La bronca contra Milei copó Plaza de Mayo

La bronca contra Milei copó Plaza de Mayo

La Marcha de la Bronca llevó este sábado a Plaza de Mayo a una multitud de trabajadores, jubilados, estudiantes, organizaciones sociales, sindicatos, organismos de derechos humanos y partidos de izquierda. Con más de 350 organizaciones convocantes y réplicas en decenas de ciudades, la movilización convirtió el rechazo al Gobierno de Javier Milei en una demostración de fuerza callejera y dejó planteado un dato político que excede a la propia izquierda: hay un malestar social que distintos sectores buscan organizar y transformar en capacidad de lucha. Myriam Bregman se ubicó en el centro de esa disputa. En la Plaza también se reclamó por la libertad de Milton Tolomeo y Eneas Gallo, dos trabajadores que permanecen detenidos desde las protestas contra la reforma laboral.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

La bronca contra Milei copó Plaza de Mayo
FOTO: NLI

La Plaza de Mayo volvió a ser este sábado el lugar donde la bronca social encontró una imagen política concreta. Desde las 16, las columnas que habían partido del Congreso avanzaron por Avenida de Mayo hasta la Casa Rosada para participar de la denominada Marcha de la Bronca, una convocatoria impulsada fundamentalmente por organizaciones de izquierda, sindicatos combativos, agrupaciones piqueteras, estudiantes, organismos de derechos humanos, jubilados y colectivos culturales. La jornada tuvo réplicas en numerosas ciudades del país y, según los organizadores, más de 350 organizaciones formaron parte de la convocatoria nacional. En Buenos Aires, el Partido Obrero aseguró que más de 50.000 personas llegaron a Plaza de Mayo, una cifra que corresponde a una estimación de los propios organizadores y que da cuenta de la dimensión que la izquierda buscó exhibir en el cierre de la jornada.

Pero reducir lo ocurrido a una marcha partidaria sería perder el dato político más interesante. La izquierda convocó, organizó y encabezó la movilización, pero la materia prima de la protesta no es patrimonio exclusivo de ningún partido: es el malestar producido por una realidad social que atraviesa a trabajadores, jubilados, docentes, universitarios, estatales, empleados de la salud, personas con discapacidad y sectores que vienen sufriendo la pérdida de ingresos o de derechos. La propia convocatoria intentó juntar esos conflictos dispersos bajo una misma consigna: “Organizar la bronca para derrotar a Milei”. El documento leído frente a la Casa Rosada reclamó aumentos de salarios y jubilaciones, prohibición de despidos, anulación de la reforma laboral, reapertura de FATE, defensa del Hospital Garrahan, financiamiento universitario, libertad para trabajadores detenidos y un paro nacional de la CGT y las CTA que avance hacia una huelga general.

Y ahí aparece la verdadera disputa política de la jornada. Myriam Bregman no solamente encabezó una marcha contra Milei: está intentando convertirse en una de las dirigentes capaces de ponerle nombre, organización y dirección política a una parte de la bronca que recorre la sociedad. La estrategia es visible. Frente a una oposición peronista que mantiene sus propias discusiones internas y frente a conducciones sindicales que los organizadores consideran demasiado conciliadoras con el Gobierno, la izquierda busca presentarse como el sector que no negocia con el oficialismo y que propone trasladar el conflicto desde cada reclamo particular hacia una confrontación general con el programa económico de Milei.

Bregman lo expresó durante la movilización al sostener que había que “organizar la bronca” y convertir la jornada en un punto de partida para imponer a las conducciones sindicales un paro nacional y un plan de lucha. El documento consensuado por las organizaciones fue todavía más explícito: reclamó a la CGT y a las CTA un paro nacional como parte de un proceso hacia una huelga general y llamó a coordinar las luchas desde sindicatos, escuelas, universidades, hospitales y barrios.

