Javier Milei se subió a la causa Malvinas a casi tres años de llegar a la Rosada en los que permitió que dos empresas extranjeras avanzaran en los proyectos para explotar petróleo en la cuenca norte de las islas.
El presidente sacó pecho en la cadena nacional del jueves para anunciar que endurecería las sanciones para ese tipo de empresas que ya están previstas en una ley sancionada en 2011, durante el gobierno de Cristina Kirchner.
La ley 26.659 prohíbe participar, financiar o prestar servicios para actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina y permite inhabilitar a quienes la infrinjan por hasta 20 años.
De hecho, en 2022, el gobierno de Alberto Fernández aplicó esa ley contra la empresa israelí Navitas, inhabilitándola por veinte años. «La sanción, máxima prevista en la Ley 26.659, declaró clandestinas las actividades de la firma israelí, que opera el proyecto Sea Lion junto a Rockhopper. El proceso se inició en 2021 junto a Harbour Energy, que se retiró tras las intimaciones», dijo Aníbal Fernández, ex ministro de Seguridad del gobierno de Alberto.
«Otras compañías habían sido alcanzadas por la misma normativa en años anteriores. Las herramientas legales que se presentan hoy como anuncio ya existían y se utilizaron», dijo Aníbal.
Milei, por el contrario, no sólo no sancionó a las empresas sino que permitió que avanzaran como nunca en décadas en sus proyectos de explotación. El pasado 10 de diciembre, es decir, apenas 10 meses atrás, la mismísima Navitas cerró la Final Inversion Decision (FID), la etapa más compleja del proyecto de inversión, que les permitió anunciar que a partir de marzo de 2028 ya estarían extrayendo petróleo de la Cuenca Norte de Malvinas.
El proceso de decisión de inversión se completó sin interferencia alguna por parte del gobierno argentino y con el pleno respaldo del gobierno de las Islas Malvinas. Las recientes declaraciones del presidente argentino Milei indican que apoya el derecho a la autodeterminación de los habitantes de las islas y no considera este asunto como una cuestión política que requiera intervención.
En marzo, sus directivos incluso festejaron que Milei los dejó avanzar sin interferencias. «El proceso de decisión de inversión se completó sin interferencia alguna por parte del gobierno argentino y con el pleno respaldo del gobierno de las Islas Malvinas», dijo Amit Kornhauser, directivo de Navitas, hace sólo 5 meses.
«Las recientes declaraciones del presidente argentino Milei indican que apoya el derecho a la autodeterminación de los habitantes de las islas y no considera este asunto como una cuestión política que requiera intervención», dijo entonces Kornhauser, refiriéndose a una de las veces que Milei avaló la «autodeterminación» de los kelpers.
«El hecho mismo de que los socios lograran asegurar la financiación del proyecto, obtener un seguro contra riesgos políticos (PRI) de bajo costo y firmar acuerdos con contratistas principales de primer nivel demuestra que la cuestión geopolítica no está obstaculizando el avance del proyecto», dijo el directivo de Navitas .
La historia de SIAM durante el peronismo y el cierre de Whirlpool bajo Javier Milei exponen dos estrategias económicas enfrentadas. Mientras el Estado peronista impulsó crédito, producción y consumo, Whirlpool abandonó la fabricación local y convirtió su negocio argentino en un esquema 100% importador.
Hay una imagen que permite resumir buena parte de la discusión económica argentina: una heladera SIAM fabricada en el país y una moderna planta de Whirlpool en Pilar que, apenas tres años después de su inauguración, terminó cerrada y puesta en venta.
No son historias idénticas ni pertenecen al mismo momento histórico. Pero permiten observar dos decisiones políticas y económicas radicalmente diferentes frente a la industria: qué hace el Estado cuando una empresa produce en Argentina y qué ocurre cuando las condiciones favorecen la importación por encima de la fabricación local.
La comparación adquiere particular fuerza porque ambas historias están vinculadas con bienes que ingresaron profundamente en la vida cotidiana de las familias: heladeras y lavarropas.
