Un Ministro que no confía en su propia gestión: Caputo declaró el 95% de su dinero en el exterior
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Un Ministro que no confía en su propia gestión: Caputo declaró el 95% de su dinero en el exterior

 

Luis “Toto” Caputo es el funcionario encargado de administrar los dólares, las reservas y el sistema financiero argentino, pero cuando se trata de su propio dinero parece elegir otro destino: el 95,3% de sus depósitos bancarios está en el exterior.

Por Roque Pérez para NLI

La nueva declaración jurada patrimonial de Luis “Toto” Caputo dejó una fotografía difícil de pasar por alto: mientras el ministro de Economía conduce una gestión que insiste en que los argentinos deben recuperar la confianza en el peso, llevar sus dólares al sistema financiero y apostar por el rumbo económico del Gobierno, el 95,3% de los depósitos bancarios que declara personalmente está fuera de la Argentina. Al cierre de 2025, Caputo informó un patrimonio total de $19.509 millones, frente a los $11.851 millones declarados un año antes, mientras que sus depósitos bancarios alcanzaron aproximadamente $13.030 millones, de los cuales $12.422 millones estaban radicados en el exterior.

El dato adquiere todavía mayor relevancia cuando se observa la evolución del patrimonio completo. Entre el inicio y el cierre de 2025, la fortuna declarada por Caputo aumentó nominalmente un 64,6% en pesos, de acuerdo con la comparación de sus declaraciones juradas. La estimación difundida en dólares ubica el crecimiento en torno al 37%, aunque el porcentaje exacto depende del tipo de cambio utilizado para convertir los valores patrimoniales de cada período. En cualquier caso, hay una certeza que no depende de ninguna metodología: el patrimonio declarado por el ministro creció con fuerza durante su segundo año al frente de Economía, y una proporción abrumadora de sus activos líquidos continúa colocada fuera del país.

Una fortuna líquida mirando hacia afuera

El detalle de los depósitos permite entender mejor la magnitud del fenómeno. De los aproximadamente $13.030 millones que Caputo declara en el sistema bancario, sólo unos $608 millones corresponden a depósitos en la Argentina, mientras que los restantes $12.422 millones están en el exterior. Dentro del país figuran cinco plazos fijos en pesos que en conjunto rondan los $584 millones, una caja de ahorro en dólares valuada en aproximadamente $23 millones y pequeñas cajas de ahorro en pesos cuyos saldos resultan prácticamente insignificantes frente al volumen de su patrimonio financiero. También declaró unos $122.000 en efectivo.

La diferencia no es menor ni puede explicarse diciendo simplemente que el ministro posee “algunos ahorros afuera”. La mayor parte de su dinero bancarizado está fuera de la Argentina. Según las conversiones realizadas sobre la declaración, sus depósitos exteriores equivalen a unos US$8,6 millones, mientras que sus depósitos locales representan una fracción muy pequeña de ese total. Si se toma el patrimonio completo, incluyendo inmuebles y participaciones societarias, aproximadamente dos tercios de sus bienes están radicados en el exterior.

El corazón de esa fortuna exterior aparece en una cuenta que tuvo un movimiento extraordinario durante 2025. Una cuenta corriente en dólares, identificada en los análisis de la declaración como radicada en Estados Unidos, pasó de estar valuada en $4.018.483.336 al comienzo del ejercicio a $11.738.447.944 al cierre. Es decir, la valuación declarada aumentó en aproximadamente $7.720 millones durante el año. La DDJJ pública no permite identificar el banco donde está radicada esa cuenta, por lo que no corresponde adjudicar esos fondos a una entidad financiera específica sin documentación adicional.

El movimiento de esa cuenta resulta todavía más significativo cuando se observa el conjunto de los depósitos exteriores. Al comenzar 2025, Caputo declaraba aproximadamente $5.937 millones en depósitos fuera del país; al finalizar el ejercicio, la cifra había trepado hasta $12.422 millones. Expresado en dólares mediante el tipo de cambio oficial correspondiente a cada fecha, el crecimiento fue de aproximadamente US$5,6 millones a US$8,3 millones, un incremento cercano al 48%. Es decir, no se trata exclusivamente de una ilusión contable producida por la evolución del tipo de cambio: también hubo un aumento de los fondos financieros exteriores medidos en dólares.

