Pirelli frena en Merlo y enciende una nueva alarma industrial: suspensiones, recorte salarial y temor por el empleo
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Pirelli frena en Merlo y enciende una nueva alarma industrial: suspensiones, recorte salarial y temor por el empleo

 

La decisión de Pirelli de paralizar durante una semana la producción de su planta de Merlo y eliminar desde julio las horas extras de fin de semana vuelve a poner en evidencia el deterioro que atraviesa buena parte de la industria argentina. Aunque la empresa mantendrá el pago de salarios durante las suspensiones, cientos de trabajadores sufrirán una fuerte caída de ingresos en un contexto ya golpeado por la pérdida de poder adquisitivo y la retracción económica.

Por Celina Fraticiangi para NLI

La multinacional italiana comunicó que detendrá completamente la actividad de su planta bonaerense entre el 15 y el 21 de junio. La medida afecta a una fábrica que actualmente emplea a unos 650 trabajadores y que ya viene atravesando un proceso de reducción de actividad desde hace varios años. Si bien las suspensiones serán con goce de haberes, el verdadero impacto llegará desde julio, cuando la compañía abandone el esquema de trabajo durante los fines de semana y pase a operar únicamente de lunes a viernes.

Esa modificación implica la desaparición de las horas extras que se abonaban al 100% durante sábados y domingos. Según estimaciones realizadas por trabajadores de la planta, la pérdida de esos adicionales provocará una reducción cercana al 27% de los ingresos mensuales de numerosos operarios.

La crisis industrial ya no puede ocultarse

La situación de Pirelli no aparece aislada. La empresa argumenta que enfrenta una fuerte caída de la demanda y una disminución sostenida de las ventas desde hace al menos cuatro meses. A esto se suma la desaceleración de la industria automotriz, uno de sus principales mercados, afectada por la baja del consumo interno y por la caída de exportaciones hacia Brasil.

El caso de la automotriz Stellantis se convirtió en un símbolo de este proceso. La reducción de actividad en la planta de El Palomar impactó directamente sobre proveedores como Pirelli, que dependen en gran medida del ritmo de producción automotriz para sostener sus niveles de fabricación.

Sin embargo, los trabajadores sostienen que el problema no se limita a una cuestión coyuntural. Denuncian que la apertura importadora impulsada por el Gobierno está acelerando la sustitución de producción nacional por neumáticos fabricados en el exterior, particularmente provenientes de China. Esa combinación de menor consumo y mayor competencia importada está golpeando de lleno a la industria local.

De producir 18 mil neumáticos por día a apenas una fracción

Los números permiten dimensionar la magnitud del retroceso. En sus mejores años, la planta de Merlo llegó a fabricar alrededor de 18.000 neumáticos diarios. Hoy la producción ronda entre 3.500 y 4.000 unidades por jornada, una caída que refleja la profundidad de la crisis sectorial.

La reducción de actividad también tuvo consecuencias sobre el empleo. Desde 2023 se registraron más de 700 desvinculaciones dentro de la compañía, mientras que el sector del neumático observa con preocupación antecedentes recientes como el derrumbe de Fate y las dificultades crecientes de otras firmas industriales.

En este escenario, la suspensión anunciada por Pirelli es leída por muchos trabajadores como una señal de alerta más profunda. El temor no pasa únicamente por la pérdida de ingresos inmediatos, sino por la posibilidad de que la reducción de actividad termine derivando en nuevos ajustes laborales.

La situación expone una contradicción cada vez más visible del modelo económico de Milei. Mientras el Gobierno celebra indicadores financieros y apertura de mercados, numerosas fábricas enfrentan caídas de producción, despidos y suspensiones. El caso de Pirelli muestra que detrás de los números macroeconómicos existe una realidad concreta: menos horas trabajadas, salarios más bajos y una industria nacional que vuelve a transitar un terreno de incertidumbre.

 

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  • Guerra de mineras por una línea de alta tensión que pagaron los sanjuaninos

     

     La pelea minera en San Juan no es por el cobre. Es por la energía. Vicuña, sociedad de BHP y Lundin Mining, quedó en el centro de una disputa con otras empresas por la capacidad de transporte de una línea eléctrica clave para el desarrollo cuprífero en el norte provincial. La empresa promete una inversión histórica de USD 18.000 millones, pero antes de activar los desembolsos pidió prioridad sobre casi toda la capacidad de transporte eléctrico disponible.

    El dato político pesa. El 17 de febrero, Javier Milei recibió en Casa Rosada a Ron Hochstein, CEO global de Vicuña Corp. y a José Morea, country director de la compañía. También estuvieron Karina Milei y el canciller Pablo Quirno. El Gobierno presentó el encuentro como respaldo a la mayor inversión extranjera directa de la historia de San Juan.

    Morea no es un ejecutivo más. Fue funcionario durante el gobierno de Mauricio Macri y estuvo a cargo del programa de Participación Público Privada (PPP), una fallida experiencia de «privatización» de la construcción de rutas que dependía de Toto Caputo, entonces funcionario de Macri. Morea provenía de Central Puerto, la eléctrica vinculada a Nicolás Caputo, primo del ministro, que aparece al principio y al final de la inversión de Vicuña.