SIAM y Perón: cuando el Estado apostó a producir
Cuando Juan Domingo Perón llegó a la Presidencia en 1946, SIAM ya era una empresa industrial importante. Sin embargo, durante el primer peronismo encontró un escenario en el que el crédito estatal, la protección industrial, el crecimiento del mercado interno y la expansión del consumo favorecieron su desarrollo.
El Banco de Crédito Industrial Argentino se convirtió en una herramienta fundamental para financiar la industria. SIAM estuvo entre las empresas que recibieron una participación particularmente importante de esos créditos durante el período 1946-1955.
La investigación citada en nuestra nota anterior registra que los préstamos destinados a SIAM-SIAT llegaron a representar aproximadamente el 10% en 1946, el 12% en 1947, el 13% en 1948, el 14% en 1951, el 18% en 1952 y el 19% en 1953 de los créditos considerados en los sectores correspondientes.
No se trató simplemente de regalar dinero a una empresa. El esquema combinó financiamiento estatal, protección industrial, regulación de importaciones y estímulo a la producción nacional.
El Estado también construyó mercado
La otra cara de esa política fue la expansión del consumo.
El crecimiento de los ingresos y las ventas en cuotas permitieron que sectores cada vez más amplios pudieran acceder a bienes durables. En el caso de las heladeras, la investigación histórica señala que la redistribución del ingreso, las restricciones a las importaciones y la generalización de los sistemas de venta a plazos impulsaron la demanda.
El resultado fue extraordinario. La producción argentina de heladeras eléctricas pasó de 6.967 unidades en 1946 a 151.200 en 1955.
SIAM fue una de las empresas centrales de esa expansión. Sus ventas de heladeras eléctricas pasaron de 11.693 unidades en 1948 a 73.928 en 1955.
La diferencia con el presente no está solamente en cuántas heladeras se fabricaban. Está en la concepción económica que había detrás: la industria debía producir, los trabajadores debían poder consumir y el Estado debía intervenir para que ambas cosas fueran posibles.
La heladera que cambió la vida cotidiana
El impacto no quedó encerrado en las estadísticas industriales.
En 1947 apenas el 3,4% de los hogares argentinos tenía una heladera eléctrica. El 20,4% utilizaba todavía heladeras alimentadas con barras de hielo.
La llegada de la refrigeración eléctrica modificó las rutinas familiares. Permitió conservar durante más tiempo carne, leche, verduras y otros alimentos perecederos, redujo la necesidad de realizar compras cotidianas y transformó la organización del trabajo doméstico.
La heladera pasó así de ser un objeto excepcional a convertirse progresivamente en un bien asociado al confort y a una nueva calidad de vida.
Según la investigación sobre la evolución de los bienes durables, en 1946 había una heladera por cada 28 familias. En 1950 era una por cada 14 y en 1955 una por cada seis.
La industrialización podía medirse entonces también dentro de las cocinas.
Whirlpool: tres años después, la fábrica cerró
La historia de Whirlpool en Pilar presenta un recorrido muy diferente.
En 2022, la multinacional estadounidense inauguró una fábrica de lavarropas en Fátima, Pilar, después de invertir 52 millones de dólares. La planta tenía una superficie de 30.453 metros cuadrados cubiertos y había sido concebida como una de las instalaciones más modernas de la compañía a nivel mundial y como plataforma regional de producción.
El proyecto contemplaba una capacidad de hasta 300.000 unidades anuales, con aproximadamente el 70% de la producción destinada a la exportación, principalmente hacia Brasil.
En 2023, primer año completo de funcionamiento, Whirlpool incorporó incluso un segundo turno y retomó las exportaciones de lavarropas hacia Brasil después de más de dos décadas.
Pero el escenario cambió con la llegada de Javier Milei a la Presidencia.
Del segundo turno al cierre definitivo
Durante 2024, Whirlpool comenzó a reducir turnos y personal. Según la información publicada por El Modelo, la empresa enfrentó una caída del consumo interno, mayores dificultades para competir con productos importados y la necesidad de revisar su estructura regional de producción.
Finalmente, en noviembre de 2025, comunicó el cierre definitivo de la planta y la interrupción de la fabricación de lavarropas en Argentina.
