Ellos sí pueden manifestarse
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Ellos sí pueden manifestarse

 

Mientras en Santa Fe el reclamo policial fue considerado “justo y genuino” y terminó con una mejora salarial acordada con el gobernador Maximiliano Pullaro, en la Ciudad de Buenos Aires el pueblo fue reprimido con hidrantes, balas de goma y gases por manifestarse en la Plaza de los Dos Congresos. La escena expone una doble vara que resulta imposible de ignorar.

Por Roque Pérez para NLI

La comparación es inevitable: cuando protesta la fuerza, hay negociación; cuando protesta el pueblo, hay represión.

En Santa Fe, diálogo y aumento salarial

El conflicto policial en Santa Fe se desactivó luego de que el gobierno provincial ofreciera una mejora que lleva el salario inicial de los efectivos a alrededor de 1.350.000 pesos, según trascendió en medios nacionales. Tras varios días de tensión y movilización de agentes, la propuesta fue aceptada y la medida levantada.

Maximiliano Pullaro calificó el planteo como un reclamo “justo y genuino”, y defendió la decisión de otorgar una recomposición que, según la administración provincial, busca acompañar el impacto de la inflación. La protesta policial no fue reprimida ni criminalizada: fue reconocida y atendida.

El mensaje fue claro: el reclamo salarial de quienes integran la estructura de seguridad del Estado merecía escucha y resolución.

En el Congreso, hidrantes y balas de goma

Muy distinto fue el escenario en la Plaza de los Dos Congresos. Allí, manifestantes —entre ellos trabajadores, jubilados y organizaciones sociales— se concentraron para exigir respuestas frente al deterioro del poder adquisitivo y las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional.

La respuesta fue un fuerte operativo de seguridad con carros hidrantes, disparos de balas de goma y lanzamiento de gases lacrimógenos para dispersar la protesta. Las imágenes mostraron corridas, heridos y periodistas alcanzados por la represión.

Dentro del Congreso hubo legisladores que denunciaron el accionar policial y señalaron que se estaba vulnerando el derecho constitucional a la protesta. Afuera, el mensaje fue inequívoco: el espacio público no estaba disponible para el reclamo popular.

La doble vara

El contraste es evidente. Cuando quienes reclaman son policías armados, el Estado dialoga y concede. Cuando quienes reclaman son ciudadanos de a pie, el Estado avanza y reprime.

No se trata de negar la legitimidad del reclamo salarial en Santa Fe. Se trata de preguntarse por qué el mismo criterio no se aplica al resto de la sociedad. ¿Por qué unos pueden manifestarse sin consecuencias y otros son desalojados por la fuerza?

La democracia no admite categorías de ciudadanos con más derechos que otros. Sin embargo, los hechos recientes dejan una sensación incómoda: ellos sí pueden manifestarse. El pueblo, parece, no.

 

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  • Una maniobra de Weretilneck complica el mega proyecto para privatizar el cerro Catedral

     

    Una maniobra de Alberto Weretilneck complicó el mega proyecto para instalar un hotel de lujo y privatizar medio Cerro Catedral. 

    El gobernador de Río Negro buscó correr del medio a una concejal que se oponía a la inicitativa, pero no esperaba que su reemplazante tuviera una posición aún más contraria al masterplan de la empresa que controla el cerro.

    La posición de CAPSA, concesionaria del Catedral hasta 2056 e impulsora del proyecto, es irreductible: hotel 6 estrellas a 1200 metros de altura y loteo de 70 hectáreas para desarrollo inmobiliario.

    La iniciativa podría liquidar al comercio local, porque los visitantes ya no tendrían necesidad de pasar por la ciudad. También a los del cerro, porque la base se elevaría a 1200 metros. Si en lugar de hoteles se construyen departamentos de alquiler, el proyecto tampoco tendría impacto en la generación de empleo. Además, el costo de llevar electricidad y servicios debería ser absorbido por los vecinos.

    El proyecto necesita el apoyo de ocho de los once concejales barilochenses y hoy reuniría solamente cinco. Hay otros cinco concejales que rechazan el proyecto con distintos matices: algunos podrían apoyar el hotel, pero ninguno el hotel y el loteo a un precio muy bajo.

    Macri y el emir de Qatar detrás de la privatización del Cerro Catedral 

    El principal interesado en aprobar el proyecto es el gobernador, más aún que el intendente de Bariloche, Walter Cortés.

    En Bariloche no entienden la jugada del gobernador, que se llevó a la concejal Natalia Almonacid al gobierno provincial sin tener la certeza de que su reemplazante apoyaría la privatización del cerro.

    Hay quienes creen que el apuro está vinculado a las dificultades políticas crecientes que enfrenta el oficialismo provincial. «Si no pasa esta vez, es posible que después de 2027 le toque a otro partido», dijeron a LPO fuentes rionegrinas.

    Antes de que pudiera abrirse la discusión, Glenda Cohen, quien debía suceder a Almonacid, presentó su «renuncia irrevocable» a la banca. El siguiente en la lista es Lucas Pérez, pero ya no pertenece a Juntos Somos Río Negro, el partido del gobernador, sino que adhirió a Creo, el partido que lidera Aníbal Tortoriello, aliado con los libertarios.

    La falta de afinidad ideológica es el argumento de JSRN para pedir que no asuma, pero también tienen bajo la manga una causa por venta de licencias de conducir truchas que lo tuvo como involucrado.

