El petróleo volvió a colocarse en el centro de la escena financiera internacional. El Brent superó los USD 100 por barril, impulsado por la escalada militar en Medio Oriente. Para los inversores argentinos, el movimiento abre una oportunidad para posicionarse en compañías energéticas, aunque no todas ofrecen la misma sensibilidad frente a una eventual continuidad del rally del crudo.
Según Damián Vlassich, líder de Estrategias de Inversión en IOL, el mercado energético acumuló una suba superior al 28% desde comienzos de agosto. El Brent avanzó 3,5% en la última rueda y cerró en USD 101,34, luego de alcanzar un máximo intradiario de USD 101,54. En tanto, el WTI estadounidense subió 3,1%, hasta USD 95,88.
El especialista explicó que la escalada militar elevó la prima de riesgo geopolítico debido al temor a una interrupción prolongada de la oferta.
«El Comando Central de EE. UU. confirmó la destrucción de cinco petroleros iraníes en respuesta a ataques contra buques de la Armada estadounidense, a lo que Teherán respondió con impactos de misiles sobre embarcaciones y bases en la región. La parálisis parcial del tránsito tanquero por Ormuz disparó la prima de riesgo geopolítico ante el temor a un choque de oferta prolongado», detalló.
En este contexto, la elección de las petroleras como inversión resulta clave, ya que las compañías integradas y diversificadas no reaccionan de la misma manera que aquellas cuya actividad está concentrada en la extracción y producción de crudo.
Vista Energy e YPF, las opciones locales
Para Agustín Boggiano, asesor financiero en Bull Market Brokers, entre las acciones argentinas Vista Energy (VIST) es la alternativa más directa para capturar una suba del petróleo.
«Dentro de las locales, para mí Vista Energy es la más directa: extrae y exporta gran parte de su producción a precio internacional, así que siente la suba casi de inmediato», señaló Boggiano.
Miguel Galuccio, CEO de Vista
El ejecutivo destacó además que Vista, que es argentina, pero cotiza como Cedear, presenta una beta al Brent de 1,2, el más elevado del sector. Esto significa que, bajo determinadas condiciones de mercado, la acción puede tener una sensibilidad superior a los movimientos del precio internacional del crudo.
YPF (YPFD) también aparece como una alternativa relevante por su exposición a Vaca Muerta, aunque Boggiano marca una diferencia importante. «Al ser integrada (refino + retail) diluye el efecto puro del crudo, aunque suma sensibilidad extra por combustibles», relató.
«YPF también tiene fuerte exposición vía Vaca Muerta, pero al ser integrada (refino + retail) diluye el efecto puro del crudo, aunque suma sensibilidad extra por combustibles», explicó.
Pampa Energía (PAMP), en cambio, presenta un perfil diferente. Su diversificación hacia gas y generación eléctrica hace que tenga una menor correlación directa con el precio del crudo.
Cedears y ETFs para diversificar la apuesta
Para quienes prefieren evitar el riesgo específico de una compañía argentina, los Cedears permiten acceder desde el mercado local a petroleras internacionales y diversificar la exposición geográfica.
Fernando Villar, titular de FV Advisor, señaló que los inversores también pueden posicionarse en compañías como ExxonMobil (XOM) o Chevron (CVX), entre otras petroleras internacionales disponibles mediante Cedears.
De esta manera, es posible capturar parte del potencial de una eventual continuidad del ciclo alcista del petróleo sin limitar la inversión al mercado argentino.
Otra alternativa es utilizar un fondo cotizado sectorial. Villar mencionó al State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE), que reúne compañías del sector energético estadounidense y permite obtener una exposición más diversificada que la compra individual de una petrolera.
De esta forma, combinando acciones de empresas petroleras argentinas y Cedears de los principales gigantes multinacionales, los inversores locales pueden obtener una sólida exposición al petróleo, que podría continuar creciendo dada la inestabilidad geopolítica de Medio Oriente.
El RA-10, proyecto iniciado en 2010 durante el gobierno de Cristina Kirchner, entra en su etapa final y podría transformar la producción argentina de radioisótopos para medicina nuclear.
