Milei negocia las reglas electorales a medida: habilita las colectoras para comprar apoyos y suspender las PASO

Milei negocia las reglas electorales a medida: habilita las colectoras para comprar apoyos y suspender las PASO

La Casa Rosada incorporó las listas colectoras a la reforma electoral para conseguir el respaldo de gobernadores y senadores aliados. El oficialismo ofrece compartir la boleta presidencial de Javier Milei a cambio de que sus socios puedan competir con candidatos legislativos propios. Una negociación que vuelve a poner en evidencia cómo el Gobierno está dispuesto a modificar las reglas del juego electoral para asegurar sus objetivos políticos de cara a 2027.

Por Roque Pérez para NLI

Milei negocia las reglas electorales a medida: habilita las colectoras para comprar apoyos y suspender las PASO

El Gobierno de Javier Milei encontró una nueva moneda de cambio para intentar avanzar con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO): habilitar las listas colectoras. La modificación fue incorporada al borrador de la reforma electoral que la Casa Rosada negocia con gobernadores y bloques aliados, en una maniobra que busca destrabar los votos necesarios para aprobar una iniciativa que el oficialismo considera estratégica para sus aspiraciones de continuidad en el poder.

La propuesta tiene una lógica política bastante clara. Milei necesita los votos de los gobernadores, pero esos mismos gobernadores quieren conservar autonomía y representación parlamentaria en sus provincias. La solución que encontró el Ejecutivo consiste en permitir que una misma candidatura presidencial pueda llevar adheridas dos listas legislativas diferentes: la de La Libertad Avanza y la de una fuerza provincial o aliada. De esta manera, los mandatarios podrían respaldar la candidatura presidencial libertaria sin renunciar a presentar sus propios candidatos al Congreso.

El mecanismo funcionaría de manera excepcional para las elecciones de 2027. En la Boleta Única de Papel, la fórmula presidencial aparecería vinculada a dos columnas de candidaturas legislativas, una correspondiente a su propia fuerza y otra perteneciente a una agrupación de diferente denominación. Los votos obtenidos por cada lista legislativa se computarían por separado.

La modificación no estaba contemplada en el planteo original del Gobierno. Apareció como respuesta a los reclamos de los mandatarios provinciales que, aunque dispuestos a acompañar la suspensión de las primarias, no quieren quedar subordinados a la estructura electoral de La Libertad Avanza ni entregar sus espacios de representación parlamentaria. En otras palabras, la Casa Rosada necesita a sus aliados territoriales y está dispuesta a concederles una herramienta electoral para conseguir su respaldo.

La suspensión de las PASO y el negocio de los votos

La negociación revela las dificultades que enfrenta Milei para imponer su agenda legislativa sin recurrir a acuerdos con sectores que, en otros momentos, el propio oficialismo presentó como parte de la vieja política. La eliminación o suspensión de las primarias se convirtió en una prioridad porque modifica sustancialmente el escenario de competencia de cara a las presidenciales de 2027.

Las PASO fueron creadas para que los partidos y alianzas pudieran resolver sus candidaturas mediante una instancia de participación ciudadana. Su eliminación o suspensión obligaría a las distintas fuerzas a definir sus postulaciones mediante mecanismos internos o acuerdos políticos, trasladando el peso de esas decisiones a las conducciones partidarias y las negociaciones entre dirigentes.

El efecto puede ser especialmente importante para el peronismo, que todavía enfrenta dificultades para ordenar sus liderazgos y construir una candidatura de unidad. Sin primarias, la posibilidad de que distintas expresiones del espacio concurran separadas a las elecciones generales podría favorecer al oficialismo, que encontraría una oposición fragmentada frente a una candidatura presidencial unificada.

Pero el problema de Milei no se limita a sus adversarios. También debe contener a sus propios socios, que no necesariamente comparten los intereses electorales de La Libertad Avanza. Los gobernadores necesitan legisladores propios, recursos para sus distritos y capacidad de negociación con el poder nacional. La habilitación de las colectoras aparece así como una concesión para sostener una alianza que está lejos de ser incondicional.