Ahora, en septiembre de 2026, la compañía puso en venta el complejo industrial.
La operación completa una transformación profunda: Whirlpool mantiene su presencia comercial en Argentina, pero abandonó la fabricación local y funciona bajo un esquema 100% importador. Los lavarropas provienen principalmente de Brasil, mientras accesorios, electrodomésticos y repuestos llegan desde plantas ubicadas en otros países.
De producir para el mundo a importar para el mercado
El contraste resulta difícil de ignorar.
En 2022, Whirlpool llegó a Argentina con una planta concebida para producir 300.000 lavarropas por año, exportar el 70% y utilizar al país como plataforma regional. Tres años después, esa fábrica estaba cerrada.
La propia información sobre la empresa establece una relación temporal directa entre el cambio de escenario y la llegada de Javier Milei: durante 2024 comenzaron las reducciones de turnos y personal y en noviembre de 2025 se produjo el cierre definitivo.
No corresponde afirmar, sin embargo, que el Gobierno haya ordenado el cierre de Whirlpool. Lo que sí permite establecer la fuente es que la empresa tomó la decisión en un contexto que cambió después de la llegada de Milei y que terminó adoptando un modelo completamente importador.
Y esa precisión es fundamental.
Porque la discusión no debería reducirse a si Whirlpool es responsable de cerrar una fábrica o si el Gobierno es responsable directo de la decisión. La cuestión de fondo es qué tipo de estructura productiva favorecen las reglas económicas vigentes.
Dos modelos frente a una misma pregunta
La comparación entre SIAM y Whirlpool no consiste en idealizar una empresa privada del pasado ni en afirmar que toda industria puede sobrevivir indefinidamente bajo cualquier circunstancia.
La diferencia aparece en otro lugar.
Durante el primer peronismo, el Estado utilizó crédito, protección industrial y herramientas económicas para fortalecer la producción local, mientras el crecimiento de los ingresos y las ventas en cuotas ampliaban el mercado interno.
En el caso de Whirlpool, una inversión industrial de 52 millones de dólares terminó con la fábrica cerrada, la producción interrumpida y el inmueble puesto en venta, mientras la compañía conserva su actividad comercial mediante importaciones.
Una Argentina buscaba fabricar el electrodoméstico que entraba en la casa de una familia. La otra terminó importándolo.
Y ahí aparece la pregunta incómoda para el presente: ¿qué sucede con el trabajo, los proveedores, las capacidades productivas y el conocimiento industrial cuando una economía deja de necesitar que esos productos se fabriquen dentro del país?
La heladera, el lavarropas y una discusión que vuelve
La historia de SIAM demuestra que una política industrial puede tener consecuencias que exceden ampliamente a una fábrica. Cuando una heladera llegaba a una vivienda, detrás había una cadena que involucraba trabajadores, máquinas, crédito, producción y consumo.
La historia de Whirlpool muestra el movimiento contrario: una planta moderna, con una inversión millonaria y capacidad exportadora, dejó de fabricar y pasó a formar parte de un esquema importador.
La comparación no permite borrar las diferencias entre 1946 y 2026. Pero sí deja planteada una discusión que el discurso libertario suele presentar como una cuestión puramente contable: ¿qué pierde una sociedad cuando producir deja de ser un objetivo económico y comprar afuera pasa a ser la alternativa dominante?
Porque una fábrica no es solamente un edificio.
Es trabajo. Es conocimiento. Es capacidad productiva. Es una cadena de proveedores. Y, sobre todo, es la posibilidad de que un país no quede condenado a ser simplemente el lugar donde se venden productos fabricados por otros.
La vieja heladera SIAM todavía puede servir para recordar algo que hoy parece incómodo: la industria nacional alguna vez fue pensada como una herramienta para transformar la vida de las familias. La fábrica de Whirlpool, vacía y en venta, obliga a preguntarse qué lugar ocupa esa idea en la Argentina de Milei.
Fuentes
Aisenberg, I., & Rein, R. (2024). Las vidas paralelas de dos emprendedores inmigrantes: Torcuato Di Tella y Ezra Teubal. Temas de Historia Argentina y Americana, 32(2), 109-128.