Por Ignacia Fratelint para NLI
Un proyecto científico que comenzó hace 16 años, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, está entrando finalmente en su etapa decisiva. El Reactor Argentino Multipropósito RA-10, una de las mayores apuestas tecnológicas de la historia reciente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), alcanzó un 96% de avance en su montaje y el Gobierno confirmó que antes de fin de 2026 comenzará el proceso de puesta en marcha, con el objetivo de completarlo durante los primeros meses de 2027. Detrás de esa obra hay una infraestructura destinada a producir radioisótopos para medicina nuclear, desarrollar tecnología para la industria y la ciencia y, potencialmente, convertir a la Argentina en uno de los principales proveedores internacionales de estos insumos estratégicos.
El dato político y temporal es importante porque el RA-10 no nació durante la actual administración ni fue concebido como respuesta a una necesidad coyuntural. El proyecto comenzó en 2010, cuando la CNEA inició el diseño de un nuevo reactor multipropósito destinado fundamentalmente a ampliar la producción nacional de radioisótopos. En aquel momento gobernaba Cristina Fernández de Kirchner y la Argentina atravesaba una etapa de fuerte impulso a la ciencia, la tecnología y el desarrollo de capacidades nucleares nacionales. Cuatro años después, en 2014, la Autoridad Regulatoria Nuclear otorgó la licencia de construcción y en marzo de 2016 comenzó la obra civil en el Centro Atómico Ezeiza.
Lo que está ocurriendo ahora, por lo tanto, es el cierre de un ciclo iniciado mucho antes. El reactor atravesó diferentes administraciones, etapas presupuestarias, modificaciones y períodos de distinto ritmo de ejecución hasta llegar al estado actual, en el que la obra civil ya está terminada y se realizan los ensayos preoperacionales necesarios para comprobar que todos sus sistemas funcionen de acuerdo con los parámetros previstos. La propia CNEA informa que el diseño demandó más de un millón de horas-hombre y más de 10.000 documentos técnicos, una dimensión que permite comprender que no se trata simplemente de levantar una construcción, sino de desarrollar y ensamblar una infraestructura tecnológica extremadamente compleja.
De un proyecto de 2010 a una herramienta contra la dependencia sanitaria
El RA-10 no es una central eléctrica. Es un reactor multipropósito de investigación y producción de 30 megavatios, diseñado para aprovechar los neutrones generados por la fisión nuclear en aplicaciones médicas, científicas e industriales. Una de sus funciones centrales será fabricar radioisótopos utilizados en medicina nuclear, entre ellos molibdeno-99, del que se obtiene tecnecio-99m, ampliamente utilizado para realizar estudios de diagnóstico por imágenes. También producirá lutecio-177, utilizado en terapias oncológicas dirigidas, e iridio-192, empleado tanto en medicina como en aplicaciones industriales.
La importancia de esta capacidad aparece con claridad cuando se observa cómo funciona actualmente el mercado internacional. La propia documentación de la CNEA señala que la provisión mundial de molibdeno-99 está fuertemente concentrada y que cinco empresas dominan más del 80% de la producción, mientras buena parte de los reactores utilizados para obtenerlo tienen más de tres décadas de operación. Las fallas y paradas de esas instalaciones pueden generar episodios de escasez que afectan directamente a los sistemas de salud que dependen de estos radioisótopos. Argentina logró históricamente sostener su abastecimiento mediante el reactor RA-3 de Ezeiza, pero ese reactor ya tiene más de 40 años, de modo que el RA-10 fue concebido precisamente para garantizar y ampliar esa capacidad en el futuro.
Ahí aparece una de las dimensiones menos visibles del proyecto: la soberanía sanitaria también depende de capacidades tecnológicas que casi nunca aparecen en las discusiones cotidianas sobre salud pública. Un hospital puede contar con médicos especializados y equipos de diagnóstico de última generación, pero determinados procedimientos requieren radioisótopos cuya producción depende de instalaciones nucleares altamente sofisticadas. Tener la posibilidad de producirlos localmente significa reducir la vulnerabilidad frente a interrupciones internacionales y, al mismo tiempo, construir una capacidad científica que puede proyectarse hacia otros países.
Las cifras proyectadas son particularmente importantes. El RA-10 podrá producir hasta 3.000 curies de molibdeno-99 por semana, una cantidad que la CNEA estima equivalente a aproximadamente una cuarta parte de la demanda mundial; también tendrá capacidad para producir hasta 6.000 curies mensuales de lutecio-177 y hasta 20.000 curies mensuales de iridio-192 medicinal. La capacidad prevista supera las necesidades internas proyectadas, por lo que el reactor fue pensado desde su origen no solamente como una herramienta para garantizar el abastecimiento argentino, sino también como una plataforma capaz de exportar productos de alto valor tecnológico.
