En medio del escándalo de lavado en el Puerto, Rosatti aconsejó en Rosario profundizar la lucha contra el crimen

En medio del escándalo de lavado en el Puerto, Rosatti aconsejó en Rosario profundizar la lucha contra el crimen

 

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti advirtió que existe un «entramado muy complejo» en el ámbito de Rosario que no se agota con el delincuente que está en la cárcel. Adujo que se debe apuntar hacia quienes le brindaron protección. En ese sentido, envió un claro mensaje a los integrantes de la Justicia que «honran» su cargo y afirmó que «los que no honran el cargo deben merecer el condigno castigo».

El titular del máximo tribunal dijo esto en un contexto muy significativo que no solo incluye a los sectores que omitieron o suavizaron la persecución a los factores de la violencia. Con sus palabras también posó la mirada en el sector empresarial que en los últimos años sacó todo tipo de ventajas con el blanqueo de dinero de origen delictivo. Lo que no solo conecta con el narcotráfico.

Justamente esta semana cinco fiscales federales avanzaron con detenciones que dejan al desnudo una formidable y sistemática maquinaria de blanqueo de dinero que tuvo eje en el puerto concesionado de Rosario. Y que muestra cómo empresarios y profesionales del establishment rosarino sacaron provecho con el traspaso de acciones hacia sociedades fantasma para lavar activos trasnacionales, promovidos por los adjudicatarios de la concesión de Terminal Puerto Rosario (TPR), la empresa Puerto de Tarragona. Su titular, Jordi Pujol i Ferrusola, tiene librado por esto un pedido de captura.

Vicentín y la ingeniería de blanqueo de dinero para los concesionarios españoles del Puerto de Rosario

«Hay mucho que corregir, hay mucho que limpiar todavía y lo vamos a seguir haciendo. Ese es nuestro compromiso, porque ahora también sabemos que hay muchísimo acompañamiento institucional y eso hace que podamos redoblar nuestros esfuerzos en ese camino», dijo Rosatti.

El presidente del máximo tribunal argentino hizo este discurso en la Cámara Federal de Rosario, donde le tomaron juramento al flamante camarista federal Florentino Malaponte, un ex fiscal y juez provincial rosarino que se suma desde este viernes a ese órgano. Rosatti declaró no conocer previamente a Malaponte. «Hay muchas tentaciones en esta ciudad. Le pido que no pierda la humildad y honestidad porque se es juez las 24 horas del día, los 365 días del año», lo aconsejó.

Conmoción en Rosario por la detención de ex concesionarios del Puerto por lavado narco

Antes de Rosatti, el presidente de la Cámara Federal de Rosario, Aníbal Pineda resaltó la actividad de autodepuración ya que «hay dos jueces con prisión preventiva», en alusión a Marcelo Bailaque, procesado por lavado de dinero y quien renunció antes de ser destituido, y Gastón Salmain, procesado por cobrar coimas a cambio de resoluciones, quien afrrontará un juicio político desde el próximo 6 de octubre.

Pineda justamente acaba de disponer, en un fallo controvertido que fue muy criticado por los fiscales federales, la suspensión del proceso que llevaba al juicio oral y público a Bailaque, por tres hechos de corrupción. El magistrado señala que no puede avanzar hasta que la Corte Suprema no defina si esos hechos se juzgan con el vigente código procesal federal que dispone oralidad en todas las etapas o con el anterior sistema escrito de tipo inquisitivo. Los fiscales le replicaron que decidió al menos erróneamente y que dispuso actos que nadie le había pedido.

Florentino Malaponte, el nuevo nuevo camarista, con Aníbal Pineda, Rosatti y Mahiques

Rosatti recordó un encuentro de la Justicia Federal en Rosario durante 2022 para enviar un mensaje en la lucha contra el narcotráfico, y señaló que esa tarea enfrenta «un entramado muy complejo que no se agota con el delincuente que puede hoy estar en la cárcel», porque ese sistema organizado «se vincula con el que lava el dinero, con el que protege al que lava el dinero y, como también se dijo muy bien aquí, con actitudes que probablemente no sean de colaboración, pero sí son de mirar para otro lado».

Justamente esto es lo que está encontrando novedades recientes con los procesos que incluyeron detenciones contra el empresario Leandro «Lelo» Pérez y especialmente con los hechos del Puerto de Rosario que sucedieron entre 2009 y 2020 sin que la Justicia Federal actuara, y que hoy están en revisión por un equipo de fiscales federales que actúan desde hace poco tiempo en la jurisdicción de Rosario.

En referencia al comercio urbano de drogas y la violencia, el titular de la Corte dijo: «Las estadísticas dicen que se ha mejorado, y se ha mejorado. Pero yo creo que falta mucho».

Rosatti declaró reconocimiento a los fiscales provinciales, a los jueces provinciales, a los fiscales federales y a los jueces federales de distinto grado que habían honrado el cargo. También indicó que agradecía a las autoridades políticas, a la corte local y al intendente, porque en el momento de máxima violencia en Rosario habían percibido que sin una respuesta institucional conjunta era muy difícil revertir la situación.