No es un detalle menor. La izquierda está intentando disputar la representación política de la protesta antes de que esa protesta encuentre otra canalización. Esa es probablemente la lectura más importante que deja la jornada. La estrategia consiste en decirle a un trabajador despedido, a un jubilado que reclama por sus ingresos, a un docente que pelea por su salario, a un trabajador de la salud o a un estudiante que enfrenta recortes que todos esos conflictos forman parte de una misma pelea. Y que, por lo tanto, la respuesta tampoco puede ser sectorial. El objetivo declarado es pasar de la protesta fragmentada a una fuerza organizada capaz de enfrentar al Gobierno.

La propia composición de la marcha muestra la amplitud que intentaron darle a esa construcción. A las estructuras partidarias del Frente de Izquierda se sumaron el Polo Obrero, el Frente de Lucha Piquetero, organizaciones sindicales de base, trabajadores del Hospital Garrahan, docentes de Ademys y distintas seccionales de Suteba, ferroviarios, trabajadores de FATE, estudiantes, organismos de derechos humanos, jubilados y colectivos culturales. La convocatoria, además, se extendió a más de 40 ciudades y tuvo expresiones en distintas provincias.

La disputa con la CGT fue, en ese sentido, casi tan importante como la disputa con Milei. El documento de la marcha acusó a las conducciones sindicales de haber negociado la reforma laboral y de mantener aislados los conflictos. La izquierda pretende aprovechar ese espacio para instalar una lógica distinta: que sean las bases sindicales, los plenarios y las asambleas las que impulsen un plan de lucha. Es una apuesta política concreta, porque si logra conectar la capacidad de movilización de la izquierda con conflictos sindicales de mayor alcance, puede ampliar considerablemente el espacio desde el que hoy interviene.

Milton y Eneas: dos trabajadores convertidos en símbolo

FOTO: NLI

En medio de las consignas generales hubo dos nombres que aparecieron con una fuerza particular: Milton Tolomeo y Eneas Gallo. El documento reclamó la libertad de ambos y el desprocesamiento de otros trabajadores y manifestantes que enfrentan causas judiciales a raíz de las protestas contra la reforma laboral.

Tolomeo tiene 39 años y había trabajado en Ferrum antes de ser despedido. Después atravesó empleos precarizados y realizaba tareas como masajista y socorrista en movilizaciones de jubilados. Según la investigación publicada por lavaca, fue detenido durante la madrugada del 14 de febrero, cuando salía de un evento de boxeo en Avellaneda donde había concurrido a trabajar. La acusación judicial sostiene que participó del lanzamiento de bombas molotov durante las protestas contra la reforma laboral.

Eneas Gallo, de 36 años, trabajaba como repartidor de Rappi y también tenía una trayectoria laboral marcada por la informalidad. Fue detenido el 18 de marzo, más de un mes después de aquella movilización, cuando se encontraba cerca de su domicilio en General Rodríguez. También está acusado por su presunta participación en el lanzamiento de bombas molotov. Ambos se encuentran detenidos en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz.

La situación de ambos es uno de los puntos más sensibles de la disputa entre el Gobierno y las organizaciones que participan de las movilizaciones. Sus defensas y organismos de derechos humanos sostienen que se trata de una criminalización de la protesta y cuestionan las condiciones de detención y la utilización de acusaciones particularmente graves. La CTA Autónoma acompañó recientemente el reclamo por su libertad y denunció que permanecen detenidos desde las protestas contra la reforma laboral, mientras organismos que trabajan sobre el derecho a la protesta cuestionan el tratamiento judicial de sus casos.

El caso tiene además una dimensión que explica por qué sus nombres aparecen cada vez con mayor frecuencia en las movilizaciones. Milton y Eneas dejaron de ser solamente dos expedientes judiciales para convertirse, para las organizaciones que los respaldan, en símbolos de una discusión más amplia: hasta dónde puede llegar el Estado cuando enfrenta una protesta social y cuándo la represión deja de ser una cuestión de seguridad para convertirse en una herramienta destinada a desalentar la movilización. Esa interpretación pertenece a sus defensores y a las organizaciones que reclaman su libertad; el proceso judicial, por su parte, continúa abierto.

