y denunciaron que Coninagro no solo sigue ocupando el asiento destinado a los productores sin respetar la rotación de entidades, sino que además tiene vinculación con un segundo director que responde a la cooperativa más fuerte de la entidad, ACA, que tiene una licitación pendiente en ese consorcio portuario.

Frente a eso, en Carbap advirtieron «inconsistencias, arbitrariedades y situaciones de posible conflicto de intereses» a partir de las dos sillas que ocupa Coninagro en Puerto Quequén, donde meses atrás asumió como presidente Ernesto Povilaitis, designado por la Provincia y alineado al intendente de Necochea, Arturo Rojas.

Los dos directores que están en la mira de Carbap pertenecen a la entidad más fuerte de Coninagro, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), que exporta el 30% de los cereales y oleaginosas que comercializa a través de los puertos de San Lorenzo y Timbúes (Santa Fe) y Quequén. 

Carbap habló de un procedimiento «llamativo» y advirtió que, por rotación, le correspondía ocupar esa silla, para la que había propuesto al titular de la Rural de Necochea, Eugenio Cardenau.

«Coninagro tampoco respetó los acuerdos de rotación institucional oportunamente establecidos entre las entidades, perpetuando su representación», alertaron en la confederación presidida por Pablo Ginestet.

En Carbap advirtieron que ACA «tiene pendiente la licitación de un permiso de operación en el Puerto de Quequén, cuya resolución deberá abordar el próximo año el propio Directorio del Consorcio».

Los dos directores que están en la mira de Carbap pertenecen a la entidad más fuerte de Coninagro, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), que exporta el 30% de los cereales y oleaginosas que comercializa a través de los puertos de San Lorenzo y Timbúes (Santa Fe) y Quequén.

El recientemente designado en el asiento de los productores dentro del Directorio de Quequén es Egidio Alberto Mailland, protesorero de ACA, que sucedió en ese lugar a Juan Arnoldo Ouwerkerk, también de Coninagro.

En tanto, por la Cámara de Permisionarios y Concesionarios del Puerto se designó a Pablo Gonzalo Santirso, gerente del elevador de granos de ACA en Quequén.

Fuerte tensión en la Mesa de Enlace por la incidencia en un puerto cerealero clave

«Si bien ambos ingresan al Directorio en representación de sectores diferentes, los dos pertenecen a la cooperativa más importante de Coninagro», alertan en Carbap.

En ese sentido, enfatizaron la que esta situación adquiere especial relevancia «porque dicha cooperativa tiene pendiente la licitación de un permiso de operación en el Puerto de Quequén, cuya resolución deberá abordar el próximo año el propio Directorio del Consorcio».

«Esto genera serios interrogantes sobre la concentración de representación, la necesaria independencia en la toma de decisiones y la prevención de posibles conflictos de intereses», agregaron.

LPO contó que en Quequén aún existen decisiones pendientes de relevancia por tomar. Entre ellas, la licitación por el control del elevador de granos, un negocio de más de 8 millones de dólares anuales y que viene siendo prorrogado anualmente a Terminal Quequén.

Una pelea interna por el Puerto Quequén demora la modernización de la terminal 

Esa sociedad está compuesta, entre otras, por la Sociedad Rural Argentina, CRA, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y agroexportadoras como Viterra, Cofco y Bunge que tiene el control desde 1992, cuando ganó la primera y hasta el momento única licitación.

Es en ese contexto, que la gravitación en el Directorio cobra especial relevancia. Por lo pronto, Carbap reclamó revisar las designaciones, pidió respeto a la pluralidad de las instituciones agropecuarias y que se «asegure la independencia de quienes deben tomar decisiones sobre el funcionamiento y los intereses del Puerto de Quequén».

«No se trata de reclamar un lugar por una cuestión de nombres o cargos. Se trata de defender la institucionalidad, la representación genuina de los productores y la transparencia en la administración de un puerto estratégico para toda la comunidad productiva», advirtieron.

Frente a eso, LPO se comunicó con Lucas Magnano, presidente de Coninagro y dirigente de ACA, quien no quiso hacer declaraciones al respecto. 

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  • La Justicia Laboral revocó el rechazo inicial y aceptó un amparo de más de 20 gremios contra las resoluciones de Bullrich que atacan el derecho a huelga

     

    Foto: NA / Damián Dopacio.

    La decisión la tomó la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Tramitará la acción de amparo presentada por más de 20 organizaciones gremiales contra las Resoluciones 893/2024 y 901/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación. Aseguran que las normas implican la “criminalización del ejercicio del derecho a huelga”. Por InfoGremiales.


    La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó este martes el rechazo inicial de una acción que denuncia la criminalización de la protesta gremial y la injerencia ilegítima del Ministerio de Seguridad, de Patricia Bullrich, en asuntos laborales.

    En una resolución clave para la defensa de los derechos sindicales, la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó tramitar la acción de amparo presentada por organizaciones gremiales contra las Resoluciones 893/2024 y 901/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación.

    La demanda, promovida por más de 20 organizaciones sindicales, denuncia que las mencionadas resoluciones instauran un protocolo que permite la intervención de fuerzas de seguridad, la identificación de manifestantes y hasta la remisión de sus datos a la justicia penal, configurando un mecanismo de represión y criminalización del ejercicio del derecho a huelga.

    Según los actores, las normas atacadas constituyen una avanzada inconstitucional sobre la libertad sindical, permitiendo que una autoridad administrativa defina, sin control judicial, si una medida gremial constituye un “bloqueo” pasible de intervención policial, despido laboral o persecución penal. Todo ello, en abierta contradicción con la Constitución Nacional, los convenios de la OIT y tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.

    La Cámara, al revocar el fallo de primera instancia que había rechazado “in limine” la acción, sostuvo que el amparo sindical previsto en el artículo 47 de la Ley 23.551 es una herramienta procesal adecuada para cuestionar actos estatales que puedan interferir con el ejercicio regular de los derechos colectivos.

    Asimismo, destacó que las resoluciones emitidas por el Ministerio de Seguridad, en tanto podrían incidir sobre la actividad gremial en los ámbitos de representación de las entidades actoras, configuran un escenario que justifica la apertura del proceso y la revisión judicial, ante el riesgo cierto de afectación a garantías constitucionales vinculadas a la libertad sindical.

    Ahora queda por resolver la medida cautelar solicitada por el juzgado de origen, dónde se solicito la suspensión de las resoluciones ministeriales mientras se tramite el fondo de la cuestión.

    El fallo:

    Revoca Sentencia Interlocutoria Ordena

    Fuente: https://www.infogremiales.com.ar/la-justicia-laboral-revoco-el-rechazo-inicial-y-acepto-un-amparo-de-mas-de-20-gremios-contra-las-resoluciones-de-bullrich-que-atacan-el-derecho-a-huelga/

     

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    De acuerdo con información que trascendió, el gobierno nacional les dijo a empresarios que estudia estas modificaciones y que en el nuevo esquema podría pasar a todos los contribuyentes al régimen general.

    El objetivo es “formalizar” la economía, según reuniones que mantuvo el equipo económico con el sector privado.

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    • Monotributistas:  eliminarían el régimen y los contribuyentes pasarían a autónomos. 
    • Autónomos: se evalúa una escala de $100.000 a $500.000 y habilitar deducciones de gastos personales. En cuanto al IVA, se fija un umbral mínimo equivalente a la Categoría F del monotributo ($3 millones mensuales). 
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