Revelan que Milei donó un millón de dólares a organizaciones cercanas a Netanyahu y benefició a un grupo de la diputada Ajmechet

El juez de Bariloche Ezequiel Andreani dictó la prisión preventiva por 90 días al referente y lonko mapuche, Facundo Jones Huala. Alrededor de las 17 horas será trasladado a la Unidad 6 de Rawson, a más de mil kilómetros. La acusación está centrada en el contenido de un libro de poesía escrito por su autoría y también por algunas palabras que habría dicho en una presentación. Tanto el lonko como la familia Jones Huala tiene un largo historial de persecusión por su encendido discurso contra el Estado argentino y contra las multinacionales y empresarios que explotan la Patagonia. Como explicó el medio alternativo Prosa Urgente “esta decisión de neto corte fascista se da a pocas horas de conocerse el fallo proscriptivo a Cristina Fernández de Kirchner”. Por ANRed

Facundo Jones Huala había sido detenido de forma irregular el pasado domingo. Los efectivos que lo arrestaron no presentaron orden judicial. La denuncia fue realiaza por el Ministerio de Seguridad Nacional a cargo de Patricia Bullrich y se basaba la acusación por «incitación a la violencia» en palabras que el lonko había expresado durante una presentación de un libro de poesía que el propio Facundo escrito el pasado verano.

La Gremial de abogados que lleva adelante su defensa judicial ya había emitido un comunicado alertando sobre la audiencia que se realizó esta mañana y las irregularidades del proceso que hoy dicto prisión preventiva:

EN UN MARCO DE INNUMERABLES Y GRAVES IRREGULARIDADES AVANZA EL PROCESO A FACUNDO JONES HUALA, FINALMENTE, LOS ABOGADOS DEFENSORES DE LA GREMIAL PUDIMOS ACCEDER A ALGUNA INFORMACIÓN (INSUFICIENTE) SOBRE LA AUDIENCIA FIJADA PARA MAÑANALA GRAVEDAD DE LA PRETENSIÓN FISCAL EN BASE A UN CÓDIGO “MODERNO”

Para que quede claro: Facundo fue detenido irregular e ilegalmente, sin orden judicial.

No se nos permitió hablar con él cuando nos llamó el oficial “de inteligencia de la Policía Federal” (sic) que era parte del grupo que lo detuvo y que nos informó de un número de causa hasta ahora inexistente y de una intervención del juez federal Andreani y la fiscal Pagano Mata.

Más de 6 horas después “apareció” una orden y más de 40 horas después, finalmente, los defensores fuimos notificados por la autoridad judicial, y en forma confusa, de los delitos que se le imputan.

También ahora nos enteramos de las cuestiones que la Fiscalía pretende tratar en esta audiencia “multipropósito”.

Mientras tanto, todas las conversaciones que Facundo tuvo con sus defensores fueron con teléfonos en altavoz y en presencia (y atenta escucha) de personal de la Policía Federal.Con lo cual afectan el derecho de privacidad entre Defensor e Imputado.

Ahora se nos informa que no está previsto el acceso por medio de videoconferencia (zoom, youtube, etc.) a todo aquel interesado en presenciar la audiencia, violando el principio de publicidad que supuestamente es uno de los ejes del Código de procedimientos vigente.

Nosotros, en cumplimiento de lo que la norma mencionada manda informamos los datos de acceso a la plataforma zoom que se nos han enviado: ID. de reunión: 833 7803 0426 / Clave de acceso: 4607.

La audiencia tiene hora de inicio prevista a las 9:00 de mañana 11 de junio.

Por último queremos destacar algo que creemos de máxima gravedad (dentro de un panorama de hechos de por sí graves): nos acabamos de enterar, como dijimos, que la Fiscalía pedirá en la audiencia de mañana que el proceso contra Facundo se desarrolla según lo previsto en el Título IV del Libro Segundo (arts. 334 a 336) del Código Procesal Penal Federal vigente.A él nos remitimos y cualquiera que lo lea podrá apreciar la gravedad de esa pretensión.

Somos conscientes que a muchos ni les interesará la suerte de Jones Huala.Algunos aplaudirán su detención.

Sepan siempre que estas barbaridades que hacen con Facundo les puede tocar a cualquiera.

Nadie se salva sólo.

