Protestas en Córdoba después que el fiscal pidiera una medalla para el perro que encontró el cuerpo de Agostina

Protestas en Córdoba después que el fiscal pidiera una medalla para el perro que encontró el cuerpo de Agostina

 

El crimen de la adolescente Agostina Vega en Córdoba derivó en cortes de calle, reclamos y pedidos de justicia que tensionó el clima social con fuertes cuestionamientos al sistema institucional provincial que complican desde el ministro de Seguridad de Llaryora, al fiscal que atendió la causa y el jefe de la procuración provincial.

Pero todo se fue a la banquina cuando Raúl Garzón, el fiscal a cargo de la investigación, comenzó a elogiar el trabajo de un perro de policía que fue le que terminó descubriendo el cuerpo de la joven. En ese momento, fue interrumpido por Laura Vilches, ex concejala del FIT que lo increpó: «puede ahorrarse el cinismo señor fiscal, estamos hablando de una niña asesinada de 14 años y usted felicita a los canes», dijo.

Para peor, fuentes al tanto de Tribunales confiaron a LPO que el jefe de los fiscales de Córdoba, Carlos Lezcano, está de viaje en República Dominicana. El dato termina de enrollar los vericuetos institucionales que derivan del horroroso crimen.

Malestar en el PJ de Córdoba por la detención de un puntero vinculado al jefe de las 62 organizaciones 

 Es que después de una semana desaparecida, en los rastrillajes que se realizaron este sábado se dio con restos óseos en el extremo sur de la ciudad de Córdoba y ello derivó en el llamado de urgencia a una conferencia de prensa encabezada por el fiscal del caso, Raúl Garzón, y el ministro de Seguridad del gobierno de Llaryora, Juan Pablo Quinteros.  

Si hay que entregarle una medalla a alguien es a ese perro de gran capacidad que bajo la superficie llegó con su olfato.

Con varios idas y vueltas, entre la sede del contacto con los medios y el horario en el arrancó la conferencia, después de las 19 el fiscal confirmó el hallazgo y monopolizó la rueda de prensa con un tono imperativo que rápidamente lo convirtió en tendencias en redes sociales atado a una palabra: soberbia.

A su lado, un extrañamente hermético Quinteros acompañó el contacto con los medios y no emitió palabra alguna. Dejando ese rol al fiscal Garzón que descartó cualquier tipo de autocrítica. «No hacemos ningún tipo de autocrítica», dijo Garzón con un visiblemente incómodo Quinteros a su lado y descartó errores en la investigación cuando le preguntaron sobre alguna demora en el allanamiento al domicilio de Claudio Barrelier, el único detenido hasta ahora. Y sobre quien puede haber un cambio de carátula en la acusación en las próximas horas.

Recordando además que Barrelier era empleado municipal del área de Tránsito en la gestión de Daniel Passerini y había sido pasado de becario a planta hace poco más de diez días.

Puede ahorrarse el cinismo señor fiscal, estamos hablando de una niña asesinada de 14 años y usted felicita a los canes.

  El tema le pega de lleno al cordobesismo y en el microclima que define esa relación entre el Ejecutivo provincial y el Ministerio Público Fiscal. Desatando, además, preocupaciones por la tensión social que se vive en la zona norte de la capital cordobesa, en inmediaciones de la avenida Circunvalación de donde era oriunda la joven.  

Todo este escenario absolutamente complejo para el gobierno provinicial  abre una preocupación por el clima social en general; y sobre todo por el futuro político de Quinteros, quien era uno de los anotados en la carrera por la sucesión de Passerini en el Municipio.

Dardos que cayeron sobre el ministro no por la investigación, que corre por cuenta de Garzón, quien quedó en la mira de los legisladores opositores que quieren empujar un jury en la Unicameral; sino porque en el arranque de la desaparición de Agostina el integrante del gabinete llaryorista estuvo pendiente del operativo de Belgrano. Tanto en el partido en el Kempes, como así también con los festejos durante el feriado del 25 de mayo.

A partir de allí, y cuando empezó a crecer en la conversación pública el caso de la adolescente de 14 años hubo hermetismo y silencio en el ministro, que reapareció ya en la jornada del viernes.

El malestar creció en las últimas horas, hay máxima seguridad en las comisarías de zona norte por la presencia de allegados a la familia de Agostina con piedras y quemando cubiertas; también hay máxima custodia en el domicilio de Barrelier en barrio Cofico por temor a un escrache y no se descartan otras movilizaciones como la que hizo la familia de la joven en la tarde del viernes.

