La autopsia del cuerpo de Agostina Vega confirmó que el cuerpo de la adolescente fue desmembrado, confiaron fuentes policiales. El escabroso detalle conmocionó aún más a la sociedad cordobesa impactada por el caso.
El descubrimiento del cuerpo en menos de 72 horas fue celebrado por la gestión provincial, pero el éxito de la investigación quedó opacado por las desafortunadas declaraciones del fiscal Raúl Garzón, que pidió «una medalla» para el perro que lo encontro.
En el gobierno de Martín Llaryora de todas maneras destacan que el fiscal y el ministro Quinteros lograron en un tiempo récord rastrillar con éxito un predio de más de 200 hectáreas ubicado en el barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la capital provincial. El cuerpo de Agostina se encontró en una zona de bosque ubicada dentro del mismo predio.
Llaryora recibió esta domingo a los abuelos de Agostina que le agradecieron la celeridad del operativo y luego se reunió con el padre de la chica, un ex policía a quien se mantuvo permanentemente al tanto de la investigación.
Durante la fallida conferencia de prensa de este sábado, el fiscal Garzón reveló que el crimen ocurrió entre las 23.30 del sábado 23 de mayo y la una o dos de la mañana del domingo 24.
El único sospechoso sigue siendo el puntero Gabriel Barrelier, ex novio de la madre de Agostina, que está detenido y este domingo habría intentado quitarse la vida.
Garzón confirmó que hay varias líneas de investigación que incluyen el entorno de Agostina y confirmó que se encontraron elementos probatorios relevantes durante la investigación.
Recrudece la polémica por el manejo de la recolección de residuos en la provincia. Tras el reciente conflicto en Villa Gesell que amenazó con trasladarse a otros distritos, ahora en la Federación de Municipales, Fesimubo, salieron a pedir la municipalización del servicio, algo que generó una fuerte reacción de Pablo Moyano.
En la mayoría de los municipios el servicio se terceriza a una empresa que tiene a sus trabajadores bajo el convenio de Camioneros, un esquema de larga data que consolidó la influencia del gremio de los Moyano en los territorios.
No obstante, en medio de la crisis que se profundiza con el derrumbe de la recaudación y de la coparticipación, en algunos municipios se tientan con dar de baja esos contratos y hacerse cargo del servicio para achicar costos.
En esa línea fue el titular de Fesimubo, Hernán Doval: «Hay que remunicipalizar la recolección de residuos sólidos, porque el servicio de las empresas privadas se lleva gran parte de los presupuestos», dijo durante una reciente reunión de la Federación de Municipales en Balcarce.
«Los Municipios pueden brindar el servicio pagando un tercio de lo que pagan hoy con la plata de los vecinos», agregó.
El planteo de Doval representa un desafío directo a un tradicional bastión de poder de Camioneros que, en defensa de ese esquema, viene de plantarle una protesta en la puerta del municipio a un intendente del riñón de Axel Kicillof (el geselino Gustavo Barrera) e, incluso, llevó el reclamo al despacho del gobernador.
«Doval actúa como jefe de prensa de sus patrones, de los intendentes, pidiendo la municipalización total de la recolección de residuos y barrido manual de calle», acusó Pablo Moyano, al advertir que el titular de los Municipales «pide la precarización de los trabajadores de recolección de residuos».
Moyano focalizó en la diferencia entre lo que percibe actualmente un trabajador de recolección bajo convenio de Camioneros y lo que podría percibir, de pasar al régimen municipal: «Este personaje quiere achicarles el salario a casi el 50%, como cobran los municipales, no lo vamos a permitir», dijo el camionero.
«¿Qué diferencia hay entre Caputo, Sturzenegger, Adorni, Jorge Macri y este señor Doval?», agregó Moyano, que acusó a Doval se querer aplcar la reforma laboral «contra los trabajadores de la recolección».
Fuentes cercanas a Pablo Moyano señalaron a LPO que el planteo de Doval «puso como loco» al dirigente camionero y acusaron al municipal de lanzar esos dichos «para estar en escena» en un contexto donde -admitieron- «hay problemas en muchos municipios, situaciones económicas graves».
«Muchos esperaban que Barrera gane la batalla», agregó un dirigente de Camioneros consultado, que sostuvo que, de haberse municipalizado el servicio en Gesell, se habría disparado un efecto dominó en otras comunas. «Venimos de un conflicto muy grande en Villa Gesell que lo defendimos con huevos», dijo Moyano.
