Bariloche se prepara para la audiencia pública que tratará la privatización del Catedral. El proyecto tiene el impulso del gobernador Alberto Weretilneck, pero por el momento el oficialismo no cuenta con los votos para aprobar los nuevos parámetros urbanísticos del cerro.
El gobernador ya habilitó importantes negocios en la provincia a familiares del Emir de Qatar, incluso pasando por encima de la legislatura. Como publicó LPO, Weretilneck permitió el uso de un arroyo provincial para abastecer 3 centrales hidroeléctricas en el complejo Baguales, propiedad de un primo del emir.
Si bien no tiene injerencia directa en la privatización del cerro, Weretilneck juega fuerte para que la iniciativa avance. La familia Trappa, concesionaria del Catedral, es la cara visible del proyecto, pero en la política barilochense aseguran que los capitales para la urbanización del cerro tienen origen en Qatar.
Asociaciones civiles y legisladores presentaron una cautelar para impedir la realización de la audiencia pública, que no es vinculante, pero sí un paso necesario para cambiar los parámetros urbanísticos del Catedral.
El juez de primera instancia en lo contencioso administrativo de Bariloche Roberto Iván Sosa Lukman rechazó la presentación, pero no se expresó sobre el fondo de la demanda. Asociaciones y organizaciones locales habían denunciado que la intendencia no cumplió con los procedimientos administrativos para convocar a la audiencia. El juez es esposo de una de las funcionarias que trabajó en el proyecto hasta el año pasado.
Para la audiencia hay 114 inscriptos y la mayoría está en contra de la urbanización del cerro. El proyecto tiene pocas posibilidades de convertirse en ley: hay seis legisladores a favor y cinco en contra. Para tener luz verde hacen falta 8 votos.
Facundo Villalba, Roxana Ferreyra, Leandro Costa Brutten, Julieta Wallace y el oficialista Tomás Hercingonja adelantaron su rechazo al proyecto. El oficialismo cuenta con dos escaños, a los que se suman dos legisladores de Weretilneck, uno del PRO y otro que hasta hace poco perteneció a Juntos Somos Río Negro.
«El verdadero interesado en que salga el proyecto es Weretilneck, no el intendente», confió a LPO una fuente de la legislatura barilochense.
Una nueva reforma penal que presenta Maximiliano Pullaro para acrecentar atribuciones en la lucha contra el delito puso en estado de alarma a organizaciones de abogados y a magistrados santafesinos. Para los críticos las enmiendas propuestas son graves porque prescinden de la figura del juez, le da facultades ampliadas a la policía para interrogatorios sin comunicación a un fiscal ni a defensor, avanzan sobre garantías en casos de allanamientos o intervención en comunicaciones privadas,
Pullaro parte de la idea de que hay que avanzar con medidas de restricción de garantías frente a la vigencia de un contexto de amenazas provenientes de actores criminales complejos. Por eso postula un segundo paquete de cambios al Código Procesal Penal que su gestión ya impulsó, con aval legislativo mayoritario, al asumir. Solamente que esta vez los cambios son tan duros en algunos casos que provocan una conmoción clara en ámbitos académicos del Derecho, en el campo de los jueces, de defensores penales y hasta de fiscalías.
La reforma busca reponer la figura de la declaración informativa y el interrogatorio policial inicial, algo que no existe desde el cambio al sistema acusatorio en 2014 en Santa Fe, y elimina la presencia del defensor como condición ineludible para la declaración del imputado.
Esto es una práctica que hace 40 años, en 1985, penalistas de Rosario como Héctor Superti, que fue ministro de Justicia de Hermes Binner, Daniel Erbetta, hoy miembro de la Corte Suprema de Santa Fe, o Ramón Ríos, docente de ambos y ex camarista penal, cuestionaban abiertamente a dos años de la recuperación democrática, por considerar metodologías distintivas de la dictadura.
El cambio propuesto también incluye el allanamiento automático por secuestro de armas en vía pública, sin orden judicial, bajo la idea de que la espera de una autorización de juez implica demoras que dan lugar a ocultamientos y posible pérdida de la evidencia.
Otro planteo buscado por el equipo jurídico de Pullaro es que se incorpore un procedimiento por decreto, sin participación del juez, para dictar resoluciones por contravenciones o delitos de bajo impacto, donde un magistrado sí puede revisar a pedido del condenado la sentencia.
Los puntos aludidos provocan una reacción todavía muy inicial pero ya muy expresiva. «Espantoso», «cruel», «inconstitucional», «regresión premoderna», son las referencias más reiteradas ya en el seno de entidades que agrupan jueces, abogados penalistas y docentes de Derecho Penal. Los objetores indican que es además una reforma que abre puertas a la corrupción policial.
El Ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni.
