El Gobierno aceleró esta semana en el proceso licitatorio de una serie de tramos de la Red Federal de Concesiones por la que pretende dar en concesión por 20 años alrededor de 9.000 kilómetros de rutas nacionales.
Para dos corredores estratégicos -el tramo Porturario Sur y el Mediterráneo-, el consorcio integrado por la constructora Plantel y por Creditech -empresa del Grupo Corven- presentó una propuesta en la que ofreció un rango de tarifa 25% inferior a la de su competidor más cercano.
Ese panorama genera fuertes expectativas en Plantel y Creditech de cara a lo que viene. En el consorcio tienen la convicción de que se confirmará la adjudicación de las propuestas económicas presentadas para ambos corredores «por ser las más convenientes para el interés público».
«Recibimos este resultado con entusiasmo y con el compromiso de aportar nuestra experiencia y capacidades para el desarrollo de un proyecto estratégico para la infraestructura vial del país», señalaron desde el consorcio.
Y agregaron: «La complementariedad entre Plantel y Creditech nos permitió presentar una propuesta sólida y competitiva, que combina capacidad técnica, capital de trabajo, gestión operativa y respaldo financiero y patrimonial para brindar un servicio eficiente, seguro y sustentable para el interés público».
Los dos corredores sobre los que presentó ofertas este consorcio abarcan 1.309,07 kilómetros de rutas nacionales estratégicas, posicionándose como uno de los proyectos más relevantes de esta etapa del proceso licitatorio.
Plantel es una firma que tiene más de 15 años de experiencia en obras viales. El Grupo Corven, en tanto, es un grupo industrial nacional con más de 57 años de trayectoria, que actualmente posee más del 30% del mercado de motos en Argentina.
Los dos corredores sobre los que presentó ofertas este consorcio abarcan 1.309,07 kilómetros de rutas nacionales estratégicas, posicionándose como uno de los proyectos más relevantes de esta etapa del proceso licitatorio.
El Tramo Portuario Sur se extiende a lo largo de 636,75 kilómetros, sobre la Ruta Nacional N.º 9, entre Campana y San Nicolás, y la Ruta Nacional N.º 188, desde San Nicolás hasta Realicó (La Pampa).
Por su parte, el tramo Mediterráneo comprende 672,32 kilómetros de la Ruta Nacional N.º 7, desde Luján (provincia de Buenos Aires) hasta el límite entre Córdoba y San Luis, incluyendo la conexión con la Ruta Nacional N.º 8 y un tramo de la Ruta Provincial N.º 35.
Pablo Bertuzzi evalúa inmolarse para retener su cargo en la Sala I de la Cámara Federal porteña votando junto con Mariano Llorens la ratificación de la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi en la causa Libra, quien selló un pacto de impunidad con el gobierno para apartar a las querellas de la investigación que demora el fiscal Eduardo Taiano. El fallo de Martínez de Giorgi habría sido un gesto hacia la Casa Rosada luego que el Senado aprobara el pliego de su esposa, Ana Juan, para el juzgado federal de Hurlingham.
Como informó LPO, Bertuzzi concursó para continuar en su sillón de Comodoro Py, donde fue trasladado por Mauricio Macri en 2018, al igual que su par Leopoldo Bruglia, que prefirió renegar del fallo de la Corte Suprema en 2020 y quejarse ante la CIDH por discriminación. Según Bruglia, a él lo obligan a concursar pero a Carlos «Coco» Mahiques, padre del ministro de Justicia, le prorrogaron su cargo por 5 años más «equiparando el traslado al concurso».
En ese contexto, Bertuzzi rindió el examen ante la comisión de Selección del Consejo de la Magistratura, quedó en el puesto 24° y escaló hasta el sexto después de las entrevistas personales. Sin embargo, quedó ternado por debajo de la fiscal Cecilia Incardona, a quien describen como «una mujer del sistema» y atribuyen «el respaldo del peronismo».
Fuentes al tanto de la situación dijeron a LPO que «lo que se ve es que el gobierno explota la guerra fría entre Bertuzzi e Incardona para seguir zafando en la causa Libra».
En efecto, la Sala I podría resolver la apelación de las querellas contra lo actuado por Martínez De Giorgi antes de la feria judicial. Integrado por Llorens, Bertuzzi y Bruglia, ese tribunal armaría una mayoría favorable a los hermanos Milei con los votos de los primeros dos jueces, mientras que el tercero, resignado a su inexorable salida, se podría dar el lujo de votar en contra.
La vacante de Bruglia, de hecho, sería cubierta por Pablo Yadarola, un magistrado que jugaría en tándem con Llorens y cuyo pliego sería remitido por el Poder Ejecutivo en la próxima tanda de envíos. El enroque no es más que otra contribución de Juan Bautista Mahiques a Karina Milei.
Pablo Yadarola.
Lo curioso es que, pese a su compromiso, Bertuzzi perdería la pulseada contra Incardona. «Le van a hacer la boba a Bertuzzi, lo van a hacer votar con Llorens bancando el desarme de la causa y después lo tiran por la ventana: arman la rosca con Llorens y Yadarola y le pagan al peronismo con el nombramiento de Incardona», resumió un camarista.
Desde el Poder Judicial remarcaron ante LPO que esa maniobra contra Bertuzzi comprende un plan más ambicioso, que podría incluir un eventual acuerdo libertario con el peronismo: se congela la causa Libra y Karina resigna la provincia de Buenos Aires para que la retenga el PJ en 2027. Esa hipótesis se basa en el respaldo del interbloque de José Mayans al pliego de Ana Juan, la pareja de Martínez de Giorgi, cuando se votó en el Senado.
Los senadores kirchneristas niegan esa versión. Alegan que la postulación de la jueza había sido propuesta durante el gobierno de Alberto Fernández, retirada por la actual gestión en diciembre de 2023 y volvió a remitirse con la llegada de Mahiques al ministerio.
Le van a hacer la boba a Bertuzzi, lo van a hacer votar con Llorens bancando el desarme de la causa y después lo tiran por la ventana: arman la rosca con Llorens y Yadarola y le pagan al peronismo con el nombramiento de Incardona.
Además, los diputados Sabrina Selva, Juan Marino y Juan Grabois se cuentan entre los impulsores más activos de la investigación de la estafa y los abogados del líder de Patria Grande tramitaban desde el viernes la apelación contra lo resuelto por Martínez De Giorgi.
El revuelo en la Cámara Federal porteña quizá se deba a que la nueva composición de la Sala I también podría repercutir en la Sala II, donde se desempeñan Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, quien cumplirá 75 años el próximo 18 de julio sin que su pliego para prorrogarse en el cargo hubiera sido enviado al Congreso por Javier Milei y Mahiques.
En lugar de Irurzun, podrían subrogar allí cualquiera de los tres colegas de la otra sala, designados por sorteo, pero el impacto podría sentirse en la tendencia de Farah a inclinarse en fallos que convengan a la Rosada. En Comodoro Py señalan como ejemplo la disputa entre Ariel Lijo y María Eugenia Capuchetti por llevar la causa de los créditos de los funcionarios libertarios en el Banco Nación.
En abril pasado, la jueza conminó a Lijo para que dejara de intervenir en el caso pero el magistrado se negó y Capuchetti llevó el reclamo hasta la Cámara, donde Farah resolvió a su favor. En el gobierno festejaron la definición, que no estuvo exenta de un cuidadoso seguimiento desde el Ministerio de Justicia.
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