Las negociaciones fueron encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo «Lule» Menem. La intervención de ambos funcionarios también dejó expuesta la interna de la estrategia oficialista: Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, no participó de esas conversaciones.

Un oficialismo que tampoco tiene todos los votos

El poroteo parlamentario explica la urgencia de las concesiones. Según los números difundidos este lunes por la Agencia Noticias Argentinas, La Libertad Avanza contaba con seis senadores propios y dos aliados dispuestos a firmar el dictamen, cuando necesita diez firmas para avanzar en la comisión de Asuntos Constitucionales.

Entre los apoyos confirmados figuraban el radical Eduardo Vischi y la cordobesa Alejandra Vigo, aunque esta última reclamaba modificaciones. El oficialismo buscaba sumar a Rodolfo Suárez y Carlos Espínola, mientras que Flavio Fama y Carolina Moisés todavía no habían definido su posición.

El objetivo final es reunir los 37 votos necesarios para aprobar la iniciativa en el Senado. Para eso, el Gobierno cuenta con el respaldo o la disposición al diálogo de distintos mandatarios provinciales, entre ellos Raúl Jalil, Rolando Figueroa, Martín Llaryora, Ignacio Torres y Gustavo Sáenz. También intenta sumar a Misiones, donde el gobernador Hugo Passalacqua tiene influencia sobre los senadores Carlos Arce y Sonia Decut.

Sin embargo, la incorporación de las colectoras tampoco garantiza una negociación sencilla. El PRO ya expresó reparos sobre los cambios y dentro del propio espacio oficialista aparecieron objeciones jurídicas. Gerardo Milman, dirigente cercano a Patricia Bullrich, cuestionó la posibilidad de aplicar el mecanismo a las candidaturas al Senado, al considerar que podría entrar en conflicto con el artículo 54 de la Constitución Nacional, que establece la representación de las fuerzas más votadas en cada distrito.

La discusión no es menor: una reforma electoral debe respetar las disposiciones constitucionales y no puede resolverse únicamente mediante acuerdos entre dirigentes. El alcance de las colectoras en las categorías legislativas deberá quedar claramente establecido para evitar conflictos de interpretación y eventuales impugnaciones judiciales.

Las reglas electorales, otra variable de la negociación política

Hay una cuestión de fondo que merece especial atención. El Gobierno sostiene que necesita modificar el sistema electoral para reducir gastos y simplificar los procesos de votación. Sin embargo, mientras presenta ese argumento, incorpora excepciones, concesiones y mecanismos específicos para conseguir el respaldo de quienes pueden garantizarle los votos parlamentarios.

La discusión sobre las PASO debería centrarse en la participación ciudadana, la democratización de los partidos, la transparencia de las candidaturas y la calidad de la representación política. En cambio, la negociación de la Casa Rosada está atravesada por el reparto de espacios, las necesidades electorales de los gobernadores y la conveniencia de cada fuerza para llegar mejor posicionada a 2027.

La paradoja es evidente: un Gobierno que llegó al poder prometiendo terminar con los privilegios de la política tradicional necesita negociar con sus representantes y modificar el sistema electoral para conservar una mayoría parlamentaria.

Las colectoras pueden ser una herramienta legal de competencia electoral, pero su incorporación en este momento y bajo estas condiciones tiene una motivación política concreta: destrabar la suspensión de las PASO y garantizar que los aliados territoriales no abandonen el proyecto oficialista cuando llegue la hora de repartir candidaturas.

La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado tiene previsto discutir el nuevo texto este martes. El oficialismo llega con una propuesta modificada, apoyos todavía insuficientes y una negociación que continúa abierta. La reforma electoral que Milei presenta como una simplificación del sistema empieza a mostrar su verdadera dimensión: una disputa por el control de las candidaturas, la representación parlamentaria y las condiciones en las que se jugará la elección presidencial de 2027.

