Un nuevo mapa para el patio trasero

 

Es el día después de la captura de Nicolás Maduro. Donald Trump da una breve entrevista telefónica a The Atlantic. No deja lugar a dudas: lo de Venezuela no abre una transición democrática. Tampoco reconoce a Delcy Rodríguez como autoridad real. “Nosotros estamos a cargo”. El presidente de Estados Unidos fija el marco: Venezuela es un protectorado donde el petróleo, las carreteras, los puentes, las elecciones y hasta el ritmo de la violencia quedan bajo la órbita de Washington. Llama al hemisferio occidental “nuestro patio trasero”, promete “arreglar países rápido”, imponer “acceso total” a recursos estratégicos y advierte que quien no obedezca enfrentará algo “peor” que Maduro. 

Trump habla desde su club de golf en West Palm Beach, de excelente humor, y le aclara al periodista que Venezuela puede no ser la última intervención estadounidense. “Necesitamos a Groenlandia”, dice sobre la isla que pertenece a Dinamarca, aliado de la OTAN. El día anterior había amenazado a los presidentes de Colombia, México y Cuba. No mencionó en ningún momento a China. Ese es el significante ausente, lo real no dicho: con Trump no hay medias tintas; cuando no nombra algo, es porque ahí está el corazón del asunto.

En su primer año de regreso a la Casa Blanca, Trump desplegó en América Latina una política exterior pendenciera a cielo abierto y sin tapujos. Espectacularidad punitiva, disciplinamiento a países, tutelajes a aliados presentados como recompensas, acuerdos precarios y de servilleta y alineamientos forzados. Impuso aranceles a México mientras exigía control de su política migratoria e intervención militar contra los cárteles; recibió a Nayib Bukele en la Casa Blanca que acogió a los inmigrantes deportados en sus cárceles; endureció sanciones y aranceles a Nicaragua; castigó a Brasil con aranceles y sanciones contra el juez Alexandre de Moraes del Tribunal Supremo Federal —luego retiradas— mientras negoció alivios a cambio de acceso a minerales críticos; en Honduras indultó a Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a prisión perpetua por narcotráfico, y respaldó abiertamente al candidato opositor Nasry Asfura que hoy es presidente electo.

La lista continúa. Exigió a Panamá la salida de empresas chinas del Canal tras amenazar con anexarlo; retiró el reconocimiento a Colombia como socio en la “guerra contra las drogas” y sancionó al presidente Gustavo Petro; en Argentina otorgó un rescate financiero estratégicamente sincronizado para respaldar a Javier Milei antes de las elecciones legislativas; activó un bloqueo petrolero contra Venezuela con impacto directo sobre Cuba, a la que volvió a designar “Estado patrocinador del terrorismo”. Y el 3 de enero, tras 35 ataques previos a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico que dejaron 115 ejecuciones extrajudiciales, ordenó el primer bombardeo estadounidense contra un país sudamericano, Venezuela, y capturó a Maduro. El emblema Nuestro hemisferio sintetiza el ideal y el proyecto: una región de Estados vasallos gobernados por premios, castigos y tutela directa de Washington.

El siglo XIX como manual para gobernar el XXI

Este ejercicio descarnado del poder de Trump tiene una inspiración. “Todo se remonta a la Doctrina Monroe. (…) Ahora la llaman el Documento Donroe”, señaló  en la conferencia de prensa del 3 de enero. El paso de Monroe a Donroe no es un simple juego verbal, sino el síntoma de algo más profundo: el llamado “Corolario Trump” no revive la doctrina proclamada en 1823 por el presidente James Monroe, la desfigura y la amplifica, revelando la fascinación del presidente por la política exterior estadounidense del siglo XIX y su creencia de que aquel mundo de esferas de influencia rígidas y jerarquías imperiales puede ser restaurado en pleno siglo XXI.

