EEUU ataca Irán y escala la tensión en Medio Oriente

 

 Un caso testigo de la era libertaria terminó convirtiéndose en un dolor de cabezas para Néstor Rozín, un importante empresario, dueño del Hotel Sol de Funes, entre otros negocios.

El año pasado, Rozín no tuvo mejor idea que poner plata de su bolsillo para reparar un tramo de la colectora de la Autopista Rosario-Córdoba porque su deterioro incomodaba el ingreso vehicular de los clientes. Sin embargo, Vialidad Nacional lo intimó a deshacer el arreglo en los próximos diez días.

Lo que debía ser un caso ejemplar de iniciativa privada fue aplastado por funcionarios de Milei que obligaron al empresario a remover la mejora y que la autopista vuelva a estar abandonada a su suerte hasta que sea adjudicada a un concesionario.

 Lo que debía ser un caso testigo de iniciativa privada fue aplastado por funcionarios de Milei que obligaron al empresario a remover la mejora y que la autopista vuelva a estar abandonada a su suerte hasta que sea adjudicada a un concesionario 

Sin embargo, en Funes deslizan sospechas sobre un posible vuelto político porque la obra sobre la colectora se realizó durante la campaña electoral del año pasado cuando el hotel alojó una actividad encabezada por la ex vicegobernadora Gisela Scaglia, entonces candidata de Unidos.

Según el portal InfoFunes, la mejora se hizo para ordenar el movimiento vehicular de aquel acto político y terminó beneficiando también a clientes, trabajadores, proveedores y otros establecimientos de la zona que utilizan diariamente ese acceso deteriorado sobre la Ruta 9.

Es que la delegación santafesina de Vialidad Nacional está conducida por Gastón Bruno que fue secretario de Obras Públicas durante la gestión del ex intendente del PRO Diego León Barreto pero tuvo que renunciar al cargo en medio de una polémica licitación que fue adjudicada a una empresa de la que formaba parte.

 

 

Escala la conflictividad laboral en la cadena de supermercados Toledo, que cuenta con más de 40 sucursales en Mar del Plata y su región de influencia. Al momento, la empresa canceló el 70% de sus más de 1.400 trabajadores y preocupa el pago del aguinaldo.

La situación generó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo bonaerense por parte del gremio de Comercio, que se declaró en estado de alerta y movilización, sin descartar la posibilidad de medidas de fuerza de no cancelarse la totalidad de los salarios durante la semana.

En el gremio expresaron preocupación por el escenario financiero de la empresa de cara a los próximos meses.

«El argumento de la empresa es el contexto nacional de la caída del consumo, pero el gran problema es que los trabajadores están en una situación complicada porque el salario actual ya es insuficiente para afrontar el costo de vida», dijo el secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio, Esteban Fraysse.

Con base en Mar del Plata, Toledo es una cadena tradicional en la región, con sucursales en Miramar, Pinamar, Necochea, Mar Chiquita y Tres Arroyos.

 «Esperamos que la empresa Toledo regularice esta situación de manera inmediata para evitar que el conflicto se agrave», advirtieron en el gremio de Comercio.  

Se trata de la segunda crisis de Toledo en la última década. Hacia finales del macrismo, fue el propio fundador de la cadena, Antonio Toledo, el que se había quejado: «La situación no da para más», dijo, aunque sus expresiones trascendieron al afirmar que, de todas formas, volvería a votar a Macri.

Ahora con Milei, la crisis del consumo vuelve a golpear de lleno a la estabilidad financiera de la cadena. «Los trabajadores son quienes sostienen la empresa y, en un momento de tanta crisis, que no te paguen durante varios días genera una situación muy complicada para muchas familias», agregó Fraysse.

Por esta situación, la cartera laboral bonaerense convocó a una audiencia para el próximo miércoles a las 11 con el fin de que la empresa presente un cronograma de regularización en el pago de haberes.

«Esperamos que la empresa Toledo regularice esta situación de manera inmediata para evitar que el conflicto se agrave», advirtieron en el gremio de Comercio. 

 

La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina informa que está disponible una nueva edición del Fondo de Auxilio para prestadores turísticos del gobierno nacional orientada a agencias de viajes y servicios de transporte turístico.   En este caso, y en línea con las nuevas políticas focalizadas para diferentes actores de la cadena…

 

 La crisis financiera de Granja Tres Arroyos ya suma varios meses y ahora derivó en el cierre por tiempo indeterminado de la planta La China, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. La empresa venía atravesando problemas graves, como anticipó LPO, y terminó pagando salarios cuotas. Los últimos acuerdos con los trabajadores preveían 10 cuotas para completar la quincena.

