Las acciones de los bancos se derrumban y exponen el fracaso del modelo financiero de Milei

Las acciones de los bancos se derrumban y exponen el fracaso del modelo financiero de Milei

El desplome de las acciones bancarias se convirtió en una de las señales más preocupantes sobre el funcionamiento del modelo económico de Javier Milei. Las principales entidades financieras argentinas cotizan con valuaciones que, en varios casos, se encuentran por debajo de los mínimos registrados durante las crisis de 2019 y 2025. El dato resulta especialmente significativo porque expone que el ajuste económico y la política financiera de Luis Caputo no están garantizando buenos resultados ni siquiera para uno de los sectores que aparecía entre los principales beneficiarios del programa libertario.

Un relevamiento de las valuaciones bursátiles de seis bancos argentinos muestra que el promedio ponderado de su relación entre precio y valor libros cayó a 0,82 veces, por debajo de las 0,85 veces registradas en los mínimos preelectorales de 2025 y de las 1,11 veces observadas después de las PASO de 2019. El indicador refleja cuánto están dispuestos a pagar los inversores por cada peso de patrimonio de una entidad. Que cotice por debajo de uno significa que la Bolsa le asigna un valor inferior al de su patrimonio contable.

Los casos más llamativos son los del Banco Hipotecario, que cotiza a apenas 0,44 veces su patrimonio, y Banco Patagonia, con 0,54 veces. Galicia, una de las principales entidades privadas del país, presenta una relación de 0,85 veces, mientras que Supervielle se ubica en 0,71 y BBVA Argentina en 0,83. Aunque no todos los bancos están por debajo de sus mínimos históricos, el deterioro generalizado muestra que los inversores están aplicando un fuerte descuento sobre el negocio financiero argentino.

La última semana de octubre profundizó el castigo. Según un informe de Fortress Capital, las acciones de Supervielle perdieron 15,1% y las de Galicia retrocedieron 14,3%, mientras que el Merval cayó 10,3% medido en dólares. La consultora advirtió que los bancos argentinos cotizan con un descuento cercano al 40% respecto de sus pares regionales, una diferencia que refleja tanto el deterioro de las expectativas como la prima de riesgo que los inversores exigen para mantener posiciones en el país.

La economía de Milei atraviesa una de las cuatro peores caídas de los últimos 30 años a niveles del Tequila, 2001 y pandemia

La pregunta es por qué los bancos, que inicialmente aparecían como ganadores del esquema económico de Milei, terminaron entre las empresas más castigadas de la Bolsa. La explicación combina el deterioro de la actividad económica, el aumento de la morosidad, las dificultades para expandir el crédito y la incertidumbre sobre la sostenibilidad del programa financiero.

Durante la primera etapa del gobierno libertario, las entidades financieras encontraron oportunidades de rentabilidad en los instrumentos de deuda pública y en un escenario de tasas de interés elevadas. Sin embargo, la contracara de ese esquema fue una economía real que no logró recuperar una dinámica sostenida de crecimiento. La caída del consumo, la debilidad de los ingresos y las dificultades de las empresas para sostener sus ventas comenzaron a trasladarse a los balances bancarios.

Las acciones de los bancos se derrumban y exponen el fracaso del modelo financiero de Milei

Toto Caputo y Santiago Bausili

El problema más visible es la morosidad. El endeudamiento de las familias creció fuertemente, mientras que cada vez más hogares encuentran dificultades para cumplir con sus obligaciones. Los últimos indicadores muestran que alrededor de 5,9 millones de deudores registran atrasos en sus pagos, sobre un universo de 20,1 millones de personas endeudadas. La expansión del financiamiento al consumo, que inicialmente podía interpretarse como una señal de recuperación del crédito, terminó mostrando los límites de una economía donde los ingresos no acompañaron el crecimiento de las obligaciones financieras.

La situación resulta particularmente delicada porque el deterioro de la calidad crediticia obliga a las entidades a constituir mayores previsiones por incobrabilidad, lo que presiona sobre sus resultados. Al mismo tiempo, una economía estancada reduce las oportunidades de colocar nuevos préstamos entre empresas y familias con capacidad de repago. Así, los bancos enfrentan una combinación incómoda: mayores riesgos sobre la cartera existente y menores perspectivas de expansión rentable del negocio.