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  • Dieron el informe final del caso $Libra: qué dice de Javier Milei

     

    (Por Sebastián Hadida, para NA).- La comisión investigadora especial de la criptomoneda Libra dio a conocer su informe final sobre el escándalo suscitado en febrero pasado y determinó que la promoción pública que el presidente Javier Milei hizo de un «negocio privado» desde una cuenta oficial fue condición necesaria para que la “estafa” a miles de inversores pudiera consumarse, y por lo tanto instó al Congreso a evaluar el presunto “mal desempeño” del mandatario en el “ejercicio de sus funciones”.

    El documento, de 204 páginas de extensión y al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, contiene consideraciones sobre la responsabilidad política del presidente y de otros altos funcionarios, una descripción del entramado en el que participaron lobbystas intermediarios como Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y dio cuenta de que Milei y estos mismos dos personajes ya habían sido sido parte de otras tres operatorias financieras previas muy similares con criptomonedas.

    En ese sentido, el informe de la comisión presidida por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) señaló que “la promoción del proyecto $LIBRA no constituyó un hecho aislado, dado que en diciembre de 2024 se registró una maniobra financiera similar vinculada a la moneda digital de KIP Protocol, en la que también participó con su promoción el Presidente de la Nación”, al igual que había sucedido previamente con otras criptomonedas como Coin X y Vulcano.

    Para los diputados opositores que fueron parte de la redacción del documento final, con una marcada participación del secretario Juan Marino (Unión por la Patria), “las afirmaciones del Presidente de que no conocía los pormenores del proyecto y que simplemente difundió información pública carecen de sustento fáctico”.

    En ese marco, no dudaron en caracterizar lo actuado por el mandatario como una violación a la Ley de Ética en la Función Pública.

    “Sin la promoción realizada por Milei en su cuenta oficial, el proyecto $LIBRA no habría alcanzado el volumen de compras registrado”, señalaron, y resaltaron que hasta la fecha el jefe de Estado no pudo determinar cómo obtuvo el link con el número de contrato del token Libra que publicó, “pese a que dicha información no era de circulación pública”.

    Según denunciaron, el Presidente no consultó a los organismos de control antes de promocionar el criptoactivo en sus redes sociales, de tal forma que “comprometió la investidura presidencial en un acto que no puede ser caracterizado como de naturaleza privada, evidenciando una conducta sostenida que desdibuja los límites entre lo público y lo privado”.

    También involucraron en el escándalo por presunta estafa a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por haber autorizado el ingreso a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos de los empresarios y lobbystas que participaron de “un hecho que se investiga como una presunta estafa de alcance internacional”.

    En tanto, cuestionaron a los hermanos Milei y a otros altos funcionarios como Mariano Cúneo Libarona, Alejandro Melik, Florencia Zicavo, Paulo Starc y Roberto Silva por haberse ausentado a las respectivas citaciones para que brindaran declaración testimonial, y los acusaron de «incumplimiento de deberes» ya que «su accionar ha entorpecido las facultades constitucionales e investigativas de esta comisión».

    “Esta Comisión Investigadora entiende que este hecho plantea la necesidad de que el Congreso de la Nación, a partir de la responsabilidad política presidencial manifiesta evidenciada en este informe, evalúe si el Presidente de la Nación incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”, señalaron en las consideraciones finales.

    “En efecto, del análisis integral de la prueba reunida, esta Comisión observa un patrón sostenido de acciones y omisiones por parte del Presidente de la Nación que resulta incompatible con el ejercicio adecuado de sus deberes constitucionales. La promoción pública de un token cripto no auditado, la inacción frente a advertencias formales, la omisión deliberada de activar mecanismos de control interno y el uso de instalaciones oficiales para facilitar encuentros con promotores del token constituyen conductas que exceden el marco de decisiones discrecionales y se proyectan sobre la responsabilidad institucional del Jefe de Estado”, concluyeron los diputados opositores en el informe.

    La reunión de este martes fue la décima y última que celebró la comisión especial investigadora, que se creó como respuesta institucional del Congreso ante el escándalo internacional que estalló el 14 de febrero pasado.

    Ese día, el presidente promocionó en sus redes sociales el criptoactivo Libra, que difundió bajo el nombre «Viva la Libertad Project» y lo presentó como si fuera una noble causa para financiar pymes de todo el país.