Una denuncia penal presentada por el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) contra los jefes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) los acusa de abuso de autoridad por aprobar un Plan de Inteligencia Nacional que habilita tareas de espionaje sobre grupos vulnerables, actores sociales y voces críticas, en abierta violación a la Ley de Inteligencia Nacional. Desarticular la protesta social a partir de la agudización de la crisis ecónomica y particularmente aplacar la resistencia en las provincias es uno de los principales objetivos luego de la aprobación de la Ley de Bases. Por ANRed.

Hace unos días se filtro parte del Plan de inteligencia para el 2025 (PIN). Las denuncias se hicieron concretas a partir de la públicación de la Revista Crisis. El PIN, elaborado por la SIDE bajo la administración de Javier Milei, instala un esquema de vigilancia y control que apunta directamente contra voces disidentes, opositores políticos, movimientos sociales, ambientalistas, pueblos originarios, periodistas, sindicalistas y referentes opositores. Lejos de tratarse de un plan técnico o preventivo, el PIN operará como una herramienta política de persecución, basada en definiciones vagas y arbitrarias que habilitan el espionaje interno y la criminalización de la protesta.

Con el pretexto de proteger el “orden constitucional” o el “desarrollo de la infraestructura estratégica”, el gobierno utilizaría la inteligencia estatal para catalogar como amenazas a quienes cuestionen sus políticas.El plan incluso se atreve a identificar el “anarquismo” como forma de terrorismo, en un intento evidente de criminalizar. Detrás se guardan desafios que sabe el gobierno que enfrentará. Todavía están frescas las rebeliones del 2020 contra la instalación de la megaminería en Chubut y el Mendozazo en el 2019 a penas asumido Alberto. Incluso en Jujuy también una rebelión que duró varias semana hasta se realizó un acampe en el centro de CABA (El tercer malón de la paz) . También las jornadas de protesta en toda la costa bonaerense contra las petroleras offshore.

Hoy organismos de derechos humanos y actores sociales presentaron una denuncia penal contra las máximas autoridades de la SIDE, Sergio Neiffert y Diego Kravetz, por abuso de autoridad. La acusación se centra en un Plan de Inteligencia Nacional y una orden secreta recientemente revelada, que habilitan a los servicios de inteligencia a vigilar y monitorear a grupos sociales, opositores, periodistas, académicos y ambientalistas bajo definiciones amplias y vagas. El plan amplía de forma riesgosa el concepto de terrorismo y legitima la persecución ideológica, incluyendo el espionaje sobre protestas y reclamos históricos. También apunta al seguimiento de conflictos socioambientales y a pueblos originarios. Todo esto contraviene la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, por lo que se exige una investigación judicial para determinar si ya se realizaron acciones ilegales y quiénes son los responsables.

El texto fue publicado hoy por el CELS:

«Denunciamos penalmente por abuso de autoridad a Sergio Neiffert, jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y a Diego Kravetz, director general de Operaciones de la SIDE. La denuncia apunta a sus responsabilidades en la aprobación de un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) y el dictado de una orden secreta que habilita a la SIDE a “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” de la Argentina y a actores que puedan capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia” en el electorado local.

Una parte sustancial de las tareas de inteligencia, que son esencialmente secretas, estaría volcada a vigilar y caracterizar la conversación pública: lo que se dice y cómo se dice en medios y en redes sociales. Las opiniones comienzan a adquirir las características de una amenaza para el PIN cuando “promuevan la conflictividad” -una práctica de autoridades y grupos afines al gobierno, por otra parte- o cuando erosionen “la confianza” en las instituciones económicas o la reputación de empresas asentadas en el país.

La extensión de las tareas de inteligencia es enorme y tiene definiciones vagas. Pueden vigilar, según su plan, a “actores de interés”, “actores estratégicos”, “actores no estatales”, actores que tengan la capacidad de “manipular la percepción” de las personas, que promocionen la fragmentación social, sin una explicación de qué significan esos adjetivos y si tienen límites. La definición concreta y operativa queda en manos de los funcionarios de la SIDE: son quienes van a definir quiénes encarnan una amenaza. El PIN habilita la vigilancia secreta de la expresión política opositora en el espacio público, pero también de referentes sociales, economistas, periodistas, académicxs, artistas y cualquier voz crítica.

Todas estas actividades son abiertamente contrarias a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. Por eso en la denuncia pedimos, además de una serie de medidas de prueba para esclarecer estos hechos, que se determine si ya hubo acciones concretas basadas en la orden secreta y el PIN, para poder definir las responsabilidades penales.

