Los sueños y las guerras

Los sueños y las guerras

 

1. Se acabaron las excusas

Milei abre las sesiones ordinarias del Congreso “más reformista de la historia”, con la correlación de fuerzas más favorable desde el inicio de su mandato, con la tranquilidad de una serie de muy importantes triunfos parlamentarios que lo proveen del aplomo necesario para la fase de institucionalización de su proyecto de país. Sin embargo, su discurso no lleva la serenidad del ganador, sino el histrionismo nervioso del desesperado. Un show farsesco que nos devuelve al Milei más desatado, vulgar y procaz. ¿Por qué desplegar semejante demostración de impotencia en un momento de estabilización? Porque la secuencia de reformas propuestas implican la institucionalización de la desinstitucionalización, y porque la volatilidad y la inestabilidad son intrínsecas a una política del caos como la que anhelan Trump y Milei para “the Americas”: guerra imperial hacia fuera, disciplinamiento y crueldad hacia dentro. No hay estabilidad en este modelo, ni siquiera en sus momentos de fortaleza, en los que el acelerador se aprieta para enfrentarnos a una nueva dinámica de shock.

Repasemos. Una maratón de reformas ultra-regresivas para el trabajo, para la vida en la tierra, para las generaciones futuras. Un neofascismo bananero que nos ata al destino de un imperio en crisis. Una guerra global en curso, que ya ha tocado las puertas de nuestra región. Un tiempo de colapso de las mediaciones y de caída de los velos, donde el poder de los ultrarricos se ejerce y se consolida con la explicitud de lo obsceno. Una época violenta que nos está empujando a las decisiones existenciales más elementales, hacia un umbral de supervivencia donde todo puede suceder, donde la política es menos la negociación de las diferencias que la hipérbole permanente del todo o nada. Y donde la defensa de la democracia se ve obligada a jugar un juego ajeno a las reglas de la democracia. Un tiempo en el que sostener nuestras banderas está dejando de ser una cuestión ideológico-política y está pasando a ser una cuestión de estricta supervivencia. La volatilidad y la aceleración están colaborando, por ahora, con los agentes de la destrucción, pero esa misma volatilidad afecta la fragilidad de su avanzada. La aceleración se parece mucho más a la desesperación por aprovechar una oportunidad de saqueo que a la construcción de un nuevo orden. La convulsión dejará un tendal de víctimas, pero también prepara nuevas formas de radicalidad emergentes. Porque este viaje hacia el colapso está siendo, cada vez más, un viaje a la raíz.

La sociedad está estallada. El sistema político está estallado. El Congreso no existe. El mundo del trabajo está en ruinas. Nuestras categorías para pensar el mundo estallaron y nuestras formas de vida también. Ante el umbral de una nueva etapa del gobierno libertario, se impone una pregunta: ¿y ahora qué? Una pregunta que, en este contexto convulsionado, no parece poder recibir una ordenada programática de respuesta. Ante el estallido de la vida, juntar las esquirlas, y en el poco tiempo que nos queda entre laburo y laburo, armar molotovs de pensamiento como si fuéramos infiltrados en una batalla cultural que sólo nos incluye para excluirnos.

Basta de indignación, basta de sorpresas. Basta de encuestas fallidas y de pseudo-predicciones baiteras para el 2027. La catástrofe es hoy. Ya fue dicho mil veces, pero no nos hacemos cargo: el futuro ya llegó, y no era lo que imaginábamos. Ahora, a conocer y habitar sus reglas, para destruirlas desde dentro.

2. Un auto acelara desbocado hacia nosotros

Durante décadas, la política pudo pensarse —desde el modelo de la teoría de juegos— a partir del llamado “dilema del prisionero”: dos actores enfrentados, incomunicados entre sí, obligados a decidir sin garantías si cooperar o traicionar. Si ambos cooperan, todos ganan un poco. Si ambos traicionan, todos pierden. Y si uno traiciona mientras el otro coopera, uno se salva y el otro paga el costo entero. La política, en ese esquema, todavía era un arte del cálculo: cuánto conviene ceder, cuánto conviene aguantar, cuánta traición es tolerable para que el sistema no estalle.

Pero ese tablero ya no organiza la escena.