La investigación de lavaca recoge incluso el testimonio de ambos desde la cárcel. Tolomeo sostuvo que su detención podía buscar generar miedo para que otras personas no salieran a la calle, mientras Gallo planteó que no debía permitirse que su caso funcionara como advertencia contra quienes quisieran protestar. Son testimonios de los propios detenidos y forman parte de la explicación política que sus organizaciones construyen alrededor de sus causas.

Una plaza, una bronca y una disputa que recién empieza

La jornada de este sábado deja, entonces, dos imágenes simultáneas. Una es la de la Plaza de Mayo llena de columnas que expresaron su rechazo a Milei y a las consecuencias que atribuyen a su programa económico. La otra es la de una izquierda que entendió que existe un terreno político en disputa y decidió ocuparlo antes que otros actores.

Bregman aparece en el centro de esa estrategia porque reúne varias condiciones: visibilidad nacional, una posición frontal contra el Gobierno, presencia parlamentaria, participación sostenida en conflictos sociales y capacidad para articular al FIT-U con organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos. La apuesta consiste en convertir la protesta en organización y la organización en una alternativa política propia. La movilización de hoy no garantiza por sí misma que esa operación tenga éxito, pero sí demuestra que la izquierda consiguió reunir detrás de una misma convocatoria a un conjunto heterogéneo de sectores sociales.

Y allí está el límite y, al mismo tiempo, el desafío de la jornada. Una plaza llena no equivale automáticamente a una representación social mayoritaria. Tampoco una movilización masiva convierte por sí sola a una consigna en política de Estado. Pero sería igualmente equivocado desconocer lo que muestra la escena: existen conflictos concretos, existen sectores dispuestos a movilizarse y existe una organización política que está intentando conectarlos entre sí.

Mientras el Gobierno de Milei insiste en sostener su programa económico y profundiza su enfrentamiento con buena parte de las organizaciones sindicales, sociales y políticas que cuestionan sus medidas, la calle vuelve a transformarse en un terreno de disputa por el sentido de la crisis. La izquierda quiere que esa crisis se lea como una consecuencia del modelo libertario y que la respuesta sea organización, paro y huelga general. El Gobierno sostiene otra interpretación y responde con el despliegue de su política de seguridad frente a las movilizaciones. En el medio quedan trabajadores, jubilados, estudiantes y familias que viven las consecuencias concretas de esas decisiones.

Por eso la Marcha de la Bronca no debería leerse solamente como otra movilización contra Milei. Es también el intento más explícito de los últimos tiempos de una fuerza política por apropiarse de una palabra que, en política, puede ser mucho más poderosa que cualquier consigna: bronca. La izquierda le puso nombre, le dio una fecha, la llevó hasta la Plaza de Mayo y ahora intenta convertirla en organización permanente. Y mientras Milton Tolomeo y Eneas Gallo sigan presos, sus nombres seguirán apareciendo en esa disputa como recordatorio de que, detrás de las grandes consignas, también hay trabajadores concretos cuyos conflictos terminaron en los tribunales y en una cárcel de máxima seguridad.

La Plaza de Mayo quedó otra vez como escenario. La pelea por quién consigue interpretar, organizar y representar lo que ocurre fuera de ella recién comienza.

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    El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y gremios docentes y no docentes lanzaron una campaña para juntar un millón de firmas para que el Congreso Nacional trate el Proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria. Cualquier persona lo puede firmar. El proyecto apunta a recomposición salarial; convocatoria a paritarias; garantizar anualmente el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas; financiamiento mensual para el desarrollo de la educación superior con fondos provenientes de la Coparticipación Federal; crear un fondo anual para carreras estratégicas para el desarrollo del país; ampliar las becas; y que el presupuesto destinado a la educación universitaria se incremente progresivamente hasta alcanzar, en 2031, una participación mínima del 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) anual. También impulsan la iniciativa Universidad Pública Argentina, Conadu y Conadu Histórica, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT), CTERA, la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN). Por ANRed.