Los datos de actividad tampoco ayudan. El último registro del estimador mensual de actividad económica mostró una caída interanual de 1,7% en agosto, mientras que el consumo privado acumuló una contracción de 1,7% durante el primer semestre. El deterioro no se limita a los sectores tradicionalmente perjudicados por la apertura importadora o el ajuste fiscal. También alcanza al sistema financiero, cuya rentabilidad depende, en última instancia, de la capacidad de las empresas para producir y de las familias para generar ingresos.

En ese contexto, el derrumbe bursátil revela una contradicción central del programa económico. El Gobierno sostiene que la estabilidad monetaria y el orden fiscal constituyen las condiciones necesarias para impulsar la inversión y el crédito. Sin embargo, los precios de las acciones bancarias sugieren que los inversores todavía no encuentran fundamentos suficientes para apostar por una recuperación sostenida de las ganancias del sector. La estabilidad nominal, por sí sola, no alcanza para garantizar un negocio financiero saludable cuando la economía real permanece debilitada.

Los precios de las acciones bancarias sugieren que los inversores todavía no encuentran fundamentos suficientes para apostar por una recuperación sostenida de las ganancias del sector

La señal es todavía más significativa porque el castigo no se explica exclusivamente por los problemas domésticos de corto plazo. Fortress considera que las valuaciones actuales pueden representar una oportunidad táctica de inversión y espera una mejora de los resultados bancarios durante el próximo trimestre, acompañada por una eventual recuperación de la morosidad y del crédito en dólares. Pero, al mismo tiempo, recomienda mantener una exposición limitada a los activos argentinos ante la incertidumbre política que comenzará a intensificarse de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Ese contraste resume el problema que enfrenta Caputo. Los bancos pueden estar baratos respecto de su patrimonio y de sus competidores regionales, pero eso no significa que los inversores estén dispuestos a comprarlos. Para que las cotizaciones se recuperen de manera sostenida, el mercado necesita algo más que tasas atractivas o estabilidad cambiaria: necesita perspectivas de crecimiento económico, recuperación de ingresos y una mejora verificable de la capacidad de pago de los deudores.

El derrumbe también pone en cuestión la idea de que el modelo libertario favorece necesariamente al capital financiero a expensas del resto de la economía. Aunque determinados negocios financieros pueden obtener ganancias extraordinarias en períodos específicos, el sistema bancario en su conjunto no puede permanecer indefinidamente aislado del deterioro productivo y social. Cuando las empresas venden menos, los salarios pierden capacidad de compra y las familias se endeudan para sostener gastos corrientes, los problemas terminan llegando a las entidades que financiaron ese consumo.

La paradoja es que, después de casi tres años de gobierno, Milei enfrenta un escenario en el que las acciones bancarias vuelven a negociarse con valuaciones propias de períodos de crisis. El sector financiero, que debía convertirse en uno de los motores de la recuperación, terminó reflejando en sus cotizaciones los límites del propio programa económico. Y si ni siquiera los bancos logran convencer a los inversores de que el modelo ofrece perspectivas sostenibles de rentabilidad, la promesa oficial de una economía encaminada hacia un nuevo ciclo de crecimiento queda seriamente cuestionada.

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    El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y gremios docentes y no docentes lanzaron una campaña para juntar un millón de firmas para que el Congreso Nacional trate el Proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria. Cualquier persona lo puede firmar. El proyecto apunta a recomposición salarial; convocatoria a paritarias; garantizar anualmente el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas; financiamiento mensual para el desarrollo de la educación superior con fondos provenientes de la Coparticipación Federal; crear un fondo anual para carreras estratégicas para el desarrollo del país; ampliar las becas; y que el presupuesto destinado a la educación universitaria se incremente progresivamente hasta alcanzar, en 2031, una participación mínima del 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) anual. También impulsan la iniciativa Universidad Pública Argentina, Conadu y Conadu Histórica, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT), CTERA, la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN). Por ANRed.