El conflicto contemporáneo se parece cada vez menos a un problema de cooperación imperfecta y cada vez más al del llamado “juego de la gallina” (nosotrxs diríamos “juego del gallina”, del cobarde): dos autos lanzados de frente, a toda velocidad, y gana el que no frena. El ejemplo pop es la carrera suicida de Rebelde sin causa: no se trata de negociar, ni de optimizar resultados, sino de demostrar quién está dispuesto a llegar más lejos.

El pasaje del dilema del prisionero al juego del gallina marca un desplazamiento brutal de las reglas de juego, del trazado del mapa político, previo a la distinción entre derecha e izquierda. Con el trasfondo de la catástrofe inminente, pasamos de la política como administración del conflicto a la política como prueba de coraje destructivo, de la cooperación racional a la intimidación existencial. Ya no se condena al traidor, se humilla al que duda o frena. La victoria no consiste en mejorar el resultado común, sino en obligar al otro a renunciar a su propia estrategia, a su propio relato y, finalmente, a su legitimidad. Si antes había un castigo para el oportunista, hoy se le perdona todo al temerario.

Aquí no hay equilibrio cooperativo posible. Es un juego asimétrico, de suma cero, gobernado por el riesgo puro. El que pierde no sólo pierde: es despojado de toda legitimidad. Y el que gana sólo puede ganar produciendo, en el otro, la convicción de que está loco. Hacer política en este escenario exige, literalmente, volverse loco. O aceptar la derrota antes de empezar. Por eso el perdedor siempre interpreta al ganador como un desquiciado: alguien dispuesto a destruirlo todo con tal de no aflojar. Y esa percepción no es un malentendido, sino la condición misma de la victoria. En el juego de la gallina, parecer racional es una riesgosa desventaja política y existencial.

¿Cómo se actúa en este contexto? ¿Debemos asumir la exasperación y apretar nuestro acelerador? ¿Debemos intentar cambiar las reglas de juego? ¿Podremos cambiarlas si, en esta dinámica bélica que se nos impone, sólo atinamos a pegar el volantazo cada vez que se ponen en juego nuestras banderas más elementales?

Milei maneja un bólido feroz e incontrolado acelerando directo hacia nosotros. La perspectiva adrenalínica de la catástrofe total, de la destrucción total, fascina, intimida y disciplina. El credo de la posdemocracia reza: con la catástrofe se come, se cura y se educa. ¿Quién ganó cuando todos aceptamos que estas reglas son las únicas posibles? Milei maneja el auto y seguramente morirá en él. Él es el doble de riesgo de quienes necesitan convencernos de que esta es la única política posible: la guerra, la intimidación, la “amenaza existencial”, la eliminación del otro. 

Necesitamos cambiar las reglas de este juego, pero para que lograrlo no coincida con admitir la trampa de la derrota anticipada, vamos a tener que jugárnosla a todo o nada. Una paradójica democracia de guerra (lucha de clases, para decirlo con los clásicos). O también: jugárnosla a todo o nada por la democracia es la única salida a la avanzada belicista del neofascismo que no implique una claudicación anticipada. Recordar que nunca hubo democracia sin afirmación insumisa, pre-democrática, de las reglas de la democracia. Cambiar las reglas implicará primero admitir que hoy la democracia no es el juego que jugamos. El bólido avanza hacia nosotros, no hay tiempo para juntar firmas. Tenemos que acelerar una salida del juego perverso de la aceleración.

3. La política del todo o nada

Esta nueva dinámica de la política, que nos tiene entre frenéticos y paralizados, no es sólo política, es también social. Una política catastrofista, del todo o nada, genera una sociedad en donde el todo y la nada se separan cada vez más: de un lado todos los recursos, del otro nada. El acelerador de Milei es un acelerador de la miseria, tanto macro como micro: cada vez es más visible la relación sistémica entre la destrucción del entramado productivo y sus efectos en las economías cotidianas de la gente.

La crisis económica, maquillada por el gobierno, inunda cada vez más toda conversación. Hoy la sobremesa argentina reemplazó la vieja grieta por la condición de miseria unánime como tema omnipresente. Que cómo llego a fin de mes; que empecé a hacer Uber para completar; que me despidieron del laburo, y encima estaba en negro; que la prepaga canceló su convenio con el médico que me atendía; que me mudo con dos amigos porque no puedo pagar el alquiler; que sólo tengo una suplencia, así que me bajé Rappi; que a mi pareja no le renovaron el contrato; que estoy terminando una carrera universitaria pero ni sueño dedicarme a aquello para lo que me habilita mi título; que estoy sobrecalificado para un laburo al que se presentaron un montón de sobrecalificados; que no paro ni los domingos; y un largo etcétera que muestra que la aceleración no sólo refiere a las reformas que se propone el gobierno, sino también al recrudecimiento de sus efectos.

