El mercado se vuelca a los bonos que ajustan por CER, en otra señal que la inflación seguirá alta

El mercado se vuelca a los bonos que ajustan por CER, en otra señal que la inflación seguirá alta

 

 Se dio a conocer el último dato de inflación y la situación geopolítica global comenzó a recalentarse cada vez más. En este contexto, los inversores se preguntan si seguir apostando por el peso o, por el contrario, migrar hacia activos financieros que ofrezcan cobertura cambiaria.

La semana pasada, el Indec reveló que el índice de precios al consumidor (IPC) avanzó un 2,9% en febrero de la mano de las tarifas y los alimentos. De esta manera, acumuló un 5,9% de crecimiento en 2026 y un 33,1% de forma interanual. 

El dato, que igualó al de enero, fue superior al 2,8% promedio estimado por las consultoras, lo que preocupó a una parte del mercado. En marzo se espera un registro similar, lo que indica que en apenas tres meses de habrá alcanzado la meta anual que fijo el gobierno en el Presupuesto de este año.

La suba de tasas y la inflación por la guerra amplifican las fragilidad del modelo de Caputo

En paralelo, la guerra en Medio Oriente protagonizada por Estados Unidos, Israel e Irán está escalando, lo que impulsó al alza el precio del petróleo, que ya ronda los USD 110 por barril.

«Para el ahorrista argentino, este shock no es un dato lejano, tiene implicancias directas para Argentina: presiona la inflación global vía costos, deteriora el escenario de tasas en Estados Unidos y complica el contexto externo para economías emergentes», relató Priscilla Sosa, asesora financiera en Bull Market Brokers.

Según la Agencia Internacional de Energía (EIA, el Brent se mantendrá por encima de los USD 95 durante los próximos dos meses, antes de moderar -eventualmente- hacia el tercer trimestre.

Los bonos CER ofrecen cobertura directa contra la presión sobre la inflación. El esquema de bandas cambiarias vigente limita el traslado del shock externo al tipo de cambio oficial en el corto plazo, pero no neutraliza la inflación que ese mismo shock puede generar.

«En este marco, los bonos CER ofrecen cobertura directa contra ese riesgo. El esquema de bandas cambiarias vigente limita el traslado del shock externo al tipo de cambio oficial en el corto plazo, pero no neutraliza la inflación que ese mismo shock puede generar», indicó Sosa.

La lógica del dollar linked cobra más relevancia cuando el shock externo es tan pronunciado que fuerza un ajuste del tipo de cambio real. Ese escenario no es el base dado que hoy el Gobierno mantiene el ancla cambiaria como señal central, aunque el contexto geopolítico lo vuelva un riesgo a monitorear.

Cabe señalar que los diferentes tipos de cambio están atravesando un periodo de gran estabilidad, motivo por el cual el dólar oficial ronda los $1.400 desde hace varias jornadas.

«En un escenario de inflación global elevada y sostenida por un conflicto de resolución incierta, la cobertura en CER sigue siendo la más alineada con el objetivo de preservar el poder adquisitivo. El dollar linked tiene sentido como cobertura táctica ante una eventual ruptura del esquema cambiario, no como posición estructural mientras el ancla se mantenga», relató Sosa.

En esta línea, los estrategas de Adcap Grupo Financiero coincidieron en que los bonos CER son mejor alternativa de inversión que la deuda dólar linked.

«Tras el dato de inflación de febrero de 2,9% y especialmente la lectura núcleo de 3,1%, destacamos el Boncer TZXM7, que ofrece alrededor de un 5,5% de rendimiento real. De cara a adelante, esperamos que la inflación de marzo se mantenga elevada, en términos generales en línea con los registros de enero y febrero cerca del 2,9%, respaldada por una estacionalidad desfavorable y por indicadores de alta frecuencia firmes», sostuvieron los ejecutivos.

