Martín Voss, el ex funcionario y hombre de Caputo que se queda con contratos del Pami por miles de millones

Martín Voss, el ex funcionario y hombre de Caputo que se queda con contratos del Pami por miles de millones

 

Martín Voss es el eslabón perdido del entramado de empresas que empezaron a hacer negocios de miles de millones con el Estado, luego que Toto Caputo lograra volver al Ministerio de Economía con Javier Milei.

La cola envenenada del escándalo de los aportes a la campaña bonaerense de La Libertad Avanza que reveló LPO, acondujo hasta Voss, definido en el mundo empresario como «el hombre» del ministro de Economía para los negocios con contrataciones del Estado.

Voss es socio de Invernea, una empresa de chips para vacas -entre otras actividades- que Caputo y su mano derecha, Juan pazo, intentaron meter por la ventana más de una vez, en las contrataciones de la Secretaría de Agricultura, pero tuvieron que retroceder ante la resistencia de los productores. Pero Caputo y Pazo no se deprimieron con ese fracaso y luego volvieron a beneficiar a Invernea con el decreto firmado por el ministro que barrió con la prohibición que regía desde 1973 de exportar ganado en pie.

Pero Voss también es la cara visible de Oxigeno y Tecnología (Oxitec), con base en el Parque Industrial de General Güemes de Salta, con el monopolio de los contratos de oxígeno medicinal en las delegaciones del Pami en Salta y Jujuy. 

La familia del ex «secretario fantasma» de Caputo es la que más aportó a la campaña libertaria

Voss, que también integra VP Comunicación, es hermano de Maximiliano, actual presidente del BICE, el banco que controla el Ministerio de Economía. Actual apoderado de Oxígeno y Tecnología, Voss fue durante el macrismo el gerente de Relaciones Institucionales del mismo Pami al que ahora visita como proveedor. En Estados Unidos tienen una figura para esa promiscuidad de negocios privados y cargos públicos: «La puerta giratoria».

El 10 de diciembre de 2025, Pami le prorrogó el servicio a Oxigeno y Tecnología por más de 17.450 millones, el monto más elevado de todas las proveedoras de oxígeno, detrás de Praxair.

En septiembre de 2024, Martín Voss fue quien firmó una oferta para cubrir el servicio de oxigenoterapia de Pami en distintas provincias por casi 30 mil millones de pesos.

El 10 de diciembre de 2025, Pami le prorrogó el servicio a Oxigeno y Tecnología por más de 17.450 millones, el monto más elevado de todas las proveedoras de oxígeno, detrás de Praxair.

Con algunas demandas en contra en tribunales provinciales como en el caso de Río Negro, Oxigeno y Tecnología tuvo inicialmente un margen de acción limitado en el noroeste argentino (NOA), con epicentro en Salta.

Martín Voss en sus épocas de funcionario macrista.

El Grupo Oxitesa fue creado por el ingeniero Álvaro José Ramón Herrera, que en los últimos tiempos expandió el negocio a España y Perú.

En ese entramado de empresas donde también aparece Oxígeno Salta, en diciembre 2024 se conformó Oxígeno y Tecnología S.A., en este caso con Álvaro Herrera como director suplente y con el propio Martín Voss como presidente. Desde esa firma es que se realizó el aporte a la campaña libertaria en la provincia de Buenos Aires.

Cómo funciona el cartel del oxígeno detrás de la escasez en los hospitales

Sus vínculos con el mundo Caputo son extensos. En especial con el ex titular de ARCA, Juan Pazo, mano derecha real del ministro. En la última etapa del macrismo, luego de su paso por el Pami, fue coordinador General de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que controlaba el propio Pazo. 

La aparición de Oxitec como proveedor del Pami y aportante de La Libertad Avanza en la provincia forma parte de un entramado de sociedades ligadas a Caputo.

De regreso a la actividad privada, se asociaría con Pazo en Invernea y se metería a fondo en el redituable negocio del oxígeno medicinal como prestador del Pami, que tiene sus servicios detonados por el ajuste, pero para algunos pocos elegidos sigue siendo un gran negocio.