La etapa que falta y el debate sobre la inversión privada
El anuncio realizado esta semana introduce, sin embargo, una nueva discusión. El Gobierno confirmó que la puesta en marcha del reactor comenzará antes de fin de año, pero también explicó que para transformar la producción del RA-10 en una actividad comercial a gran escala será necesaria una planta asociada destinada a procesar los materiales irradiados y obtener los radioisótopos. Para financiar su construcción y desarrollar las actividades productivas y comerciales vinculadas con ella, la Secretaría de Asuntos Nucleares anunció un esquema que permitirá incorporar capital privado. El Estado conservará la conducción de la política nuclear y las funciones regulatorias, de seguridad y fiscalización.
Es precisamente allí donde aparece una cuestión que merece discusión más allá de las posiciones políticas coyunturales. El RA-10 es producto de una acumulación de conocimiento científico y tecnológico desarrollada durante décadas por instituciones públicas, particularmente la CNEA, y cuenta además con la participación de INVAP en la gestión y los servicios especializados de ingeniería. Que una empresa privada participe posteriormente en la explotación comercial no borra ese origen, pero sí obliga a preguntarse de qué manera se distribuirá el valor generado por una tecnología que fue concebida, investigada y desarrollada con una fuerte participación estatal. La cuestión no es menor si el reactor efectivamente logra posicionar a la Argentina en un mercado internacional de altas barreras tecnológicas.
La propia historia del proyecto ofrece, además, una respuesta frente a la idea de que las políticas científicas pueden medirse únicamente por resultados inmediatos. Desde el comienzo del RA-10 hasta su puesta en marcha habrán transcurrido alrededor de 17 años, atravesados por distintos gobiernos, ciclos económicos y decisiones presupuestarias. La construcción de capacidades estratégicas requiere precisamente esa mirada de largo plazo: un reactor nuclear no se diseña ni se construye en cuatro años, y tampoco se puede reemplazar de manera rápida el conocimiento acumulado por equipos científicos, ingenieros, técnicos y trabajadores especializados. El RA-10 es, en ese sentido, también una muestra de cuánto tiempo puede demandar convertir una decisión de política científica en una infraestructura operativa.
El reactor tampoco se limitará a la medicina. Entre sus capacidades figura la producción de silicio dopado mediante transmutación neutrónica, un insumo utilizado para fabricar semiconductores de alta potencia destinados a sistemas eléctricos, transporte, energías renovables y otras aplicaciones industriales. También podrá realizar irradiación y ensayos de materiales y análisis por activación neutrónica para investigación y desarrollo. Es decir, detrás de los radioisótopos que pueden terminar en un hospital existe una plataforma tecnológica mucho más amplia, capaz de vincular salud, industria, ciencia y formación de profesionales.
El RA-10 llega así a su última etapa con una historia que permite mirar mucho más allá del anuncio de su futura inauguración. Fue concebido en 2010, comenzó a construirse en 2016 y ahora, en 2026, está a las puertas de su puesta en marcha, después de atravesar más de una década y media de desarrollo. La actual administración puede reivindicar haber llevado el proyecto hasta su fase final y tiene por delante la responsabilidad de ponerlo efectivamente en funcionamiento, pero la tecnología que está a punto de comenzar a operar pertenece a una trayectoria mucho más larga, en la que participaron sucesivos gobiernos, científicos, técnicos e instituciones del Estado argentino.
Si todo el proceso culmina como está previsto, la Argentina tendrá una nueva herramienta para producir medicamentos e insumos esenciales para la medicina nuclear, reducir su dependencia de proveedores externos, abastecer a sus hospitales y competir en un mercado internacional de altísima especialización. Esa posibilidad es, quizás, la dimensión más importante de una obra que durante años permaneció lejos de los grandes titulares. El reactor que comenzó a pensarse durante el gobierno de Cristina Kirchner está finalmente a punto de entrar en servicio, y su verdadero resultado no se medirá solamente por la inauguración de una instalación científica, sino por la capacidad de transformar ese conocimiento acumulado en salud, tecnología, industria y soberanía para las próximas décadas.
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