Por su parte, los analistas de Proficio Investment expusieron su visión bajista sobre los bonos dólar linked. «Con el buen desempeño del peso argentino a pesar de la incertidumbre a nivel mundial, mantenemos nuestra view negativa considerando que el escenario de corto plazo favorece un peso apreciado al menos por unos meses más. Además, con tasas bajas (e incluso negativas), existen otras alternativas dolarizadas más atractivas en el caso de querer cobertura», concluyeron.

 

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  • Intriga en el Edificio Centinela: ¿por qué el gendarme Nahuel Gallo no puede volver a su casa?

     

    El gendarme Nahuel Gallo, recientemente rescatado de su cautiverio en Venezuela, visitó este jueves a Patricia Bullrich en su despacho. La puesta en escena fue un nuevo intento de la exministra por controlar el relato de su retorno al país, después que trascendiera que las gestiones fueron de Marcela Pagano, el exembajador Oscar Laborde, la AFA y la propia Delcy Rodríguez.

    Fuentes al tanto de la situación dijeron a LPO que Gallo todavía no pudo irse a su casa y sembraron la sospecha que no se debe nada más que a la necesidad de practicarle estudios médicos para determinar su estado de salud. «Hace cuatro días que lo tienen encerrado en el Edificio Centinela y todavía no durmió con su mujer», graficaron.

    En efecto, las imágenes que se divulgaron de la cena que compartió con la madre de su hijo se tomaron en una oficina del edificio de Gendarmería. «Limpiaron un escritorio y les pidieron milanesas con papas fritas», comentaron.

    Frente al nerviosismo del gobierno por controlar la narrativa del regreso de Gallo, se expande la sospecha de que el uniformado tal vez no haya ido a Venezuela a visitar a su hijo y su exesposa, como pretendió siempre el discurso oficial. Un diplomático del gobierno anterior deslizó ante LPO que «Gallo dijo que iba a visitar a su mujer pero en la conferencia de prensa dijo que lo hizo por la patria, hay algo que no cierra».

    Chiqui Tapia consiguió que Venezuela libere al gendarme Nahuel Gallo y humilla al gobierno

    De hecho, Bullrich anunció en marzo de 2024 el envío de 8 gendarmes para custodiar la embajada argentina en Caracas, en medio de la tensión diplomática entre los gobiernos de Javier Milei y Nicolás Maduro. Por eso, también se espesa la inquietud con el ingreso de Gallo a través del paso fronterizo Francisco de Paula de Santander, un camino muy poco transitado que conecta Colombia con Venezuela.

    Las preguntas que se hacen en las fuerzas de seguridad son por qué quiso entrar en diciembre de 2024 a escondidas si iba a visitar a su familia y por qué dijo en la conferencia de prensa de este miércoles que lo hacía por la patria. Peor aún, si le encomendaron una misión y no lo puede decir, la intriga podría derivar en un conflicto diplomático: «¿Qué conversaciones, qué fotos o videos habrán encontrado los venezolanos en el teléfono de Gallo? ¿Qué habrá firmado allá y qué no puede decir acá?», preguntaba un legislador del Congreso.

    Gallo, al pie del avión.

    En ese contexto, crece el rumor acerca de que el gendarme fue liberado en Venezuela pero volvieron a secuestrarlo en Argentina, por el extremo recelo político del gobierno. Acaso cobre relevancia el tuit que posteó y luego borró Victoria Villarruel a fines de 2024, cuando escribió que ella no hubiera enviado al gendarme. Bullrich estalló aquel día, le hizo captura de pantalla al mensaje y la tildó de cobarde.

    Gallo, que dijo que no está «encerrado» y que siente al Centinela como su «casa», tal vez atraviesa una situación familiar complicada. Sus parientes reclaman que lo dejen ir a su hogar.

    Antes de partir a Venezuela, cumplía funciones en Mendoza pero, durante su detención en la cárcel Rodeo 1, Bullrich trajo al país a la madre de su hijo y le dio trabajo en el Casino de Oficiales. La solución laboral, que paliaba la crítica situación económica de los parientes del gendarme, habría desembocado en una tensión con la madre de Gallo, que le reprochó a la mujer que su hijo estaba en un centro de detención por ir a verla a ella.