Pero el ministro dijo que también se debe enfocar el aspecto sombrío, «porque en ese evento de hace cuatro años dijimos «vamos a poner el reflector» y, cuando uno pone el reflector, cuando uno ilumina algo, lo que está claro se hace más claro y lo que es oscuro queda más oscuro. Hay mucho que corregir, hay mucho que limpiar todavía y lo vamos a seguir haciendo. Ese es nuestro compromiso».

 

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    «Lo preocupante es que ya se está haciendo costumbre que autoridades argentinas intenten reinterpretar, relativizar o directamente cuestionar tratados y acuerdos internacionales que resolvieron estas materias hace décadas. Los tratados no pueden respetarse solamente cuando resultan convenientes», agregó. 

    Por su parte, el diputado oficialista Stephan Schubert y presidente de la comisión de Relaciones Exteriores sostuvo que «lo importante es tener claridad respecto de la intención y de los dichos de la autoridad argentina quienes han precisado que no tiene referencia con el océano Pacífico, por lo tanto es una declaración muy similar a la que nosotros hemos hecho con anterioridad y no tiene afectación respecto del mar chileno». 

    En tanto, el senador de derecha e integrante de la comisión de Relaciones Exterior , Iván Moreira aseguró que «desde hace un tiempo a esta parte hemos visto una verdadera ofensiva del gobierno argentino y nosotros seguimos poniendo la otra mejilla. Ya llegó la hora de tomar decisiones más enérgicas y no seguir avanzando con esta relación que se está convirtiendo en una relación no muy sana». 

    Desde hace un tiempo a esta parte hemos visto una verdadera ofensiva del gobierno argentino y nosotros seguimos poniendo la otra mejilla. Ya llegó la hora de tomar decisiones más enérgicas y no seguir avanzando con esta relación que se está convirtiendo en una relación no muy sana

    «Además, los compromisos y acuerdos que se han tenido con el propio Presidente Milei no se han cumplido. Por ejemplo, el famoso decreto para la derogación de este decreto, en donde, con esta política expansionista de ellos, ahora se quieren aprovechar y es que tendrían con Chile soberanía compartida», añadió. 

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    «La firma de una declaración que favorece los intereses de Argentina en gran medida, creo que fue un error y los hechos posteriores, como esta declaración del canciller declarando Argentina un país bioceánico, dan una muestra fehaciente de aquello», continuó. 

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    Semejante asterisco en el acuerdo hizo recrudecer las versiones que circulan en el entramado de poder catamarqueño y que hablan de la posibilidad de otro negocio para Guido Mogetta S.A., empresa que tiene el dominio absoluto de la obra pública en esa provincia.

    No es casual que, para los peajes que consiguió Jalil de Nación, suene fuerte el nombre de la empresa familiar del ex secretario de Transporte de Milei, Franco Mogetta. Es que esa firma viene de quedarse con los peajes de la autopista Rosario-Córdoba en el marco de las concesiones promovidas por Toto Caputo.

     El convenio marco establece que el gobierno catamarqueño asumirá los costos de las obras que se hagan sobre esos tramos. Con ese pretexto, aparece en la cláusula tercera la habilitación a la Provincia para adoptar un sistema de gestión de concesión por peaje, sin establecerse tope alguno de tarifas. 

    Como contó LPO, hay quienes advierten que esa adjudicación fungió de prenda de negociación de Jalil con el Gobierno para definir votos catamarqueños en próximas leyes de interés de Milei en el Congreso, entre ellas la eliminación de las PASO.

    Concretamente, el acuerdo sobre el que Jalil avanzó el mes pasado durante la visita a la provincia de Diego Santilli y Toto Caputo, plantea que la Provincia se hará cargo del mantenimiento de 66,2 kilómetros de la Ruta Nacional 38 y otros 114,4 kilómetros relativos a las rutas nacionales 60 y 157.

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    El convenio marco establece que el gobierno catamarqueño asumirá los costos de las obras que se hagan sobre esos tramos. Con ese pretexto, aparece en la cláusula tercera la habilitación a la Provincia para adoptar un sistema de gestión de concesión por peaje, sin establecerse tope alguno de tarifas.

    Otro dato que es visto con lupa es que el aval para instalar peajes es para los corredores especificados pero, también, para otros que eventualmente se incorporen mediante «acuerdos complementarios».

    En Catamarca, fuentes al tanto de estas negociaciones advierten que el Gobierno nacional le dio a Jalil una llave para expandir los negocios de quien definen en sectores del poder local como «el Lázaro Báez catamarqueño».

    Crisis del litio en Catamarca: la empresa de Mogetta se sumó a la ola de despidos 

    Actualmente, el Grupo Mogetta controla buena parte de la obra pública provincial, pero sus unidades de negocios también alcanzan la minería y la explotación agropecuaria, con actividades vinculadas a la producción de alfalfa y ganadera (feedlot).

    Ahora, con el manejo de la Autopista Rosario-Córdoba suma el rubro vial-peajes, lo cual es leído como el inicio de una expansión en ese rubro que podría tener su continuidad a partir del convenio entree Jalil y el gobierno de Milei.

     

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