La Doctrina Monroe, enunciada dos siglos atrás como una advertencia defensiva y preventiva frente a la posible recolonización europea en un contexto de tensiones con Rusia en el noroeste de América del Norte, la restauración monárquica impulsada por la Santa Alianza y el temor a que esas potencias extendieran su control sobre una América Latina recién independizada, fue durante décadas más una declaración simbólica que una política ejecutable. Cuando el Reino Unido ocupó las Islas Malvinas en 1833 violó esta doctrina –pese a las protestas de Argentina— y Estados Unidos se limitó a observar, dejando que Londres consolidara su control.

Tras la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898 y, sobre todo, a partir del bloqueo europeo a Venezuela en 1902, Washington pasó de intentar evitar interferencias externas a arrogarse el derecho de intervenir activamente para “corregir” a los países de la región. Este giro se cristalizó en el Corolario de Teodoro Roosevelt de 1904, que legitimó la intervención militar ante “conductas incorrectas” o incumplimientos financieros, convirtió a Estados Unidos en gendarme hemisférico, abrió la puerta a más de treinta intervenciones entre 1898 y 1934, se enlazó con el mito del destino manifiesto —la creencia de que Washington está destinado a una expansión continental y a dominar el hemisferio entero—, y transformó la vieja advertencia a Europa en un dispositivo ofensivo de tutela y disciplinamiento regional, frente al cual surgieron respuestas como la doctrina Drago en defensa de la soberanía latinoamericana (1).

Trump recicla el mismo espíritu de cruzada (2). Admira al Corolario Roosevelt, pero adaptado a la competencia con China: América Latina es un espacio donde Estados Unidos debe impedir la expansión de un rival estratégico. Es una versión contemporánea del “América para los norteamericanos”, ahora formulada como “el hemisferio es parte de nuestra seguridad nacional”. En la nueva Estrategia de Seguridad Nacional —publicada en diciembre de 2025—, la región aparece más subordinada que nunca a la rivalidad con China: no es prioritaria por sí misma, sino por su valor económico, energético, migratorio y geopolítico para sus competidores. El lenguaje de democracia y derechos humanos se desvanece y es reemplazado por una gramática de ventaja económica, control de recursos estratégicos, seguridad fronteriza y alianzas transaccionales. Frente a otros documentos de las últimas décadas, la versión 2025 es abiertamente mercantilista, unilateral y jerárquica: América Latina ya no es un socio a promover, sino una frontera inmediata de seguridad nacional.

Respecto del ciclo Clinton–Obama, el quiebre es triple: primero, una desideologización liberal que sepulta el discurso de “valores compartidos”; segundo, el reemplazo de la cooperación por el transaccionalismo condicionado, donde Washington premia a los países “capaces y confiables” que abran mercados y recursos; tercero, la regionalización de la competencia con China, que convierte cada iniciativa latinoamericana en un test de alineamiento —si favorece o limita la penetración china en tecnología, energía, minerales críticos o puertos—. De allí se desprenden tres prioridades: contener y desplazar la influencia china en sectores estratégicos (infraestructura, 5G, minerales, energía); reconfigurar los vínculos económicos en favor de empresas estadounidenses, mediante acuerdos bilaterales de nearshoring (relocalización de cadenas de valor dominadas por Washington y definidas por proximidad geográfica) y energía; y blindar la seguridad interna, reforzando control migratorio y presión sobre gobiernos considerados inestables u hostiles. No hay ambición de reconstruir instituciones regionales ni de revitalizar la cooperación: el nuevo esquema apuesta a alineamientos selectivos, puntuales y transaccionales, instrumentalizando antagonismos en la región y obstruyendo mecanismos regionales autónomos —como la CELAC— para sostener la hegemonía hemisférica.