Cerca de Pablo Moyano señalaron a LPO que el planteo de Doval «puso como loco» al dirigente camionero y acusaron al municipal de lanzar esos dichos «para estar en escena» en un contexto donde -admitieron- «hay problemas en muchos municipios»
En Camioneros señalaron que el conflicto de Villa Gesell «se solucionó» con la reincorporación de los 45 trabajadores afectados. También se disiparon las tensiones en La Plata, donde se abrió una mesa de diálogo.
Este cortocircuito entre Camioneros y Municipales se contrapone a la estrecha relación que, años atrás, existía entre Hugo Moyano y el otrora mandamás de Fesimuno, Rubén «Cholo» García, que el año pasado le cedió la posta a Doval. «Nunca hubo reuniones con Pablo, no hay feeling», sintetizó una voz de Camioneros sobre la relación con el actual titular de los Municipales.
Una encuesta de Carlos Sicchar, uno de los consultores que suele trabajar para el oficialismo cordobés, encendió luces amarillas en El Panal: Martín Llaryora conserva un núcleo duro, pero una eventual unificación opositora pondría a la reelección del gobernador en un escenario de máxima tensión política.
El trabajo, realizado entre el 16 y el 18 de mayo sobre 1.000 casos en toda la provincia, muestra un dato que inquieta al Gobierno: aunque Llaryora sigue siendo el dirigente con mayor intención de voto individual, la fragmentación opositora es hoy su principal aliada.
En el escenario de «todos contra todos», el gobernador alcanza 31% de intención de voto, mientras que Luis Juez aparece con 14%, Rodrigo de Loredo con 9% y Gabriel Bornoroni con 4%. Más atrás quedan la izquierda y García Elorrio, ambos con 3%. Pero el dato central está en otro lado: el 13% todavía no sabe a quién votar y otro 9% asegura que votaría en blanco.
En otras palabras, si Juez, De Loredo y La Libertad Avanza lograran confluir en un armado común, la suma opositora quedaría prácticamente en línea con el gobernador y abriría una pelea completamente distinta hacia 2027.
Llaryora tiene piso, pero la gran duda es cuál es su techo. Sicchar lo plantea de manera explícita en las conclusiones preliminares del informe: «Martín Llaryora logra retener su núcleo duro, estableciendo un piso competitivo sólido».
Ese dato explica buena parte de la estrategia política que viene desplegando el gobernador desde comienzos de año. Mientras el Gobierno de Milei profundiza el ajuste, Llaryora aceleró las recorridas por el interior provincial, reforzó el vínculo con intendentes y volvió a poner el eje en la gestión territorial.
En El Panal, se baraja como principal hipótesis adelantar las elecciones provinciales para abril o mayo de 2027. Pese al poco tiempo, consideran que todavía hay tiempo para reconstruir una mayoría electoral más amplia. Pero admiten que el desafío ya no pasa solamente por conservar el aparato político que construyó el peronismo cordobés en más de dos décadas de poder. Ahora necesitan reconectar con sectores medios que comenzaron a tomar distancia.
La encuesta ofrece una pista precisa sobre dónde está ese problema.
El segmento de indecisos aparece concentrado principalmente en mujeres, menores de 30 años y hogares de ingresos medio-bajos. El 57% de los indecisos son mujeres y el 31% tiene entre 16 y 30 años. Además, la mayor parte pertenece a hogares que no logran superar cómodamente la línea de pobreza.
Ese universo es justamente el que más sufrió el deterioro económico de los últimos meses.
El informe también registra un cambio importante en el clima político general de Córdoba. Javier Milei, que había alcanzado niveles de aprobación cercanos al 61% a comienzos de año, cayó al 48%, mientras que la desaprobación subió al 46%.
En cambio, Llaryora logró sostener su evaluación positiva pese a las crisis con docentes, jubilados y las altas tarifas de luz y agua. Según el estudio, el gobernador tiene 49% de aprobación y 42% de desaprobación, mejorando incluso cuatro puntos su imagen negativa respecto de la medición anterior.
Ese diferencial es el principal activo político del cordobesismo: la percepción de gestión provincial todavía resiste mejor que la evaluación nacional.
Pero el problema para el oficialismo es que la oposición, aun desordenada, empieza a detectar que existe una oportunidad real de disputar el poder.