Las ganancias se concentran, la gente sobra, y la IA lubrica, acelera y escala el proceso. Si en los noventa el estallido demoró diez años, la política actual parece acelerar también el choque de su propio modelo. “Hacer lo mismo, pero más rápido” incluía, también, al estallido.

La política de la catástrofe implica una política social de la catástrofe. El gobierno de Milei es una fábrica de producción de miseria, en la que cada vez más gente tendrá menos que perder. Milei nos está transformando a su imagen: el político sin nada que perder, y por lo tanto dispuesto a todo, está produciendo toda una generación sin nada que perder, que va a estar dispuesta a todo. Y cuando haya un ejército de gente sin nada que perder, será difícil que esto no estalle con la misma fuerza explosiva con que la época encumbró la catástrofe programada como única regla posible de lo social.

4. La caída de los velos

Vivimos un tiempo de colapso de las mediaciones. La crisis del sistema de representación política no es un fenómeno aislado: es apenas un síntoma de una crisis mucho más vasta que ha deslegitimado toda forma de institucionalidad, toda figura de intermediación, la gramática misma de la vida pública como vida simbólica. La ultraderecha y los algoritmos son signos convergentes de una misma orientación de la época: populismo de plataformas.

En este tecnopopulismo, donde toda mediación colapsa, la política se reorganiza alrededor de dos rasgos dominantes: la latencia de la guerra como reverso de lo político, y la espectacularización de la crueldad como tecnología de disciplinamiento. Sí, la guerra como verdad de la política y la crueldad como verdad del sujeto, eso parece escupir la época.

La latencia de la guerra es la emergencia a primer plano de la política del fondo anómico, violento, de su proceder, ahora liberado de los frenos institucionales que lo contenían. El colapso del multilateralismo y la renovación de las aspiraciones imperiales del “destino manifiesto” norteamericano sumado a la “tierra prometida” de Israel en medio oriente son el norte del nuevo caos global.

La espectacularización de la crueldad se consuma en la estética de la obscenidad de los ultrarricos. Estética de lo explícito que oficia como una auténtica pedagogía global de la crueldad. Los archivos de Jeffrey Epstein llegan como metonimia de época: caída de los velos, visibilidad total, exhibición orgullosa de los privilegios. Revelaciones que no erosionan el poder, sino que consolidan su perversión más oscura.

Crisis de las mediaciones, que se expresa, por arriba, en la legitimación abierta, “desinhibida”, como se dice, del despojo económico y la represión policial, y, por abajo, en la inorganicidad y la falta de conducción. Y todo ello bajo una gramática que tiende al aflojamiento de toda referencia normativa en un horizonte cada vez más regido por la anomia del contexto bélico, la ausencia de reglas estructural de un conflicto en el que, sin mediación, ya sólo tramita flujos de violencia y de descarga.

Para el pueblo trabajador, esta dinámica viene implicando dificultades de organización, en un contexto de declive del poder de los sindicatos, y de defección política de los partidos políticos. Ahora bien, que las formas organizativas estén en crisis de ninguna manera significa que las energías del malestar estén contenidas. Todo lo contrario, se percibe una aceleración del malestar y de las energías liberadas por ese malestar.

Si la volatilidad es el rasgo más destacado de este momento, si las instancias organizativas de la clase trabajadora están deslegitimadas, debemos preguntarnos no sólo cómo organizarnos en este contexto, sino también cómo aprovechar la volatilidad de época a favor de las mayorías.

Por supuesto que hay que hacer todo para sumar, organizar y acumular poder popular. Pero al mismo tiempo debemos pensar esa dimensión de la acción colectiva, cada vez más amplia, que va más allá de la lógica de la acumulación. Una turba de precarios es más fácil de gobernar, pero también más difícil. Porque cuando ya no haya nada que perder, esto se va a caldear de verdad. Y allí valdrá no sólo la organización, sino también la actuación estratégica de energías inorganizables que son parte legítima del paisaje caótico de la vida popular contemporánea.