    La idea es llegar al millón de firmas. Para leer el proyecto y adherir a la presentación de la Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso Nacional elaborada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y gremios docentes y no docentes, y así apoyar la defensa de la universidad pública, se puede acceder aquí: https://acortar.link/fXtP5d.

    También impulsan la iniciativa Universidad Pública Argentina, Conadu y Conadu Histórica, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT), CTERA, la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN).

    Con el fin de «garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las instituciones universitarias públicas en todo el territorio de la República Argentina», centralmente, el proyecto apunta a:

    ▶ Recomposición salarial: «convocar a paritarias para recomponer los salarios docentes y no docentes de las universidades nacionales, garantizando la recuperación del poder adquisitivo, tomando como base la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la presente ley», señala. «Todo aumento salarial deberá ser remunerativo y bonificable, y deberá asegurarse la completa incorporación de las sumas no remunerativas y no bonificables dentro de los básicos de la convención colectiva correspondiente», agrega.

    ▶ Convocatoria a paritarias: «convocar a paritarias a las representaciones sindicales docente y no docente del sector universitario con una periodicidad que no podrá exceder los tres meses calendario, asegurando una actualización mensual no inferior a la inflación publicada por el INDEC, salvo acuerdo más favorable para las y los trabajadoras y trabajadores».

    ▶ Garantizar anualmente el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas: en este punto, el proyecto centraliza en garantizar la asistencia financiera para «el funcionamiento universitario», «hospitales universitarios”, el «fortalecimiento de la ciencia y la técnica en las universidades» y de la «actividad de extensión universitaria».

    Foto: La Capital.

    ▶ Financiamiento mensual para el desarrollo de la educación superior con fondos provenientes de la Coparticipación Federal: «el Poder Ejecutivo Nacional transferirá mensualmente lo ingresado según el inciso a) del artículo 3 de la Ley N° 23.548 “Coparticipación federal de recursos federales” al programa 26 de “Desarrollo de la Educación Superior”, del servicio 330 “Secretaría de Educación” de la subjurisdicción 4 “Secretaría de Educación” de la jurisdicción 88 Ministerio de Capital Humano, la “Proporción Universitaria”. Esta “Proporción Universitaria” se calculará según el último presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación teniendo como numerador el crédito para financiar los gastos de funcionamiento, la inversión y los programas especiales de las universidades nacionales y, como denominador, el monto proyectado de ingresos en la proporción que hace referencia al artículo 3° inciso a) de la Ley N° 23.548/88 de coparticipación federal, fondos nacionales provenientes de la coparticipación, sin impactar sobre la distribución de dichos fondos a las provincias ni a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que la misma ley establece», detalla el artículo 6° de la iniciativa.

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    Imagen: archivo Protesta contra el ajuste presupuestario en las universidades públicas de Argentina, convocada en Buenos Aires el 2 de octubre de 2024.

    ▶ Ampliar las becas: «encomiéndese al Poder Ejecutivo Nacional la ampliación anual y progresiva del monto y el número de personas beneficiarias de las becas estudiantiles para las instituciones universitarias públicas».

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    El equipo de Diego Placente cosechó un puntaje perfecto de nueve puntos con una diferencia de gol de +9. Este rendimiento la catapultó al puesto de mejor selección de la fase inicial. Por su parte, México tuvo una clasificación agónica, avanzando como el peor tercero entre los clasificados, con solo tres unidades. El reglamento de la FIFA empareja al equipo mejor clasificado con el peor, y el destino quiso que sean nuevamente argentinos y mexicanos los protagonistas de una fase eliminatoria mundialista juvenil.

    Este duelo en la categoría Sub 17 evoca inmediatamente el cruce que tuvo lugar hace poco más de un mes en los cuartos de final del Mundial Sub 20 en Chile. En aquella ocasión, los dirigidos también por Diego Placente lograron una victoria por 2-0 que eliminó al cuadro azteca y encendió una rivalidad con chicanas post partido. Maher Carrizo y Mateo Silvetti fueron los autores de los goles que le dieron el pase a la semifinal a Argentina, que terminó subcampeona de ese certamen tras caer en la final ante Marruecos.

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