Trump se propone tejer una red de subordinados regionales —gobiernos MAGA o no MAGA— dispuestos a habilitar la injerencia en sus políticas internas para alinearlas con los intereses estadounidenses. La estrategia premia a gobiernos, partidos y movimientos que aceptan este marco y no descarta pactos instrumentales con actores ideológicamente disímiles si garantizan control territorial, seguridad y cadenas de valor. La prioridad ya no es la democracia, sino una estabilidad “cómoda y tolerable” y la disciplina geopolítica del patio trasero frente a China. 

En paralelo, impulsa un repliegue militar global para concentrarse en el hemisferio, refuerza la Marina y la Guardia Costera y pone en operación un comando hemisférico de facto y unificado en reemplazo del Comando Sur. Despliega por primera vez casi un tercio de su flota naval en el Caribe para atacar embarcaciones supuestamente “narcoterroristas” en el Pacífico y el Caribe; aplica diplomacia económica con acuerdos basados en premios y castigos para relocalizar cadenas de valor y favorecer a empresas estadounidenses y bloquear competidores; y multiplica intercambios de defensa que incluyen ventas de armas, inteligencia y coordinación sobre políticas migratorias y de seguridad. 

En conjunto, el Corolario Trump redefine a América Latina como un “espacio tutelado”, subordinado a la preeminencia de Estados Unidos, erosionando el principio de igualdad soberana: reconoce el fin del momento unipolar, asume que Washington ya no puede —ni quiere— ser hegemón global y opta por una hegemonía hemisférica explícitamente transaccional.

¿El retorno de las esferas de influencia?

En una reciente investigación, Bradley Nelson (2025) señala que la política exterior de Trump se apoya en las esferas de influencia, entendidas como regiones, o partes de regiones, en las que las grandes potencias ejercen una influencia significativa —diplomática, económica y militar— sobre las políticas exteriores de otros Estados y, en ocasiones, sobre sus procesos internos. Las grandes potencias buscan estas esferas por los beneficios estratégicos que proporcionan o potencian, como recursos, materias primas, zonas de amortiguamiento, capacidades de proyección de poder y seguridad. (3)

Nelson sostiene que la Casa Blanca persigue activamente una doctrina de predominio estadounidense en el hemisferio occidental, al tiempo que se retrae de la mayor parte del resto del mundo, cediendo esas áreas al expansionismo de Rusia y China, a cambio de relaciones bilaterales más calmas. El efecto es que Estados Unidos debilita y abandona el orden occidental surgido tras la Segunda Guerra Mundial, que dio lugar a numerosas instituciones, normas y reglas internacionales y que ayudó decisivamente a sostener dicho sistema, en favor de un mundo tripolar —Estados Unidos, Rusia y China— dominado por el poder, la fuerza y la coerción.

Según esta lógica, Estados Unidos reclama exclusividad sobre el hemisferio occidental —Rusia y China no se meten en Venezuela— y, a cambio, asume implícitamente que no intervendrá directamente en los espacios vitales de sus rivales —Ucrania para Rusia, Taiwán para China—, un esquema en el que cada gran potencia aspira a ser hegemón regional y a impedir que otros lo logren. América Latina se configura así como el área de influencia natural de Estados Unidos, equivalente a lo que Rusia reclama en Eurasia o China en su periferia marítima. Aunque la idea parece sencilla, resulta paradójica: se trataría de un trueque geopolítico de esferas que se perciben como territorios cerrados en un mundo globalizado, atravesado por redes económicas, tecnológicas y financieras interdependientes.

La Nueva Estrategia de Seguridad Nacional (NES) de 2025 plasma estas prioridades, situando al Hemisferio Occidental en el epicentro de atención. Allí, el discurso oficial apunta a drogas y migración, pero la preocupación real es China, incluso más que Rusia, mientras se minimiza el apoyo directo a los aliados europeos. Aunque el documento no lo diga, este reordenamiento encaja con la tesis del académico realista John Mearsheimer en The Tragedy of Great Power Politics (2001): Estados Unidos es el único hegemón regional de la historia y busca impedir que otras grandes potencias dominen sus propias regiones, lo que establece un orden de prioridades: primero el Hemisferio Occidental, luego Indo-Pacífico, después Europa, más lejos Oriente Medio y, al final, África (4).