Creció la fortuna, pero no todo fue dinero nuevo

Hay, de todos modos, una precisión fundamental para no convertir una información patrimonial en una acusación que los documentos no permiten sostener. Que el patrimonio de Caputo haya aumentado 64,6% en pesos no significa que durante 2025 haya recibido ingresos equivalentes a ese porcentaje. Una parte importante del incremento está explicada por diferencias de valuación de bienes que ya estaban incorporados a su patrimonio. El análisis de la declaración identifica aproximadamente $4.530 millones de aumento asociados a esas diferencias de valuación.

La distinción es importante porque una propiedad que vale más al final del ejercicio incrementa el patrimonio declarado aunque su dueño no haya vendido el inmueble ni embolsado un solo peso adicional. Lo mismo puede suceder con participaciones societarias u otros activos. Por eso, decir que “Caputo ganó 64,6%” sería incorrecto. Lo que sí puede afirmarse es que su patrimonio declarado valía 64,6% más al terminar 2025 que al comenzar el año, y que dentro de esa evolución hubo además un crecimiento considerable de sus depósitos exteriores.

Las participaciones societarias también registraron movimientos. Caputo declara el 89% de Palmeral Chico, participación valuada en más de $2.288 millones, y el 33,33% de Sacha Rupaska, valuado en aproximadamente $459,5 millones. También conserva el 50% de Anker Latinoamericana, participación declarada en unos $61,2 millones. En sentido contrario, Ancora Investments LP, otro activo exterior, pasó de aproximadamente $1.870 millones a unos $889 millones, una caída cercana al 52,5%. La fotografía patrimonial, por lo tanto, no muestra un crecimiento homogéneo: hay activos que se valorizan, otros que pierden valor y una concentración especialmente fuerte de liquidez en el exterior.

El resultado final es una estructura patrimonial en la que los dólares y los activos financieros exteriores ocupan un lugar central. No estamos hablando solamente de propiedades, campos o participaciones empresarias cuyo valor puede resultar difícil de realizar de inmediato. Una parte sustancial de la riqueza declarada por Caputo está constituida por dinero depositado en cuentas bancarias fuera de la Argentina, con una cuenta corriente en dólares que concentra una porción extraordinariamente importante del total.

La paradoja del ministro de Economía

Aquí aparece la dimensión política inevitable del dato. Caputo no es un funcionario cualquiera: es el hombre que ocupa el Ministerio de Economía y que tiene bajo su responsabilidad buena parte de las decisiones vinculadas con el dólar, las reservas, el régimen cambiario, las tasas de interés, el crédito y las condiciones generales del sistema financiero argentino. Durante la gestión de Javier Milei, además, el Gobierno convirtió la recuperación de la confianza y el retorno de los dólares al circuito económico local en una de sus principales banderas.

El propio Caputo fue protagonista de políticas destinadas a estimular la utilización de los dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema formal. El Gobierno llegó incluso a promover mecanismos para que esos fondos ingresaran al circuito económico sin que sus titulares tuvieran que explicar el origen de cada peso gastado dentro de determinados límites. En ese contexto, la declaración patrimonial del ministro ofrece una paradoja difícil de ignorar: quien administra la política económica destinada a que los argentinos confíen en el rumbo del país mantiene aproximadamente 95 de cada 100 pesos bancarizados de su patrimonio fuera de la Argentina.

Eso, por sí mismo, no constituye una irregularidad ni demuestra que Caputo desconfíe personalmente de su propia gestión. Una persona puede mantener legalmente activos en el exterior por múltiples razones, particularmente alguien cuya trayectoria profesional estuvo durante décadas vinculada con los mercados financieros internacionales. Tampoco la DDJJ permite conocer cuáles fueron las operaciones concretas que explican cada movimiento entre cuentas. Pero desde el punto de vista político y simbólico, la composición patrimonial de un ministro de Economía es un dato relevante: las decisiones públicas que toma afectan al mismo sistema financiero en el que él decide mantener apenas una pequeña parte de su liquidez.

La cuestión tampoco es cuánto dinero tiene Caputo. Su patrimonio previo a ocupar cargos públicos ya era considerable y la existencia de activos en el exterior es anterior a su actual gestión. El punto está en observar qué ocurrió mientras estuvo al frente de Economía. Y allí los números son contundentes: entre el comienzo y el cierre de 2025, sus depósitos exteriores pasaron de unos $5.937 millones a $12.422 millones, mientras que una sola cuenta corriente en dólares pasó de aproximadamente $4.018 millones a $11.738 millones en la valuación declarada. Al mismo tiempo, su patrimonio total pasó de $11.851 millones a $19.509 millones.