    Sin embargo, pronto quedó en evidencia que Milei había utilizado su investidura presidencial y popularidad para inducir a miles de usuarios a invertir en un negocio en el que ganaron unos pocos con información privilegiada y como contrapartida provocó pérdidas millonarias para miles de usuarios.

    Desde su puesta en marcha, el trabajo de la comisión atravesó distintas instancias: después de un primer momento de parálisis que se extendió por meses, producto de la imposibilidad de elegir autoridades por el bloqueo sistemático del oficialismo, se pudo destrabar el nudo a raíz de un proyecto del propio Ferraro que consiguió normalizar el funcionamiento.

    Con gran expectativa y a sala llena, la comisión ejecutó este martes su «last dance» y leyó el informe final, que incluyó un conjunto de consideraciones y recomendaciones.

    Al abrirse el debate, Marino, quien se quedó hasta las 4 de la mañana puliendo la redacción del informe, señaló que la presentación que hiciera Milei de Libra como un «proyecto serio de inversión para desarrollar pymes en realidad, desde un punto de vista técnico, era más cercano a un meme coin que habían manipulado de antemano para realizar el tirón de alfombra (rug pull)».

    El diputado de Unión por la Patria recordó que el entonces Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante su interpelación en la Cámara de Diputados, había admitido que el presidente había evitado realizar consultas a organismos públicos de control para conocer si la promoción de Libra podía generar algún tipo de conflicto de interés que comprometiera la ley de Ética Publica.

    En tal sentido, el dirigente opositor y líder del Partido Piquetero aseguró que el «endorsement» a Libra de parte de Milei no fue un «error» involuntario sino «una decisión deliberada para eludir los controles estatales» y apuntalar un negocio privado.

    «El daño a la credibilidad institucional de la Argentina continúa hasta el día de hoy», consideró, y puntualizó que no se trata de «un hecho aislado» ya que Milei, junto a Novelli y Terrones Godoy ya habían sido parte de maniobras defraudatorias similares en el pasado reciente.

    «En nuestro rol de órgano de control político sobre el Poder Ejecutivo planteamos con total claridad que corresponde que el pleno del Congreso evalúe si el presidente de la Nación inclurrió en mal desempeño de sus funciones», enfatizó.

    Por su parte, el diputado nacional de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño señaló que existe un «patrón de conducta» o antecedentes que involucran directamente a Milei y a Novelli, y coincidió en que lo sucedido configura un «daño muy grave a la credibilidad del país».

    Informe comisión $Libra: “El Congreso debe evaluar si Milei incurrió en mal desempeño”

    Christian Castillo (Frente de Izquierda) refutó la defensa esgrimida por Milei respecto a que el mencionado posteo fue hecho en carácter de «ciudadano común».

    «Lo hizo desde una cuenta que tiene tilde gris y que refiere a altos funcionarios de Estado. Es decir, que no lo hizo como un ciudadano común», desmintió el diputado nacional del PTS.

    El dirigente trostkista también retrucó lo afirmado por Milei respecto a que el contrato de Libra era «público».

    «Él intentó dar la idea de que se encontró de casualidad con algo que era interesante para la Argentina y que por eso lo difundió. Sin embargo, hasta el día de hoy no hay ninguna explicación de dónde estaba la circulación pública de ese link sin el cual toda la maniobra alrededor de Libra no se hubiera podido hacer», subrayó.

    Para Castillo, «ese contrato no lo podía encontrar cualquier persona» sino solamente quienes «tuvieran información privilegiada» como el propio Milei, y lo relacionó con las múltiples reuniones previas que el presidente mantuvo con empresarios cripto como Hayden Davis y los intermediarios Novelli y Terrones Godoy.qMQYIA

    «Sin ese contrato no había posibilidad de estafa. No había posibilidad de hacer la maaniobra de rug pull», remató el legislador de izquierda.tal cual. Rodolfo, te agradecemos muchísimo estos minutos y conversar con nosotros sobre estos temas. Nosotros los agradecimos siempre. luego. Hasta luego. Abrazo. Gracias. Abrazo grande.  Adiós. Bueno, charlamos con Rodolfo Hoyar, secretario general de Ate Nacional.

     

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