Belini, C. (2010). La promoción industrial durante el peronismo. Impacto y límites de la ley de industrias de interés nacional (1944-1958). Temas de Historia Argentina y Americana, 16, 59-97.
Rocchi, F. (2022). La transformación de la vida cotidiana: la evolución de los bienes durables en Argentina, 1920-1970. Historia Crítica, 84, 29-55.
Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. (2021). Los primeros gobiernos peronistas. Continuemos Estudiando.
El Modelo. (3 de septiembre de 2026). Se va: Whirlpool ya no fabrica en Argentina y vende su planta de Pilar.
La Municipalidad de Villa Regina puso en marcha el concurso de precios N° 09/2021 para la provisión de hormigón elaborado en mixer H 17 para la obra de veredas en la plaza del barrio Belgrano. El presupuesto oficial es de $2 millones. La fecha de apertura será el 10 de septiembre a las 11 horas….
El Senado debate cambios al Súper RIGI para atraer megacentros de datos e inversiones en inteligencia artificial. La gran pregunta: ¿qué gana Argentina?
Por Ignacia Fratelint para NLI
La Argentina está a punto de tomar una decisión que puede parecer, a primera vista, una cuestión técnica reservada para especialistas en tecnología, energía y legislación tributaria, pero que en realidad toca uno de los debates económicos más importantes de los próximos años: qué quiere hacer el país con su energía, sus recursos naturales y su infraestructura cuando la inteligencia artificial se convierta en uno de los mayores consumidores eléctricos del planeta. El proyecto conocido como Súper RIGI, que busca avanzar esta semana en el Senado con modificaciones negociadas por el oficialismo con bloques aliados, incorpora entre sus objetivos la llegada de grandes inversiones vinculadas con centros de datos, inteligencia artificial, semiconductores y otras actividades consideradas estratégicas. El Gobierno sostiene que se trata de una oportunidad para atraer capitales hacia industrias que todavía no tienen desarrollo comercial significativo en el país, mientras sus críticos advierten que los beneficios fiscales pueden terminar subsidiando emprendimientos de enorme consumo energético cuyo impacto sobre el empleo y el entramado productivo nacional podría ser mucho menor del que promete el discurso oficial.
La discusión adquirió especial intensidad en las últimas horas porque uno de los puntos que el oficialismo aceptó modificar está relacionado precisamente con el abastecimiento energético de los megacentros de datos. La cuestión no es menor: entrenar y operar modelos avanzados de inteligencia artificial requiere instalaciones capaces de procesar cantidades gigantescas de información durante períodos prolongados, y esas instalaciones necesitan electricidad de manera permanente, con niveles de demanda que pueden convertir a un único proyecto en un consumidor energético de escala comparable con grandes establecimientos industriales. Las modificaciones negociadas en el Senado buscan establecer condiciones específicas para esos emprendimientos, en particular respecto de quién debe garantizar la energía necesaria para ponerlos en funcionamiento, en un momento en que la infraestructura eléctrica argentina todavía enfrenta restricciones y necesita inversiones considerables para acompañar cualquier salto significativo de la demanda.
La nueva frontera no es el petróleo: es la electricidad
Durante buena parte del siglo XX, las grandes disputas económicas internacionales estuvieron relacionadas con el acceso al petróleo. En el siglo XXI, esa competencia continúa, pero empieza a complementarse con otra disputa cada vez más evidente: quién tendrá acceso a suficiente energía para sostener la infraestructura digital que mueve la nueva economía. Un centro de datos no se parece a una oficina llena de computadoras; es una instalación industrial donde miles de servidores funcionan simultáneamente, procesando información y generando calor que debe ser disipado de manera constante, razón por la cual la disponibilidad de electricidad barata, abundante y relativamente estable se convirtió en uno de los factores decisivos para decidir dónde instalar este tipo de infraestructura.