En coherencia con este marco, la NES exige restaurar la “preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental” y bloquear cualquier intento de competidores extrahemisféricos de controlar activos estratégicos: el hemisferio es “nuestro” y Estados Unidos se reserva el derecho exclusivo de protegerlo. En el Indo-Pacífico, China se reconoce como rival sistémico, pero su contención se plantea como una responsabilidad compartida, presionando a Japón, Corea del Sur, Taiwán, Australia e India para aumentar gasto militar y cooperación. De este modo, la NES no describe, como hacía Mearsheimer, una posición de poder ya consolidada, sino que prescribe cómo debería mantenerse. Sin embargo, no pareciera que este diseño de hegemonía hemisférica rígida, combinado con la externalización de costos en Asia y Europa, pueda sostenerse en un mundo cada vez más policéntrico y post-occidental.

Como reconoce el propio Mearsheimer, su tesis, el “realismo ofensivo”, no es una creación propia: sus raíces se remontan a la Primera Guerra Mundial y a G. Lowes Dickinson, cuando la disciplina de Relaciones Internacionales surge al calor de la Liga de las Naciones. Parte de la premisa de un sistema internacional anárquico, en el que todos los Estados poseen capacidades ofensivas, desconocen las intenciones de los demás y priorizan la supervivencia, lo que los impulsa racionalmente a maximizar su poder relativo. Predomina así un sesgo revisionista: las potencias insatisfechas tienden a iniciar conflictos porque quienes ganan pueden aspirar a la hegemonía. De esta lógica se deriva que el objetivo óptimo sea convertirse en hegemón regional e impedir que otros lo logren, mediante guerra preventiva y control de esferas de influencia, entre otras herramientas. El conflicto no aparece como una anomalía moral, sino como una consecuencia estructural del sistema (5).

Esta doctrina del control de esferas de influencia surge primero como práctica histórica de las grandes potencias y luego se teoriza en el marco del realismo clásico de Hans Morgenthau y el realismo ofensivo de Mearsheimer. Su origen moderno se remonta al siglo XIX, cuando imperios europeos y Estados Unidos comienzan a dividir el mundo en zonas de primacía reconocida: el Concierto de Europe tras 1815, la Doctrina Monroe en 1823, la expansión británica en el Índico y el reparto colonial de África en Berlín en 1884-85. Estas esferas no eran sólo territoriales, sino que implicaban control político, financiero, comercial y militar, bajo la premisa de que cada gran potencia debía contar con un “espacio vital” libre de rivales. Durante la Guerra Fría, esta práctica se institucionaliza: el bloque soviético en Europa del Este y la hegemonía estadounidense en el hemisferio occidental son ejemplos canónicos de esferas de influencia reconocidas de facto.

Para América Latina, el regreso de esta biblia realista ofensiva significa aceptar que no hay lugar para la autonomía de los estados más débiles, ni para el multilateralismo ni para el derecho internacional que pudiera protegerlos. De acuerdo con Mearsheimer, “a Estados Unidos le conviene ser la única potencia hegemónica regional del mundo. No queremos que ningún otro país domine su continente, porque así podrían incursionar en el nuestro sin preocuparse por la geopolítica de su entorno”. Rige entonces la ley del más fuerte.

El precio de una doctrina mal envejecida

Aunque Trump pareciera actuar sin freno, la doctrina de las esferas de influencia enfrenta hoy límites estructurales. Su eficacia se reduce porque el orden internacional ya no es solo territorial, sino económico, tecnológico y planetario: las cadenas de suministro globales y la digitalización hacen casi imposible “cerrar” una región frente a un actor externo. A esto se suma la falta de reconocimiento mutuo global: Estados Unidos no respeta la “zona de seguridad” rusa, China no acepta la primacía estadounidense en su periferia marítima y Washington rechaza la presencia china en América Latina. Sin este acuerdo tácito, la doctrina funciona de manera unilateral, generando fricciones y rivalidades más que estabilidad. La estrategia de Trump combina la herencia de la Doctrina Monroe con la lógica moderna de esferas de influencia, pero aplicada a un mundo donde las “zonas exclusivas” son disputadas, porosas y difíciles de sostener; por eso, su viabilidad práctica resulta, en el mejor de los casos, severamente limitada.