De hecho, el manejo de los proveedores de la obra social de los jubilados enfrenta una ola de denuncias de afiliados e intendentes que advierten maniobras irregulares en beneficio de determinadas empresas. Pero como sucede con tantas otras irregularidades del gobierno libertario, la justicia por ahora elige mirar para otro lado.

La aparición de Oxitec entre las aportantes de La Libertad Avanza en la provincia forma parte de un entramado de sociedades ligadas a Caputo, como Alfonso Giudici, client advisor de una reconocida firma estadounidense de gestión de patrimonio que el año pasado mantuvo reuniones con funcionarios de Economía. Un entramado tan extenso que se divide por áreas de negocios, áreas que casualmente coinciden con las reparticiones públicas que conduce el ministro.

La oferta de servicios de la firma de Martín Voss al Pami por casi 30 mil millones, en el año de la Libertad y la Propiedad.

 

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  • Furioso por la revelación del contrato con Libra, Milei amenaza con el cierre de Clarín

     

    Javier Milei enfureció con la revelación de su contrato con Hayden Davis, el hacedor de la estafa de la cripto Libra, y amenazó con el cierre del diario Clarín.

    El matutino publicó el viernes el contrato que firmó el presidente el año pasado en la Rosada con el «empresario» Davis, que entonces no conocía nadie. A raíz de esa revelación, los legisladores que integran la comisión Libra en el Congreso evalúan una segunda etapa investigativa, mientras padecen la parsimonia procesal del fiscal que «investiga» el caso, Eduardo Taiano.

    Un día después de la nota de Clarín, Milei publicó un par de tuits furiosos contra el diario. «Masterclass» puso en un tuit en el que citaba otro que, de manera irónica, hablaba del cierre del Clarín. La explicación del «chiste» era que el diario cerraba como cada noche antes de imprimir su edición del día siguiente.

    Es un chascarrillo que en boca de un presidente suena como una amenaza a la libertad de expresión, más aún considerando que Milei tiene desde hace 11 meses un tuit fijado en el que se refiere a Clarín como la «gran estafa argentina».

    Luego Milei retuiteó a otro usuario que dijo que «Clarín sin pauta miente», junto a una enumeración de conceptos sobre el rol de los medios.

    MASTERCLASS https://t.co/iq8NYT5ixw

    — Javier Milei (@JMilei) January 31, 2026

    El enojo de Milei con el diario por la nota de Davis parece cuanto menos desmedido. La publicación no fue ni siquiera llevada a la tapa, como sin dudas hubiera pasado si un escándalo internacional de corrupción sacudía a la administración de Cristina Kirchner.

    Quedaron en el pasado, al menos por el momento, las visitas de Milei al CEO de Clarín, Héctor Magnetto, acompañado de Sebastián Pareja. 

    Un misil en el placard

    El embate contra Clarín se da en un momento en el que una parte del establishment se está moviendo contra el libertario y en la misma semana de la pelea inédita con Techint, al que Milei le deseó la quiebra. El dueño de Techint, Paolo Rocca, comparte con Magnetto la conducción de la Asociación Empresaria Argentina (AEA).

    Un día antes del ataque de Milei a Clarín, los libertarios se pelearon con el New York Times, que reveló una negociación entre con Donald Trump para que la Argentina reciba deportados de Estados Unidos.

    El gobierno aún no desmintió tamaña información de manera oficial. El canciller Pablo Quirno, mencionado en el diario neoyorquino como el protagonista de la negociación, hizo silencio.

    Milei se limitó a retuitear una desmentida del Gordo Dan y Agustín Romo, jefe de bloque de los libertarios en el Senado bonaerense, dijo que los del New York Times son unos «conchudos».

     

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    La “Oficina de Respuesta Oficial”: la verdad según el Estado mileísta

     

    El gobierno de Milei puso en marcha la llamada Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, un nuevo dispositivo estatal destinado a “desmentir mentiras”, “exponer operaciones” y señalar a medios y dirigentes políticos. Presentada como una defensa de la libertad de expresión, la iniciativa ya despertó críticas por su evidente sesgo propagandístico y por el riesgo de que el poder político se arrogue la facultad de definir qué es verdad y qué no.