Argentina tiene algunos elementos que la vuelven atractiva para esa carrera. Posee gas natural abundante en Vaca Muerta, potencial hidroeléctrico, capacidad creciente de generación renovable, disponibilidad territorial y una comunidad científica y tecnológica con experiencia en áreas vinculadas con software, inteligencia artificial y servicios basados en conocimiento. El atractivo, por lo tanto, no es inventado: existe una oportunidad real. El problema es determinar qué condiciones debe establecer el Estado para que esa oportunidad tecnológica no termine reducida a la explotación de una ventaja energética.
El proyecto oficial busca precisamente aprovechar esa combinación. Según la información difundida sobre el Súper RIGI, el régimen apunta a actividades que todavía no cuentan con desarrollo comercial previo en el país o que se encuentran en fases experimentales o piloto, incluyendo megacentros de datos destinados al entrenamiento de modelos de inteligencia artificial y otras industrias tecnológicas. Para acceder al régimen se plantea un umbral de inversión de 1.000 millones de dólares, lo que coloca el programa en una escala muy diferente de la de las políticas tradicionales destinadas a pequeñas y medianas empresas.
La pregunta, entonces, no debería ser simplemente si Argentina quiere tener centros de datos. Por supuesto que debería interesarle desarrollar infraestructura digital propia y atraer inversiones tecnológicas. La cuestión verdaderamente relevante es bajo qué condiciones esas inversiones se incorporarán a la economía argentina.
Porque un centro de datos puede estar físicamente ubicado en nuestro territorio, consumir energía producida aquí y utilizar infraestructura nacional sin necesariamente generar un ecosistema industrial comparable al de una fábrica tradicional. Su principal activo son los servidores, el software, los sistemas de refrigeración, la conectividad y el capital tecnológico, y una vez construido puede funcionar con una cantidad de trabajadores relativamente reducida respecto de la magnitud de la inversión involucrada.
Eso no significa que carezca de impacto laboral o económico. Puede generar empleo especializado, demandar servicios, ampliar la infraestructura de telecomunicaciones y atraer otras inversiones. Pero no es razonable equiparar automáticamente 1.000 millones de dólares invertidos en infraestructura digital con 1.000 millones invertidos en una cadena industrial intensiva en empleo.
El punto que incomoda: ¿quién paga la energía?
Aquí aparece el cambio que el Senado está discutiendo y que probablemente sea uno de los aspectos más importantes del debate. Los grandes centros de datos necesitan energía en cantidades extraordinarias y, si su llegada implica aumentar significativamente la demanda eléctrica, la pregunta inevitable es quién asumirá el costo de esa expansión de infraestructura.
La modificación negociada por el oficialismo incorpora justamente la cuestión de que los proyectos electrointensivos, especialmente los vinculados con inteligencia artificial, puedan tener que garantizar su propio abastecimiento energético. La diferencia parece técnica, pero en realidad expresa una discusión política de fondo: si una empresa decide instalar en Argentina una infraestructura que demanda enormes cantidades de electricidad, ¿debe esa empresa adaptar su consumo a la capacidad existente o debe el sistema eléctrico argentino adaptarse para satisfacer sus necesidades?
La diferencia puede traducirse en miles de millones de dólares de inversión pública o privada.
Una cosa es que un centro de datos se instale utilizando capacidad eléctrica disponible y pagando por ella como cualquier otro usuario industrial. Otra muy diferente es que para abastecerlo sea necesario construir nuevas líneas de transmisión, ampliar subestaciones, desarrollar generación adicional o modificar redes que también utilizan hogares, comercios y pequeñas industrias.
Por eso el debate energético no puede quedar separado del debate tributario. Si el Estado concede beneficios fiscales extraordinarios para atraer una inversión y además debe realizar inversiones en infraestructura para que esa inversión pueda funcionar, la rentabilidad privada del proyecto puede estar acompañada por un costo público que no aparece en el anuncio inicial de los millones de dólares comprometidos.
La cuestión tampoco consiste en rechazar toda inversión tecnológica. Al contrario: Argentina necesita desesperadamente ampliar su infraestructura digital y aprovechar el conocimiento que produce. Pero una política industrial seria debería preguntarse qué condiciones permiten que una inversión extranjera se convierta en una plataforma para desarrollar proveedores nacionales, formar trabajadores especializados, generar investigación local y aumentar la capacidad tecnológica del país.