    Si JSRN logra apartar a Pérez, la próxima en asumir sería una dirigente jubilada, que no desea renunciar a su pensión. El último titular es Claudio Otano, qué sí pertenece a JSRN y no está jubilado, pero está alineado con Gustavo Gennuso, el ex intendente de Bariloche que en los últimos meses se alejó del gobernador.

    Con seguridad, JSRN podría aportar dos votos, a los que se sumarían otro dos del PUL, el partido del intendente: el tercero de sus integrantes, Tomás Hercingonja, salió a criticar el proyecto. Comerciante barilochense, prometió no votar la iniciativa que podría traer graves dificultades a los locales del centro. El PRO aportaría un voto a la iniciativa que sumaría cinco escaños.

    Del otro lado, Facundo Villalba, Leandro Costa Brutten, Julieta Wallace y Roxana Ferreyra ya anticiparon su rechazo.

    El proyecto

    En lo que se conoce como 1200m, en la línea de la actual aerosilla Cóndor habrá un hotel de lujo y ya visitaron el cerro enviados de importantes cadenas hoteleras para evaluar las posibilidades. Según fuentes al tanto del proyecto, Alberto Surace es el encargado de atraer a los inversionistas interesados. Se trata de un empresario ligado a la construcción y a concesiones viales y aeropuertos.

    Muy cerca del futuro hotel, sobre el reservorio de agua que se utiliza para generar nieve artificial, el concesionario buscaría hacer un loteo vip.

    En el estacionamiento sur de la base se instalaría otro de los loteos. Capsa propuso mudar el estacionamiento gratuito al actual puesto de la policía, ubicado a varios kilómetros. Además, en la zona conocida como Chapelquito se ubicaría otro desarrollo residencial.

     

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    ¿Defensa industrial o gesto geopolítico? el Gobierno abre una investigación antidumping contra China

     

    La Secretaría de Industria y Comercio abrió una investigación por presunto dumping en lavarropas importados desde China. Aunque el expediente se apoya en datos técnicos sólidos, la decisión despierta una pregunta inevitable: ¿protección de la industria nacional o señal política hacia Estados Unidos en medio de la presión de Donald Trump para aislar a Beijing?

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    El Gobierno nacional dispuso la apertura de una investigación antidumping contra las importaciones de lavarropas de origen chino, a partir de un pedido de la empresa Drean S.A.. La medida, formalizada a través de la resolución 10/2026 del Ministerio de Economía, se apoya en informes técnicos que detectan precios artificialmente bajos y una amenaza concreta de daño a la producción local.

    Sin embargo, en el contexto político actual, la decisión no puede leerse de manera aislada ni ingenua. Mucho menos cuando proviene de una administración que ha demostrado escaso interés en defender la industria nacional y que ha hecho del alineamiento automático con Estados Unidos una de sus banderas internacionales.


    Dumping probado y una amenaza en ascenso

    Desde el punto de vista técnico, el expediente es consistente. La Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) determinó la existencia de un margen de dumping del 10,43 % en las exportaciones chinas de lavarropas hacia la Argentina. En términos simples, los productos ingresan al país a precios más bajos que los considerados normales, incluso por debajo de los valores del propio mercado chino.

    Al mismo tiempo, la CNCE aclaró que todavía no existe un daño importante consumado a la industria nacional. Las dificultades atravesadas por la empresa solicitante se explican, en buena medida, por la caída del consumo interno y no exclusivamente por el ingreso de importaciones.

    El problema aparece cuando se observa la dinámica reciente. China pasó de representar el 50 % del total importado en 2022 al 66 % en 2024, y durante los primeros nueve meses de 2025 los envíos hacia la Argentina se dispararon un 590 %. La amenaza ya no es teórica: es estadística.


    Precios bajos, stocks acumulados y presión futura

    China no es un actor más en el comercio global. Concentra casi la mitad de las exportaciones mundiales de lavarropas, posee una capacidad productiva descomunal y enfrenta medidas antidumping en otros mercados relevantes. En ese contexto, la Argentina aparece como un destino cada vez más atractivo para colocar excedentes a bajo precio.

    La CNCE detectó además que los lavarropas chinos ingresaron al país a precios inferiores a los nacionales, incluso luego de su nacionalización. Esa subvaloración presiona directamente sobre la industria local, que compite en condiciones claramente desiguales.

    Más inquietante aún es otro dato del informe: más del 60 % de los lavarropas importados desde China en 2025 no se vendieron, sino que quedaron acumulados como stock. Esto sugiere una presión latente sobre el mercado interno, con riesgo de caída de precios y deterioro de la producción nacional en el corto plazo.


    Milei, Trump y el trasfondo geopolítico

    Hasta aquí, los datos técnicos. Pero la política nunca es neutra.

    La apertura de la investigación se produce en un momento en el que Donald Trump vuelve a presionar a terceros países para que limiten su vínculo comercial con China, y cuando el Gobierno argentino busca respaldo externo, financiamiento y aval político. En ese marco, activar un expediente antidumping contra China resulta funcional: no implica ruptura ni sanción inmediata, pero envía una señal clara.

    La paradoja es evidente. Un Gobierno que promueve la apertura importadora, la desregulación y el repliegue del Estado termina habilitando una herramienta clásica de defensa del mercado interno. No lo hace desde un discurso industrialista ni desde la protección del empleo, sino desde una combinación de obligación técnica y conveniencia política.

    La pregunta que queda flotando es incómoda: si el caso no involucrara a China, y si no existiera este contexto geopolítico, ¿la investigación se habría abierto igual? La experiencia reciente invita a dudar.

     

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