«Es fácil imaginarse lo que puede pasar si un policía encuentra o planta un arma, y luego queda facultado para allanar un domicilio a 40 cuadras de ahí. ¿Qué juez puede validar eso?», le dijo a LPO un magistrado de Rosario que se declara perplejo por la temeridad que atribuye a la reforma. «Un retroceso de treinta años. Esto va más atrás del sistema de jueces de instrucción porque con sistema escrito ya no regía», añadió otro juez a este medio.
Magistrados de muy diversas tendencias plantean una inquietud coincidente. «Nos preocupa este proyecto de reforma y esperamos un escenario de diálogo con los actores del campo político», le dijo a LPO el camarista penal Gustavo Salvador, presidente del Colegio de Jueces de Rosario.
José Nanni, presidente de la asociación de abogados penalistas de Rosario, dice que cuando recibió la declaración que el gobierno remitió este viernes a la Legislatura pensó que era una broma. «Lo que abre esta reforma es muy grave y autoritario. Tiene la lógica del discurso penal del enemigo y aniquila principios básicos de nuestro enjuiciamiento penal. Hay artículos muy peligrosos como los que habilitan inteligencia preventiva sin comunicación al juez. En general se piensa que es no importa si es contra Los Monos o Esteban Alvarado. Pero esta herramienta le abre la puerta a actos de espionaje que después van contra abogados, políticos, periodistas, empresarios. Todos sabemos bien cómo funciona», dijo a LPO.
Con esto último, el abogado alude a otro de los cambios solicitados por el gobierno a la Legislatura. Según el texto, consiste en incorporar expresamente las actividades de espionaje digital y electrónico al repertorio de fuentes del sistema de inteligencia. «La medida pretende fortalecer las capacidades estatales anticipatorias en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la seguridad colectiva, aplicando las herramientas tecnológicas disponibles y sujetándolas a las correspondientes autorizaciones judiciales», según la fundamentación del proyecto.
Lo que creen variados defensores e inclusos jueces es que esto habilitará la penetración sin garantías sobre correspondencia o intercambios de mensajes privados.
El mensaje legislativo del gobernador apunta a imponer el juicio penal en rebeldía, que implica en la idea de los impulsores en que no hay violación del derecho de defensa si la persona es notificada de la causa en su contra, y que si el implicado no comparece debe asumir las consecuencias de su decisión.
En el gobierno sostienen que la marcada baja en los índices de violencia que distinguían a Rosario hasta 2023 precisa ser resguardada con herramientas normativas que además implique no solamente contener el delito en la calle, sino con un régimen agravado para los reclusos que ordenan delitos desde la cárcel, para lo cual busca habilitar medidas de aislamiento extremo y suspender privilegios de visita física, garantizando el contacto familiar por medio de correspondencia por carta, sujeta a fiscalización.
Pullaro considera haber construido un activo en su política de seguridad, que tiene una fuerte apelación contra el delito, y procura reforzarla, lo que es un capital para la búsqueda de adhesiones. Al iniciar su mandato ya logró una reforma procesal penal. Ya entonces se habilitaron facultades policiales y de fiscales más plenas, se concedieron allanamientos excepcionales en casos de delitos flagrantes y se prolongaron hasta 30 días los plazos para presentar un detenido en una audiencia ante un juez.
En ese momento, en un marco crítico sobre todo en Rosario, con homicidios que habían rozado las 300 muertes en 2022, la aprobación legislativa de estas medidas excepcionales no encontró resistencia ni los planteos iniciales de reprobación que aparecen ahora. Por entonces miembros del gobierno provincial reconocieron a este medio: «Presentamos un proyecto tan ambicioso que imaginamos iba a costarnos mucha negociación y muchos cambios. Pero no hubo que suavizar nada. Nos aprobaron casi todo».
En la coalición oficialista, los socialistas insinuaron algún tipo de incomodidad ante el proyecto, aunque moderada. «Estamos recién en el análisis inicial del texto. Se va a trabajar seriamente, sin apuros y el proyecto va a tener modificaciones», dijo un portavoz de la bancada de ese partido. Entre los radicales y los miembros del PRO no surgió ninguna voz de objeción.
Desde el gobierno, cuestionan los planteos de antemano. «No hay garantía efectiva sin capacidad estatal para hacerla cumplir. Por tal motivo se introducen reformas para lograr un equilibrio entre las garantías individuales, la eficacia del sistema penal y la protección de la comunidad», indica la fundamentación de la reforma.
El 1º de abril se celebra en nuestro país el Día Nacional del Donante de Médula Ósea, y también el 16º Aniversario de la creación del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) del INCUCAI. El Registro Nacional de CPH posibilitó que 919 pacientes que no tenían un donante compatible en su grupo familiar accedan…
Manuel Adorni gastó más de 9 millones de pesos en una escapada familiar a Bariloche y no cierran sus cuentas personales.