Si la respuesta es que solamente traerá servidores y consumirá electricidad, el resultado será bastante diferente.
El riesgo de convertirse en una enorme usina para otros
Existe una tentación comprensible detrás de la propuesta: Argentina posee un recurso que el mundo necesita —energía relativamente barata en comparación con otros mercados— y existe una industria global que necesita cada vez más electricidad. ¿Por qué no aprovecharlo?
La respuesta puede encontrarse en una palabra que América Latina conoce demasiado bien: enclave.
Un enclave económico aparece cuando una actividad productiva está integrada principalmente hacia afuera, utiliza recursos locales pero mantiene buena parte de sus decisiones, tecnología y beneficios fuera del territorio donde opera. Históricamente, América Latina conoció esa lógica con la minería, los grandes complejos agroexportadores y los hidrocarburos. El desafío contemporáneo consiste en evitar que la economía digital reproduzca exactamente el mismo esquema bajo una apariencia completamente diferente.
Un megacentro de datos podría convertirse en una pieza de una estrategia tecnológica nacional si se articula con universidades, empresas argentinas, centros de investigación, proveedores locales, formación profesional y desarrollo de software. También podría generar una demanda energética que impulse nuevas inversiones en generación y transmisión, beneficiando al conjunto del sistema. Pero también podría terminar funcionando simplemente como una enorme infraestructura privada conectada a los recursos energéticos argentinos para prestar servicios digitales a consumidores ubicados en otros países.
En ambos casos habría inversión. En ambos casos habría exportaciones. En ambos casos podrían aparecer cifras millonarias en los anuncios oficiales. Pero el impacto estructural sobre el país sería completamente distinto.
Ese es precisamente el tipo de diferencia que una ley de promoción de inversiones debería contemplar.
El espejismo de medir el éxito solamente en dólares
El RIGI original permite observar ya una primera experiencia. Según un seguimiento basado en datos oficiales del Boletín Oficial, hacia fines de agosto había 22 proyectos aprobados por unos 47.074 millones de dólares, con una estimación de 95.975 empleos directos e indirectos, aunque esos compromisos se encuentran en distintas etapas de ejecución y no equivalen a dinero ya ingresado o a puestos de trabajo efectivamente creados.
La diferencia entre inversión comprometida, inversión efectivamente ejecutada y actividad económica generada resulta fundamental para evaluar cualquier régimen de incentivos. Un proyecto puede anunciar una inversión gigantesca que se desarrollará durante una década y generar relativamente pocos empleos directos una vez que entre en funcionamiento. Eso no convierte al proyecto en negativo, pero obliga a medirlo por sus resultados reales y no solamente por el número que aparece en el comunicado de prensa.
El problema aparece cuando los beneficios fiscales se conceden durante períodos prolongados y la sociedad debe esperar décadas para comprobar si el crecimiento prometido efectivamente se produjo.
Ese es uno de los puntos que hacen especialmente sensible al Súper RIGI. El propio Gobierno lo presenta como una herramienta destinada a industrias que prácticamente no existen todavía en Argentina y busca ofrecer condiciones capaces de atraer inversiones que, de otro modo, podrían dirigirse hacia otros países.
La competencia internacional existe y Argentina no puede ignorarla. Pero competir por inversiones no significa necesariamente ofrecer las mayores ventajas posibles. También significa construir una propuesta que resulte atractiva porque combina recursos naturales, infraestructura, talento, estabilidad normativa y un mercado capaz de generar valor.
Una política tecnológica inteligente debería intentar que el centro de datos sea solamente el primer eslabón, no el producto final.
Si llegan servidores pero no se desarrolla industria nacional alrededor de ellos, la oportunidad será limitada. Si llega capital pero no aumenta la formación tecnológica, el efecto será menor. Si se consume energía pero no se fortalece el sistema eléctrico, el costo puede terminar socializándose. Y si se conceden beneficios tributarios extraordinarios sin mecanismos claros para evaluar resultados, el Estado puede quedar comprometido durante años con una inversión cuyo impacto económico real sea difícil de medir.