    La idea es llegar al millón de firmas. Para leer el proyecto y adherir a la presentación de la Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso Nacional elaborada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y gremios docentes y no docentes, y así apoyar la defensa de la universidad pública, se puede acceder aquí: https://acortar.link/fXtP5d.

    También impulsan la iniciativa Universidad Pública Argentina, Conadu y Conadu Histórica, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT), CTERA, la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN).

    Con el fin de «garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las instituciones universitarias públicas en todo el territorio de la República Argentina», centralmente, el proyecto apunta a:

    ▶ Recomposición salarial: «convocar a paritarias para recomponer los salarios docentes y no docentes de las universidades nacionales, garantizando la recuperación del poder adquisitivo, tomando como base la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la presente ley», señala. «Todo aumento salarial deberá ser remunerativo y bonificable, y deberá asegurarse la completa incorporación de las sumas no remunerativas y no bonificables dentro de los básicos de la convención colectiva correspondiente», agrega.

    ▶ Convocatoria a paritarias: «convocar a paritarias a las representaciones sindicales docente y no docente del sector universitario con una periodicidad que no podrá exceder los tres meses calendario, asegurando una actualización mensual no inferior a la inflación publicada por el INDEC, salvo acuerdo más favorable para las y los trabajadoras y trabajadores».

    ▶ Garantizar anualmente el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas: en este punto, el proyecto centraliza en garantizar la asistencia financiera para «el funcionamiento universitario», «hospitales universitarios”, el «fortalecimiento de la ciencia y la técnica en las universidades» y de la «actividad de extensión universitaria».

    Foto: La Capital.

    ▶ Financiamiento mensual para el desarrollo de la educación superior con fondos provenientes de la Coparticipación Federal: «el Poder Ejecutivo Nacional transferirá mensualmente lo ingresado según el inciso a) del artículo 3 de la Ley N° 23.548 “Coparticipación federal de recursos federales” al programa 26 de “Desarrollo de la Educación Superior”, del servicio 330 “Secretaría de Educación” de la subjurisdicción 4 “Secretaría de Educación” de la jurisdicción 88 Ministerio de Capital Humano, la “Proporción Universitaria”. Esta “Proporción Universitaria” se calculará según el último presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación teniendo como numerador el crédito para financiar los gastos de funcionamiento, la inversión y los programas especiales de las universidades nacionales y, como denominador, el monto proyectado de ingresos en la proporción que hace referencia al artículo 3° inciso a) de la Ley N° 23.548/88 de coparticipación federal, fondos nacionales provenientes de la coparticipación, sin impactar sobre la distribución de dichos fondos a las provincias ni a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que la misma ley establece», detalla el artículo 6° de la iniciativa.

    ▶ Crear un fondo anual para carreras estratégicas para el desarrollo del país: «créase un fondo anual de$ 10.000.000.000 (diez mil millones de pesos) actualizable anualmente por la variación del IPC informado por el INDEC, con el fin de generar y/o incrementar carreras con vacancia que se definan fundamentales para el desarrollo del país y aquellas áreas de conocimiento para la aplicación y gestión de la inteligencia artificial», propone el proyecto. Y especifica: «el fondo será administrado por la Subsecretaría de Políticas Universitarias o el organismo que la reemplace en el futuro, con acuerdo expreso del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y se destinará a nuevas carreras, al desarrollo de investigaciones, a convenios con universidades de otros países y a becas para estudiantes de esas áreas».

    Imagen: archivo Protesta contra el ajuste presupuestario en las universidades públicas de Argentina, convocada en Buenos Aires el 2 de octubre de 2024.

    ▶ Ampliar las becas: «encomiéndese al Poder Ejecutivo Nacional la ampliación anual y progresiva del monto y el número de personas beneficiarias de las becas estudiantiles para las instituciones universitarias públicas».

    ▶ Que el presupuesto destinado a la educación universitaria se incremente progresivamente hasta alcanzar, en 2031, una participación mínima del 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) anual.

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