El PIN contiene “Lineamientos Estratégicos” y “Objetivos Generales de Inteligencia”, del que se desprenden “Objetivos Particulares de Inteligencia” y de ellos “Necesidades de Inteligencia”.

Las Necesidades de Inteligencia del Objetivo Particular de Inteligencia 5 del Lineamiento Estratégico 3, por ejemplo, habilitan la vigilancia de actividades y expresiones políticas y sociales que consideren amenazas o en proceso de radicalización. Si nos remitimos a medidas o declaraciones de funcionarios para entender cuáles podrían ser esas amenazas podemos remontarnos al año pasado, cuando el gobierno usó ese tipo de calificativos para hablar de manera prejuiciosa y estigmatizante de manifestantes, de grupos anarquistas o antifascistas. El Objetivo Particular de Inteligencia 6 del mismo Lineamiento Estratégico apunta a los “potenciales impactos negativos en el desarrollo del sistema de Defensa Nacional” y allí los sospechosos podríamos ser los organismos de derechos humanos.

El PIN amplía el concepto de terrorismo de una forma muy peligrosa. Podrían quedar bajo vigilancia actividades y personas por su orientación ideológica o por sus reclamos históricos. El paraguas es tan amplio que habilitaría la vigilancia de manifestaciones públicas y de protestas que pudieran ser “oportunidad” para acciones terroristas. El plan identifica al “terrorismo anarquista” como blanco principal, lo que puede derivar en persecución ideológica: expresar ideas anarquistas sería suficiente para entrar en una lista de vigilancia.

El Plan de Inteligencia se enfoca también en seguir la conflictividad socioambiental y vigilar tanto al activismo ambientalista como a los pueblos indígenas –grupos que pretendan proteger patrimonios culturales y/o sagrados–. La mirada está puesta en situaciones y actores con capacidad de incidencia política o de obstruir proyectos extractivos, que puedan afectar la “extracción, transporte y/o comercialización” de recursos naturales estratégicos. También incorpora como objetivo el seguimiento de instancias internacionales –sistemas de protección de derechos, cooperación internacional pública y privada– que intervengan frente a “eventos climáticos extremos, la degradación del ecosistema y pérdida de biodiversidad”. Quienes promuevan acciones para evitar estas consecuencias de la matriz productiva extractivista son considerados actores “adversos al interés nacional”.

Aunque el Estado Nacional lo haya negado en un comunicado breve, está habilitando a los organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional a desplegar tareas de identificación, seguimiento, monitoreo, búsqueda, producción y acopio de información sobre personas y grupos por razones políticas. Es ilegal y tiene que rendir cuentas.»

El presidente Javier Milei elogió públicamente al futbolista Lionel Messi durante su exposición en el American Business Forum, donde ambos compartieron escenario. En su discurso, el mandatario destacó la trayectoria del capitán de la Selección argentina y, con humor, lanzó una broma política al afirmar que “a veces también puede felicitar a un zurdo”.

El encuentro se llevó a cabo este jueves en Miami, en el marco del American Business Forum, un evento que reunió a destacadas figuras del deporte, la política y los negocios. Milei participó como orador y, en su intervención, describió a Messi como “una prueba viviente de que el esfuerzo, la dedicación y la pasión son capaces de generar milagros”.

El mandatario expresó “me alegra poder compartir escenario con uno de nuestros más ilustres deportistas y orgullo de todos los argentinos, Lionel Messi«, afirmó el mandatario.

En esa línea, describió a Messi como: «Un hombre que llevó el talento argentino a lo más alto del mundo, una prueba viviente de que el esfuerzo la dedicación y la pasión son capaces de generar milagros y la prueba de que a veces yo también puedo felicitar a un zurdo«.

La palabra de Messi en Miami

Lionel Messi se presentó en el American Business Forum, después de los discursos de Donald Trump y Gianni Infantino, el capitán de la Selección argentina se subió al escenario y le habló al público.

En primer lugar, le dedicó algunas palabras a la ciudad en la que reside actualmente luego de su mudanza a los Estados Unidos. “Desde que llegué a Miami fue todo espectacular, desde vivir en esta gran ciudad hasta el cariño que me transmitió la gente desde el primer día. Fue una decisión que tomamos en familia y creo que elegir donde uno quiere estar es importantísimo”, comentó

Luego, recordó con emoción la Copa del Mundo que ganó con la Albiceleste en Qatar 2022. “No puedo describir con palabras lo que significó ese título para mí, mi familia y todo el país. Teníamos muchas ganas de que vuelva a suceder después de todo el tiempo que pasó. Para un jugador, ganar el Mundial es lo máximo. Y tuve la suerte de haber ganado todo a nivel clubes. Pero esto era lo que faltaba para cerrar mi carrera con ese trofeo”.