La declaración jurada no permite saber si cada dólar que terminó en esas cuentas provino de rentas, inversiones anteriores, ventas de activos, transferencias entre cuentas, resultados financieros u otras operaciones. Tampoco demuestra que el crecimiento patrimonial tenga relación causal con las decisiones adoptadas por el Ministerio de Economía. Pero sí permite saber dónde está el dinero declarado por el ministro: mayoritariamente afuera.

Y esa es quizás la imagen más potente que deja la DDJJ 2025. Mientras el Gobierno reclama confianza en su programa económico, mientras Caputo administra el mercado cambiario y mientras Milei insiste en que los argentinos deben sacar los dólares “del colchón” para ponerlos a trabajar en la economía, el propio ministro de Economía declara que el 95,3% de sus depósitos bancarios está en el exterior.

No es una prueba de delito. No es, por sí sola, una demostración de conflicto de intereses. Pero sí es un dato político imposible de ocultar detrás de una planilla contable: el ministro que pide confianza en su modelo económico tiene la mayor parte de su dinero fuera del país que ese mismo modelo pretende transformar.

 

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    La discusión sobre el empleo argentino ya no puede reducirse a saber cuántas personas tienen trabajo. El desempleo convive con informalidad, subocupación, pluriempleo y nuevas formas de contratación, mientras la reforma laboral de 2026 modificó reglas centrales de la relación entre trabajadores y empleadores. Los números oficiales permiten dimensionar el fenómeno, pero la sociología ayuda a entender qué ocurre cuando la incertidumbre laboral deja de ser una excepción y empieza a convertirse en una experiencia cotidiana.

    Por Tomás Palazzo para NLI

    Hay una escena que se repite cada vez con mayor frecuencia en la Argentina: una persona que trabaja, pero busca otro trabajo. Un empleado que conserva su puesto, aunque empezó a hacer repartos por la noche. Una profesional que se convirtió en monotributista para realizar tareas que antes hacía bajo relación de dependencia. Un trabajador que acepta una ocupación informal porque necesita ingresos inmediatos y otro que acumula varias actividades porque ninguna de ellas, por separado, alcanza para pagar el alquiler, los alimentos y los servicios. Todos están ocupados. Pero no necesariamente todos tienen un empleo que permita construir una vida alrededor del trabajo.

    Ese es uno de los principales problemas que aparecen cuando se mira el mercado laboral exclusivamente a través de la tasa de desempleo. El INDEC informó que en el primer trimestre de 2026 la desocupación alcanzó el 7,8%, mientras que la tasa de empleo fue del 44,8%, la de actividad del 48,6% y la subocupación llegó al 11,1%. Es decir, hay una porción significativa de personas que trabajan menos horas de las que desean y necesitan. La propia estadística oficial incorporó además, desde 2025, una medición específica de la informalidad laboral, reconociendo que el dato sobre cuántas personas tienen o no una ocupación no alcanza para describir la estructura del mercado.

    La fotografía se vuelve todavía más compleja cuando se incorpora la calidad de esos puestos. Según una medición elaborada por el investigador del CONICET Jorge Paz, utilizando una definición amplia que incluye tanto asalariados no registrados como trabajadores independientes de baja calificación, la informalidad alcanzaba aproximadamente al 49% de los trabajadores. La estimación no es idéntica a la medición estadística oficial —y es importante no mezclar metodologías—, pero permite comprender la magnitud del fenómeno desde otra perspectiva.

    La pregunta que queda flotando es incómoda: ¿qué significa exactamente estar empleado en la Argentina de 2026?

    La sociología de un trabajador que nunca termina de llegar

    El sociólogo francés Robert Castel utilizó hace décadas una idea que resulta particularmente útil para pensar el presente: el trabajo no es solamente una fuente de ingresos, sino también uno de los principales mecanismos de integración social. El empleo estable permite construir vínculos, acceder a derechos, proyectar una familia, organizar el tiempo y establecer una relación relativamente previsible con el futuro. Cuando esa estabilidad se erosiona, no desaparece solamente una parte del salario: se debilita también una estructura social.

    La investigación argentina sobre mercado laboral viene señalando precisamente esa dimensión. Estudios del CONICET sobre informalidad, precariedad y segmentación laboral advierten que la inseguridad ocupacional no se distribuye al azar y que la calidad del empleo tiene consecuencias directas sobre las posibilidades de caer o permanecer en la pobreza. Una investigación de Jésica Pla, Santiago Poy y Agustín Salvia encontró que la clase ocupacional y la calidad del empleo mantienen efectos persistentes sobre la probabilidad de experimentar pobreza, mientras que la inseguridad laboral atraviesa distintos grupos sociales.