Por otro lado, existen costos inevitables. Mantener a las grandes potencias fuera del hemisferio occidental es complicado: varios gobiernos latinoamericanos pueden buscar cooperación con China, Rusia u otras potencias, aún sin intenciones de desafiar la hegemonía estadounidense. Concentrar recursos en dominar América Latina podría limitar la capacidad de Estados Unidos para contrarrestar rivales en otras regiones y generar resentimiento regional. La estrategia corre el riesgo de transformarse en un auténtico pantano estratégico, donde la búsqueda de estabilidad sin incentivos —“accesos sin zanahoria”— ni consensos termina por socavar la propia preeminencia de Estados Unidos.

Si bien las potencias buscan estas zonas para protegerse de rivales cercanos, la lógica clásica puede generar dilemas de inseguridad, efectos de escalada, división de bloques enfrentados, alineamientos cruzados y antagonismos irreconciliables. La concepción tradicional de esfera, pensada como control territorial, se ve tensionada por una globalización fragmentada que limita la legitimidad de cualquier intento de dominio exclusivo. Se trata de una doctrina mal envejecida, estructuralmente insuficiente para sostener una cruzada eficaz contra China en el siglo XXI. La interdependencia económica erosiona la lógica territorial clásica. A diferencia de la Guerra Fría, China no necesita bases militares en el hemisferio occidental para influir: controla nodos críticos de comercio, financiamiento, tecnología e infraestructura a través de cadenas de valor globales. Las esferas concebidas como zonas geográficas cerradas resultan inoperantes frente a redes transnacionales de producción, finanzas y datos.

Además, la doctrina sobrestima la coerción unilateral. Parte de la premisa de que un hegemón regional puede excluir rivales de su área vital, pero hoy los Estados medianos tienen mayor margen de maniobra que en el siglo XIX o la Guerra Fría; México, Brasil, Argentina, Colombia o Chile pueden diversificar alianzas y negociar entre potencias rivales, practicando diplomacia de “hedging” (cobertura) o de equilibristas con agencia propia, aprovechando oportunidades de ambas potencias. Exige más de lo que puede, pues padece de un déficit de legitimidad: la doctrina presupone obediencia, pero en contextos democráticos, poscoloniales y policéntricos, donde la imposición externa genera resistencia, desgaste de élites aliadas y costos reputacionales crecientes.

En suma, se trata de una práctica que privilegia el poder duro y subestima el poder blando y la gobernanza. China compite no solo con coerción, sino con financiamiento, infraestructura, transferencia tecnológica, promesas de desarrollo y respaldo a espacios multilaterales; la mera negación de accesos no genera alternativas creíbles ni reemplaza el atractivo estructural de Pekín. La lógica de la hegemonía regional asume, además, que Estados Unidos puede replegarse sobre su hemisferio y externalizar costos en otras regiones, cuando la competencia con China es sistémica y simultánea: atraviesa Asia, América Latina, África, Europa y el ciberespacio. En este contexto, no existe “retaguardia segura” en un orden global poblado por actores estatales y grandes empresas tecnológicas con alcance transnacional y con riesgos de escala planetaria.

La cruzada estadounidense contra China no fracasa por falta de voluntad geopolítica, sino porque intenta librarla con manuales del siglo XIX y buena parte del XX —inflación de amenazas, intervenciones cruentas, tutelajes y ahora bombardeos, invasiones e imposición de protectorados— frente a un competidor que opera con redes, interdependencias y penetración capilar del siglo XXI. Resulta casi irónico que, al seguir al pie de la letra el manual del realismo ofensivo —mantener a Estados Unidos como amo absoluto del hemisferio occidental y vigilante de que ningún rival domine otra región—, Washington acabe atrapado en su propio pantano, incapaz de cumplir cualquiera de las dos metas.