Sobre el Mundial, dejó una frase que levantó los aplausos en el salón: “Mi sensación, salvando las distancias, fue la que tuve cuando nacieron mis hijos. El que lo vivió sabe lo que significa. Es tan especial y tan grande, que todo lo que se diga queda corto”.

“Tuve una carrera muy larga y la gente de confianza que estuvo alrededor mío se venía ocupando de esas cuestiones. Es verdad que en el último me llegó a interesar sobre lo que se puede hacer porque el fútbol lamentablemente tiene fecha de caducidad”, afirmó antes de ser interrumpido por los aplausos del público.

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La política de depuración interna que impulsa el gobierno provincial sumó dos nuevas bajas dentro del Estado provincial. En las últimas horas, se confirmaron las cesantías de dos agentes públicos acusados de conductas gravemente inapropiadas: un portero escolar señalado por acoso a una estudiante menor de edad y un chofer de ambulancia que hostigó a su superior hasta forzar su renuncia.

El primero de los casos involucra a Feliciano Ramírez, auxiliar de servicio del Centro Provincial de Enseñanza Media N° 57 de San Martín de los Andes. El Consejo Provincial de Educación (CPE) resolvió su expulsión definitiva tras comprobar que el hombre incurrió en una conducta de acoso hacia una alumna.

El episodio se remonta a octubre de 2023, cuando fue apartado preventivamente del cargo luego de que la joven denunciara que el trabajador la invitó a subir a su camioneta, le entregó dinero y la tomó del brazo para intentar besarla.

De acuerdo con la investigación administrativa, el hecho fue corroborado por testimonios y antecedentes previos de comportamiento inapropiado. Los auditores concluyeron que su accionar resultó “incompatible con los preceptos normativos” y recomendaron la sanción de cesantía, medida que fue ratificada por el Ejecutivo provincial.

El segundo caso ocurrió en el Hospital de Tricao Malal y tuvo como protagonista a Luis Abelardo Olate, chofer de ambulancia, acusado de maltrato y hostigamiento hacia una compañera de trabajo. Las pruebas recolectadas determinaron que, durante varios meses entre 2022 y 2023, mantuvo una conducta agresiva, despectiva y carente de respeto hacia la autoridad de la agente afectada.

La situación derivó en un clima laboral insostenible que llevó a la mujer a presentar denuncias tanto en el hospital como en la comisaría y, finalmente, a renunció a su cargo. Tras la investigación interna, se dispuso también su cesantía por “conducta impropia y atentatoria al buen funcionamiento institucional”.

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“En el emprendimiento más poderoso que tiene el pueblo de Andacollo, se quisieron meter personas vinculadas al narcotráfico y de ninguna manera le vamos a dar paso a esas cosas”, señaló el gobernador de la Provincia del Neuquén, Rolando Figueroa. Y reiteró que “la mina de Andacollo se va a licitar como corresponde, a empresarios a los que les dé el cuero para llevarla adelante”, porque “tiene muchas posibilidades de generar trabajo”.

El gobernador hizo estas declaraciones, este viernes, durante el acto por el aniversario de esta localidad del Norte neuquino. Del mismo modo, destacó la transparencia en la gestión y aseguró: “Acá tenemos que abrirle la puerta a gente seria que genere trabajo y progreso, pero cuidando siempre nuestro ambiente”.

Acompañado -entre otros- por los intendentes de Andacollo, Manuel San Martín, y de Plaza Huincul, Claudio Larraza, el gobernador expresó: “Nosotros vamos a perseguir a todos los que les venden drogas a nuestros chicos y terminan destruyendo la juventud”. “No les tenemos miedo a todos los que vienen haciendo daño en distintos lugares de la provincia”. Larraza fue recientemente amenazado durante una recorrida de obras y el gobernador le expresó su solidaridad.

“La droga no nos puede ganar”, enfatizó Figueroa y dijo: “Tenemos que estar todos unidos”, por eso “les pido a todos los vecinos que denuncien en forma anónima -para eso hay una aplicación- cuando saben que en un determinado lugar están vendiendo drogas, que están destruyendo a nuestra sociedad”. “Creo que así vamos a poder construir entre todos el pueblo que soñamos”, concluyó.

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