Emilio Pérsico quiere presentar una lista propia en la interna del PJ bonaerense y le mete ruido a la pelea entre La Cámpora y los intendentes que respaldan a Axel Kicillof.
Tres dirigentes del Movimiento Evita se presentaron en las últimas horas en la Junta Electoral para exigir una boleta para Mariel Fernández, la intendenta de Moreno.
Fuentes del Movimiento Evita dijeron a LPO que la Junta Electoral del PJ no quiere entregar el token que les dan a los apoderados para presentar lista. Esa es la primera de una serie de maniobras con las que creen que buscarán impugnar la boleta de Mariel.
Es un escenario similar al que padeció el riojano Ricardo Quintela cuando osó enfrentar a Cristina Kirchner a fines de 2024. El gobernador finalmente fue inhabilitado para competir y, tras amenazar con una apelación en la Cámara Electoral, se terminó bajando de la pelea.
Mariel Fernández junto a Mayra Mendoza, Axel Kicillof y Teresa García.
«Si llegamos hasta la elección los ponemos en jaque», dijeron a este medio en el Evita. «Y si les ponemos un fiscal en cada mesa, van a tener que ir a la elección», enfatizaron. Mientras La Cámpora y el MDF de Kicillof disputan por el padrón del partido, el sector de Pérsico pide competir en una interna abierta.
Kicillof ya fue informado de esta jugada, aunque en el Evita dicen que no se quiere meter. «Todos los gobernadores son presidentes del PJ, si Axel no quiere ser, cualquiera puede ser», dijeron a LPO en el movimiento.
Como anticipó LPO, la vicegobernadora Verónica Magario aparece como la principal candidata de Kicillof para presidir el partido. La presidenta del Senado se mantiene hiper activa. Acompaña a Kicillof en cada reunión política y de gestión en la Costa bonaerense y recibe en La Plata a referentes del peronismo.
«Es lo mismo de siempre, no convocan a todo el mundo y eligen el candidato en una pieza», protestan en el Evita.
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El peronismo activó los primeros movimientos para voltear el DNU de la SIDE aunque todavía no tenga claro cómo ni cuándo concretarlo. Una diputada meticulosa le dijo a LPO que el Congreso «puede tratar de oficio el DNU», una vez que pasen los 10 días hábiles desde que la Jefatura de Gabinete mande el decreto al parlamento, aunque Martín Menem y Victoria Villarruel no hayan conformado las comisiones correspondientes para emitir dictamen.
El diputado Germán Martínez presentó este viernes, después del mediodía, una nota formal a Menem para que constituya la Comisión Bicameral de Inteligencia y la de Trámite Legislativo, que es la que puede dictaminar a favor o en contra del DNU 941/25, el que convierte al organismo que preside Cristian Aguadra en una «policía secreta» y habilita la persecución y el espionaje total de la ciudadanía. «Ambas comisiones deben abocarse al inmediato tratamiento del decreto», expresó el santafecino.
La jugada del jefe de la bancada peronista es un paso obvio pero crucial para lo que pueda suceder en los próximos días. Si el riojano se niega a conformar las comisiones después de ese reclamo de Martínez, que se suma al del interbloque de Provincias Unidas, podría quedar a tiro de una denuncia por incumplimiento de deberes, explicaron a LPO fuentes de Fuerza Patria.
Por su parte, un grupo de legisladores peronistas presentaron un proyecto de resolución para rechazar el decreto bajo el argumento de que «introduce una alteración sustancial del sistema democrático al otorgar a la SIDE facultades coercitivas incompatibles con el orden constitucional y el principio republicano de división de poderes». La iniciativa fue presentada por la diputada Lorena Pokoik, junto a los diputados Eduardo Valdés, Santiago Cafiero, Roxana Monzón, Nancy Sand, Pablo Todero, Andrea Freites, Hilda Aguirre, Ana María Ianni, Sabrina Selva, Martín Aveiro, Jorge Araujo y Carlos Cisneros, entre otros.
Por lo demás, lo que se conversaba entre peronistas y pichettistas al cierre de esta nota era la posibilidad de colar en recinto el tratamiento del DNU cuando el gobierno retome la agenda legislativa para impulsar la reforma laboral, la iniciativa que Patricia Bullrich debió suspender hasta febrero por falta de apoyo en el Senado. «¿Y si el gobierno no convoca a extraordinarias? Es mejor negocio para Milei dilatar la reforma y espiarnos a todos», dijo a LPO una legisladora incómoda ante la aparente parsimonia peronista.
Más allá del vértigo, el reglamento de la ley 26122, la que impulsó Cristina Kirchner en 2005 y que el Senado no pudo modificar en 2025 después de la media sanción de Diputados, habilita a las dos cámaras a tratar un decreto después de los 10 días de su llegada al Congreso. En este caso, Manuel Adorni debería remitir el DNU al parlamento, como máximo, al cumplirse 10 días de su publicación en Boletín Oficial.