El estallido vendrá de manera más sorpresiva que en otros tiempos, porque la acumulación de estos tiempos no es primeramente de estructuras, sino acumulación afectiva, física, sensible y nerviosa. Ese acumulado inorgánico de malestar debe ser reconocido en toda su legitimidad.

Si los “ingenieros del caos” gobiernan, debemos preguntarnos qué fuerzas movilizan a las víctimas del caos. Lo nuevo emergerá menos como respuesta a la pregunta por cómo restaurar el orden que de la disputa por las energías liberadas en este desborde. El problema es qué organización de la resistencia puede hacerse cargo de este caos sin sucumbir a él, pero también sin excluirlo de su esquema de pensamiento y acción.

5. Desbordar a Milei

Ya ha sido dicho de muchas maneras: lo que sea que le gane a Milei va a ser algo que desborde a Milei, no que lo contenga, algo post-Milei, no pre-Milei, un futuro más tentador que la seducción de la catástrofe, y no el retorno a un pasado defensivo, que ya no moviliza ningún deseo y ninguna verdad histórica.

No, no estoy hablando en contra del peronismo, sino justo al revés, a su favor. Lo único que puede desbordar a Milei es un peronismo que sepa renovar la fuerza plástica y polimorfa que lo definió en los grandes umbrales de transformación y convulsión de nuestra historia.

El peronismo siempre supo moverse en contextos de crisis de la representación, y supo convertir el adelgazamiento de las mediaciones en formas de populismo que, justamente, desde los bordes de la democracia, restituyeran el poder de las clases trabajadoras y postergadas como único fundamento posible de un orden democrático.

No parece que las versiones actuales del peronismo estén interesadas en activar esa potencia. Ni el kirchnerismo melancólico-defensivo, ni el morenismo doctrinario-trumpista, ni la esperanza blanca de fantasmas estilo Pichetto representan al peronismo mostri que necesitamos. Pero que no nos confundan: el peronismo siempre es mucho más que sus versiones realmente existentes.

En una época de gobierno a través del caos la resistencia vendrá más en forma de movimientos que de partidos, de estallidos esporádicos que de acumulación progresiva, de energías desatadas que de organización. Organizar el malestar significará dar forma orgánica a lo que carece de forma, pero también detectar esas fuerzas inorgánicas que se oponen a la concentración de la riqueza y el poder, legitimar esas fuerzas antifascistas que, en su deformidad, afirman una actualidad y legitimidad de época.El peronismo es el nombre argentino para ese difícil metabolismo colectivo, siempre inestable, en el que lo inorgánico y lo orgánico negocian sus roles en favor de los destinos populares. La memoria histórica, política y militante de un movimiento que supo hacer de las oscilaciones entre organización y desborde una forma de populismo democrático, es la fuente de aquello que podrá no contener sino desbordar a Milei. No se trata de volver a las formas del pasado, sino de reconectar con las fuerzas vivas del porvenir.

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    Esta vez, sólo los familiares de víctimas fueron convocados a último momento a dar su testimonio ante los legisladores. Pero no fueron todas las víctimas, sino sólo aquellas que están a favor del proyecto oficialista. Apelando a la exacerbación de la conmoción y el horror, se configura una escena con actores que parecen contrapuestos: “las víctimas” (y la identificación de todas las personas “de bien” con esta posición) versus  los “menores homicidas”, al acecho de la sociedad. Como si los derechos de unos y otros fueran incompatibles, la escena se inscribe en una larga gramática histórica y la actualiza: la criminalización de las infancias populares y su exclusión de la infancia “normal”.

    ***

    En la Argentina, los delitos cometidos por personas menores de edad vienen bajando de manera sostenida. Según un relevamiento de Unicef y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, el total de adolescentes que se encuentran cumpliendo medidas penales en todo el país pasó de 7.169 en 2015 a 4.068 en 2024, lo que representa en la actualidad el 0,06 por ciento del total de los adolescentes argentinos. El porcentaje de hechos cometidos en relación a la cantidad total de delitos también desciende de manera permanente y pronunciada: en la provincia de Buenos Aires, el distrito con mayor población de niños y adolescentes, el Ministerio Público indica que las investigaciones penales a personas de 16 y 17 años (hoy punibles) constituían el 4,34 por ciento en 2009 , mientras que en 2024 representaron el 2,05 por ciento del total de delitos investigados. Además, la mayoría de estos delitos (el 84 por ciento) son contra la propiedad; por ende, de menor violencia y gravedad. 

