La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, continúa su ofensiva diplomática para convertirse en la próxima secretaria general de las Naciones Unidas.
Este viernes mantuvo una reunión en París con Emmanuel Macron, uno de los líderes más influyentes en el proceso de selección debido al papel de Francia como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU.
El encuentro se produjo en el marco de la campaña internacional que Bachelet desarrolla para sumar respaldos de cara a la elección que definirá al sucesor del actual secretario general, António Guterres, cuyo mandato concluye a fines de 2026.
Antes de llegar a Francia, la exmandataria participó en Londres de los diálogos organizados por Naciones Unidas con los candidatos al cargo. La importancia de la reunión radica en que Francia integra, junto con Estados Unidos, China, Rusia y Reino Unido, el grupo de cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad con poder de veto.
En la práctica, cualquier candidatura a la Secretaría General necesita evitar el rechazo de estas potencias para avanzar hacia la votación final en la Asamblea General.
Tras el encuentro, Bachelet señaló en sus redes sociales que dialogó con Macron sobre los desafíos globales actuales y presentó su visión para una ONU «fortalecida», capaz de promover la paz, defender los derechos humanos, impulsar el desarrollo sostenible y recuperar la confianza en el multilateralismo.
Bachelet señaló en sus redes sociales que dialogó con Macron sobre los desafíos globales actuales y presentó su visión para una ONU «fortalecida», capaz de promover la paz, defender los derechos humanos, impulsar el desarrollo sostenible y recuperar la confianza en el multilateralismo
Según medios chilenos, la reunión fue cordial y permitió a la exmandataria exponer sus propuestas, aunque el presidente francés evitó realizar una manifestación pública de apoyo, algo considerado habitual en esta etapa del proceso.
La candidatura de Bachelet atraviesa una situación singular. Aunque originalmente fue impulsada por Chile, Brasil y México, el gobierno del presidente José Antonio Kast retiró en marzo el respaldo oficial chileno, argumentando que la postulación era inviable.
Sin embargo, Brasil y México mantuvieron su apoyo, permitiendo que la campaña continuara. Actualmente compiten por el cargo, además de Bachelet, el diplomático argentino Rafael Grossi, la costarricense Rebeca Grynspan y el expresidente senegalés Macky Sall.
La próxima escala de la exmandataria chilena podría ser Rusia, donde buscaría reunirse con el presidente Vladimir Putin para continuar sumando respaldos entre los actores con capacidad de veto en la elección.
Bariloche se prepara para la audiencia pública que tratará la privatización del Catedral. El proyecto tiene el impulso del gobernador Alberto Weretilneck, pero por el momento el oficialismo no cuenta con los votos para aprobar los nuevos parámetros urbanísticos del cerro.
El gobernador ya habilitó importantes negocios en la provincia a familiares del Emir de Qatar, incluso pasando por encima de la legislatura. Como publicó LPO, Weretilneck permitió el uso de un arroyo provincial para abastecer 3 centrales hidroeléctricas en el complejo Baguales, propiedad de un primo del emir.
Si bien no tiene injerencia directa en la privatización del cerro, Weretilneck juega fuerte para que la iniciativa avance. La familia Trappa, concesionaria del Catedral, es la cara visible del proyecto, pero en la política barilochense aseguran que los capitales para la urbanización del cerro tienen origen en Qatar.
Asociaciones civiles y legisladores presentaron una cautelar para impedir la realización de la audiencia pública, que no es vinculante, pero sí un paso necesario para cambiar los parámetros urbanísticos del Catedral.
El juez de primera instancia en lo contencioso administrativo de Bariloche Roberto Iván Sosa Lukman rechazó la presentación, pero no se expresó sobre el fondo de la demanda. Asociaciones y organizaciones locales habían denunciado que la intendencia no cumplió con los procedimientos administrativos para convocar a la audiencia. El juez es esposo de una de las funcionarias que trabajó en el proyecto hasta el año pasado.
Para la audiencia hay 114 inscriptos y la mayoría está en contra de la urbanización del cerro. El proyecto tiene pocas posibilidades de convertirse en ley: hay seis legisladores a favor y cinco en contra. Para tener luz verde hacen falta 8 votos.
Facundo Villalba, Roxana Ferreyra, Leandro Costa Brutten, Julieta Wallace y el oficialista Tomás Hercingonja adelantaron su rechazo al proyecto. El oficialismo cuenta con dos escaños, a los que se suman dos legisladores de Weretilneck, uno del PRO y otro que hasta hace poco perteneció a Juntos Somos Río Negro.
«El verdadero interesado en que salga el proyecto es Weretilneck, no el intendente», confió a LPO una fuente de la legislatura barilochense.