  1. Luis María Drago, canciller de Argentina entre 1902 y 1903 durante la presidencia de Julio Argentino Roca, formuló en respuesta al bloqueo naval de Gran Bretaña, Alemania e Italia en 1902-1903 a Venezuela: sostenía que ningún país extranjero podía usar la fuerza para cobrar deudas soberanas en la región, defendiendo así la soberanía latinoamericana frente a potencias extranjeras.
  2. Malacalza, B. (2025). Las cruzadas del siglo XXI: Cómo la colosal disputa entre China y Estados Unidos está transformando América Latina (y nosotros no nos enteramos). Siglo XXI Editores.
  3.  Nelson, B. (2025). Donald Trump’s Spheres of Influence Strategic Doctrine. Journal Of Global Strategic Studies: Jurnal Magister Hubungan Internasional, 5(1), 1-27.
  4. Katz, M. N. (2025, 19 de diciembre). The Mearsheimer logic underlying Trump’s National Security Strategy. E‑International Relations. 
  5. Ulloa, A. (2021). Realismo estructural. En J. A. Schiavon et al. (Eds.), Teorías de las relaciones internacionales en el siglo XXI. México, CIDE.

La entrada Un nuevo mapa para el patio trasero se publicó primero en Revista Anfibia.

 

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    El diputado Guillermo Michel alertó este sábado sobre un tajo de USD 3000 millones que la reforma laboral produciría en los recursos de Anses, a través de la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que el gobierno busca crear para el pago de indemnizaciones por despidos. El recorte agudizaría la crisis del sistema previsional argentino, producto del crecimiento de la informalidad laboral y el peso de la relación desequilibrada entre la cantidad de jubilados con cobertura previsional y el total de la población económicamente activa que realiza aportes en el sistema solidario de reparto.

    La gentileza de los impulsores del proyecto con las empresas recorta un 3 por ciento sobre las contribuciones patronales y las obliga a colocar esa suma de dinero en agencias habilitadas por la CNV, dando lugar al surgimiento de minis AFJP.

    PLos empleadores con más de 100 empleados registrados pagan 20 por ciento de la masa salarial por aportes, mientras que las firmas con menos de 100 trabajadores tributan un 18 por ciento. Como la iniciativa parlamentaria de Javier Milei y Federico Sturzenegger propone una poda «plana» sobre todos los rubros, sin distinción por magnitud del empleador, el legislador entrerriano estimó que Ansés perdería USD 3000 millones.

    En efecto, entre los artículos 58, 59 y 60 se establece el modo en que se constituye el fondo, al tiempo que el artículo 76 deja en claro que el invento no supone un incremento en las contribuciones patronales. «Los empleadores tendrán una reducción de TRES (3) puntos porcentuales en la contribución patronal con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Nº 27.541 y sus modificatorias», dice la ley.

    ¿Quién paga la baja de impuesto a las ganancias de las grandes empresas? 

    Por eso, Michel plantea que «para financiar el FAL, se desfinancia el Sistema de la Seguridad Social».

    El diputado peronista consigna que, según datos de Seguridad Social, hasta agosto de este año había «437.587 empleadores -el 84% del total- que tienen registrados hasta 10 empleados». Ese conjunto totaliza 1.197.094 trabajadores formalizados, el 18% de los registrados.

    Además, «hay 9.516 empleadores (el 1,82% del total) que registran más de 100 empleados pero que concentran el 50% del empleo registrado, es decir 3.290.182 trabajadores», apunta Michel. «El 1,8 por ciento de las empresas concentra el 63 por ciento de los empleados», agrega.