    La incidencia de los adolescentes de 15 años o menos sobre los delitos graves, es aún más baja: por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, en 2022 hubo un solo homicidio cometido por una persona de menos de 16 años según un informe realizado por el Consejo de la Magistratura, y en provincias como Catamarca, Corrientes, La Pampa, La Rioja y Tierra del Fuego no hubo ni un caso entre el 2017 y el 2024, según la Dirección Nacional de Estadísticas Criminales del Ministerio de Seguridad de la Nación. Una mirada al contexto internacional completa el panorama: en América Latina, según datos de Unicef, los países que bajaron la edad de punibilidad hace décadas son los que cuentan actualmente con mayor tasa de homicidios; la Argentina en cambio, manteniendo la edad en 16 años, presenta una de las tasas más bajas: es decir, tiene un nivel mayor de seguridad.

    En base a estos datos, un visitante ajeno a las discusiones locales podría tomar el caso argentino como un modelo exitoso en relación al delito adolescente. ¿Por qué entonces prospera esta reforma bajo la muletilla “delito de adulto, pena de adulto”? ¿Qué concepciones acerca de la infancia se ponen en juego para que se acepte excluir a los más chicos que delinquen del tratamiento específico social y jurídico reconocido actualmente a los niños por su condición de tales?

    La avanzada antiderechos del gobieno actual explica, en gran parte, el cambio de escena. Desde 2024 asistimos a una arremetida integral contra las infancias y adolescencias vehiculizada a través de la desarticulación de dependencias públicas y equipos profesionales ocupados de esos grupos etarios, el desfinanciamiento de instituciones educativas, sanitarias y de cuidado, el recorte de programas de promoción de derechos y becas y de la falta de inversión en infraestructura social.

    Sin embargo, el avance del proyecto de baja de la edad de punibilidad no puede explicarse solo como una expresión más de ese ataque. Sus condiciones de posibilidad y las figuras atemorizantes que invoca tienen raíces en una larga historia de estigmatización y criminalización de las infancias populares, basada en la división de las niñeces argentinas en dos conjuntos antagónicos: los “niños” y los “menores” peligrosos.

    ***

    Las características de la infancia y la adolescencia varían en cada momento histórico y en cada sociedad. Los rasgos, duración y formas de pasaje entre las edades no surgen de la condición biológica ni natural de las personas, sino de construcciones históricas, sociales y culturales asociadas a cómo esa edad es interpretada, regulada y experimentada social, cultural y subjetivamente. Las infancias y las adolescencias son siempre heterogéneas porque están atravesadas por diversidades y desigualdades de clase, género, étnicas. Por eso es más apropiado hablar de infancias y de adolescencias, en plural.

    A lo largo del siglo XX, dos procesos paralelos y articulados generaron la ilusión de que existe una única forma correcta de vivir esta etapa. Desde las instituciones y políticas públicas, los discursos profesionales y las industrias culturales se difundieron definiciones modélicas de la infancia “normal”, según experiencias y espacios de socialización propios de los sectores medios y altos urbanos. “Niños” eran quienes podían sostener la condición de “alumnos” de la escuela y ser parte de una “familia normal”, con padre y madre unidos en matrimonio. La infancia argentina también fue definida como blanca y heterosexual.

    ¿Y los que no se adecuaban a estas representaciones hegemónicas y aspiracionales? Legisladores, médicos, criminólogos y educadores las caracterizaron según los parámetros de la patología y el desvío. Para prevenir a la sociedad de los males que   esos “menores peligrosos” podrían desatar contra ella, en 1919 se sancionó la Ley de Patronato de Menores (vigente hasta 2005), que habilitó la suspensión o la pérdida de la patria potestad de los progenitores de los “menores moral o materialmente abandonados y/o delincuentes” cuando las autoridades lo creyeran conveniente, y su derivación a reformatorios, asilos o familias “decentes”. Se equiparaba, así, pobreza con delincuencia y se establecía una divisoria institucional llamada a atravesar los tiempos: para los niños, escuelas, para los menores, encierro.