En el gobierno estaban satisfechos con el desempeño de Adorni en el Congreso. Sin embargo, siguen saliendo a la luz gastos difíciles de justificar con un sueldo que hasta 2026 era de 3 millones de pesos mensuales.
Los libertarios se entusiasmaron con poder dar vuelta la página y retomar la iniciativa, pero las revelaciones sobre los lujosos consumos de Adorni no terminan. En el gabinete aseguran que el ex vocero mintió a los hermanos Milei sobre los gastos que no podía justificar.
Adorni tiene más de 70% de imagen negativa con una marcada caída desde que estalló el escándalo. Además de complicar la marcha económica, el costo de mantenerlo en el gabinete es altísimo y afecta la imagen del gobierno.
A los viajes a Punta del Este en un avión privado, el pasaje de su pareja a Nueva York en Business y las vacaciones en Aruba, se suma la estadía en el hotel Llao-Llao.
Se trata de uno de los hoteles más caros del país y pertenece a IRSA y a los dueños del Alvear. Y la familia Adorni eleigió para alojarse la nueva ala Moreno de super lujo donde las habitaciones van de los 700 a los 1.550 dólares por noche. Sólo para ricos.
Los Adorni gastaron, según publicó Clarín, 4,9 millones de pesos de alojamiento y 2,5 millones en excursiones, comidas y también en la peluquería del Llao-Llao, un servicio super exclusivo. Pero lo más irregular es que se fueron del hotel sin pagar y abonaron la factura cuatro meses después, algo que no está permitido a casi ningún huesped.
A partir de este domingo, la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina pone en marcha el ciclo ‘Mostrá tu talento’ en la biblioteca al aire libre de la Isla 58. Se trata de una propuesta destinada a quienes cantan o tocan instrumentos y que no se dedican profesionalmente a la música, y…
Durante el mes de enero se van a realizar distintas actividades familiares en la Isla 58 que serán libres y gratuitas. El lugar de encuentro será en la Escuela de Canotaje y se recomienda usar protector solar, gorra, anteojos de sol y llevar agua para una hidratación constante. El cronograma de actividades será el siguiente:…
Una idea que circula en los intendentes -tanto del conurbano como del interior de la provincia- es que los cuatro jueces de la Corte bonaerense lleguen al Palacio de Justicia con el mandato de voltear la ley que limita las reelecciones.
El tema se discutió en algunas reuniones de las que incluso participó la cúpula del peronismo. Los intendentes saben que tal como está conformado el tribunal (con tres de sus siete asientos ocupados) no hay chance de pedirle a los jueces que declaren inconstitucional la ley aprobada en 2016.
En definitiva, los jueces llegan a la Suprema Corte designados por el poder político. El acuerdo sellado en diciembre establece tres magistrados para el peronismo y uno para el radicalismo. De modo que esa eventual declaración de inconstitucionalidad de la ley 15.315 supone una especie de devolución de favores a la política.
El envío de los pliegos al Senado se dilata. En diciembre deberían haberse votado tres jueces designados por los tres sectores del peronismo: kirchnerismo, axelismo y massismo. El cuarto se acordó que se vote antes de la feria judicial de julio de este año.
Todo indica que la votación de los pliegos ocurrirá durante 2026 o a más tardar en los primeros meses del año próximo.
Por lo pronto, el martes los jueces de la Corte lanzaron un fuerte reclamo a Kicillof para cubrir las cuatro vacantes. «Somos tres, cuando debiéramos ser siete», dijo el presidente del Máximo Tribunal, Sergio Torres, y agregó que la corte «se encuentra inéditamente desintegrada».
Hilda Kogan.
Torres no estaba solo. A su lado estaban los otros dos magistrados: Hilda Kogan y Daniel Soria. También estaba en el escenario en la sala de audiencias del Máximo Tribunal, el procurador Julio Conte Grand. Fue en el marco de la presentación de un proyecto de autonomía presupuestaria y autarquía económica para el Poder Judicial.
Torres planteó que la Corte está incompleta desde hace más de seis años. Y detalló que transcurrieron 2.292 días de la primera vacante y casi 800 desde su desintegración por la renuncia de Luis Genoud. «El Poder Judicial resulta el único de los poderes del Estado que sufre esta problemática», planteó.
Además, recordó que la Constitución de la provincia establece un plazo de 15 días desde que la vacante se formaliza para el envío de la propuesta de un candidato al Senado.
Torres dijo que el trabajo de siete jueces hoy es realizado por tres con asistencia de los tribunales inferiores. «Esto implica mayor dependencia y la necesidad de la subrogación tanto en temas jurisdiccionales como no jurisdiccionales», dijo.