    Para financiar el FAL, se desfinancia el Sistema de la Seguridad Social. Hay 9.516 empleadores (el 1,82% del total) que registran más de 100 empleados pero que concentran el 50% del empleo registrado, es decir 3.290.182 trabajadores.

    Esa discriminación habilita la inquietud acerca de qué sector se beneficia más con la ley que cuyo tratamiento el gobierno debió postergar por el fracaso legislativo del miércoles pasado en la Cámara de Diputados, con el presupuesto. «El sueldo promedio de los trabajadores que trabajan en empresas chicas, es decir de hasta 10 empleados, es de $ 1 millón. En cambio, en las empresas que emplean 100 o más empleados el sueldo promedio mensual es de $ 2,2 millones», señaló Michel en un documento de trabajo al que accedió LPO.

    Pero el sueldo promedio es más alto a medida que se escala en la pirámide empresarial por cantidad de empleados. En las empresas con más de 1500 empleados, y hasta 2500, el salario promedio es de $2,4 millones pero en las que acreditan entre 2500 y 5000 es de $2,5 millones y en las de más de 5000 es de $3,3 millones.

    Por eso, la información pública disponible en el registro de Seguridad Social indica que el 37% de la masa salarial lo aportan empresas con hasta 100 empleados y que el 63% restante, empresas con más de 100 empleados. «Estos empleadores son los que más aprovechan la reducción de 3 puntos porcentuales de las contribuciones para financiar sus futuras indemnizaciones», asegura el diputado.

    Empleadores son los que más aprovechan la reducción de 3 puntos porcentuales de las contribuciones para financiar sus futuras indemnizaciones.

    Si bien el proyecto de presupuesto 2026 prevé una recaudación de 55 billones de pesos por contribuciones patronales, la reforma laboral desfinanciaría al Sistema de la Seguridad Social en $4,8 billones. «Es el 0,46 por ciento del PBI y el equivalente a USD 3.000 millones considerando la evolución del dólar con el esquema de bandas actuales», dice Michel.

    Existe, por otra parte, una dificultad para mensurar el impacto: el gobierno asegura que la ley aplicará sobre los nuevos empleos que se generen pero en ninguno de sus artículos se aclara ese aspecto explícitamente. Ese detalle puso de manifiesto el senador Mariano Recalde ante el secretario de Trabajo, Julio Cordero, cuando asistió esta semana al Senado para defender el proyecto del oficialismo.

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    Cristina Kirchner se quedó con lugares estratégicos en la AGN y el Consejo de la Magistratura, dos organismos de control institucional clave para la oposición, y se activaron las alarmas entre los gobernadores peronistas que se reunieron el martes pasado en la Casa de La Pampa. Por allí pasaron Axel Kicillof, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela, Elías Suárez, Gildo Insfrán y Gustavo Melella para coordinar «la agenda parlamentaria» con alrededor de 20 legisladores, un encuentro que ilusionó a los que aspiran a construir oposición con autonomía de La Cámpora.

    Los movimientos de la ex Presidenta, tal como informó LPO, son producto de las conversaciones que sus emisarios mantienen con el entorno de Karina Milei para cubrir las vacantes en el Poder Judicial, que van desde los más de 200 cargos en los juzgados federales hasta la Procuración General y los dos lugares vacantes en la Corte Suprema.

    En ese contexto, Máximo Kirchner fue uno de los negociadores que pactó con Martín Menem los nombres de los tres auditores que se votaron a las tres de la madrugada de este jueves, en una escandalosa sesión y juraron luego de esperar escondidos atrás de las cortinas.

    Escándalo en Diputados: Menem acordó con el kirchnerismo los lugares en la AGN y detonó la relación con el PRO

    «Que el Gobierno haya aceptado pagar el costo de cerrar un acuerdo con el kirchnerismo por los lugares en la Auditoría sugiere que ahora se puede empezar a destrabar los pliegos de los jueces federales y la Corte», afirmó a LPO el jefe de uno de los estudios de abogados más importantes del país.