De hecho, el artículo 18 de aquella ley prescribe que la Bicameral trate el DNU de oficio si el Jefe de Gabinete no manda el decreto dentro del plazo estipulado. Los integrantes de la comisión de DNU tendrán, a partir de ese momento, otros 10 días para dictaminar.
Lorena Pokoik, en Diputados.
En tanto, el artículo 20 de esa norma establece que «vencido ese plazo sin que la Comisión Bicameral Permanente haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto». A eso se refirió el ex ministro de Defensa y ex titular de la AFI, Agustín Rossi, cuando admitió en declaraciones a Radio 10 que «se está conversando con los bloques para poder llevarlo al recinto, pero eso tiene plazos legales».
Un diputado peronista asumió ante LPO que «todavía no está clara la estrategia del bloque». Aunque delegaba esa tarea en las autoridades de la bancada, se quejó de que hubiera «declaraciones pero nada más».
El DNU introduce una alteración sustancial del sistema democrático al otorgar a la SIDE facultades coercitivas incompatibles con el orden constitucional y el principio republicano de división de poderes.
Hasta Sergio Massa había circulado entre los legisladores del Frente Renovador un texto de pomposos bullet para intervenir en el ágora de Twitter, según comentaron en el bloque de Martínez.
Hay, sin embargo, una zona gris para los que están debatiendo el camino a seguir dentro del peronismo. La oposición cree que tiene el número para voltear el decreto pero también presume que Menem puede neutralizar su pelea por abrir el recinto, razón por la cual también existe la chance que alguna organización tramite un amparo ante el Poder Judicial frente a la afectación de garantías constitucionales.
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La empresa tecnológica que lideró el mundo de las startups como modelo de una nueva era donde el conocimiento y el desarrollo científico irrumpían en el mercado y llegaban a la cúspide para cotizar en Nasdaq arrastra una deuda millonaria que se calcula entre los 30 a los 80 millones de dólares.
La situación llevó al holding Bioceres S.A. a zona crítica que podría derivar en la quiebra de la firma. Fuentes del mercado señalaron a LPO que la tecnológica integra una compleja red de empresas controlantes, subsidiarias y asociadas donde se mezclan inversores crypto de dudosa solidez y referentes de los nuevos mercados.
Según fuentes del agro señalaron que Bioceres Crop Soluciones (BIOX) y Rizobacter que son las que cotizan en Nasdaq, se escindieron de todo ese entramado cuando en 2024 el holding inició un proceso de reestructuración accionaria.
Mientras que BIOX se habría quedado con los principales desarrollos biotecnológicos como el trigo resistente a la sequía HB4, Bioceres S.A., que contaba con estructura accionaria propia, dejó de ser la controladora de BIOX y vendió sus títulos.
A partir de allí apareció Juan Sartorio, yerno de un magnate ruso y ex candidato a presidente de Uruguay. En el país vecino se lo señala como un oscuro zar de las criptomonedas que desde el arribo de Milei hizo sus inversiones en Argentina. Tiempo atrás compró Adecoagro y ahora quiere quedarse con el 50 por ciento de las acciones de YPF en Profertil, la mayor productora de fertilizantes del país.
Juan Sartori fue candidato a presidente de Uruguay pero perdió la interna con Lacalle Pou
En Bioceres SA, Sartori puso al frente a Alejandro Antalich. El CEO tambíen es uruguayo y estuvo vinculado al desarrollo de las empresas agrotecnológicas de cannabis que convirtieron al país vecino en productor líder durante los años del Frente Amplio desde la legalización de la marihuana.
Lo cierto es que ahora el default por 5 millones de dólares que encendieron las alarmas el año pasado se convirtió en un rojo que asciende a 35 millones de dólares y hay quienes dicen que esa deuda podría duplicarse lo cual amenaza a Bioceres S.A. con la quiebra.
La tormenta arrastró a todos los activos vinculados y las acciones de BIOX sufrieron un derrumbe impactante que hizo que se borrara la esperanza de que se convirtiera en uno de los unicornios locales más importantes.
Según publicó LPO, desde su pico histórico en 2021/2022, cuando su valuación bursátil superaba los USD 900 millones y sus acciones cotizaban a cerca de USD 15,70, se desplomó más de un 90% y hoy sus papeles rondan los USD 1,70, con una capitalización inferior a los USD 110 millones, como anticipó Bloomberg Línea.
En la primera mitad del 2025, Bioceres reportó ingresos por USD 75 millones, un 40% menos que lo proyectado; una pérdida operativa de USD 15 millones y un resultado neto negativo de USD 48 millones que derivaron en la profunda crisis financiera.
En el grupo ya hablan de un pedido de quiebra que la justicia definirá los límites de cada responsable de una compleja red de sociedades y firmas subsidiarias y dirá si Bioceres se trató de un jugador de peso en las nuevas industrias que prometían tallar una nueva era del capitalismo global u otro fiasco como tantos que aprovecharon las sombras de los éxitos del Silicon Valley.