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Martín Menem y Gabriel Bornoroni admitían este viernes en voz baja que todavía no tienen los votos para sancionar el Tratado en Materia de Patentes de Medicamentos (PCT, por su sigla en inglés), pese a que el proyecto obtuvo dictamen de mayoría el pasado 12 de mayo, el mismo día que Santiago Caputo se encontraba en Estados Unidos escuchando los reclamos de Washington que siempre tiene este tema al tope de su agenda biilateral.
Dos diputados libertarios dijeron a LPO que uno de los factores que alimentó el Rufusgate, el escándalo en redes sociales con una cuenta de los asesores del riojano usada para criticar al joven consultor, Luis Caputo y Patricia Bullrich, fue precisamente la demora para convertir el tratado en ley. «Caputo fue a poner la cara en Washington pero Menem no avanza en Diputados, por eso explotó todo en las redes», explicaron.
En efecto, Santiago pudo percibir en Estados Unidos el fastidio de Washington por la reserva del capítulo 2 del PCT, un fragmento de la norma que habilita los patentamientos vía exámenes internacionales y que fue vetado por CILFA, comandada por el empresario Hugo Sigman.
No fue casual que durante el debate en comisiones, cinco legisladores del PRO firmaran el despacho de mayoría en disidencia y que el lilito Maximiliano Ferraro, hombre de Elisa Carrió en la Cámara Baja, tildara a Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, y su jefe, Federico Sturzenegger, como «los desreguladores más locos del mundo». Ferraro corrió por derecha a los libertarios y presentó un dictamen de minoría sin la reserva del capítulo 2, habilitando el «examen de patentabilidad» a nivel internacional.
Los apoyos que el gobierno reunió esa tarde, mientras Caputo escuchaba los reproches de los estadounidenses, fueron de los miembros del oficialismo, la UCR, Provincias Unidas, los tucumanos de Independencia, el santacruceño José Garrido, Karina Banfi e Innovación Federal, representado en la reunión por el misionero Alberto Arrúa. Los macristas Emmanuel Bianchetti, Martín Yeza, Florencia de Sensi, Daiana Fernández Molero y Antonela Giampieri respaldaron pero se diferenciaron de la propuesta de Cacace.
La discusión sobre el tratado mantiene enfrentados a Sturzenegger y el ministro de Economía pero, además, se subió a esa pelea el canciller Pablo Quirno, a quien le atribuyen desde el Congreso la responsabilidad de haber frenado el debate legislativo.
Si en verdad los libertarios no juntan 129 voluntades, sería por las disidencias del PRO. La bancada de Cristian Ritondo cuenta con 12 integrantes.
Santiago Caputo.
LPO informó que la discusión sobre el tratado mantiene enfrentados a Sturzenegger y el ministro de Economía pero, además, se subió a esa pelea el canciller Pablo Quirno, a quien le atribuyen desde el Congreso la responsabilidad de haber frenado el debate legislativo en abril como carta de negociación con el gobierno de Donald Trump por el acuerdo de los aranceles que impugnó la Corte Suprema norteamericana.
Por lo demás, Cacace cedió a las presiones de los laboratorios locales y negoció con los legisladores aliados la reserva del capítulo 2, durante el simposio «Democracia, desarrollo e inteligencia artificial en tiempos de incertidumbre», organizado por la RAP (Red de Acción Política) con la Universidad de Harvard y el MIT entre el 12 y el 17 de abril. Cerca del ex diputado radical indican que «la Oficina de Patentes (OMPI) prefiere que no haya reserva porque ningún país, a excepción de Uruguay, la tiene pero hay una comprensión del proceso político también y de que eso era necesario para que el tratado pueda avanzar».
El gobierno está frente a un riesgo muy grande porque Estados Unidos pide una cosa y los laboratorios nacionales no ceden, como pasó con (Arturo) Illia.
Sin embargo, un diputado libertario confesó ante LPO que «el gobierno está frente a un riesgo muy grande porque Estados Unidos pide una cosa y los laboratorios nacionales no ceden, como pasó con (Arturo) Illia».
La referencia al presidente radical derrocado en 1966, entre otras cosas, por su pelea con la industria farmacéutica fue un tópico que incluso le recordó el peronista Agustón Rossi a Cacace, durante el debate en comisiones. El santafecino mencionó que la versión original del PCT se produjo en 1970, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, con el propósito de desmontar las regulaciones que había implementado Arturo Oñativia, ministro de Salud de Illia.
El desorden actual es tan profundo que un libertario comentó que el embajador Peter Lamelas se comunicó con Javier Milei para hablar de las patentes pero el presidente argentino ignoraba el tema. Como en otras áreas o iniciativas, el Jefe de Estado delegó el asunto en su hermana Karina.
Y como en tantos otros temas, mientras el asesor hablaba del tema en Washington, la secretaria general de la Presidencia dejó la suerte del proyecto en manos de Menem.