    Esto permite comprender por qué la precarización tiene una dimensión sociológica que no aparece inmediatamente en una planilla de estadísticas. Cuando una persona no sabe cuánto va a ganar el mes próximo, cuándo terminará su contrato, si podrá mantener sus horas de trabajo o si deberá aceptar una segunda ocupación, cambia su relación con el futuro. La incertidumbre se incorpora a la vida cotidiana.

    Y cuando esa incertidumbre se vuelve colectiva, también modifica comportamientos sociales. Se posterga la compra de una vivienda, se demora la decisión de tener hijos, se reemplaza el consumo duradero por gastos inmediatos, se prolonga la convivencia con los padres, se abandona una actividad educativa para conseguir ingresos o se aceptan trabajos por debajo de la calificación profesional. No hace falta que todos esos fenómenos aparezcan juntos para que exista un cambio estructural: alcanza con que una parte creciente de la población deje de sentir que el trabajo constituye una plataforma segura para proyectarse.

    La Organización Internacional del Trabajo (OIT) plantea precisamente que la informalidad no debe analizarse solamente como ausencia de registro, sino en relación con derechos, productividad, protección social y oportunidades de desarrollo. En su actualización conceptual publicada en 2025, la organización advierte que las formas contemporáneas de informalidad son diversas y requieren políticas de transición hacia la formalidad que garanticen trabajo decente.

    La cuestión, entonces, no es únicamente cuántos argentinos están «en negro». Es qué tipo de ciudadanía social produce una economía donde una parte importante de sus trabajadores carece de las protecciones asociadas al empleo formal.

    La reforma laboral y el nuevo mapa de derechos

    Aquí aparece el costado jurídico, que tampoco puede separarse de la discusión económica. La Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, establece que el trabajo «en sus diversas formas» debe gozar de protección legal y menciona expresamente condiciones dignas y equitativas, jornada limitada, descanso, vacaciones pagas, retribución justa y protección contra el despido arbitrario. No se trata de una declaración decorativa: constituye el marco constitucional dentro del cual deben interpretarse las leyes laborales.

    Pero en 2026 ese marco comenzó a convivir con una modificación importante de la legislación ordinaria. La Ley 27.802 de Modernización Laboral, sancionada en febrero y publicada en marzo, introdujo cambios en la Ley de Contrato de Trabajo y en distintos regímenes laborales. Entre otras cuestiones, modificó el esquema de cálculo de la indemnización por despido, estableció nuevas reglas sobre determinados componentes remunerativos y habilitó que mediante convenios colectivos pueda sustituirse el régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral financiado por el empleador.

    También creó los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), destinados a colaborar con el cumplimiento de determinadas obligaciones e indemnizaciones laborales. Y la reforma estableció un régimen específico para los prestadores independientes de plataformas tecnológicas de movilidad y reparto, definiéndolos jurídicamente como independientes y fijando determinados derechos sin que estos constituyan, por sí mismos, indicios de una relación de dependencia.

    Esto último resulta especialmente relevante desde una perspectiva sociológica. Una parte del nuevo mundo laboral se está construyendo alrededor de trabajadores que no encajan cómodamente en la vieja división entre empleado y trabajador autónomo. El repartidor que se conecta cuando quiere puede ser presentado como un emprendedor independiente; pero si su ingreso depende de una plataforma, de sus algoritmos, de las tarifas que esta determina y de una demanda que no controla, la discusión sobre dónde termina la autonomía y dónde comienza la subordinación seguirá abierta.

    Especialistas en derecho laboral que analizaron la nueva legislación han señalado precisamente que la reforma modifica cuestiones sensibles como el período de prueba, las jornadas y el llamado banco de horas, el cálculo indemnizatorio, los fondos de cese, las plataformas y la presunción de laboralidad.

    El Gobierno puede sostener que estas modificaciones buscan reducir la litigiosidad, facilitar contrataciones y generar mayor previsibilidad para las empresas. Esa es una hipótesis económica legítima que deberá contrastarse con los resultados. Pero también existe una pregunta jurídica y social diferente: ¿cuánto puede flexibilizarse una relación laboral antes de que la flexibilidad deje de funcionar como instrumento para generar empleo y empiece a trasladar sistemáticamente el riesgo económico hacia quien trabaja?