    Ese acuerdo, que implicó sacarle un auditor al PRO, terminó con la designación de la polémica Rita Mónica Almada por LLA, Pamela Calletti por Gustavo Sáenz y los gobernadores del norte y Juan Ignacio Forlón por el cristinismo, lo que causó malestar entre los sectores del peronismo que discuten el liderazgo de Cristina.

    Que el Gobierno haya aceptado pagar el costo de cerrar un acuerdo con el kirchnerismo por la Auditoría sugiere que ahora se puede empezar a destrabar los pliegos de los jueces federales y la Corte.

    La irritación se monta, además, sobre la reciente designación de la senadora Anabel Fernández Sagasti, una de las embajadoras de San José 1111 en la Cámara Alta, como miembro del Consejo de la Magistratura. Esa designación produjo una concentración de dos cuatro sillas que le corresponden al PJ en manos de Cristina: además de la mendocina, ocupa un lugar en representación del Senado su colega Mariano Recalde, mientras que por Diputados asisten los legisladores Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley.

    Por eso, los jefes provinciales del peronismo volcaron su bronca en el grupo de WhatsApp que comparten este viernes. «Los kirchneristas se reparten los lugares entre ellos, sin apertura de diálogo ni ningún tipo de consenso», afirmó a LPO el asesor de uno de los gobernadores.

    En esa cuenta cargan la AGN, el Consejo de la Magistratura y hasta las autoridades del bloque de diputados. Al mismo tiempo, ven con preocupación el avance de Cristina en la negociación por el máximo tribunal y los jueces federales, un nicho de sumo interés para cualquier gobernador.

    Uno de ellos fue terminante: «Con lo de la AGN, se saltearon todo y negociaron ellos directamente con el gobierno». «Cristina tensó hasta donde pudo, después mandó a Máximo a negociar y ahora hay mucha calentura», agregó.

    Cerca del líder de La Cámpora explicaron que «Máximo fue parte de la negociación porque representa una parte importante del peronismo, fue consensuado, no se entiende que haya gente disgustada».

    Cristina quiere ser la interlocutora del gobierno en la discusión por la reforma laboral

    LPO informó sobre la voluntad de los gobernadores por acordar con el gobierno los cargos judiciales vacantes. Es verdad que en el enjuague que se cristalizó en la madrugada de este jueves, los gobernadores del norte se llevaron un auditor, pero la centralidad del acuerdo la tuvo Máximo Kirchner..

    Cristina tensó hasta donde pudo, después mandó a Máximo a negociar y ahora hay mucha calentura.

    En este marco, Cristina dejó trascender que hasta marzo no se discutirán las vacantes en el Poder Judicial, una afirmación lógica porque los pliegos se analizarían cuando el Senado retome sus sesiones ordinarias.

    LPO reveló que Cristina quería convertirse en la interlocutora del gobierno en el debate por la reforma laboral y la CGT habría terminado de comprenderlo esta semana, cuando José Mayans comunicó que los peronistas no integrarían la comisión de Trabajo en el Senado ante la ilegalidad de la conformación diseñada por Patricia Bullrich para despojar a sus opositores. Fuentes legislativas comentaron a LPO que los dirigentes sindicales habrían planteado que el peronismo debía dar la discusión en cada instancia para introducir modificaciones, pero el formoseño habría seguido indicaciones de Cristina, con la amenaza de preparar el terreno para impugnar el desarrollo irregular del trámite en sede judicial.

    Un senador y un diputado, por caso, admitieron que la jugada de la AGN habría circulado en la conversación con los gobernadores y luego habría llegado al bloque peronista, donde discutieron el asunto Máximo, Germán Martínez y Victoria Tolosa Paz. Esto acaso revela que la tensión entre Cristina y los gobernadores por quedarse con la interlocución del Gobierno, no necesariamente conduce a una ruptura. 

     

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