    Por Roque Pérez para NLI

    Un nuevo organismo para disciplinar el relato público

    A través de un extenso hilo publicado en la red social X, el oficialismo anunció la creación de la Oficina de Respuesta Oficial, un espacio que —según su propia definición— no solo informará, sino que se dedicará activamente a desmentir lo que considere falsedades y operaciones mediáticas.

    El texto inaugural sostiene que “informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta” y plantea que la democracia no se fortalece tolerando la mentira, sino exponiéndola. En la práctica, el Gobierno decidió sumar una voz oficial permanente para intervenir en el debate público, marcar errores, señalar responsables y fijar una versión autorizada de los hechos desde el Estado.

    La paradoja es evidente: en nombre de la libertad de expresión, el Ejecutivo crea un organismo específico para corregir discursos ajenos.

    Quién está a cargo y cómo funciona

    La Oficina de Respuesta Oficial depende de la Dirección Nacional de Comunicación Digital, que ya administra las cuentas oficiales de la Casa Rosada y de la Oficina del Presidente. Al frente de ese esquema se encuentra Juan Pablo Carreira, conocido en redes como Juan Doe, un militante libertario digital con llegada directa al núcleo duro del poder y alineado con el asesor presidencial Santiago Caputo.

    No se trata de un organismo técnico ni autónomo, sino de una estructura política de comunicación centralizada, con lógica de confrontación permanente y fuerte impronta ideológica. Desde allí se decidirá qué publicación es una “operación”, qué dato es “mentira” y qué medio merece ser desmentido públicamente por el Estado.

    Clarín, el primer blanco del nuevo “desmentidor oficial”

    El debut práctico de la Oficina no tardó en llegar y tuvo como protagonista al Grupo Clarín. En su primera intervención pública, el organismo acusó al diario de publicar información falsa sobre el programa Volver al Trabajo y celebró que el medio hubiera “borrado” una nota tras la respuesta oficial.

    Lo cierto es que Clarín no eliminó el artículo, sino que modificó su título, algo habitual en portales digitales. Sin embargo, la Oficina utilizó el episodio para exhibirse como árbitro de la verdad y para marcar territorio frente a uno de los actores centrales del sistema mediático argentino.

    El mensaje fue claro: a partir de ahora, el Gobierno no solo responderá políticamente, sino que dictará correcciones públicas desde una cuenta estatal.

    El Estado como Ministerio de la Verdad

    Las críticas no tardaron en aparecer. Desde distintos sectores se advirtió que el Estado no debe fabricar la verdad, ni convertirse en juez de lo que puede o no circular en el debate público. La comparación con el Ministerio de la Verdad de la novela 1984 no es exagerada: un poder central que corrige relatos, señala desvíos y reescribe versiones en tiempo real.

    Resulta llamativo que un gobierno que se autodefine como defensor del libre mercado y enemigo de la intervención estatal haya creado un organismo específico para intervenir en el mercado de ideas. La libertad de expresión, bajo este esquema, deja de ser un derecho amplio y pasa a estar condicionada por la respuesta oficial.

    Más propaganda que información

    Lejos de limitarse a ofrecer datos verificables, la Oficina nace con una misión explícitamente política: exponer enemigos, desacreditar voces críticas y consolidar un relato oficial. No se trata de un área de prensa tradicional, sino de un dispositivo de combate comunicacional permanente.

    En la Argentina de Milei, la verdad ya no se discute únicamente entre periodistas, fuentes y ciudadanos. Ahora también se administra desde una cuenta verificada del Estado, con tono doctrinario y vocación de disciplinamiento simbólico.

    Como en toda distopía moderna, la consigna es simple: la mentira no será lo que falte a la verdad, sino todo aquello que no coincida con la versión oficial. Y si queda alguna duda, siempre habrá una Oficina dispuesta a aclararla.