    No existe una respuesta automática. Y justamente por eso no alcanza con decir que una reforma es «pro trabajador» o «anti trabajador». Hay que mirar qué derechos cambia, qué obligaciones modifica, qué incentivos genera y, sobre todo, qué ocurre después con el empleo real.

    El dato que falta: no solamente cuánto empleo hay, sino qué empleo estamos construyendo

    Existe además una paradoja que atraviesa la historia argentina reciente. La informalidad no nació con Milei y sería incorrecto presentarla como una creación de su Gobierno. La Argentina arrastra desde hace décadas un mercado laboral profundamente segmentado. Investigaciones de la OIT ya habían documentado la coexistencia de empleo asalariado informal, trabajo independiente de subsistencia y modalidades atípicas incluso durante períodos en los que la ocupación y los salarios mejoraban.

    Pero reconocer ese problema estructural no significa que todos los gobiernos produzcan los mismos resultados. Las políticas económicas pueden favorecer determinados sectores, destruir otros, modificar los incentivos para contratar formalmente y cambiar la relación entre salarios, productividad y empleo. De acuerdo con datos recopilados recientemente, desde diciembre de 2023 hasta abril de 2026 se habían perdido cerca de 400.000 puestos asalariados formales, según registros del Ministerio de Capital Humano citados por El País: alrededor de 250.000 correspondían al sector privado, 130.000 al público y 17.400 al régimen de casas particulares.

    Ese número tampoco puede interpretarse aisladamente como prueba de que cada puesto perdido se convirtió automáticamente en empleo informal. Una parte de las personas puede haber salido de la fuerza laboral, otra puede haber quedado desempleada y otra puede haberse desplazado hacia actividades independientes. Precisamente por eso las estadísticas laborales deben leerse como un conjunto y no como titulares separados.

    La cuestión central aparece cuando se cruzan todos esos indicadores: desocupación, subocupación, informalidad, empleo registrado, salarios y horas trabajadas. Allí comienza a verse una economía en la que tener trabajo no garantiza necesariamente estabilidad y en la que conseguir ingresos puede requerir acumular ocupaciones.

    La propia OIT insiste en que la transición hacia la formalidad requiere políticas integrales y no solamente cambios normativos. En Argentina, su trabajo reciente sobre sectores como construcción, textil y trabajo doméstico pone el foco justamente en las barreras concretas que impiden formalizar empleo y en la necesidad de combinar regulación, incentivos, productividad y protección social.

    Por eso la pregunta más importante para la Argentina de los próximos años no debería ser solamente cuántos puestos de trabajo crea la economía, sino qué clase de puestos está generando.

    Porque una sociedad puede mostrar una tasa de desempleo relativamente contenida y, al mismo tiempo, tener cientos de miles de personas que trabajan sin estabilidad, sin protección suficiente, con ingresos insuficientes o con la necesidad de sumar una segunda ocupación para completar el mes.

    El trabajo sigue estando. Lo que está cambiando es aquello que el trabajo permite construir.

    Y esa diferencia es mucho más profunda que una cifra de desempleo. Es una transformación en la relación entre economía y sociedad, entre trabajador y empresa, entre presente y futuro. También es una discusión sobre el sentido mismo del derecho laboral: si su función consiste simplemente en ordenar contratos entre partes formalmente iguales o si, como reconoce la Constitución, debe intervenir para equilibrar una relación en la que el poder económico de las partes nunca fue exactamente simétrico.

    La respuesta no se encuentra solamente en una ley ni en una estadística. Se va a ver en la vida concreta de quienes trabajan.

     

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  • El gobierno de Kicillof denunció una entrega exprés de los permisos de pesca a Chernajovsky

     

    La expansión del negocio de la pesca de calamar que apuró el gobierno de Javier Milei finalmente se concretó este jueves cuando, por mayoría, el Consejo Federal Pesquero (CFP) entregó los 18 permisos que ampliarán la dotación de buques para la explotación -por entre 15 y 24 años- de esta especie que hoy es la más rentable.

    Dentro del CFP (presidido por Nación e integrado por las provincias del litoral marítimo), el único rechazo fue de la provincia de Buenos Aires, que denunció «la falta de tiempo mínimo razonable de análisis que se requiere para el tenor de la medida».

    Según se expone en el acta de sesión del CFP al que tuvo acceso LPO, en el gobierno de Axel Kicillof acusaron que los proyectos de las 27 empresas interesadas por los 18 permisos en juego se presentaron este miércoles, «siendo aprobados al día siguiente», a pesar de contar cada uno de ellos «con centenares de fojas».