La Argentina ante una decisión que va mucho más allá del Súper RIGI
El debate que atraviesa al Senado esta semana puede parecer una discusión más dentro de la larga lista de reformas económicas del Gobierno, pero en realidad anticipa una cuestión que va a acompañar a la Argentina durante las próximas décadas. La inteligencia artificial necesita territorio, energía, agua, minerales, infraestructura y trabajadores, aunque su producto final parezca completamente inmaterial.
Detrás de cada consulta que hacemos a una herramienta de inteligencia artificial existe una infraestructura física gigantesca que consume electricidad, necesita refrigeración, requiere redes de transmisión de datos y depende de equipos fabricados con minerales y componentes provenientes de distintas partes del mundo. La nube, en definitiva, no está en el aire: está en edificios, cables, centrales eléctricas y servidores.
Por eso Argentina debería discutir su estrategia tecnológica con la misma seriedad con la que discute su estrategia energética. Tener gas y electricidad disponibles puede convertirse en una ventaja extraordinaria, pero vender energía barata para que otros países procesen sus datos no es necesariamente lo mismo que construir una economía tecnológica nacional.
El verdadero desafío consiste en conseguir que la infraestructura digital genere capacidades que permanezcan en el país incluso si mañana cambian las empresas, las plataformas o las tecnologías. Eso significa universidades fortalecidas, científicos trabajando, técnicos capacitados, proveedores locales, empresas argentinas capaces de integrarse a cadenas globales y un Estado con capacidad para establecer reglas que protejan el interés público sin cerrar la puerta a la inversión.
La Argentina tiene una oportunidad concreta. Sería absurdo negarla por prejuicio ideológico o por temor a cualquier participación extranjera. Pero sería igualmente equivocado aceptar que cualquier inversión es automáticamente buena por el solo hecho de traer dólares.
Porque la historia económica ofrece demasiados ejemplos de países que confundieron tener un recurso valioso con saber desarrollarlo.
La inteligencia artificial puede convertirse en una nueva frontera productiva para Argentina, pero solamente si el país decide qué quiere hacer con ella. Puede ser una oportunidad para transformar energía en conocimiento, conocimiento en industria y tecnología en empleos de calidad; o puede convertirse simplemente en otro mecanismo mediante el cual nuestros recursos naturales alimenten negocios cuyo mayor valor agregado se genera lejos de nuestras fronteras.
El Súper RIGI no resolverá por sí solo esa disyuntiva. Una ley de incentivos puede atraer inversiones, pero no puede reemplazar una política tecnológica, energética e industrial. Esa política todavía está por construirse.
Y quizás por eso el debate más importante no sea cuánto dinero promete cada megacentro de datos, sino qué parte de esa nueva economía queremos que quede efectivamente en la Argentina cuando los servidores se enciendan, las máquinas comiencen a procesar millones de operaciones y la electricidad producida aquí empiece a alimentar la inteligencia artificial del mundo.
A partir de hoy, se suman actividades permitidas en 11 ciudades rionegrinas. La medida fue dispuesta por el Gobierno Provincial a través del Ministerio de Salud en base a los parámetros sanitarios y epidemiológicos correspondientes y alcanza a Bariloche, Cipolletti, Catriel, Cinco Saltos, Villa Regina, Barda del Medio, Allen, Mainque, Chichinales, Godoy y Fernández Oro….
La Municipalidad de Villa Regina informa que actualmente NO existe ningún loteo autorizado en el sector rural. Además reitera que, según las ordenanzas vigentes, está prohibida la venta, sin previa autorización del Municipio, de lotes ubicados en terrenos sociales. Por ello, antes de realizar cualquier operación comercial se debe concurrir al edificio municipal a consultar…
En el marco de la conmemoración de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, el Intendente Marcelo Orazi procedió a realizar el izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza de los Próceres. Estuvo acompañado por el presidente del Concejo Deliberante Edgardo Vega y el Secretario de Gobierno Guillermo Carricavur. Como consecuencia de las nuevas…