    Orrego afronta la audiencia pública por el proyecto minero de Vicuña por la línea eléctrica que le regaló Caputo

    Al día siguiente de la reunión en Casa Rosada, el ENRE difundió la Resolución 79/2026. El trámite había sido presentado por Transener a pedido de Vicuña Argentina para abastecer la fase 1 de Josemaría, que requiere 260 MW de potencia. La obra incluye la vinculación de la línea Nueva San Juan-Rodeo, la construcción de la estación transformadora Chaparro y una nueva línea de extra alta tensión de 167 kilómetros entre Rodeo y Chaparro. El lobby de la minera, apadrinada por Caputo, tuvo una eficacia eléctrica, que no cayó bien en otros jugadores importantes del sector minero.

    El punto que encendió la guerra fue el beneficio regulatorio. La resolución le otorgó a Vicuña prioridad de uso frente a terceros por el 90% de la capacidad de transporte remanente de la línea Nueva San Juan-Rodeo. Según los cálculos de Cammesa, eso equivale al 71% de la capacidad total de una línea de 854 MVA. La misma prioridad alcanza a la nueva línea Rodeo-Chaparro y a la nueva estación Chaparro. Todo por 25 años.

    José Morea, country manager de Vicuña no es un ejecutivo más. Fue funcionario durante el gobierno de Mauricio Macri y estuvo a cargo del programa de Participación Público Privada (PPP), una fallida experiencia de «privatización» de la construcción de rutas que dependía de Toto Caputo. Morea provenía de Central Puerto, la eléctrica vinculada a Nicolás Caputo, primo del ministro, que aparece al principio y al final de la inversión de Vicuña.

    La infraestructura no nació de un repollo privado. La línea Nueva San Juan-Rodeo fue concebida para operar en 500 kV, aunque inicialmente funciona en 132 kV. Tiene unos 162 kilómetros y fue financiada con aportes nacionales, provinciales y recursos de los usuarios sanjuaninos a través de fondos como el PIEDE. Es decir: la obra que ahora disputan las mineras fue pagada durante años por la provincia y por los argentinos.

    Vicuña sostiene que no se apropia de nada. Su argumento es que financiará obras nuevas para fortalecer el sistema y que la capacidad incremental quedará dentro del SADI, operada por la transportista. Traducido: asegura que va a agrandar la ruta y que por eso pide carril preferencial. En una empresa competidora lo resumen con menos cortesía: «Todavía no pusieron nada, pero ya pidieron mucho».

    El problema es que en San Juan nadie mira esa ruta como una autopista vacía. El EPRE provincial advirtió que la capacidad del corredor no es un excedente disponible sino un recurso estratégico para abastecer la demanda actual y futura de la provincia. También reclamó que Vicuña sea tratada como beneficiaria no iniciadora de una obra que ya fue financiada por otros.

    La audiencia pública de este miércoles, convocada por el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, no fue vinculante, pero dejó expuesto el conflicto. El expediente trató el acceso a 260 MW para Josemaría y la ampliación del sistema de transporte eléctrico. Participaron empresas, organismos provinciales y los municipios afectados.

    Ahí aparecieron los otros jugadores. Los Azules, Hualilán, Barrick y Gualcamayo plantearon objeciones técnicas, legales y regulatorias. Barrick condicionó su apoyo a que se respeten sus derechos históricos de transporte. Gualcamayo pidió resguardar su potencia energética. Hualilán cuestionó la reserva de capacidad. Los Azules fue más lejos y habló de una prioridad desproporcionada.

    En la audiencia pública para definir el acceso prioritario de Vicuña a la línea de alta tensión su competidora de Los Azules habló de una preferencia desproporcionada.

    Miguel Gil, gerente de Ingeniería de Los Azules, dijo que una prioridad por 25 años sobre infraestructura ya construida equivale en los hechos a una exclusividad sobre un corredor estratégico del SADI. Y agregó que la audiencia debía servir para corregir el acto y preservar la coherencia regulatoria.

    También hay que decirlo: No hay ingenuidad en esa pelea. Barrick, Los Azules, Gualcamayo y Hualilán defienden sus propios proyectos, sus cronogramas y su acceso a la red. Nadie fue a la audiencia sólo por amor al usuario residencial. Cada uno cuida su pedazo de montaña.

    Pero esa disputa empresaria no borra el problema de fondo. Si una sola minera se queda con casi toda la capacidad disponible, Jáchal e Iglesia pueden quedar atados a una red sin margen. El efecto no sería sólo sobre otros proyectos mineros. También puede golpear emprendimientos agrícolas, industriales y comerciales que necesiten energía para crecer.

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    El Gobierno nacional defiende el RIGI y presenta a Vicuña como una postal de la Argentina que viene, pero apareció por una pregunta vieja: quién decide sobre una infraestructura pública cuando el negocio privado necesita pasar primero.

    El gobierno de San Juan que conduce Marcelo Orrego tiene un desafío interesante: De un lado, una inversión que puede cambiar la escala minera del país. Del otro, una red financiada por el Estado y por usuarios durante años, que enfrenta la presión de grupo de empresas que compite para entrar al mismo corredor. La montaña promete dólares, pero abajo la pelea es por el cable.

     

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