    En ese proceso exprés, la gestión bonaerense sostuvo que «queda evidenciada la discriminación arbitraria a la provincia de Buenos Aires, referente de la pesca de calamar argentino» ya que, de los 18 proyectos aprobados, 17 desembarcarán en puertos patagónicos y solo uno en Mar del Plata.

    En las condiciones que estableció Nación para la selección de propuestas, aquellos interesados que proponían descargar el calamar en Mar del Plata tenían entre 10 y 15 puntos menos que aquellos que proyectan sus descargas en la patagonia.

    El apuro del Gobierno por expandir el negocio del calamar dispara sospechas de corrupción

    «Este Consejo ha logrado que la enorme mayoría de los proyectos aprobados no establezcan al puerto de Mar del Plata como puerto de descarga, incluso aún cuando se trata, en algún caso, de empresas radicadas en territorio bonaerense», acusaron los representantes de Buenos Aires en el CFP.

    Otro dato cuestionado por la administración Kicillof es que ninguno de los proyectos elegidos contempla la construcción de barcos en Argentina. Todas las propuestas que incluyen buques poteros nuevos, plantean su construcción en el extranjero.

    Precisamente, las cámaras del sector le habían pedido al CFP un plazo mayor de entrega de propuestas para hablitar el desarrollo de los proyectos de construcción por parte de los astilleros nacionales, solicitud que fue desoída.

     De las 18 seleccionadas, la que mayor puntaje obtuvo fue Glaciar Pesquera, que hace dos meses adquirió Newsan, el grupo de Rubén Cherñajovsky. Obtuvo un permiso de pesca que se extenderá hasta 2050. Para eso, tiene previsto un buque nuevo a construir en el extranjero.

    De las 27 propuestas, seis fueron rechazadas por incumplir requisitos (Altamare, Balfish, Congelados Ártico, Globocean, Fenix y S.W.A).

    De las 18 seleccionadas, la que mayor puntaje obtuvo fue Glaciar Pesquera, empresa con más de 30 años de trayectoria que en junio último adquirió Newsan, el grupo de Rubén Cherñajovsky, empresario que, en sociedad con los hermanos Neuss, se quedó a principios de año con el control de dos represas.

    El ministro de Asuntos Agrarios y Pesca, Javier Rodríguez.

    Glaciar, que fijó más del 50% de sus desembarcos en Puerto Deseado, Santa Cruz, obtuvo un permiso de pesca que se extenderá hasta 2050. Para eso, tiene previsto un buque nuevo a construir en el extranjero. También obtuvo un permiso por 24 años Semaloma, firma del Grupo San Isidro.

    Luego, consiguieron un permiso por 21 años la Compañía Pesquera del Sur y Pesquera Deseado. Por 18 años, fueron seleccionados Bentónicos de Argentina S.A., Proel, IBCO, ADH MOR Company, Vuogafe, Rusbuilding e Hispano Patagónica junto con la marplatense Moscuzza, la única oferta bonaerense que quedó en pie.

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    Por 15 años, obtuvieron permisos Subastas del Mar, Pesquera Latina, Hauser Factory, Calamaris Marisur, Illex Fishing y Rich Marine Fishery, mientras que Red Chamber Argentina tendrá por 9 años.

    Con la entrega de los permisos, el Gobierno logra cerrar en tiempo récord un trámite que abrió a mediados de mayo, cuando informó en el CFP que estaba elaborando una propuesta para expandir la explotación del calamar. Dos semanas más tarde ya tenía listo el texto de 21 artículos y seis anexos.

    La celeridad fue tal que la resolución fue aprobada en votación directa en la misma sesión del CFP en la que se presentó. Eso, a pesar de no encontrarse en el orden del día previamente establecido.

    Todo eso desató desde el arranque sospechas de corrupción, bajo el fantasma de lo sucedido hace dos años, cuando este medio dio cuenta de las versiones de coimas que sobrevolaron la cuotificación de la merluza hubbsi.

    «El exiguo plazo contenido en esta normativa viola el principio de concurrencia y hace pensar que la misma podría estar dirigida», señalaron en junio pasado desde el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) en una nota dirigida al subsecretario de Pesca nacional y titular de CFP, Juan Antonio López Cazorla.

    En medio de eso, la gestión Kicillof presentó un recurso de reconsideración que fue rechazado en el CFP, razón por la que fuentes de la administración bonaerense señalaron a LPO que analizan avanzar con acciones judiciales. 

     

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