     

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    Milei manoteó el Puerto de Ushuaia y abrió la puerta a la entrega del Atlántico Sur

     

    La intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el gobierno nacional no es una decisión técnica ni administrativa: es un movimiento político de alto voltaje, con implicancias geopolíticas directas y un mensaje disciplinador a las provincias. Bajo el pretexto de “reordenar” la operatoria portuaria, Milei avanzó sobre una jurisdicción provincial estratégica y dejó servido en bandeja uno de los enclaves clave del Atlántico Sur.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    La bandera de EE. UU. flameó en la Base Naval de Ushuaia, Tierra del Fuego, en abril de 2024, durante la visita de la Generala del Ejército estadounidense Laura Richardson

    La Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, publicada hoy en el Boletín Oficial, dispuso la suspensión de la habilitación del Puerto de Ushuaia por 12 meses y su intervención administrativa directa por parte del Estado nacional, quitándole a la Provincia de Tierra del Fuego el control efectivo del principal puerto austral del país. La medida se dictó a horas de la reunión de Milei en Davos con Donald Trump.

    No se trata de una coincidencia. El ex diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez lo dijo sin rodeos: Milei manoteó el Puerto de Ushuaia y hoy lo pondrá al servicio de Trump. No es una denuncia liviana ni una exageración retórica. El propio texto de la resolución reconoce el carácter estratégico, geopolítico y militarmente sensible del puerto, subrayando su rol en el abastecimiento antártico, la custodia de aguas australes y la logística regional.

    Un “castigo ejemplar” a una provincia

    El gobierno nacional justifica la intervención alegando desvío de fondos portuarios, deterioro de infraestructura y fallas de seguridad. Sin embargo, el remedio elegido no es la coordinación ni la asistencia: es la toma directa del control, mediante una resolución administrativa de un organismo creado por DNU, sin debate federal ni instancia política previa.

    El mensaje es claro: las provincias no gobiernan recursos estratégicos si esos recursos resultan útiles al proyecto nacional de Milei. Tierra del Fuego es el caso testigo, pero el antecedente es extensible a cualquier jurisdicción que administre puertos, vías navegables o nodos logísticos relevantes.

    La resolución no solo suspende la habilitación, sino que habilita a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación —con apoyo de la ex AGP y fuerzas federales— a administrar fondos, infraestructura, equipamiento y operación, desplazando en los hechos a la autoridad provincial.

    Puerto, Antártida y alineamiento externo

    El punto más grave no está solo en la forma, sino en el sentido político de la decisión. En los fundamentos de la resolución, Milei hizo consignar expresamente que Ushuaia es clave por su ubicación en el Atlántico Sur y su cercanía con la Antártida, destacando su valor estratégico para campañas científicas, logística y control territorial.

    Ese párrafo, lejos de ser técnico, es una confesión política. Milei no está pensando el puerto desde una lógica de desarrollo nacional soberano, sino como activo geopolítico negociable en el marco de su alineamiento automático con Estados Unidos. En Davos, Milei no va a hablar de federalismo ni de soberanía: va a ofrecer “seguridad jurídica” y activos estratégicos.

    La advertencia de Rodríguez apunta al corazón del problema: el riesgo de que el Puerto de Ushuaia sea ofrecido para uso militar y comercial extranjero, debilitando la posición argentina en el Atlántico Sur y la Antártida, una región donde la disputa de poder global es cada vez más explícita.

    Un precedente peligroso

    La decisión de Milei sienta un precedente temerario. Si el Poder Ejecutivo puede intervenir un puerto provincial estratégico mediante una resolución administrativa, invocando “interés público”, entonces el federalismo queda reducido a una formalidad vacía.

    Hoy es Ushuaia. Mañana puede ser cualquier puerto, aeropuerto o infraestructura clave. La lógica es siempre la misma: centralizar, disciplinar y poner al servicio de intereses externos lo que debería ser política de Estado nacional y federal.

    Por eso la pregunta no es solo qué hará Tierra del Fuego. La pregunta es qué harán los demás gobernadores frente a una avanzada que no distingue signos políticos cuando se trata de concentrar poder y recursos estratégicos.

    El Puerto de Ushuaia no es una caja, no es una ficha de negociación y no es un botín de guerra ideológica. Es una pieza central de la soberanía argentina. Y Milei acaba de moverla sin pedir permiso.

     

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