Luis Juez conserva volumen político después de haber quedado a apenas tres puntos de derrotar al PJ en 2023. Rodrigo de Loredo sigue siendo el radical con mejor instalación provincial y apuesta a un perfil menos confrontativo. Y Gabriel Bornoroni intenta capitalizar el peso electoral que todavía mantiene Milei en Córdoba y convertirse en el armador de una coalición libertaria-pro. La pelota está en esa cancha.
La encuesta de Sicchar deja otro mensaje para Llaryora: el gobernador deberá seducir a ese electorado independiente, joven y golpeado económicamente que hoy mira la política con distancia y todavía no decidió su voto.
El juego está por comenzar. Las participantes han sido modificadas genéticamente y tienen una independencia como nunca antes. Nadie lo podría creer con certeza, pero ellas están listas para el desafío. No hay que dar tantos rodeos y, por eso, pasamos a presentarlas: Once manos moviéndose por sí mismas: manos de tenistas, ajedrecistas, golfistas, futbolistas,…
Si tenemos en cuenta a la física cuántica, una partícula puede estar simultáneamente en varios lugares a la vez, fenómeno llamado superposición. A partir de este hecho microscópico, e intentando llevarlo al cuerpo, nos preguntamos: ¿Será posible que la espalda se traslade al cerebro y pida que la rasquemos? O que, el cerebro se…
El exasesor presidencial Demian Reidel fue imputado por la justicia federal por el descontrol de gastos con las tarjetas corporativas durante su gestión como presidente de Nucleoeléctrica, de donde lo echaron por otras sospechas de corrupción.
El fiscal federal Ramiro González abrió una investigación formal tras una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien también apuntó contra integrantes del directorio, la sindicatura y funcionarios vinculados al uso de una tarjeta corporativa identificada con la cuenta N° 338402.
González busca determinar si existieron «irregularidades penalmente relevantes» en la utilización y administración de la tarjeta corporativa entre marzo de 2025 y febrero de 2026, cuando fue echado Reidel. La sospecha es que se usó la tarjeta de la empresa para gastos en free shop, hoteles de lujo, discotecas y restaurantes en el extranjero.
La denuncia menciona posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, peculado, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En el requerimiento de instrucción, González también incluyó a los integrantes del Directorio y de la Sindicatura de la compañía por una presunta omisión en los deberes de control, vigilancia y autorización de los gastos corporativos realizados, según informó la agencia Noticias Argentinas.
La sospecha es que se usó la tarjeta de la empresa para gastos en free shop, hoteles de lujo, discotecas y restaurantes en el extranjero
La investigación tomó impulso luego de la difusión de un documento titulado «Reporte Tarjeta Corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A. – Cuenta N° 338402», incorporado en la Cámara de Diputados como respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado por la legisladora Florencia Carignano. El reporte incluía fechas, descripciones de operaciones e importes en pesos y dólares correspondientes a consumos efectuados entre marzo de 2025 y febrero de 2026.
El fiscal sostuvo que del análisis preliminar de esos movimientos «surgirían erogaciones que, prima facie, aparecerían ajenas al objeto social y a la finalidad institucional de la empresa». González también señaló que no existía una rendición documentada sobre el destino institucional de cada uno de los gastos.
En otro tramo del dictamen, González advirtió que incluso si algunos consumos hubieran sido efectuados durante viajes oficiales, los gastos detectados podrían resultar incompatibles con el régimen normativo vigente en materia de viáticos.
Como primeras medidas de prueba, el fiscal pidió incorporar formalmente el reporte de gastos al expediente y solicitó identificar a todos los titulares y usuarios autorizados de la cuenta corporativa investigada. También requirió información bancaria detallada de cada operación realizada, incluyendo fecha, comercio, importe y usuario del plástico utilizado.
Ante las versiones periodísticas, aclaro: mis resúmenes de tarjeta corporativa no muestran ningún gasto personal.Cero Discotecas ni Servicio de playa ni free shop ni nada.Los artículos mezclan datos de todas las tarjetas de la empresa. intentar asignarmelo a mi es mala fe…
El furor del pádel comenzó en la Argentina en 1987 y a nuestra ciudad llegó a principios de los ’90, aunque unos años más tarde, creció en concordancia con el entusiasmo nacional. Luego, a mediados de esa última década, el ímpetu por el deporte decayó drásticamente en el país, y Regina no fue una excepción….