    Como sea, Bullrich dijo este jueves ante la prensa que sintió «la emoción de Nahuel que haya venido» al Congreso. «Estuve charlando un rato largo», admitió. Gallo, por su parte, se fue en un auto oficial con la misma cara de desconcierto que tuvo durante la conferencia de prensa en la que no se admitieron preguntas de los periodistas.

     

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    Cancillería aumentó casi 400% un contrato con la academia vinculada a la esposa de Federico Sturzenegger

     

    La Cancillería incrementó cerca de un 400% el contrato con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, dirigida por la esposa de Federico Sturzenegger. El aumento supera la inflación acumulada y abre un fuerte debate sobre transparencia, conflicto de interés y uso de fondos públicos.

    Por Roque Pérez para NLI

    La decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de incrementar en casi un 400% el contrato con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), dirigida por María Josefina Rouillet, la esposa del ministro Federico Sturzenegger, desató una controversia política y administrativa que excede la discusión presupuestaria. La actualización del monto, muy por encima de la inflación acumulada, reavivó las sospechas sobre conflicto de interés, transparencia en la contratación pública y doble vara en el ajuste estatal.

    El caso se inscribe en el clima de recortes, despidos y poda del gasto que impulsa Milei, mientras determinadas partidas parecen evolucionar a una velocidad muy superior a la del índice de precios.


    Contratación pública y aumento del 400%: los números bajo la lupa

    El contrato original había sido firmado por una cifra sensiblemente menor. La renovación elevó el monto a más de cinco veces el valor inicial. Si bien el Gobierno puede argumentar actualización por inflación o ampliación de servicios, los datos disponibles muestran que el incremento supera ampliamente la inflación acumulada del período, que ronda el 276%.

    La capacitación contempla cursos de idioma para personal diplomático y administrativo. Desde el punto de vista funcional, nadie discute la necesidad estratégica de que el cuerpo diplomático domine lenguas extranjeras. Lo que está en debate es si el Estado pagó un valor acorde a mercado y si se garantizó competencia real entre oferentes.

    Para un público especializado en administración pública y control del gasto, la pregunta central no es si la capacitación es necesaria, sino si:

    • Se evaluaron alternativas privadas con mejor relación costo-beneficio.
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    • Se justificó técnicamente la magnitud del aumento.

    El diferencial porcentual es el dato político más fuerte del expediente.


    Conflicto de interés y mecanismos de integridad: ¿alcanzan los controles?

    El vínculo personal entre la conducción de la AACI y el ministro Sturzenegger obligó formalmente a activar mecanismos de control previstos para evitar incompatibilidades. Sin embargo, la discusión no es solamente jurídica sino política.

    En términos normativos, pueden haberse cumplido los pasos administrativos. Pero la cuestión de fondo es otra: ¿es razonable que un organismo del Estado incremente en casi 400% un contrato con una institución dirigida por la esposa de un ministro clave del gabinete?

    El estándar internacional en materia de ética pública no sólo exige legalidad, sino también apariencia de imparcialidad y prevención de beneficios indirectos. Incluso cuando no se pruebe irregularidad penal, el costo reputacional para la administración puede ser alto.

    En un gobierno que sostiene un discurso de “corte de privilegios”, este tipo de decisiones generan ruido político inmediato.


    Ajuste selectivo y doble vara en el gasto estatal

    Mientras el Ejecutivo impulsa recortes en áreas sensibles, despidos masivos y reducción de partidas sociales, la ampliación de este contrato aparece como un caso testigo. El mensaje que se proyecta hacia el interior del Estado es complejo: hay sectores donde el ajuste es implacable y otros donde el gasto crece muy por encima del promedio.

    Desde el análisis presupuestario, el monto total puede no representar una porción decisiva del gasto nacional. Pero en política, los símbolos pesan. Y este contrato se convirtió en un símbolo de:

    • Tensiones entre discurso y práctica.
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    • Falta de pedagogía pública sobre criterios de contratación.

    La situación también interpela a los organismos de control y a la oposición parlamentaria, que ya anticipan pedidos de informes y posibles presentaciones judiciales.

     

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