 

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    La diputada Marcela Pagano denunció que Karina Milei firmó una licitación de $700 millones para el mantenimiento y la jardinería de Olivos, direccionada para que la gane Franco Castelli, de quien sospecha que acreditaría una relación de parentesco con Belén Agudiez, la mano derecha de la secretaria general de la Presidencia.

    Según la información aportada por la legisladora, dos empresas se presentaron como oferentes para competir por el negocio, La Mantovana y Grub, pero ambas pertenecen al mismo empresario, Castelli. El procedimiento licitatorio está identificado como Licitación Pública N° 23-0005-LPU26 y fue convocado por Karina para la contratación del «mantenimiento preventivo, correctivo y riego de los espacios verdes de la Residencia Presidencial de Olivos y Casa de Gobierno».

    Sin embargo, Pagano precisa en su escrito que consta en un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia la pertenencia de ambas firmas al mismo grupo económico. «Es un hecho público, notorio y oponible frente a todos desde el 27 de septiembre de 2024», planteó.

    Además, indicó que es responsabilidad de Karina «verificar la independencia económica y la efectiva concurrencia competitiva de los oferentes admitidos al certamen». «La admisión simultánea como oferentes formalmente independientes de dos firmas oficialmente reconocidas como integrantes del mismo grupo económico no puede explicarse, en este contexto, por simple ignorancia o negligencia: constituye, como mínimo a título de dolo eventual, la consagración de una ficción licitatoria destinada a aparentar competencia donde no la hay, con la previsible consecuencia de afectar el precio final y, por ende, el patrimonio del Estado Nacional», expresó.

    Comodoro Py le abre una causa a la mano derecha de Karina en otro mensaje de enojo por Mahiques

    Pero el problema de la hermana presidencial no se detiene ahí. En rigor, la funcionaria que supervisa todo lo que ocurre en la residencia de Olivos es María Belén Agudiez, subsecretaria de Planificación General y mano derecha de Karina, a quien dentro del Gobierno llaman «la sombra de El Jefe».

    Tal como reveló LPO en exclusiva, Agudiez duplicó el presupuesto de su área en los primeros dos meses de gestión, ampliándolo a más de $50 millones solo para sueldos. También nombró a sus primos Osvaldo Javier Sosa, que es jardinero de oficio, como administrador general de Olivos, un cargo que se conoce como el de «intendente» del predio, y Agustín Expósito.

    Belén Agudiez.

    Fuentes del gobierno deslizaron hace más de dos años que, incluso, habría nombrado a su madre y a su hermana.

    Ahora, Pagano reclama al juez de la causa que confirme, con las partidas de nacimiento, si Agudiez es prima hermana de Castelli, el dueño de las empresas que se presentaron a la licitación de Karina.

    De comprobarse el lazo familiar, el escándalo sería que la hermana del Presidente contrató por $700 millones a la empresa cuyo dueño es pariente de su funcionaria de mayor confianza.

    No es una licitación, es un negocio de familia montado dentro de Olivos, firmado por la hermana del Presidente.

    La legisladora desliza, por otra parte, que existe la posibilidad que Castelli ya estuviera trabajando en Olivos pero sin contrato, lo que indicaría que la licitación sería el blanqueo para regularizar un servicio que se brindaba en la informalidad, sin registros fiscales. «No es una licitación, es un negocio de familia montado dentro de Olivos, firmado por la hermana del Presidente», conjetura la diputada.

    La denuncia apunta que Karina podría haber incurrido en «los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público».

    La admisión simultánea como oferentes formalmente independientes de dos firmas oficialmente reconocidas como integrantes del mismo grupo económico no puede explicarse, en este contexto, por simple ignorancia o negligencia: constituye, como mínimo a título de dolo eventual.

    Por otro lado, Pagano advierte en su escrito que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó que, durante el ejercicio 2023, el Estado Nacional ejecutó cerca de 3.000 contratos vinculados a servicios de limpieza y mantenimiento por más de $88000 millones, de los cuales aproximadamente el 60% se concentró en apenas 10 empresas. «Entre los oferentes recurrentes en ese universo, LA MANTOVANA y firmas vinculadas a GRUB S.A. aparecen consistentemente identificadas. La propia SIGEN habría detectado irregularidades administrativas en el 72% de los contratos revisados (falta de documentación respaldatoria, adjudicaciones directas insuficientemente justificadas, controles débiles sobre asistencia, aportes previsionales y ART)», detalla antes de opinar que «ese antecedente no resulta accesorio» sino que «contextualiza el caso de autos dentro de un esquema más amplio cuya investigación corresponde».

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