    ***

    La distinción entre “niños” y “menores peligrosos” es la gramática que organiza las discusiones sobre la edad de responsabilidad penal en nuestro país desde hace 150 años. Sin embargo, sólo en contextos socio-políticos muy específicos esa forma dicotómica de imaginar a las infancias cataliza en transformaciones legislativas. En 1919, luego de la Semana Trágica, la Ley de Patronato estableció que los “menores moral o materialmente abandonados” -presuntos miembros de las “bandas anarquistas”- podían quedar a disposición de un juez, hubieran o no cometido un delito, mientras el Código Penal de 1921 estableció en los 14 años el piso etario para su tratamiento penal. En 1954, en un contexto de expansión de derechos (“Los únicos privilegiados son los niños”), la edad mínima de punibilidad se elevó a los 16 años. Durante la última dictadura militar, en un marco de criminalización de los adolescentes y jóvenes considerados “subversivos” y “enemigos internos”, se volvió a establecer en 14 años.

    Con la transición democrática y la recuperación de derechos de la población, la edad de ingreso al sistema penal quedó definida en los 16 años. La progresiva expansión de derechos en relación con el tratamiento de las infancias y adolescencias llegó a un momento culminante en 2005, con la derogación de la Ley del Patronato, andamiaje jurídico institucional que permitía la “minorización” de las infancias y adolescencias populares, y la sanción de la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que iguala a todos los niñas, niños y adolescentes en su condición de “sujetos de derechos”. 

    Entre 2005 y 2020, niños, niñas y adolescentes fueron beneficiarios de la ampliación de derechos: la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley Nacional de Educación que reconoce la Educación Intercultural, la de Prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente (que elevó la edad de ingreso al mercado de trabajo de los 14 a los 16 años), la Ley de Ciudadanía Argentina (que extendió los derechos políticos, entre ellos el del sufragio, a partir de los 16), la Ley de Identidad de Género y la de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

    Las transformaciones del escenario legal argentino de los últimos 20 años son radicales, y fijan consenso en torno al pasaje del estatus jurídico de las personas alrededor de los 16 años. Sin embargo, cada vez que la mirada punitiva avanza por sobre la de los derechos de la población, la operación social, política y cultural que distingue entre la “infancia normal” y la “minoridad peligrosa” vuelve a  desplegarse, se aggiorna y se amplía, más allá de su derogación normativa.

    Desde fines del siglo XX, a medida que la “inseguridad” se fue consolidando como problema público, en contextos de avance de modelos económicos y de políticas neoliberales que entronizan los mercados y desarticulan las áreas sociales del Estado y los derechos de los ciudadanos, se reinstala la alerta moral por los “menores peligrosos” como supuestos causantes de los peores males sociales. Esta vez, bajo la figura de los “pibes chorros” y últimamente, la de los “menores homicidas”.

    ***

    ¿Estamos frente a una ola de menores delincuentes que amenazan la seguridad nacional? Los datos son categóricos en desmentir este supuesto. La construcción de la oposición entre la infancia normal y los menores peligrosos cristalizó, en cada época, distintas figuras de la niñez-juventud peligrosa. Estas figuras no causan los problemas sociales con los que se las asocia sino que, como señala Rossana Reguillo, son el resultado de un “proceso de antropoformización” de las emociones, que supone atribuir un cuerpo y una figura concreta a los miedos y ansiedades sociales.

    Hoy, nuevamente, una categoría socio-etaria de una minoridad peligrosa aparece en escena y es canal expresivo de temores y discusiones sobre los derechos de la población, el rol del Estado y el proyecto de país que se quiere construir. En un contexto en el que casi la mitad de las niñas, niños y adolescentes se encuentran bajo la línea de pobreza y el 10,2% no cubre las necesidades calóricas diarias indispensables para su desarrollo, en lugar de habilitarse discusiones sobre políticas que mejoren sus condiciones, en vez de replicar experiencias exitosas de trabajo desde las áreas sociales y educativas del Estado para desandar y prevenir las causas que  genera la comisión de delitos, ciertos niños y adolescentes de la Argentina se convierten en chivos expiatorios de los problemas sociales, especialmente quienes se encuentran en condiciones de pobreza, viven en barrios segregados y son varones racializados.

    Actualizando el viejo sentido anclado en la distinción entre “niños” y “menores”, se los erige como enemigos públicos y se los excluye del universo de la niñez (“delito de adulto, pena de adulto”) configurándolos como otredad de la infancia “normal”, proponiendo su escisión del resto de la sociedad y su encierro. Operación que tranquiliza miedos sociales sin abordar las condiciones reales de sus trayectorias,  ni atender las causas para un mejoramiento real que posibilite una vida democrática en común.

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