Joaquín de Grazia es el dueño de Granja Tres Arroyos y una de las espadas empresarias que defiende el modelo de Javier Milei y fue un acérrimo defensor de la reforma laboral que impulsó en gobierno y que está frenada en la justicia.

 El grupo avícola le atribuyó la decisión de cerrar la fábrica a los «continuos conflictos sindicales» y a medidas de fuerza que, según denunciaron, paralizaron la operación y rompieron la cadena productiva de la región.

[El mayor frigorífico avícola del país quedó al borde del cierre por la importación de pollo brasileño]

Sin embargo, la compañía venía arrastrando desde hacía meses una fuerte crisis financiera que afectó a todas sus plantas, con deudas a proveedores, criadores de pollos y trabajadores. La situación llegó a un punto crítico cuando las quincenas comenzaron a pagarse primero en dos cuotas, luego en cinco y finalmente en 10 veces y con incumplimientos permanentes en los cronogramas acordados.

«Se pactaba una fecha de pago y cuando llegaba el día la plata no aparecía», contó un trabajador del grupo que habló con LPO. La crisis también obligó a reducir jornadas laborales en distintas plantas de manera rotativa y los días que estaban parados, esa jornada se pagaba al 60% del convenio.

 La crisis también obligó a reducir jornadas laborales en distintas plantas de manera rotativa y los días que estaban parados, esa jornada se pagaba al 60% del convenio. 

El deterioro financiero de Tres Arroyos arrastró también a las plantas de la ex Cresta Roja que integran el grupo. La empresa ya había cerrado y desmantelado la Planta 1 de Ezeiza para concentrar toda la producción en Esteban Echeverría.

 [La crisis en Granja Tres Arroyos arrastra a la ex Cresta Roja, que bajó 30% su producción]

Cresta Roja llegó a tener unos 3500 trabajadores cuando comenzó su crisis en 2015. Hoy, en toda la cadena productiva que incluye producción de huevos, incubación, granjas de cría, molinos y frigoríficos, no llegan a 800 empleados.

%uD83D%uDD34 | Corte en Entre Ríos por conflicto en Granja Tres Arroyos.Trabajadores de la planta La China, en Concepción del Uruguay, tomaron el acceso al Monumento a Urquiza tras el cierre temporal de la empresa y atrasos en salarios. Crece la incertidumbre por los puestos en juego. pic.twitter.com/pQ2c5qE9bp

— Nicolás Blanco (@NicolasBlanco81) May 27, 2026

En el sector atribuyen buena parte de la crisis a la apertura de importaciones de pollo brasileño, que golpeó con fuerza el mercado interno en un contexto de caída del consumo y pérdida de competitividad para la industria local, como adelantó LPO.

  A eso se sumaron las restricciones para exportar a principios de año por los problemas derivados por un brote de gripe aviar, que afectó a la producción destinada al mercado internacional. Ahora, el tema sanitario está resuelto, pero continúa el problema financiero que generó, dijeron a LPO fuentes que conocen bien la estructura productiva del grupo.  

 En el sector atribuyen buena parte de la crisis a la apertura de importaciones de pollo brasileño, que golpeó con fuerza el mercado interno en un contexto de caída del consumo y pérdida de competitividad para la industria local 

En el comunicado difundido este miércoles, la empresa admitió además atravesar una «delicada situación financiera» producto de la caída exportadora, la pérdida de competitividad y el deterioro económico del sector.

En el comunicado, la empresa sostuvo que debió ingresar en un proceso preventivo de crisis, implementar retiros voluntarios y afrontar pagos salariales «de manera escalonada y en cuotas».

De todos modos, la compañía responsabilizó principalmente al gremio por el cierre de la planta de Concepción del Uruguay y denunció «paros constantes», «trabajo a desgano», ausentismo y situaciones de bloqueo contra empleados que querían continuar trabajando.

«Luego de agotar todas las instancias posibles de diálogo y ante la imposibilidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad para operar, la compañía se vio forzada a tomar la difícil decisión de cerrar la planta por tiempo indeterminado», señaló la firma.